Por: Anamaría Corrales, colaboradora – Pares El documento Paz con legalidad del gobierno Duque se caracteriza por referirse a varios puntos del Acuerdo Final de Paz sin señalarlo y por hacer un énfasis en la legalidad, como si el Acuerdo no promoviera la legalidad o si hubiera que amenazar a unos que ‘posiblemente no cumplan’, pero no responde a la pregunta de qué sucede cuando el Gobierno no cumple lo acordado. Tres puntos llaman significativamente la atención: 1. el rol central del Alto Consejero; 2. si el objetivo fuera integrar para mayor eficiencia, se refuerza la desarticulación; 3. se plantean aspectos como concepciones propias del actual gobierno pero que son parte del Acuerdo Final de Paz. 1. El rol central del Alto Consejero Bajo la presidencia del Alto Consejero para el Posconflicto quedan los temas del punto 1, parte del punto 3, del punto 4 y del punto 6, algunos para los que ya fueron expedidos los decretos. En varios componentes queda con autoridad por encima de los ministerios, volviendo al modelo de superministro. Ya se vio que no fluyen las tareas si un área de Presidencia o una agencia que es de Agricultura, pero que ejerce como de Posconflicto, da instrucciones a los ministerios. Todo lo contrario: algunos ministerios son parte del Consejo Directivo de la Agencia de Renovación del Territorio -ART- y son quienes orientan el funcionamiento general de la Agencia. Llama la atención que se plantea modificar la ART desde la Consejería de Posconflicto sin referirse al mencionado Consejo Directivo. Por otra parte, se habla de la creación de una mesa de dirección estratégica que equivale al gabinete del Posconflicto que tuvo el gobierno Santos. Ojalá esta vez esa mesa o gabinete genere articulación, que no logró la anterior. 2. Las que sí y las que no En el documento se parte de que la Agencia de Renovación de Territorio se dedica a promover y gestionar la planeación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. Sin embargo en el Decreto 2366 que crea la ART se le establecen 15 funciones y no solo los PDET. Señala que hay otras entidades “cuyo objeto no es exclusivo a la implementación” y lista casi todos los ministerios. Pero la transformación del territorio, que es lo central del punto 1 del Acuerdo Final, implica el actuar de los ministerios de forma estructural por su propia misionalidad: se acordó contar con 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral que en sí mismos no son aislados. No solo participan todos los ministerios y entidades sino que es en su visión integral y a largo plazo. La propuesta de crear “estructuras especializadas al interior de entidades no dedicadas” para temas de implementación que durarán la mayoría 10 años no responde a una concepción de transformación de la ruralidad. La implementación está concebida a 10 años y por lo mismo requiere es amarre a las políticas centrales y no dependencias que generan más aislacionismo. El sentido de los planes para el desarrollo rural cruza todo el accionar de los ministerios: por ejemplo, el derecho a la educación de calidad en áreas rurales, desde la primera infancia hasta la educación superior, es una responsabilidad del Ministerio de Educación que ya tiene sus dependencias. Crear una ‘estructura especializada’ solo para temas del Acuerdo garantizará el fracaso de un Plan Nacional de Educación Rural y de manera equivalente los demás 15. O tal vez esta política ‘Paz con legalidad’ más que aportar a la superación de condiciones de marginalidad es el anuncio del desinterés y la ruta para hundir el Acuerdo. 3. Herramientas de difusión acordadas El punto 10 del documento señala que para “hacer pedagogía de lo que será el cambio en el campo por parte de las políticas del Presidente Duque y dar a conocer los avances de la implementación y estabilización se abrirá espacio participativo en emisoras en FM de carácter comunitario, de interés público y clase ‘C’”. Vale la pena recordar que en el Acuerdo Final de Paz el compromiso sobre las emisoras comunitarias va mucho más allá: en el punto 2.2. se hace referencia al uso de canales y emisoras de interés público “para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones, y movimientos sociales […] así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y con la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este acuerdo”. En el punto 6.1.5. se establece que se usarán “medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos” para la rendición de cuentas, y en el punto 6.5. que para dar a conocer los avances en su implementación, “Se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más afectadas por el conflicto” según se establezca en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y no como una decisión unilateral del gobierno. Entonces, ‘los cambios legales’ que señala el documento son más de restricción que de cumplimiento. 4. Participación El CONPES que estableció el Plan Marco de Implementación recomienda al gobierno nacional “adelantar acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana, tanto para la participación política, el ejercicio de la oposición, la movilización y la protesta, el control y veeduría ciudadana, y la planeación participativa, para efectos de implementación del Acuerdo Final y de conformidad con lo establecido en el presente PMI”. Si bien en el documento dice que “es nuestra creencia que, en todo el proceso, la participación de los colombianos y sus aportes serán invaluables”, no hay detalles de cómo se fomentará o garantizará la calidad de la participación, ni nada respecto a la oposición, la movilización, la protesta, el control, veeduría ciudadana, algunos temas que el gobierno ha anunciado fragmentadamente y que han generado reacción social. Entre otros, es importante analizar el tema del Plan Zonificación Ambiental que se lee en el documento que se concibe realizar solo desde el gobierno central. Vale la pena recordar que ya hay propuestas de organizaciones sociales y entidades para que sea un proceso participativo porque las decisiones centralizadas sin tener en cuenta a los habitantes de los territorios ya han demostrado ahondar los conflictos sociales y territoriales. 5. Equidad para todos La reincorporación en el marco del Acuerdo Final de Paz tiene unos componentes específicos que el gobierno debe cumplir y fundamentales para la consolidación de la paz. Lo que han enseñado estos dos años es que los procesos integrales son más eficientes: la asistencia técnica, la comercialización, la formalización y tenencia de tierras, la salud, la educación son necesidades para todos los colombianos. Y la población reincorporada habita territorios con comunidades que también requieren las soluciones. Al existir una entidad especializada para la reincorporación se espera que esta sea la promotora para que los servicios del Estado lleguen a la población específica pero no que se hable de temas como asistencia técnica diferenciada para ellos, que surjan de una consultoría especializada y se desarticulen de los Planes en la implementación. El punto 1 del Acuerdo es para el campo colombiano y “el objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral es, por una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”. En cuanto a sustitución de cultivos de uso ilícito en el documento siguen señalando que se cumplirá a las familias que ya están en proceso de sustitución. Es importante recordar que a muchos municipios afectados por cultivos de uso ilícito el PNIS no ha llegado ni siquiera a socializar o socializó y no ha avanzado. El documento cobija otros temas centrales de gobierno; parece un mini Plan de Desarrollo sin tener que pasar por lo desgastante de la participación, de escuchar a la gente en territorio o pasar por las instancias legales.

Cinco características se identifican en el comportamiento del ELN: Una tímida expansión territorial tras la salida de FARC de los territorios: de 96 municipios en 2016, el ELN pasó a tener presencia en 112 en el 2018. Esto se debe, por un lado, a que la capacidad de confrontación de otros grupos armados limita la llegada y consolidación de la guerrilla en los municipios abandonados por FARC. Este es el caso de Chocó, Antioquia y Nariño. Por otro lado, se debe al comportamiento propio del grupo guerrillero, que no sólo busca el control territorial para la extracción de rentas ilegales, sino que requiere de cierta legitimidad o aceptación por parte de las comunidades, lo cual implica más tiempo. El fortalecimiento en zonas de presencia histórica. Caso de Cauca y sur de Bolívar. Profundización de su relación con el narcotráfico, no sólo en el primer eslabón sino también en la producción y comercialización en Chocó, Nariño, Cauca, Catatumbo y Antioquia. Esto le ha permitido aumentar sus rentas, y de esa manera apalancar la expansión y el fortalecimiento. La relación con los grupos postfarc es, en la mayoría de casos, de disputa. Sólo en Arauca se tiene conocimiento de la existencia de un acuerdo tácito para el ejercicio del control territorial. La reactivación del accionar bélico, luego de un año de desescalamiento. Esto se debe a tres motivos: (i) al intento de la guerrilla por presionar la Mesa de Conversaciones; (ii) la puesta en marcha de su táctica militar, elemento que el ELN no ha abandonado a pesar de la Mesa de Conversaciones y (iii) la dinámica de violencia propia de los territorios, que obliga a esa guerrilla a aumentar la producción de violencia. Dinámica de violencia En total, se han registrado 245 acciones por parte del ELN en el periodo comprendido entre el 10 de enero, cuando finalizó el cese al fuego bilateral y el 31 de octubre, periodo en el cual el ELN decretó dos ceses unilaterales: el primero para las elecciones a Congreso, y el segundo para las presidenciales, en los cuales no se registró ningún hecho violatorio. Durante este periodo de tiempo, la guerrilla decretó un paro armado, que tuvo un impacto importante en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Chocó y Nariño, que son los mismos territorios donde se concentra el accionar del ELN, no sólo en cuanto a la producción de violencia, ataques a la fuerza pública o al Estado, sino por la profundización del control social en esos territorios. Este paro armado es una rutina que se repite anualmente[, pues es tradición del ELN decretarlo para conmemorar la muerte de Camilo Torres Restrepo. A continuación se presenta un histórico de las cifras de acciones bélicas desarrolladas por la guerrilla, en donde se puede observar que en 2018 se reactiva la producción de violencia. Si bien no ha superado el año de mayor accionar que es 2016, el ELN ha logrado demostrar que se ha fortalecido militarmente. A esto se debe agregar que el clima de paz que generó el proceso de paz de La Habana ha conllevado a que la violencia asociada al conflicto armado llame mucho más la atención y genere mayor rechazo social. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Revisión sistemática de prensa/Investigación regional. A continuación, se presenta el gráfico de acciones armadas, por tipo y por departamento que se han presentado en lo corrido del año. El registro de acciones en cada departamento permite observar que la dinámica de la violencia ha tenido una profunda variación respecto a la que se tenía en 2016, pues en la mayoría de territorios esta guerrilla se halla inmersa en escenarios de disputa territorial ocasionados por la desestabilización del orden legal e ilegal que se generó tras la salida de FARC de los territorios. En la única región donde el ELN ha podido mantener el control social y territorial sin librar una disputa que le implique mayores esfuerzos es en Arauca, donde es el actor violento dominante y la exguerrilla de las FARC no determinaba la producción de violencia. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Revisión sistemática de prensa/Investigación regional Chocó: se ha mantenido altos niveles de producción de violencia en el sur, donde el ELN ha tenido presencia histórica, y en el norte del departamento en donde recientemente ha buscado establecerse. En ambos casos los enfrentamientos se dan con el Clan del Golfo: los combates en la zona del río San Juan y en el Baudó comenzaron en 2014 cuando esta guerrilla y el Clan del Golfo comenzaron a ocupar de manera temprana los territorios en los que tenía presencia la ex guerrilla de las FARC. A partir de ese año, se han generado fuertes enfrentamientos y el Clan del Golfo ha llegado a controlar zonas donde el ELN era el actor dominante. En los municipios del Urabá los enfrentamientos comenzaron el año pasado, cuando las FARC comenzaron de manera definitiva el proceso de dejación de armas. Antioquia: el ELN tiene presencia en la región del Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño, sin embargo en ninguno de estos territorios es actor dominante. Esta región ha tenido una profundización de la violencia debido a la disputa territorial por parte de diferentes grupos armados. Cauca y Nariño: La dinámica de violencia se presenta especialmente en el andén pacífico y en los municipios de Argelia y El Tambo en Cauca. Si bien la violencia en esta región no ha cesado, el ELN sólo comenzó a involucrarse en las disputas desde hace un año aproximadamente. Se pueden identificar dos razones: (i) los grupos que han surgido en el territorio comenzaron a llegar a zonas donde esta guerrilla es el actor dominante; y (ii) ha buscado entrar a zonas que eran de control de FARC en donde otros grupos también buscan hacer lo mismo, lo que por supuesto ha generado situaciones de violencia. Catatumbo: los enfrentamientos se dan con el EPL. Estos comenzaron a finales de 2017, y nunca antes se habían presentado enfrentamientos entre estas dos guerrillas, por el contrario existía una buena relación debido a que ELN apoyó al reducto guerrillero del EPL que no se acogió al proceso de paz. La disputa tiene que ver con tres razones, todo en el marco de la expansión de ambos grupos y la salida de FARC del territorio: Ausencia de liderazgo político en el EPL: entre 2014 y 2017 los operativos de la Fuerza Pública contra el EPL acabaron con toda la vieja comandancia del EPL y quienes quedaron de mando fueron jóvenes campesinos, sin formación política ni militar, que en el interés de seguir su expansión, comenzaron a resquebrajar acuerdos de funcionamiento que se tenían con el ELN y que no tienen el interés de mantener buena relación con esa guerrilla. El EPL comenzó a actuar de manera arbitraria con liderazgos sociales y comunidades. Las comunidades empezaron a exigir al ELN que frenara la situación, lo que derivó en la profundización de la disputa. Los viejos acuerdos que se tenían en materia de control territorial y rentas del narcotráfico se rompieron. Arauca: El ELN se mantiene como actor dominante y ha logrado expandirse a zonas fronterizas, incluso a aquellas que las FARC controlaba. En el estado de Apure, el Frente de Guerra Oriental ha logrado un mayor nivel de control social y territorial. La penetración en las comunidades de Apure se hizo de la mano de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una guerrilla venezolana que luego de tener una fuerte alianza con el ELN, ha comenzado a manifestar la existencia de tensiones e inconformidades por supuestos abusos del accionar eleno. El poderío del Frente de Guerra Oriental se ha extendido en los tres últimos años hacia los estados de Bolívar y Amazonas a través del recientemente creado Frente Rafael Blanco Flórez. En esa región se encuentra el Arco Minero del Orinoco, una región de 111.843 km2 de alto valor estratégico para los grupos armados ilegales, especialmente para su financiamiento, pues cuenta con más de 7.000 toneladas de reservas de oro, coltán, diamante, hierro y cobre entre otros minerales. Si bien el intento de crecimiento del ELN hacia esas zonas es de vieja data, es la salida de las Farc lo que le permite realmente tener alguna injerencia. Desde 2015 las comunidades en Vichada comienzan a identificar movimiento fluvial por parte de esa guerrilla en los ríos Vichada y Orinoco, y en 2016 esta presencia se regularizó hasta el punto que en el paro que decretó el Frente de Guerra Oriental en septiembre de ese año, incluyó al departamento como uno de los epicentros. En 2017 las autoridades nacionales reconocieron la presencia de esa guerrilla en esa región, particularmente en los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño. Al interior de Venezuela la expansión ha sido similar, pues desde 2014 y, especialmente, en 2015 comenzaron a movilizarse por los ríos Autana, Cuao, Sipapo y Guayapo. Posteriormente se regulariza la presencia de pequeñas comisiones en Puerto Paéz, estado de Bolívar y en 2016 en Puerto Ayacucho, estado de Amazonas. En 2017 el Frente Rafael Blanco logra llegar hasta el centro poblado de San Fernando de Atapabo, colindante con el departamento de Guainía. La llegada del ELN a esas zonas de antiguo control fariano y algunos pasos de control del Frente Libertadores del Vichada no ha acarreado, hasta el momento, ninguna confrontación. Esto puede indicar que el ELN no está disputando el control al interior del país, pues conoce sus limitaciones en cuanto a capacidad militar y la desventaja respecto a la estructura liderada por ‘Gentil Duarte’ y otros mandos como ‘Jhon 40’ e ‘Iván Mordisco’ presentes en esa zona y quienes han logrado recuperar el poder que las FARC tenía allí. No ocurre lo mismo en Venezuela, pues allí los grupos armados locales asociados a la actividad minera se han resistido a la incursión del ELN, lo que ha desencadenado situaciones de tensión y violencia. El hecho más grave hasta ahora ha sido la masacre en Bolívar, sin embargo las comunidades de Bolívar han denunciado el cobro de extorsión, la imposición de reglas de convivencia y la presencia constante de miembros del ELN. Lea el informe Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz AQUÍ.

De acuerdo con fuentes del terreno, el deseo de continuar con el negocio del narcotráfico, el desencanto ante los incumplimientos del Estado frente al acuerdo firmado en La Habana, el miedo ante el asesinato de excombatientes y la necesidad de frenar el avance de grupos que se autodenominan paramilitares, llevaron a diferentes excombatientes de las FARC a volver a tomar las armas y, actualmente, mantienen un enfrentamiento armado con el Clan del Golfo, quienes serían los que tienen en alerta roja en materia de seguridad al municipio de Ituango debido a los desplazamientos masivos y los asesinatos selectivos. Algunos excombatientes de FARC-EP decidieron sumarse al Clan del Golfo, como es el caso de alias ‘Carnitas’, ‘Jeringa’ y ‘Serpa’, este último asesinado en extrañas condiciones hacia el mes de mayo de 2017. El conocimiento profundo del territorio y de las rutas del narcotráfico de estos hombres fortaleció la estructura criminal de este Grupo Armado Organizado en la región y permitió el establecimiento de alianzas con los Pachelly, integrada al Cartel del Norte del Valle de Aburrá, quienes a su vez ya venían ingresando al Norte antioqueño vía Valle Toledo y San Andrés de Cuerquía para gestionar actividades de narcotráfico. El Clan del Golfo, con colaboración de ‘Carnitas’, se fortaleció en el territorio y facilitó el ingreso de hombres del Frente Rubén Darío Ávila, también de la misma estructura criminal, pero que opera San José de Uré, al sur de Córdoba, aumentando la presencia en el territorio de estos grupos que se autodenominan paramilitares, con ello también se incrementó el asesinato selectivo de líderes sociales, civiles y excombatientes de las FARC reincorporados. Según fuentes locales, la situación de victimización a excombatientes de las FARC detonó, en gran medida, el rearme de una facción del extinto Frente 36 al mando de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias ‘Cabuyo’, en oposición al dominio del Clan del Golfo y a sus acciones en el territorio, por lo que se dio inicio a una confrontación abierta entre estos grupos armados. Según información reciente obtenida en entrevistas a periodistas regionales, los llamados ‘disidentes’ de las FARC que estarían liderando nuevos grupos en Antioquia son: alias ‘El Burro’ por el Frente 5, operando en el Norte antioqueño y Urabá; alias ‘El Pájaro’ y ‘Mauro Ratón’ por el Frente 34, operando en Urrao; alias ‘Segundo’ por el Frente 58, operando en Urabá; alias ‘Ramiro’ por el Frente 18, operando en Ituango y Briceño; y los alias ‘Cabuyo’ y ‘Diomedez’ por el Frente 36, operando en Ituango, Briceño, Yarumal, Anorí, Valdivia y apareciendo por algunas zonas de Bajo Cauca. Algunas fuentes apuntan a que ‘Ramiro’, disidente del extinto Frente 18 es el mismo ‘Carnitas’, pero de esto no hay claridad. Así mismo, también indican que ‘Carnitas’ habría sido trasladado al Sur de Córdoba con el fin de bajar el perfil. No obstante, al contraste de esta información, miembros de la fuerza pública señalan que ‘Carnitas’ continúa en su territorio de acción y que sostendría diferencias con ‘Cabuyo’ porque el primero querría seguir trabajando con el Clan del Golfo y no deseaba subordinarse sino controlar el negocio del narcotráfico en esta subregión y el segundo tiene una marcada diferencia con esta estructura criminal que ya llevó al enfrentamiento armado. Para este último fin, ‘Cabuyo’ habría tranzado una alianza o pacto de no agresión con Caparrapos, con el fin de derrotar al Clan del Golfo. Campesinos señalan que estos combates se están dando porque este GAO sería responsable del asesinato de líderes sociales del sector y a excombatientes de la guerrilla. Estos combates, sumados a los asesinatos selectivos, son la causa de los desplazamientos forzados que viene padeciendo Ituango. Para 2018, los combates han incrementado entre los grupos liderados exmiembros del Frente 36 de las FARC contra estructuras del Clan del Golfo. Así mismo, ha aumentado el copamiento ilegal de territorios, las disputas por los mismos y el riesgo sobre las comunidades que allí habitan. Además, El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales del Departamento denunciaron, en marzo de 2018, que en las subregiones del Norte (específicamente Ituango) y Bajo Cauca antioqueño está constriñendo y amenazando a la población rural organizada comunitariamente y a quien no les quiera obedecer. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Ituango registra más de 215 personas desplazadas durante 2017 y lo que va de 2018, y «existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas», desarraigo que sería causado por las disputas entre los grupos armados mencionados. Al parecer, en Ituango el desplazamiento no es masivo como en el Bajo Cauca sino que se da de tipo “desplazamiento gota a gota”, lo cual no causa mayor impacto a nivel departamental y genera un subregistro imposible de seguir ya que, además, a las familias desplazadas por vereda sienten temor de realizar las denuncias. En el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño la situación de seguridad es compleja. Fuentes en territorio aseguran que el Clan del Golfo pretende el control territorial absoluto por lo cual ha incrementado sus acciones en contra de otros grupos y también frente a las comunidades. Al respecto, una fuente afirmó que “están exigiendo copias de las actas de reuniones de líderes comunales, censos poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer “las nuevas reglas” que deben ser acatadas por todos”. Otro hecho que se está presentando es la extorsión a las grandes empresas mineras, las cuales son declaradas objetivo militar si no pagan el monto. Esta sería la razón por la que la Continental Gold habría recibido ataques. El primero ocurrió el 5 de septiembre de 2018, cuando dos trabajadores se movilizaban hacia su lugar de trabajo, a las afueras del casco urbano de Buriticá (Occidente), y fueron víctimas de un ataque con arma de fuego. Uno de ellos quedó gravemente herido y el otro, Óscar Alarcón, ingeniero del proyecto minero, perdió la vida. Posteriormente se capturaron presuntos integrantes de las AGC y se les sindicó del atentado. Luego vino el asesinato de los tres geólogos, cometido en la vereda Ochalí de Yarumal, cometido en la madrugada del 20 de septiembre. De este se acusó al grupo que lidera Cabuyo y que firma como Frente 36 y a miembros del ELN. Por lo que se han presentado varias capturas. De acuerdo a información recogida por fuentes en terreno, estos ataques hacia personal de la empresa minera se deberían a la negativa de la misma de pagar la extorsión. Lea el informe Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz AQUÍ.

La salida de las FARC-EP de Nariño generó un vacío de poder que, desde inicios de 2017, han intentado cooptar distintos grupos armados ilegales, algunos de ellos emergentes, otros con trayectoria en el territorio y otros compuestos por personas provenientes de distintos grupos armados. En el marco de esta investigación, la Fundación Paz & Reconciliación ha denominado el fenómeno como un proceso de proliferación acelerada de Grupos Armados Ilegales. Debido a este fenómeno, se ha presentado un aumento de 2016 a 2017 de casi cien casos de homicidio, la mayoría de estos ocurridos en zona rural, como se muestra en la gráfica de homicidios desagregados por zona. Por otra parte, aunque de 2012 a 2015 hubo una disminución constante de este fenómeno en el departamento de Nariño, y en el año 2016 se mantuvo igual al año anterior, el año 2017 lanzó alarmas de nuevo debido a que las cifras parecen regresar a los momentos más álgidos de confrontación entre grupos posdesmovilización AUC y las FARC-EP. Durante el 2018, según datos del Observatorio del Delito de la Policía Nacional, hasta el 31 de julio se habían presentado en el departamento de Nariño 378 homicidios, 194 en zona rural y 184 en zona urbana, cifra que podría indicar que para final del año 2018 la violencia homicida se mantendrá constante con respecto del año anterior, pero, a diferencia de 2017, las zonas rurales y urbanas se encuentran inmersas en esta violencia casi que por igual. Ahora bien, este tipo de violencia está estrechamente relacionada con la disputa entre grupos armados ilegales por hacerse al control de la cadena del narcotráfico, especialmente en el municipio de Tumaco, en donde las cifras han sido escandalosas, como se observa a continuación. Como se observa en la gráfica, los homicidios aumentaron desde el año 2015 en el municipio. Además, uno de los fenómenos más llamativos es que, de 2012 a 2014, la violencia homicida era mucho más alta en las zonas urbanas, mientras que, a partir de 2015, esta relación se invirtió. Uno de los elementos explicativos de esta inversión podría estar asociado al aumento de cultivos ilícitos y el control de los grupos armados ilegales que operan en las zonas rurales, teniendo en cuenta la gran disputa que se ha vivido allí agudizada a finales del año 2016, año en el que las FARC-EP sale de la ecuación de la guerra. Durante el período que comprende esta investigación, fue posible evidenciar el dinamismo y complejidad del panorama de seguridad en Nariño. El último período de 2017, al igual que en otros escenarios de postconflicto, se experimentó una proliferación de grupos armados ilegales en el territorio, con especial arraigo en el municipio de Tumaco. Uno de los principales actores armados fue Gente de Orden, que aún tienen presencia, aunque marginal, en la cabecera municipal de Tumaco. Este grupo surgió de milicianos de las FARC-EP que no quisieron acogerse al proceso de paz debido al escepticismo frente al cumplimiento de lo pactado por parte del Estado. No obstante, para enero de 2017 enviaron una carta a la entonces alcaldesa del municipio, Emilsen Angulo, destituida de su cargo, con el propósito de ser tenidos en cuenta en el proceso pues se arrepintieron de no participar desde el principio. La situación de estos milicianos fue incierta hasta que, a finales de marzo de 2017, 117 hombres se desmovilizaron en un proceso individual que no contó con ningún tipo de garantías, esto se hizo evidente cuando los jóvenes desmovilizados regresaron a sus barrios solamente dos semanas después de haber realizado la desmovilización, por lo cual su seguridad fue amenazada. Si bien 117 personas se desmovilizaron, las fuentes en territorio afirman que 150 hombres quedaron en “Gente de Orden”, grupo que intentaba hacerse al control del narcotráfico por el corredor del Pacífico Sur, sin embargo, muchos de estos exmilicianos pasaron al grupo armado ilegal Guerrillas Unidas del Pacífico-GUP, otro actor armado que podría denominarse Grupo Armado Postfarc-GAPF. La historia de Guerrillas Unidas del Pacífico no ha sido del todo clara, lo cierto es que está estrechamente ligada a Gente de Orden. Al parecer el homicidio del exmiliciano Yeison Mina Segura, alias ‘Don Y’, detonó la conformación de este nuevo GAPF. Para los meses previos a la firma del Acuerdo de Paz, ‘Don Y’ estaba cometiendo crímenes atroces contra las comunidades, siendo acusado de varias masacres; debido a estas circunstancias, las comunidades de Tumaco le solicitaron a las FARC-EP intervenir y controlar a este criminal. A principios del mes de noviembre de 2016, según fuentes locales, las FARC-EP realizaron una “limpieza” interna previa a la firma, es decir, eliminaron a los criminales que no estaban alineados con su ideología política, es así como, en el marco de esta limpieza, el Frente Daniel Aldana asesina a “Don Y”. Después de este asesinato, el hermano de ‘Don Y’, Víctor David Segura Palacios, alias ‘David’, toma el control del GAPF y, después de la desmovilización, conforma Guerrillas Unidas del Pacífico GUP, que se comienza a extender por los municipios de Francisco Pizarro, La Tola, El Charco, Magüí Payán e incluso, llega hasta los municipios del Pacífico Caucano como Guapi y López de Micay. Por su parte, aunque reducidos en número y en capacidad, Gente de Orden se mantiene en la cabecera municipal de Tumaco y se enfrenta al grupo de alias ‘David’ de manera ocasional. Alias ‘David’ fue abatido en una operación conjunta entre Policía y Armada el 08 de septiembre de 2018 en el corregimiento de San Juan, zona rural de Tumaco, junto a su hermana, alias “Carmen”. De manera simultánea, otros grupos comienzan a adquirir protagonismo en la región. El 5 de octubre de 2017, se presenta una masacre de ocho campesinos y muchos más resultan heridos en la vereda El Tandil, en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en el marco de una protesta de campesinos cocaleros por la erradicación forzada que había emprendido la Policía Antinarcóticos. A pesar de que todas las versiones señalan como victimarios a los miembros de la Policía, el Ministerio de Defensa señaló a alias ‘Guacho’ de ser el responsable de estos hechos, en ese momento, la figura de ‘Guacho’ comienza a ser visible en medios de comunicación del país y, también, los nexos entre carteles mexicanos de la droga y del pacífico con el señalamiento de un hombre que controlaba un ejército privado para protección de mexicanos, alias ‘Cachi’. Días después de esta tragedia, un medio local logró entrevistar a los líderes de un Grupo Armado Postfarc que se autodenomina Frente Óliver Sinisterra, estructura a la cual pertenecía alias ‘Guacho’, en donde se señala que ellos no tuvieron nada que ver con la masacre y que no existían pruebas para vincularlos a este delito. A partir de allí, este GAPF ha sido protagonista a nivel nacional, especialmente por el secuestro y asesinato de dos periodistas ecuatorianos y su conductor durante el mes de abril de 2018, lo que hizo que alias ‘Guacho’, jefe del Frente Óliver Sinisterra, se convirtiera uno de los hombres más buscados del país. El 15 de septiembre de 2018 tropas de la Armada Nacional tuvieron enfrentamientos con el Frente Óliver Sinisterra en donde resultó herido ‘Guacho’ según las versiones oficiales. Las autoridades confirmaron que Guacho había sido impactado en dos oportunidades por un francotirador de la Armada. Por otra parte, el Comando General de las Fuerzas Militares anunció que retiraría del cargo a los dos militares que filtraron información sobre el enfrentamiento. Las versiones en terreno indican que no le pasó nada. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2018, alias ‘Guacho’ fue dado de baja en una operación combinada de Policía, Ejército y el CTI de la Fiscalía. Guerrillas Unidas del Pacífico, Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, Gente de Orden y el Frente Óliver Sinisterra, son los Grupos Armados Ilegales que mayor capacidad bélica y de control territorial tienen en el departamento actualmente. De hecho, según fuentes locales, estos grupos tendrían aproximadamente el 90% del control del cultivo de coca, la producción de pasta base y de clorhidrato de cocaína y del narcotráfico en la región. Sin embargo, como se dijo al principio de este aparte, múltiples grupos armados ilegales tienen presencia en el territorio. Lea el informe Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz AQUÍ.

Por: Anamaria Corrales, colaboradora – Pares “Construyendo país” Un “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” requiere que el gobierno escuche. La plataforma digital para la construcción del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia es una herramienta útil, pero valdría la pena revisar si promueve la equidad en un país donde “hay 20 millones de colombianos que no tienen acceso a banda ancha”, como señaló recientemente la Ministra de Comunicaciones. A diciembre, esta plataforma señala la participación de 10.000 colombianos. Por otra parte, pareciera que haber hecho 17 Talleres Construyendo País en 20 semanas de gobierno, llevando a cabezas de ministerios y entidades cada sábado a regiones es una buena manera de acercarse para “escuchar las preocupaciones y las ideas de las comunidades”. Sin embargo, aunque en las jornadas preparatorias representantes de la comunidad discuten qué le plantearán al gobierno y algunos delegados presentan la síntesis durante el taller, los 3 minutos que tienen para hablar son insuficientes para tener una idea detallada de cada problemática. En la página de la Presidencia se documentan solo los discursos del Presidente y algunos mensajes de ministros. El candidato Duque planteó que se haría seguimiento a los compromisos. Sería bueno que las propuestas de las comunidades, los compromisos y el seguimiento sean públicos. Construyendo confianza Pero hay otras maneras de escuchar y de recoger inquietudes, especialmente cuando hay reuniones donde se tratan o se espera tratar temáticas específicas. En esos escenarios más pequeños, pero igualmente públicos, es posible que los funcionarios recojan detalladamente las inquietudes y a la vez expliquen políticas o ideas para constituir planes o intervenciones. Pero parece haber una tendencia a dejar sin interlocución al campesino o a la oposición. Para el 5 de octubre, la bancada alternativa convocó a una audiencia pública en Popayán para descentralizar los procesos de diálogo social y escuchar directamente de las comunidades las problemáticas que enfrentan, en ese caso, las de la violencia. Con las dificultades y los costos y tiempos de transporte, allí se reunieron “más de mil personas provenientes de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, quienes dieron a conocer a los asistentes la grave problemática que enfrentan en materia social”. Pero no llegaron los representantes del Gobierno nacional que habían sido invitados. El 19 de octubre se realizó en La Macarena el Segundo Foro Ambiental para dialogar, entre otros temas, sobre alternativas frente a la problemática de la deforestación. Sin embargo, “ni el Ministerio de agricultura ni el Ministerio de Medio Ambiente ni las agencias de tierrras, desarrollo rural y de renovación del territorio dieron la cara (sic)”. Con todo y esa desatención, las comunidades expidieron y socializaron el Manifiesto ecológico por una justicia ambiental para la Sierra de la Macarena. Posteriormente, el 2 de noviembre se realizó el Foro “Caminos y discusiones para el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos” convocado por la Defensoría del Pueblo. El Viceministro de Agricultura intervino después de la apertura realizada por el Defensor del Pueblo y se retiró de inmediato sin escuchar las intervenciones de los asistentes. De gobierno nacional solo quedó el director del DANE, entidad que es responsable de un tema crucial en lo que se refiere al campesinado (estadísticas) pero brillaron por su ausencia las entidades a cargo de la ejecución de la política agraria y de la atención de conflictos interétnicos. En Policarpa, Nariño, se presentó una situación semejante el 2 de diciembre. A la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT-, tras la Alerta Temprana 082 de la Defensoría del Pueblo sobre los municipios de la cordillera de Nariño, no llegaron los representantes del gobierno nacional. Los alcaldes de Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa se levantaron de la mesa “para no legitimar la inoperancia de este espacio”, según dejaron constancia en un comunicado. En el documento también resaltan el compromiso de las autoridades municipales por el mejoramiento de las condiciones de sus territorios y habitantes, algo que no pueden atender solos y requiere del nivel nacional. Otra situación se vivió en el Congreso de la República el 10 de diciembre cuando la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común convocó a una audiencia pública sobre el estado de la Implementación del Programa de Sustitución -PNIS. Como informó el Representante Jairo Cala, los congresistas cursaron invitación a los ministerios de Defensa, Salud y Protección, Justicia y del Derecho, Agricultura y Desarrollo Rural, Interior, a la Alta Consejería para el Posconflicto, así como a la Procuraduría, Defensoría y Contraloría, pero no recibieron respuesta. Sólo asistieron e intervinieron el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa (MinJusticia) y un asesor de la Dirección de Sustitución de Cultivos. Cuando se retiró el Viceministro por otro compromiso informó que quedaba un funcionario de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del mismo ministerio. Allí la comunidad resaltó la voluntad de dialogar. Con 200 campesinos presentes, un Ministro de Agricultura, un Consejero para el Posconflicto, un Director de la Agencia de Tierras o de Desarrollo Rural, podrían haber accedido de manera directa a la información que les traían y a hablar de frente, responder y escuchar. “Uno los tiene que escuchar pero ellos no nos escuchan” Si el Presidente Duque quiere hacer realidad su eslogan “el futuro es de todos”, es importante que oriente a sus funcionarios para escuchar, aprovechar las oportunidades que se dan en territorios y con comunidades, y para que no sigan dejando plantados a los campesinos y a las autoridades locales. Escuchar es una herramienta para construir país, nación, inclusión y por supuesto equidad. Como dijo una campesina del Catatumbo: “uno los tiene que escuchar pero ellos no nos escuchan”.

Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El 10 de junio de 2016, previo a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, uno de los frentes principales de esta guerrilla, el Frente 1 ‘Armando Ríos’, declaró que no se desmovilizaría debido a que el Estado colombiano sólo buscaba “el desarme y la desmovilización de las guerrillas, no está pensando en la solución de los problemas sociales y económicos del país”. Por otra parte, otra de las grandes razones aludidas en el comunicado era la negativa del Gobierno Nacional de negociar el modelo económico del país, que, según el Frente 1, era el causante de la desigualdad y la captura de las instituciones políticas por parte de la corrupción. El Frente 1 ‘Armando Ríos’ fue la primera facción de este grupo guerrillero en declararse en contra del proceso de paz aludiendo a razones políticas, también afirmó que quienes decidieran iniciar su tránsito a la vida civil no serían declarados enemigos e instó a la base guerrillera a unirse y continuar con el proyecto de las FARC-EP. Por su parte, un mes después, el Estado Mayor de las FARC respondió al comunicado del Frente 1 argumentando que sus razones eran meramente económicas y que si decidían “lanzarse a una aventura incierta”, debían cambiar su nombre y no hacerle daño al proceso de paz adelantado por el secretariado de la organización guerrillera. También declararon que el comandante formal del Frente 1 era Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’, quien se encargaría de cumplir las labores designadas desde la Dirección Nacional del grupo guerrillero: El actual comandante del Frente Primero de las FARC-EP, Armando Ríos, es el comandante ‘Gentil Duarte’, quien hasta hace poco hizo parte de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Él y su Estado Mayor se hallan en el área del Guaviare, en cumplimiento de las tareas trazadas por Dirección Nacional de las FARC-EP, de conformidad con lo pactado en la Mesa de La Habana. (FARC-EP, 2016) Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’. Fuente: Archivo Semana. Así las cosas, de manera temprana se evidenciaron fragmentaciones al interior de la organización guerrillera que en su momento no eran significativas para el avance del proceso de paz ni tampoco para su implementación. Posterior al comunicado, 80 hombres del Frente 1 siguieron operando en algunas zonas rurales del departamento del Guaviare y Guainía, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ejerciendo control de la comercialización de la pasta base de coca, extorsionando a campesinos a cambio de oferta de seguridad y controlando rutas para la salida del producto. Hacia el mes de noviembre de 2016, previo a la firma del Acuerdo, ‘Iván Mordisco’ realizó una reunión con campesinos del municipio de Miraflores en donde expresó sus diferencias con el Secretariado de las FARC y afirmó que la sustitución de cultivos sería una burla para los campesinos más que una solución real. El 13 de diciembre de 2016, ‘Gentil Duarte’, designado por el secretariado para poner orden en el Frente 1, desertó del proceso de paz para unirse a este Grupo Armado Postfarc (GAPF), hecho que los fortaleció política y militarmente. Junto a ‘Gentil Duarte’, según fuentes locales, salieron varios hombres y mujeres de su guardia personal cerca al sector de Colinas, en su momento Zona Veredal Transitoria de Normalización-ZVTN, actualmente ETCR, con una suma “importante” de dinero. A su vez, Géner García Molina, alias ‘John 40’, con una amplia trayectoria en el funcionamiento del negocio del narcotráfico, aprendida del ‘Negro Acacio’, se sumó también al grupo armado comandado por ‘Iván Mordisco’, con lo cual se aseguraba el mantenimiento de las rutas hacia Venezuela y Brasil. Géner García Molina, alias “John 40”. Fuente: La Silla Santandereana. Para el mes de mayo de 2017, el GAPF compuesto por exintegrantes del Frente 1 y del Frente 7, había logrado unificarse con otras estructuras armadas del sur de Meta y Caquetá y, según fuentes en territorio, ya contaba con alrededor de 300 hombres, esta vez bajo el mando de alias ‘Gentil Duarte’. Sus principales acciones para ese momento eran la detonación de artefactos explosivos dirigidos a la Fuerza Pública, secuestro, extorsión, narcotráfico, pero a su vez, el control del territorio a través de la prohibición de la entrada en algunos sectores rurales, especialmente en el departamento del Guaviare, de organizaciones humanitarias, prohibición de la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, homicidios y, por supuesto, control sobre la cadena del narcotráfico. A pesar de los esfuerzos de la Policía y el Ejército mediante operativos que tuvieron como resultado la baja de importantes cabecillas de la organización, como es el caso de Ismael ‘Muela de Grillo’, jefe de finanzas, a finales del mes de mayo de 2017, junto a su jefe de seguridad, alias ‘Giovanny 56 y las frecuentes incautaciones de armas, el GAPF continuó su proceso de unificación y expansión durante el año 2017. En el mes de septiembre de 2017 desertó del proceso Édgar Mesías Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’, en el departamento del Caquetá y se unió a los hombres armados de los extintos Frentes 1 y 7. ‘Cadete’ es uno de los miembros más importantes que ha desertado del proceso desde ‘Gentil Duarte’, fue el comandante del Frente 27 de las FARC desde el año 2013 y el encargado de poner en marcha el Plan de Campaña Raúl Reyes, con el cual se proponían intensificar las acciones bélicas contra el Ejército Nacional. Razón por la cual, el GAPF ganó un importante estratega militar y un experto en la lucha guerrillera. Édgar Mesías Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’. Fuente: Colombia 2020/El Espectador. Rápidamente, ‘Cadete’ tomó el control de las zonas rurales de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa, Puerto Lleras y Mesetas, ubicados en el Sur de Meta. Sus principales hombres, según fuentes en territorio, serían alias ‘Calarcá’ y alias ‘Benjamín’, con quienes inició la coordinación de acciones en sectores del departamento de Caquetá, e incluso, en zonas rurales de municipios del Huila. A finales del mes de septiembre de 2017, el Ejército Nacional realizó una operación en la vereda Itilla, municipio de Calamar, ubicada en el departamento de Guaviare, en la que fue abatido Alfonso Lizcano Gualdrón, alias ‘Euclides Mora’, uno de los hombres más importantes en la estructura del GAPF liderado por ‘Gentil Duarte’. Este hombre tenía una trayectoria de más de 30 años en la guerrilla de las FARC y, en el GAPF se encargaba de la coordinación de acciones armadas en las zonas de influencia de este grupo armado ilegal. Alfonso Lizcano Gualdrón, alias “Euclides Mora”. Fuente: Colprensa Hacia finales del año 2017, el fenómeno estaba en crecimiento. La Fundación Paz & Reconciliación realizó varias visitas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR de Guaviare, Charras y Colinas, en donde se pudo constatar las versiones aportadas por miembros de las comunidades: de aproximadamente 700 hombres que se concentraban en los dos ETCR, sólo quedaban alrededor de 300. Si bien esto no significa que la totalidad de estos excombatientes hayan regresado a las armas, sí reflejó en su momento una crisis en el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC desde las vías institucionales, es decir, que las dificultades en materia de cumplimiento de lo acordado derivaron en la búsqueda de alternativas distintas. Por otra parte, en esta misma época, las fuentes en territorio afirmaban que este Grupo Armado Ilegal no estaba creciendo de manera acelerada debido a una especie de “crisis” en los mandos medios, es decir, tras las múltiples acciones de la Fuerza Pública que tuvieron como consecuencia capturas y bajas sensibles para esta estructura criminal, las personas en el interior de la organización “carecían de formación política”, según lo relata un entrevistado, para consolidar el discurso y legitimar su accionar en los territorios. Otra de las situaciones señaladas por las comunidades era el inicio del reclutamiento forzado por parte de hombres del GAPF del extinto Frente 1, quienes se dirigían a instituciones educativas para obligar a los menores a sumarse al grupo, esta denuncia también la realizó el Defensor del Pueblo, Trían Jesús Zúñiga. Por su parte, la Fuerza Pública continuó su arremetida contra el GAPF de los extintos Frentes 1 y 7. En el mes de marzo de 2018, el Ejército realizó un operativo que, según el comandante de la Brigada de Selva N° 22, dio como resultado el abatimiento de nueve integrantes de esta estructura criminal, entre ellos Nelson Lerves Giraldo, alias ‘el Mocho’, y alias ‘Gabriel’, hombres de confianza de ‘Gentil Duarte’. Según información oficial, alias ‘el Mocho’ era el segundo comandante del GAPF del extinto Frente 7 y tenía influencias en el departamento del Guaviare, Vaupés y coordinaba acciones hacia la Macarena Meta y San Vicente del Caguán, para controlar el territorio y el negocio del narcotráfico. Las acciones del GAPF también tuvieron consecuencias e impactos ambientales. Líderes campesinos del sector de las veredas La Cristalina y San Miguel, en el municipio de Calamar, expresaron su preocupación en durante entrevistas realizadas en el mes de febrero de 2018 debido a la creciente deforestación de los bosques. “En la cabecera del Itilla, por orden de ‘Gentil Duarte’, los campesinos sin tierra pueden tener un ‘fundo’, por cada familia son 50 hectáreas y van 100 familias…” lo cual estaba en contravía con las órdenes de ‘Iván Mordisco’, que hablaba de 5 hectáreas por campesino para cultivar pancoger. Debido a estas órdenes de ‘Gentil’, los campesinos empezaron a talar selva de manera acelerada, lo cual podría constituirse en una estrategia para el crecimiento de los cultivos de coca. Para el primer semestre de 2018, fuentes en territorio habían afirmado la existencia de alrededor de 700 hombres bajo las órdenes de ‘Gentil Duarte’, ‘Iván Mordisco’, ‘John 40’ y ‘Rodrigo Cadete’, en zonas rurales de los departamentos de Meta, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Vichada, Caquetá y Cauca, a través de la unificación de estructuras que pertenecieron a distintos frentes de las FARC-EP como es el caso de los Frentes 3, 6, 14, 17, 27, 32, 43 y la Columna Móvil Teófilo Forero. Según campesinos de otros sectores del país (Tumaco, Buenaventura, Región de Cordillera en Nariño), ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ estarían buscando la unificación con distintos Grupos Armados Postfarc que operan en estos territorios bajo su mando. De hecho, fuentes en San José del Guaviare afirman que este GAPF estaría buscando la posibilidad de realizar una décima conferencia alternativa de las FARC, desconociendo la que se realizó en el año 2016 y declaró la paz con el Estado colombiano, con el propósito de redistribuir mandos, jerarquías, plan de expansión y funcionamiento, incluyendo sus principios “ideológicos”. Así las cosas, aunque exista un plan de expansión y unificación, incluso hasta un nuevo proyecto guerrillero, las posibilidades de que tenga éxito son reducidas, especialmente por la continuidad de economías de guerra como el narcotráfico y la minería criminal, en otras palabras, ¿qué grupo armado ilegal se subordinaría a ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ cuando han logrado consolidar el control de los mercados ilegales y su tráfico hacia distintos lugares del mundo, como es el caso del Frente Óliver Sinisterra? Vea el informe completo de Cómo va la Paz: la reestucturación unilateral del Acuerdo de Paz AQUÍ

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares “Cabe en lo inverosímil, como un cuento”, dice un verso de Gabriel García Márquez que bien podría hablar de Deisy León Vergara, profesora de danza de Pita Capacho, en la región de Montes de María. Deisy es mujer que fue víctima de desplazamiento forzado en Unguía (Chocó) y que llegó a Montes de María a terminar la secundaria y a encantarse con la danza y la música. Fue becada por medio del grupo Zona de Torobé en la Universidad de Bellas Artes de Cartagena y decidió retribuirle su conocimiento a los niños y niñas de la comunidad de Pita Capacho. “El cuerpo también dialoga, por medio del cuerpo aprendemos también a hablar. El cuerpo es nuestra herramienta vital para el danzar”, dice ‘la profe’. Deisy reconoce que los niños se sienten “propios, autóctonos de sí mismos, y que tienen seguridad con su cuerpo y su expresión. Con su mirada porque la mirada también habla, gracias al baile”. ‘La profe’ ha utilizado como herramienta al cuerpo para mostrarle a sus estudiantes –tímidos al bailar- que ella también vive ese proceso y que este resulta trasformador. El cuerpo, en este sentido, es un vehículo de su enseñanza, remitiéndose a su experiencia como mujer para compartirla con ellos. Por estas razones, Deisy le da especial importancia al baile, y a la cultura en general, para que los niños y niñas transmitan, conozcan y hagan memoria desde sus experiencias. Nancy Morejón —poetiza cubana— escribió un día: “Detrás de estos rizos, con su voz quebradiza, asoman mis abuelos”, versos que, entre otras cosas, hablan de las raíces del continente africano. Deisy, quién se reconoce como una mujer negra —porque en esa palabra ve un proceso de resistencia— considera de gran importancia la apuesta política de las prácticas, de resistir con el cabello rizo, de resistir con el cuerpo para resignificar los procesos históricos que imbrican su vida, de los cuales no se rehusó el conflicto armado. *** A Deisy el desplazamiento forzado le cambió el rumbo de su vida en dos ocasiones. Cuenta que el primer desplazamiento fue en Chocó, a los 7 años por grupos ‘extraños’ que mataron a su abuelo materno porque era dueño de una gran unas tierras y siempre se negó a entregarlas. “Antes de que lo mataran, él lo que alcanza a decir es: “¡corran mis hijos!”. En ese entonces, él tenía 20 hijos; 10 con una mujer distinta. Él les dijo “¡corran!”. La otra mujer y mi abuela cogieron los hijos de cada una y corrieron (…)” narra Deisy. Luego de ese suceso, se dirigieron a Cañas Frías por sugerencia de su abuela, quien les decía que se allá había yuca, plátanos y todo con lo que podían vivir, eso que en el campo llaman una vida digna. Eran Deisy, su madre y sus 9 hermanos. Ocho años después, grupos armados llegaron a Cañas Frías buscando personas que brindaban información de grupos armados. Por un malentendido que involucraba a uno de los tíos de Deisy, quien supuestamente llevaba información a San Onofre, él fue asesinado. Hecho que los obligó a huir nuevamente. Resalta en su relato, además, lo difícil que es pasar de hacer trabajo de campo a realizar trabajos en casa. Esto debido a lo que le representó a su mamá, después de vivir en Unguía y Cañas Frías, desplazarse hacia San Onofre, que es un casco urbano y “eso tiene sus implicaciones culturales”, señala Deisy. En este lugar su familia ha vivido durante 20 años. *** Después de estudiar en Cartagena, Deisy, decidió volver a San Onofre, porque le agradece a este territorio haberla acogido después de la guerra. Regresó con su hija de 4 años y comenzó con el grupo de base de la Institución Educativa Manuel Ángel Anachury, Sede José María Córdoba en Sucre. “Yo soy la profesora del grupo de José María Córdoba; doy clases de danzas y de teatro”. Cuenta Deisy que, luego de esto, pudo trabajar en Pita Capacho con la Fundación Puntos de Encuentro. Al llegar a la escuela, Deisy se dio cuenta que no era un lugar óptimo para los niños y niñas. No comenzó como profesora ni de danzas, ni de teatro, Deisy en cambio, se dedicó a reconstruir con ahínco la escuela. Para ´la profe’, la escuela de Pita Capacho es un “lugar de aprendizaje y, hoy, es punto que concentra experiencias de baile y danza, que se reconstruyó con ayuda de las personas de la comunidad». En los procesos del baile como elemento de resignificación de experiencias y apertura a nuevas posibilidades, Deisy vinculó a los niños y niñas para que ingresaran a la escuela y tuvieran la oportunidad de aprender de la danza y el teatro. ‘La profe’ duró 7 años en ese proceso y así se fue ganando el cariño y el respeto de la comunidad, tanto así que entro a hacer parte Junta de Acción Comunal. Deisy recuerda que eso trabajos no son de ahora, pues antes de ser profe, trabajaba en un proyecto con madres comunitarias que tenían a su cargo niñas y niños que venían desplazados de otras regiones del país. A su vez, daba charlas a los niños y niñas, les enseñaba teatro y danza. Y cómo son las cosas… con ese primer trabajo pudo pagar su semestre para ser Profesional de Artes Escénicas. Ella agradece que, por medio de las danzas, de la cultura y del teatro obtuvo también su propia educación.

Hay un grupo de 145 municipios que muestran un deterioro de los índices de violencia homicida, de ellos 12 son impresionantes, como se verá más adelante en los mapas. Hay cuatro regiones donde se concentran estos municipios. En primer lugar, la región del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño. Tal vez esta es la zona más complicada en materia de seguridad del país, incluso, por encima del pacífico nariñense. La siguiente gráfica muestra los datos para el agregado de la zona. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. Hay municipios como Caucasia o Ituango que muestran crecimientos del homicidio superiores al 200%. Lo que pasa allí es una verdadera guerra civil: entre Clan del Golfo, Caparrapos -antiguos socios del Clan-, ejércitos del narcotráfico como los Pachelly o los Zorros, el ELN y los grupos postfarc. La siguiente gráfica muestra el acumulado general para la zona. Los datos van a ser superiores que en 2012, cuando se vivía otra guerra entre Paisas y Urabeños. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. La segunda región es el Catatumbo, donde la guerra entre el ELN y el EPL o Pelusos ha dejado decenas de muertos. La evolución del homicidio en esta subregión es la siguiente: Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. Nuevamente, los datos de 2018 están hasta el 30 de septiembre, por lo que al finalizar el año, los homicidios serán superiores a los del 2017. Como en el resto de regiones, la situación más complicada se vive en zonas rurales, aunque esta guerra ha afectado fuertemente las dinámicas de seguridad en zonas urbanas. A continuación se muestran los datos discriminados. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. La tercera y cuarta región es el pacífico nariñense y la región del sur del Meta. El siguiente mapa muestra el balance a nivel municipal entre el 1 de enero y el 30 de septiembre comparando entre 2017 y 2018. Nótese como hay incrementos de homicidios en 145 de los 281 municipios priorizados para el postconflicto. Los incrementos más complejos se dan en 12 municipios, ubicamos principalmente en Antioquia y Catatumbo, que se pueden ver con el color rojo más oscuro. Los datos a nivel nacional se ven a continuación. Las principales mejoras se dan sobre la cordillera oriental, principalmente en Boyacá, Cundinamarca y Santander, al igual que en la región amazónica. Los otros datos de violencia asociados al conflicto. En el tema de desplazamiento forzado los resultados son bastaste positivos. Hasta el 1 de septiembre de 2018 se habían producido un total de 57 mil desplazamientos forzados, es decir menos del 10% de lo que se presentó en peor año de la guerra que fue el 2002, cuando ocurrieron más de 700 mil desplazamientos forzados. Los niveles están en los mismos números del año de 1994, previo a la década más violenta del país que se desarrolló entre 1995 y el año 2005. A continuación se ven los datos. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registro Único de Víctimas. La tendencia indica que al finalizar el año, el número de desplazamiento podría ser ligeramente superior a los 65.000. Es importante resaltar que, al discriminar los datos en las zonas de priorización de postconflicto se pueden observador dos cosas. Por un lado, la reducción es impresionante al comparar con años anteriores, pero de los poco más de 57 mil desplazamientos a nivel nacional, un total de 44 mil se produjeron en estos 281 municipios. Los datos se ven a continuación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registro Único de Víctimas. Al igual que el homicidio, el desplazamiento no es homogéneo. Hay dos regiones que son las que más preocupan por el aumento del desplazamiento: el Catatumbo y la región del Norte, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. La siguiente gráfica muestra los datos para la subregión del departamento de Antioquia. Nótese el fuerte incremento en 2018, igualmente los datos están hasta el 1 septiembre de 2018. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registro Único de Víctimas. En el Catatumbo la situación es igual, un incremento impresionante en 2018. Nótese los datos a continuación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registro Único de Víctimas. Los datos de desaparición forzada también han caído dramáticamente. Los números se ven a continuación. Igualmente en los 281 municipios del postconflicto la reducción es impresionante. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registro Único de Víctimas. En lo que tiene que ver con minas antipersonal y municiones sin explotar los datos de la reducción en tiempos de postconflicto son increíbles. El peor año fue el 2006, cuando 1229 personas resultaron muertas o heridas por estos artefactos. La mayoría de ellos militares. El año más bajo fue 2017 donde poco más de 50 personas resultaron muertas o heridas. Sin embargo, en 2018 la tendencia cambio, y si bien los datos son muy bajos comparados con los peores años de la guerra lo cierto es que son el doble de lo de 2017. Los datos se ven a continuación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: DAICMA Ahora bien, lo más complicado del tema es que es la primera vez en la historia donde los civiles afectados son superiores a los militares. De los más de 100 afectados, cerca de 70 son civiles. A continuación se discriminan los datos para los últimos tres años. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: DAICMA Igualmente, la vinculación de Nuños, Niñas y Adolescentes a Grupos Armados Ilegales ha disminuido fuertemente como se observa a continuación. Obviamente en este caso hablamos de denuncias, así las cosas puede existir un subregistro importante. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registro Único de Víctimas. Los datos más interesantes y positivos que ha traído la etapa de postconflicto son en lo referente al secuestro. En la peor época de la guerra, a finales de los años noventa del siglo XX, se secuestraban más de 3.000 personas al año, en el 2017 fueron 193 y hasta julio de 2018 se habían presentado 92 casos. Es uno de los flagelos que está a punto de desaparecer. Los datos se ven a continuación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. De esos 92 secuestros, que son datos hasta el 31 de julio de 2018, 44 se cometieron en las zonas de priorización al posconflicto. Los datos se ven a continuación. Al finalizar el año, se podría llegar a cerca de 180 secuestros.

Por: Daniel Parra, colaborador – Pares El 14 y 15 de diciembre del presente año, se realizó en Cúcuta el “Jam, Escenarios posibles, una nueva mirada del Catatumbo”, evento organizado por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Negro Eliécer Gaitán de Caño Indio, Tibú – Norte de Santander. La iniciativa le apunta a construir una nueva cara del Catatumbo, pues, tal como lo afirmó Catheryne Sepulveda, profesional especializada del grupo de corresponsabilidad de la ARN a PARES: “La estigmatización de los territorios hace que sea muchísimo más difícil la construcción de paz. Encontramos una oportunidad en el Catatumbo para favorecer los diálogos territoriales en función de crear estrategias y campañas de comunicación para desestigmatizar la zona y, a partir de eso, nosotros tener mejores posibilidades de trabajar los procesos que se vienen dando con el colectivo FARC en reincorporación». La idea central es una: mostrar todos los activos culturales que ha opacado la guerra en estos años de enfrentamientos librados en la región. Si se ponen en una balanza los activos culturales y la guerra, pesan más los primeros que la segunda. Sin embargo, todo el imaginario que se ha construido de la zona se basa en la violencia y el temor, esto ha impedido que se conozcan las riquezas del Catatumbo, así como el talento y las costumbres de sus habitantes. Al evento asistieron representantes de la Pastoral Social de la Diócesis de Cúcuta, medios alternativos y comunitarios de la región, colectivos de jóvenes del Catatumbo y Norte de Santander, delegados de la ONU, el Observatorio rural de la Universidad de la Salle, comunidad Catatumbera, gremios industriales y profesionales del país interesados en el tema de discusión. PARES habló con Alejandro Salcedo, integrante de la Junta Administradora del ETCR El Negro Eliécer Gaitán, quien afirmó que los excombatientes tienen un interés por trabajar, en la práctica, por el bienestar de la región. Y como es una muestra en la práctica, es a partir de la palabra, a partir de la comunicación, a partir del encontrarnos con estos otros sectores con los cuales antes era muy difícil. Ese el nuevo escenario de lucha y de construcción. Es un ejercicio político de intercambiar ideas. Sabemos y estamos convencidos que no nos las sabemos todas, estamos clarísimos que necesitamos el concurso de muchos actores más para transformar esta realidad. Entonces, entre más seamos, más sabrosa es la discusión. El reto es grande, no sólo por el impacto estratégico que debe tener la campaña a implementarse, sino también por el necesario acompañamiento institucional para que se traduzca en la práctica todo lo plasmado. La reincorporación de las FARC no ha sido fácil debido a la lenta implementación de los Acuerdos y a los atentados políticos que desde el Congreso intentan hacerlo trizas. No obstante, las FARC están convencidas de sus nuevos espacios de lucha, de su nueva participación en este juego democrático. Milciades Mintú, integrante del ETCR el Negro Eliécer Gaitán, le aseguró a PARES que Esta apuesta que se está haciendo es, precisamente, para visibilizar la problemática que vivimos. Es una apuesta a la transformación de esa realidad en post de lograr los objetivos políticos y sacar adelante toda una región. No es solamente para el personal reincorporado, es actuar con toda la comunidad. Para nosotros la única arma será la palabra, pero parece que los acuerdos hubiesen contenido otro objetivo por parte de las “fuerzas oscuras”,como diría el ex presidente Santos. El Catatumbo, como muchas regiones del país, necesita operativos pero de inversión. No esos en los que se conoce la inversión del Estado con rafagazos o con la bota militar. Queda como deber ciudadano seguir atento a las iniciativas que atenten contra el posconflicto, como el artículo de la Ley de Orden Público que le daba facultades al Presidente para reactivar órdenes de captura contra integrantes de las FARC, o como la modificación a la Ley de Víctimas que afectaría directamente la restitución de tierras. Por último, el director del Observatorio Rural de la Universidad de la Salle, Jaime Forero Álvarez, le precisó a PARES que “las FARC tienen que ser muy conscientes de que la opción no es volver a la guerra. Y la sociedad tiene que ser consciente, y ese es nuestro trabajo, de que sí hay un posconflicto y de que podemos seguir ampliándolo».

Por: Redacción Pares y Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En las horas de la madrugada del 18 de noviembre, 6 personas, entre las que se encuentra un menor de edad, fueron encontradas asesinadas en circunstancias aún desconocidas en la vereda La Realidad, en Mapiripán, Meta. Todos los cuerpos eran de hombres y, según los habitantes, no eran habitantes de la región. El presidente Iván Duque ordenó al general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, desplazarse hasta el municipio para realizar un consejo de seguridad extraordinario y adelantar las investigaciones pertinentes. Según versiones iniciales brindadas por el Ejército, el hecho podría estar relacionado con bandas de narcotraficantes, pues en la zona tienen presencia Los Puntilleros, pertenecientes al Bloque Meta. Más allá de las versiones oficiales, ¿qué grupos ilegales actúan en la zona? Históricamente la guerrilla de las FARC hizo presencia en Guaviare y el sur del Meta a través de tres frentes: el Frente Primero, que abarcaba los municipios de Miraflores, Calamar, el Retorno y un área importante del municipio de San José del Guaviare, especialmente en la zona de Caño Mosco, Caño Blanco y Tomachipan por la margen izquierda del rio Inírida hacia abajo; el Frente Séptimo, cuyo territorio principalmente cubría el Corregimiento del Capricho en San José del Guaviare en toda la región del Guayabero; y el Frente 44, ubicado en la región suroriental del municipio de San José del Guaviare, desde el corregimiento de Charras Boquerón hacia el sur por toda la margen derecha del río Guaviare hasta el departamento del Guainía. Específicamente en Mapirpán, tenían presencia el Frente 39, el 43 y el 44. Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, tras el repliegue de las FARC hacia las zonas rurales de concentración, el departamento del Guaviare y el sur del meta se han convertido en el lugar de operaciones y de expansión del Grupo Armado Postfarc (GAPF) que ha unificado a parte del extinto Frente 1 y el Frente 7. Este GAPF, en un inicio, estuvo al mando de ‘Iván Mordisco’. Sin embargo, luego de que ‘Gentil Duarte’ abandonara su ETCR y el proceso de paz para volver a alzar las armas, el grupo ilegal quedó bajo su mando. Hasta diciembre de 2017, se sabía que este GAPF contaba con 550 hombres aproximadamente, entre disidentes, nuevos reclutas y desertores del proceso de reincorporación de las FARC provenientes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de San José del Guaviare y El Retiro, quienes fueron reclutados a través del ofrecimiento de dinero, armas y garantías de seguridad. El territorio de Mapiripán es controlado por alias ‘Giovanny Chuspas’, subordinado al poder de ‘Gentil Duarte’, y detenta, además, el control de Caño Jabón, sur de San Martín, sur de Puerto Gaitán y en el Vichada por la margen izquierda del Río Guaviare.

Por: Anamaría Corrales Acevedo, colaboradora Pares El 10 de diciembre se realizó una audiencia pública en el Congreso de la República sobre el estado de la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). Delegados campesinos de 13 departamentos, integrantes de la Junta de Direccionamiento Estratégico y del Consejo Permanente de Dirección de PNIS, así como de organizaciones de la sociedad civil, alcaldías y congresistas del partido FARC reiteraron mensajes que se han transmitido en múltiples escenarios: hay compromiso y cumplimiento de los campesinos que suscribieron los Acuerdos, pero hay muchos retrasos, incumplimientos, decisiones unilaterales, mensajes contradictorios en territorios y una gran incertidumbre proveniente del gobierno. Ante un viceministro, un funcionario del Ministerio de Justicia y uno de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos presentes parcialmente, los únicos asistentes a la audiencia por parte del gobierno nacional, se insistió en que la única salida es la sustitución voluntaria y concertada con cumplimientos, inversiones y dentro de la perspectiva integral que se establece en el Acuerdo Final de Paz. Volver a lo esencial Esta es una oportunidad volver a lo esencial que está recogido en el Punto 4 del Acuerdo Final de Paz y evitar desviarse en ataques o nuevas ideas fragmentadas: el PNIS se integra a la Reforma Rural Integral (RRI) y se construye conjunta, participativa y concertadamente; tiene un enfoque diferencial; parte del respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana y promueve la sustitución voluntaria. Además, requiere de condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito y está estipulado que se desarrollarán Planes Integrales comunitarios y municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), además de enfocarse en los 13 objetivos allí establecidos, todos estructurales. El PNIS es en sí mismo un programa que no tiene sentido, no está concebido aislado, ni es de subsidios: “Es importante tener en cuenta que el éxito del Programa depende entonces de los avances en la implementación del Punto 1 sobre RRI, partiendo de la formalización de tierras, el catastro multipropósito y los Planes Nacionales para el desarrollo rural, compromisos que no han tenido hasta el momento ningún avance significativo. Si esto no avanza, el PNIS se va convertir en un típico programa de desarrollo alternativo como los ejecutados en marco del Plan Colombia o el Plan Consolidación y que definitivamente fracasaron” (p. 128). Es importante que no haya egos ni voluntarismos políticos que se atraviesen y que la visión sea de largo aliento con la concurrencia de las entidades responsables del desarrollo territorial: “El PNIS no tiene la capacidad de construir bienes públicos; por esa razón, en el marco de los PISDA y el PAI comunitario, el PNIS debe convocar a las instituciones competentes para adelantar estas obras” (p. 17). Igualmente, el PNIS está concebido como un eje de una estrategia integral para la solución al problema de las drogas ilícitas y requiere el trabajo articulado con los puntos 4.2 y 4.3 del Acuerdo Final de Paz: Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, para incidir en la calidad y el respeto de vida y atacar los principales movilizadores de violencia en los territorios. El tema no es de hectáreas, es de vida, de derechos, de dignidad, de equidad. Adicionalmente, el PNIS requiere la reglamentación del Tratamiento Penal Diferencial para evitar “la profundización de la desconfianza que tienen las comunidades respecto a la institucionalidad, pues representa cierta inseguridad jurídica para los cultivadores” (p. 132). Así mismo, cada campesino que firmó el acuerdo individual con el gobierno debe tener una copia del documento, porque allí consta su voluntad y los compromisos que asumieron las partes. Eso corresponde a un acto de justicia y derecho. Pero sobre todo, hay que volver al espíritu del punto 4.1 del Acuerdo, la concertación: las políticas de sustitución diseñadas unilateralmente desde un escritorio están llamadas a fracasar. Si bien se habla de una nueva hoja de ruta que está construyendo el gobierno nacional, el país ya cuenta con una hoja de ruta que se concertó en agosto de 2017 con el Consejo Permanente de Dirección provisional, que se socializó a los campesinos, que incluye los temas de tiempos, maneras de superar las diferencias de datos inconsistentes, los elementos de socialización, concertación, monitoreo, temas productivos, desarrollo, incluyendo la elaboración e implementación del PISDA que aún no avanza en ninguna parte, entre otras, y que si se aplica como está concebida generará las garantías para una sustitución eficaz e incluyente con los campesinos en la ruta del desarrollo (disponible en Vidas sin coca, p. 157 del impreso y p. 77 de la versión digital). Así mismo, se requiere que las instancias de orden nacional, la Junta de Direccionamiento Estratégico y el Consejo Permanente de Dirección se convoquen y cumplan sus funciones establecidas en el Decreto Reglamentario 362 de febrero de 2018 y que se realicen los consejos consultivos o grupos temáticos. Así como la Misión de Verificación ONU ha sido un garante para unos puntos del Acuerdo y la de Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos participa activamente en la Mesa Técnica de Seguridad, se requiere el acompañamiento internacional de la UNODC y la Comisión Global de Drogas como quedó establecido en el punto 6.4.2 del Acuerdo Final de Paz. Los recursos del PNIS no deben ser aislados de los del desarrollo Hay que definir conjuntamente los territorios, con presupuesto socializado y rendición de cuentas que no se ha hecho, y la ruta de intervención en municipios con Acuerdo o sin Acuerdo pero con voluntad: no hay territorio del país que no merezca ser tenido en cuenta. Por eso más que recursos para el PNIS son recursos para la vida y el desarrollo. La comunidad y la cooperación internacional podrán apoyar como han hecho históricamente, pero, ahora, a través de un programa con visión de desarrollo, no con un programa que se quede en asistencialismo que ya se sabe no funciona: “pareciera que las estrategias de desarrollo alternativo que se han diseñado e implementado en los territorios carecen de sostenibilidad. Hasta el momento, la pretensión de los Gobiernos por proveer de opciones socioeconómicas lícitas para las comunidades que han recurrido a la siembra y venta de hoja de coca como un medio de subsistencia, se ha centrado en el reemplazo de los ingresos que obtienen los campesinos por cuenta de esta actividad, esto a través de dos figuras: subsidios de asistencia alimentaria de transición, y proyectos productivos. La estrategia de familias guardabosques estaba contemplada para un periodo de 24 meses y consistía en acciones similares a lo que se hizo en el marco del plan Colombia, y que también fracasó” (p. 121). Frente a rezagos y retos, acciones Por otra parte, el análisis que presenta el informe sobre incremento de cultivos en departamentos permite hacer dos inferencias muy importantes: 1. La manera como se ha implementado el PNIS y como se anuncia continuará, hacen parte del riesgoso fenómeno de un mayor número de familias que se dedican al cultivo de uso ilícito sin otra solución. Acá unos ejemplos: – Si en Nariño hay 27 municipios afectados y solo en Tumaco se está implementando el PNIS con una población cercana a 16 mil familias de solo dos zonas del municipio y solo 8.000 están recibiendo el primer componente ($1 millón mensual), se entiende que “la tendencia de los cultivos en ese departamento es de incremento y desconcentración, tendencia que es atraída casi exclusivamente por lo que sucede en Tumaco, pues el aumento significativo en el resto de los municipios responde las actividades de erradicación forzada en Tumaco” (p. 105). La coca ‘se mueve’ y más cuando el PNIS no entra a los otros municipios, 13 de los cuales ya tienen acuerdo colectivo firmado pero se sigue diciendo que aún no se ampliará. – Si Antioquia tiene 25 municipios con coca y el PNIS está iniciando apenas en 4 (Briceño, Anorí, Cáceres, Tarazá), se está condenando a los campesinos a continuar con la coca. En municipios como Ituango, Valdivia y Campamento se firmó el Acuerdo colectivo, se iniciaron las inscripciones y se truncó la intervención. ¿Qué pasa con los campesinos de esos municipios? – En Norte de Santander son 15 municipios afectados y “la firma del Acuerdo Regional sólo se dio en dos municipios: Tibú en donde 2665 familias suscribieron el acuerdo, y en Sardinata otras 300. Sin embargo, a diciembre de 2017 sólo en algunos núcleos veredales de Tibú, 216 familias que decían cultivar 245 has de coca alcanzaron a surtir la fase de preinscripción, inscripción y primer pago […]” (p. 108). – En Cauca, de 16 municipios afectados, en 2017 se firmó acuerdo en Miranda y en 2018 en Argelia; así que en un territorio tan complejo ya se le ha dicho a 14 municipios que no podrán entrar al programa. ¿En qué se traduce en cuanto a dependencia económica, seguridad, derechos de esas familias? 2. Hay una relación directa entre territorios con intervenciones muy parciales del PNIS y los hechos de victimización que tanto preocupan: “Los principales tipos de liderazgos victimizados son los miembros de Juntas de Acción Comunal que promocionan la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y denuncian la presencia de economías ilegales o personas vinculadas a la criminalidad […] Las regiones más afectadas por victimizaciones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son Antioquia, Cauca y Nariño […] A la fecha han sido asesinados al menos 36 líderes sociales que promovían la sustitución de cultivos” (pp. 15, 135). Como señaló en julio de 2018 Ramiro Cortés, integrante del Consejo Permanente de Dirección: “el programa de sustitución no ha fallado porque aún no se implementa. A lo que nosotros aspiramos es generar un ambiente propicio para que se avance y la implementación del programa sea integral, es decir, que los componentes vayan llegando uno tras de otro, como está establecido en la hoja de ruta”. Equidad con inversión Celebrar la voluntad de las familias y comunidades va más allá de un tema coyuntural o de enfoque de gobierno: la gente quiere salirse de la ilegalidad con soluciones estables de largo aliento. Requieren bienes públicos, desarrollo y oportunidades como se ha prometido. Solo se logrará la equidad con presencia y concurrencia del Estado, con una decisión de atacar el paramilitarismo y las redes que se lucran del narcotráfico, con inversión en vías, salud y educación de calidad, para promover la cultura de la legalidad, crear confianza en el Estado y la defensa de la vida para que la paz no le cueste la vida a más colombianos.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Ayer, luego de la final del fútbol colombiano, con el país embrutecido por el juego de la pelota, también en festividades navideñas, un 16 de diciembre y cuando el país literalmente está de vacaciones, la vieja clase política, los partidos tradicionales, liderados por Cambio Radical y el Centro Democrático, este último el partido de gobierno, le han propinado un golpe mortal a la democracia Colombiana. Por un lado, aprobaron una reforma política, la cual en la vida real no tiene nada de reforma, es una contra reforma. A medida que avanzaban los debates, y a medida que las festividades navideñas se venían encima, los políticos tradicionales fueron desmembrando la reforma: no aprobaron el tribunal electoral, no modificaron el CNE, no hay listas cerradas, no hay paridad de género, en fin, no se aprobó nada de la reforma. Pero a medida que quitaban lo reformador, metían micos. Por ejemplo, anoche después de las 7:00 p.m. aprobaron que ahora los senadores puedan ser ministros. Es decir, colapsa lo poco de independencia entre el legislativo y el ejecutivo y, de ahora en adelante, todo o casi todo será una transacción burocrática. Acabar con la independencia de poderes es volver esto un Estado autoritario. Luego, un poco más tarde, cuando en la tv solo se veía la repetición de los goles de la final de fútbol, la coalición de gobierno aprobó la segunda vuelta para la elección de alcalde en Bogotá. Pueden ver la repetición de la trasmisión, fue vergonzosa la amenaza de saboteo que hizo Cambio Radical para aprobar este monstruo. La vieja clase política sabe que el país está cambiando y, que desde 2022 y hasta 2027, los jóvenes, los menores de 36 años, serán los que elegirán mandatarios. Como saben que este cambio los barrerá, ahora quieren detener la democracia a partir de modificar la Constitución. El tema es muy sencillo, Cambio Radical aspira a pasar a segunda vuelta en la disputa por la alcaldía de Bogotá y conseguir el apoyo del Centro Democrático y a la inversa. Con ello, aspiran a detener cualquier candidato progresista y así mantener la alcaldía de Bogotá. Como se sabe la administración de Peñalosa se ha sustentado en el apoyo del uribismo y el Vargasllerismo. Le quiero decir a la clase política tradicional, a los Uribistas y Vargas Lleristas o, mejor, a los militantes del Centro Democrático y Cambio Radical, que ellos fueron los que prometieron que, si ganaban, Colombia no se volvería como Venezuela, ahora con todo esto que están aprobando, los más autoritarios, déspotas y populistas son estos dos partidos. El daño que le harían a la democracia Colombiana sería devastador, lo hacen como los ladrones, en la oscuridad y cuando nadie los ve. Ese es nuestro Congreso.