Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares 1. Nueve líderes sociales asesinados en lo que va del año En 2019 se han registrado nueve asesinatos a ocho lideres y una lideresa social en Colombia. Esta ola de violencia se da a pesar de la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes, firmado en noviembre de 2018 por parte del presidente Iván Duque. Hoy por hoy, la Defensoría del Pueblo ha manifestado con preocupación que la medida no es efectiva. Esta es la lamentable linea del tiempo sobre los asesinatos: 2. El fiscal no deja de ser protagonista El 11 de enero en todo el país se hicieron plantones y protestas exigiendo la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción de Odebrecht y por ser un obstáculo para la implementación de los Acuerdos de Paz. Al día siguiente, Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas demandaron la elección del Fiscal argumentando que “no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido”, por lo que piden la anulación del acto mediante el cual fue nombrado. La información a la que hacen referencia gira en torno a las irregularidades en la Ruta del Sol Tramo II presuntamente conocidas por Martínez cuando ejerció como abogado privado del Grupo Aval entre 2015 y 2016. Para los abogados, existen pruebas suficientes de que Martínez ocultó el conocimiento que tenía sobre el caso Odebrecht, sobre todo después de que las grabaciones que había hecho el excontroller de la obra, Jorge Enrique Pizano, salieran a la luz pública. Afirman, además, que “cuando Néstor Humberto Martínez, en su rol de ternado, le ocultó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia su grado de conocimiento de hechos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht y la vinculación en el mismo de empresas y personas cuyos intereses había defendido, llevó a que los magistrados consideraran que él estaría en las mejores condiciones para desempeñar las funciones propias del cargo, sin que pudieran analizar las consecuencias de sus conflictos de interés potenciales y aparentes en el caso de corrupción más importante del siglo en Colombia y Latinoamérica y que podría incluso ser investigado por su involucramiento en el mismo”. Finalmente, Martínez también se enfrentó a Daniel Coronell por una columna en la que el periodista afirma que el Fiscal no envió ni a la Corte Suprema de Justicia ni a la Comisión de Acusaciones de la Cámara las grabaciones completas que la DEA le entregó hace unos meses como pruebas en el caso del Cartel de la Toga. Según Coronell, entre los fragmentos faltantes se encuentra una conversación entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons en la que se menciona al Fiscal. 3. Iván Márquez reaparece en un vídeo Iván Márquez reapareció el 12 de enero en un video de la Agencia Bolivariana de Prensa en el cual manda un mensaje a las bases guerrilleras, argumentado que la paz había sido traicionada por parte del Estado colombiano. En el mensaje también reconoció que habían cometido un error en acceder a la dejación de armas sin estar establecidas unas garantías de reincorporación para la guerrillerada. Dijo, “no vamos a engañar a ningún guerrillero con el cuento de que todo está bien”. Fue insistente en su mensaje a las bases guerrilleras diciendo que “vamos a dar la pelea para tratar de recomponer las cosas”, con un mensaje de paz. A su vez, se refirió al asesinato de líderes y líderesas sociales, a la incertidumbre por el caso Santrich, al incumplimiento de la implementación y la libertad de los presos políticos. Cerró diciendo “no dejemos sola a Venezuela que afronta un ataque brutal por la derecha latinoamericana, confabulada y dirigida por el gobierno de Washington”. 4. MinAgricultura devolvió manejo de parafiscalidad ganadera a Fedegan El 4 de enero de 2018, el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Andrés Valencia, contrató a Fedegán para manejar, hasta el 2029, la cuota parafiscal del fomento ganadero y lechero, que se estima en $90.000 millones al año. La decisión resulta polémica teniendo en cuenta que el gobierno de Juan Manuel Santos, a finales de 2015, le había quitado esta tarea a la Federación dirigida por José Félix Lafaurie debido a presuntas irregularidades en el manejo de los parafiscales. En su momento, la misma Contraloría advirtió de posibles hallazgos fiscales, sin embargo, hoy el manejo de estos recursos vuelve a manos de Lafaurie. Hay otro punto débil en la contratación de Fedegan, pues en ningún momento se realizó una licitación para elegir la entidad que manejará los recursos, por el contrario se hizo de forma directa. Además, La W reveló que, al parecer, la decisión ya estaba tomada desde octubre de 2018, pues el ICA, entidad adscrita a MinAgricultura, le entregó una base de datos a Fedegan con los datos personales y el patrimonio de los ganaderos del país sin permiso de estos. En un acta realizada por el ICA se lee que existe “la necesidad de contar con un acuerdo de confidencialidad por parte de Fedegán para acceder a la información, el cual es firmado por el doctor Lafaurie de manera inmediata”. El 11 de enero, la Contraloría anunció que verificará e investigará el contrato para asegurarse de que no existan irregularidades. Varias federaciones ganaderas se han manifestado en contra de la decisión, argumentando que Fedegan no brinda la mayor representatividad para los ganaderos del país. 5. El extraño capítulo de alias ‘Guacho’ aún genera incertidumbre «El día de hoy en una operación heroica del Ejército y la Policía podemos confirmar que alias ‘Guacho’ cayó y que ha sido abatido por los héroes de Colombia», esas fueron las palabras que expresó, el 21 de diciembre de 2018, el presidente Iván Duque sobre la muerte de Walter Patricio Artízala Vernaza, conocido como alias ‘Guacho’, en Tumaco, Nariño. Este anuncio ha generado muchas dudas, pues quien estaba identificado por las autoridades colombianas con el nombre de Walter Patricio Arizala Vernaza aparece en los registros de Medicina Legal como Luis Alfredo Pai Jiménez, como lo informó el Fiscal Néstor Humberto Martínez el 11 de enero de 2019. Esto se explica porque ‘Guacho’ nació en Ecuador con el nombre de Walter y posteriormente se registró en Colombia con otra identidad. En Colombia apareció un hombre que aseguraba ser el padre del disidente de las FARC, sin embargo, los resultados de la prueba de ADN practicada por Medicina Legal fueron negativos. Este capítulo continuó el lunes 14 de enero, cuando se supo que Margarita Vernaza, residente de Ecuador, sí es la madre de ‘Guacho’, lo que le da el derecho a reclamar el cuerpo. Cabe recordar el mensaje del periódico ‘El Comercio’ de Ecuador, ante el anuncio del gobierno colombiano sobre la muerte de ‘Guacho’: “Con su fallecimiento mueren también las posibilidades de acceder a la información que poseía no solo sobre lo que ocurrió con Paúl, Javier y Efraín, sino también con Óscar Villacís y Katty Velasco”. Esto sobre el asesinato de los tres periodistas y dos civiles que mediatizaron a ‘Guacho’.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Iván Márquez reapareció en un video que deja muchos posibilidades de interpretación sobre su futuro. Al menos, se pueden ver tres grandes mensajes. Por un lado, lanza un mensaje directo a sus compañeros que están en el partido FARC, les dice que no se pueden cambiar las ideas revolucionarias por una curul o por un cargo burocrático. Esto deja ver la ruptura que existe con sus viejos compañeros de militancia. Prácticamente, los acusa de traidores y les cuestiona su papel en la exigencia de la implementación de los Acuerdos de Paz. El Partido, como conclusión, sufre una fuerte división. El segundo mensaje es aun más claro, en lo fundamental se toma la vocería de los mandos medios y de una buena parte de la base de la exguerrilla de las FARC. Se refiere a la desconfianza frente a la seguridad jurídica del proceso. Tanto el caso Santrich como el bloqueo de la Ley de Amnistía que mantiene a centenares de exguerrilleros en las cárceles han sido la causa de la mayoría de las reincidencias que se han presentado en el último año. De hecho, se puede afirmar que la Seguridad Jurídica del Acuerdo es la que determinará la cantidad de mandos medios que reincidan y las posibilidades de que aquellos excomandantes que están escondidos regresen al proceso o retomen las armas. El tercer mensaje se dirige al gobierno nacional. Efectivamente, refleja el descontento por el incumplimiento del Acuerdo, o mejor por la reestructuración unilateral que ha venido realizando el Estado de Colombia. Escribo Estado, por que no solo se refiere al ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial han tenido mucho que ver en esa reestructuración. Por ejemplo, no hay reforma política, todo se hundió. De la reforma rural, no habrá nada. No hay Fondo de Tierras, no hubo plan de formalización, no hubo nada de nada. En el tema de reincorporación socioeconómica, las cosas han comenzado a despegar, pero hay unos atrasos de dos años. Es decir, el inventario de incumplimientos que hace Márquez es totalmente real. Estos tres mensajes dejan ver algunas situaciones complejas para el proceso de paz. Por un lado, lo que estaría buscando Márquez, es, literalmente, quitarle a la dirección del partido FARC sus bases sociales y apropiarse de un discurso reivindicativo de estos sectores. Dejando sin piso social al partido que aspira a competir en las elecciones del próximo mes de octubre. Otra situación compleja se refiere al futuro de Márquez y varios mandos medios. En el video deja abiertas las posibilidades de regresar al proceso de paz, todo depende, como se dijo, del tema Santrich y seguridad jurídica. Sin embargo, también es claro que aunque Iván Márquez regrese al proceso de paz no lo hará al partido FARC. Los próximos seis meses serán claves para el futuro del nuevo partido y de los grupos postfarc.

Por: Andrea Aldana, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Las oficinas de cobro son la principal forma de operar de los actuales grupos o bandas criminales que ejecutan acciones en la ciudad de Medellín. Su modo de operar es transversal en diferentes economías legales, ilegales e informales de la ciudad y, se podría deducir, que es una economía (o en este caso mafia) rentista. No obstante, su origen y funcionamiento no está aislado de la gran estructura criminal que hace tres décadas ejerce un poder paralelo en Medellín: La Oficina. Para entenderlo, y específicamente para comprender la funcionalidad que le presta el crimen organizado a la institucionalidad, es preciso repasar su historia. Los orígenes de esta organización se remontan al año 1982, justo cuando Pablo Escobar Gaviria, convertido ya en jefe del narcotráfico, decidió ampliar su poder al sector político: luego de la renuncia de Jairo Ortega —principal en la lista—, Escobar —como suplente— llegó a la Cámara por el Movimiento de Renovación Liberal y con esa misma plataforma electoral alcanzó tres curules en el Concejo de Envigado. Con el paso de los días, y en un claro ejemplo de captación de las herramientas del Estado para hacerlas funcionales al crimen, Escobar también extendió sus nexos hasta la Alcaldía y habilitó los canales de la corrupción para moverse entre oficiales de la fuerza pública y funcionarios de la justicia. Fue entonces cuando, desde la administración, surgió el Departamento de Orden Ciudadano (DOC), un aparato parapolicial que durante años operó bajo las órdenes del narco —con atribuciones policiales y aplicación de justicia por mano propia—, al mismo tiempo que Escobar consolidaba su proyecto mayor: controlar la delincuencia a través de una oficina de cobro. En otras palabras, una especie de recaudo a todo aquel que quisiera delinquir en el Valle de Aburrá y la aplicación de una extorsión generalizada. La Oficina de Envigado, como pasó a llamarse por la sede que tenía en ese municipio, penetró tanto a la institucionalidad que incluso llegó a mimetizarse en despachos de tránsito para acceder a matrículas y pases de conducción. La institución le era favorable al crimen. Sin embargo, Escobar fue abatido en diciembre de 1993 y la Oficina de Envigado, que siempre fue uno de sus soportes, se hizo con nuevo patrón: Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, antiguo lugarteniente del narcotraficante Fernando Galeano, que terminó enfrentado a Escobar por el asesinato de su jefe. Don Berna se quedó con la Oficina luego del camino recorrido: primero se unió a los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) y después migró hacia el paramilitarismo, pero nunca dejó el narcotráfico. Lea el informe completo aquí:

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El pasado domingo, en su columna habitual, el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Semana una denuncia sobre el actual Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En ella, el periodista denunciaba cómo el ministro, en el gobierno de Álvaro Uribe, donde también fungía como Ministro de Hacienda, se enriqueció con los denominados ‘bonos agua’. La historia de los ‘bonos agua’ o ‘bonos Carrasquilla’ se remonta al segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Desde su cargo, Carrasquilla impulsó la reforma constitucional con el acto legislativo número 4 del 2007 que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución. Esto permitió que el gobierno, posteriormente, reglamentara ese acto legislativo con la Ley 1176 de 2007. Ese mismo año, en febrero de 2007, Alberto Carrasquilla renunció a su cargo como Ministro de Hacienda y, ya en noviembre, su empresa Navenby existía en Panamá. Pero, ¿qué es Navenby? Navenby fue el vehículo de inversión que usó el Ministro para movilizar los dineros de los ‘bonos agua’ hacia Konfigura, su otra firma de asesorías, de hecho, con la que asesoró a los municipios en materia de acueducto y alcantarillado. Carrasquilla era dueño del 33.33% de Konfigura, el resto pertenecía a Andrés Flórez y Lía Heenan, respectivamente. Sin embargo, la parte de Carrasquilla pasó a manos de Heenan después de ser nombrado como Ministro por el actual presidente Iván Duque. Por otro lado, no se puede olvidar que Navenby apareció en los denominados Panamá Papers, por su relación con la empresa Mossack Fonseca. Se sabe que Navenby fue creada a través de Konfigura Capital LTDA. ¿Qué eran y cómo funcionaban los bonos? Con la Ley 1176 se les permitía a los municipios endeudarse para que pudieran obtener créditos de largo plazo y financiar los recursos para construir sus respectivos acueductos. Sin embargo, el encargado de prestar el dinero para ejecutar las obras públicas fue el Grupo Financiero de Infraestructura, conformado por Alianza Fiduciaria y Konfigura Capital. Es decir, la jugada de Carrasquilla consistió en promover la ley para que los municipios pudieran endeudarse y, después, mediante Konfigura, recibir ese dinero. Esto no es todo. Según la denuncia del senador Jorge Enrique Robledo, el Grupo Financiero de Infraestructura prestó el dinero con la tasa de UVR (Unidad de Valor Real) +8%, mientras que a los municipios les cobraron los préstamos con la tasa de UVR+11%. De tal manera, Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3% de las ganancias, se estima unos $14.000 millones por año durante cinco años. Los departamentos más afectados por estos bonos fueron Santander (con 9 municipios afectados), Atlántico (4 municipios afectados) y Antioquia, en el municipio de Bello. Por ejemplo, según Vanguardia Liberal, en el caso de Gámbita, Santander, se hizo el préstamo de $2.722.548.660 en el año 2010. Desde 2015, el municipio ha pagado $174.000.000 de capital y $2.765.000.000 de interés. Actualmente, el saldo va por $2.890.000.000 con plazo hasta 2029. Es decir, Gámbita pagará el doble del valor inicial del préstamo. Esa fue la estrategia del ministro Carrasquilla. Según José Roberto Acosta, economista, abogado y miembro de Pares, esta suerte de endeudamientos futuros venía ocurriendo desde los años 90, lo que en su momento (y ahora) hizo colapsar los entes territoriales. Fue por esta razón que apareció la Ley 358 de 1997, llamada ‘la ley de semáforos’. Dicha ley le ponía límites a la pignoración de rentas futuras de las alcaldías, pues un alcalde terminaba amarrando el presupuesto de los próximos 5 alcaldes y los ponía en insostenibilidad fiscal. La jugada maestra de Carrasquilla ocurrió 10 años después. Según Acosta, el pecado de Carrasquilla fue haber impulsado como Ministro de Hacienda una trampa a esa Ley con el acto legislativo número 4 del 2007 que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución. Esto permitió que el gobierno, posteriormente, reglamentara ese acto legislativo con la Ley 1176 y cogiera esa participación de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, que es el 5,7% del situado fiscal que reciben los municipios, para que lo pudieran meter en una ‘bolsa’. Acosta dice que la Ley pide una inhabilidad o un impedimento para que un funcionario público que haya intervenido en determinado acto legal no se aproveche o no actúe por medio de este por lo menos en el año siguiente. Algo que, en efecto, no cumplió el ministro Carrasquilla, pues, como se sabe, su renuncia al cargo fue en febrero del 2007 y crea Navenby tan solo 9 meses después. Eso, teniendo en cuenta que Navenby se crea a través de Konfigura. Es decir, las dos empresas de Carrasquilla se fundan antes del año establecido por la ley. Carrasquilla, a través de esta ley y su firma Konfigura, como lo explica Acosta, empeñó, pignoró y amarró a 19 años a los municipios más pobres del país y, aprovechando sus conocimientos en materia económica, convenció a los alcaldes de los municipios que, en su mayoría, no comprendían cómo funcionaba el sistema que estaba promoviendo. Acosta es enfático en esta máxima: la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Por consiguiente, el ministro Carrasquilla benefició a su firma Konfigura con los dineros públicos de los municipios.

La Fundación Paz y Reconciliación y La Iniciativa Unión por la Paz presentan el sexto informe de seguimientos al postconflicto en Colombia. Este informe se presenta cuando se cumplen dos años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón y 100 días del gobierno del Presidente Iván Duque. El documento es un riguroso balance de los aspectos fundamentales de la materialización de la paz, especialmente en los territorios, para contribuir a la comprensión de la realidad nacional desde un visión crítica e independiente. Al poner la lupa en lo que ha ocurrido a dos años de firmado el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, hecho que cerró el ciclo de negociaciones de La Habana, podemos decir que se ha producido una reestructuración unilateral por parte del Estado de lo acordado con las FARC-EP. Algunas de las reformas convenidas por las partes no se han hecho y ya no se harán, dos ejemplos claros de esto son la modificación de la estructura agraria y la puesta en marcha de una nueva visión de la lucha contra el narcotráfico; otras se están haciendo a medias y el ejemplo aquí es la reforma política, de la cual hay logros parciales como el llamado “Estatuto de la Oposición”; algunas aún se discuten en las distintas instancias del Estado, como el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que sigue adelante en medio de una división enorme de la opinión al respecto y soportando no pocas arremetidas y controversias; finalmente, algunas están arrancando y pueden salir adelante, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Lo que tiene que ver con la Desmovilización, el Desarme y la Reintegración, que tuvo el éxito mayor en el momento de entrega de las armas por parte de las FARC a mediados de 2017, también ha sufrido cambios importantes: primero, se generaron y crecieron estructuras armadas disidentes o desertoras de las FARC; segundo, se ha producido una grave división al interior del partido político surgido de la negociación y hay un riesgo de rearme de algunos dirigentes históricos de las FARC; y tercero, el Estado ha sido lento e ineficiente en el desarrollo de los programas de reincorporación y ha puesto el énfasis en la reintegración individual dejando en vilo el proceso colectivo acordado. La reestructuración empezó en el gobierno de Santos. Al someter el tratado de paz, laboriosamente construido en seis años de difíciles negociaciones, al Congreso, a las Cortes y al dominio de los ministros, se empezaron a hacer modificaciones, se aplazaron las decisiones o simplemente se engavetaron. El gobierno de Duque proclamó abiertamente la decisión de promover algunas modificaciones fundamentales, especialmente en los campos de la justicia transicional, de la transformación de la estructura agraria y de la representación política de la guerrilla desmovilizada y desarmada. Desde esa visión ha continuado en la reestructuración, intentando ir más fondo en ella y ha sometido a revisión toda la institucionalidad y todo el lenguaje que había puesto en marcha Santos. Ahora, es claro que no quiere ni puede hacer trizas el Acuerdo de Paz, pero sí quiere y puede continuar con las modificaciones y ahondarlas sin acudir a una renegociación con la FARC. El calado de los cambios que hará Duque depende de qué tanto se lo permitan partidos como el Liberal, de la U y sectores conservadores que fueron claves en las negociaciones de paz. También depende del grado de presión de la comunidad internacional que ha estado tan comprometida a lo largo del proceso. La capacidad de la FARC para contener la reestructuración y hacer valer lo originalmente acordado se ha menguado por sus derrotas políticas y su división, pero aún puede acudir a vías legales y a instancias internacionales para reclamar el cumplimiento cabal del texto firmado en el Teatro Colón. Este informe de los dos años se hace después del triunfo de Iván Duque, del Centro Democrático y del expresidente Uribe en las elecciones presidenciales y hace eco de una realidad indiscutible: hay una variación del péndulo político. Durante el gobierno de Santos el péndulo había estado en la idea de paz negociada, de la paz sin vencedores ni vencidos. Las palabras asociadas a este propósito eran conflicto, negociación, concertación, postconflicto, justicia transicional, reconciliación y convivencia. Duque ha regresado a la idea de seguridad como eje articulador de la política y las palabras asociadas a esta idea son violencia, legalidad, autoridad, justicia ordinaria y estabilidad. Este balance describe paso a paso lo que está haciendo Duque para darle un nuevo sentido al acuerdo de paz con las FARC. Sabe que no puede negar el pacto, no sólo porque recoge la voluntad de la mitad del país, sino porque ha quedado reflejado en compromisos constitucionales y legales, nacionales e internacionales, que no son fáciles de deshacer. Pero está determinado a subordinar este Acuerdo a su proyecto político anclado en la seguridad y en el relanzamiento de un proyecto económico y social de derechas. La manera como el presidente Duque ha manejado la negociación con el ELN muestra la prevalencia de la seguridad sobre las iniciativas de paz. El Presidente ha desatado una dura presión sobre el ELN para obligarlo a abandonar el secuestro y a disminuir o cesar la mayoría de sus acciones antes de sentarse a la mesa de conversaciones, a pesar de que sabe que no será muy difícil llegar a un cese bilateral al fuego una vez se reinicien las conversaciones. Quiere hacer notar su autoridad, su negativa a hacer concesiones, su determinación de someter a las fuerzas que están en la ilegalidad, así esto conlleve el riesgo de echar por la borda los acuerdos de agenda, metodología de la negociación y protocolos del cese bilateral y la declaración expresa de que esas conversaciones se orientan claramente hacia la dejación de las armas por parte de esta guerrilla. La visión de Duque ha sido reforzada, además, por las tendencias políticas en el entorno regional. El ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil, la profundización de la crisis venezolana con su trasunto de violencias y la disparatada agenda de Trump en Estados Unidos no generan un ambiente muy propicio para un proceso de paz frágil como el colombiano. De hecho, una perturbación nada despreciable de los últimos meses para las negociaciones de paz con el ELN y para la propia reintegración de las FARC ha sido la ruptura diplomática con el gobierno de Maduro y las acusaciones de refugio de terroristas que Duque le hace a Venezuela. El documento abarca 17 ítems del postconflicto. Allí se encuentra desde la radiografía de los grupos postfarc o llamadas disidencias, hasta el balance de los PDETS, pasando por la Justicia Transicional, los asesinatos de líderes sociales, el balance de los cultivos ilícitos, unas puntadas sobre el narcotráfico en las regiones colombianas, el diagnóstico de la reincorporación y las afectaciones ambientales. Este sexto informe le hace una mirada trasversal al postconflicto y en su elaboración participaron 57 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a Pares, pero la contribución de investigadores de la Universidad Católica de Cali, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y de organizaciones no gubernamentales de Norte de Santander fue decisiva. Aquí se podrá encontrar un análisis territorializado, municipio a municipio y región a región, así como un análisis de los dos años del postconflicto. No es solo una fotografía del momento. Lea el informe completo aquí:

Por Laura Alonso, Investigadora Nacional de la línea Democracia y Gobernabilidad @LauraAlonsoGar2 El clan Gnecco resucitó. Durante los últimos cinco años Cielo Gnecco, quien heredó la estructura política de su hermano Jorge, logró recuperar el poder político de la familia en el Cesar. Esto, a pesar de los probados vínculos que los Gnecco han tenido con paramilitares, narcotraficantes y los juicios en su contra que van desde desvío de recursos públicos hasta condenas por homicidio. En las próximas elecciones legislativas, el Clan Gnecco buscará ampliar su fuerza en el congreso con cuatro representantes y dos senadores. El infierno La familia Gnecco, de origen guajiro y filiación liberal, reunió una fortuna durante el auge del contrabando y la bonanza marimbera. Aunque no era una familia tradicional del Cesar, entraron sin dificultad a la élite. Aproximadamente, en 1995, Jorge Gnecco inició la participación política del Clan. Jorge fue conocido por su relación con grupos paramilitares. Mientras estuvo a la cabeza del clan, lograron un poder en la región sin precedentes. Aseguraron puestos de representación política tanto en las autoridades locales, como en las esferas nacionales: el hermano de Jorge, Lucas Gnecco, fue gobernador del Cesar en dos periodos (1988 y 1992); el sobrino, Hugo Gnecco, fue alcalde de Santa Marta en 2000 y 2003; su hermano, Pepe Gnecco, fue parlamentario en 1998; su cuñado, Rafael Bolaños, fue gobernador del Cesar en 1998; y su sobrina, Flor Gnecco, fue elegida senadora en las elecciones de 2001. La era dorada del Clan terminó con el asesinato de Jorge en 2001 a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La muerte del patriarca, sumado a los continuos escándalos de corrupción y vínculos ilícitos del resto de sus miembros, mermaron el poder de los Gnecco. Uno a uno enfrentó cargos. Lucas Gnecco fue condenado a 36 meses de prisión por el delito de constreñimiento electoral, además, entre 2000 y 2009 fue condenado tres veces por la Corte Suprema por los delitos de celebración indebida de contratos y delitos de prevaricato. Hugo Gnecco fue investigado por irregularidades en materia de contratación pública y fue extraditado en 2007 desde Venezuela por delitos asociados a desfalcos en la administración pública cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta. Rafael Bolaños fue destituido como gobernador del Cesar por la Procuraduría. Apuesta al Senado y la Cámara Pese al pasado, Cielo Gnecco Cerchar, hermana de Lucas, Pepe y Jorge Gnecco, en los últimos cinco años se ha convertido en la Matrona del Clan y es conocida, por su poder, como la primera dama del Cesar. Hoy, doña Cielo es el poder detrás del trono de la Gobernación del Cesar, recuperó la gobernación de la Guajira, eligió a un senador de la República, tres representantes a la Cámara y en las próximas elecciones legislativas le apuesta a consolidar su poder tanto en el Senado como en la Cámara. Esto, a pesar del más reciente escándalo. El primo hermano de Doña Cielo, Juan Francisco «Kiko» Gómez Cerchar, ex gobernador de la Guajira, fue señalado de hacer parte de grupos criminales que controlan el narcotráfico y el contrabando de gasolina en La Guajira y el Cesar, y en enero de 2017, fue condenado a 55 años de prisión por los asesinatos de Yandra Britto (ex alcaldesa de Barrancas) y Wilfredo Fonseca. Asimismo, fuentes aseguran que tres de los candidatos apoyados por los Gnecco (Chichí Quintero, Alfredo “Ape” Cuello y José Alfredo Gnecco) han presionado a los contratistas locales del SENA para que les hagan campaña y en consecuencia aporten votos. Senado José Alfredo Gnecco Aspira a ser reelegido al Senado por el Partido de la U. Es heredero de la estructura criminal del Clan de los Gnecco. Fue representante a la Cámara por el Cesar (2010-2014). Es hijo de Lucas Gnecco y sobrino de Cielo Gnecco. Llegó al Senado con el apoyo en La Guajira de “Kiko” Gómez Cerchar, quien es primo de Cielo Gnecco y fue condenado a 55 años de prisión por homicidio. Didier Lobo Chinchilla Aspira al Senado por el partido Cambio Radical. Es uno de los herederos de la estructura política del Clan Gnecco. Desde el 2016 la Contraloría le remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría unos hallazgos de posibles sobrecostos por más de 3 mil millones de pesos, en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales que Lobo hizo mientras era mandatario de La Jagua de Ibirico, municipo del Cesar. Foto: Carlos Montoya, Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Valledupar (Feb/2018) Cámara Alfredo ‘Ape’ Cuello Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. De acuerdo con el exdirector de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, Cuello fue uno de los tres congresistas que se reunieron con Otto Bula, quien tuvo la misión de conseguir la adjudicación del contrato de infraestructura Ocaña-Gamarra. Cuello es objeto de una investigación preliminar por irregularidades en la celebración de contratos firmados cuando ejerció como presidente de la Cámara. Ape Cuello seguirá contando con el apoyo de la primera dama del Cesar, Cielo Gnecco, dada su amistad y relaciones políticas. Eloy ‘Chichí’ Quintero Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Fue señalado públicamente por Pedro Muvdi de estar relacionado con el narcotraficante Techo Ospina, quien cumple una condena de 11 años en Estados Unidos. Muvdi denunció amenazas contra su vida por esa acusación. Fuente: @fmuvdiU103 Fawzi Muvdi Anillo Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Liberal. Pedro Muvdi, su padre, fue condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que Muvdi padre hizo parte de la alianza paramilitar, constituyendo una pieza trascendental en el proyecto económico y político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Debido a lo anterior, el grupo de Muvdi perdió fuerza política en el departamento, por lo cual la baronesa electoral Cielo Gnecco presentó a Muvdi como una de los aliados del grupo Gnecco. De hecho, Cielo acompañó a su inscripción como aspirante Hernando Padauí Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Socio del ex Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno. Es objeto de una indagación en la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral en los comicios para el Congreso de la República en 2010. De igual forma, dicho candidato cuenta con el apoyo de la casa Char de la costa atlántica.

Por: la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares Colombia, desde la década de los ochenta, ha tenido diversos procesos de paz con distintas organizaciones insurgentes ¿Qué gobiernos se han sentado a negociar? ¿Con qué grupos armados? ¿Qué hemos aprendido de estos encuentros? Este recuento trata el contexto y sus protagonistas, así como analiza sintéticamente los aspectos favorables y desfavorables de cada proceso. La historia de cada grupo armado se aborda muy tangencialmente, pues el énfasis está en los acercamientos y en los procesos de paz. Primera mitad de la década de los ochenta (1982-1986): La Uribe-Meta Protagonistas y contexto histórico El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) encuentra sus raíces en el crudo enfrentamiento en que se encontraba la sociedad colombiana a mediados del siglo XX, en medio del periodo conocido como “La violencia”. Esta etapa está comprendida como los enfrentamientos entre guerrillas liberales y conservadoras, en muchos casos atizadas por la dirigencia política (los gobiernos nacional y regionales). De estas dinámicas surge en 1964 las FARC como una guerrilla campesina que inicia como organización de autodefensa, que con los años da un viraje al comunismo, con el fin de tomar el poder por medio de una lucha revolucionaria del campo a las ciudades. Con los años, de menos de una centena de combatientes, las FARC se convirtió en una importante fuerza guerrillera con presencia en distintos sectores rurales de Colombia. Para 1982 las FARC se propone el ‘Plan estratégico para la toma del poder’ que pretendía cercar a Bogotá y llegar al poder por la vía armada. Por otra parte, el presidente Belisario Betancur, conservador que había llegado a la primera magistratura con una propuesta de paz, decretó la amnistía para la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el municipio de La Uribe (Meta) sobre la idea de una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política por parte de los miembros de las FARC. De manera paralela a este proceso de paz con el gobierno, en la VII Conferencia las FARC-EP formularon en su Plan Estratégico Político-Militar los criterios para la Salida Política al Conflicto Social y Armado. En agosto de 1984, el M-19 había hecho una alianza con el Ejército Popular de Liberación (EPL) para llevar a cabo negociaciones con el Gobierno de manera conjunta en el Huila y el Cauca (En los municipios del Hobo y Corinto, respectivamente), lo que concluyó con un acuerdo en el que se estableció un cese al fuego, que posteriormente se rompió. Entre tanto, en el ámbito de la insurgencia se creó en 1985 de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), en la que participaron el EPL, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado “Quintín Lame” (MAQL), el Movimiento de Integración Revolucionario “Patria Libre” (MIR-PL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por su parte, las FARC se lanzan a la lucha democrática con la creación de la Unión Patriótica, partido conformado por miembros de las FARC, del Partido Comunista, líderes indígenas, estudiantiles y sindicales. Este partido llegó a ganar 23 alcaldías propias y 102 en coalición. En contraste, en 1985 el M-19 protagoniza con el Ejército Nacional una de las confrontaciones armadas más dramáticas en la historia del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuyo trágicos hechos fueron aprovechados, tanto por los sectores radicales de ultra derecha para criticar los procesos de paz con las guerrillas, deslegitimando sus demandas políticas y promoviendo de esta manera la salida militar, como por los grupos guerrilleros, que encontraron en la retoma una expresión de la crudeza de la Fuerzas Armadas. Estos años de conversaciones, treguas, acuerdos y de procesos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin hacia la segunda mitad de la década de los ochentas. Esto se detonó por: los incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares. Las FARC-EP tuvo una de las cuotas más sangrientas, pues la Unión Patriótica padeció una aniquilación en manos los sectores radicales de ultra derecha, aliados con las élites nacionales y ante la pasividad de la sociedad civil que fue testigo del asesinato de cerca de 4.000 militantes y simpatizantes de este partido político. Esto generó en las FARC una profunda desconfianza hacia el establecimiento, acompañada de una radicalización en el plano militar (García Duran, 2010). En 1987 se crea la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM), con la participación de las guerrillas de la otrora Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) más las FARC-EP, en el marco de la “Primer Conferencia Bolivariana”, con el fin de alcanzar algunos acuerdos políticos, militares, organizativos entre las guerrillas que se materializaron en una declaración política sumada a un en el plan de acción unificado. No obstante, esta iniciativa duró relativamente poco, pues dos años más tarde se iniciaron los procesos de paz con el M-19, el EPL, las Autodefensas Obreras (ADO), el Quintín Lame y el PRT (Girón Sierra, 2014, pág. 3). Aspectos favorables y desfavorables Segunda mitad de los años ochenta (1986-1990): Algunos acercamientos y proceso de paz con el M-19 (1989-1990) Protagonistas y contexto histórico Los últimos años de la década del ochenta y los comienzos de los noventa son una de las épocas más convulsas de la historia nacional. El Movimiento 19 de abril o M-19 fue una guerrilla de corte nacionalista que surgió en la década de los setenta ante la imposibilidad práctica de posicionar nuevos actores y propuestas en el sistema político colombiano, derivadas de las prácticas excluyentes del bipartidismo encarnado en el Frente Nacional. Este grupo guerrillero introdujo a la insurgencia novedosas formas de lucha armada con acciones que lograban capitalizar la atención de la opinión pública, impactando a sectores urbanos de la sociedad colombiana. A lo largo de la historia del M-19, los objetivos siempre estuvieron orientados a exigir al gobierno nacional reformas sustanciales en el sistema político, que permitieran abrir canales de participación democrática y cambios estructurales en el diseño institucional colombiano, demandas que se sintetizaban en la urgencia de modificar la Constitución Política de 1886. En 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco, tres años después del episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que junto al genocidio de la Unión Patriótica puso en crisis la esperanza de la paz en Colombia, el M-19 realiza el secuestro del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que tenía como fin presionar al Gobierno Nacional para abrir nuevos espacios de diálogo. El M-19, exigía “[…] que se posibilitara un diálogo en Panamá entre los insurgentes y los sectores políticos, sociales y gremiales del país. La cumbre política se hizo, y allí surgió, entre otros compromisos, futuras cumbres, a fin de buscar diálogos de paz” (Moreno Parra, 2011). Con la liberación de Gómez Hurtado, el M-19 retomó protagonismo y mostró su voluntad para acercase al gobierno nacional, lo que daría como resultado el acuerdo de paz y la desmovilización de esta guerrilla en 1990. Aunque el acuerdo final con el M-19 consistió en diez puntos, uno de los aspectos más importante fue que efectivamente lo logró que se abrieran espacios democráticos como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el gobierno permitió la inscripción de una lista de los desmovilizados del M-19, quienes tomaron el nombre de Alianza Democrática AD-M19 y obtuvieron 19 curules, equivalente al 27%, constituyéndose en la segunda fuerza política del país después del partido liberal (Centro de Memoria Histórica, 2014). Dos de los éxitos que se le atribuyen a este proceso de paz es que, primero, contribuyó a transformar de manera significativa el panorama político colombiano, lo que se materializó en un nuevo diseño institucional propuesto en la Carta Magna de 1991, y segundo, que buena parte de su dirigencia se incorporó a la vida civil participando en la contienda política y en la vida pública, sin volver a las armas y, por el contrario, defendiendo la democracia como sistema para llevar al poder. Primeros años de la década de los noventa: procesos con el el EPL, el Quintín Lame y el PRT en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente Protagonistas y contexto histórico Como se afirma en un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asamblea Nacional Constituyente convocada en 1990 implicó una oportunidad importante para los grupos guerrilleros para quienes la experiencia del M-19 estaba resultando exitosa, lo que no tardó en desencadenar otros procesos de paz, que significaban, en la práctica, participar en el nuevo diseño institucional del país: […] el proceso animó a parte del resto de la insurgencia a medírsele a una paz negociada. El EPL, el Quintín Lame, y el PRT entraron en conversaciones con el gobierno nacional, las cuales se aceleraron a lo largo de 1990 con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que su desmovilización se convirtió en precondición para participar con varios escaños en la Asamblea Constituyente (Centro de Memoria Histórica, 2014, pág. 2). Dentro de los grupos que participaron en estos procesos, además del M-19 que se encontraba en un proceso más maduro, participaron una parte importante del EPL, el Quintin Lame, y el PRT. El EPL es una organización Marxista-Leninista-Maoísta que surgió del Congreso Clandestino Constitutivo del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, en julio de 1965. El EPL se organiza entre 1966 y 1967 en medio de levantamientos campesinos en las regiones del Urabá y bajo Cauca antioqueños y en los departamentos de Córdoba y Sucre, pero no inicia acciones armadas hasta 1968 (Rojas, 2009). En aquella época se dieron varias situaciones que sentaron las bases para el nacimiento del EPL que van desde las fracturas internacionales entre los partidos comunistas; hasta la inspiración revolucionaria que significó en sectores obreros y académicos el triunfo de la Revolución Cubana (Villarraga, 2014). En este proceso de paz se desmovilizó un 80% de sus combatientes, más de dos mil, quienes conformaron el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, que posteriormente fue diezmado por acciones tanto paramilitares como de las FARC que acusó a muchos de ellos de convertirse en agentes del Estado colombiano. El Movimiento Armado Quintín Lame-MAQL fue una guerrilla indigenista originada en el Cauca que aparece públicamente el 5 de enero de 1985 con la toma de la población de Santander de Quilichao. Surge de la mano de distintas organizaciones indígenas que tenían como propósito la recuperación de tierras usurpadas por las clases dirigentes con la anuencia de las autoridades y como forma de autodefensa ante las agresiones, tanto de la Fuerza Pública como de las organizaciones insurgentes a la población indígena. Su nombre es un homenaje al líder indígena Manuel Quintín Lame, quien lideró un levantamiento indígena regional durante la primera mitad del Siglo XX. Su salida a la luz pública se dio después del asesinato, por parte de terratenientes y agentes del Estado, de varios líderes indígenas (Peñaranda Supelano, 2010). En 1991, tras su participación en la Asamblea Nacional Constituyente, la comandancia del movimiento decide entrar a un proceso de desmovilización, en el cual más de 130 hombres entregaron las armas, uno de los acuerdos a los que se llegó fue la entrega de un subsidio mensual durante los primeros meses de la reinserción de los militantes a la vida civil y el compromiso por parte del gobierno de comprometerse en la inversión de recursos para cubrir las necesidades de los grupos indígenas. Finalmente, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) nació en 1982 a partir de una facción marxista-leninista del Partido Comunista, sus raíces se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación maoísta en torno al Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana, caracterizada por su crítica a los comunistas tradicionales (partidos y grupos armados). Al insistir en que sólo una verdadera revolución podía conducir a la dictadura del proletariado (como fin último), este sector ortodoxo de la izquierda revolucionaria colombiana rechazó la posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas, y por lo tanto, también todo tipo de participación en las instituciones burguesas. La mejor expresión de este principio fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones (Archila 2008; CINEP, 2013). La desmovilización de los miembros del PRT dio como resultado que se convirtiera en un partido y así pudo participar en la Asamblea Constituyente de 1991 e incluso algunos de sus militantes se integraron a la Alianza Democrática M-19. Con respecto a los procesos de paz con estos tres grupos insurgentes puede inferirse que los acuerdos se concretaron en la participación política por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior apertura de espacios de participación política tanto en lo nacional como en lo regional. Proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en Caracas y Tlaxcala (abril-junio de 1992) Protagonistas y contexto histórico Para el 30 de abril de 1991 se hace pública la intención de otras insurgencias adscritas a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar como el ELN, las FARC-EP y el EPL de dialogar con el gobierno; estos procesos terminan el 4 de mayo de 1992 con resultados diferentes para cada grupo armado. Uno de los protagonistas más importantes de este proceso de paz fue el ELN, otro grupo insurgente que con las FARC-EP y el EPL hacen parte de los más antiguos del país y cuyo origen también está ligado al contexto de exclusión política derivada del Frente Nacional, de las protestas sociales provenientes de diferentes sectores del país liderados por estudiantes, campesinos, profesores y trabajadores, que conllevaron al fortalecimiento de las revueltas populares y de organizaciones sociales de izquierda que inspiradas por el triunfo de la Revolución Cubana buscaron imitar su experiencia, confiando en que solo a través de la lucha armada lograrían las transformaciones sociales justas para el país. A lo largo de su historia, el ELN ha participado de tres procesos de paz; sin embargo, la primera vez que decide participar en una experiencia semejante fue en el marco del II Congreso (1988), pues esta guerrilla contemplaba la salida negociada al conflicto armado como estratégica, en tanto que resultaba el camino más viable para lograr los cambios sociales que los llevaron a alzarse en armas. A este proceso de paz también se unió el reducto del EPL que no se desmovilizó entre 1990 y 1991 y que ahora participaba en las negociaciones como miembro de la CGSB. Por su parte, las FARC-EP decide participar en esta convocatoria a partir de una decisión concertada al interior de su comandancia -y apalancada por la CGSB- a pesar de la desconfianza construida a partir del genocidio de la Unión Patriótica que tiene entre sus puntos más dramáticos el asesinato de Bernardo Jaramillo (1990), candidato presidencial. Como respuesta, las FARC incrementó su accionar militar, que desencadenó una respuesta de la administración Gaviria mediante el bombardeo a “Casa Verde”, la denominada “Cuna de las FARC”, en La Uribe-Meta, en el mismo año. Es así como se inician los diálogos en Caracas en junio de 1991 en dos rondas (Medina Gallego, 2011): en la primera se discutió un cese bilateral al fuego, pero con concentración de la fuerzas guerrilleras en ciertas regiones; en la segunda ronda[…] se planteó la necesidad de llegar a acuerdos sobre la convivencia pacífica para lo cual era necesario que se revisara la estrategia de seguridad del Estado, de manera tal que se anulara la concepción del enemigo interno propia de la doctrina de la “Seguridad Nacional” y se implantara una estrategia sustentada en la democracia y la defensa de la soberanía nacional (Medina Gallego, 2011, pág. 583). Los diálogos en Caracas se interrumpieron de manera unilateral por parte del gobierno a raíz del atentado al político liberal Aurelio Irragorri y por el golpe de estado que se dio en Venezuela, por lo que se decide realizar los diálogos en Tlaxcala (México). En 1992, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, hizo públicos sus “Doce puntos para construir una estrategia de Paz”, en Tlaxcala, en donde se planteaba una agenda amplia y no tan restringida como la que promovía el Gobierno Nacional, que a juicio de varios analistas se centraba en la desmovilización y entrega de armas, sin incluir discusiones sobre asuntos estructurales del país como el modelo económico. Esta propuesta de agenda de la CGSB se sumó al secuestro y muerte del ex ministro Argelino Durán Quintero durante los diálogos, por parte del EPL, dio al traste con el proceso de paz y propició la intensificación de las acciones militares entre las partes. Proceso de paz con la Corriente de Renovación Socialista (CRS): entre 1993 y 1994 Protagonistas y contexto histórico Con la caída del muro de Berlín y del Comunismo Soviético, y tras los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y los movimientos Quintín Lame, PRT, M 19 y EPL, una disidencia del ELN organizada como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) decide dejar las armas para adentrarse en la vida civil y política. La CRS surge con el objetivo de hacer un reemplazo de la estrategia de la lucha armada por la política. A partir de este proceso se reinsertaron a la vida civil 650 combatientes. Su dejación de armas tuvo lugar en Flor de Monte, Sucre, en abril de 1994, al final del gobierno de César Gaviria. Dentro de los acuerdos construidos entre la administración Gaviria y la CRS se negoció la reincorporación a la vida política y democrática del país, la implementación de proyectos de desarrollo en las comunidades y territorios donde tenían presencia armada, más beneficios jurídicos, económicos y sociales para la reinserción de sus miembros, sumados a una vocería en la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente se acordó un programa de tierras y promoción del proceso, beneficios jurídicos, indulto y suspensión de procesos judiciales, nombramiento por decreto de dos integrantes como representantes a la Cámara por una única vez, para el período 1994-1998 (IEGAP, 2012). Aspectos favorables y desfavorables Finales de la década del noventa: acercamientos entre la administración Samper y el ELN en el Palacio de Viana (1997-1998) Protagonistas y contexto histórico Para finales de la década del noventa el gobierno de Ernesto Samper, electo en 1994, se encontraba cuestionado y deslegitimado nacional e internacionalmente por nexos entre la campaña electoral que le llevó a la presidencia con el narcotráfico (el llamado proceso 8000). En el marco del conflicto armado en Colombia, se dio una arremetida paramilitar contra todos los grupos guerrilleros y lo que se consideraba sus bases civiles. Como respuesta el ELN emprende una campaña nacional de saboteo en contra del gobierno y las elecciones. Entre ellas que entre un paro armado que llevó a que en que aproximadamente en 5 municipios no hubiera elecciones y se vieran afectados cerca de 500 (según lo referido por esa guerrilla). La abstención electoral ese año fue mayor al cincuenta por ciento. A pesar del saboteo electoral y los escándalos alrededor del apoyo del narcotráfico al candidato presidencial, la sociedad civil y algunas organizaciones promovieron una movilización por la paz e incluyeron en las urnas un “voto por la paz”, el cual tuvo mucha acogida. A pesar de su oposición a las elecciones, el ELN legitima esta iniciativa política y en la Cumbre Comandantes convoca a la “Convención Nacional”, que dará inicio a un nuevo intento por darle fin a la guerra, el cual no consistió en una negociación sino que se limitó a diálogos y acercamientos. Así, se convoca a una reunión secreta que tuvo lugar el 9 de febrero de 1998 en el Palacio de Viana, España, pero el ELN suspende los diálogos debido a la controversia generada frente a las implicaciones de este preacuerdo con las elecciones presidenciales. Aspectos favorables y desfavorables Proceso de negociación entre las FARC-EP y la administración Pastrana en San Vicente del Caguán (Caquetá, 1998-2002) Protagonistas y contexto histórico La campaña presidencial al final de la administración Samper tuvo un hecho que marcó los resultados de las elecciones: la promesa de paz del candidato, y posteriormente presidente, Andrés Pastrana, de iniciar un diálogo con las FARC-EP. Una vez en el poder, inicia el proceso de paz y en 1999 Pastrana ordena la desmilitarización de 5 municipios de presencia histórica de las FARC-EP: La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, territorio conocido en la época como la zona de despeje o de distensión. Es preciso anotar que este proceso de paz se dio en medio de la guerra, pues mientras muchas organizaciones de la sociedad civil procuraban hacerse escuchar en las mesas del Caguán, las confrontaciones armadas entre FARC y Fuerzas Armadas continuaron en todo el territorio nacional, a excepción de la zona de despeje. La agenda acordada entre las partes se la denominó: “Política de paz para el cambio”, en la que se encontraban temas como Derechos Humanos, reformas agrarias, reformas políticas, paramilitarismo, y Derecho Internacional Humanitario, entre otros. La metodología de los diálogos de paz del Caguán incluyó una amplia participación de la sociedad civil, hecho que le dio una importante relevancia ante la opinión pública; sin embargo, esa “publicidad” de la negociación posibilitó múltiples críticas desde diversos actores políticos al proceso. A esto se sumaron las evidencias de actividades armadas de las FARC-EP, al punto que para distintos sectores de la opinión, la zona de despeje les permitió a las FARC asumirla como un escenario de repliegue estratégico para su fortalecimiento y preparación para la guerra. Esta también fue una época de fortalecimiento progresivo del paramilitarismo y de la intervenciónde los Estados Unidos, mediante la acogida del “Plan Colombia” por parte del gobierno Pastrana, teniendo como justificación la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. Con esta dinámica y después de tres años de negociación, el proceso llegó a su fin cuando en 2002 fue secuestrado el ex congresista Luis Eduardo Géchem. Proceso de paz del gobierno Pastrana con el ELN Protagonistas y contexto histórico En la administración Pastrana, aunque de manera marginal, se retoman los avances logrados con el gobierno de Ernesto Samper en 1997, si bien es claro que le otorgó una menor relevancia a los acercamientos con el ELN. Ese año esta guerrilla era aún una agrupación con gran acumulado social en el país y presencia en la región norte, oriental, sur y centro del país a pesar de la arremetida paramilitar que se llevó a cabo en esos años. Finalmente no se llega a concretar una agenda, pues las conversaciones se limitan a la construcción de una metodología para la participación de la sociedad civil en torno a la definición de las bases para la consolidación de la paz en el país. En octubre de 1998 en el Encuentro de Río Verde se retoman los diálogos. Se reconoce el carácter político del ELN como grupo alzado en armas en contra del Estado, pero un par de semanas más tarde se da la masacre de Machuca, originada tras la voladura de un oleoducto en este municipio, accidente en el que fallecen más de 70 personas de la sociedad civil. Esta tragedia opaca lo avances logrados y conlleva a la suspensión de los diálogos. En febrero de 1999 se retoma el proceso y el ELN busca una zona de despeje para llevar a cabo encuentros con la sociedad civil y académicos para avanzar en la idea de Convención Nacional. La zona desmilitarizada que reclamaba fue otorgada el 15 de febrero de 2000, en San Pablo, Cantagallo (Bolívar) y Yondó (Antioquia), pero el fuerte control paramilitar obstaculiza el proceso debido a la movilización que promueven en contra de esta propuesta. El 28 de enero de 2002 se realiza la Cumbre por la Paz en Cuba, se reafirman compromisos respecto a la necesidad de gestos de paz. Para ese momento el ELN se ve diezmado por la guerra con el paramilitarismo. El ELN muestra una postura flexible y dialógica exigiendo cumplimiento de acuerdos y mostrando voluntad para un cese al fuego unilateral de 6 meses a cambio del apoyo del gobierno a la guerrilla en términos de financiación. El 3 de junio de 2002 el gobierno rompe unilateralmente con el diálogo. Primeros años de la administración Uribe: los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN (2005-2008) Protagonistas y contexto histórico El ELN llega muy debilitado a la negociación: la presencia en la parte norte del país es nula, en el suroccidente carecen de legitimidad debido a su accionar militar, el cobro de extorsiones se ve disminuido debido a la seguridad privada que brindan otros grupos armados a las empresas. Las FARC se han consolidado como el actor armado central, y el ELN es visto como un grupo guerrillero en proceso de declive. El 26 de octubre de 2006 se hacen públicos los diálogos exploratorios que se venían dando con el gobierno desde septiembre de 2005. Estos acercamientos, más que diálogos en sí, no tuvieron una agenda definida; sin embargo, el ELN reclamaba cuatro puntos: el primero, lograr un acuerdo para construir un ambiente de paz que beneficie a todos los colombianos, donde se contemplaran: a) Soluciones al desplazamiento forzado, b) Cese al fuego y a las hostilidades, c) Tratamiento a los casos de privación de la libertad (liberación de retenidos y liberación de presos políticos), y e) Garantías para la protesta social, cese de los asesinatos y a la persecución política; el segundo, corresponde a lograr la participación de la sociedad en la construcción de la paz y la democratización de la vida nacional, donde se contemplen: a) Preparativos de una Convención Nacional, b) Construir una agenda legislativa favorable al país y a la paz y c) Articulación de los procesos de participación democrática, entre ellos las Casas de Paz. El tercer punto estaba relacionado con el reconocimiento y garantías para el ELN, y el cuarto con la generación de un espacio para la participación de la Comunidad Internacional. Esta última exigencia se vio alterada tras la declaración del Comisionado de Paz en el que no se reconocía la existencia de un grupo formal de países observadores, como si existió en anteriores procesos de paz. Esta situación minó aún más la confianza del ELN en el proceso de paz y en el gobierno. En 2008 las conversaciones terminan sin avanzar en ninguno de los temas que se habían pactado. Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC (2003-2006) Protagonistas y contexto histórico Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgen en el año de 1997, bajo el liderazgo de los hermanos Castaño Gil, máximos jefes de una de las agrupaciones paramilitares más importantes de ese entonces, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) fundadas en 1995. En abril de ese año, Vicente y Carlos Castaño organizan una reunión con los líderes de las autodefensas del Magdalena Medio, de los llanos orientales, y otras agrupaciones que ya operaban en el país. Allí exponen su idea de construir un proyecto político de orden nacional que les permita participar en negociaciones de paz con el Estado y hacer frente a los acuerdos que se desprendieran de los diálogos del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP. Bajo las AUC se produce la mayor expansión paramilitar en la historia del país. Entre 1997 y 2001 diversos bloques llegaron a tener presencia activa en 223 municipios en el territorio nacional. El paramilitarismo tiene su mayor crecimiento militar, aumenta su influencia sobre los poderes políticos locales y regionales y hace efectivo el control territorial mediante la intimidación, la muerte y el destierro de la población civil. Algunas de las masacres más recordadas cometidas por este grupo fueron la de Mapiripán en Meta, El Aro en el norte de Antioquia, La Gabarra en Norte de Santander, El Salado en Bolívar, y Chengue en el departamento de Sucre. Esta situación sucede en medio de la mayor escalada del conflicto armado colombiano, donde además del crecimiento del paramilitarismo, la guerrilla de las FARC tiene su mayor crecimiento militar, propiciándole durante varios años fuertes derrotas a la Fuerzas Armadas. Las AUC son la expresión de una alianza entre élites políticas locales, empresarios y ganaderos, quienes junto con narcotraficantes y agentes del Estado plantean un proyecto político contrainsurgente que frene la avanzada de las FARC, limitara los alcances del proceso de paz del Caguán y mantuviera el statu quo locales. Uno de los hechos más recordados en este proceso de establecimiento de alianzas entre políticos y paramilitares, que posteriormente se conocería como parapolítica, ocurrió el 23 de julio de 2001, cuando Salvatore Mancuso y otros importantes jefes paramilitares se reúnen con prestantes políticos entre los que se encontraban senadores, representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes y concejales, con quienes firman el pacto de Ralito para “refundar la patria” (López, 2010). El proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC se dio durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2003 y 2006. Varios jefes paramilitares han señalado en versiones libres que tras el triunfo del presidente Uribe y la puesta en marcha de la polémica política de Seguridad Democrática, su lucha dejó de tener razón de ser y era válido dejar a un lado las armas. Por esta razón más que un proceso de paz, las negociaciones con las AUC son un proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de estos grupos para estatales (Revista Semana, 2004). La agenda de este proceso giró alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo planteamientos respecto a reformas del Estado o determinadas políticas públicas. Ello se observa en el marco jurídico que se estableció para la negociación, la recordada Ley 975 de 2005 más conocida como ley de Justicia y Paz. Tras fuertes debates entre el gobierno, la oposición parlamentaria y organizaciones defensoras de derechos humanos, la ley fue aprobada con un par de artículos sobre jubileo y otorgamiento de estatus político a las paramilitares, situación que fue blanco de fuertes críticas. Además, en la ley se aceptaba la simple declaración de versiones libres como un medio para acceder a beneficios jurídicos, lo cual fue duramente criticado por organizaciones de víctimas que denunciaban la no obligatoriedad de la confesión de los crimines y delitos para acceder a los beneficios jurídicos. Como garante de este proceso estuvo la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual el 19 de febrero de 2004 firmó un acuerdo con el gobierno para acompañar y verificar el cumplimiento de lo acordado por parte de las AUC. Este acompañamiento fue duramente cuestionado por sectores de la sociedad civil que señalaron la falta de rigurosidad y capacidad de sanción de la organización internacional para denunciar los incumplimientos de los bloques paramilitares.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Hace dos años escribí una columna sobre la estrategia del No, y particularmente del sector más tradicional y latifundista de las élites regionales, para atacar la paz, desconocer el asesinato de líderes sociales y camuflar sus intenciones de impunidad sobre el despojo de tierras en discursos contra la paz y la justicia transicional. Ahora, luego de terminar un proceso de investigación entre la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación, los datos se ven más claros y son más nítidos. Le aclaro al lector que lo que a continuación voy a enunciar es producto de extracción de la información de 3.761 sentencias judiciales sobre restitución de tierras. No son inventos, ni datos propios, es lo que dicen los jueces. El primer dato es que durante los 54 años de guerra en Colombia, se despojaron más de 6.000.0000 de hectáreas de tierra. El segundo es aterrador, a diferencia de lo que dice José Félix Lafaurie y su esposa, la senadora Cabal, se despojó al pequeño propietario y no a los latifundistas. Según las sentencias el 50 por ciento de los predios restituidos son propiedades menores a 3 hectáreas. El otro 25 por ciento son propiedades entre 3 y 10 hectáreas. El 21 por ciento de las sentencias corresponden a propiedades de entre 10 hasta 50 hectáreas. En otras palabras, en la guerra se despojó al pequeño campesino, los minifundios. El 75 por ciento muestra propiedades menores a 10 hectáreas de tierra. El tercer dato también contrarresta lo que dicen Lafaurie y Cabal. Los responsables del despojo en porcentajes según sentencias judiciales son los siguientes: Paramilitares: 55% Combates: 24% Combates entre guerrillas y Estado o entre guerrillas y paramilitares. En ningún caso, de las más de 3.700 sentencias, se observan combates entre Estado y paramilitares, pareciera que no los combatían. Guerrillas: 13% Grupos Armados no definidos: 7% Estado: 1% Así las cosas, según sentencias judiciales los mayores despojadores, de lejos, fueron los grupos paramilitares y no las guerrillas. Además se destaca que el Estado combatía las guerrillas, lo cual es normal, pero no los paramilitares, lo cual es anormal, es un Estado de derecho. El tercer dato es que de las más de 6.000.000 de hectáreas despojadas apenas se ha restituido 237.679, ni siquiera el 10 por ciento. Falta aún mucho. Ahora bien, antes de entrar al análisis quiero citar lo que dicen el señor Lafaurie y la señora Cabal sobre los líderes sociales y la restitución de tierras. El primero dice que: “La restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”. Es decir, para Lafaurie los reclamantes de tierras son terroristas y por eso valió la pena haberlos sacado del territorio. La señora Cabal dice sobre los reclamantes: “Vagos, bandidos, que no les gusta trabajar”. Lo que se debe entender es que la mayoría de la tierra despojada terminó en manos de políticos y empresarios agrarios, ya lo he escrito antes, el exmagistrado Pretelt, el Fondo Ganadero de Córdoba o todo el despojo en los Montes de María muestra que la tierra está en manos de los que hoy se les denomina terceros. Los mismos que no quieren que exista justicia transicional, porque saben que si la JEP funciona bien, ellos deberán confesar lo que hicieron y devolver lo robado. Por esta razón también, el Centro Democrático o el uribismo hicieron todo lo posible por copar la Comisión Quinta del Congreso de la República, ni siquiera les importó la Comisión Primera, para ellos lo fundamental es la quinta donde se tramitan todos los proyectos de tierras. Por ello es que desconoce la victimización a líderes sociales. En fin desconocen todo lo que traiga verdad y memoria. Ahora el señor Lafaurie, en pasillos, se declara como el nuevo contralor general de la república, no debe olvidarse que le tramitaron una ley a su medida. Vienen años oscuros para los pequeños campesinos, las víctimas y la verdad. Por otro lado: Qué será lo que se traman estas élites locales y regionales, que casi se hacen matar por estar en la Comisión Quinta del Congreso y sacaron a casi todos los sectores de oposición. Estaré pendiente de la agenda legislativa. Columna inicialmente publicada en Semana: https://www.semana.com/opinion/articulo/datos-sobre-restitucion-de-tierras-por-ariel-avila/577514

Por: Línea de Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares Pares les presenta una línea de tiempo con los principales eventos asociados al caso por falsos testigos, abierto formalmente por la Corte Suprema de Justicia, en contra el senador Álvaro Uribe Vélez. El caso inicia en febrero de 2008, cuando Francisco Villanba, antiguo jefe paramilitar, declaró ante un tribunal de Justicia y Paz que antes de que ocurriera la masacre de El Aro escuchó una conversación de Salvatore Mancuso y Uribe donde decía «borren el pueblo». Termina 10 años después con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a Uribe por el caso de falsos testigos. Para navegar la línea de tiempo, haga zoom en los eventos y desplace la pantalla.

Por: Redacción Pares Después de la muerte de Jorge Enrique Pizano y los audios revelados por Noticias Uno, se destapó un escándalo en el que están inmersos el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. Ambos, al parecer, conocían de los sobornos que Odebrecht dio en el país para conseguir la adjudicación de la adición Gamarra-Ocaña. Martínez era, por ese entonces, abogado de Corficolombiana, corporación financiera de Sarmiento Angulo socia en la concesionaria Ruta del Sol II (con el 33%). Según los audios otorgados por Jorge Enrique Pizano, ‘controller’ de esa obra, el hoy fiscal Martínez decía que iba a informar a Sarmiento Angulo sobre los sobornos. Pese a esto, los principales medios de comunicación solo han puesto la lupa en el fiscal, no en Sarmiento. ¿Por qué? ¿Quién es? Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de los hombres más poderosos de Colombia. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional y empezó su carrera en la empresa de construcción Santiago Berrío y Cía. Al día siguiente de ser contratado, le fue encargada la carretera Bogotá-Choachí. Tiempo después, Sarmiento decidió renunciar para usar una beca que tenía en la Universidad de Harvard, sin embargo, días antes de irse, su amigo Santiago Berrío, presidente de la empresa, fue asesinado. Tras el asesinato de Berrío, Sarmiento Angulo ayudó a liquidar la empresa. Con el capital de la liquidación, Sarmiento montó su propia empresa de construcción con la que obtuvo varios contratos con el Estado, sobre todo en vías de Bogotá. También empezó a construir en zonas opacadas por la violencia donde nadie se atrevía a construir. Trabajó en esas obras hasta 1961. Después, en 1966 le apostó a la consolidación de un proyecto de construcción de vivienda, así construyó la urbanización Las Villas. En 1973 se metió al sector financiero. Un año antes había comprado el Banco de Occidente. En 1973 fundó la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas y en 1974 la Corporación Financiera de Los Andes. Estas dos corporaciones financieras las fundó de la mano del UPAC, promovido por el entonces presidente Misael Pastrana Borrero. Así empezó su primer traspié. Desde entonces, Sarmiento Angulo se ha convertido en el banquero más importante de Colombia. Pues después, en 1982, compró el Banco de Bogotá; y en el gobierno de Ernesto Samper, se hizo dueño del Banco Popular. Años más tarde, en 1998, creó el Grupo Aval, del que hacen parte los bancos de Bogotá, Popular, AV Villas, de Occidente, Corficolombiana, Porvenir y Leasing de Occidente, así como varias filiales y agencias en Panamá, Miami, Nueva York, Nasáu y Barbados. Después, con el auge económico de 1991, Sarmiento creó el fondo de pensiones más grande de Colombia: Porvenir. Los traspiés de Sarmiento El primer traspié del magnate se dio de la mano del UPAC, con ese sistema se abrió la oportunidad de que los particulares pudieran financiar su vivienda, lo que antes solo tenía permitido hacer el Estado. Así las cosas, mediante la Corporación de Ahorro Popular y Vivienda Las Villas, y tras el compro del Banco de Occidente, el magnate empezó a otorgar créditos hipotecarios a los compradores de casas. La realidad de este sistema se fue evidenciando poco a poco. Según Las2Orillas, los nuevos propietarios resultaron pagando cuotas muy altas, excediendo su capacidad de pago. En consecuencia, algunos terminaron pagando cuotas por encima de sus salarios, llevando a que muchos de los morosos fueran desalojados de sus propiedades. Según el portal, algunos compradores llegaron a pagar, incluso, tres veces más de su precio inicial. Es decir, el alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC se disparan, lo que hizo que muchos de ellos perdieran sus viviendas. La situación llegó hasta la Corte Constitucional, que mediante fallo intervino. Como resultado, fue creada la nueva unidad con la cual se calcularían y ajustarían los créditos: la unidad de valor real constante, UVR. Esta unidad refleja el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC). La UVR es una unidad de cuenta usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado. Además de esto, según un informe de la Contraloría, publicado en marzo de 2017, la Organización Pajonales, en propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, compró 22.834 hectáreas de forma irregular en Puerto López (Meta). Tras conocer los hechos, el organismo de control empezó un proceso para indagar la posible acumulación irregular de baldíos. La Contraloría aclaró que «los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de funcionarios y particulares –según el caso-, frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley». La investigación de la Contraloría pasó a manos de la Fiscalía y la Procuraduría, pues, según el ente investigador, después de un proceso minucioso de análisis de los expedientes por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal, se estableció que, como las transacciones fueron producto de negocios entre particulares «no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000». Finalmente, el único escándalo que sacude al magnate Sarmiento Angulo es su presunto conocimiento sobre los sobornos que entregaba Odebrecht. Según los audios revelados por el ingeniero Jorge Enrique Pizano a Noticias Uno, el entonces abogado de Corficolombiana, Néstor Humberto Martínez, conocía de antemano la situación y los contratos ‘raros’ que existían al interior de Odebrecht para la concesión de la Ruta del Sol II. ¿Por qué nadie habla de Sarmiento? Según el monitoreo de medios realizado por la ONG Reporteros Sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueña de varios medios de comunicación, entre ellos la Casa Editorial El Tiempo,Citytv y Portafolio. Los otros medios son propiedad de otros hombres pudientes como la Organización Carlos Ardila Lulle y el Grupo Empresarial Santo Domingo. Esto ha generado que los medios de comunicación hablen poco o casi nada sobre estas familias. Primero, porque, como lo afirma Daniel Pacheco, director de Zona Franca, quieren mantenerse en el anonimato y, en efecto, lo logran mediante el control de los medios. Y también porque esperan salir en las páginas sociales o ser resaltados mediante artículos elogiosos que los hacen ver como filántropos. Así las cosas, muy pocos se atreven a hablar de Sarmiento Angulo.

Por: León Valencia, director – Pares En la encuesta de Cifras y Conceptos, publicada esta semana por Caracol Radio, el presidente Iván Duque tiene 33% de imagen favorable y 65% desfavorable, a su vez el expresidente Uribe tiene 34% favorable y 65% desfavorable. Son registros idénticos. Hay variaciones en otras encuestas publicadas, pero la tendencia es la misma. Es el peor resultado del que se tenga noticia en la medición de los cien días de un presidente y también es el peor registro de Uribe desde que ascendió en el liderazgo nacional. Caracol Radio titula: “Se desploma la imagen favorable de Duque” y los analistas de las encuestas dicen que la caída obedece al rechazo a la reforma tributaria o ley de financiamiento, como la llama el gobierno, que promete gravar toda la canasta familiar; a la responsabilidad del gobierno en el hundimiento de las iniciativas contra la corrupción; y a las marchas y protestas sociales en cabeza de los estudiantes que reclaman la financiación de la educación superior. Duque y el gobierno explican que es muy poco tiempo para arreglar el desastre que dejó el anterior gobierno y que seguramente han tenido problemas de comunicación, falta de una labor pedagógica para mostrar los avances. Estas explicaciones son insuficientes, demasiado insuficientes. Porque si ahondamos un poco en el análisis, encontramos que Uribe se opuso abiertamente a gravar con un IVA de 18% toda la canasta familiar; propuso, además, un alza extraordinaria del salario mínimo; se apartó de la consulta anticorrupción; y ha hecho en estos meses un gran esfuerzo para mantenerse en gracia con la opinión pública. ¿Cómo se explica que corra la misma suerte de Duque? Tengo una explicación distinta de la causa de la gran caída en la favorabilidad de Duque y Uribe. Creo que no tienen ni un enemigo visible ni un concepto político, un leimotiv de gobierno. En sus dos mandatos Uribe construyó un gran enemigo: las FARC y alrededor de esta guerrilla logró ubicar a los Castro, a Chávez, a la izquierda. En concordancia con ese enemigo desarrolló la idea de seguridad. Un enemigo y un concepto. Eso le bastó para mantenerse arriba en las encuestas por más de quince años, para ganar dos elecciones presidenciales, empujar a Santos en su primera elección y jalonar el triunfo de Duque en las elecciones de 2018. Santos, que había ganado las elecciones de 2010 al lado de Uribe apelando a la enemistad con las FARC y a la seguridad como leitmotiv, muy pronto se pasó a la paz y cosechó una alianza de propósitos con las FARC y con la izquierda, con lo cual se ganó como enemigos a Uribe y a toda la derecha del país. Uribe siguió cabalgando en la idea de seguridad y en la lucha contra las FARC y desató una feroz oposición. Su enemigo había tenido una pequeña transformación, ahora era Santos por su decisión de negociar con las FARC y su propósito de entregar el país al castro-chavismo. Colombia se polarizó porque Santos, que hacía parte de las élites más tradicionales del país, logró, contra viento y marea, ganar para su idea de reconciliación, la mitad de la nación. El uribismo con una gran fuerza en la opinión y con una presencia exigua en las instituciones nacionales y en los gobiernos locales estuvo a punto de ganarlas elecciones de 2014 y luego, contra todo pronóstico, ganó el plebiscito por la paz y las elecciones de 2018. Ahora, con el poder central en sus manos y con el augurio de un triunfo en las elecciones locales de 2019 cae estrepitosamente en las encuestas. Gran misterio. Ocurre que las FARC se desmovilizaron y se desarmaron y no existen más como guerrilla, han tenido además una gran derrota política en su primera incursión en la vida democrática. Ocurre que no está Santos. Ocurre que, en las encuestas, la corrupción y los problemas sociales, están en primer lugar. No hay enemigo, ni el propósito de la seguridad es igual de taquillero a las viejas épocas. Así de simple. Pero ahí surge un gran peligro para el país y para toda América Latina. En la búsqueda de un nuevo enemigo y de un propósito, al uribismo le puede dar por desatar una guerra con Venezuela. Las declaraciones del presidente Iván Duque este domingo en la entrevista a María Isabel Rueda son muy preocupantes. Dice Duque: “…en enero, cuando entre el nuevo periodo del dictador con esa apariencia de formalidad, no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo las relaciones diplomáticas con un régimen que está violando la Resolución 1373 de las Naciones Unidas, alojando a terroristas en su territorio; y segundo, no vamos a premiar a un criminal de lesa humanidad que sistemáticamente está lacerando a su pueblo”.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Decenas de panfletos, llamadas telefónicas y versiones de pobladores, indican que hay una o varias estructuras que se hacen llamar Águilas Negras en el país. Sin embargo, ni un capturado, ni un campamento, ni siquiera una foto de un mando se encuentra en los últimos años. Parecen, literalmente, fantasmas que van y vienen de acuerdo a contextos sociales y políticos en varias regiones. ¿Qué son las Águilas Negras? Esa fue, precisamente, la pregunta que intentó resolver la Fundación Paz Y Reconciliación. Hubo varias cosas que nos llevaron a empezar la investigación. Por un lado, en al menos tres ocasiones en los últimos años aparecieron de forma coordinada panfletos amenazantes contra líderes sociales o funcionarios públicos en diferentes departamentos del país. En una de esas ocasiones aparecieron el mismo día en 13 departamentos. En segundo lugar, son cinco los grupos armados organizados que las instituciones del Estado registran con seguimientos e identificados: Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos o EPL, disidencias FARC, Oficina o Antigua Oficina de Envigado. Luego hay unos grupos regionales como La Empresa, Los Pachenca o los Pachelly. Pero no aparece ni un registro de combate, captura o algo similar que indique que hay un grupo que se llame Águilas Negras. Sin embargo, los panfletos de las Águilas negras empezaron a aparecer en 2006, cuando estaba terminando la desmovilización paramilitar. Incluso, hubo otros nombres de grupos que se hacían llamar Águilas Doradas, Águilas Blancas, entre otros. Con esta información se arrancó el proceso de investigación y, en un documento que aún no es público, se encontraron muchas conclusiones, pero hay cuatro que son verdaderamente reveladoras. Las Águilas Negras no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia. En cambio lo que se encontró es que: Algunos grupos criminales, como el Clan del Golfo, cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentos, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados. Esto fue lo que pasó en Norte de Santander en la guerra entre Rastrojos y Urabeños o Clan del Golfo. Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras. Es decir, Colombia ha generado unos mercenarios ilegales que se utilizan como grupos privados de seguridad. Se encontraron evidencias de que agentes institucionales utilizan panfletos con el nombre de Águilas Negras para amedrentar comunidades, individuos e incluso grupos de jóvenes con comportamientos violentos. Tal vez Caquetá hace algunos años es el mejor ejemplo. También se encontraron que este nombre de Águilas Negras es utilizado por particulares, mediante panfletos, para infundir miedo a diferentes comunidades. Tal vez la última conclusión interesante es un resumen de todos los anteriores puntos, y es que en la mayoría de los casos la utilización del nombre de Águilas Negras tiene fines políticos, lejos estamos de que se trate de simple delincuencia común que quiere extorsionar. En todo caso, la Fundación Paz y Reconciliación sigue avanzando en la investigación. Como también se debe decir que el Cuerpo Élite de la Policía Nacional viene adelantando una importante y minuciosa investigación de los más de 250 panfletos y diferentes amenazas que se han realizado con el nombre de Águilas Negras. Será de suma importancia conocer los resultados de la investigación, para de una vez por todas clarificar la génesis de esta marca criminal.