Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares El Observatorio de Violencia Política ha hecho seguimiento sistemático a las acciones violentas letales y no letales que vulneran los derechos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, funcionarios, políticos, maestros y demás personas que a partir de su rol representan liderazgo en su comunidad. Desde 24 de noviembre de 2016 al 15 de noviembre de 2018, se han presentado 545 casos de agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos; entre estos datos se registran: 274 amenazas, 200 homicidios, 56 atentados, 9 secuestros, 4 desapariciones forzadas y 2 agresiones sexuales. Los departamentos con mayor número de homicidios contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos humanos han sido Antioquia (32), Cauca (32), Chocó (14), Norte de Santander (13) y Nariño (13). El ejercicio ha permitido construir hipótesis alrededor de las motivaciones que existen para atentar contra estas personas y sus procesos,también se ha logrado reconocer el tipo de liderazgo de la víctima, el lugar en el que ha sido vulnerado alguno de sus derechos, entre otros datos. Además,podemos afirmar que la violencia contra los líderes sociales es sistemática frente a los perfiles de las víctimas; por ejemplo, la mayoría pertenecían a: a) organizaciones de víctimas o de restitución de tierras, b) JAC y organizaciones que representan derechos colectivos y étnicos c) movimientos que se han opuesto y denunciado acciones de corrupción, minería ilegal y otras economías ilegales. Mientras que no se puede decir lo mismo sobre los responsables de los hechos, quiénes son diversos y responden, en la mayoría de los casos, a las dinámicas de seguridad de cada uno de los territorios. Es decir, la complejidad de este fenómeno radica en la dificultad para encontrar un patrón en los victimarios, pues la violencia letal es ejercida por estructuras criminales, oficinas de cobro y de sicariato que, en algunos casos, responden a actores de la legalidad. Hasta el momento, los registros nos permitían establecer posibles responsables y una breve descripción de los hechos. El tiempo nos ha permitido reconocer que este esfuerzo no es suficiente cuando el objetivo del Observatorio no se limita sólo a describir los hechos violentos, sino también a dignificar y resignificar la trayectoria y trabajo de los cientos de líderes que, pese a muchas adversidades, trabajan con la firme convicción de construir un país más democrático e incluyente. Esta sección pretende rendir homenaje a las víctimas de violencia letal en Colombia. Cada semana se presentará un perfil a profundidad de un líder social asesinado. Sobre cada una de las fotos se podrá hacer click para conocer su historia y contribuir a que sus legados no seas fugaces. Liderazgo político Desde el Observatorio de Violencia Política de la Fundación Paz & Reconciliación se han identificado una serie de tipos de liderazgo sobre los cuales ha recaído la ola de violencia selectiva a nivel nacional; entre esos identificamos a líderes y lideresas políticas, quienes han sufrido 31 amenazas, 6 homicidios y 2 atentados entre la firma del Acuerdo de Paz en 2016 a la fecha. Se consideran líderes y lideresas políticas aquellas personas que logran canalizar las expectativas de un grupo de personas, mediante la detección de problemas, articulación de soluciones y la proyección de su actividad en razón de un objetivo político manifiesto en la pretensión por participar en elecciones y representar estas demandas en cargos de elección popular de orden local y regional. Ana María Cortés Liderazgo comunitario Otro de los liderazgos sociales registrado por el Observatorio de Violencia Política de la Fundación Paz & Reconciliación tiene que ver con los pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal, las cuales son las instancias locales de participación a nivel barrial y veredal donde líderes y lideresas se organizan para para impulsar procesos comunitarios sobre respuestas a problemáticas de su cotidianidad. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, una de las principales razones de la victimización de estas personas ha estado relacionado con el impulso y socialización de lo pactado en La Habana, especialmente lo referido a la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito. Luis Cuarto Barrios Machado Maritza Ramírez Chaverra Liderazgo LGBTI Los líderes y lideresas LGBTI son quienes dinamizan acciones colectivas de tipo político y/ jurídico encaminadas a la defensa, promoción y garantía de los derechos de estas poblaciones, luchando en contra de múltiples formas de violencia, exclusión y discriminación de las que son víctimas en razón de sus orientaciones sexuales e identidades de género diversa. Al igual que otros tipos de liderazgos, estas personas han sido objeto de múltiples hechos violentos con ocasión de sus identidades de género, razón por la cual se evidencian agresiones cometidas con sevicia, que generalmente es practicada contra algunas partes de sus cuerpos. Danna Méndez Liderazgo de víctimas Los y las lideresas de víctimas son quienes representan a esos miles de personas que con ocasión y producto del conflicto armado interno han sido despojadas de su dignidad y sus derechos, razón por la cual estas personas han abanderado la cruzada por reivindicar y exigir el reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las razones de su victimización se deben principalmente por resultar incómodos a esos agentes, legales e ilegales, que se oponen a la búsqueda de la verdad de lo sucedido ante hechos de violencia en el marco del conflicto armado interno y a las medidas de reparación de las cuales son objeto. José García Amariles Liderazgo indígena Los líderes y lideresas indígenas son quienes pertenecen o representan a cada uno de los más de 87 pueblos y comunidades indígenas que habitan el país, con el fin de salvaguardar su cultura, cosmovisión e identidad, así como para la exigencia de garantía y efectividad de los derechos que los protegen. Estos están organizados a nivel local en resguardos, cabildos y territorios colectivos, así como en organizaciones de orden regional y nacional de segundo nivel como el CRIC, la ACIN, la ONIC, entre otras. Las principales razones de victimización contra los liderazgos indígenas sistematizadas por el OVP son con ocasión a su defensa del territorio colectivo, lo que los ha enfrentado a intereses económicos privados; otra razón se debe a la fuerte oposición ejercida contra la presencia de actores armados ilegales y economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico; y, de otro lado, algunas de las amenazas contra estas personas se deben a la estigmatización y desprestigio que sufren por ser defensores de los derechos de sus comunidades. Aulio Isaramá Forastero Liderazgo a favor de la restitución de tierras Los y las lideresas de restitución de tierras son quienes han abanderado las denuncias jurídicas y reclamaciones por despojo y/o abandono forzado de tierras en el marco del conflicto armado, con el fin de exigir los derechos a la justicia, reparación y garantías de no repetición. Son quizás las personas que han sido victimizados más de una vez por enfrentarse a los intereses de integrantes de grupos armados y de empresarios por el uso de la tierra, iniciando por los primeros hechos de violencia que los obligaron a huir de sus tierras y, posteriormente, debido a las exigencias entabladas para reclamar sus derechos legítimos sobre sus bienes y la garantía de una vida digna. Manuel Ramírez Mosquera

Por: Angélica Gutiérrez, Línea Conflicto, Paz y Postconlicto – Pares Manuel Ramírez Mosquera, líder de restitución de tierras, fue asesinado el jueves 17 de agosto de 2017 en cercanías a la Cuenca del Truandó, zona rural de Riosucio, Chocó. Dos hombres le dispararon tres veces mientras se transportaba, junto con su hermano, en una panga (lancha rápida) por el río hasta la comunidad de La Nueva para abastecerse de algunas cosechas de pancoger y regresar de nuevo al casco urbano. Tras lo acontecido, su hermano no quiso dar declaraciones a las autoridades competentes por temor a retaliaciones. Mosquera lideraba varios procesos de reclamación de tierras como presidente del Consejo Comunitario del Truandó, cargo que había cedido menos de cuatro meses antes de su muerte. Además, era sobrino del reconocido Apolinar Mosquera, quien ha trabajado como delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa en 2017. Desde la salida del Frente 57 de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo han intensificado sus disputas por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, incurriendo en violaciones de Derechos Humanos como desplazamiento masivo y reclutamiento forzado, utilización de menores, riesgo de afectación por la siembra de minas antipersonales, munición sin explotar y el uso de artefactos explosivos improvisados, afectando directamente a los pueblos indígenas Wounaan y Embera, junto con comunidades afros de Quiparadó Platanillo, La Nueva y Taparal. Manuel se oponía al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Hacía parte de las más de 320 familias que desde mayo de 2017 pasado salieron huyendo de sus territorios en el Bajo Atrato. Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2018 se han registrado 59.931 casos de desplazamiento forzado en todo el país; de estos, 106 tuvieron lugar en Riosucio, afectando a la población de Taparal y el resguardo de Peñas Blancas. Hoy el panorama no es muy distinto, el pasado 6 de noviembre se registraron amenazas contra otros líderes de Riosucio, como lo es el caso de Ever Ramos Gallego, presidente del consejo comunitario de la vereda Riociego en la Cuenca del Salaquí. Además, el 12 de noviembre, cerca de 400 integrantes de comunidades indígenas se dirigieron a Bogotá para denunciar la falta de acciones del Estado para evitar enfrenten amientos entre los 2 grupos armados anteriormente nombrados.

Por: Angélica Gutiérrez, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares José García Amariles, de 61 años, fue un campesino líder de la Mesa de Victimas de Valdivia, Antioquia, quien trabajaba como representante del Comité de los afectados por las minas antipersonal. El 18 de agosto de este año fue abordado por sujetos desconocidos quienes lo asesinaron a tiros en su propia casa y delante de su familia. No se tiene certeza de sí la víctima había denunciado amenazas contra su vida, pues la información pública disponible es contradictoria, ya que en los medios de comunicación se afirma que la víctima había denunciado amenazas contra su vida meses antes del crimen, sin embargo, otras fuentes afirman lo contrario. “No conocemos los móviles del hecho, de todas maneras don José representaba las víctimas de minas antipersonal dentro de la mesa municipal de víctimas, lo cual hace que sea un líder más de derechos humanos de nuestro municipio. Nos sentimos muy tristes y los compañeros nos solidarizamos con la familia”, explicó Oscar Baena integrante de la mesa de víctimas de Valdivia. Hasta el momento no se conocen sospechosos, autores o capturas de presuntos responsables del asesinato. Oscar Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz en Medellín, condenó ante Noticias Uno este hecho y criticó la falta de garantías del Estado Colombiano para el ejercicio de los liderazgos. El comité territorial de Justicia Transicional de Antioquia rebeló que en 2018, 108 líderes han denunciado amenazas contra su vida ante la fiscalía; la ONG Nodo Antioquia precisó que durante este año 110 miembros de JAC en Antioquia han renunciado por presiones de Grupos Armados o Delincuenciales; y según la Fundación Paz y Reconciliación, en su último informe Como Va La Paz publicado el pasado 27 de noviembre, se afirma que entre el 24 de noviembre de 2016 y el 13 de noviembre de este año, han sido asesinados 34 líderes en Antioquia.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares La primera versión de la ley de financiamiento tenía la siguiente lógica: destruir la clase media y a los pobres vía el aumento del IVA a la canasta familiar, impuesto a la vivienda usada y otra serie de medidas. Pero por otro lado, había una serie de beneficios a los grandes capitales, como la reducción del impuesto a la renta en un 3%, entre otros. Luego de la presión social y las protestas lideradas por los estudiantes, se hicieron modificaciones sustanciales, entre otras cosas el aumento del IVA se quitó; sin embargo, se mantuvieron los beneficios tributarios para grandes capitales. Es decir, en la primer versión de la reforma tributaria se buscaba recaudar cerca de 14 billones de pesos, eso servía para tapar el supuesto hueco que hay en el presupuesto e igualmente se buscaba cubrir, vía IVA, las reducciones de impuestos a grandes capitales, es decir, que los pobres ayuden a los ricos a volverse más ricos. Así, como lo leen, es la fórmula del gobierno Duque. En la segunda versión, por ende, ocurre algo terrible para las finanzas públicas, pues no va a ingresar más plata vía impuestos y se reducen los impuestos a grandes capitales, eso lo que significa es que el hueco fiscal pasará de 3.1% del PIB a por lo menos 3.7% en solo un par de años. Esto va en contravía de la reducción del déficit fiscal y puede llevar a que Colombia pierda en la calificación de riesgo país, lo cual a su vez llevará a que los préstamos externos sean más caros. Pero además provocará que en 18 meses estemos en una nueva reforma tributaria que aniquilará a los pobres y a la clase media. Así las cosas, la actual reforma tributaria es un gran frackenstein. Lo que salga del Congreso no será nada bueno. El gobierno debería retirar esta reforma, pensar en una gran estrategia tributaria y no caer en oportunismos baratos. Además la segunda versión destruye la clase media pujante. La explicación es la siguiente: Actualmente los contratos de prestación de servicios superiores de 3.500 UVT deben pagar IVA. Es decir, los contratos superiores a 9 millones de pesos deben pagar un 19% de IVA. Al final de la ecuación, el contratista debe pagar la seguridad social, la retefuente, el ICA y el IVA. Eso significa que libres, el trabajador, tendría apenas poco más de 5 millones, lo demás se lo descuentan por derecha. El gobierno de Iván Duque propone que se pase de esas 3.500 UVT a 3.000 UVT. Cada UVT vale 31.000 pesos. Esto destruiría la clase media Un trabajador de clase media que gane ese sueldo generalmente está endeudado por sus estudios de maestría, además, logra ese nivel salarial luego de por lo menos 3 años de experiencia laboral. Por ende, cuando ha terminado de pagar su deuda, llegan los hijos y el colegio de los hijos. Para ese momento comprar una propiedad es imposible. Por tanto de aprobarse esta reducción se va a empobrecer la clase media.

Por: León Valencia, director – Pares Alguna vez, en el lanzamiento de una novela que escribí con el único propósito de hacer un homenaje a mi padre, el expresidente Belisario Betancur, después de haber hecho un elogio inmerecido de mi vida, me dijo en privado que nos parecíamos, que éramos pobres, románticos y conservadores. Me estalló la aseveración en la cara, pero me repuse y le contesté que las dos primeras palabras eran muy ciertas, pero me gastaría unos días en pensar lo de “conservadores”. No había mucho que pensar. Belisario conocía el origen de mi nombre. Sabía que mi padre me había chantado el “Guillermo León Valencia” en recuerdo del poeta Valencia y de su hijo presidente, a quienes admiraba demasiado. En otra oportunidad le había contado que a los 8 años ya debía declamar en la sala de mi casa “Los camellos” un poema de 27 estrofas, del maestro Valencia, tachonado de referencias lejanas a la marcha triste de los camellos por las arenas de los desiertos, nada que ver con imágenes familiares a los ojos de los colombianos, un arrebato de los modernistas nuestros para mostrar una universalidad literaria que aún no teníamos. Lo de conservadores aludía al origen, por lo demás era una ironía para ambos. Él, sin duda, fue uno de los espíritus más liberales, del libre albedrío, de la tolerancia, del humanismo que vino con la ilustración y la modernidad. Yo, explorador de marxismos, de teologías liberadoras, de guerrillas irredentas, de la contraculturas sesenteras, que nos llevaron a la contestación social pura y dura, a la quimérica búsqueda de la revolución de la igualdad. Terminamos los dos con un único propósito: la paz del país, la paz negociada, la paz sin vencedores ni vencidos, para superar los odios y empezar de nuevo. Desde luego la comparación cojea mucho. Lo mío fue sólo dar el paso de la guerrilla a la vida civil y seguir como un orate proclamando esa causa desde las investigaciones, los libros y las columnas de opinión y lo de él fue jugarse la presidencia, toda la presidencia, el prestigio, todo el prestigio, en una causa que ahora lo reivindica, pero antes le causó mil dolores. Tengo una gratitud inmensa con Belisario Betancur. El vio primero que todos lo que se venía. Fue el visionario de lo dolores que nos acometarían, de las desgracias que vendrían y puso todo el corazón para evitar la tragedia. En 1982, cuando llegó a la presidencia, las guerrillas eran aún fuerzas marginales, datos de una realidad extraviada en las montañas, una amenaza latente pero lejana; los narcotraficantes apenas empezaban a hacer ver sus orejas de terror y devastación; los políticos hacían las travesuras del clientelismo con algún arrepentimiento de haberse embarcado en la violencia entre liberales y conservadores treinta y cinco años atrás. Quiso parar todo eso buscando la paz con las guerrillas, intententando los primeros arreglos con los narcotraficantes, pero no había ambiente para nada de eso, las élites políticas no lo acompañaron, los militares no lo acompañaron y uno de sus amigos, su escudero mayor en los primeros pasos hacia la paz, Otto Morales Benítez, quien encabezaba la Comisión Nacional de Paz, en su carta de renuncia a esta dignidad, le decía al presidente: “Aún le falta a su gobierno una tarea muy exigente, combatir contra los enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno”. Eso enemigos triunfaron, con la ayuda, claro está, de las guerrillas que tampoco estaban maduras para una paz anticipada, para una paz preventiva. El M19 se tomó el Palacio de Justicia y desencadenó el fracaso completo de ese primer intento de paz. Al hacer el balance de los hechos de horror de ese noviembre de 1985 algunos analistas señalan que la acción guerrillera sirvió de pretexto para que esos militares y esos políticos opuestos a la reconciliación desalojaran temporalmente del poder a Belisario y procedieran al holocausto, enterrando la ilusión de un hombre de origen humilde, sin duda romántico, que quería ser muy grande en la historia del país. Ahora podemos decir sin mentir un ápice que lo fue sólo por el hecho de intentar lo imposible. En algún momento de estos últimos años dijo que había consignado un libro en una notaría para contar lo que realmente ocurrió en esos días dolorosos donde sus ilusiones murieron al lado de todos los magistrados de una Corte Suprema admirable que no logró que escucharan sus voces angustiadas para cesar el fuego y darle oportunidad a un diálogo salvador. Esperamos con ansiedad que su familia nos permita conocer ese testimonio, en este tiempo crucial, donde buscamos afanosamente la verdad de nuestro conflicto.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Son bien recordadas las vallas que el actual presidente Iván Duque y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, lucieron en varias partes de Colombia. Las vallas mentaban “Menos impuestos, más salario mínimo”. Esa fue uno de los caballos de batalla de Duque para ganar la presidencia. Sin embargo, al parecer, no se va a cumplir ni lo uno ni lo otro. Primero fue la polémica ley de financiamiento que buscaba gravar con IVA del 19% la canasta familiar y después a los trabajadores independientes. Ahora, la propuesta busca ponerle ese impuesto a las gaseosas y la cerveza. El proyecto de reforma tributaria sigue avanzando en el Congreso y trae consigo más y nuevos impuestos. Así, entonces, Duque empezó incumpliendo una parte de su eslogan. Por otro lado, la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, afirmó en una entrevista el 27 de noviembre, que “el salario mínimo no es suficiente para mantener una vida normal en el país”. También dijo que “los trabajadores merecen un salario mínimo más alto”. Sin embargo, pese a las preocupaciones de la ministra, el panorama parece no mejorar para los trabajadores que ganan el salario mínimo. Después de que se convocara la Mesa de Concertación, adelantada por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales dispuesta entre sectores empresariales, sindicatos y el gobierno, la ministra de trabajo afirmó que el gobierno cedería hasta el 6,2%. Es decir, si en este momento el salario mínimo se encuentra en $781.242, quedaría en $829.678, así las cosas, solo aumentaría $48.437 pesos. Este panorama no es alentador para los sindicatos ni para las centrales obreras, por ejemplo, la Confederación General de Trabajo afirmó que el incremento para el próximo año debería ser del 10%. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había presentado un 12% y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) fue la que menos propuso con 4%. Pese a esto, los gremios empresariales han indicado que el martes a las 3:00 pm presentarán la propuesta oficial. Los argumentos de la ministra para no aumentar más el salario mínimo fueron que la variable de productividad en Colombia se ubicó sobre el 0.52%. Además, dijo que “en Colombia, después de cuatro años de venir en negativa, ha mejorado la cifra, pero no permite pensar en la posibilidad de salir de este atasco si no seguimos mejorando esta cifra». Por otro lado, en una entrevista realizada por RCN Radio, la ministra afirmó que el país se encuentra rezagado y, según ella, “eso es lo que nos genera falta de empleo y falta de buenos salarios”. Además, agregó que el crecimiento económico no es el esperado por el gobierno, “es un crecimiento malo. El presidente ha dicho que debemos crecer en un 6%; es decir que estamos lejos de esa cifra, pero de todas maneras algo estamos creciendo». La ministra también habló sobre la inflación y dijo que hay que tenerla en cuenta para el nuevo aumento del salario mínimo. “No se puede perjudicar ni a los empresarios ni a los trabajadores con este tema”. Hoy por hoy, la inflación se encuentra en 3,27% y el crecimiento económico para el 2019 será mínimo de 3,5% según el FMI. Las preocupaciones de la ministra han sido constante respecto al sector empresarial “para el empresario es muy difícil, porque él dice: ‘si yo subo mucho el salario y sale la prima, me descuadro. Y si subo mucho el salario y resulta que no me bajan los impuestos, también me descuadro’”, explicó. El padecimiento largo de los trabajadores Sin embargo, este no es un panorama nuevo para los trabajadores. En los últimos 10 años el salario mínimo tan solo ha crecido $319.742 pesos, pues en 2008, el salario mínimo era de $461.500 pesos, hoy es de $781.242. El crecimiento del salario mínimo avanza a pasos de tortuga.

Por: Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña, Línea Democracia y Gobernabilidad La descentralización y la autonomía territorial son dos características fundamentales de la organización del Estado colombiano. El objetivo de la carta magna del 91 era distribuir el poder y los recursos del Estado territorialmente, dando extensión territorial al tradicional sistema de pesos y contra pesos del Estado colombiano. Lograr este objetivo, requeriría de entidades territoriales con suficientes facultades fiscales, administrativas y políticas. A continuación, revisaremos cada una. Por el lado fiscal, era necesario un sistema de financiación territorial que transfiriera grandes cantidades de recursos desde el nivel nacional, inicialmente, se esperaba que este tipo de transferencias sumarán el 46.5% del Ingreso Corriente de la Nación, pero hoy en día estos recursos rondan el 22%. Adicionalmente, se requería que las entidades territoriales tuvieran la posibilidad de recaudar los tributos a su cargo. Hoy en día, el recaudo territorial está lejos de alcanzar el potencial, al tiempo que los recaudos de los departamentos son muy poco dinámicos, dada la baja correlación entre estos tributos con el comportamiento de la economía. Por último, los recursos debían estar ligados a las responsabilidades, en otras palabras, las competencias asignadas a las entidades territoriales debían estar acorde con su capacidad financiera, no era buena idea asignar competencias sin recursos. En el tema administrativo, las entidades territoriales debían tener la potestad de administrar sus recursos, a partir de los requerimientos de la población y del programa de gobierno. Empero, las múltiples directrices que han expedidO a nivel nacional sobre el manejo de los recursos sectoriales, han restringido la autonomía administrativa de estas entidades. En lo político, se ha mantenido la facultad para la elección para elegir libremente a los mandatarios locales y departamentales, sin embargo, no existen balances recientes sobre el avance de la democracia local. Ahora bien, el proceso de descentralización es una de las causas de la expansión de las coberturas de bienes sociales básicos y la reducción de la pobreza en todas las regiones del país. Asimismo, el proceso se relaciona con el aumento de la participación ciudadana y la apertura del sistema político. De forma tal que el proceso de descentralización y de autonomía territorial han sido factores clave para explicar algunos de los cambios positivos que ha tenido el país en los últimos años. Sin embargo, la reducción de las facultades de las entidades territoriales y, en términos más generales, el estancamiento del proceso de descentralización y de autonomía territorial, tienen que ver con el estancamiento en el cierre de brechas económicas y con el aumento de la ineficiencia estatal. Por tanto, no sorprende la necesaria inclusión de una “Misión para la Descentralización” en el documentos de Bases para Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, recientemente conocido. Será la tarea de esta misión estudiar el estancamiento de ambos procesos, identificando sus causas y las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Un paso previo de esa misión necesariamente es un estudio sobre las competencias y los recursos de las entidades territoriales que dé paso a una nueva distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, en dónde se haga énfasis en sus competencias exclusivas y en el principio de subsidiariedad, con el objetivo de que generen las capacidades para que todas las entidades territoriales asuman sus propias competencias. En la misión, se deberá analizar los recursos de las entidades territoriales, en busca de superar la inequidad territorial en la asignación de transferencias y en el recaudo de los recursos, las competencias de todos los niveles de gobierno, de forma tal que cada nivel asuma únicamente las competencias con las que puede lidiar, la posibilidad de implementar un proceso de descentralización asimétrica, con lo que el proceso estaría más acorde a las condiciones de cada territorio, entre muchas otras. La misión es una oportunidad sin precedentes para arreglar los defectos del proceso descentralizador, veremos que pasa con esto en el Plan de Desarrollo final.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El miércoles 5 de diciembre de 2018, el Congreso de la República aprobó el proyecto del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, para aumentar el presupuesto bienal de regalías 2019 -2020. El efecto que tuvo esta aprobación fue que se pasó de 14,5 billones a 24,2 billones para presupuesto destinado a las regiones. Según la ministra, el sector educación será uno de los más beneficiados pues, como lo afirmó, «de la producción de petróleo, gas y minerías en el país es que salen los $2 billones que irán para la educación. Estos recursos estarán distribuidos de la siguiente manera: habrá $1,5 billones para educación superior pública y $500.000 millones para básica, media y secundaria». Sin embargo, varios colectivos estudiantiles han manifestado una preocupación constante por la redacción del texto de ese presupuesto, pues, en el documento se lee que estos recursos “podrán” ser destinados a la educación. Esto ha generado varias inquietudes en los sectores estudiantiles. Respecto a esto la ministra dijo que todos los recursos de regalías deben pasar por un proceso en el que el presupuesto aprobado debe ser solicitado y aprobado para su uso. Después de la aprobación del presupuesto, varios sectores del gobierno nacional han celebrado con la etiqueta #MásRegalíasMásEquidad. Así fue como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Presidencia de la República, la ministra María Fernanda Suárez, el ministerio de Hacienda y el ministerio de Minas celebraron la aprobación del Congreso. La inequidad de las regalías Sin embargo, esta aprobación tiene matices. Pues, la plata que llega al sector extractivo se va por dos caminos: 1) al Sistema General de Participaciones, que tiene como objeto sustentar los rubros del Estado y presupuestos de inversión. Ese rubro se devuelve a los municipios mediante el mismo Sistema y es destinado a salud, profesores, médicos y hospitales; 2) las regalías. Estas son una contraprestación que pagan las empresas operadoras al Estado por aprovechar sus recursos. En principio, estos rubros obtenidos deberían invertirse directamente en los municipios, sin embargo, esto cambió con la ley 1530 de 2012. Antes de establecerse, el 90% de los recursos llegaban directamente a los municipios de donde se extraían los recursos no renovables. Sin embargo, hubo dos argumentos para cambiar eso. El primero, la corrupción. El segundo, la equidad, pues el 90% de las regalías se concentraba en 10 municipios del país. En 2011 los dineros legaban a 655 municipios, ahora llegan a 1.095. Después de la Ley de 2012, se plantearon los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), con este nuevo órgano, cada municipio que quiera hacer uso de las regalías tiene que pasar un proyecto. Además de esto, cada alcaldía o municipio tiene que entregar un proyecto. La entrega de los proyectos les ha generado inconvenientes a las gobernaciones. De hecho, la Gobernación de Santander propuso eliminar los OCAD y que se volviera al manejo anterior de los rubros. Incluso, la Contraloría a llegado a criticar la gestión de los OCAD, según expresa la institución, una de las dificultades del Sistema General de Regalías es que los OCAD y el DNP “no tienen la capacidad para oponerse a una decisión equivocada de una entidad territorial, ni aún en los casos en que los riesgos son evidentes”. Otrode los problemas con los OCAD tiene que ver con la poca falta de control que tienen. Pues, según un informe de la Contraloría, los OCAD son propensos a caer en corrupción. Como informa el ente de control en cinco años se perdieron 840.000 millones de pesos de regalías, el 40 por ciento por ‘elefantes blancos’, obras inconclusas o inservibles. Sumado a esto, según la Contraloría, el 68% de los proyectos se hacen a través de licitación, sin embargo, el 70% de esos concursos terminan con un único oferente, lo que no garantiza que el ejecutor de los proyectos sea el más idóneo para realizarlos. Además, ya que no hay objetivos estratégicos fijos, según el Contralor, “a veces prevalece el interés particular de gobernadores y alcaldes” y las regalías terminan siendo “una chequera en blanco”. Por otro lado, otro de los problemas con las regalías, es que los rubros terminan llegando muy tarde a los municipios. Incluso, el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, explicó que “hoy para que un municipio o departamento vea la plata de las petroleras, debe esperar unos siete años, lo que estamos haciendo es reducir de siete a dos años y serán los alcaldes y gobernadores los que sigan definiendo las obras y esto seguirá yendo a los OCAD”.

Por: Carol Sánchez. Clara María González es uribista de pura cepa. Desde la década pasada acompaña al expresidente Álvaro Uribe e, incluso, hizo parte de la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga en 2014. González es abogada de la Universidad del Rosario y su experticia está en en derecho electoral, administrativo y civil, mas no en el penal, como lo requeriría la investigación de Odebrecht. Actualmente, González es la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, por lo que su nombramiento como Fiscal ad hoc sería, al menos, inconveniente, teniendo en cuenta que en el caso a investigar está involucrado el mismo presidente, pues en el 2014 Iván Duque acompañó a Óscar Iván Zuluaga a un viaje a Brasil para encontrarse con Duda Mendoza, publicista pagado por Odebrecht. Además, Gónzalez es la representante del Gobierno Nacional en la Junta Directiva del Banco Agrario y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora, su historia no está exenta de cuestionamientos. En 2008, fue una de las abogadas de Yidis Medina en el proceso por cohecho propio, cometido durante la aprobación del proyecto de Acto Legislativo que permitió la reelección de Uribe. En el fallo emitido por la Corte Constitucional contra Medina se lee que González fue contratada directamente por el Gobierno Nacional, en ese momento en cabeza de Álvaro Uribe: “(Yidis Medina) Añadió que a causa de la votación favorable para el proyecto de reelección presidencial se vio avocada a investigaciones de carácter penal y disciplinario e incluso a declarar ante el Consejo de Estado, diligencias en las cuales fue asesorada por los abogados CLARA MARÍA GONZÁLEZ Y ÁLVARO MONTOYA, quienes fueron contratados por el Gobierno Nacional a través de HÉCTOR ECHEVERRI, hermano de FABIO ECHEVERRI (…) CÉSAR GUZMÁN acompañó a YIDIS MEDINA PADILLA al Hotel DANN Norte (…) Allí se encontraba un señor HÉCTOR ECHEVERRI, hermano de FABIO ECHEVERRI, y aunque él (CÉSAR GUZMÁN) no ingresó, desde afuera logró escuchar lo que sucedió en la reunión. Luego, al salir de la misma, la procesada le presentó un par de abogados (ÁLVARO MONTOYA y CLARA MARÍA GONZÁLEZ), quienes por encargo del Gobierno Nacional asumirían su defensa en las demandas instauradas en su contra por el Representante GERMÁN NAVAS TALERO”. Por el caso, la Corte Constitucional envió copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara a Álvaro Montoya y Clara María González. La abogada, además, fue apoderada de Uribe y de Fabio Echeverri para reclamar la reposición de gastos electorales de la campaña reeleccionista de 2006. Pero eso no es todo. Entre su trayectoria laboral, se encuentra el cargo como Conjuez de la Corte Constitucional, entre marzo de 2014 y febrero de 2015. Cargo que también ocupó, en la misma época, el actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien se declaró impedido para investigar el caso Odebrecht por sus relaciones con el Grupo Aval. Además, la abogada ha firmado dos contratos de prestación de servicios con Transmilenio S.A por concepto de «representación y defensa judicial, integral, especializada y técnica», uno de ellos entre junio de 2017 y junio de 2018, el otro empezó en febrero de este año y terminaría en febrero del 2019. Sin embargo, la empresa Transmilenio S.A le aclaró a PARES que el 17 de agosto de 2018 se dio la liquidación de dicho contrato por mutuo acuerdo. Finalmente, hay que decir que, según el artículo 128 del capítulo 2 del título 5 de la Constitución Política de Colombia, “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley”. En ese sentido, González tendría que renunciar a su cargo como Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño si fuera, finalmente, elegida como Fiscal ad hoc, lo que implicaría un nuevo nombramiento por parte de Iván Duque.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Luego de que en el debate del 27 de noviembre sobre Odebrecht la sesión terminara sin que los citantes (Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Gustavo Petro) pudieran hacer las conclusiones o ejercer su derecho a la replica, la oposición llegó a la sesión el martes 4 de diciembre exigiendo que el debate concluyera. La petición de modificar la orden del día para continuar con el debate de Odebrecht fue negada con 44 votos en contra y 29 a favor. Los congresistas prefirieron continuar con la discusión de un proyecto que declara el tejo como patrimonio cultural. En esa sesión, el senador Gustavo Petro iba a dar aclaraciones sobre la publicación del video donde se ve que recibió dinero. Fue entonces cuando la bancada de la oposición se levantó y se retiró del recinto. Ante esto, Jorge Enrique Robledo afirmó que: “vamos a emprender las acciones legales que sean del caso, pero dejamos constancia que esto es un atropello inaceptable, así no se puede manejar esta corporación. Nosotros nos vamos a retirar de esta sesión, como una manera de notificarle al país que en el gobierno del presidente Duque y en el Senado no se goza de todas las garantías que debemos gozar”. Por otro lado, el senador Iván Marulanda, de Alianza Verde, después del retiro de su bancada, expresó que “es una demostración de inconformidad frente a este acto antidemocrático de impedir un debate y una expresión a la cual tenían derecho senadores de la República”. Así las cosas, se violó la Ley Quinta y el Estatuto de Oposición que le permite a los partidos en contra del gobierno definir el orden del día de tres sesiones plenarias en una misma legislatura. Además de que se les impidió, en dos ocasiones, cerrar el debate y a Gustavo Petro no se le permitió defenderse tras las acusaciones. ARTÍCULO 100. RÉPLICA O RECTIFICACIÓN. En todo debate quien fuere contradicho en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes, tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco (5) minutos. El Presidente, al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los Congresistas. Antecedentes El pasado 27 de noviembre, la oposición, en cabeza de Angélica Lozano, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, convocó un debate en el Senado por el caso de Odebrecht, al que fue invitado el fiscal Néstor Humberto Martínez para dar explicaciones al respecto de los audios dejados por el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano. El fiscal hizo alusiones severas en contra de los senadores Petro y Robledo, además de poner en tela de juicio a Angélica Lozano por sus conocimientos en derecho. El debate de ese día terminó abruptamente, sin que la oposición pudiera realizar las correspondientes conclusiones. En este sentido, se violó el Estatuto de Oposición proscrito en 1991 que dice que la oposición tiene derecho a definir el orden del día en tres ocasiones durante la legislatura. Mientras que los senadores citantes tuvieron que hablar en un tiempo medido, otras voces pudieron sumarse al debate. Así lo hicieron varios senadores que, después de las explicaciones del fiscal, tomaron los micrófonos: Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Antonio Zabaraín e Iván Cepeda hablaron. Éste último le cedió la palabra a Gustavo Petro, luego de que éste recibiera varias acusaciones por parte de Valencia, quien mostró un video del senador recibiendo dinero en bolsas. El senador Petro no tuvo oportunidad de defenderse, pues Eduardo Pulgar, que oficiaba como presidente de la sesión, en el momento en que Cepeda le dio la palabra a Petro, le dio, a su vez, la palabra a Efraín Cepeda, que no fue nombrado en el debate. Después de que la oposición alzó la voz para quejarse ante este acto, Pulgar levantó la sesión y dejó a Petro y a los citantes sin dar las conclusiones. En este sentido, se incumplió la Ley 5, del artículo 252 de 1992, que le permitía a los citantes cerrar el debate y a los acusados con réplica o rectificación. Debido a esto, el senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría y la Comisión Ética del Senado para que evalúen la actuación de Eduardo Pulgar durante su sesión en la plenaria. Para Sanguino, el manejo que tuvo Pulgar en el senado vulneró los derechos de la oposición citante de la discusión.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares En las horas de la mañana de este 4 de diciembre de 2018, el presidente Iván Duque dio a conocer vía Twitter el movimiento de sus fichas para entregar la terna de la cual saldrá Fiscal ad hoc que adelantará el caso de Odebrecht. Después del boicot del Centro Democrático en defensa del hoy Fiscal General Néstor Humberto Martínez, Duque afirmó que “esperamos celeridad en la elección, que se esclarezcan los hechos y que se conozca toda la verdad”. Las suspicacias no se han hecho esperar, y no es para menos, pues los nombres en la terna postulada enrarecen la atmósfera. Una de ellas es Margarita Leonor Cabello Blanco, abogada de la Corporación Universitaria de la Costa y especialista de la Universidad del Rosario. Hasta aquí, todo parece normal, sin embargo su carrera fue catapultada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues, en 2009, este la ubicó en la segunda terna que él mismo presentó a la Corte Suprema para la elección del Fiscal General de la Nación luego de la renuncia de Virginia Uribe. Antes de eso, el nombre de Cabello no resonaba en ninguna esfera política. Desde el 2012 y hasta el 2022, Margarita Cabello se desempeña como magistrada de la Sala Civil la Corte Suprema de Justicia, lo que representaría un conflicto para los magistrados que deben elegir el Fiscal ad hoc, pues en 2016 ella fue presidenta del alto tribunal y participó en la elección de los togados. Al respecto, Cabello aseguró en La FM que ser parte de la Corte no le supone ningún impedimento y que no sabe si los magistrados electores se declararán impedidos para llevar a cabo la votación. Además del expresidente Uribe, uno de los grandes impulsores de su carrera ha sido Alejandro Ordóñez quien, en 2009, la nombró Procuradora Delegada para Vigilancia Disciplinaria. Cabello en 2016, como presidenta de la Corte Suprema, se refirió al fallo que anuló la reelección del entonces Procurador General, Alejandro Ordoñez asegurando que “en principio, debemos respetar las decisiones judiciales”. Cabello también fue precandidata a la gobernación del Atlántico en el año 2011. En ese momento, recibió el apoyo de Fuad Char Abdala, Iván Name y Roberto Gerlein, además, su fórmula para la alcaldía de Barranquilla, se suponía, iba a ser Elsa Noguera. Sin embargo, sus aspiraciones no prosperaron. A pesar de ser reconocida como una gran jueza y magistrada, su experticia no está en el derecho penal, como lo requiere el cargo de Fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, sino en el derecho civil y de familia.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Se trata de Leonardo Espinosa Quintero, decano de la facultad de Derecho de la universidad de la cual es egresado el presidente Iván Duque, la Sergio Arboleda, centro académico del uribismo. Espinosa es magíster en derecho de la misma universidad y doctor en el mismo campo de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid, España. Su especialidad es la jurisprudencia comercial y tecnológica. No ha tenido ninguna experiencia en derecho penal. Desde su postulación en la terna para ser fiscal ad hoc, se le ha tachado de ser el más débil de los opcionados. Sin embargo, las relaciones entre el hoy presidente y Espinosa Quintero son de larga data, pues, el abogado llegó a la Sergio Arboleda en 1990 y se ha mantenido hasta hoy. En ese intervalo de tiempo se conoció con Iván Duque, quien tomó la cátedra que impartía el excandidato presidencial y líder del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995. Hay que tener en cuenta que la Sergio Arboleda ha funcionado como bastión del uribismo, pues allí se han formado y han dictado clase varios de sus líderes. Tal es el caso de Andrés Felipe Arias, quien dictaba la clase de Economía Colombiana, José Obdulio Gaviria, quien es regularmente invitado a dictar conferencias, en la última aseveró que “aquí no ha habido conflicto armado. En Colombia hay una evidente falta de control; lo que se presenta es una grave perturbación a la ley y a la política”, a esta lista se suma también Óscar Iván Zuluaga quien fue profesor de la maestría en administración. Sumado a esto, los nexos de la Sergio Arboleda con el uribismo han sido recurrentes. Por un lado, en el año 2005, cuando la universidad cumplió 20 años y cuando Álvaro Uribe era presidente de Colombia, el discurso central del evento estuvo a cargo del entonces presidente, que llegó a decir que sentía el alma máter como su propia casa. De hecho, esa solidaridad con la universidad fue correspondida, pues el 6 de agosto de 2010, último día de Uribe como presidente, le fue otorgado un doctorado Honoris Causa por la universidad, en manos de Rodrigo Noguera Calderón, rector. Además de esto, la universidad se ha sumado a varias luchas uribistas. Pues ayudó a crear la Fundación Causa Justa, que se encargaba de financiar a los abogados encargados de la defensa de exministros y exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe vinculados a procesos judiciales. En esa tarea han trabajado el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta y el exministro de Hacienda y candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. También hay otros uribistas ‘purasangre’ que se suman a la lista de adeptos de la Sergio Arboleda. Por ejemplo, Joselito Guerra de la Espriella, egresado de dicha universidad y hermano de la senadora María del Rosario Guerra, quien fue condenado a 90 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada. También la misma María del Rosario estuvo vinculada a la universidad, pues, fungió como asesora de proyectos de financiamiento externo y de procesos de acreditación institucional. A la lista se suman otros uribistas, el politólogo Alfredo Rangel, quien había sido defensor de la política de Seguridad Democrática, ejecutada en el gobierno Uribe, dirigió el Centro Seguridad & Democracia de la Sergio Arboleda. Por otro lado, el Centro de Estudios Estratégicos Políticos es manejado por el general en retiro del Ejército Jorge Enrique Mora, quien fue el comandante de las Fuerzas Militares durante el primer periodo de Uribe. En la Universidad también trabaja Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa que trabajó con el ministro Guillermo Rivera y dicta cátedras y conferencias en la universidad. Así las cosas, la vinculación de un fiscal ad hoc, proveniente de la casa del uribismo, tendría sentido. El escándalo de la esposa del rector Por otro lado, está el escándalo de Zayda Barrero, esposa del rector de la universidad, en las elecciones legislativas del 2018. La Sergio Arboleda usó el correo institucional para enviar correos de apoyo a la campaña al Senado de Barrero. A varios estudiantes y egresados les llegaron correos y mensajes de texto que invitaban a votar por Borrero, que iba como candidata por el Centro Democrático. Para ese entonces, Leonardo Espinosa Quintero era el Secretario General de la Sergio. Los mensajes llegaron desde la dirección de la agencia Loor, que manejaba la cuenta de la candidata. Ante esta situación, Zayda Barrero le respondió a La Silla Vacía que “es una infamia lo que están haciendo (con las bases de dados). No ha habido ninguna directriz en ese sentido. No hemos hecho ni una sola publicidad. Ni siquiera hay un cartel”. Además, dijo que, pese a que sí contrató una agencia de comunicaciones, “no me piden permiso para enviar mensajes y hacer la campaña”.