Por: León Valencia, director – PARES No les importa nada. No les importó que un Acuerdo de Paz tuviera como petición central una reforma política y que las partes establecieran una comisión de expertos para hacer recomendaciones juiciosas, pertinentes, equilibradas. No las quisieron acoger. No les importó la gran votación antisistema de las elecciones presidenciales. No les importó la consulta ciudadana anticorrupción. Son sordos. Son invulnerables a los llamados de atención. No quieren reformar la política. Nada transformador pasa por el Congreso. Mil veces se les ha dicho que es necesario y urgente reformar al Consejo Nacional Electoral porque es un órgano controlado por los partidos, es decir, por los mismos sujetos de su vigilancia y control, un órgano sin ganas de vigilar y sin dientes para castigar las irregularidades. Otra vez se habló de avanzar hacia un tribunal independiente con capacidad de juzgar a quienes cometen delitos electorales que no son pocos en Colombia y no son propiamente pecados veniales. También se ha hablado de rescatar la Registraduría de las manos de los políticos para conjurar el fraude que elección tras elección asoma la cabeza y que se manifestó de manera vergonzosa en el robo a las curules del movimiento Mira en las elecciones de 2014. Mil veces se ha discutido sobre la perversidad de la financiación electoral en Colombia. La grave influencia de los dineros ilícitos o  el robo descarado de los recursos públicos para poder competir en esa feria de grandes inversiones con las que se compran los votos y las conciencias. Así las elecciones se convierten en una competencia perversa donde los partidos son apenas notarios de las candidaturas y observadores de una contienda en la que gana el que más dinero haya acumulado saqueando al Estado o recurriendo a las mafias. Las listas cerradas, la presencia paritaria de las mujeres, el fortalecimiento de los partidos para que rescaten el debate político y la calidad de sus representantes, han sido ambiciones de las fuerzas reformadoras y se pensaba que el campanazo de la caída de los partidos tradicionales en las contiendas electorales de este año, los resultados de la consulta anticorrupción con sus once millones setecientos mil votos y el ascenso de las fuerzas de izquierda, serían alertas suficientes para que las fuerzas políticas se dispusieran a las reformas. No ocurrió así. Al contrario, los congresistas aprovecharon la discusión para meter, en una reforma mutilada, la idea de que los parlamentarios puedan ser designados ministros. Vean ustedes qué astucia. Se pretendía una reforma para quitarles prerrogativas a los parlamentarios y, de aprobarse lo que está consignado hasta el momento de escribir esta columna, quedarían con más vuelo, con mayor capacidad de negociación con el ejecutivo. No les importa porque la sanción moral y política para estas actitudes no ha sido mayores hasta el momento en Colombia. Algunas veces se producen sanciones judiciales, como en el caso de la parapolítica, donde 61 parlamentarios fueron condenados en los casos recientes de sobornos donde el Ñoño Elías y Musa Besaile, los parlamentarios más votados en 2014, han sido vinculados a procesos penales. Pero lo más corriente es que luego se hacen elegir en cuerpo ajeno a través de sus familiares y sus tenientes políticos y siguen actuando en la vida pública desde las cárceles por mano ajena. A la hora que escribo esta columna, domingo en la mañana, aún van a hacer un último intento en esta legislatura para pasar la reforma política, lo harán en la tarde. Cualquiera sea el resultado la frustración es enorme. Sea que siga su curso el texto mutilado o sea que definitivamente se hunda la reforma, no habrá cambios sustanciales en la escena política y volveremos a la discusión sobre la imperiosa necesidad de transformar las costumbres electorales en Colombia.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Orlando Sierra, columnista y subdirector del periódico La Patria de Manizales, murió a causa de un disparo que recibió a la 1:49 de la tarde del 30 de enero del 2002 a tan solo unos metros de la sede principal del periódico, mientras iba caminando en compañía de su hija. Durante dos días, Sierra luchó por su vida, sin embargo, murió en el Hospital de Caldas el 1 de febrero a las 8:35 de la noche. Pese a que Luis Fernando Soto Zapata fue capturado por la Policía minutos después de que ocurriera el ataque, el 11 de diciembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 36 años contra Ferney Tapasco Gonzalez, autor intelectual del homicidio. Tapasco era, por ese entonces, uno de los políticos más poderosos de Manizales y había sido vinculado en varias ocasiones a presuntos actos de corrupción. La primera condena en su contra se dio el 24 de junio de 2015 y fue ratificada hace unos días por la Corte. Según el alto tribunal, la causa del asesinato se debió a que Tapasco había sido mencionado por Sierra en una de sus columnas. La Corte afirmó que Sierra en su columna «criticaba de manera constante a la coalición política gobernante y con nombre propio a sus dirigentes, entre ellos, al señor Tapasco González, por la actuación administrativa realizada, por la vinculación con contratos estatales a familiares y por gestión que hacía en procura de los intereses de su hijo Dixon Ferney Tapasco, ante la pérdida de investidura que afrontaba». Tapasco ya había tenido inconvenientes con Sierra: lo había golpeado y además le había enviado una amenaza de muerte, historia que Sierra le contó a su amigo Flavio Restrepo. Después de estas dos acciones, fue asesinado. El fallo de la Corte también dice que los hermanos y políticos de la región, Fabio y Jorge Escobar, fueron encargados por Tapasco para contratar al sicario que asesinó a Sierra. De hecho, la Corte afirma en ese fallo que hubo varias reuniones antes de concertar el asesinato de Sierra, una de ellas en la oficina misma de Tapasco. De esas reuniones son testigos Carlos Arturo Molina y Luis Eduardo Vélez Atehortúa, ambos dijeron que escucharon a Tapasco dar órdenes para asesinar a Sierra. Carlos Arturo Molina atestiguó cómo Tapasco le dijo a Tilín ―líder del grupo de sicarios―: «Necesito que me cuadre a ese hijueputa de La Patria, Orlando Sierra». Por su parte, Luis Eduardo Vélez también atestiguó que oyó a Tapasco decirle a su hijo “a ese hijueputa de Sierra no quiero verlo vivo mañana a la hora del almuerzo«. Con esas y otras pruebas, el fallo del Tribunal Superior de Manizales afirmó que «Francisco Ferney Tapasco González ordenó la muerte de Orlando Sierra Hernández, para lo cual dispuso que los hermanos López Escobar contactaran a los sicarios encargados de materializar el delito». Así entonces el 11 de diciembre de 2018 la Corte ratificó la condena de 36 años contra Francisco Fenery Tapasco González por su autoría intelectual en el asesinato de Sierra. ¿Quién era Orlando Sierra? Sierra había nacido en Santa Rosa de Cabal en 1959. Sin muchos recursos, logró hacerse bachiller, siempre con la meta de estudiar literatura y ser escritor. Así pudo llegar a Manizales donde estudió filosofía en la Universidad de Caldas. En Manizales se vinculó a La Patria en el año de 1985. Primero fue columnista cultural, luego asistente de Dirección y finalmente encargado de la sección Fin de Semana. Poco a poco se convirtió en jefe de redacción y Subdirector de ese periódico y también empezó a escribir una de las columnas más importantes de Caldas ―Punto de Encuentro― en la cual criticaba fervi

Por: Sergio Saavedra – Redacción Pares “Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener”, dice un pendón que yace colgado en la escuela que fue reconstruida después de la guerra en Pita Capacho, Sucre. Hace ya dos años, en 2016, el artista Juan Manuel Echavarría recorría Montes de María fotografiando escuelas que habían sido víctimas de la guerra, escuelas que en principio sobrevivían a la ausencia permanente del Estado y a la violencia que perpetraban los grupos armados en esa región. Cuando Juan Manuel y Fernando Grisales —quien hace parte del equipo de trabajo de la Fundación Puntos de Encuentro—en compañía de un habitante de la comunidad llegaron a lo que quedaba de escuela en Pita Capacho, se dieron cuenta que, a diferencia de las escuelas que habían visitado (más de 150) en lugares como Mampuján o en San Jacinto, en esta se estaba dictando clase. Con una temperatura cercana a los 40°c, una incasable profesora se negaba dejar los procesos de aprendizaje de los niños de la comunidad. Los niños, al igual que ella, tenían que caminar por horas entre el barro, el calor y la espesura para llegar a la escuela de Pita Capacho, que no tenía electricidad ni agua. Allí mismo, se dictaron miles de horas de clase durante meses, gracias a Elia Mendoza. Este acto de altruismo, en palabras de Juan Manuel —quien es además el director de la Fundación Puntos de Encuentro— permitió que se tejiera por dos años un proyecto en el que no solo se reconstruyó la escuela, sino que también aportó a reconstruir el tejido social en la comunidad de Pita Capacho y de San Onofre, Sucre. Continuar con una nueva vida fue la consigna de este 6 de diciembre de 2018 —fecha de reinaguración— cuando la comunidad entre gaitas, tambores, bailes, tejidos y gastronomía celebró el retorno de la dignidad. Foto: Sergio Saavedra El día de la reinauguración Desde 1962 no se hacía una escuela, dicen los pobladores. 58 años después, el pasado jueves 6 de diciembre, al comunidad se reunió para reabrir las puertas de la escuela a la niñez de Pita Capacho. “Cuando aparece la luz del día, que va anunciando su claridad, tus hijos sueñan de noche y día con una Colombia en paz (…) con machete, chalupa, mula, manos de hierro y fe de acero continuaremos en pie de lucha”, cantan los habitantes antes de que cinco niños de preescolar y tres de quinto de primaria reciban su grado en el marco de la reinauguración. Después de los actos protocolarios, las sabedoras se tomaron la palabra, enfatizaron que los esfuerzos adelantados por la comunidad y la Fundación nada tienen que ver con ayuda recibida por la gobernación o por el Estado, ni siquiera por el rector del colegio. Este último es un personaje que, aun sin forma, hace parte de estos pasajes, se llama Alfredo José Sierra Chopenera y no tiene forma porque, según lo dicen las seño’, no aparece en el colegio desde hace años. El día de la reinaguración no se presentó, eso sí, antes mandó unas desteñidas palabras al respecto y dijo —de forma indignante para la comunidad como lo hicieron saber los gestos de desaprobación— que la no continuidad de la profesora Elia Mendoza en la escuela de Pita Capacho no obedecía a ningún conflicto de interés. Así están las cosas, Elia Mendoza quién estaba entregando los diplomas de los primeros niños graduados en mucho tiempo, y quién fue la que permitió que este proyecto, era notificada de su despido por un acto de desfachatez que enviaba desde Sincelejo el “rector”. Elía Mendoza – Foto: Sergio Saavedra *** Llegar a la escuela de Pita Capacho desde San Onofre toma casi dos horas, de las cuales una hora y media se recorren por trochas que convierten las motos en una suerte de cuatrimotos. Entre kilómetros y kilómetros de palma de aceite se asoman las montañas del corredor de Montes de María. Como dicen en la comunidad, es tanta la palma de aceite que desplaza que “ya no se ven campesinos, ya no hay a quien saludar”. Foto: Sergio Saavedra La escuela que hace dos años era un salón inhóspito, hoy cuenta con agua potable, electricidad solar, cancha de fútbol, cocina y un kiosco que configuran la idea de un espacio digno para los procesos de saberes que la comunidad genera. Un grupo de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Bolívar y un antiguo profesor de la Universidad del Valle se las ingeniaron con la comunidad, literalmente, para crear un sistema que permitiera procesar los flujos de aguas y así permitir que los niños de la escuela pudieran tomar agua y se puedan cocinar los alimentos con la misma. También, pensaron la forma de aprovechar el sol que enardece los verdes del corredor de Montes de María para generar una planta de energía solar que alimente las necesidades y demandas de la escuela. Foto: Sergio Saavedra “Tiza, tablero y lengua no convence a los niños” “Retorna la paz cantando a los Montes de María, este es el bonito día que vivíamos esperando. Hoy la gaita va llevando nueva melodía sonriente, se oye el eco de la fuente que en el cerro va corriendo y con arte vamos tejiendo esta vida nuevamente”. Estos versos fueron cantados en el renacimiento de la escuela rural de Pita Capacho. Y es que allá insisten en que la apuesta está en la oralidad, el baile y la música. Deisy León Vergara, profesora de danza de la escuela, habla de la importancia de utilizar el cuerpo como vehículo de su enseñanza, remitiéndose a su experiencia como mujer para compartirla hacia los niños. Por eso le da gran importancia al baile –y a la cultura en general-, para que los niños y niñas la transmitan y se conozcan. Para Deisy, “por medio del cuerpo -aparte del baile- nos reconciliamos: actividades como la pintura permiten observar lo que los niños expresan y quieren ser en un futuro a pesar de haber vivido la guerra o estar viviéndola”. Estas líneas son de una pequeña Colombia que entre palma de aceite cocina, baila, canta y teje paz. Sin embargo, como lo señalo Juan Manuel Echavarría: “El Estado es quien debe hacerse cargo de la reconstrucción de las escuelas, porque la educación fue víctima de la guerra”. Cierra su discurso en la reapertura de la escuela diciendo que “fue la ausencia del Estado la que permitió esta guerra”. En la parte posterior del aula, está colgada la fotografía del tablero de lo que en algún momento fue la escuela y a lo que la comunidad espera decirle adiós. La memoria también es un vehículo para resignificar las experiencias de un conflicto indigno.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes que se debe ocupar la curul de Jesús Santrich, pese a que su situación judicial se encuentra en veremos por una solicitud de extradición en su contra. El fallo del Tribunal se dio después de que el partido FARC, a través de Pablo Catatumbo, interpusiera un recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para impedir que la curul de Santrich quedara en ‘silla vacía’. Así las cosas, el que va a tomar el puesto de Santrich en el recinto será Benedicto de Jesús González. Benedicto nació en Mompox, Bolívar en 1969. Inició su carrera política en 1988 en la Juventud Comunista. Estudió Derecho algunos años en la Universidad del Atlántico en 1992 e hizo parte del Partido Comunista Colombiano. Fue hasta el año 2001 el presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (Sindiba). Sin embargo, tras las constantes amenazas a su vida y falta de garantías de seguridad, ingresó a las filas de la extinta guerrilla de las FARC, donde estaba Jesús Santrich. Junto a Santrich militó durante 15 años en el Bloque Caribe de las extintas FARC. “Soy un militante que pasó por la insurgencia, luego de haber sido dirigente sindical y que por falta de garantías tuvo que irse al monte para salvar la vida”, dice. González dejó las armas en el 2017 después de la firma del Acuerdo de paz; además, realizó su proceso de reincorporación en el ETCR Amaury Rodríguez ubicado en Fonseca, Atlántico. González también se desempeñó en el equipo de pedagogía del Acuerdo, del que hicieron parte 60 delegados escogidos por FARC en todo el país. González era el segundo en la lista de la FARC en Atlántico, por eso fue designado para que ocupe la curul de manera transitoria mientras se resuelve la situación jurídica de Santrich. El ahora representante también hace parte de los 111 miembros del partido que hacen parte del Consejo Nacional de los Comunes De hecho, en una entrevista realizada por la revista Semana, González afirmó que “en el fondo mi actividad fue siempre política con todas las organizaciones sociales del departamento [La Guajira], con la propia gobernación y los medios de comunicación. Nuestro papel fundamental siempre ha sido impulsar la implementación del Acuerdo”. Gonzalez afirmó que su tarea en la Cámara será la de impulsar la implementación del Acuerdo como, en efecto, lo ha hecho desde que empezó el proceso de paz. Pues ha hecho parte del equipo de pedagogía del Acuerdo y también ha ayudado en el proceso de reincorporación desde su ETCR, además ha trabajado en el ETCR de Pondores en La Guajira, donde se encontraba justo antes de ser nombrado representante. Así entonces, a diferencia de los otros congresistas del Partido FARC, llega el primer congresista que estaba en territorio inmediatamente antes de entrar al recinto.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Pese a que el 12 de diciembre fue tumbada la proposición aditiva que buscaba permitirle al Gobierno reactivar las órdenes de captura contra miembros de la extinta guerrilla de las FARC, las pretensiones del Centro Democrático para atacar el Acuerdo de Paz son claras. En la Ley de Orden Público, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada pretendió añadir un artículo para que las órdenes de captura ya suspendidas pudieran volver a hacerse efectivas. Lo preocupante del caso, es que la propuesta tuvo eco en el Congreso, pues fue aprobada en primer debate con 119 representantes votando a favor y tan solo 20 en contra. Al respecto, la Misión de Verificación de la ONU afirmó que la propuesta aditiva de Prada “tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los exmiembros de las FARC-EP que han hecho dejación de armas y están en proceso de reincorporación». La proposición aditiva no hace referencia explícita a los excombatientes reincorporados, quienes no constituyen hoy, como lo reza la proposición, una “organización armada al margen de la ley”. Sin embargo, el mismo día que la propuesta pasó el primer debate, el 11 de noviembre, el líder del Partido FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, le envió una carta a Hernán Darío Velázquez alias ‘El Paisa’, diciéndole que está dispuesto a viajar hacia donde él se encuentre para acompañarlo a presentarse ante la JEP. “Camarada, hermano, si usted lo considera pertinente, yo mismo me ofrezco para viajar al lugar donde usted se encuentre, con el propósito de acompañarlo en su viaje a Bogotá, para que se sienta más tranquilo en su presentación en la JEP. Sobra decirle que el equipo jurídico del partido le brindará todo el apoyo necesario”. Así entonces, el líder de ese partido ha expresado su vocación para continuar con lo pactado en el Acuerdo de paz. Ahora, pese a los intentos de destruir el Acuerdo, la participación política de la FARC parece no tener vuelta atrás. La curul de Jesús Santrich, que estaba en ascuas por la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra, se salvó después de que un fallo del Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que, en un plazo de 48 horas, llame a lista al siguiente candidato del Partido FARC para que ocupe esa curul y no quede en silla vacía. El siguiente de esa lista sería entonces Benedito de Jesús Montenegro, quien ahora va a fungir como representante del departamento de Atlántico, mientras se resuelve el futuro judicial de Santrich. Antecedentes El martes 11 de diciembre de 2018, fue aprobada en primer debate la adición al proyecto de ley de orden público, presentada por el representante Álvaro Hernán Prada. Esta proposición en el artículo 3 de la ley le hubiese permitido al Gobierno solicitar la reactivación de las órdenes de captura contra miembros de la extinta guerrilla que hayan sido suspendidas. El artículo afirmaba que esto solo podrá hacerse “en casos excepcionales y por motivos de seguridad o de interés público”. Como ponente, Prada incluyó diez artículos que no habían sido discutidos anteriormente en las comisiones conjuntas, en las que se aprobó el proyecto en los dos primeros debates. Fue Prada quien añadió el nuevo párrafo al artículo 3 de la Ley. Esta propuesta caldeó los ánimos de la oposición en el Congreso. Pues, de inmediato, 119 representantes la votaron a favor y tan solo 20 en contra. Una de las principales críticas frente a esta aprobación fue la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus. La representante expresó que no se les permitió intervenir. Además, como símbolo de protesta, Goebertus, junto con otros congresistas opositores, abandonaron la Cámara para acabar con el quórum. “Es preocupante lo que sucedió en plenaria, una proposición aditiva pretende levantar la suspensión de las órdenes de captura de los excombatientes de las Farc. Fue una proposición que no se discutió, que el ponente no expuso y el presidente de la Cámara no dio espacio para quienes estamos en desacuerdo con ello”, afirmó Goebertus. No es la primera vez que en el Congreso se le niega la palabra a la oposición, lo mismo había sucedido en el debate de Odebrecht cuando se violó el derecho a réplica.

Por: Redacción Pares Rosando ya la media noche del lunes 10 de diciembre, el presidente Iván Duque sacudió las Fuerzas Militares con los nombramientos de la nueva cúpula militar, que, como dijo el mandatario “deberán sacar adelante el ‘Plan Bicentenario”. Este hecho, para el analista político León Valencia, “se proyecta como el regreso de la Seguridad Democrática”. Este anuncio viene después de que el jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, reprimiera públicamente al presidente Duque con la frase “necesitamos que Duque enderece, porque si no endereza, nos va muy mal». Con el cambio de cúpula militar, el presidente Duque envía la señal de que está mirado el espejo retrovisor, por lo que ha girado el timón hacia la bandera de la seguridad. Precisamente, el ‘Plan Bicentenario’ plantea la seguridad como idea de gobernabilidad, desbancando el prematuro paso de la corrupción y de la inequidad. Esta es la nueva movida de ficha del presidente Duque para dar marcha a su discurso en campaña de ‘el que la hace la paga’, y el paso del ‘postconflicto’ al discurso de ‘legalidad’ y ‘estabilización’. Esta decisión viene a cuatro meses de la posesión de un gobierno que ha chocado con varios sectores sociales en las calles, que mantiene una desfavorabilidad histórica y unos proyectos de ley que no logran pasar en el Congreso. Plan Bicenteriano En palabras del presidente Iván Duque, en la noche del martes 11 de diciembre y en presencia de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y el Ministro de Defensa Botero, se hizo efectiva la nueva hoja de ruta del también denominado ‘Plan de Guerra’, documento secreto que marca la estrategia para los próximos cuatro años. El plan tiene un capítulo sobre planes para enfrentar al ELN, lo cual no advierte un horizonte positivo para las negociaciones de paz. El discurso de Iván Duque, hoy como jefe de fuerzas militares, no hizo referencia en ningún momento a paz e implementación. En cambio, sí se refirió a la nueva cúpula que “con gran experiencia en inteligencia y contrainteligencia”, y a partir de consejos de seguridad, buscarán “recuperar territorios para que los colombianos sientan el más puro de los bienes públicos, la ausencia de miedo y la ausencia de violencia”. El plan de choque de ‘el que la hace la paga’ ha permitido, según el mandatario, una “reducción integral del delito del 14 %, y más de 500 municipios sin ningún homicidio”. ¿Quiénes conforman la nueva cúpula militar?

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Después de que la magistrada en ejercicio, Margarita Cabello, renunciara a la terna para Fiscal ad hoc presentada por el presidente Iván Duque a la Corte Suprema de Justicia, el presidente tuvo entonces que escoger un nuevo ternado. Se trata de Gilberto Orozco Orozco, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre. Orozco es experto en derecho laboral, no penal, y ha hecho carrera en la rama judicial. Además, fue viceministro de Fabio Valencia Cossio cuando este era ministro de Interior y de Justicia y el presidente era Álvaro Uribe Vélez. En el año 2000, después de ser elegido presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el fundador de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Laborde, hizo un cóctel en su honor. Al respecto, el abogado Rodrigo Bejarano le dijo a la Revista Semana que Orozco “es una persona que representa los intereses de la Universidad Sergio Arboleda. Los ternados tienen ese común denominador, los tres han sido profesores de esa universidad, los tres son cercanos al rector Rodrigo Noguera Laborde, cuya esposa es hoy la superintendente de Notaría y Registro, es decir lo que ha mostrado el señor Duque es que en materia jurídica está dispuesto a hacer todo lo que le diga una universidad que es un baluarte de la ultraderecha colombiana”. Lo paradójico de su nombramiento como ternado es que el mismo Orozco había criticado anteriormente la figura de fiscal ad hoc en el programa radial ‘La Voz del Derecho’, diciendo que es un “entuerto que formó la Corte”. Hoy, después de ser elegido por Iván Duque para figurar en la terna de los tres elegidos, Orozco ha matizado sus palabras, pues dice que “puede darse una contradicción entre la opinión y la autoridad. Lo que prevalece es la autoridad». Orozco es conjuez del consejo de Estado y ha sido también presidente del Consejo Superior de la Judicatura. También ha sido Director General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, jefe de la Oficina del mismo ministerio, Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (que tiene que revisar su hoja de vida para ser fiscal ad hoc) y Magistrado de Carrera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Pero las raíces de Orozco no provienen del uribismo sino del conservatismo. El guajiro es hijo de Julio Orozco Dangond, exgobernador conservador de la región. De hecho, el excongresista del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, afirmó que no es miembro de ese partido ni lo reconocen con facilidad. Sin embargo, su constante afinidad con el actual gobierno es clara. Orozco también es primo hermano de Ernesto Orozco Durán, ex director de Comfacesar ―la caja de compensación del César―. Actualmente, Orozco Durán, está recogiendo firmas para lanzarse a la Alcaldía de Valledupar en el 2019. El primo hermano del hoy ternado también ha sido miembro del Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar, desde donde se eligió rector a Raúl Enrique Maya Pabón. Cabe aclarar que Gilberto Orozco Orozco había sido elegido para ser conjuez en la elección de Maya Pabón, sin embargo, se declaró impedido por un presunto conflicto de interés, pues su primo hermano hacía parte del Consejo Directivo. Raúl Enrique Maya Pabón que, en efecto, fue elegido rector de la UPC el 16 de febrero de 2010, terminó siendo inhabilitado por 12 años por la Procuraduría, pues, de acuerdo con informe de la Procuraduría, Maya Pabón habría permitido que entre 2010 y 2011 se reflejara un incremento irregular en su salario y en la de otros seis funcionarios de la UPC. Así las cosas, en el 2011 se anuló la elección de Maya Pabón como rector. La familia de Orozco Orozco se ha movido bien en la política de la región. El antes crítico de la figura del fiscal ad hoc, que terminó siendo ternado y hermano del que podría ser el futuro alcalde de Valledupar, puede también ser el próximo fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El proyecto de Ley 152 de 2018 propone cambios sensibles sobre el control gubernamental en los medios públicos en Colombia, entre otras cosas, la eliminación inminente de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). A falta de una semana para el trámite de leyes, las críticas han llovido ante el proyecto que lidera Sylvia Cristina Constain Rengifo, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El proyecto fue aprobado en primer debate el jueves 6 de diciembre por parte de las comisiones Sextas del Senado y Cámara de Representantes. Como el proyecto viene con mensaje de urgencia, le resta un segundo debate que definirá su viabilidad el próximo año. La propuesta ya ha desatado varias críticas, una de ellas por parte del canal de Youtube de opinión de El Espectador, La Pulla, quienes el jueves 6 de diciembre aparecieron con Santiago Rivas, presentador del programa de Señal Colombia ‘Los Puros Criollos’, señalando los peligros de la Ley. Luego de la publicación del vídeo, el programa ‘Los Puros Criollos’ fue sacado del aire. Hay que tener en cuenta que Señal Colombia es un canal público, lo que abrió un capítulo de discusión ante la opinión pública sobre la censura impuesta por el nuevo gobierno y la independencia de las instituciones. Ahora bien, cabe recordar que el gobierno ha dado claras muestras de querer transformar la programación de los medios públicos. El pasado lunes 27 de agosto, el presidente Iván Duque nombró a Juan Pablo Bieri—quién trabajo en la campaña del presidente del Centro Democrático— como el nuevo gerente de la Radio Televisión de Colombia (RTVC), encomendándole que la RTVC fuera “un instrumento de pedagogía” y no “uno de propaganda”. Al respecto, Carolina Botero, de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital, ha manifestado que “tanto la Unesco como la OCDE han recomendado que en temas vigilancia y control haya independencia de los entes públicos. El poder Ejecutivo sigue teniendo mucha presencia y hay que considerar que el gobierno y el Estado tienen participación en los operadores, entonces, ¿se va a sancionar a sí mismos?”. ¿Qué peligra con ‘la Ley TIC’ o ‘Ley de Convergencia’? Según el texto radicado, por medio de este Proyecto de Ley “se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), y se dictan otras disposiciones”. Precisamente, la supresión de la ANTV representa un riego para el proceso que vienen adelantando los medios públicos en el país, pues la institución tiene como objetivo brindar herramientas para la ejecución de planes, programas, acceso a la televisión y la garantía del pluralismo informativo, funciones que pasarían a ser ejercidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Mintic). Además, se trasladarán las funciones e incluso algunos de los funcionarios de la ANTV a la Comisión de Regulación de Comunicación (CRC). La CRC tiene un discurso con otras ambiciones, la máxima es la siguiente: “escenarios competitivos y desarrollo de infraestructura, servicios, contenidos y aplicaciones”. La Comisión promueve, en evidencia, una mayor inversión en el sector de las tecnologías como bandera para los territorios, lo que podría ir en detrimento a la inversión para los contenidos de los medios públicos. En el papel esto pareciera no ser preocupante, sin embargo, la creación de política publica con una perspectiva centralista auspicia que se obvien los procesos, como por ejemplo los que han venido adelantando históricamente las radios comunitarias en el territorio nacional. Radios que han sido construidas por las comunidades y que han tejido socialmente desde los contextos y las inmediaciones que los pobladores consideran de urgencia. Justamente, el primer trimestre del año, según el MinTic, la presencia de las radios comunitarias era muy fuerte en el país. En Antioquia se registran 83; en Cundinamarca, 64; en Santander, 57; en Boyacá, 56; en Nariño, 40; en Valle del Cauca, 29; en Huila, 25; en Norte de Santander, 25; en Cauca, 22 y en Córdoba, 19. Teniendo en cuenta el nivel de difusión de estas radios, no es de extrañar que otra de las grandes polémicas de este proyecto es la propuesta de que, por medio de Agencia Nacional del Espectro, se de cese de operaciones no autorizadas del espectro radioeléctrico. Pues, ese control que ahora tendrá más maniobra por parte del gobierno nacional conlleva una ambigüedad sobre lo que considere como uso autorizado o no. Además, existen barreras de entrada sobre licencias comerciales o de servicios, las tarifas e impuestos y, sobre todo, la gestión del acceso al espectro. Si la pretensión del proyecto está encaminada a generar una mayor cobertura, el proyecto debería también tener en cuenta que, según la Fundación Karisma, “las redes comunitarias, normalmente, no se montan con la idea de negocio que permita cargar el costo a las personas que las usan”. Según el proyecto de ley, quienes estarán encargados de las políticas en materia de medios públicos, y siguiendo el objetivo de la cobertura territorial, serán cinco comisionados que por ley serán ingenieros, abogados o economistas; lo que dejaría por fuera a comisionados con conocimientos en cultura, técnicas audiovisuales y otros saberes. El presidente, además, tendría completa facultad de la supervisión de sus funciones y la potestad de elegir a dos de esos cincos comisionados.

Por: Naryi Vargas, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Las AGC o Clan del Golfo no son una organización beligerante, es decir, no se dedican a combatir el Estado y no tienen ninguna motivación política, religiosa o cultural para producir violencia. Son una organización criminal, la más fuerte del país, que se dedica a delinquir y a lucrarse de las rentas ilegales. No existe un conflicto armado con ese grupo. Por esa razón, resulta extraño que el pasado 8 de diciembre haya declarado “un cese unilateral de acciones militares ofensivas”. Esta figura ha sido usada de manera indistinta como una declaración destinada a reducir la violencia, pero puede llegar a generar confusión sobre sus alcances e impactos, pues en diferentes conflictos se ha materializado de diferentes maneras. Sin embargo, es claro que se refiere a un dilema que se presenta en todos los conflictos armados: el alto al fuego y el cese de hostilidades. Pero en Colombia no hay un conflicto armado con las AGC. Salvo el Plan Pistola decretado el año pasado y algunos hechos violentos contra policías, este grupo armado ilegal no despliega acciones militares ofensivas contra la institucionalidad pública. En tanto que actúan bajo una racionalidad económica, las AGC economizan la violencia, pues ésta interfiere con la generación de riqueza, lo que les ha llevado a un cambio de operatividad basado en la construcción de pactos y la cooptación y corrupción institucional. Además, parte del repertorio de acción de las AGC tiene que ver con actividades de fortalecimiento financiero y que llegan a afectar a las comunidades, por ejemplo, la extorsión. Así las cosas, el repertorio de acción de las AGC no tiene que ver con la desestabilización del Estado, tampoco con la violencia indiscriminada contra las comunidades, sino con delitos comunes. Entonces, ¿a qué tipo de acciones ofensivas se refieren? Las acciones ofensivas que este grupo ejecuta están dirigidas contra aquellos que no aceptan alianzas y entonces se oponen u obstruyen sus negocios. En algunos casos despliega la violencia contra otros actores armados ilegales, como el ELN en Chocó, los Caparrapos en sur de Córdoba y grupos postfarc en Antioquia y Nariño, con quienes se disputa el territorio y las rentas. En estos hechos, sin duda, se presenta una grave victimización a las comunidades. En otros casos dirigen sus acciones contra liderazgos sociales que desarrollan algún tipo de activismo que les afecta, como la restitución de tierras, contra la minería ilegal, la corrupción o que apoyan la sustitución de cultivos. ¿El panfleto que repartieron está dirigido a esos actores? Sin perder de la óptica este planteamiento, resulta urgente que este grupo sea desmantelado, pues de esta manera es posible aliviar a la población que ha sido victimizada y evitar que más personas se vean perjudicadas por las acciones criminales. A pesar de los resultados que ha producido la Operación Agamenón, la cual fue desplegada para reducir este grupo, se ha demostrado que es imposible acabar con este utilizando como instrumento exclusivo la represión. Para ello el ex presidente Juan Manuel Santos ofreció el camino del sometimiento a la justicia, que consiste en otorgar beneficios judiciales a organizaciones criminales para que se desmovilicen. Al finalizar ese gobierno, las conversaciones avanzaron y se sancionó la Ley 1908 de 2018 de Sometimiento de las Organizaciones Criminales. Sin embargo, el actual gobierno no ha avanzado en ese aspecto y cada día la voluntad de muchos miembros se debilita. Según la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Gobierno espera un sometimiento colectivo porque es importante sacar a los delincuentes de la vida criminal, pero sin que eso signifique beneficios para ellos, precisó que no se iban a buscar contactos “El Gobierno va a desmantelar las bandas criminales. Si ellos se acercan están las puertas de la justicia abiertas para su sometimiento”.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Después de que Noticias Uno revelara los audios y la entrevista que el ingeniero Jorge Enrique Pizano le había entregado al noticiero antes de morir, se destapó una polémica sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pues, en los audios, se escucha cómo, presuntamente, el fiscal conocía sobre las irregularidades en los contratos de la obra la Ruta del Sol II. Martínez era por ese entonces asesor jurídico de la empresa Corficolombiana, perteneciente a su vez al Grupo Aval, que tenía contratos con Odebrecht para ejecutar esa obra. En la entrevista con Noticias Uno realizada el 9 de agosto de 2018, Pizano dice: “Yo le informé (a Martínez) que había unos contratos irregulares en la concesionaria (…) por ser el abogado del Grupo Aval”. Por otro lado, en los audios, que tienen fecha del 2015, Néstor Humberto dice “Venga le digo cuál es la tesis que estamos trabajando: no sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí a gobiernos extranjeros, y no sabemos si están pagando coimas aquí al gobierno colombiano”. Esto lo dice el hoy fiscal, después de que Pizano le explicara en varias ocasiones sus análisis financieros. ¿Qué ha pasado desde entonces? En esta línea de tiempo le contamos:

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares A propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordamos también el aniversario número 90 de una de las masacres más trágicas de la historia de Colombia, en donde los Derechos Humanos y laborales de cientos de trabajadoras fueron violados, incluso, antes de que existieran: la masacre de las bananeras. A propósito de las trágicas dos guerras mundiales, en 1945, se consolidó la Organización de Naciones Unidas (ONU), que asumió desde el día uno el propósito de promover el “estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Sin embargo, no solo en la Europa postguerra ocurrían muertes sistemáticas, también en otras partes del mundo se hacía necesaria una veeduría para los derechos humanos, por ejemplo, América Latina. Solo en el caso de Colombia, apenas entrando el siglo XX ya había ocurrido una guerra civil ―la guerra de los mil días― que, se estima, dejó alrededor de 100.000 víctimas. La creciente ola de violencia que vivió el país en nombre del bipartidismo y que desencadenaría en la época de la Violencia con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, dejó miles de víctimas a su paso. También con el caso de los Chulavitas, bandas armadas que asesinaron sistemáticamente a líderes liberales. Entre muchos otros casos. Así las cosas, en el año de 1948 se consolidó la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante la resolución 217 A (III). La declaración surgió ante la preocupación de violaciones y asesinatos que se estaban presentando a lo largo y ancho del mundo, por eso mismo, en el artículo 4 dice “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Sin embargo, antes de que se aprobará la DUDH, en 1928 en la zona bananera de Colombia, eso no pasó. La masacre de las bananeras Todo comenzó el 5 de diciembre de 1928. A las diez de la noche se congregaron en el ferrocarril de Ciénaga miles de obreros que llegaban de los alrededores de la zona bananera. Los obreros estaban descontentos con la empresa estadounidense United Fruit Company por la falta de derechos laborales; además, se quejaban de que la empresa no los contrataba directamente sino a través de terceros, lo que hacía que solo tuvieran trabajo por días o que les pagaran con vales y no con dinero. Tampoco contaban con servicios hospitalarios. El descontento tenía un preámbulo. Ya desde 1918 los obreros venían protestando contra la compañía bananera por la falta de derechos laborales y por la precaria legislación laboral por parte del gobierno. Sin embargo, la manifestación que tendría lugar 10 años después desembocaría en una tragedia. Ese 5 de diciembre, según afirma el historiador Mauricio Archila, corrió el rumor de que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos para concertar un diálogo. Eso significó un alivio para los obreros, quienes solo habían recibido amenazas por parte del gobierno conservador y no recibían respuestas claras por parte de la compañía. Sin embargo, los obreros se quedaron esperando. El gobernador nunca llegó. Los nueve puntos exigidos por los trabajadores no iban a ser aceptados. Así entonces, los ánimos se empezaron a exacerbar. Por este motivo, el general Cortés Vargas, jefe civil y militar de la provincia de Santa Marta, ordenó controlar la huelga por la fuerza. Por consiguiente, en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el general Cortés Vargas se acercó a la plaza del ferrocarril y les leyó a los 2.000 huelguistas un decreto en el que les impedía a los trabajadores reunirse y donde los tildaba como “una cuadrilla de malhechores”. Si los huelguistas no acataban ese decreto se daría inicio a los disparos. Se les dio tres minutos a los trabajadores para abandonar el lugar o sino la respuesta serían las balas. Los huelguistas no hicieron caso. Paralelo a cada minuto se escuchó un toque de corneta. Los obreros se quedaron allí de pie gritando arengas. Fue en ese momento cuando el general dio la orden de disparar. Los disparos de la ametralladora austrohúngara Schwarzlose de 7mm fueron constantes. El gobierno nacional afirmó que hubo nueve muertos en total, mientras el general Cortés Vargas afirmó que se trató de 13 muertos y 19 heridos. Según versiones orales y de testigos, los muertos fueron cientos, alrededor de 500, y sus cuerpos fueron arrojados al mar por orden del general Cortés Vargas. El caso de la masacre intentó ser opacado por el gobierno nacional, para que fuera olvidado. Solo fue rescatado un año después por el entonces congresista Jorge Eliecer Gaitán, quien abrió un debate sobre el caso y donde afirmó que los muertos fueron 1000; también por el caricaturista de la época Ricardo Rendón y años más tarde por los escritores Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez. Por otro lado, un telegrama dirigido desde la embajada de Estados Unidos en Colombia a ese país afirma que “Tengo el honor de reportar que el consejero legal de la United Fruit Company aquí en Bogotá afirmó ayer que el número total de huelguistas muertos por las autoridades militares colombianas durante los recientes disturbios alcanzó entre quinientos y seiscientos; mientras las tropas no sufrieron bajas”. El mismo García Márquez llegó a decir “la única discrepancia entre los recuerdos de todos fue sobre el número de muertos, que, de todos modos, no será la única incógnita de nuestra historia”. Pese a los muertos y al decreto del general Cortés Vargas y el conocimiento del presidente Miguel Abadía Méndez, por la masacre de las bananeras no pagó ningún responsable.

Por: María Camila Contreras, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Aulio Isaramá Forastero nació en la comunidad Indígena Emberá Docasina del municipio de Alto Baudó en el Chocó. Isaramá terminó el bachillerato en el colegio Mario Chamorro del Alto Baudó y desde ese momento se dedicó a la docencia. Trabajó para la mayoría de las comunidades Emberás en el Chocó. Así mismo, se destacó por su liderazgo en la región, razón por la cual fue elegido gobernador en diversas oportunidades. Su última labor la desempeñó como gobernador del Resguardo Indígena Emberá Dóbida Catrú Dubaza Ancoso del mismo municipio. El 24 de octubre del 2017, hombres con camuflado se llevaron a Aulio a dos kilómetros de su comunidad y, luego de interrogarlo. lo asesinaron con arma de fuego. Los sujetos se identificaron como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este hecho violento habría sido un incumplimiento al cese al fuego acordado el 4 de septiembre de 2017 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero. En un comunicado del 30 de octubre, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN reconoció el homicidio contra el líder social. Según el comunicado, “Isaramá Forastero, tenía relación con la inteligencia militar”, por lo cual, un grupo de guerrilleros lo retuvo para hacerle un interrogatorio. Según el mismo documento, el líder indígena se abalanzó sobre los guerrilleros durante el recorrido y esto produjo que uno de ellos le disparara. No obstante, en el estudio de Medicina Legal de noviembre de 2017, se afirma que Aulio Isaramá Forastero fue asesinado en estado de indefensión. “Se encuentran evidencias de un disparo a contacto firme en un tórax desnudo. Esto constituye una evidencia científica de un estado de indefensión». En conclusión, el ELN pretendía responsabilizar al líder indígena del homicidio al afirmar que éste, sin arma alguna, se abalanzaría sobre hombres armados. La reorganización de los grupos armados en la zona, luego de la desmovilización de los frentes 37 y 54 de las FARC-EP, ha promovido dinámicas de violencia que afectan a la comunidad indígena Emberá Dóbida (de la que hacía parte Aulio) y los otros grupos indígenas asentados en el departamento. Tanto el ELN Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, como el Clan del Golfo, hacen presencia y se disputan el control del territorio. Del mismo modo, debido a la riqueza del subsuelo y la posición geoestratégica que tiene el departamento, confluyen intereses de los grupos armados en actividades ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal. Como consecuencia, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, los indígenas del Chocó son objeto de múltiples victimizaciones. Los pueblos indígenas han sido despojados de sus territorios y se ven obligados a desplazarse internamente. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, 37.000 indígenas en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá se encuentran en riesgo de desplazamiento. Por si fuera poco, tienen deficiente acceso a salud y educación, sufren de hacinamiento y falta de alimentos. Además, los niños, niñas y jóvenes indígenas de las comunidades se ven expuestos a reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Las comunidades indígenas del Chocó tienen una emergencia humanitaria y están en peligro de extinción. El 11 noviembre de 2018, líderes Indígenas Emberá, Wounaan y Zenú se movilizaron para poner de presente al gobierno del presidente Iván Duque la difícil situación que atraviesan. Cinco días después llegaron a acuerdos con el Gobierno central en varios aspectos. Entre ellos, están puntos relacionados con la adopción de medidas de seguridad para cesar la victimización que padecen y para que se proteja la vida de su pueblo y de personas que, como Aulio Isaramá Forastero, trabajaron por mejorar las condiciones de vida de los indígenas del departamento.