1. La hecatombe no fue como se esperaba Aunque la Presidencia de la República la ganó el sector más crítico del Acuerdo de Paz y los sectores que defendían ese acuerdo estaban escépticos sobre el futuro de la implementación, no se ha visto aún ni la voluntad ni la capacidad para arrasar con todo lo acordado. Lo que hemos visto en estos primeros meses del gobierno de Iván Duque es la continuidad y la profundización de la reestructuración unilateral del acuerdo. Han pasado tres cosas: en primer lugar, se podría decir que el nuevo gobierno, hasta el momento, ha planteado cumplir unos mínimos de lo pactado. Es decir, hacer una implementación que no busca transformar de fondo las condiciones sociales, políticas y económicas que describió el Acuerdo de La Habana. Será una paz con pocas trasnsformaciones. De lo de Reforma Rural Integral se harán algunas variaciones a la angustiosa situación que vive el campesinado; del punto de combate a las economías ilegales se mantendrá lo pactado con un grupo de familias para la restitución, pero no se avanzará más en ello; y en lo de Participación Política se logró el Estatuto de Oposición y lo demás se ha hundido o se está hundiendo en el trámite parlamentario. Todo parece indicar que el gobierno se concentrará en Reincorporación y temas claves de los PDETS. Además, garantizará, con recortes, el funcionamiento de la Justicia Transicional, aunque su partido intentará una y otra vez realizar cambios al sentido de este sistema. En segundo lugar, analizando las intervenciones del Presidente Duque, es posible afirmar que ha venido moderando su discurso: comenzó muy duro, pero a medida que han pasado los días, o bien ha cambiado algunas palabras, o bien ha dejado de decir algunas frases. Las explicaciones sobre el cambio de lenguaje pueden ser múltiples, lo cierto es que ha venido variando el discurso. Por último, pasó lo que se sabía que iba a pasar, en campaña y en oposición el actual presidente Duque podía discutir sobre la paz, pero una vez se posesionó no le quedó otra alternativa que administrarla. 2. El gobierno está en una curva de aprendizaje El gobierno de Iván Duque, es decir, sus funcionarios, están en un proceso de adaptación o lo que se denomina la curva de aprendizaje. Por un lado, algunos miembros del gobierno creían que el tema de postconflicto y en general el de la paz era un discurso, era una espuma. Pero una vez posesionados en sus cargos, comenzaron a entender la complejidad, es decir, que había instituciones operando y ejecutando recursos y estrategias, había una infraestructura social en las regiones y, sobre todo, había expectativas en muchas comunidades. Era más complejo de lo que se esperaba. Así las cosas, en esa curva de aprendizaje, es relativamente normal que se den parálisis de algunas estrategias en el territorio. 3. Hay una tensión frente a cómo manejar el tema del Acuerdo de Paz Para algunos miembros de Gobierno debería cambiarse todo el Acuerdo, casi que destruirlo; para otros, hay cosas que se deben cambiar pero preservando partes importantes como los PDETs o el Desarme de las FARC. Y para otro grupo de funcionarios hay que cumplir en algo. Pero en ese debate no se debe quedar el gobierno, hay que salir de ese círculo vicioso de paz sí o paz no. Esa tensión no se ha resuelto y el presidente no ha tomado partido. Lo que sí es claro es que la paz de Duque no será la misma del Teatro Colón. 4. Hay un cambio de lenguaje fundamental La palabra paz la cambiaron por la palabra legalidad y la palabra postconflicto la cambiaron por la de estabilización. Esté cambio no es únicamente semántico, es más profundo. 5. O nos regresamos a la guerra o consolidamos el proceso de construcción de paz La argumentación para llegar a esta conclusión se puede ver a través del informe Cómo Va La Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz, pero valdría la pena dar algunos ejemplos. En primer lugar, el homicidio. Dicho indicador de seguridad disminuyó constantemente desde el año 2012, una caída increíble; pero en 2017 se estancó, llegando a lo que se denomina piso de cristal; para 2018 hay una leve, pero preocupante, tendencia al alza. Entre 2012 y 2017 la tasa de homicidio disminuyó cerca de 10 puntos. Así, aunque casi todos los indicadores asociados al conflicto armado disminuyeron increíblemente, hay que ponerle cuidado al homicidio. En segundo lugar, este aumento del homicidio en 2018 se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, allí hay municipios como Caucasia o Taraza que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana. En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio. En tercer lugar, el secuestro está muy cerca de desaparecer, la desaparición forzada asociada al conflicto armado está en los niveles más bajos y los afectados por minas antipersonal han caído más de un 90% desde 2012; pero hay una preocupación: entre 2017 y 2018 se duplicó la cifra de afectados por este tipo de artefactos, pasó de 50 a 100 personas; la historia venía en otra dirección, en el peor año de la confrontación armada 1229 personas fueron afectadas por minas antipersonal y la cifra más baja se vivió en 2017 con solo 50 personas. Como se ve en estas cifras, estamos en un punto de quiebre y la sociedad colombiana debe decidir si vamos adelante o regresamos. 6. El proceso de paz con el ELN y el sometimiento a la justicia del Clan de Golfo son dos temas claves para el futuro de la construcción de la paz en el país Con respecto a las negociaciones con el ELN, hay dos grandes problemas: por un lado, el secuestro; el ELN no ha entendido que la sociedad colombiana se cansó de ese flagelo y es imposible avanzar si siguen secuestrando. Por otro lado, el gobierno colombiano ha tenido poca coherencia frente a las nuevas condiciones para negociar, se corren las líneas muy fácilmente. Por ejemplo, el Alto Comisionado para la Paz y la Legalidad, Miguel Ceballos, prometió que si se liberaban los militares y policías secuestrados recientemente en el Chocó y Arauca habría una reunión bilateral en Cuba para crear las condiciones para arrancar la mesa de negociación; los militares y policías fueron liberados y al día siguiente el gobierno puso nuevas condiciones y no cumplió su palabra. Con respecto al sometimiento del Clan del Golfo, se puede decir que casi todo había quedado listo al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, pero el actual gobierno se ha detenido y cada día que pasa más miembros de esta organización, que estaban dispuestos al sometimiento a la justicia, salen hacia las estructuras enemigas de esa decisión; cada día que pase será más difícil. Lea el informe completo de Cómo Va La Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz aquí:

Por: Juan Sebastián Patiño, Universidad Católica de Cali El municipio de López de Micay, ubicado en el departamento del Cauca, enfrenta una difícil situación de sequía. Según Germán Poveda Jaramillo, profesor e investigador de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín, debido al cambio climático y la deforestación el caudal en los ríos de Colombia ha disminuido entre un 15 y 10%. El río Micay no es la excepción. En épocas de sequía intensa, la profundidad del río alcanza apenas entre 15 y 20 centímetros. Esto ocasiona dificultades en el transporte y abastecimiento de los centros poblados que se encuentran a lo largo de la ribera este, ya que las lanchas que transportan suministros y pasajeros no pueden navegar. La práctica constante de la minería en el río Micay y las largas temporadas de verano generan la reducción del caudal de este importante afluente hasta llegar a su punto máximo. A esto se le suman los sedimentos ocasionados por el movimiento de tierra de la maquinaria empleada. Según Juan Luis, habitante del municipio de López de Micay, hay más de 50 retroexcavadoras trabajando sin descanso las 24 horas del día los 7 días de la semana, unas encargadas de remover material en la selva y las riberas del río desde tierra firme y otras de remover constantemente piedras lavadas en los planchones. Según algunos de los habitantes de Micay, la Corporación Regional del Cauca (CRC) ha realizado un seguimiento escaso a esta problemática, pues mencionan que, dentro de los estudios realizados a los afluentes, no han tenido en cuenta que estas alteraciones de la topografía del terreno ocasionan que se pierda la capa vegetal protectora del cauce del río, produciendo desbordamientos e inundaciones, o, por el contrario, acumulaciónde los sedimentos causando represamientos en las aguas. En cualquiera de los dos casos mencionados, se ve afectado el caudal normal del afluente, teniendo como resultado que en las épocas de verano los barcos cargados con provisiones para abastecer el municipio no puedan navegar con normalidad. Esta situación es preocupante teniendo en cuenta que el río es una de las principales rutas de transporte del municipio y que la poca profundidad de las aguas afecta la movilidad. Esto genera escasez en algunos productos básicos de la canasta familiar y, a su vez, un alza en los productos que aún quedan represados en las bodegas del municipio. Además, debido al aumento del costo del combustible, se dificulta la movilidad de los pobladores que cotidianamente transitan, los cuales varían entre estudiantes, trabajadores, pescadores, entre otros.

Por: Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña, Línea Democracia y Gobernabilidad Las Áreas No Municipalizadas – ANM contienen los territorios de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés dónde la figura municipio no existe. La pregunta que salta cuando pensamos en esto es: ¿Cómo se organizan estos territorios? En algunos casos, estos territorios están organizados por corregimientos departamentales, una figura previa a la Constitución de 1991 cuando se contemplaba la existencia de intendencias, comisarías y corregimientos, pero esta figura, según la normatividad vigente, no existe. Se reconoce, según el artículo 286 constitucional, que el municipio es la unidad fundamental en el ordenamiento territorial colombiano, mediante la cual se distribuyen los recursos y se hace la planeación. Es, además, por mandato constitucional (art. 311), el que provee la prestación de servicios públicos, la construcción de las obras que demande el progreso local, el ordenamiento del desarrollo del territorio y promueve la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, convirtiéndose en el brazo cercano de la organización del Estado en el territorio. Pero en las ANM, ¿cómo se organiza este proceso si no existen municipios y toda su estructura? ¿Cómo administrar con una base estructural que no existe legalmente en el territorio colombiano? Recordemos que desde la Constitución de 1991 se habló de una Ley de ordenamiento territorial para recoger todos los vacíos que en esta materia existían, pero esa Ley no especificó la forma de proceder en las ANM, reconoció y explicó las funciones de departamentos y municipios, pero estas quedaron a la deriva. Recientemente, se emitió el Decreto 632 de 2018 que reconoce la existencia de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y/o Cabildos – ATIS en estas áreas, que cumplen funciones de organización territorial así como de planeación, principalmente porque la mayoría de población es indígena en los departamentos que pertenecen a estas ANM: Amazonas (43.4%), Guainía (64.9%) y Vaupés (66.6 %) [1], esto hace que el reconocimiento de cualquier forma de ordenamiento territorial y planeación para el desarrollo pase por el reconocimiento de otras formas de gobernabilidad territorial, aunque puede verse el decreto como un avance la figura de ANM en un país estructurado en municipios es difusa e inconstitucional. En la práctica, estos territorios mantienen poca importancia en la participación política del país. Un ejemplo de ello es la participación electoral que, en muchos casos, es restringida, como lo resalta la Registraduría Nacional, quien explica que muchos pobladores de estas zonas no han nacido a la vida jurídica; es decir, no han sido registrados, demostrando que la falta de conectividad y la inexistencia de elementos interculturales impide estar reconocidos civilmente, especialmente a pueblos indígenas, generándose subregistros, sumado a las amplias distancias para ubicar el distrito electoral que por la propia división administrativa queda a largas distancias. Sumando a la marginalización que han tenido por décadas. Un elemento muy diciente que señala la Corte cuando declara inconstitucional el artículo 21 del Decreto 2274 de 1991, que intentaba legislar sobre los corregimientos, menciona que estos son “una figura atípica dentro del ordenamiento territorial colombiano, la cual discrimina a las personas que habitan esos territorios, ya que no les permite participaren igualdad de condiciones en los ingresos corrientes de la nación y de otras transferencias que reciben los habitantes de un municipio o resguardo indígena” (Corte Constitucional,Sentencia C- 141, 2001.). Se debería, entonces, construir una forma constitucional de planear en dichos territorios. Es real que son de población dispersa que en su mayoría presenta problemas de conectividad, pero quizás esta situación se seguirá perpetuando en la medida que no se prendan las alertas sobre como planear sobre lo que no está reconocido. Maldonado, en el Informe Anual de la Descentralización Territorial 2015, propone pensar en otros esquemas para gobernar el territorio, ya que no sólo se decide con procesos de reconocimiento territorial alejados. Igualmente, se hace urgente pensar el desarrollo de la autonomía territorial planteada en la Constitución. Estas son tareas que se deben tomar en serio cuando se habla de un proceso descentralizador no solo de las grandes ciudades, que ya están conectadas, sino para los territorios que en el país no le interesan a nadie porque no representan votantes. [1] DANE, La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, censo 2005. [2] Unimedios, Política y sociedad, El 4% no ha nacido a la vida jurídica, 03 de agosto de 2017. Consultado en http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/el-4-de-la-poblacion-no-ha-nacido-en-la-vida-juridica.html

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Luego de que el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, le preguntara al hoy procurador Fernando Carrillo sobre sus vínculos con el Grupo Aval, Carrillo respondió mediante un comunicado admitiendo que, en efecto, tuvo contratos con la organización Aval. En el comunicado, el Procurador afirma que “En el año 2016 desarrollé, entre otras actividades de consultoría, un contrato laboral de asesoría con la firma Adminegocios & Cía. S.C.A., para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo”. Sin embargo, respecto a ese trabajo realizado, el Procurador no había mencionado nada hasta la entrevista con Néstor Morales. Cabe anotar que Carrillo trabajó allí hasta una semana antes de fungir como Procurador General de Colombia. Por este motivo la opinión pública ha puesto en entredicho las acusaciones y críticas que Carrillo ha objetado en contra del fiscal Néstor Humberto Martínez y las peticiones para poner a un fiscal ad hoc que también ha afirmado el hoy Procurador. Pues, así las cosas, ambos habrían trabajado para el Grupo Aval. Además de esto, al Procurador se le ‘olvidó’ poner los datos de su relación laboral con el Grupo Aval cuando presentó su hoja de vida ante el Consejo de Estado. Por otro lado, esto también pone en entredicho la investigación que actualmente adelanta la Procuraduría sobre los casos de corrupción en la obra de la Ruta del Sol II. Respecto a esto, Carrillo afirmó que en su condición de Procurador General suscribió directamente la Acción Popular dirigida contra la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S y todas las sociedades que la conforman, sin exclusión alguna. “A partir de la demanda, como actor popular o demandante pedí las medidas cautelares que llevaron al embargo de las cuentas de todos los socios y se logró que el corredor vial volviera a manos del Estado, como en efecto ocurrió en agosto del año pasado”, añade en el escrito. Por otro lado, el jefe del Ministerio Público aseguró en una entrevista con La FM que no está interesado en ser fiscal ad hoc si se llega a poner en marcha tal figura en el caso de Néstor Humberto Martínez y las investigaciones por las irregularidades cometidas en Colombia por Odebrecht. Sin embargo, el procurador había dicho hace algunos días que la investigación no amerita un fiscal ad hoc, sino una Fiscalía ad hoc y todo un equipo que pueda resolver las dudas que existen sobre la corrupción detrás dela Ruta del Sol II. Pese a que el trabajo de Carrillo con el Grupo Aval dista de Corficolombiana y Odebrecht, su relación con este grupo pone en tela de juicio su objetividad respecto a los hechos de corrupción que se han discutido en las últimas semanas después de que el país conociera los audios en donde el ingeniero Jorge Enrique Pizano le comentaba a Néstor Humberto Martínez sobre la extraña ejecución en los contratos de la Ruta del Sol II. Tanto el fiscal como el procurador podrían tener conflictos de intereses respecto a esta investigación.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El 27 de noviembre se llevó a cabo el debate sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez y su presunto conocimiento sobre las coimas que Odebrecht otorgaba en el país. El manto de duda sobre el fiscal empezó a gestarse cuando fueron revelados los audios que el controller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, le había entregado a Noticias Uno antes de morir. En los audios se pueden escuchar varias conversaciones entre Pizano y Martínez donde hablan sobre los sobornos y los contratos irregulares en la obra. El debate fue convocado por la oposición, principalmente por el senador Jorge Enrique Robledo, el senador Gustavo Petro y la senadora Angélica Lozano. Al llamado asistieron la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez, que había sido invitado. Gutiérrez estuvo presente para ratificar el apoyo del gobierno con el fiscal, pues, en días pasados, el presidente Iván Duque afirmó que “el fiscal ha dado la cara”. Así las cosas, el Senado de la República dejó todo tipo de aseveraciones. Lo que dejó el debate El senador Robledo, quien había convocado al debate, empezó la intervención. El senador del Polo Democrático fue crítico respecto al presunto conocimiento del fiscal sobre las coimas que Odebrecht otorgaba y que habían sido puestas en conocimiento en los audios grabados por Jorge Enrique Pizano. El senador dijo que “aquí tenemos un fiscal que parece que en el día actúa como fiscal y en las noches como abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo”. Robledo hacía referencia a un derecho de petición que el fiscal le envió como ciudadano a la Superintendencia de Sociedades en donde preguntaba si en Consorcio Ruta del Sol estaba bajo inspección y vigilancia de ese despacho. Además, preguntaba si esa misma sociedad formaba parte del grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Ángulo o si tenía como matriz al Grupo Aval. El senador fue enfático en culpar al fiscal sobre sus conocimientos respecto a las irregularidades con la Ruta del Sol II: «Cuando Martínez llega a la Fiscalía, llega sabiendo que estas cosas estaban pasando en la empresa de que era parte«, afirmó. Robledo también dijo que “el hombre más rico de Colombia tiene como propiedad suya al Fiscal y al Procurador General”, además, afirmó que “aquí no hay quien investigue, porque el que tiene que investigar es Néstor Humberto Martínez, quien voy a demostrar está untado hasta el alma”. Después de la alocución de Robledo, siguió Gustavo Petro. El senador y excandidato presidencial también fue enfático en sus afirmaciones sobre las irregularidades entre el Grupo Aval y la multinacional Odebrecht, pues dijo que “desde el día uno Odebrecht y Grupo Aval participan en cinco episodios que hoy sabemos requirieron de sobornos”. Además, Petro pidió “un fiscal independiente, un fiscal ad hoc, que pueda investigar los hechos con independencia”. Finalmente, criticó el modelo de concesión de contratos y denunció, de nuevo, las ocasiones en que dineros de Odebrecht ingresaron en las campañas presidenciales. «La corrupción la permite el modelo mismo de los contratos de concesión… inflan costes y todo lo paga la gente con peajes por 25 años o, incluso, el presupuesto general». Por otro lado, dijo que los aportes de Odebrecht a candidatos presidenciales fueron: Campaña Santos 2010 – 400 mil dólares; Campaña Santos 2014 – 1 millón de dólares; Campaña Zuluaga 2014 – 1.6 millones de dólares, «la Fiscalía no investiga esto», sentenció el senador. Finalmente, por parte de la oposición, intervino la senadora Angélica Lozano quien fue la más crítica respecto al fiscal, pues llegó a afirmar que “por sus conflictos de interés, económicos y políticos, Néstor Humberto Martínez no debió ser ternado ni electo fiscal«. También puso en tela de juicio a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, de quien poco o casi nada han hablado los medios de comunicación: “¿por qué no ha sido llamado el jefe del conglomerado, Luis Carlos Sarmiento Ángulo?, ¿él tiene fuero?”, dijo Lozano. Finalmente, se refirió al presidente Iván Duque, citando su eslogan ‘el que la hace la paga’. Le encomendó al presidente que él era quien tenía que destapar este “laberinto de corrupción”. Posteriormente, enfatizó de nuevo en la renuncia del fiscal, “Señor Fiscal General de la Nación: renuncie. Porque el que la hace la paga. Y usted tiene que pagar”. ¿Cuál fue la defensa del Fiscal? Pasadas las 7:40 p.m. llegó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien había sido invitado al debate, más no citado, pues el Congreso no tiene la potestad para hacerlo. El fiscal llegó atacando a Robledo diciendo que “el senador Robledo ahora funge de inquisidor y le quita la moral a cualquier ciudadano en los propósitos políticos que lo inspiran”. Le dijo, incluso, “señor Robledo, usted es el rey del sofisma y de la mentira”. Por otro lado, se defendió arguyendo que por ese entonces no era servidor público y no tenía deberes especiales, “hoy se me quiere cuestionar como si para ese entonces hubiera sido un servidor público. Y como si hubiera tenido unos deberes especiales más allá del secreto profesional”. El fiscal también se defendió diciendo que en la reunión que tuvo con Jorge Enrique Pizano, el 19 de agosto de 2015, aún no se sabía de las irregularidades cometidas por Odebrecht. Cabe anotar que, en ese entonces, Martínez era el asesor jurídico del Grupo Aval. El ingeniero Pizano había ido a contarle sobre las presuntas irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol II. Sin embargo, el hoy fiscal dijo que esas grabaciones demuestran que nunca se tuvo certeza de lo que estaba sucediendo en ese momento y que él actuó bajo lo que dicta la ley, siendo entonces un abogado independiente. Dijo, de nuevo, que su llegada a la Fiscalía no había sido sino hasta el 2016, y que, en ese sentido, solo debía seguir el secreto profesional. El fiscal también se apoyó en un audio de una conversación grabada entre Luis Fernando Andrade y su primo, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el audio Moreno le dice a Andrade que, más allá de asistir a la justicia, recurra a los medios de comunicación. Apoyándose en este audio, el fiscal fue recalcitrante en afirmar que todo el caso de Pizano se trata de una teoría conspirativa en su contra. “A Pizano lo envenenaron de odio”, afirmó. Además, criticó el papel de la oposición y de los periodistas que habían investigado el caso del ingeniero Pizano, su hijo y su posible relación con el hoy fiscal “la partitura que crearon los conspiradores llegó a la prensa mundial”. Martínez siguió diciendo que “se nos ha tratado de descalificar porque se dice que en Colombia se asesinan a los testigos de los casos de corrupción cuando la evidencia judicial da cuenta de otra cosa. Ponen en tela de juicio la investigación de la Fiscalía así la familia crea en la investigación. No tienen escrúpulos”. El Fiscal tuvo una actitud retadora frente a sus opositores, afirmando que “mis contradictores se suman con criterio de oportunidad política. Viniendo del senador Robledo ya todos saben lo que puedo esperar. Me sorprende del senador Petro que se reunió con Andrade. En todo el barrio Rosales cuentan que usted se reunió con Andrade. Juntos Andrade y Petro. Que lo sepa el país en lo que andan”. Ya para cerrar, el fiscal hizo se refirió en tono despectivo a los senadores Petro y Robledo, y dijo que la última vez que los vio juntos fue en la candidatura de Samuel Moreno para la Alcaldía de Bogotá. “Colombianos aquí ha venido su Fiscal General a darles cuenta y razón a todo lo que hemos hecho”, enfatizó. Finalmente, hablaron los senadores del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia. Álvaro Uribe defendió a Óscar Iván Zuluaga y negó que dineros de Odebrecht hubiesen entrado a su campaña. Por otro lado, mencionó que Iván Duque era una persona“intachable” y finalmente salió en defensa de su propio gobierno entre el 2002 y 2010. Por su parte, la senadora Paloma Valencia presentó un video en el Congreso en el que se ve al hoy senador Gustavo Petro recibiendo dinero. «No conozco ni el origen del video, pero es raro, sospechoso, muy preocupante», aseguró la senadora. Además, dijo que en el video Petro aparece con una persona que identificó como exmilitante del M-19 y excontratista de la máquina tapahuecos. El senador se defendió diciendo que ese dinero fue usado “para el mantenimiento y sostenimiento del movimiento” y además aclaró que «como estaba previamente establecido querían con el video sobre mí tapar graves hechos de corrupción. El video tiene un audio que no fue presentado. Es de hace 14 años como se afirma allí mismo. Y allí mismo se dice la fuente del dinero y su uso. Es del arquitecto Simón Vélez».

Por: Redacción Pares En el #DebatedelSiglo el senador Jorge Enrique Robledo comenzó su intervención hablando sobre un derecho de petición que Néstor Humberto Martínez le envió a la Superintendencia de Sociedades solicitando información sobre la Concesionaria Ruta del Sol. En el documento, Martínez pedía saber si la sociedad estaba bajo inspección y vigilancia de ese despacho. Además, preguntaba si esa misma sociedad formaba parte del grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Ángulo o si tenía como matriz al Grupo Aval. Robledo afirmó que en este derecho de petición el ahora fiscal firmó como un ciudadano del común y no Fiscal General de la Nación. Frente a esto, el senador afirmó que «tenemos un Fiscal que actúa como Fiscal en el día y en la noche como abogado de Luis Carlos Sarmiento Ángulo». PARES le presenta en exclusiva el documento con la respuesta que dio la Superintendencia de Sociedades.

Por: Maria Camila Conteras, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Soy La Cachirri La memoria de un cuerpo rebelde De un cuerpo desafiante Que a pesar de todas las amenazas Nunca retrocedió. Chaparral es un municipio que vio nacer las guerrillas liberales de los años cincuenta y presenció también la conformación de las FARC en el departamento del Tolima. En la zona urbana de este municipio lacerado por la guerra nació en 1997 Danna Méndez, líder trans e integrante de la Asociación Chaparral LGBTI Diversa. Danna ingresó a la Asociación en 2012, con la esperanza de encontrar un espacio en el que fuera posible su existencia como mujer trans. Como parte de la Asociación, Danna afirmó “me he destacado como lo que soy, la mujertrans sin pena y con orgullo”[1]. Hacer parte de este espacio le permitió reconocerse como un sujeto de derechos. Así mismo, junto con todas sus compañeras, pudo crear un sentido de pertenencia a una comunidad alterna a la sociedad heteronormativa que habita el municipio de Chaparral y al contexto de guerra que lo atraviesa desde los tiempos del accionar del Frente 21 de las FARC. No obstante, el trabajo para Danna, sus compañeras y compañeros no fue ni ha sido fácil. La comunidad LGBTI ha debido hacer frente no solo a la violencia perpetrada por grupos armados que les impusieron un proyecto moral heterosexual, sino también a la violencia estructural contra esta población en un municipio y un país que, en el mejor delos casos, ve las personas LGBTI como una amenaza. En varias ocasiones, la comunidad promovió o justificó los hechos violentos que los grupos armados al margen de la ley dirigieron hacia esta población en el marco de la guerra. En el caso de Danna, una de sus compañeras oyó a un hombre decir: “Deberían matarlos a todos”, y eso: “Deberían matar a todos los maricas de Chaparral, todos esos maricas llenos de sida que no sé qué”[2]. Sobreponerse a estas vicisitudes posibilitó la creación de espacios transgresores que han causado incomodidad entre los chaparralunos y los grupos armados ubicados en la zona. La Asociación Chaparral LGBTI Diversa ha tenido que enfrentar amenazas y acciones violentas orientadas a entorpecer su labor. Estos hechos gestan una relación de poder que se signa sobre los cuerpos, el territorio y la memoria de las personas LGBTI en el municipio. Danna Méndez, como líder y mujer trans fue una víctima de este contexto de violencia contra la población LGBTI. La noche del 11 de febrero Danna fue vista por última vez en el parque principal de Chaparral junto a algunas compañeras de la Asociación. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado en un sector conocido como Llano del Loco con signos de tortura y violencia sexual. Cinco meses después, fue capturado el militar Dorancé Rojas García por su responsabilidad material en el crimen de Danna Méndez. El homicidio de Danna hace parte del asedio a la Asociación Chaparral LGBTI Diversa por su labor en defensa delos derechos de esta población. La arremetida violenta en su contra se evidenció también en mayo de este año, cuando un mural que habían construido en conmemoración de las víctimas LGBTI en Chaparral fue borrado. Sin embargo, a pesar de las acciones violentas en su contra, esta organización sigue trabajando para crear espacios de interlocución con la comunidad y el gobierno. Su trabajo, reiteran, es en honor a Danna y las otras nueve personas LGBTI que han muerto de manera violenta en Chaparral en los últimos 15 años. [1] CNMH. Corto documental voces incómodas. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/voces-incomodas-un-homenaje-a-las-victimas-lgbt-en-chaparral [2] CNMH. Un carnaval de resistencia: memorias del reinado trans del río Tuluní. Junio de 2018. Chaparral, Tolima. Pág 30.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Esta semana es clave en el Congreso de la República, pues tendrán lugar varios de los debates necesarios sobre las leyes más importantes y polémicas del gobierno del actual presidente Iván Duque. Además, también se tocarán diferentes temas importantes para el país en el parlamento nacional. Aquí le contamos cuáles son: Debate Odebrecht La fecha del debate de control político sobre la polémica de Odebrecht fue anunciada por el senador Jorge Enrique Robledo en acuerdo con la Mesa Directiva del Senado y tendrá lugar el 27 de noviembre. Este debate fue citado por la oposición, encabezado por el senador Robledo, quien ha sido un ferviente crítico del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, después de que se revelaran los audios del ingeniero Jorge Enrique Pizano, que revelan que el hoy fiscal conocía de las irregularidades de la Ruta del Sol Tramo II. Sin embargo, Néstor Humberto Martínez fue invitado al debate, más no convocado, como se había realizado anteriormente con el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pues el Congreso no tiene la potestad de convocar a debate al Fiscal. Por otro lado, al debate está citada la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, debido al respaldo que el presidente manifestó al fiscal Martínez. “El fiscal ha puesto la cara”, fue lo que dijo el primer mandatario. Así las cosas, el debate será encabezado por la bancada alternativa. Pues, como lo dicta el Estatuto de Oposición, los partidos en oposición tienen derecho a acomodar el orden del día de una sesión. Además de esto, el representante por el Centro Democrático, Óscar Villamizar, será el encargado de investigar al Fiscal General en la Comisión de Acusación de la Cámara. Debate Ley de Financiamiento El 26 de noviembre se cumple el último plazo para que la ponencia de la Ley de Financiamiento esté lista en el Congreso de la República. Esta Ley tiene como propósito conseguir los 14 billones de pesos necesarios para subsanar el déficit fiscal y aprobar el presupuesto general de la Nación del próximo año. Así, entonces, se reunirán los ponentes y el Gobierno Nacional para proponer alternativas que permitan cumplir con esta labor. En ese sentido, se espera que el 26 de noviembre, luego de una nueva reunión de los ponentes con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su equipo económico, se pueda tener lista la ponencia para primer debate. Así las cosas, si se tiene lista la ponencia, pueden reunirse el 27 de diciembre la comisiones económicas, tercera y cuarta, de las que hacen parte María Del Rosario Guerra (Centro Democrático), Gustavo Bolívar (Decentes), Aida Avella (Decentes), entre otros, para seguir con la discusión de la Ley. Después de que el pasado miércoles se cayera la polémica opción de gravar con IVA el 80% de la canasta familiar, el Gobierno Nacional busca otras opciones para subsanar el déficit. El presidente Iván Duque afirmó desde Barranquilla que “les pedí buscar los recursos principalmente entre las personas con muchos más ingresos, con altísimos ingresos, en los dividendos, en las remesas corporativas, en las altas remesas, en los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos y eso es lo que hemos venido haciendo”. La semana pasada las comisiones escucharon los planteamientos y preocupaciones de los diferentes gremios frente a la misma. Por ejemplo, la representante por el Partido Verde, Katerine Miranda, propuso gravar con IVA las cervezas y las gaseosas, sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró que no contempla este impuesto, pues requiere de un análisis técnico riguroso. Por ahora, las comisiones están citadas para trabajar toda la semana. Citación Canciller sobre migración venezolana El 27 de noviembre también será citado el actual Canciller, Carlos Holmes Trujillo, a la Comisión Segunda del Senado para que explique cuál es la estrategia que tiene pensada el gobierno para hacer frente a la migración venezolana. También se espera que el Canciller explique en dicha reunión los alcances del documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que anunció el Gobierno Nacional en Cúcuta. Según datos de Migración Colombia, hoy hay en el país más de un millón de venezolanos. En ese documento el Gobierno tiene lista una estrategia que le permitirá establecer una política pública para atender a los migrantes venezolanos que llegan a Colombia en busca de mejores oportunidades. El 26 de noviembre el Canciller le entregará el documento a la Unión Europea, en Bruselas, como una forma de sustentar la necesidad de Colombia por obtener apoyo internacional que le permita superar este problema. En el Conpes se plantea establecer $422.779 millones de pesos por los siguientes tres años, este presupuesto estará destinado principalmente al ICBF, SENA, Ministerio de Educación, Gestión de Riesgo y Unidad Para las Víctimas. Así las cosas, los esfuerzos del gobierno, según el Conpes, estarán enfocados en atender las falencias en salud, educación, infancia y adolescencia, así como subsanar los problemas en vivienda y empleo. Foro Reforma a la Justicia El 29 de noviembre, el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Carlos Chacón, citó a un foro sobre la Ley de Reforma a la Justicia al que asistirán magistrados de las altas cortes y representantes de distintas bancadas. El proyecto de ley de reforma a la justicia fue radicado el 13 de septiembre por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y por la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Sin embargo, este proyecto ha sido constantemente criticado por varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. La reforma a la justicia superó los dos primeros debates en el Senado, en este sentido ya podría pasar a plenaria. Sin embargo, en la Comisión Primera, donde debe debatirse, no hay ponentes, pues tres semanas después, el presidente de la Cámara no ha enviado el expediente del proyecto para que sea debatido. Este proyecto ha generado varios choques entre miembros del Partido Centro Democrático y el presidente de la Cámara, pues para los miembros del partido de gobierno, Chacón estaría ‘engavetando’ la reforma, haciendo tiempo para que ésta naufrague por falta de tiempo. Además, el presidente del Congreso ha llegado a enfrentarse con la misma ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien criticó el hecho de que Chacón hubiese citado primero al foro para debatir la reforma antes de enviar el expediente de la misma a la Comisión Primera de la Cámara. Los principales cambios que trae consigo esta reforma a la justicia son: cambios en la tutela, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, que el fiscal sea nombrado por el presidente, que los magistrados no puedan litigar durante cuatro años después de su cargo y que, además, no puedan postularse a cargos de elección popular en el mismo tiempo, también se endurecen los requisitos para ser magistrado. Así las cosas, la ley de reforma a la justicia podría naufragar por falta de tiempo, pues el actual periodo legislativo termina el 16 de diciembre y las reformas constitucionales no pueden debatirse en horas extras.

Por: Carol Sánchez. Tras varios meses de trabajo, el 27 de noviembre de 2018 la Fundación Paz & Reconciliación y La Iniciativa Unión por la Paz presentarán su informe Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. En este sexto informe sobre el seguimiento a la implementación de lo acordado se hace un balance a dos años de la firma en el Teatro Colón y a 100 días del inicio del gobierno de Iván Duque. Se habla de una reestructuración unilateral entendiendo que las transformaciones que el Congreso y el mismo gobierno le han hecho a lo firmado con la extinta guerrilla de las Farc-ep no han incluido a esta última parte como actor de las negociaciones. Además, si bien algunos puntos de lo acordado inicialmente ya se cumplieron, como la entrega de armas o la puesta en marcha de un Estatuto de Oposición, otras medidas de fondo no han avanzado y es muy probable que ya no lo hagan, ejemplo de esto son la modificación de la estructura agraria y el cambio de enfoque a la lucha contra las drogas. En el informe se podrá encontrar un arduo análisis, construido por 57 investigadores, sobre los datos de la violencia en la Colombia del postconflicto, las dinámicas de seguridad en territorios postfarc, el problema de las drogas ilícitas, la implementación los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la participación política del nuevo partido FARC, la reincorporación de excombatientes, las instituciones creadas para llevar a cabo el sistema de Justicia Transicional y otros temas de especial relevancia para el postconflicto. Es, además, un documento que muestra los avances, las dificultades y los incumplimientos de ambas partes. El lanzamiento del sexto informe Cómo va la Paz será el martes 27 de noviembre a las 9:30 a.m. en el Club de Ejecutivos de Bogotá.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares “La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida; nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia”, escribía en un poema María Mercedes Carranza sobre Bogotá. Mucho de esto se vivió en el grito de rechazo sobre las violencias basadas en género en la movilización que partió del Parque de los Hippies y transitó por la Séptima hasta el Parque Nacional. El pasado domingo 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. Justamente este día, pero en 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como ‘Las Mariposas’, adelantaban una lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo que se postergó 31 años. Las hermanas Mirabal fueron torturadas y asesinadas. Su lucha fue fundamental para derrocar al dictador dominicano. Para Girlandrey Sandoval Acosta —licenciada en Historia de la Universidad del Valle, maestra en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador y candidata a especialista en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional— la importancia del 25N, para muchas mujeres, responde a su sentido histórico. Para la historiadora, la movilización tiene especial importancia ya que permite que se “vaya juntando más rebeldía, más indignación, más rabia, más propuestas creativas de organización y de movilización”. Además, permiten “crear un sentido común que lleve a las mujeres a identificarse en los lugares que no sean la desigualdad y que, además, lleve a los hombres a interpelarse desde la oposición al orden de género establecido en la actualidad”. Sin embargo, estas luchas también son mediáticas, pues, para la historiadora, “hay una estrategia mediática muy fuerte —susceptible de sospecha para muchas de nosotras— dado que no es inocente la exposición pública, constante y sistemática”. Para Sandoval, los casos que están visibilizando los medios de comunicación “son los que ellos eligen relacionándolos con la capacidad de audiencia”. En ese sentido, existe una invisibilización que con “los casos de mujeres empobrecidas mestizas, afro, indígenas y campesinas”, según Sandoval. Sin embargo, expone que casos como el de Yuliana Samboní fueron especialmente mediáticos porque “hay un posicionamiento de aquellas violencias que son las más crueles, como lo son las físicas, las sexuales y el feminicidio. Pareciera que se pone en el centro de la violencia estas tres situaciones desconociendo las razones estructurales”. Hay que tener en cuenta que en Colombia, según el Observatorio de la Policía Nacional se han registrado en 2018, a corte de 31 de octubre, 22. 913 casos de delito sexual contra mujeres y 63.259 casos de violencia intrafamiliar. Además, según las cifras de Medicina legal, entre 2004 y 2016 se registran 225.390 casos de presunto delito sexual contra las mujeres en Colombia. Finalmente, la historiadora señala que temas como la violencia de género ejercida en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz están siendo absolutamente desconocidos, aun cuando el Acuerdo tiene un enfoque de género que debe ser puesto en práctica en los territorios. Por ejemplo, asociaciones de mujeres campesinas, en el marco de la constitución de las zonas de reserva campesina, están exigiendo que se asocie el tema de la violencia basada en género con el despojo de tierras, y han denunciado la imposibilidad de la creación de planes de desarrollo comunitario con equidad de género.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Se cumplen varias semanas de protestas universitarias, todo comenzó debido a la visible crisis financiera de las universidades públicas. Desde hace años, las universidades públicas, año a año, reciben menos dinero por estudiante. La mayoría de estas universidades son de primera calidad, en el Top ten siempre está la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la UIS, entre otras. Hoy por hoy, en un país donde el semestre en una Universidad Privada de calidad puede costar 5.000 dólares, la Universidad Pública es la única alternativa para la clase media baja y los pobres. Pero el déficit económico amenaza la supervivencia de la Universidad Pública. Para muchos analistas, estas protestas tenían poco de novedoso, más allá que durante años estuvieron apagadas. Pero a medida que pasan los días tres cosas son claras. Por un lado, el movimiento estudiantil se ha convertido en la vanguardia de la protesta social, es decir, movimientos indígenas, sindicatos, plataformas políticas han secundado la protesta estudiantil y han armado su estrategia en calle, de acuerdo a los lineamientos del movimiento estudiantil. En segundo lugar, las protestas estudiantiles han dado nacimiento a una serie de liderazgos jóvenes, modernos, con un nuevo lenguaje, con nuevas ideas y sobre todo han logrado impactar gran parte de la opinión pública. Han sobrepasado aquel nicho que siempre impactaba la protesta social, han ido un poco más allá. En tercer lugar, el movimiento estudiantil ha sabido acoger como propias una serie de reivindicaciones sociales que no tenían una cabeza visible. Las marchas contra la ley de financiamiento, por el cumplimiento del acuerdo de paz, y por la equidad social. Todas estas reivindicaciones han encontrado en los estudiantes una vocería excepcional. Pero hay más. Los estudiantes han tenido una creatividad única a la hora de escalar su protesta social. Dos ejemplos son buenos. En primer lugar, esta vez las marchas no fueron hacia la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de la ciudad y donde su impacto era menor. Los estudiantes decidieron marchar hacia el norte de la ciudad, hacia la calle 100 y lograron colapsar la movilidad de Bogotá, querían que su grito se sintiera en todo el país y lo lograron. En segundo lugar, con una coordinación increíble han sacado marchas multitudinarias en todo el país. Han obligado al gobierno a dialogar con ellos y encontrar soluciones conjuntas al presupuesto de las Universidades. El Gobierno Nacional está jugando al desgaste ya sea por la amenaza de cancelación del semestre universitario o por la llegada de las festividades navideñas. Pero lo que no han entendido es que esta ya no es una protesta estudiantil más, o unas marchas de estudiantes comunes. No, esta vez es diferente. Hoy el movimiento estudiantil es el nuevo actor político relevante del país y en los próximos años nacerán muchos liderazgos de él. Pero todo esto le cuesta entenderlo a analistas, políticos y sobre todo al gobierno nacional. En el 2019 la oposición en las calles será bastante fuerte y para ese momento los estudiantes cumplirán su objetivo, movilizar sectores indígenas, campesinos y sindicatos, en últimas movilizar grandes masas del país.

Por: León Valencia, director – Pares La frase “Necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza nos va muy mal” pronunciada por Uribe le debió caer fatal al presidente Iván Duque.  Porque la frase es muy clara, se refiere al mandatario, a lo que está haciendo, a la manera como ha gobernado en los primeros cien días. Después tanto Uribe como Duque intentaron arreglar el asunto, el primero diciendo que se refería al país y el segundo señalando que tenía razón su mentor, que la tarea era enderezar el rumbo de Colombia, componer unos graves problemas que se dejaron envejecer. La verdad es que no se sabe quien debe estar más preocupado de estos dos dirigentes políticos. Uribe ha acusado el golpe, la caída a sólo un poco más del treinta por ciento de aceptación es muy dura para un envalentonado líder político que siempre ha estado tan arriba en las encuestas. Duque logró en cien días lo que habían intentado durante muchos años la izquierda y todos los rivales de Uribe. ¡Fabuloso! Le oí decir a una reconocida líder política, la acción o la inacción ha sido devastadora para el propio Duque, pero lo ha sido más para Uribe. Ahora bien, más allá del golpe de opinión al gobierno, lo que se siente es un ambiente de pesimismo y una inconformidad enorme. El país va mal, señalan todos los sondeos. Va mal, muy mal. Pero fue eso lo que pintó Ernesto Macias en el discurso del siete de Agosto. Ahora se extrañan. Era lo mismo que habían dicho una y otra los dirigentes del Centro Democrático a lo largo de la campaña. La imagen de desastre caló hondo en un país que siempre se ha caracterizado por el optimismo. Lo que va quedando claro es que tiraron una piedra para arriba y les cayó encima. Pensaban que pintando un infierno podían rapidamente mostrar algunos alivios, realizar algo que luciera muy bien y con ello arrancar con éxito el mandato. Al parecer la gente no les copió la intención. Simplemente asimiló su discurso negativo y lo complementó con algunas realidades francamente desesperanzadores; por ejemplo la dura crisis de las universidades públicas y la ostentación de algunas universidades privadas donde se educan las élites; por ejemplo la idea de castigar aún más a las clase populares y a las clases medias con nuevos impuestos mientras se caen uno a uno los proyectos contra la corrupción. El desespero de Uribe es muy grande y lo refleja en esa frase lapidaria sobre Duque. Pero fue sólo una frase, porque tampoco tiene claro que es lo que debe enderezar Duque. Qué puede hacer diferente Duque a lo que venía haciendo Santos? ¿Puede hacer una variación de rumbo económico y social? ¿Qué hizo Santos distinto a lo que había hecho Uribe en sus dos mandatos? No soy experto en economía. Pero hay algo que se de cierto. En los temas macroeconómicos hay una gran coincidencia del establecimiento político colombiano. La llamada “Regla Fiscal” es un catecismo que no se atreven a quebrantar. Esa precisamnte es la diferencia con la dirigencia de otros países de la región. ¿De verdad creen que “la economía naranja” puede representar la gran diferencia? ¿Qué es la Economía Naranja? Hice un reducidisimo sondeo entre funcionarios del gobierno sobre qué entendían por Economía Naranja y no me supieron explicar. En todo caso es muy dificil pensar que las industrias culturales, que es lo más cercano a la llamada economia naranja, sirva para darle un nuevo rostro a la economía colombiana, o sirva siquiera para alcanzar lo que significó la inversión en infraestructura en los últimos cuatro años para mantener a flote la economía en medio de un pavorosa crisis regional. ¿Qué más intentarán enderezar? ¿El proceso de paz? Ya en el tiempo de Santos, el Congreso, las Cortes y los propios ministros habían empezado a reestructurar el acuerdo logrado en La Habana y lo que ha mostrado Duque es que quiere seguir por ese camino, reducir los cambios políticos y económicos que se habían pactado. La variación puede ser sólo de grado. Con la desgracia de que cada modificación legal o factual tiene consecuencias en el aumento de la violencia y en la persistencia de las grandes brechas que separan al campo y la ciudad o a unas regiones desarrolladas de otras sumidas en la marginalidad y el atraso. No veo un lado positivo por donde puede venir el cambio de rumbo. De lo que estoy seguro es que la persistencia de un estado de opinión negativo puede llevar a Uribe y a Duque a cometer locuras.