Por: Redacción Pares Todo comenzó a principios de los años 90 en Yarumal, Antioquia. Por ese entonces, empezó a gestarse un grupo dedicado a realizar ‘limpieza social’ en la región que, más tarde, sería denominado como ‘Los Doce Apóstoles’ por la prensa, pues, al parecer, uno de sus integrantes era el Sacerdote Gonzalo Palacios, quien fungía como párroco de la Iglesia las Mercedes de Yarumal. De hecho, a Maria Eugenia López, una de las sobrevivientes de la masacre de Campamento, cometida por este grupo paramilitar, le dijeron cuando volvió al pueblo a buscar respuestas por el asesinato de su familia “Váyase de aquí que a usted ya la tienen ‘reseñada’”. También le dijeron que en el pueblo había un cura muy malo que ordenaba todos los crímenes de la zona. En una entrevista publicada en la Revista Semana, la periodista Olga Behar, autora del libro Los doce apóstoles, dice que en ese momento el poder que detentaban los grandes hacendados y las personas pudientes de esa zona del país era atacado por sectores de la guerrilla que cometían secuestros y extorsiones. Como dice Behar, la justicia colombiana y las Fuerzas Armadas no operaban, eran incompetentes para dar esa batalla. En este sentido, explica la periodista, comenzaron a configurarse y a legitimarse grupos de seguridad privada que después serían legalizados por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo los grupos CONVIVIR. “A partir de ahí, todos los sicarios y asesinos tenían armas legalizadas. Entonces, se legitimó esa forma de mantener el establecimiento por encima de la furia comunista subversiva”, puntualiza Behar. Así entonces, nació el grupo ‘Los Doce Apóstoles’. Ese grupo hizo presencia en Antioquia entre 1992 y 1995 y, según la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de investigación (CTI), cometió 533 asesinatos en los municipios de Angostura, Campamento, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Valdivia y Yarumal. Algunas versiones indican que los principales miembros de la organización fueron Jorge Alberto Osorio Rojas, Hernán Darío Zapata y Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Santiago fue sindicado de promover y financiar el grupo de limpieza social. De hecho, fue interrogado en el año de 1997 por los hechos de secuestro, extorsión y homicidio, cometidos por el grupo de ‘Los Doce Apóstoles’ entre los años de 1993 y 1994 en Yarumal y Santa Rosa de Osos. Sin embargo, ese proceso en contra del hermano del expresidente fue cerrado en 1999 por falta de pruebas suficientes. Según el portal VerdadAbierta.com, en el año 2010, el general retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses Quintero, dio declaraciones desde Buenos Aires, en las que ahondó en los delitos que cometió el grupo paramilitar y explicó su funcionamiento. El Policía retirado habló frente el Nobel de Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel; Beinusz Smuckler, presidente de la Asociación Americana de Juristas y Ernesto Moreau, representante de la Asociación Americana de Juristas. Ante ellos, Meneses Quintero dijo que llegó a Yarumal para relevar al capitán Pedro Manuel Benavides en el año de 1993. Benavides, que en su momento salía, le dijo a Meneses que tenía que apoyar a un grupo que hacía limpieza social en la zona. Además, Benavides le explicó que “el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del [entonces] senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar”. Meneses Quintero también dijo que acordó con Santiago Uribe un apoyo conjunto entre la policía y ‘Los Doce Apóstoles’: “Santiago me dice: ‘vea, reciba esta plata o no la reciba, nosotros tenemos el apoyo de los comandantes de la Policía a nivel departamental y amigos a nivel nacional, nosotros vamos a seguir actuando’”. De hecho, en un escrito de acusación de la Fiscalía, de 206 páginas, el ente investigador afirma que el hermano del expresidente Uribe habría ayudado en la conformación de ‘Los Doce Apóstoles’ y que, además, la finca La Carolina, perteneciente al hoy senador, habría sido utilizada para cometer 533 asesinatos.“Se menciona que el 16 de julio en la finca La Carolina, de propiedad del senador Álvaro Uribe Vélez, un grupo de hombres fuertemente armados que prestan vigilancia a este predio le dieron muerte a Manuel Vicente Varelas, quien habría recibido siete disparos en la cabeza, cara, cuello y hombros”, cita textualmente la Fiscalía en el documento. Así las cosas, varios testigos han dado cuenta de la presunta implicación de Santiago Uribe con este grupo. Además de tener ya identificados a otros integrantes del mismo. Y, pese a que varias audiencias han tenido lugar, han sido infructuosas. En esta línea de tiempo le contamos qué ha pasado desde entonces con ‘Los Doce Apóstoles’ y con su presunto promotor y financiador Santiago Uribe Vélez.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares En Colombia, el ejercicio periodístico sigue siendo un riesgo que representa amedrentación, persecución, censura, amenazas y hasta asesinatos. Al mejor estilo del funambulista, los periodistas sortean los riesgos que imponen el investigar los temas más espinosos, los que los poderosos quieren callar. Cecilia Orozco, directora de Noticias UNO y columnista de El Espectador, y María Jimena Duzán, periodista de la Revista Semana, han sido fundamentales para la investigación del Caso Odebretch que salpica al hoy Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Investigación que les ha acarreado problemas. Estas dos mujeres demuestran la gallardía que demandan los tiempos en que el periodismo independiente emerge como mecanismo de contra poder. Tiempos en que se necesita de su papel protagónico para evitar el tan acostumbrado capítulo de impunidad que nubla los casos más ‘escalofriantes’ del país, ese mismo país en que los poderosos rehúsan a la verdad. Ambas periodistas, como mínimo, dejan una enseñanza per se, ambas han sido claras en que, a pesar de la instigación del Fiscal a su ejercicio periodístico, no se van a dejar amedrentar. Firmes, han advertido que las investigaciones persistirán y, de ser necesario pedirán, vigilancia internacional. Luego de que varios periodistas unieran su voz en razón a la pretensión del Fiscal de deslegitimar las investigaciones periodísticas que lo tienen vinculado a uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido Colombia, el pasado domingo 2 de diciembre, Cecilia Orozco y María Jimena Duzán adelantaron una reunión con Alberto Brunori—Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos—en la que manifestaron la vulnerabilidad del ejercicio periodístico en Colombia. “Monitoreamos el derecho a la libertad de expresión y la protección a periodistas en Colombia”, afirmó Brunori. ‘Es un momento difícil para el periodismo independiente’ La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se refirió de forma importante sobre el caso de Néstor Humberto Martínez con Duzán y Orozco. Para la Fundación, la Fiscalía General de la Nación, en razón de su capacidad de ente acusador, debe investigar las intimidaciones y amenazas tanto a periodistas de Noticas Uno como de Revista Semana por las investigaciones que adelantan en el caso Odebretch. La Fundación sentencia que las intervenciones de Martínez en su defensa no garantizaron la libertad de prensa, sino que, por el contrario, se evidenció un intento por limitar el ejercicio periodístico. Justamente, para Duzán, el Fiscal atacó el trabajo que viene adelantando el periodismo en el país sobre el caso Odebretch, trabajo que se realiza, incluso, “antes de que apareciera en la escena Pizano, hoy muerto”, sentenció la periodista. Precisamente, el ataque de Néstor Humberto se dio en el marco del debate al que fue invitado en el Congreso sobre Odebrecth, al que asistió en su legítimo derecho de defensa. Sin embargo, el Fiscal, en términos de Duzán, salió ‘desencajado’ y no dio razón, entre otras cosas, del por qué a dos años de la investigación que adelanta la Fiscalía no hay ningún condenado por ordenar los sobornos de más de 50 millones de dólares relacionados con la Ruta del Sol II. Que no se pierdan las palabras, tomemos nota Las revelaciones que han hecho Noticias Uno y las columnas de Revista Semana han permitido ir reconstruyendo las pesquisas de un caso de corrupción que ha cobrado vidas, dilaciones y entorpecimientos en la investigación. La noche del 27 de noviembre abrió un nuevo capítulo para el periodismo en Colombia, esto los advierten las palabras de las periodistas: Cecilia Orozco: “El periodismo democrático en grave peligro: quien dirige la entidad que investiga penalmente a los ciudadanos, demostró esta noche de lo que es capaz”. “Calculador y vengativo: NHM exhibió su talante real en su coletazo de ira porque el periodismo lo dejó expuesto. Esta noche puso en riesgo a la columnista María Jimena Duzán y al periodista Serrano de Noticias Uno. Quedamos advertidos: el fiscal es intocable”. “¿Pretenden intimidarnos? No lo harán. Las afirmaciones del fiscal general en sus menciones a Noticias Uno constituyen evidencia de que el matoneo, los rumores e, incluso, los informes de medios y directores serios, demuestran cuál era el origen de las infamias en nuestra contra”. María Jimena Duzán: “El periodismo no se puede convertir en un delito, porque al señor fiscal no le guste lo que investigo, ni lo que escribo. No me va a amedrentar, tengo miedo, pero no me va a amedrentar, tengo derecho a hablar con mis fuentes, a trabajar con mis fuentes”. “No hay ningún condenado por haber ordenado los sobornos, por decir esto; en Colombia a mí me han puesto una tutela”. “Los periodistas en Colombia tenemos derecho a investigar… la libertad de expresión es un bien de los colombianos y más que nunca tenemos que hacer presencia” No es un juego Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el informe ‘Estado Depredador’, en el 2017 se registraron en Colombia 310 casos de ataques a la prensa y 129 amenazas a periodistas. Cifras alarmantes teniendo en cuenta que un número similar no se registraba desde 2006, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez. Dentro de la tipología que hace la FLIP, cobra especial importancia el hecho de que el 25% de los presuntos agresores a la prensa son funcionarios públicos, pues registraron 76 casos. Además, la comparativa que hace en informe permite observar que la batuta de agresores ha cambiado, puesto que para 2006 mayoritariamente la violencia era perpetrada por actores ilegales y para 2017 mayoritariamente la ejercen funcionarios y particulares. Según la FLIP, desde 1977 se han registrado 154 asesinatos a periodistas ‘por razones de su oficio’, de los cuales 122 se encuentran en completa impunidad, es decir, el 79, 2% de los casos de crímenes contra la prensa.

Por: Esteban Salazar, Linea Democracia y Gobernabilidad En medio de un alto abstencionismo, Juan Carlos Suaza resultó elegido en elecciones atípicas como alcalde de Riohacha, capital departamental del La Guajira, el pasado 2 de diciembre. Es la primera vez que un alcalde en este municipio recibe la credencial para ejercer el cargo de inmediato. Suaza reemplazará a Alexa Yamina Henríquez, quien fue designada el pasado 6 de octubre por el presidente Iván Duque como alcaldesa encargada. Así las cosas, son nueve los alcaldes que han pasado por la Alcaldía en menos de 3 años, lo que ha representado 13 nombramientos o encargos y evidencia la grave inestabilidad institucional del municipio. Cabe resaltar que estas elecciones se hicieron porque en enero de 2017 la Fiscalía detuvo al exalcalde de la ciudad, Fabio Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En abril de 2018, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años impuesta a Velásquez por esos actos de corrupción, que superaron los 5.700 millones de pesos. El alcalde elegido es administrador de empresas, egresado de la universidad de La Guajira, y se postuló con el aval de los partidos Alianza Social Independiente (ASI) y Centro Democrático. Anteriormente, Suaza fue concejal en dos oportunidades de Riohacha (2008-2012 y 2012-2015). Para las elecciones de 2011, bajo el lema “Tu amigo soy yo”, aspiró al Concejo con el aval de ASI #1 y apoyó la candidatura de “Kiko” Gómez a la Gobernación. Este último fue objeto de diversas investigaciones por parte del equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en las que se señalaron sus relaciones mafiosas, entre otros cuestionamientos, que derivaron en su captura y posterior condena a 55 años de prisión por el homicidio de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, registrado el 28 de agosto de 2012. En 2013, cuando Suaza fungía como concejal de Riohacha, la Procuraduría lo suspendió por ocho meses junto a otros 13 concejales por irregularidades en la elección del personero de la ciudad, Breider Redondo Solano, en 2012. Según la Procuraduría, “el 10 de enero del 2012, el Concejo eligió a Breider Yuesmith Redondo Solano como personero municipal con un número de siete votos a favor, pese a que eran 15 los concejales que asistieron a la sesión de elección y, en consecuencia, era necesario declararse con mínimo ocho votos de los asistentes a dicho acto”. En 2014, siendo concejal, Suaza apoyó la candidatura a la Gobernación de José María ‘Chemitas’ Ballesteros, heredero político del condenado «Kiko» Gómez. Aspiró nuevamente en las elecciones del 2015 al Concejo, pero se quemó con 899 votos. Posteriormente, desarrolló un proyecto con recursos propios denominado “Tu Amigo”, que consiste en brindar capital semilla a futuros emprendedores. Esto último le sirvió para postularse como un candidato cercano a la gente en las elecciones atípicas del pasado 2 de diciembre cuando se impuso con el 48.99% de votación (13.885 votos), de un potencial de 118.998 votantes, en el que solo se acercaron a las urnas el 24.28% (28.898 votos). El segundo fue Manuel Cayetano Sierra Deluque (10.359 votos), avalado por el Partido Conservador, y el tercero Miguel Ángel López de la UP (2.874 votos), de acuerdo con cifras de la Registraduría. Sin duda alguna, el abstencionismo fue el gran ganador de la jornada, pues en 2015, con una participación de más de 70.000 votantes, el ganador fue el candidato de Cambio Radical con 51%, seguido por una coalición del Centro Democrático, Opción Ciudadana y Partido Liberal con 25%, la coalición Partido Conservador y la U 20% y ASI 2%. Los otros grandes ganadores fueron los clanes tradicionales que se han disputado tradicionalmente el departamento: Nueva Fuerza Guajira y la Gran Alianza, quienes devolviéndole el favor a Suaza de apoyos anteriores, hicieron campaña a su favor. Conviene subrayar que, en el caso de La Guajira, de acuerdo a investigaciones previas de Pares, existe un fenómeno de élites subnacionales en el que estas dos casas políticas se han enfrentado por el control de las autoridades de gobierno local: la Gran Alianza, en cabeza del ex senador Jorge Ballesteros y el ex gobernador “Kiko» Gómez, junto con el representante Antenor Durán y el cuestionado rector de Uniguajira, Carlos Robles; y Nueva Fuerza Guajira, que dirige el exgobernador Jorge Pérez Bernier, en compañía del excónsul en Boston Bladimiro Cuello y el representante Alfredo Deluque, del partido dela U. Aunado a lo anterior, a Suaza lo apoyaron el exalcalde Rafael Ceballos, los diputados Genaro Redondo, Eimer Rodríguez y Michel Fuentes, el excandidato liberal a la Cámara José Durán y el exrepresentante a la Cámara Antenor Durán. Así las cosas, el panorama del año que queda para Suaza en la administración local de Riohacha estará enmarcado por una constante injerencia de los clanes tradicionales que han ostentado el poder durante dos décadas y tienen el departamento sumido en una constante ingobernabilidad, pobreza y corrupción rampante, razón por la cual la Fundación Paz & Reconciliación envía una alerta sobre la lupa que pondrá en la contratación estatal en la capital guajira y la veeduría constante mediante herramientas que serán implementadas para hacer seguimiento a la actividad de la administración municipal de Suaza en compañía de los clanes cuestionados.

Por: Redacciones Pares El sábado 1 de diciembre se presentó un atentado en el Parque La Isleta, en la cabecera municipal de Cartago, Valle, contra el médico Hugo Eduardo Cedeño, quien es precandidato a la alcaldía del municipio. Cedeño y otras cuatro personas resultaron heridas, mientras que dos personas más fueron asesinadas en medio de la realización de un evento con más de 100 personas en donde el médico les practicaría una terapia neural gratis a los asistentes a través de FundAcción, organización liderada por el médico. Según versiones preliminares, cuatro hombres armados, uno de ellos con un fusil AK47, irrumpieron en el parque en dos motos y abrieron fuego en contra del aspirante, las dos víctimas mortales fueron la suegra de Cedeño, Luz Marina Urrego, quien había llegado al país apenas tres días antes y el líder comunal José Urley Carmona del Barrio Ciudadela de Paz. Algunos medios de comunicación señalaron que, en el lugar de los hechos, se encontraron 90 cartuchos calibre 7.62, 5.56 y 9 milímetros. Cedeño, nacido en Ecuador, por lo que se le conoce como “El Ecuatoriano”, reside en la región hace más de veinte años, y ya había sido víctima de un atentado en el año 2012. En esa oportunidad, dos hombres en moto dispararon contra su vehículo y resultó herido en un brazo, no obstante, logró llegar a un centro médico por sus propios medios. El médico fue gerente de la IPS Municipal de Cartago durante tres períodos consecutivos y actualmente dirige el Hospital Santa Ana de los Caballeros del municipio de Ansermanuevo. Cartago ha sido protagonista en los últimos años de violencia en el marco de períodos electorales. En el año 2015, fue asesinado José Ignacio Londoño Zabala, quien aspiraba a la alcaldía de Cartago por el Partido Liberal junto con Cedeño y que, además, era conocido en la región como el abogado de la mafia por sus nexos con Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño” y Víctor Patiño Fómeque, reconocidos narcotraficantes de la región. Londoño también fue señalado por ser asesorado por personas cercanas a alias “El mudo”, Luis Carlos Restrepo Orozco, exalcalde de Cartago, quien en 2013 recuperó su libertad tras ser condenado por enriquecimiento ilícito y nexos con paramilitares. Tras el asesinato del precandidato liberal, su hermano Carlos Andrés heredó su capital político y es actualmente el alcalde del municipio. En su momento, el exmilitar José Ignacio Mira Peña, alias “Capitán Mira” o “Gafas”, fue señalado de participar del homicidio de Londoño debido al distanciamiento entre ambos por la solicitud de devolución de 12 millones de dólares aportados por narcotraficantes para gestionar el sometimiento a la justicia del grupo “Los Comba” de Daniel “el loco” Barrera y Diego Rastrojo. Después de este suceso, Mira y Londoño habrían entrado en una guerra que tuvo como resultado el asesinato de este último. Asimismo, el “Capitán Mira” fue señalado de asesorar a “Los Flacos”, banda al servicio de Los Rastrojos, liderada hasta 2013 por Martín Sánchez, alias “Erika”. Según el portal Semana, únicamente con el “beneplácito, planeación y ejecución” de esta banda criminal se habrían cometido el múltiple crimen del pasado fin de semana. A su vez, otros medios han planteado que lo ocurrido se trataría de una vendetta política por parte de quienes están interesados en las concesiones de los servicios de alumbrado público y de manejo de basuras, dado que estos contratos deben ser adjudicados el año entrante por parte del ente territorial. Se presume que alias “Capitán Mira” o “Gafas” sería uno de los interesados en sacar del ruedo político al aspirante Cedeño. Por su parte, Cedeño ha estado también vinculado a escándalos de la vida política de Cartago. En el año 2015 fue señalado por el exalcalde Germán González Osorio, condenado por el supuesto robo de una millonaria suma de dinero dispuesto para el Plan Municipal de Aguas, de haber desaparecido a su hijo mayor Alejandro. Asimismo, algunas versiones lo asocian también con el asesinato de José Ignacio Londoño Zabala en el marco de las intricadas relaciones entre política y carteles del narcotráfico. En suma, los comicios del año 2019 están en riesgo en Cartago por múltiples razones. En primer lugar, por las complejas relaciones entre grupos armados ilegales, narcotráfico y casas políticas. En segundo lugar, por la violencia desatada por intereses de ilegales que seguramente afectará a quienes no cuenten con su amparo. Por el momento, las autoridades, en cabeza del Ministro Botero, han ofrecido una recompensa para quien dé información que permita capturar a los responsables de este atentado.

Por: Línea Conflicto, paz y postconflicto Los teóricos del postconflicto dividen esta etapa de transición en dos grandes periodos. Al primero se le llama Estabilización, el cual se refiere a los 36 meses luego de la firma del acuerdo de paz. Se le da este nombre de estabilización pues, durante estos tres años, el Estado tiene tres objetivos. Por un lado, reducir los indicadores de violencia y evitar el resurgimiento de nuevas olas de terror, por ende el modelo de seguridad es fundamental en este periodo de tiempo. En segundo lugar, se debe comenzar a trabajar con la población que durante años vivió bajo el control de un grupo armado ilegal o bajo contextos de economías ilegales, aquí de lo que se trata es de irlos sacando de este círculo de la ilegalidad. No se trata de resolver todos los problemas estructurales que los aquejan, pero sí de mostrarles que la paz trae cambios. Por ello, las inversiones en estas zonas de conflicto son básicas. El tercer objetivo en este periodo de tiempo, y sobre todo en aquellos postconflictos que se desarrollan en medio de economías ilegales, se trata de evitar que otros actores crimínales copen el territorio del grupo con que se hizo la paz, o evitar la formación de organizaciones criminales en estas zonas. Luego de la Estabilización, viene lo que se denomina la Normalización, periodo que se refiere a tres objetivos centrales: 1) Las zonas que vivieron bajo la guerra deberán tener planes estables de mediado plazo para consolidar el Estado de derecho y consolidar la salida de actores criminales y economías ilegales; 2) El modelo de Justicia Transicional deberá comenzar a dar resultados y se deberá consolidar el derecho a la garantía de No Repetición; 3) Se deberá estar avanzando en la implementación de acciones institucionales que mitiguen las causas estructurales que provocaron la violencia, ya sea el conflicto armado o la guerra civil. Con este panorama, llegó la hora de hacer los balances en el postconflicto colombiano. Han pasado 24 meses desde la firma del Acuerdo de Paz, igualmente las FARC ya se encuentran haciendo política, hubo un cambio de gobierno donde ganó la opción política más crítica al Acuerdo de Paz y la Justicia Transicional arrancó. El camino ha sido tortuoso, tal como lo ha venido informando la Fundación Paz y Reconciliación en sus diferentes informes. Tal vez, el primer ítem a analizar son los indicadores de violencia asociados al conflicto armado. Antes de comenzar, se deben recordar dos cifras. Por un lado, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, en 242 hubo presencia de las FARC durante su última década de existencia. Por su lado, el ELN operaba en 99 municipalidades, en varios de ellos operaban ambas estructuras. Así las cosas, se priorizaron 281 municipios del postconflicto. El otro dato, se refiere a que los números del año 2018 que se verán a continuación están hasta el 30 de septiembre de 2018, por ende en algunos casos habrán proyecciones, pues lo números definitivos se conocerán hasta enero de 2019. El primer dato a analizar es el número de homicidios. La siguiente gráfica muestra la evolución anual del homicidio a nivel nacional. Desde el año 2012 comenzó una reducción que llegó a su punto más bajo entre 2016 y 2017. Pasando de una tasa de homicidio de 34 por cien mil habitantes hasta 24 por cien mil habitantes. Los datos de 2018 se deben leer hasta el 30 de septiembre. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. Entre 2016 y 2017 se produjo un fenómeno que se conoce como “piso de cristal”; es decir, la reducción que se venía presentando desde 2012 se detuvo. Ahora bien, la reducción de los últimos años, se dio en zonas de conflicto y en zonas urbanas, a nivel internacional a este fenómeno se le denomina “efecto contagio”. Es decir, que un hecho significativo tira hacia abajo los datos de violencia en todo el territorio. La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio discriminado entre zonas rurales y zonas urbanas. Como se sabe, el impacto más directo del conflicto se presentó en zonas rurales, nótese como la disminución fue impresionante en ambas zonas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. La tendencia indica que en 2018 se mantiene el piso de cristal pero con un alza marginal. La siguiente gráfica compara en los últimos tres años los meses entre enero y septiembre. Nótese como 2018 tiene los números más altos. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre para cada año. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los 281 municipios priorizados para el postconflicto los datos son los siguientes. Dos cosas llaman la atención, por un lado, la tendencia se quiebra en 2017; es decir, luego de reducciones desde 2012, año del arranque los las negociaciones de paz, en 2017 se presentó un aumento importante de homicidios. Todo parece indicar que una vez las FARC dejaron las armas se produjo un vacío de poder que elevó los indicadores de violencia. Los datos de 2018 están hasta el 30 de septiembre, la tendencia indica que al finalizar el año la cifra estará cercana a los 3.400 homicidios. Al discriminar estos datos en los 281 municipios entre lo rural y lo urbano, el resultado es impresionante. Históricamente, la mayoría de los homicidios eran urbanos, los rurales eran más bajos. Sin embargo, en 2017 la tendencia cambia, la salida de las FARC dejó un vacío de poder que el Estado no fue capaz de copar. Los datos se ven a continuación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre. Ese brote de violencia tendría dos grandes explicaciones. Por lado, un copamiento criminal, ya sea por parte del Clan del Golfo, el ELN, o los grupos postfarc. Por otro lado, una situación que se ha denominado de anarquía criminal, la cual describe un deterioro de la seguridad no derivado de un copamiento criminal, pero sí del aumento de la delincuencia común o problemas entre pares, es decir, entre vecinos. No debe olvidarse que en muchas de estas zonas las FARC funcionaban como un para-estado, controlaban todo: desde la movilidad de personas hasta la venta de licor. Con la salida de ellos los conflictos en medio de consumo de licor, o por linderos se dispararon y en muchas zonas los campesinos se han tomado la justicia por sus manos. Al revisar los datos de los últimos tres años, entre enero y septiembre, se nota que para 2018, los 281 municipios del postconflicto, muestran un deterioro de las cifras de violencia homicida. Obviamente los datos no son homogéneos, ya que hay zonas que viven verdaderas guerras y otras zonas con una mejora sustancial de la seguridad. A continuación se muestran los datos. Lea el informe completo de Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz aquí.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Aunque muchos lo nieguen la paz ha dado sus frutos: el desplazamiento forzado es el 10% de lo que fue en su peor año; el secuestro está a punto de desaparecer y seguramente en el 2018 la cifra estará en los 170 secuestros, en el peor año de la guerra hubo 3.300. Igualmente la desaparición forzada asociada al conflicto armado está en uno de los puntos más bajos. Son miles las vidas que se han salvado en estos años de postconflicto. Sin embargo, hay dos problemas en medio del balance positivo. Por un lado, el homicidio detuvo su caída, en 2018 se presenta una tendencia marginal al aumento. En el 2012, cuando arrancaron las negociaciones de paz, se produjeron cerca de 16.000 homicidios; en 2017 la cifra cayó a cerca de 12.000. Sin embargo, para 2018 la tendencia indica que se presentaría un incremento leve. Igualmente, en el peor año de la guerra hubo 1229 personas afectadas por minas antipersonal, en el 2017 la cifra cayó a 56 personas y en 2018 si bien, es muy bajo, se presenta un aumento con respecto a 2017, la cifra está en poco más de 100 personas afectadas. Todo esto indica que en algunas zonas del país el Estado no fue capaz de copar los territorios dejados por las FARC y el Estado. Además, desde la posesión presidencial del gobierno de Iván Duque todo quedó paralizado en las regiones en lo referente a la implementación. Más allá si esta situación es producto de una estrategia para sabotear la paz o se deriva de una curva de aprendizaje normal de los nuevos gobiernos, lo cierto es que cada día que pasa, la situación se complica más. A veces, me pregunto por qué algunos sectores de derecha, que están en el gobierno, quieren revivir a las FARC y buscan sabotear todo el proceso para provocar el surgimiento de otra guerrilla. La pregunta es central debido a que esté era el enemigo número uno del uribismo y ¿ahora que está derrotado para qué revivirlos? Pueden existir dos respuestas: La primera es que los gobiernos de corte neopopulistas siempre necesitan un enemigo para justificar sus desastres y entretener al pueblo. Las dos administraciones Uribe son el mejor ejemplo con las FARC, o lo que actualmente sucede en algunos países del norte con el fantasma de los migrantes. La otra respuesta es que algunos miembros del gobierno no saben a lo que están jugando y no están gobernando con principios de Estado sino con principios ideológicos. En la vida real creo que es una mezcla de las dos, pero más allá de discutir sobre las causas de esto, lo que me parece complicado es que un puñado de burócratas inexpertos quieran mandar a Colombia nuevamente al abismo. Ahora que la popularidad del nuevo gobierno está por el piso, salidas de corte militar están a la orden del día: Una aventura militar en Venezuela, acabar el proceso de paz con el ELN, no continuar con el proceso de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo o revivir a las FARC a punta de incumplimientos del Acuerdo, serían las opciones. O incluso una mezcla de todas estas. Mal haría Iván Duque en dejar como principal herencia un país incendiado.

Por: León Valencia, director – Pares Una buena crónica de Armando Neira en El Tiempo de este 2 de diciembre, sobre Pablo Escobar, a 25 años de su muerte, termina diciendo: “Uno a uno, los integrantes de los carteles del narcotráfico fueron cayendo, muertos o encarcelados, mientras el país siguió su marcha hacia adelante. Con la convicción de decir: ¡Nunca más Escobar! Desafortunadamente, no es totalmente cierta la conclusión. Los Rodríguez Orejuela, quienes crecieron en paralelo a Escobar, reinaron en el mundo del crimen organizado después de la desaparición del capo del Cartel de Medellín y pusieron a su servicio a sectores de la fuerza pública para la intimidación y los asesinatos selectivos e infiltraron hasta la médula la política nacional. Luego la antorcha del crimen y el terror pasó a manos de Carlos Castaño formado en las filas de Escobar, quien logró construir un verdadero ejército con control de regiones enteras y en ese momento las masacres y el dolor se multiplicaron hasta la saciedad. Ahora, la voz cantante la tiene Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la cabeza del llamado Clan del Golfo. En la crónica le atribuyen a Escobar 5.500 muertos y más de 100 atentados. Pero el Centro de Memoria Histórica les atribuye a los paramilitares 94.754 asesinatos. Aún no se ha hecho el balance completo de las muertes que carga en sus hombros alías Otoniel; en todo caso no será una cifra menor, porque su trayectoria es larga, sólo para recordar que fue miembro del Ejército Popular de Liberación -EPL- una guerrilla que tenía su retaguardia en Urabá, pasó luego por las huestes de Castaño y ahora se ha consolidado como el jefe mayor de la más poderosa organización de la herencia paramilitar. Esta línea de tiempo es parcial y muy incompleta. La hago sólo para señalar que los “escobares” en vez de desaparecer se multiplicaron con el tiempo y su terror nunca desapareció y se hizo más intenso y más extenso. Las cifras de su principal negocio han oscilado. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento de auge de los cultivos de uso ilícito y del tráfico de drogas y las alarmas han cundido. Se dice que es el momento de más hectáreas de hoja de coca cultivadas y de más cocaína exportada. La prensa de estos días trae muchas notas sobre los 25 años de la muerte de Escobar y en todas ellas resaltan la resistencia de la sociedad y el sacrificio de muchos de sus líderes en la angustiosa lucha contra las mafias. Es cierto, una parte de las élites políticas y empresariales del país tomo distancia desde el principio de las actividades mafiosas y denunció a los variados jefes de estas organizaciones, para ellas la historia deberá reservar siempre un homenaje. Pero la verdad pura y dura es que otra parte de las élites políticas y empresariales se ha vinculado de las más diversas formas con los mafiosos y se ha beneficiado de sus actividades. A eso se debe la persistencia de estas organizaciones y de allí derivan la capacidad de mutar y adaptarse. Sobre los hombros de prestigiosos líderes del país han cabalgado los mafiosos. Los pretextos para asociarse con ellos han cambiado con el tiempo. En Medellín se aplaudía, al principio, el espíritu benefactor de Escobar y luego encumbrados empresarios acudían al edificio Mónaco a recibir préstamos o regalos para rescatar o alentar sus negocios en momentos en que se vivía una dura crisis económica. Después se justificaron de mil maneras las actividades de los paramilitares diciendo que eran una respuesta angustiada de los dueños de tierras y empresas ante el asedio de las guerrillas. Aún en estos tiempos es la explicación que tienen para el surgimiento de estas organizaciones. Cuando alguien intenta demostrar con cifras y ejemplos a la mano que sus víctimas eran siempre humildes campesinos o líderes sociales y políticos indefensos, aquellos defensores o cómplices de mafiosos y paramilitares se salen por la tangente diciendo que no se percataron a tiempo del horror que propiciaron o cínicamente señalan que hay exageraciones y sesgos de los aliados de las guerrillas. Eso sirve para seguir apoyando en la sombra a estas organizaciones y para continuar recibiendo dineros para robustecer sus empresas legales o para utilizar a manos llenas en las campañas políticas. El espíritu de Escobar está más vivo que nunca, pero también está vivo el recuerdo de quienes en los momentos más oscuros se opusieron a las mafias y a su nefasta influencia en la democracia y en la vida económica del país y cuando estas enseñanzas prevalezcan la sociedad colombiana saldará deudas y empezará de verdad una época de cambios.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Por primera vez en la historia, el G20 se hace en Argentina, justamente a diez años de su primera realización en Washington en el 2008. La república albiceleste será la sede en la que se tratarán como temas principales el comercio internacional, la política económica y el cambio climático. Argentina, a pesar de estar sumida en una crisis económica, ostenta su puesto dentro del G20 por su capacidad exportadora de alimentos al mundo. El presidente de la República, Mauricio Macri, ha dispuesto alrededor de 30.000 uniformados para sortear la demanda de seguridad de los líderes de los 19 países invitados. La cita Este 30 de noviembre, Buenos Aires recibió a líderes de China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Corea del Sur, Francia, Japón, Reino Unido, India, Brasil, Italia, Turquía, Alemania, Rusia, Canadá, México, Sudáfrica, Australia y la Unión Europea. Estos países representan aproximadamente el 60% de la población mundial, el 80% de las inversiones globales, el 85% del producto bruto global y cerca del 75% del comercio internacional. Argentina, como país anfitrión, propuso “un futuro equitativo y sostenible” como el nombre de esta cumbre. La primera reunión de este evento se realizó a puerta cerrada y participaron todas las delegaciones a excepción de Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump canceló su asistencia a último momento. El evento se ha desarrollado en medio de la tensión entre Estados Unidos y China por los temas de propiedad intelectual y las dinámicas económicas de estas dos potencias en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Vladimir Putin, por su parte, trae consigo la polémica por las choques que han tenido Rusia y Ucrania, teniendo como último episodio la detención de barcos ucranianos por parte de la armada rusa en el estrecho de Kerch, situación de la que se valió Donald Trump para cerrar la posibilidad una posible reunión con el mandatario ruso. Además, también ha sido polémica la presencia Mohammed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudita, a escasos días del asesinato Jamal Khashoggi, periodista opositor. Problemas locales Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina, el viernes 30 de noviembre se presentó un sismo de 3,8 en la escala de Richter que sacudió, hacía las 10:30 de la mañana, a Buenos Aires. Este suceso natural, sumado a las marchas en las que miles de personas salieron a protestar contra de la cumbre del G20, componen la antesala de una jornada que se extenderá a lo largo de este sábado 1 de diciembre. Las manifestantes, en el marco de la denominada “semana de acción” bajo la consigna de “No al G20”, se dieron cita en el estadio Atlanta para protestar sobre las políticas económicas que impulsa la cumbre. La capital presentó en la jornada del día de ayer un panorama inviable en términos de tráfico. Tanto las líneas de metro y de tren metropolitanas permanecieron suspendidas y el servicio de vuelos nacionales del aeropuerto se cerró al público para dejar el uso reservado de las delegaciones internacionales. Además, grandes anillos de seguridad han bloqueado o desviado las rutas de circulación de los autobuses.

Por: Daniel Parra, Colaborador Pares El nubarrón de violencia que se postra sobre El Catatumbo parece no querer irse. El 29 de noviembre de 2018, en horas de la mañana, fue asesinado con arma de fuego José Antonio Navas en la vereda Miramontes del municipio de Tibú, Norte de Santander. José Antonio Navas, además de ser directivo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Libano, era integrante de la Guardia Campesina, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), y estaba inscrito en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícitos (PNIS). Según dio a conocer ASCAMCAT, Navas era nacido en El Tarra, tenía 6 hijos, y apoyaba la creación de las Zonas de Reserva Campesina. El asesinato de Navas se da a 10 días del lanzamiento del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales (PAO), firmado el pasado lunes por el Presidente Iván Duque. Según cifras del último informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación, desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 13 de noviembre de 2018, fueron asesinados 200 líderes y defensores de Derechos Humanos. “Nuevamente la historia se repite, continúan los asesinatos de líderes de Ascamcat y sus integrantes. De igual manera, las amenazas persisten. Hoy por hoy, van 10 líderes desplazados de la zona por amenazas de muerte” Afirmó Jhonny Abril, Coordinador de ASCAMCAT, a PARES. En lo corrido del año, han asesinado a 5 integrantes de la organización y 2 han recibido atentados. El pasado asesinato de uno de sus integrantes, Luis Tarazona, Coordinador del Comité Veredal de Ascamcat, sucedió escasos 21 días atrás (el pasado 8 de noviembre). Cabe resaltar que Navas también era integrante del Comité Veredal de Ascamcat en representación de su vereda, El Líbano. “El Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente, tiene que atender esta región es de manera social, porque la situación es social. Ya la región cuenta con la presencia de 20 efectivos de la fuerza pública, y la situación sigue peor. Sin embargo, aún como Asociación Campesina, le seguimos apostando ala paz de este territorio Catatumbero”, sentenció Abril. Las preguntas son muchas, y más porque todavía se desconocen los autores materiales e intelectuales de esta ola de violencia. PARES, una vez más, expresa su rechazo contra del asesinato de líderes sociales y manifiesta su solidaridad y apoyo a la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Un acorde suave antecede un murmullo que se hace canto “mujer de temple de acero y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma”. Esa podría ser una escena en la espesura de la selva colombiana, lo cierto es que tuvo lugar en el Museo Nacional en la ciudad de Bogotá, en la proyección el corto documental ‘Nunca invisibles, mujeres farianas. Adiós a la guerra’ en la noche del lunes 26 de noviembre. Las historias de vida de cinco mujeres tomaron protagonismo, así como también el proceso que ellas viven después de la firma del Acuerdo de Paz. Las cotidianidades atravesadas por las vicisitudes del conflicto, el amor, la separación familiar, los rencuentros y la vida en estado puro con un claro mensaje de “Adiós a la Guerra” componen el documental. ¿Qué lugar han tenido las mujeres en la guerra?, esa es una de las preguntas que plantea el CNMH. Liliany Obando, quien abanderó el proyecto de la creación y proyección del documental, cuenta que: “estas iniciativas ponen de tajo no solo el lugar, sino el papel activo de las mujeres farianas en la construcción de memoria y la resignificación de esas experiencias durante más de 50 años”. El relato Nunca Invisibles “consagra que siempre estuvimos presentes en la organización desde sus inicios”, dice Obando, “a nosotras como mujeres farianas nos han estigmatizado mucho, se han tejido muchos mitos alrededor de la maternidad, del derecho sobre nuestros cuerpos, de las decisiones de llevar una militancia de este tipo”. La bandera, para Liliany, tiene que ver con que no es lo mismo recordar y construir memoria en clave de lo masculino, “como mujeres nos pensamos las cotidianidades que tuvimos en tiempos de guerra; lo que eso significó para nosotras, que no es lo mismo que los hombres, no se siente igual y eso que atraviesa la experiencia es fundamental para hacer memoria”. También la iniciativa de hacer y presentar este documental plantea derrocar la instrumentalización de la mujer en su papel en la guerrilla, dejar de reducirlas al papel de las amantes obviando su carácter como sujetas políticas. La realización del proyecto arrancó hace un año. “Por esas cosas de la casualidad de la vida, se dio un encuentro con una compañera que trabaja en el CNMH, quien me comentó que allá apoyaban iniciativas de memoria”, cuenta Liliany. Y esta no fue la excepción. El proyecto, que lideraron mujeres excombatientes, tuvo el acompañamiento del CNMH, también se articuló financiación con Naciones Unidas y el gobierno de Canadá y fue guiado por los lineamientos del programa de Justicia Transicional. “El proyecto se pensó para vincular a las compañeras del ETCR de Antonio Nariño en Icononzo en Tolima”, comenta Liliany, y agrega que “la disposición por parte de ellas fue el primer paso para darle luz verde a la idea”. Encuentros en Bogotá e Icononzo y la formulación de una metodología conjunta con el CNMH permitieron que llevar a cabo el proyecto de hacer un corto documental desde las vivencias e historias de las mujeres farianas se hiciera realidad. “Cuando pensamos en la propuesta audiovisual no queríamos las mujeres más famosas, sino las mujeres de base”, afirma Liliany. Una mujer afro, una indígena y una campesina hacen parte de las historias del documental. “Cabe aclarar que no pretendemos ser la voz de todas, pero a partir de las historias se encontrarán puntos de encuentro sobre las experiencias más cotidianas que ahora resignificamos después de la guerra”, asegura. El lugar El museo más antiguo de Colombia, fundado en 1823, definió como sede definitiva la que era la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, conocida como ‘El panóptico’. El mismo que tenía como fecha de inauguración, nada más ni nada menos que el 9 de abril de 1948, fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, hecho que movió a la fecha al 2 de mayo del mismo año. El museo, se puede decir, esperó 70 años para albergar un espacio dónde las mujeres farianas contaran desde sus historias y, desde esas mismas historias, humanizar a quienes hicieron parte de este complejo conflicto. La mujer asociada a la guerra es una mujer a la que se le quita su humanidad, dice Liliany Obando, y verla en el documental, con sus orígenes contados desde la niñez, permite entender por qué muchas de esas mujeres tomaron la decisión, siendo incluso muy jóvenes, de entrar a la organización. En la ruralidad la feminidad es distinta, precisa Liliany, “pues los aprendizajes se dan de manera distinta y el documental lo que pretende, también, es salir de ese tipo de discriminaciones que vivían en sus espacios familiares y sociales”. Obando reflexiona que en el proceso se tuvo especial cuidado porque “activar la memoria también es activar el dolor, por eso trabajamos de la manera más responsable con el tratamiento de las historias para no incurrir en efectos negativos”.

Por: Carol Sánchez. «Esta exposición es también un homenaje a los campesinos de este país. Ellos han sido los grandes perdedores en esta violencia que se enquistó especialmente en lugares del campo. Los campesinos pusieron los despojados, los asesinados, los hijos para todos los ejércitos y, aún así, siguen produciendo y trabajando en muchos de esos territorios para tratar de generar sustento, no solamente para ellos, sino también para que en las grandes ciudades lo aprovechemos». Jesus Abad Colorado Jesús Abad Colorado es, tal vez, el mejor testigo de la historia de violencia que hoy tratamos como memoria en Colombia. Con su cámara y rol de reportero, recorrió miles de kilómetros de este país, tan acongojado por la guerra, para contar a través de imágenes lo que era vivir el conflicto que durante tanto tiempo nos pareció lejano. Su voz fue, también, la de las regiones a donde nadie llegaba, la de las víctimas y la de los sobrevivientes. Por eso no hay que extrañarse si cuando se va recorriendo su más reciente exposición, El Testigo, se encuentra a alguna persona llorando o tratando de contener el dolor. Porque Jesús Abad Colorado trajo al Claustro de San Agustín de la Universidad Nacional, justo al lado de la Casa de Nariño, fragmentos de historias que dan cuenta del horror que se ha vivido en Colombia. Historias que se alejan de las cifras y nos hablan de nombres de hijos, padres, abuelos, esposas y amigos que ya no están, pero que son buscados y reclamados. La exposición se divide en cuatro salas: Tierra Callada, que trata sobre desplazamiento; No Hay Tinieblas que la Luz no Venza, que nos habla sobre el flagelo de la desaparición forzada; Y Aun Así me Levantaré, que hace un recuento sobre algunas de las consecuencias de la violencia en civiles; y Pongo mis Manos en las tuyas, que brinda una luz de esperanza para hablarnos de reconstrucción y reconciliación. La curaduría de El Testigo estuvo a cargo de María Belén Sáez de Ibarra y su equipo, que con tremenda empatía lograron crear un recorrido que nos recuerda decir, una vez más, ¡Basta Ya!. En su voz, Jesus Abad Colorado hace un resumen de cada una de estas salas y del sentido de esta exposición: ¿En qué sentido esta exposición es un reclamo a la clase política, es significativo que se haga, precisamente, al lado de la Casa de Nariño? Yo le digo siempre a la gente, ¿ustedes creen que a la guerra se llega porque haya legales o ilegales que disparen sus armas contra la misma gente? No, a la guerra hemos llegado por la ineptitud y la corrupción con que esta clase política, que tiene obviamente excepciones, gobernó a Colombia. Hoy en el país estamos hablando mucho más de corrupción; se habla de Reficar, de Odebrecht, del cartel de la hemofilia, de los pañales y de muchos más; se habla de los que se roban el presupuesto de la alimentación de los niños en La Guajira, en el Chocó, en Arauca o el sur del país, hechos que son obra y gracia de esta clase política que ha estado enseñada a robarse los recursos de la Nación, que han estado, digamos, amamantándose del mismo pueblo que paga sus impuestos. Y claro, si hubiera hechos de guerra, con toda seguridad, una toma armada a un pueblo, un ataque a un grupo de militares, inmediatamente tapa la primera página. Porque la guerra vende más. Esta exposición no es para que vengan a decir «estos hechos son obra de los insurgentes, o de los ‘paras’, o de lo que llaman, entre comillas, las manzanas podridas del Ejército». No. Es para entender que lo que pasó aquí es responsabilidad de esa clase dirigente. Yo le digo a ellos: durante dos siglos han gobernado a Colombia, y siendo un país tan maravilloso no lo convirtieron ni en Noruega, ni el Finlandia, ni en Dinamarca, y ahí es donde uno dice: ¿cuál ha sido el proyecto, realmente, político que han tenido? El resultado de lo que hay en esta exposición debería tocarle a esos líderes políticos de Colombia y, por eso, hay una fotografía de un espejo roto, en donde tendrían que mirar el pedazo de culpa que tienen. ¿Qué tan responsable ha sido el periodismo al contar el conflicto desde las cifras olvidándose del contexto y de las historias particulares de la guerra? Yo he trabajado en periódicos y a las historias siempre hay que ponerle dos o tres fuentes, hay que ponerle cifras. Pero se nos olvidan las historias particulares. Entonces hay una cultura por la estadística, por el dato, por el porcentaje, y se nos olvidan las personas. Cuando tú entras a la segunda sala, No Hay Tinieblas que la Luz no Venza, casi que el 98% de las personas que están ahí están identificadas. No solamente el rostro del que se está buscando, o del que fue asesinado y su familia reclama por la impunidad, sino también los nombres de sus parientes, del que carga una fotografía en una marcha, del que está reclamando la presencia de algo. Entonces, claro, mi trabajo ha sido acercarme a esos seres humanos y entender que, para mí, son parte también de mi familia. Si yo vengo de una familia que vivió situaciones de violencia mal haría en contar una historia y no nombrar al otro. Me da pena decir, a veces, que no tengo el nombre de muchas de las personas. Porque, precisamente, de eso se trata: de darle nombre y rostro, poder contar qué fue lo que pasó. Yo creo que en el país ha habido periodistas muy importantes, y cuando digo importantes no me refiero a un gran nombre, porque hay personas desde las regiones han hecho un gran aporte a eso que luego los investigadores y los historiadores hacen sobre la reconstrucción de los hechos. Es sobre eso que se paran muchas veces para entender lo que pasó. Así como yo trabajé, hay muchas otros periodistas regionales. Muchas veces, esos grandes ‘cacaos’ son los que menos conocen la realidad del país. Porque el periodismo se hace mucho más a pie y la realidad no la brinda el contacto con las élites políticas o económicas sino el contacto con las realidades de los territorios. Pero aquí anteponemos el nombre de una persona que trabaja cómodamente desde una oficina al trabajo que hacen valientemente periodistas en las regiones y que han gastado sus zapatos trabajando con la gente. ¿Cómo atraviesa la vida de un periodista contar estas historias de guerra y dolor? Si esto no me afectara la vida, seguramente yo no hubiera seguido trabajando. Y es que lo que yo soy hoy, digamos, generando reflexión en un país, ha sido fruto de todo este trabajo. Durante años he sido una especie de siriri con este ejercicio de memoria, tratando de que la gente entienda qué es lo que nos está pasando, quiénes han sido los más afectados. Y es un reclamo que le hago mucho a la gente, no solo a los líderes de este país sino también a la misma academia, a los empresarios, y es: ¿hasta cuándo vamos a permitir que los que paguen los platos rotos de esta violencia sigan siendo los mismos? No quiero decir con eso que todos los tengan que pagar, no, es que hay es que parar para construir un proyecto de país en donde haya respeto por la vida, por lo que es público. Todas estas reflexiones son producto de lo que yo he vivido. Hay una frase de Ryszard Kapuściński que dice que «el periodismo no es un oficio para cínicos». Yo hoy soy más frágil. Cada vez soy más frágil. Y por eso cada vez me vuelvo más activista de los Derechos Humanos, tratando de decirle a la gente con mis fotografías y con las historias lo que los otros no entienden.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Hoy, 29 de noviembre de 2018, comienza a operar la Comisión de la Verdad, dirigida por el padre Francisco de Roux y creada después de la firma del Acuerdo Final en el Acto Legislativo 01 de 2017 y el decreto 588 de 2017. Tras más de 50 años de conflicto armado en Colombia, la Comisión tiene como finalidad ayudar a esclarecer los hechos acontecidos en el marco del conflicto sin tener algún propósito judicial. La Comisión tendrá una duración de tres años, donde recopilará historias y versiones de quienes vivieron a flor de piel el conflicto armado en el país. Después de que se termine el plazo establecido, el grupo investigador presentará un documento donde se conocerán las historias de las víctimas. “A partir de hoy contamos con 3 años para ahondar en la verdad histórica y humana de esta realidad que es el conflicto armado. La intención es llegar a cumplir los postulados de verdad, justicia y no repetición, algo en lo que también trabajarán la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos”, afirmó el presidente de la Comisión. Por otro lado, el padre Francisco de Roux dijo también que la Comisión busca tener una retroalimentación constante y que está dispuesta a recibir comentarios sobre cómo puede mejorar metodológicamente en la recepción de testimonios de las víctimas del conflicto. La entidad cuenta con un rubro anual de $130.000 millones de pesos. Respecto a esto, el padre De Roux afirmó que “se tiene la plata básicamente garantizada, aunque hay una parte que está para aprobación final. Se recibió un buen apoyo de la comunidad internacional donde la UE y la ONU prestaron una ayuda importante al sistema completo”. Además de esto, cabe anotar que la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR―, que fue creado como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial. El SIVJRNR está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. #DimeLaVerdad Primer encuentro de Verdad de la Comisión En su primer día de ejercicio la Comisión de la Verdad organizó un evento inaugural donde tuvieron lugar los 11 miembros que la componen, víctimas del conflicto armado y miembros de la sociedad civil que quieren aportar a la verdad del conflicto armado. El evento tuvo inicio con la canción ‘Solo la verdad’ del compositor Adrián Villamizar que dice “Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no es con verdad”. Seguido a esto, el presidente de la Comisión dio un discurso inaugural el que dijo que: “A todas y todos aquí nos iguala y honra comprometernos con la canción del maestro Adrián Villamizar, que nueve millones de colombianos piden esclarecer la verdad del conflicto”. De Roux también dijo que “la verdad debe ser un bien público” y que la Comisión mantiene la esperanza de que el CNMH continúe con la misma independencia, el mismo rigor y la misma focalización en las víctimas que tuvo durante la ejecución de Gonzalo Sánchez y su equipo. El padre también afirmó que “la verdad ha sido opacada por el miedo” y que la Comisión va a buscar la Colombia profunda con las Casas de la Verdad, que estarán ubicadas en las regiones del país y que tendrán como propósito escuchar a las víctimas y contribuyentes a la verdad constantemente. Además, le agradeció al expresidente Juan Manuel Santos y habló sobre el actual presidente Iván Duque: “gracias a Juan Manuel Santos y a todos los que en su gobierno abrieron este camino de paz. Quiero resaltar la visita de Iván Duque y su vicepresidenta para expresarnos su respaldo. Contamos con su apoyo porque el texto del futuro se escribe sobre la verdad”. Finalmente habló sobre el Partido FARC “invitamos al Partido de la FARC a que no pierda la esperanza y continúe con decisión esta marcha hacia la paz”. Después, tomó la palabra la líder indígena Aída Quilcué, quien afirmó que los pueblos indígenas han resistido para pervivir en el tiempo y el espacio y dijo que “hoy el movimiento indígena colombiano grita queremos paz”. Aseguró esta es una oportunidad histórica para que les cuenten la verdad a los pueblos indígenas. También habló Luis Eduardo Betancourt, sobreviviente de la masacre de la Unión Patriótica y expresó su apoyo a la verdad integral. “Para que finalmente podamos conocer la verdad para construir una paz estable y duradera y con justicia social”, enfatizó. En el evento también tuvieron oportunidad de expresar su apoyo a la verdad exmilitares víctimas del conflicto, exparamilitares, victimas LGBT, victimas afro y desplazados por la violencia, además de miembros de la sociedad civil que han trabajado desde hace años en pro de la paz. Así entonces, el evento se prestó para sumar las voces de víctimas, conocedores del conflicto armado en Colombia y líderes pro paz, para entramar, entre todos, una red que permita establecer procesos de verdad y reparación integral a las víctimas en Colombia. Los objetivos principales de la Comisión serán tres: Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del Mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. “No somos no somos jueces, no vamos a castigar a nadie. Vamos a proteger los testimonios que recibimos y hacer la interpretación de los que nos aconteció”, agregó De Roux. También dijo que la Comisión no irá ni contra el gobierno, ni contra el Congreso, ni contra ningún gobierno. Aclaró que solo están en contra de la mentira y del miedo y que tampoco estará en contra del Partido FARC.