Por: Sergio Saavedra, Redacción PARES El gobierno nacional le reiteró a Cuba la captura y efectiva entrega de los delegados del ELN que se encuentran en el país garante. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 21 de enero de 2019, tanto Miguel Ceballos —Alto Comisionado para la Paz— como Carlos Holmes Trujillo —Ministro de Relaciones Exteriores— precisaron que “no hay protocolos que amparen el terrorismo”. Por su parte, el gobierno cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, instó que la petición “en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes”. Ante esta circunstancia, Miguel Ceballos manifestó que «las políticas de paz son políticas de gobierno y no de Estado. Todos aquellos protocolos del anterior gobierno no obligan al nuestro». La discusión se acrecentó y juega un papel internacional a partir del comunicado del ELN, en el que el grupo armado se adjudicó el atentado del jueves 17 de enero en las Escuela de Cadetes de Policía General Santander. En el comunicado titulado “El camino es la solución política del conflicto”, el ELN habla sobre los ataques de las fuerzas militares cuando este grupo armado se encontraba en un cese unilateral entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019. El ELN afirmó, además, que la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar porque allí “reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente”. En ese sentido, la guerrilla argumentó que su accionar no fue violatorio de las normas del Derecho Internacional Humanitario y pidió que “instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada». En el análisis de este caso —del cual dependerán los meses venideros entre el gobierno y ELN, como también los compromisos internacionales que tiene Colombia como Estado— hay un antecedente sobre el atentado del ELN en la estación de Policía en Barranquilla que dejó 8 policías muertos y más de 40 heridos. En ese caso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia aseguró que el grupo guerrillero incurrió en una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto en razón a que los policías asesinados no estaban involucrados en hostilidades derivadas del conflicto, son un cuerpo civil según la Constitución y residían en una zona urbana, por tanto, el DIH los protegía. Ahora bien, para el caso que tiene cerrada la puesta de una salida negociada entre el gobierno y la guerrilla, según Carlos Rodríguez —director de la Maestría de Defensa de los Derechos Humanos y el DIH de la Universidad Santo Tomás— el atentado a la Escuela General Santander incurrió también en una violación del DIH. Para el especialista, se trata de un ataque indiscriminado que afectó a estudiantes que aún no tenían el rango de policías y a civiles no involucrados en el conflicto, acción no compatible con el DIH. Rodríguez afirma que el debate tiene otras complejidades, como que en Colombia la Policía depende del Ministerio de Defensa y participa en acciones contra los grupos insurgentes, por lo que eventualmente tienen el carácter de combatientes en el conflicto. Sin embargo, para el experto, en este caso “se trata de una Escuela, lo que significa que las victimas no están involucradas directamente en el combate”.

Entrevista realizada a León Valencia, director de Pares, por BBC Mundo. El atentado con carro bomba que produjo la muerte de 21 personas en una escuela de policía de Bogotá dejó más dudas que certezas. Un día después de la explosión, permanecían los interrogantes sobre los motivos del atentado, la forma en la que se organizó, quiénes podrían ser los autores intelectuales o de dónde vino la decisión de hacerlo. De hecho, habían pasado 24 horas y nadie lo había reivindicado, aunque el gobierno acusó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es por eso que, para tratar de despejar alguna de las incógnitas, BBC Mundo conversó con el experto en el conflicto armado colombiano León Valencia, quien fue miembro del ELN (se desmovilizó a mediados de los 90). Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que guerrillas como el ELN necesita realizar demostraciones de fuerza para tener mayor capacidad de negociación. ¿Qué motivaciones podría tener el ELN para realizar una acción como la de Bogotá? El gobierno ha mostrado bastantes indicios de que es el ELN y todo apunta a esa organización. Lo que plantea el ELN es que mientras no haya un cese unilateral de hostilidades pactado con el gobierno, seguirá operando. Una guerrilla siempre da demostraciones de fuerza mientras puede hacerlo. El ELN necesita mostrar los dientes para conquistar más poder para negociar o seguir haciendo la guerra. Es una lógica de ellos que golpea mucho a la ciudadanía y crea mucha zozobra en las ciudades, pero eso es lo que buscan. La acción del jueves la hacen en ese marco, al igual que lo hicieron en el atentado de Barranquilla (enero 2018). Es una lógica propia de las propias guerrillas que les parece natural, a pesar de que genere la indignación y el repudio de la población. ¿Qué instancias del ELN pudieron participar en esta acción? Ellos tienen al Frente Urbano, que tiene capacidad de realizar esa acción, y también está el Frente Domingo Laín, asentado en Arauca (cerca de la frontera con Venezuela), que ha mostrado presencia en Bogotá a través de milicianos y miembros que van a operar a la capital. El gobierno está involucrando al autor material del atentado, José Aldemar Rojas Rodríguez, con el Comando Central del ELN. ¿La decisión de realizar esta acción tendría que haber salido necesariamente de los más altos mandos? El Comando Central del ELN traza las directivas generales de las acciones, pero hay veces en las que no está involucrado en la operación concreta y en el liderazgo de la misma. Eso es diferente a lo que en su momento hacían el M19 o las FARC, en cuya mayoría de las operaciones eran dirigidas por los propios miembros del secretariado y cuyos líderes estaban muy encima de la vida y acciones cotidianas de toda la guerrilla. ¿Qué grado de preparación se requiere para organizar una operación de esta naturaleza? Es una planeación que seguramente fue larga. Se necesitan labores de inteligencia y disponibilidad de recursos para hacer este tipo de acciones. No es fácil, se trata de una labor de meses de preparación. Estamos hablando de una guerra irregular en la que las fuerzas del ELN son supremamente débiles frente al Estado colombiano y la asimetría es muy grande. Por eso la preparación de una acción así tiene que ser enorme. La fecha del atentado tampoco parece ser casual, sino algo calculado. Se trataba de un momento de reunión de jóvenes que se encontraban concentrados en esas instalaciones. La labor de inteligencia para conocer esto es dispendiosa, pero lo lograron. No se hace de un día para otro. Se ha señalado que José Aldemar Rojas era miembro o alguien muy cercano al Frente Domingo Laín del ELN y por eso está la hipótesis que esta facción de la guerrilla es la que preparó el atentado. ¿Este frente tiene esa posibilidad? El Frente Domingo Laín siempre ha ido más allá de su territorio (Arauca). La persona que hizo la acción tenía muchos vínculos con ese frente. Siempre ha sido un frente muy exitoso, sobre todo en el control social de Arauca y en la consecución de recursos económicos. Es un frente que ha sido muy rico siempre y también ha sido muy eficaz militarmente. Siempre era el más poderoso del ELN. Ahora le compite el Frente de Guerra Occidental, porque es un frente que ha crecido mucho en su zona, pero el Domingo Laín históricamente ha sido la estructura más fuerte del ELN. Yo creo que en los días que siguen se aclarará qué estructura hizo la acción. Hace poco, el grupo disidente de las FARC Oliver Sinisterra secuestró y asesinó a tres ecuatorianos. Meses después, el resultado de esa acción le costó la vida al líder de esa organización. ¿El atentado en la escuela de Policía no podría generarle al ELN más problemas que beneficios? Sin duda van a tener mucha presión a partir de ahora y los van a golpear. Sin embargo, guerrillas como el ELN tienen una vocación de sacrificio enorme, con mucha influencia religiosa. Entonces están quemando las naves, con la idea de que de aquí salen con una negociación en la que le arrancan al Estado muchas concesiones o se hacen matar. Así el ELN logra tener jóvenes y personas con esa consigna, con la idea de que están en condiciones de morir. Es una cosa desafortunada para el país, porque hay gente dispuesta a hacerse matar. ¿En qué estado de salud se encuentra el ELN en estos momentos? El ELN es una amalgama de influencias sobre todo religiosas y nacionalistas. Su vocación es de resistencia y su gran esfuerzo es mantenerse ligado a ciertas regiones. Se ven como un núcleo de resistencia para proteger a comunidades y grupos sociales. Es una guerrilla que no tiene opción de triunfo, pero que puede seguir resistiendo durante muchos años. La opción de triunfo militar ya no existe, pero no por eso el ELN deja de crecer. Después de la desmovilización de las FARC, ha ocupado territorios de ellos y está obteniendo fuentes de recursos económicos que antes eran de las FARC. La guerra se hace con dinero y en Colombia hay muchos dineros ilegales de sectores como la minería ilegal o el narcotráfico. Ahora el ELN tiene mucho dinero por lo que se ve en las imágenes que se conocen. Este hecho pone aún más suspenso a las negociaciones de paz que existían entre el gobierno y la guerrilla. ¿Cómo queda la posibilidad de retomar el diálogo después de lo sucedido? La realidad es que esto impacta a toda la negociación que se pretendía. Todo queda en una situación bastante difícil, sino ya imposible. Creo que el gobierno, desde que tomó posesión, tomó una estrategia sobre la idea de que el ELN tenía muchos problemas en su dirección y lo veía débil para presionarlo al máximo. Por eso le pone condiciones como la liberación de todos los secuestrados para poder sentarse en la mesa. Siguieron esa estrategia corriendo el riesgo de que el ELN no hiciera las concesiones y arremetiera contra el Estado y la sociedad. Finalmente, eso fue lo que sucedió y el ELN le plantó un desafío al gobierno. Esa estrategia del gobierno me parece que no fue muy certera y ahora le costó mucho dolor a la sociedad con esta tragedia.

Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Negociación imposible en el gobierno Santos La posibilidad del ELN y el pasado Gobierno de lograr un acuerdo de paz terminó oficialmente el 1 de agosto del 2018. La negociación comenzó formalmente el 30 de marzo de 2016 cuando ambas partes se comprometieron a adelantar una agenda de 6 temas: participación de la sociedad en la construcción de paz; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto e implementación. La Mesa funcionó con una dinámica normal desde febrero de 2017, casi un año después de que fuera instalada. El asunto que demoró el comienzo de los ciclos fue el secuestro y la negativa de la guerrilla para abandonar esta práctica. En su momento, el Gobierno Santos logró una solución intermedia que consistía en la liberación de algunos secuestrados y comenzar las conversaciones formales con la búsqueda de un pacto sobre asuntos humanitarios, uno de los subtemas incluido en el Punto 5 de la agenda. La búsqueda de un cese al fuego bilateral y la concreción del Punto 1 de la agenda fueron los ejes sobre los cuales las delegaciones trabajaron a lo largo de los 6 ciclos sin lograr ningún acuerdo final. A continuación se presentan los principales hitos de la negociación. A pesar de que no se lograron más avances, el trabajo de las delegaciones dejó dos importantes insumos al país y al actual Gobierno: Se pactó y se dio cumplimiento al primer cese bilateral en la historia con el ELN. La evaluación que hicieron las Delegaciones y el Mecanismo de Monitoreo permitió la construcción de consensos sobre un nuevo protocolo que mejoraría las condiciones en caso de un nuevo cese y un clima de mejora de las condiciones para la paz en las regiones de presencia del ELN Se construyeron algunos criterios y alcances del ejercicio de participación que propone el Punto 1 de la agenda, esto a partir de las Audiencias con sociedad civil[1] desarrolladas en 2017. Se avanzó en un programa de desminado humanitario, particularmente la propuesta de Pacto por la Paz de Nariño. Se estableció un acuerdo para disminuir los niveles de violencia en el departamento del Chocó. A esta iniciativa se le llamó Mesa Humanitaria de Chocó. Negativa del Gobierno Duque Iván Duque anunció en su discurso de posesión presidencial que se daría 30 días para evaluar el proceso de paz con el ELN y tomar una decisión al respecto de su continuidad. Para desarrollar esa labor pidió el apoyo de la Iglesia Católica, que ha tenido un rol central en la mediación; a los países garantes y a Naciones Unidas; además, designó a Miguel Ceballos, actual consejero para la paz. Durante esos 30 días se dieron dos hechos que permitieron que ese plazo se extendiera de manera indefinida: Secuestro por parte del ELN de cuatro militares (el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres, el patrullero Yemilson Leandro Gómez y el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva) y dos civiles en Chocó. Secuestro de tres soldados en Fortul, Arauca. En ese mes, y como único tema de diálogo, el ELN y el Gobierno conversaron sobre la liberación de los secuestrados que se dio en dos fechas: el 5 de septiembre en Arauca y el 13 en Chocó. Por parte del Gobierno, quién estuvo a cargo de la interlocución fue Miguel Ceballos. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre los protocolos que se iban a poner en marcha para la liberación, pues el ELN solicitaba que estuvieran presentes los países garantes de la Mesa de Conversaciones, condición a la que el Gobierno se negó sustentando que ese evento estaba por fuera de las conversaciones de paz, y que nada tenían que ver los países garantes. Así las cosas, el ELN asumió que este sería un gesto unilateral y entregó los secuestrados a una comisión del CICR y de sociedad civil. A pesar de esta tensión, varios actores nacionales e internacionales han manifestado la importancia de darle continuidad a la Mesa: La Comisión de Paz de la Iglesia católica, que incluso planteó la posibilidad de que la sede de las conversaciones fuera en Colombia; las Comisiones de Paz de Senado y Cámara se ofrecieron como mediadoras y resaltaron la importancia de buscar una salida negociada al conflicto; el Presidente español Pedro Sánchez, que se ofreció como facilitador; Naciones Unidas, que presentó un documento de recomendaciones a Duque en materia de paz, en el que piden no dejar a un lado las negociaciones con el ELN y profundizar el esfuerzo en “lograr un acuerdo mejorado de cese al fuego y diseñar la participación comunitaria en el proceso”. Las organizaciones sociales y otros organismos de la comunidad internacional también han reiterado la necesidad de darle continuidad a ese proceso. Y es que los beneficios de los diálogos no fueron menores: desde 2016 a diciembre de 2018, se presentó una reducción de cerca del 65% del accionar bélico del ELN. Esto, sin duda, impactó de manera positiva a las comunidades y a los actores que comparten el territorio con esta guerrilla, como las empresas petroleras, blanco histórico de este grupo armado. Por ejemplo, los ataques a la infraestructura petrolera en el 2018 se redujeron en un 72% con respecto al 2016, situación que benefició no sólo a las empresas víctimas de estos ataques, sino también a la nación en general, pues sólo en 2016 Ecopetrol tuvo que gastar $40.400 millones de pesos en reparaciones a oleoductos con ocasión de los explosivos detonados por esa guerrilla. No obstante, el presidente Iván Duque ha dejado de lado la política de paz que tenía el anterior Gobierno y reconoce la existencia de un conflicto armado, virando hacia una política de legalidad y estabilización. Esto se ve reflejado en el cambio de discurso, que usa un lenguaje de código penal y no uno de DIH, que reglamenta los conflictos. En ese marco de interpretación, Duque tomó, al menos cuatro decisiones que mantuvieron la mesa suspendida desde su posesión: El 19 de septiembre el Gobierno retiró de sus funciones al equipo negociador y no delegó nuevas personas para continuar conversaciones con el grupo guerrillero. En ese mismo mes anunció públicamente que el Proceso tendría continuidad en el caso de que el ELN liberara a todos los secuestrados. Retiró de manera unilateral a Venezuela como uno de los países garantes de la negociación. Impidió la mediación por parte de actores de la sociedad civil y políticos interesados en la continuidad de la Mesa. El 7 de agosto se reactivó la circular roja de Interpol contra el máximo comandante del ELN, alias ‘Gabino’ y la de alias ‘Pablito’, lo que resultó una presión importante para el Gobierno cubano, pues le obligaba a capturarle. La modificación a la Ley de Orden Público. Sin embargo, el 17 de enero de 2019, se presentó una explosión con un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander que dejó 21 muertos y 68 heridos. Inmediatamente comenzó a circular la hipótesis de que el responsable había sido el ELN. Al día siguiente, el 18 de enero, la Fiscalía le otorgó la autoría a la guerrilla. La reacción del Gobierno Nacional, como lo hizo saber el presidente Iván Duque, Alto fue la de no continuar los diálogos con esta guerrilla. Finalmente, en horas de la mañana del lunes 21 de enero el ELN lanzó un comunicado en donde aseguraba que la acción en la Escuela de Cadetes fue «lícita dentro del derecho de la guerra». [1] Fueron 10 audiencias en total: , 8 presenciales y 2 virtuales, con un total de 208 participantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil: comunitarias, empresas, territoriales, sectoriales, víctimas, entre otras que respondían a las delegaciones sobre dos temas: (i) mecanismos y formas de participación de la sociedad que deberían implementarse en el marco de las Conversaciones de Paz; y (ii) experiencia que la organización o sector considere importante para los mecanismos y formas de participación de la sociedad.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares A las 7 de la noche del 18 de enero, en una alocución presidencial que tuvo lugar después del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Iván Duque decidió levantar la mesa de negociaciones con el ELN y reactivar las órdenes de captura y las circulares rojas de Interpol contra los delegados de la guerrilla. Duque, a su vez, le solicitó a Cuba colaboración con la captura y entrega de los delegados del ELN que aún están en ese país. El mandatario insistió en que la voluntad de paz del ELN se debe demostrar con la liberación de todos los secuestrados que se encuentran en poder del grupo armado, sumado al cese definitivo de las acciones violentas. Duque, además, aseguró que pondrá a disposición toda la capacidad de las fuerzas militares para combatir al ELN y fortalecer la desmovilización individual de sus militantes. Ya el gobierno nacional, por medio de Miguel Ceballos —Alto comisionado para la Paz— había anunciado que, por los actos cometidos por el ELN en el marco de las posibles negociaciones de paz, se hace insostenible un camino de resolución pacífica con esta guerrilla. Esto en las horas de la mañana del mismo 18 de enero. La decisión de levantar la Mesa llegó luego de que la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto martínez, y el Ministerio de Defensa, dirigido por Gillermo Botero, afirmaran que los responsables del atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander fueron hombres del ELN. La explosión se había dado un día antes, el 17 de enero en horas de la mañana, y dejó 21 muertos y 68 heridos. Cabe recordar que recién inició el gobierno el presidente Iván Duque —el 7 de agosto de 2018—, el presidente anunció que se daría un plazo de 30 días para evaluar la viabilidad de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Desde ese día, el gobierno advertía que este grupo guerrillero tenía que tener ‘voluntad de paz’ para restablecer el diálogo, que aunque con dificultades, había logrado concertar una mesa de Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz. A propósito de de las acciones del ELN, el Alto Comisionado para la Paz aseguró que desde el 7 de agosto, el ELN ha secuestrado 9 personas de un total de 17 que tendría en poder esta guerrilla. Sobre los ataques de oleoductos, señaló que serían alrededor de 5 en estos 18 días que lleva el 2019 y 89 en 2018. Es importante señalar que, en los últimos años, el ELN había tranzado una disputa con el Clan del Golfo en el Sur del Chocó y en algunas subregiones del Bajo Cauca Antioqueño, especialmente por el control territorial asociado a economías ilegales. Asimismo, en la región del Catatumbo, desde el año 2017, la disputa con Los Pelusos se intensificó y dio lugar a graves afectaciones humanitarias. Según León Valencia —Director de la Fundación Paz & Reconciliación— el gobierno, durante estos cinco meses, no ha tomado una decisión sobre proceder militarmente contra el ElN o negociar, lo cual ha permitido la continuidad de los actos de la guerrilla, que obedecen a las vicisitudes de la guerra. Según la investigación adelantada por la Fundación Paz & Reconciliación en el informe ‘Cómo va la Paz: lareestructuración unilateral del Acuerdo de Paz’, el ELN tiene presencia en 115 municipios en el país, una expansión en 19 municipios con respecto del año 2016. Este informe señala también que: …se han registrado 245 acciones por parte del ELN en el periodo comprendido entre el 10 de enero, cuando finalizó el cese al fuego bilateral y el 31 de octubre, periodo en el cual el ELN decretó dos ceses unilaterales: el primero para las elecciones a Congreso, y el segundo para las presidenciales, en los cuales no se registró ningún hecho violatorio. Por otra parte, Valencia desvirtúa las visiones que asocian este fenómeno al Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC debido a que, posterior a la firma del Acuerdo, los indicadores de violencia disminuyeron de manera radical, en consecuencia, “Colombia no es la misma de la década del noventa”. A su vez, señala las diferencias entre una guerrilla y otra son significativas: “mientras las FARC tenía una estructura altamente jerárquica y centralizada, con un volumen capaz de amenazar la estabilidad del Estado, el ELN es una organización federada, es decir, descentralizada y con menor capacidad bélica”. En este sentido, la salida militar que probablemente tome el gobierno, sería “larga y dolorosa. Es decir, conllevaría a terrorismo brutal, que cobra vidas. Por otro lado, la salida negociada permitiría una reconciliación nacional.” Por su parte, Luis Celis, experto en conflicto armado interno, afirma que en el ELN hay una gran desconfianza del camino de la negociación, así como en el gobierno. A su vez, sostiene que parte de la alianza uribista no tiene interés en superar la violencia, “se sienten a gusto con este desorden. El uribismo no tiene interés en la transformación que demanda la paz”. En este momento, para Celis, cada bando tiene que asumir su responsabilidad de cómo va a actuar. Además, confía en que el ELN no se a desbocar en un escenario de terrorismo urbano: “…no veo ese escenario. Sin embargo, en la medida en el que el ELN considere hacer presencia en las ciudades, lo va a hacer, el gobierno tiene que actuar responsablemente, no convocarnos a un baño de sangre”. En este escenario, diversos sectores, entre ellos el mismo Presidente, han convocado a una manifestación este domingo para rechazar los actos terroristas en el país. Para León Valencia, un capítulo parecido ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se presentó una movilización en contra de las FARC en razón del fortalecimiento de la estrategia del secuestro y, especialmente, de personas públicas como es el caso de Ingrid Betancourt. En este caso, se construyó un rechazo generalizado en la opinión pública que dio lugar a una arremetida de la Fuerza Pública contra las FARC que, incluso, alcanzó niveles de victimización contra la población civil. Los analistas coindieron en que la sociedad colombiana está cansada de la violencia y que este domingo será importante debido a que es una oportunidad para que la sociedad civil levante la voz frente a cualquier tipo de acción o incentivo de violencia.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares En la mañana del 17 de enero, Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, anunció a la opinión pública que la autorización para la venta del 8,9% de Ecopetrol ya está lista. La decisión busca sortear las dificultades fiscales para conseguir los $14 billones adicionales que necesita el gobierno para el presupuesto general de la Nación del 2019. Cabe recordar que en diciembre de 2018 fue aprobada la Ley de Financiamiento con 91 votos a favor y 51 en contra en la Cámara de Representantes. Sin embargo, con esta nueva reforma tributaria –si le salen bien las cuentas al ministro– apenas se solventarían $7 billones del hueco fiscal del que ha hablado el presidente Iván Duque. Carrasquilla, como vocero de la decisión de gobierno, aseguró que la venta se haría sobre las acciones en manos el Estado colombiano, que en total suman el 89%. El 11% restante es propiedad de personas naturales e inversionistas que compraron acciones. El ministro señaló, además, que seguirán discutiendo “la manera de lograr llevar al mercado esa propiedad”. Así las cosas, los $10 billones que generaría la venta de parte de Ecopetrol serían el nuevo objetivo para sopesar lo que resultó ser una insuficiente reforma tributaria. Esta decisión resulta paradójica, pues el presidente Iván Duque al comienzo de su gobierno prometió que no vendería, sino potenciaría, la empresa semiestatal. Todo parece indicar que el gobierno está raspando la olla para obtener los recursos con los que quiere financiarse. En julio de 2018, Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), realizó un documento aconsejando al Estado vender la totalidad de la empresa, pues con esta decisión se podría “garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, así como continuar con el impulso a la infraestructura”. Hoy, Carrasquilla, sigue parte de su consejo. Lo curioso del asunto es que el gobierno busca vender un activo fundamental para el país y que, luego de una crisis por la caida de los precios del crudo, ha saneado sus finanzas y se encuentra en buenas condiciones. Al respecto, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, aseguró que el tercer trimestre de 2018 muestra el mejor momento de la empresa petrolera en 4 años. El promedio acumulado de producción del año fue de 716.000 barriles de petróleo equivalente por día, lo que, según cifras de Ecopetrol, permitió que la utilidad neta de la empresa petrolera creciera 179% en 2018 con respecto al año anterior, alcanzando un 8.9%. En su momento, la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), a través de su presidente César Loza, manifestó un “rechazo absoluto” a la propuesta de la venta que lanzó Jorge Humberto Botero. A su vez, advirtió que, dado el caso en el que Iván Duque —quien en ese momento no se había posicionado— aceptara, se daría una huelga general. El 17 de enero el sector sindicalista se enteró de la decisión de Carrasquilla. Esta vez quien levantó la voz en inconformidad fue Edwin Palma Egea, presidente del sindicato de Ecopetrol. Palma Egea plantea dos puntos relevantes sobre la pretención el gobierno nacional para tapar el hueco fiscal. La primera es que si el Estado colombiano necesita más recursos de financiamiento, no tendría mucho sentido vender ese porcentaje de Ecopetrol, pues el país dejaría de recibir $600.000 millones anuales. En segundo lugar, el lider sindical señala que “no es ninguna democratización de la empresa, esas acciones quedarán en manos de los Fondo de Pensiones y los ricos del país”. La decisión final se tomará en la Casa de Nariño. Es importante recordar que conforme a la “Ley de Capitalización de Ecopetrol” o ley 1118 del 2006, el Congreso autorizó al gobierno del expresidente Álvaro Uribe a vender un máximo de 20% de la empresa petrolera si así lo dispusiera. Entre el 2007 y 2011 vendió el 11.5% de las acciones a fondos privados de pensiones, inversionistas privados y a cerca de 300.000 colombianos en general. No le haría ningún bien a la ya maltrecha imagen del presidente Duque la venta de un activo tan valorado por los colombianos como Ecopetrol, especialmente cuando la empresa atraviesa un buen momento. Quedará en evidencia que de innovador el mandatario y su gabinete tiene más bien poco. En vista de su incapacidad política para realizar una verdadera reforma tributaria, el presidente busca utilizar la misma formula vacua pregonada por la ortodoxia económica desde el consenso de Washington: vender las empresas del Estado pues, según nos dicen, son ineficientes.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares En el 2018 Colombia registró 138.440 denuncias de violencia intrafamiliar, 109.697 de lesiones personales contra la mujer, 1.966 feminicidios y 50.458 delitos sexuales, según las cifras del observatorio de la Policía Nacional. Por otro lado, la Universidad Libre —en una investigación realizada en 2018 por la Facultad de Derecho— determinó que en el país cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia de género y alrededor del 70% de los casos no son denunciados. Estas cifras, más la cantidad de casos que no son registrados o denunciados, prevén un panorama exponencial que esconde no solo muchas más víctimas, sino más tipos de violencias. Cundinamarca, Antioquia y Valle son los tres departamentos en donde más se presentaron denuncias de violencia intrafamiliar (VI). Misma tendencia que se repite en las capitales, pues Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades en donde más casos fueron registrados. Sobre las cifras de feminicidios, Antioquia es el departamento que más registra casos, seguido de Valle y Cundinamarca. Sin embargo, contrario a la tendencia anterior, Bogotá es la ciudad con más víctimas de feminicidio , seguida de Cali y Medellín. Lo que supone que Antioquia es un departamento más peligroso para las mujeres en zonas rurales. Ahora, sobre las denuncias de delitos sexuales, Cundinamarca, Antioquia y Valle nuevamente son los tres departamentos con más registros y Bogotá, Medellín y Cali también son las ciudades que más registran casos a nivel nacional. En el inicio de 2019, mediáticamente el tema de la violencia de género ha vuelto a las agendas de los grandes medios. Sin embargo, el debate ha propendido ha deslegitimar las luchas que adelantan las mujeres y los movimientos feministas . Esto se evidencia desde la continuidad impune de las violencias ejercidas hasta el tratamiento mediático y las discusiones que generan sectores de la opinión pública y la sociedad civil. “¿Qué implica para una mujer en una relación de pareja —en donde se vende la idea del amor romántico y protección— romper el silencio y atreverse a liberarse del yugo de dominación, abuso y desigualdad en una sociedad que normaliza el maltrato y que propende por dejar lo privado en ese espectro?”, esta es la pregunta que plantea Paola Pérez, integrante de la Colectiva de Comunicación La Poderosa, para abordar las implicaciones de la revictimización mediática hacia la mujer. Para Pérez, “ los discursos obvian el proceso sistemático de violencia psicológica que es ejercida por los hombres en las relaciones de pareja”. Violencia psicológica, una violencia de ocultamiento “ La violencia psicológica son actos o comportamientos que buscan degradar, controlar o manipular las conductas , comportamientos, creencias o decisiones de la mujer. La forma de perpetrar este proceso se da por los insultos, amenazas, desprecios, aislamientos, prohibiciones, amenazas de suicidio, entre otros”, afirma Paula Pineda, quien también es integrante de La Poderosa. Una de las cosas que más invisibiliza y que permite la impunidad de la violencia psicológica, para Pérez, es que “ los medios —utilizando también su ejercicio de poder con titulares o la forma de narrar la noticia— hacen sentir culpable a la mujer por su denuncia , lo que conlleva, también, a que las personas que consumen la noticia opinen, refuercen y sigan revictimizando con comentarios que ofenden a la mujer y a su denuncia”. Además, entre las múltiples consecuencias de este tratamiento, indica Pineda, se encuentra la de “reforzar los roles de género impuestos por la sociedad sobre la mujer, como la relación de sumisión, generando que las mujeres quiten su denuncia, se retracten y, en muchos casos, terminen diciendo que es un tema que se manejará en privado con su pareja o entre su agresor . Esperando, además, que por esto su agresor cambie”. Finalmente, hay que tener en claro que “ el tema de la violencia psicológica es una categoría que se desliga de la violencia de género o violencias basadas en género (VBG). Así pues, las VBG recogen cualquier acto de violencia que recae sobre el género femenino, y que se desencadene en daños físicos, psicológicos, económicos, estructurales, laborales entre otros. Estos están guiados por el ejercicio de dominación y poder sobre la mujer en un sistema capitalista y patriarcal”, como afirma Pineda.

Por: Ariel Ávila, subdirector, y Naryi Vargas, investigadora nacional Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares En los últimos 48 meses en Bogotá se han presentado 27 ataques con explosivos. En un comienzo, en 2015, se trató de ataques con artefactos de baja capacidad. Luego evolucionó y se produjeron detonaciones contra la Fuerza Pública, bancos, entidades de salud y lugares comerciales. En la lista se recuerda el atentado contra la sede del partido Opción Ciudadana en Teusaquillo, en La Macarena donde murió un miembro de Fuerza Pública, y en el centro comercial Andino donde murieron tres mujeres. Con excepción del caso de Andino las explosiones han estado dirigidas contra instituciones del Estado que deja ver la intención política del perpetrador. En la mayoría de los casos, se concluyó que fue el ELN, en otros el MRP. Adicional a esto, 13 personas fueron capturadas siendo acusadas de ser del Frente Urbano del ELN y responsables de algunas explosiones; asimismo 10 personas fueron capturadas por conformar el MRP. La Fiscalía manifestó que estas redes urbanas estaban desvertebradas. El día de hoy se presentó una explosión con un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander que dejó 10 muertos y 54 heridos, dando continuidad a la violencia en la ciudad. Esto Permite hacer tres hipótesis: Las autoridades encargadas de investigar no han logrado capturar a los responsables de la seguidilla de atentados en la ciudad, o, al menos, no los han capturado a todos. También existe la posibilidad de que las estructuras con presencia en Bogotá tienen una alta capacidad para recomponerse y las capturas han sido golpes menores. Hay nuevos actores violentos en la ciudad, que bien pueden ser el Clan del Golfo o la disidencia de las Farc pues son los únicos grupos, además del ELN, con una capacidad logística de ese nivel para cometer estas acciones. Sin embargo, es improbable que la disidencia tenga una estructura de milicianos lo suficientemente estable en la ciudad para cometer este tipo de actos, y el Clan del Golfo no tiene intención de llamar la atención del Fuerza Pública pues su intencionalidad es la captación de rentas y no la lucha contra el Estado. Desde el 2010 no se presentaba en la ciudad una explosión con un artefacto de tal capacidad. En la época de Pablo Escobar ese tipo de hechos fueron recurrentes; posteriormente con el Bloque Capital de las AUC se percibió el riesgo de que esto iba a volver a ocurrir y para evitarlo el alcalde de esa época, Lucho Garzón, ideó el Plan Candado que consistía en un sistema de seguridad en las fronteras de la ciudad para blindarlas de la entrada de armas y explosivos. Al activarse el actual Plan Seguridad de Vigilancia por Cuadrantes, las fronteras de la ciudad fueron descuidadas, lo que facilita este tipo de ataques. Es importante tener en cuenta que 2019 resulta un año crucial para la política colombiana. El cambio de Gobierno y las elecciones locales son factores decisivos en la dinámica de violencia en el país; muestra de ello es el asesinato de líderes sociales. A esto se suma la trasformación de los grupos armados en todo el territorio nacional que resulta un reto en materia de seguridad para la institucionalidad pública.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El jueves pasado, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela por segunda vez. Él prevé permanecer en el poder, al menos, hasta el año 2025. El panorama de su mandato no podría ser peor: una fuerte crisis humanitaria, crisis económica y una crisis política, esto último principalmente derivado de que más de 40 países no reconocen su mandato. Pero, además, su proyecto político hace aguas. Esta situación en Venezuela complica aún más el delicado estado de la frontera con Colombia. La radiografía es la siguiente. Al menos 17 estructuras criminales operan en la frontera, muchas de ellas parecen para-Estados: regulan la vida social de varias comunidades fronterizas, cobran impuestos que en la práctica son extorsiones y hasta tienen manuales de convivencia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo posdesmovilización paramilitar del Clan del Golfo, La Oficina del Caribe, y hasta emisarios de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tienen presencia en ese corredor. No es para menos, cuatro grandes mercados ilegales han crecido espectacularmente: en primer lugar, el tráfico de drogas. Se cree que, al menos, el 17% del total de cocaína producida en Colombia sale por Venezuela. En segundo lugar, el tráfico de gasolina. Aunque no se conocen cifras exactas, son miles de galones de gasolina que diariamente pasan de contrabando. La diferencia cambiaria hace que este negocio sea bastante rentable. En tercer lugar, hay contrabando de alimentos. Debido a que la alimentación es subsidiada en Venezuela, se ha creado un mercado negro. Muchos de los productos que deberían servir para alimentar a los venezolanos, son trasladados ilegalmente a Colombia. En todas las ciudades de la Costa Caribe colombiana se consiguen estos productos. Por último, un mercado, que crece como la espuma, es el tráfico de personas: esclavitud laboral y explotación sexual. Las más afectadas son las mujeres. Todo esto es producto de varios factores. El primero se refiere a una ausencia de institucionalidad. Del lado venezolano, prácticamente, el Estado ha colapsado, los niveles de corrupción son increíbles y la ineficiencia institucional es ahogante. Del lado colombiano, la situación es mejor, pero no es alentadora, la corrupción y la cooptación criminal del Estado son grandes dolores de cabeza. Un segundo factor es la diferencia cambiaria. El tráfico de gasolina y alimentos es casi igual de rentable al tráfico de drogas, es casi imposible impedir que se produzcan estos fenómenos. Estas redes ilegales de mercados han creado un fenómeno que podría denominarse de clientelismo social. Miles de personas viven de tráfico de alimentos y gasolina, limitar estos mercados causaría una explosión social. En La Guajira colombiana o en el departamento del Cesar hay comunidades enteras que viven de estos mercados. Un tercer factor es la desconfianza entre las instituciones de seguridad de ambos Estados: no hay ningún tipo de colaboración. De hecho, no hay comunicación en ningún sentido. De esta forma, la actual situación de Venezuela y las relaciones entre ambos Estados solo favorecen a las organizaciones criminales. De hecho, se puede decir que lo mejor que podría pasar es que se dé una salida negociada a la actual situación de Venezuela. Cualquier otra salida, como golpes de Estado, intervenciones militares podrían llevar a una situación peor. No solo porque la oposición venezolana carece de liderazgo, cohesión y proyecto político coherente, sino también porque se podría dar una inestabilidad institucional permanente con una salida violenta. Recientemente, la ciencia política ha desarrollado el término de “Estados Protegidos contra-golpes”. Luego de los diferentes caminos que tomaron los Estados que vivieron la Primavera Árabe, se logró determinar que aquellos que tiene instituciones de seguridad complejas, dispersas y escalonadas, difícilmente sufrirán un golpe de Estado. En caso de que se dé, el golpe no sería total y se causaría una inestabilidad increíble, superior a la que existe. Tal vez la mejor solución es negociar la salida de Maduro. Luego, el chavismo moderado debería liderar un Gobierno de concertación con sectores de la oposición y así comenzar la transición. Las demás son ideas sin sentido. Columna publicada inicialmente en El País España

Por: Carol Sánchez. Se cumple un año desde que se posesionaron los 38 magistrados de la JEP que asumieron la labor de brindar justicia restaurativa y verdad a las casi 9 millones de víctimas del conflicto armado colombiano. En la mañana del 16 de enero, la presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, presentó un balance sobre el trabajo de los últimos 12 meses de la entidad y la presencia de los comparecientes. Entre las cifras, cabe destacar que han sido un total de 11.675 personas las que han firmado actas de sometimiento a la JEP, entre las que se encuentran 9.687 excombatientes de las FARC, 1.938 miembros de la fuerza pública, 38 agentes del Estado y 12 participantes de protesta social. Además, se han recibido 168 informes de organizaciones civiles, víctimas e instituciones del Estado. Los informes de las víctimas, puntualizó Linares, fueron posibles, en parte, gracias al trabajo que realizó la JEP en 19 zonas del país, pues su presencia ayudó a asesorarlas para la elaboración de estos. Sobre las críticas y ataques que se le han hecho a Jurisdicción desde los sectores de la derecha del país, Linares aseguró que la Jurisdicción es para la paz y no para la venganza, por lo que su principal objetivo es garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. La togada dejó en claro que no responderá a presiones mediáticas o políticas: “Pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de Derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone”, afirmó. Además, la magistrada hizo énfasis en la independencia que manejará la Jurisdicción para cumplir con su labor y tomar las decisiones pertinentes respecto a la priorización de casos, que “serán producto del ejercicio judicial autónomo e independiente de un juez que actúa en democracia”. Para la priorización existen actualmente dos criterios: tipos de victimización e impacto en los territorios y comunidades. A la fecha, la JEP tiene cinco casos entre sus expedientes: 1) retención ilegal de personas por parte de las FARC, 2) situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (1990-2016), 3) ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza Pública, 4) situación en Urabá (1986-2016) y 5) Situación en Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, todos municipios de Cauca. Los grandes ausentes en lo que se podría denominar una rendición de cuentas de la JEP, fueron los miembros del partido FARC, ninguno se presentó. Por parte del gobierno nacional solo asistió la ministra de Justicia Gloria María Borrero.

Por: Giorgio Londoño Medina, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto La cifra de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 noviembre de 2016, no para de aumentar y el 2019 arrancó con una vertiginosa disparada de la tasa acumulada que ya llega a, aproximadamente, un homicidio cada tres días. Desde la Fundación Paz y Reconciliación ya se cuentan en 211 homicidios y, tan solo entre el 1 y el 11 de enero, 9 muertes parecen acercarnos a la cifra de un asesinato diario. Sumado a esto, la deuda histórica de implementar soluciones pertinentes sigue en vilo. Si el año pasado había cerrado con una cifra alarmante de 87 asesinados, el trágico arranque del presente año es un llamado urgente a impulsar acercamientos que contemplen necesidades diferenciales, colectivas y que, en últimas, se ajusten a contextos complejos, yendo más allá del estrecho enfoque en protección física y material que ha sido promovido una y otra vez desde distintas instituciones del Estado sin mayores resultados. Además, en el panorama actual parece haber claves que permiten entrever que la situación, ya de por sí crítica, puede no haber tocado fondo: por una parte, de acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, entre los perfiles de víctimas predominan ampliamente los líderes y lideresas que son: (1) reclamantes de tierras y Verdad, (2) participan de procesos políticos, (3) miembros de JAC (Juntas de Acción Comunal) que se oponen a economías ilegales de distinto tipo y (4) defensores y defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas. Por otra parte, los agentes involucrados en los hechos en mayor medida son actores no identificados que suman más del 70%, seguidos por el Clan del Golfo, los Grupos Armados PostFARC y, en menor medida, el ELN. Esta tendencia podría apuntar a vínculos estrechos con actores legales e intereses económicos que han tendido más y más a contratar sicarios. Frente a esta situación, de hecho, no es poco común que los mismos sicarios desconozcan quién los contrató. ¿Qué ha sucedió en el plano de la acción estatal? En línea con los devenires de la política del “espejo retrovisor” que ha predominado en el gobierno Duque, el propio presidente lanzó a finales del año pasado el PAO (Plan de Acción Oportuna), que busca crear una acción articulada y coordinada entre actores e instancias para definir políticas frente al creciente fenómeno de homicidios y victimizaciones. Durante el lanzamiento de esta iniciativa la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que su finalidad última sería “encontrar una visión común de las entidades del Estado y definir acciones concretas en el territorio”. Sin embargo, los reparos al PAO no se hicieron esperar. Desde distintos sectores se llamó la atención acerca de su composición, que priorizó la presencia de funcionarios de alto gobierno pero que excluyó a la sociedad civil. A la par, distintas organizaciones también denunciaron su visión reduccionista, que reproducía varios errores cometidos en pasadas ocasiones, principalmente, en relación con una idea de seguridad ceñida a la presencia de fuerza pública y a la protección. Asimismo, el protagonismo de personajes ajenos y adversos a los movimientos sociales no fue vista con buenos ojos y el PAO ha sido criticado por simplificar y duplicar otras estructuras ya contempladas en otras instancias, especialmente en el caso de la Comisión de Garantías de Seguridad contenida en el punto 3 del Acuerdo de Paz. Así las cosas, la medida parece tanto el resultado improvisado de la presión ejercida desde las organizaciones nacionales e internacionales, como una movida mediática para responder de alguna manera a la imagen presidencial que va en picada. A lo anterior, se suma el hecho de que, a pesar de múltiples denuncias y evidencias, solo hasta ahora se reconoce un cierto grado de sistematicidad por parte del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez -hecho que sucedió precisamente el día en que se llevaron a cabo movilizaciones masivas reclamando su renuncia-. Todo, además, en el marco de los riesgos que representa un escenario electoral regional próximo, de la incertidumbre sobre los efectos reactivos de distintos actores que se sienten amenazados por los procesos de reconstrucción de Verdad e implementación del Acuerdo de Paz y de los prácticamente nulos avances en la identificación de autores intelectuales. Frente a esta coyuntura hay que decir que muchos de los líderes en riesgo participarán en contiendas electorales o impulsarán candidaturas alternativas y hay que tener en cuenta el precedente de casos como el del asesinato de Jesús Adir Perafán, de Caicedonia, Valle, fundador de “Coraje Caicedonia”, y quien aspiraba a ser concejal en las próximas elecciones; o el de Ana María cortés, en el bajo Cauca antioqueño, que fue la coordinadora de municipal de la Colombia Humana. Todo indica que la violencia contra líderes arreciará y que las medidas institucionales serán insuficientes para frenar la ocurrencia de estos casos. En este sentido, el avance de la Comisión de la Verdad también es una variable a la cual deberá prestarse atención. Probablemente, en este ámbito se generarán resistencias que pueden poner en peligro a algunos liderazgos, tanto por su propio potencial de denuncia como porque, a medida que distintos actores cuenten cuáles fueron sus roles en distintas dinámicas de violencia e ilegalidad, los perpetradores se verán más contra las cuerdas. Frente a esto es importante recordar que, por ejemplo, los reclamantes de tierras se cuentan dentro las víctimas más comunes, con casi el 5% del total de casos de homicidio selectivo. En últimas, lo que está sobre la mesa es la manera de abordar la idea de seguridad, que hasta el momento parece reducirse a visiones individuales, pasajeras y policiales, amalgamadas bajo la vieja fórmula de “hacer llegar el Estado” desde arriba. Son apremiantes los enfoques que den prelación a las particularidades territoriales, reconociendo lo que ya está en marcha y los riesgos latentes; a ampliar la cabida de las medidas colectivas y a la identificación de más autores intelectuales. En un contexto como este es necesario, además, que urgentemente se dejen atrás las medidas ineficientes cargadas de vicios mediáticos y las recetas reactivas fallidas.

Por: José Roberto Acosta, aliado PARES Se cumplen dos años desde que Néstor Humberto Martínez Neira empezó abierta y públicamente su vergonsoza tarea de encubrimiento de la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval al anunciar, en su calidad de Fiscal General de la Nación que: “descarta corrupción en adjudicación de obras del Río Magdalena”, otorgado al Consorcio Navelena. En lugar de cumplir su tarea de acusador, o por lo menos de investigador acucioso a partir de las confesiones de los bandidos de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos conocidas apenas dos semanas antes de su posesión, se inauguró otorgando una exoneración express en el caso Navelena, pero con tan mala suerte que casi de inmediato, junto con el Senador Jorge Enrique Robledo, expusimos pruebas contundentes de las irregularidades presentadas en el otorgamiento de un crédito de $120.000 millones por al Banco Agrario al Consorcio de Navelena, conformado en un 87% por Odebrecht y 17% por la colombiana Valorcon S.A., de propiedad de Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto Gerlein e involucrado con Aida Merlano, destituida del Senado por compra de votos. Las probadas irregularidades en este crédito del Banco Agrario, aprobado en noviembre del año 2016, dieron pie para que en abril del año 2018 la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos al presidente del Banco Agrario y a los miembros de la junta directiva de ese entonces. Proceso que deberá fallarse este año 2019, después de que los investigados ejercieran su legítima defensa y pedir mas pruebas. Entre los involucrados están el exviceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar; Adolfo Dajud Durán, quien representaba al ministro de Agricultura Aurelio Iragorri en la la junta directiva del Banco Agrario; Luis Fernando Mejía Alzate, quien fue director de Planeación Nacional de Juan Manuel Santos, nombrado como director de FOGAFIN por Iván Duque y actualmente director de Fedesarrollo; Francisco Estupiñán, quien fue ministro de Agricultura y cuyo hijo era contraparte en el contrato de administración de las garantías del crédito, en su calidad de presidente de Fiduciaria de Occidente, filial del Grupo Aval, en un abierto conflicto de intereses y que no ha sido sancionado aún por la Superintendencia Financiera, a pesar de haberse denunciado desde hace más de un año, pues no es aceptable que entre padre e hijo se celebren contratos con recursos públicos por $120.000 millones y no se revele dicha relación familiar entre las partes. Gracias a la presión social, el Banco Agrario recuperó lo desembolsado irregularmente con intereses de mora, recibiendo cerca de $150.000 millones. Sin embargo, este dinero salió del pago realizado por CORMAGDALENA al Consorcio Navelena por supuestas obras de dragado. Es decir, en la práctica quien terminó pagando la deuda fue CORMAGDALENA. Ni Odebrecht ni Valorcom desembolsaron un centavo. Dichas obras de dragado fueron certificadas por el interventor de las mismas, y sobre ellas nunca se despejaron las dudas que por escrito se le pusieron al director de CORMAGDALENA en ese momento, el señor Alfredo Varela, quien renunció en agosto del 2018 y ahora se dispone a condidatizarse a la gobernación del departamento de Atlántico. CORMAGDALENA salvó a los implicados en este caso de corrupción técnica de un millonario juicio fiscal que hubieran tenido que pagar de su propio bolsillo, pero las obras de dragado no parecen existir. Navelena, al igual que en el caso DRAGACOL, usufructuó una actividad que sigue favoreciendo castas políticas de la costa como es el irregular e interminable dragado del Río Magdalena. Obra que sigue siendo un barril sin fondo de corrupción y una chequera en blanco para politiqueros que justifican el multimillonario pago a empresas que son contratadas sin los requisitos financieros, técnicos y reputacionales, como fue el caso del Consorcio Navelena, que ademas, por incumplir el cierre financiero para la obra principal, terminó perdiendo por Caducidad el contrato para asegurar la navegavilidad del Río Magdalena. Es importante no olvidar este episodio de corrupción de Odebrecht y en el que el gran beneficiado fue el Banco de Occidente del Grupo Aval, quien recibió de manera preferente $50.000 millones del irregular crédito otorgado por el Banco Agrario, desfigurado de su objeto social por este perverso negocio. Los actores implicados son muchos más y siguen siendo los mismos con las mismas, en otro triste episodio de “lo que el río se llevó».

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Un año le tomó a la Fiscalía General de la Nación decir que “efectivamente, hubo errores en el diseño de la construcción de esa obra (el puente Chirajara)” que ha costado, hasta ahora, casi 72.000 millones de pesos, más los 90.000 millones que costará la nueva construcción. Monto que no se compara, en todo caso, con la ausencia causada a las familias de las víctimas mortales del irresponsable diseño y ejecución del puente. Un frío comunicado, en el que enlistaron los nueve muertos que dejó el desplome del puente de Chirajara en la vía al llano, escrito por la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S (Coviandes), dista no solo de los premios que había recibido el puente sino también de la foto en la que aparecían el expresidente Juan Manuel Santos, Luis Carlos Sarmiento Angulo y la obra de la que se enorgullecía el exviceministro Germán Vargas Lleras. El resultado de los errores técnicos en la construcción terminaron en el desplome del puente que causó la muerte de José Álvaro Bertel, Gildardo Jiménez, Jair Alexander Castro, Jesús Elkin Salas, Antonio Calle Ortiz, Julio Roberto Salgado, Giovany Quiroz, Jorge García Beltrán y Giovany Monroy Zapata. El puente atirantado en el que trabajaban colgaba a más de 280 metros de altura y una extensión de 446 metros que compone la doble calzada de Bogotá hacía los llanos orientales. Hoy, continúan los interrogantes sobre los responsables, las investigaciones concretas a las que se comprometió adelantar la Fiscalía General de la Nación el día del desplome y los 10 meses de retraso que tiene la entrega de la obra. ¿Y los responsables qué? Tal como lo hizo saber a la opinión pública la Fiscalía General de la Nación, la identidad de las 20 personas que han sido llamadas a declarar sobre el desplome no será revelada. Además, el periódico El Colombiano dio a conocer la respuesta de un derecho de petición que tramitó el periódico al ente investigador, al cual la Fiscalía respondió: “no se ha producido la primera imputación de cargos”. ¿Qué han dicho los familiares de las víctimas? Alex Calle, hijo de Antonio Calle, una de las nueve victimas del desplome, ha dicho que más allá de la indemnización recibida, no ha habido un acompañamiento psicológico por parte de Coviandes. Solicitó a la empresa que brinde la ayuda psicológica a las familias de las víctimas, pues al paso del tiempo has sido olvidados y el derecho que se le vulneró jamás será reparado. ¿Qué viene para el puente? En las horas de la mañana del 15 de enero, el vicepresidente de la Agencia Nacional de infraestructura (ANI) anunció que el puente de Chirajara, que está ubicado en el kilometro 64 de la vía de Bogotá al llano, sería entregado en el 2020. La construcción pretende conectar los túneles de Chirajara en el departamento de Cundinamarca con el túnel de La Pala en el departamento del Meta. Así las cosas, la reanudación del puente iniciaría en el mes de mayo. ¿Qué dicen los estudios sobre el desplome? Por el diseño del Chirajara la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. (Coviandes) ganó el Premio Nacional de Ingeniería en el año 2010. A su vez, fue reconocida con el premio a la Excelencia en Responsabilidad Social Empresarial. Como si fuera poco, en 2017 recibió un nuevo reconocimiento desde Madrid en el marco del XVII Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte por el proyecto El Tablón – Chirajara. Sin embargo, el pergamino de premios es ahora uno de irregularidades e inconsistencias que llevaron al desplome del puente. Así lo ha hecho saber una investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña por medio del Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE). En este informe se estableció que el puente, entre otras cosas, presentaba “importantes errores de diseño y su construcción se llevó a cabo acumulando diversas deficiencias. La caída sobrevino por la conjunción de varias de estas circunstancias (…) de no haber acontecido en el momento en que lo hizo, habría ocurrido con posterioridad. Antes del desastre, el puente emitió suficientes advertencias de lo que iba a suceder: una atención más cuidadosa habría permitido detectarlas» El año pasado, el 26 de noviembre, ya se habría advertido falencias en el diseño y en la ejecución, pues la firma Estadounidense Modjeski and Master reveló otras razones de la tragedia, pues hayaron alrededor de cinco irregularidades graves en el tema de la cimentación del puente. Además, la firma aseguró que no se realizaron evaluaciones que le hicieran seguimiento a la adecuación del diseño original con las condiciones geográficas. Es decir, no se tomaron en cuenta a cabalidad las variables de condición viento y sismo.