Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Recientemente, el magistrado del Consejo de Estado, Oswaldo Giraldo, tumbó la decisión del Tribunal de Cundinamarca que había suspendido la sanción económica contra Gustavo Petro impuesta por la Contraloría en el año 2016. Así entonces, el ente estatal revivió la sanción que tenía en veremos la curul del excandidato presidencial en el Senado de la República. Todo empezó en octubre de 2016, cuando la Contraloría Distrital le impuso una multa a Gustavo Petro por $97.650 millones por los problemas con la implementación del nuevo sistema de aseo para la capital. Pues los camiones que se compraron en el año 2012 para adelantar ese proceso no cumplieron con las especificaciones requeridas y presentaron graves fallas técnicas. A esto se suma otra multa de $200.000 millones impuesta por el mismo ente de control en noviembre de 2017 al hoy senador. Esa multa se debe a la decisión que tomó el entonces alcalde de Bogotá de reducir los pasajes de Transmilenio, pues, para el entonces Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, Petro incurrió en detrimento patrimonial. Ante estas dos multas, en noviembre de 2017, el Tribunal de Cundinamarca falló a favor de Gustavo Petro y mediante una medida cautelar se levantó, de manera provisoria, la multa fiscal. Teniendo en cuenta estas dos multas, se aplicaría el parágrafo del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y parcialmente la Ley 610 del 2000. Esta ley impide ocupar cargos públicos a las personas que han sido declaradas fiscalmente responsables por la Contraloría General de la República. Esto pone en vilo la curul obtenida por Gustavo Petro mediante el estatuto de oposición. Ese estatuto dicta que los candidatos a Presidencia y Vicepresidencia que obtengan el segundo lugar en las elecciones tendrán derecho a ocupar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Si el fallo del Consejo de Estado llega a tener efecto, crece la posibilidad de que Gustavo Petro salga del Senado. Por otro lado, el magistrado Oswaldo Giraldo afirmó que la orden de suspensión de la multa tiene un error de procedimiento porque la dio un solo magistrado del Tribunal de Cundinamarca y no todos los que integran la sala. Sin embargo, no va a ser tan fácil que Petro salga del Senado, pues, como ya fue posesionado en su curul, su inhabilidad es sobreviniente, en este caso, los efectos de la actual decisión del Consejo de Estado no son inmediatos. El abogado del hoy senador, Dagoberto Quiroga, le dijo a El Tiempo que considera que para que Petro salga del Congreso se necesitaría una demanda ante el Consejo de Estado. Quiroga también le dijo a ese medio que «salvo que la Presidencia del Senado llegara a tomar una medida atrabiliaria», la única forma de que Petro dejara su lugar en el Parlamento sería una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Además, sumada a la medida cautelar impuesta a favor de Petro por el Tribunal de Cundinamarca, el senador también tenía una impuesta por el mismo Consejo de Estado mientras revisa una de las condenas impuestas por la Contraloría Distrital. En defensa de Petro Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado ha suscitado una fuerte polémica, pues, incluso, contrincantes políticos de Gustavo Petro han salido en su defensa, arguyendo que quitarle la curul incurriría en un acto antidemocrático.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares «La creación, la lucha y la conspiración son los motores para enfrentar la violencia basada en el género, este es el miedo del hombre: la mujer sin miedo.» “Nuestros músculos también luchan contra el patriarcado” recuerda Sybil Sanabria, una de las fundadoras de la Escuela de Kick Boxing Rosa Elvira Cely, sobre una frase dicha en la escuela. Además agrega que, “es imposible quedarnos sentadas esperando a que nos sigan violentando”. La escuela comenzó hace tres años y hace parte de la Liga de Mujeres. El objetivo de esta propuesta es generar procesos, acciones y herramientas que permitan a las mujeres defenderse de las violencias que sufren. “Nos planteamos desde la necesidad de defendernos porque veíamos que, efectivamente, las violencias cotidianas, de las que no se hablan mucho, están ahí. Esta lucha nace del cansancio, necesitábamos fortalecernos nosotras”, afirma Sybil. Hace tres años cada miércoles, recuerda Sybil, con colaboración de unos ‘pelados’ de un colectivo antifascista empezaron a entrenar y así, poco a poco, se fue corriendo la voz. En el momento en que la presencia femenina tomó autonomía en los espacios, también la escuela empezó a configurarse como un espacio de formación política, de debate y de reflexión. En ese momento las cosas eran distintas, cuenta Sibyl, pues no solo el nombre Escuela Popular de Defensa Personal ha cambiado, sino que también en ese entonces eran sólo cuatro personas y ahora son 40 las que entrenan todos los martes en un espacio que, incluso, necesitará de un tercer horario. Para 2015, el entrenamiento de Kick Boxing se llevaba a cabo en el Parque Nacional. Esto no es un detalle menor, pues la reflexión sobre el espacio ha sido muy importante para la reapropiación de este lugar que se presenta como violento para las mujeres y que fue el escenario de victimización de Rosa Elvira Cely. “Pensando el lugar se propone hacer una reivindicación a Rosa Elvira, pero también a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia basada en género en el país”, afirma Sybil. *** Nos queremos vivas, la memoria como herramienta de lucha María Fernanda Padilla, integrante de la escuela, enfatiza que cuando decidieron llamar a la escuela Rosa Elvira Cely, se comunicaron con la hermana de Rosa, Adriana Cely, para contarle sobre la intención de la escuela, un espacio sin ánimo de lucro y autogestionado. “Ella se emocionó muchísimo”, cuenta Sybil también emocionada, “se puso muy contenta y nos acompaña desde esa nueva etapa”. María Fernanda cuenta que, paralelo al entrenamiento, se ha creado una iniciativa que se llama ‘Siempre Vivas’, espacio de diálogo en el que, alrededor de un tambor de tejido de bordado, las mujeres se sientan a dialogar sobre las experiencias que han tenido. Por ejemplo, al gimnasio llegan familiares de víctimas de feminicidios, “eso se da porque hemos hecho un trabajo con Adriana Cely”, afirman. Esto ha llevado a que en el tejido se haga el rostro de una mujer que ha sido víctima de feminicidio y sea entregado a la familia. “Ya han hecho dos acompañamientos, con una mujer en Chapinero Alto en el barrio San Martín y con Ana María Plazas. Ese tejer de la palabra, ese sanar colectivamente, ha sido un trabajo para atacar esas violencias”, certera afirma María Fernanda. Ana María Plazas es la hermana de Jennifer Andrea Plazas, otra víctima de feminicidio. Ana María les llevó unas dotaciones deportivas porque Jennifer era entrenadora, atleta y tenía un equipo de entrenamiento. Dice Maria Fernanda que cuando Ana María llegó les dijo que conocía de su trabajo y que quería que ellas continuaran la experiencia de lo que era Jennifer como entrenadora. Con Ana María también se hizo un compartir en el gimnasio en donde al que asistieron la mamá y la hija de Jennifer Andrea. Ellas le contaron a la Escuela quién fue Jennifer más allá de la víctima; hablaron de la importancia de contar quienes son esas mujeres asesinadas y qué hacían antes. A través del testimonio se puede escudriñar las violencias que había implícitas antes del feminicidio. Un día de entrenamiento «Empieza con el reconocimiento de la otra, porque al principio llegaban muchas chicas y no sabíamos cómo se llamaba la otra, cómo estaba. Ahora, a raíz de esa reflexión, empezamos conociendo cuál es el nombre, quién está parada al lado y con quién se van a compartir esas dos horas», cuenta Maria Fernanda. Después de este acercamiento inicial, se hace una reflexión taller/juego, que incluye actividades variadas para vincularse con la apuesta política que se tiene en el espacio. También discuten cómo fue el día, las experiencias bonitas, tristes o las que les hicieron vibrar el corazón por haber sido violentadas. Esas experiencias las pueden desahogar en ese espacio de los puños y las patadas. Además, hacen calentamiento, sentadillas, abdominales, flexiones de pecho y alzamiento de pesas. «Es un circuito que también trabajamos con nuestro entrenador. Esto ha sido un espacio de construcción muy bonito con él porque focaliza todos los entrenamientos con rutinas específicas en la parte física, motora, de coordinación, hacemos un calentamiento final y una despedida», cuenta Maria Fernanda. La idea es que la práctica salga del gimnasio, teniendo como bandera la resignificación en los territorios. Termina Maria Fernanda diciendo que «también nosotras creamos mecanismos de seguridad, de defensa, de acompañamiento y de transformación de los espacios para que sean espacios libres de violencias».

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Tras más de 50 años de guerra, Colombia es uno de los países con el conflicto más largo en la historia y, en consecuencia, uno de los países con mayor número de procesos de justicia transicional que se pueden rastrear, incluso, desde la creación de la Oficina de Rehabilitación y Socorro y el Plan de Rehabilitación para recuperar las zonas más afectadas durante la época de la violencia por parte del gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo, solo hasta la primera década del 2000, después de la creación de la Corte Penal Internacional, se asumen obligaciones para los Estados en procesos de transición, comprendidos bajo los parámetros irrenunciables de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En este sentido, se puede afirmar que Colombia ha tenido hasta la fecha dos procesos transicionales sujetos de comparación desde la perspectiva de lo que conocemos como justicia transicional: el adelantado para el desarme de los paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y el que llevó a la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ambos casos se dio vida a mecanismos que buscaron ajustarse a las obligaciones en la materia, siendo, sin duda, el proceso con las FARC mucho más ambicioso. ¿Qué es la Justicia Transicional y cómo funciona? Para Paul Van Zyl, uno de los fundadores del ICTJ, la justicia transicional puede entenderse como “el esfuerzo por construir una paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los Derechos Humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio los perpetradores, revelar la verdad acerca de los crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”[1]. De Greiff, no obstante, asegura que los objetivos en mención, salvo la reconciliación, son mediatos que permiten los fines últimos de esta justicia. Aun cuando los objetivos de la justicia transicional a nivel mundial son invariables, los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición varían en cada caso ,por lo cual su evaluación se hace en términos de su contribución a los objetivos mediatos y finales de la justicia transicional y no a estándares únicos del quehacer de los mecanismos. En este sentido, cabe preguntarse si la Ley de Justicia y Paz y el Acuerdo de Paz con las FARC responden a dichos principios. Ley de Justicia y Paz (2005) Aun cuando se esperaría hacer mención de los acuerdos suscritos entre el gobierno y los paramilitares para evaluar si respondían o no a las obligaciones internacionales en términos de justicia transicional, estos nunca han sido develados a la opinión pública, por lo que asumimos que los compromisos adquiridos se reflejan en la ley que permitió su desmovilización, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley fue primero presentada como un proyecto llamado ‘alternatividad penal’ en el año 2003, sin embargo, fue duramente criticado por la comunidad internacional por no contemplar la confesión de crímenes ni la reparación a las víctimas, por lo cual, a pesar de su aprobación en el Congreso, la Corte Constitucional hizo cambios de fondo par aajustarla a las obligaciones adquiridas con la firma del tratado de Roma, aunque aún no se encontraba vigente en el país. De hecho, en ese entonces, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insistió al gobierno de Colombia modificarla señalando que: «La nueva ley ha incluido en su texto los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, en respuesta a las observaciones formuladas por la Oficina. No obstante, esas disposiciones no son compatibles con otras de la ley. También faltan mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En particular, la ley no exige la plena cooperación del desmovilizado con la justicia. La ley no exige su contribución efectiva para el esclarecimiento delos hechos. No es posible hacer justicia ni garantizar la reparación sin esclarecer la verdad». Adicionalmente, la ONU le pidió al Estado colombiano acabar con los vínculos entre fuerzas estatales y los paramilitares, adoptar un plan de acción respecto de los Derechos Humanos, abrir investigaciones de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, atacar la pobreza y luchar contra la impunidad. Al final, la Ley de Justicia y Paz operó de la siguiente forma: la Fiscalía General de la Nación creó una dependencia llamada Justicia y Paz, encargada de presentar los macrocontextos criminales y la investigación de los hechos ante los jueces para que estos contrastaran la información con la de los versionados/comparecientes de las AUC; los versionados libres estaban obligados a aportar verdad, entregar sus bienes para reparar a las víctimas y no reincidir a fin de acceder y mantener los beneficios de las penas alternativas. Sin embargo, en la práctica, la ausencia de mecanismos de contrastación claros en la ley permitieron que estos contaran y entregaran lo que les pareciera, situación agravada por las capacidades reales de la Fiscalía y los fiscales, quienes se vieron sobrepasados con los niveles de información que debían procesar. Adicionalmente, se creó la Comisión de Reparación y Reconciliación, con una vigencia de 8 años, que se encargaría de: garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos, presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios, recomendar los criterios para las reparaciones, coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional. Acuerdo de Paz con las FARC-EP El Acuerdo de paz con las FARC-EP, por su parte, creó mecanismos que desde su formulación buscaron “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera” y, a diferencia de Justicia y Paz, creó mecanismos autónomos e independientes del gobierno y la clase política tradicional, como lo sugieren las experiencias internacionales, instaurándose así la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD, que, junto con la Unidad de Víctimas, encargada de la reparación, deben cumplirla labor encomendada. La JEP fue creada al margen del aparato de justicia y no como un apéndice de esta, como en el caso de Justicia y Paz. Esta está conformada por tres salas compuestas por un total de 18 magistrados, un Tribunal para la Paz integrado en total por 20 magistrados y una Unidad de Investigación y Acusación, que hace las veces de Fiscalía. Además, se contemplan tres tipos de penas: las propias para aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a sus víctimas, las alternativas para quienes contribuyan de forma tardía y las ordinarias para quienes sean vencidos en juicio y se demuestre que no contaron toda la verdad o no hicieron los esfuerzos a su alcance por reparar. Estas últimas contemplan entre 8 y 20 años de cárcel sin posibilidad de libertad anticipada. La Comisión de la Verdad tiene como objetivo realizar un relato diverso e incluyente sobre lo que pasó en estos 50 años de conflicto, sin atribuir responsabilidades personales y, a diferencia de la Comisión de Reparación y Reconciliación, su relato, se supone, será adoptado como relato oficial sobre lo ocurrido en el conflicto, aun cuando sea extrajudicial. Por último, la UBPD es un mecanismo sin precedentes en Colombia que se encargará de buscar a los desaparecidos y recuperlos con vida o, en su defecto, recuperar sus restos para el descanso de las familias. Diferencias En conclusión, las diferencias entre la Ley de Justicia y Paz y la JEP son enormes en lo que respecta a la integralidad de las medidas y la satisfacción de los derechos de las víctimas, en especial lo que atañe a la verdad y la reparación de las víctimas. Dado que la Ley de Justicia y Paz no estableció mecanismos claros de contrastación y priorización de casos, los versionados no tuvieron mayores obligaciones reales dentro del sistema para acceder a las penas alternativas. Adicionalmente, esta ley tampoco contempló una política clara de reparaciones administrativas y aun hoy no se sabe si lo entregado por los paramilitares fue todo lo que poseían o si los recursos entregados sirvieron a la reparación. Por otro lado, el acuerdo con las FARC-EP ha cumplido los criterios mínimos de la Corte Penal Internacional, tiene mecanismos de contrastación de verdad, priorización de casos, reparación y búsqueda de desaparecidos regulados por la ley y, además, se pensó en instituciones encargadas exclusivamente de llevar a cabo el proceso de justicia transicional, exigiendo no solo altas calificaciones en la materia a sus funcionarios, sino también hojas de vida intachables en el curso de su carrera profesional. Para Ariel Ávila, en el caso de Justicia y Paz “tal vez el Estado no tenía las herramientas necesarias, no contaba con la experiencia para establecer mecanismos de justicia transicional efectivos. Con el caso de las FARC se estableció un muy buen modelo”. [1] Paul van Zyl, 2001. Promoviendo la justicia transicional en sociedades post conflicto. Págs. 47-72. En: Reátegui (ed.) Justicia Transicional, Manual para América Latina. Pág. 47.

Por: Redacción Pares Después de los polémicos rumores sobre el posible nombramiento de Mario Javier Pacheco y Fernando Vargas Quemba, quienes habían sido críticos asiduos del trabajo del CNMH y lo habían acusado de tener posturas ‘izquierdistas’, y ante la renuncia del actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el filósofo y doctor en sociología Gonzalo Sánchez, por “la nueva atmósfera política” que se vive en el país, el presidente Iván Duque nombró a Vicente Torrijos como nuevo director del CNMH. De hecho, Gonzalo Sánchez en una entrevista concedida a El Espectador, dijo «presenté de manera irrevocable al presidente Duque, como reconocimiento expreso de que había una nueva atmósfera política tras las elecciones presidenciales, que el proceso de paz y toda la institucionalidad asociada con el Acuerdo comenzaban a remar a contracorriente, y que todo eso me obligaba a dar un paso al costado”, afirmó. Las preocupaciones de Sánchez parecen ser ciertas. Pues Vicente Torrijos proviene de un sector ideológico antagónico y su carrera se ha desarrollado en ámbitos opuestos. Torrijos es académico, periodista y analista político. Tiene un Magister en Estudios Políticos y un postdoctorado en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa. Además, ha sido consultor en asuntos estratégicos del Comando General de las Fuerzas Militares. Fue suplente de la Asamblea Constituyente de 1991 y comisionado presidencial para el manejo de crisis con Venezuela en el gobierno de Álvaro Uribe. Ha sido cercano al uribismo y a las Fuerzas Militares. De hecho, en una columna publicada en El Espectador, el exdirector de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, dice que “el origen del conflicto armado en Colombia, para Vicente Torrijos, se explicaría por la ambición de poder del Partido Comunista, so pretexto de abolir la opresión de la población por una casta privilegiada, asociada al capital financiero norteamericano y global”. Según Gallón, esa fue la conclusión que entregó Vicente Torrijos en su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas a la mesa de negociación de La Habana en 2014. En el mismo texto, según comenta Gallón, Vicente Torrijos no utiliza una sola vez la palabra “paramilitares”. De hecho, Torrijos afirma que la teoría de la contención de Kennan fue falseada y “la dirigencia colombiana asoció apresuradamente esta teoría con la prescripción de ‘contener el comunismo’, cayendo así en la falacia de percibir como amenaza a todo aquel que profesase el marxismo”. Respecto a esto, el informe de Torrijos afirma que agentes del Estado con“desórdenes mentales”, y en forma individual, han atentado contra organizaciones políticas de izquierda y se han asociado con grupos terroristas que se lucraron y menoscabaron la autoridad del Estado combatiendo a las guerrillas. Es claro como Torrijos omite a los paramilitares al no nombrarlos. Conoce de su accionar, pero no los nombra. Según la lectura de Gallón, Torrijos nombra a la ONU como un “tercero parcializado hacia la subversión” y, además, el asesor del Comando General de las Fuerzas Militares dice también que las Fuerzas Armadas entendieron la diferencia entre “contención del comunismo” y “contención del terrorismo”. En reiteradas ocasiones Torrijos ha sacado a relucir sus perspectivas del conflicto armado en Colombia y sobre el Acuerdo de Paz. En una entrevista concedida al medio La Tercera, de Chile, el 4 de mayo de 2018, Torrijos afirma que «en Colombia no ha habido un proceso de paz, sino un proceso de negociación entre el Estado y una guerrilla que recibió gran cantidad de concesiones«. En la misma entrevista, tras preguntarle si el proceso de paz estaba en riesgo, el hoy director del CNMH dice que “no puede estar en riesgo algo que no existe”, también dice que “las FARC sigue operando como una agrupación política-violenta al mismo tiempo. En suma, siguen siendo una amenaza transnacional que también opera como partido político”. En otra entrevista concedida a El Nuevo Siglo, Torrijos lanza dos afirmaciones polémicas: nombra a Venezuela y a Nicaragua como “gobiernos hostiles” y dice también que “la idea que se nos vendió de que Colombia había superado el conflicto y que estaba en una fase de posconflicto no existe”. Sumado a estas polémicas declaraciones, el nuevo director del CNMH escribe una columna en el mismo periódico en donde ensalza al hoy controvertido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Torrijos dice que “durante años él ha sido un político en ascenso que, más allá de declaraciones eufóricas, ha construido un proyecto político perfectamente ajustado a las reglas de la democracia occidental”. El columnista dice que Bolsonaro se ha esforzado desde las bases populares por liberar a Brasil de la corrupción. Pues esto lo ha hecho, según Torrijos, “lejos de ser un advenedizo con aires redentoristas, o un golpista velado, o un socio de organizaciones violentas (todas ellas, las principales características de los marxistas en el hemisferio)”. Esto permite vislumbrar los rasgos ideológicos del hoy director del CNMH. No se puede olvidar que Jair Bolsonaro ha sido controvertido por afirmar abiertamente sus posturas xenófobas, machistas y racistas en constantes ocasiones. Además de hacer alusiones prodictadura. Por eso no es de asombrarse que la periodista de derecha Salud Hernández se hubiera alegrado ante la inminente llegada de Torrijos al CNMH: El escritor Juan Gabriel Vázquez dijo alguna vez que la historia es un relato, y como relato puede ser contado de diversas maneras: desde los vencidos o los vencedores. En efecto, la cercanía de Torrijos a las Fuerzas Militares podría no brindarle al CNMH la centralidad y objetividad que espera Salud Hernández. No usar la palabra“paramilitares” también es problemático para un director de un Centro Histórica teniendo en cuenta, además, que el último informe del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH afirma que los paramilitares fueron culpables de 94.754 muertes, las guerrillas de 35.638 y el Estado de 9.804. La memoria y la verdad objetiva del conflicto corrían peligro con Mario Javier Pacheco y con Fernando Vargas Quemba a la cabeza del CNMH, pero también corren peligro con Torrijos.

Por: Esteban Salazar, Línea Democracia y Gobernabilidad Desde hace un par de semanas el Fiscal General de la Nación se encuentra en el centro de la opinión pública por cuestionamientos sobre su idoneidad para investigar casos de corrupción de gran relevancia para el país. El último de ellos ha sido el caso de Odebrecht, pues Marínez fue asesor jurídico de Corficolombiana para el contrato Ruta del Sol II y también dio un concepto jurídico positivo a una adición al contrato para el tramo Ocaña-Gamarra. Actualmente, cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley 147 de 2018, que busca regular la presentación obligatoria de la declaración de renta y de conflictos de interés como requisito para la posesión y ejercicio de futuras funciones de funcionarios públicos de alto nivel, incluido el Fiscal General de la Nación. Este proyecto fue uno de los mandatos de la consulta anticorrupción que el Gobierno del presidente Iván Duque y las distintas fuerzas partidistas se comprometieron a tramitar en el legislativo. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), un conflicto de interés se produce “cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por cuestiones personales”, condición que hace que, en diversos escenarios de las diferentes ramas y niveles de gobierno, se afecte el curso transparente e imparcial de investigaciones, proyectos de ley o acciones gubernamentales en favor de un interés particular. Y este es justamente el caso del actual fiscal Néstor Humberto Martínez en el escándalo de Odebrecht. Como ha sido conocido recientemente por la opinión pública, el Fiscal es señalado de haber conocido de los sobornos y el entramado de corrupción que se gestó desde Odebrecht y que, según las grabaciones entregadas a Noticias Uno por el ‘controller’ Pizano, nunca fueron debidamente denunciados cuando Martínez fungía como abogado del grupo AVAL, de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, dueño de la firma que era socia de Odebrecht en el consorcio. A lo que el Fiscal arguye que el proceso no llegó directamente a su despacho, ni ha sido investigado directamente por él. Sin embargo, el debate se centra en si lo ideal es que el Fiscal General debió declararse impedido desde su posesión y, por lo tanto, también sus subalternos, quienes por razones de control jerárquico no contarían con autonomía e independencia completa para investigar este caso, teniendo en cuenta que el conocimiento del avance del proceso llega al Fiscal General. Si Martínez hubiera presentado un registro de sus posibles conflictos de intereses, desde antes de ser elegido, en investigaciones que incluyeran a Corficolombiana, al consorcio Consol, al grupo Aval, y en general, de todos los negocios que asesoró como abogado particular, habría tenido que apartarse en dichas investigaciones. Para casos tan evidentes como el del Fiscal, de pasar la propuesta del mandato anticorrupción sobre la declaración obligatoria de conflicto de interés, bienes y activos, se marcaría un precedente importante para cubrir de legitimidad, imparcialidad y transparencia investigaciones de corrupción pública como el caso Odebrecht en Colombia, donde a todas luces, el Fiscal Martínez actualmente no brinda dichas garantías. El proyecto de ley plantea, además, que la declaración de impedimentos debe de hacerse pública y accesible para cualquier ciudadano que quisiera consultarla a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP), una nueva herramienta de rendición de cuentas y de veeduría para la ciudadanía. Dichas declaraciones tendrán que ser actualizadas anualmente para incluir cualquier novedad que se presente. En ese sentido, si hubiera existido esta normatividad en la elección de Martínez, no podía haber argumentado que cuando llegó a la entidad el proceso no incluía la participación de Corficolombiana o alguno de sus funcionarios. Tendría que haber actualizado su declaración de conflicto de interés para que una entidad de superior jerarquía, como la Corte Suprema de Justicia, evaluara la declaración y decidiera si efectivamente podía, o no, conocer del caso. Si este prosperara, debería asumir competencia del caso quien se desempeñase como Vicefiscal. Esto último vuelve a poner sobre la mesa la pertinencia de que un subordinado del Fiscal General lleve a cabo la investigación de manera autónoma y sin ningún tipo de cuestionamiento o posible interferencia, razón por la cual cabe preguntarse si resulta mejor nombrar un fiscal ad hoc, ajeno a la entidad, y que tampoco dependa de la misma. Lo más importante para el correcto funcionamiento de esta propuesta consiste en: ¿cómo se va administrar o vigilar el registro de conflicto de intereses en cargos que pertenecen a la rama judicial como la Fiscalía o de las entidades de control como la Procuraduría y Contraloría? Ya que es ahí donde se determinaría cómo y cuándo se activarían los nombramientos de funcionarios ad hoc que reemplacen a los inhabilitados. En el caso puntual de la Fiscalía, la institución encargada del seguimiento de este registro podría ser la Corte Suprema de Justicia, quien es finalmente la que evalúa, según el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (código que regula las relaciones entre los particulares y el Estado), a través de su sala plena, la existencia de impedimentos para la actuación judicial del Fiscal. Estas claridades aún no se encuentran en el desarrollo del proyecto de ley y son fundamentales para realmente entregarle operatividad y dientes a este mandato anticorrupción. Sin embargo, los avances que trae está iniciativa de ser aprobada es la de acabar con las malas prácticas dentro del Estado colombiano de pasar tan libre y ligeramente del sector privado al sector público, y viceversa, sin controles claros frente al devenir como funcionario que debe representar a todos los ciudadanos.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Ahora, luego de las grabaciones reveladas sobre el señor Fiscal Néstor Humberto Martínez, hay tres cosas claras. Por un lado, el señor está metido hasta el cuello en el escándalo de Odebrecht, ya el tema no es determinar si él sabía o no, o si hizo parte o no, ya se sabe que sí, lo que nos falta por saber es si los jefes de Néstor Humberto sabían o no. Lo segundo claro es que la Fiscalía, como es costumbre, desatará una verdadera cortina de humo para ocultar el escándalo del Fiscal. Será una verdadera cacería de brujas. Lo tercero es que el señor Fiscal está ganando tiempo para que lleguen las vacaciones de diciembre y así lograr que el caso se olvide. Será muy difícil que el Fiscal renuncie, pues la arquitectura institucional que trajo la Constitución de 1991 deja a la Fiscalía General de la Nación como un ente todopoderoso y donde el Fiscal no tiene contrapesos fuertes. En todo caso, el señor fiscal debe renunciar y los argumentos son dos. Pérdida de legitimidad de la Fiscalía, una de las principales víctimas del escándalo es la entidad: si las personas no creen en su transparencia, ni avalan sus actuaciones, no denunciarán y, en esta medida, se borran los desincentivos para que los criminales cometan delitos. Es decir, en últimas, la pérdida de legitimidad de la Fiscalía puede aumentar los índices de impunidad aún más y en consecuencia el delito, en especial la corrupción. Con el escándalo del Fiscal, la ciudadanía en general,se ha manifestado en contra de la institución, deslegitimando sus actuaciones. Habrá un aumento de la sensación de impunidad. Cómo afirmó el senador Robledo, no es cierto que los fiscales delegados que llevan los casos sean en realidad autónomos frente al Fiscal General, como intenta hacer creer Néstor Humberto Martínez Neira. Ya que, por Constitución y por ley, en nada se parece su independencia a la de los Jueces de la República. Y menos luego del 21 de marzo pasado, cuando el Fiscal expidió la Resolución 1053, que le permite sancionar a los fiscales delegados si no se acogen a sus orientaciones. Un Fiscal nuevo para este caso no resuelve nada, absolutamente nada. El tema de fondo es si la sociedad colombiana está dispuesta a sacrificar sus instituciones por salvar a una persona. Además, el presidente Duque, quien nombraría la terna del Fiscal Ad hoc, está involucrado en el escándalo de Odebrecht. Como se recordará, hubo un viaje a Brasil, en el que acompañó a Oscar Iván Zuluaga a la reunión con un especialista en marketing que terminó pagando la multinacional. En fin, todo el mundo está metido en este escándalo, toda la clase política está metida, santistas y uribistas, por eso será muy difícil que las investigaciones avanzan.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Después de las dos encuestas (Ivamer y Cifras & Conceptos), que dejaron la noción clara de desplome sobre la percepción de favorabilidad de los 100 días del presidente Iván Duque, el senador Álvaro Uribe parece advertir una colación con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y elexpresidente César Gaviria para salvar el panorama. A pesar del ‘slogan’ del gobierno, ‘El futuro ya comenzó’, intentó darle quite al mal momento de percepción y, aunque el presidente haya expresado que “estamos construyendo, entre todos, un gran pacto por Colombia con legalidad, emprendimiento y equidad”, el pacto desde esta semana lo está haciendo Uribe. El senador del Centro Democrático ya se puso al día en una reunión con Germán Vargas Lleras y están preparando un encuentro con César Gaviria, de quién hasta el momento se confirman unos emisarios. En panorama avizora una contrarreloj para los proyectos bandera en el Congreso como los de la Reforma Tributaria. Uribe ha expresado la necesidad de crear una ‘coalición interpartidista’ para darle consecución y acelerar la agenda del Gobierno en materia de reformas antes de culminado el año 2018. A pesar de que, después de las encuestas, Duque respaldó a Alberto Carrasquilla, el ministro fue el gran ausente el viernes 16 de agosto cuando en televisión pública el mandatario, con su gabinete, rindió cuentas de primeros 100 días de gobierno. Duque se refirió a la ausencia de Carrasquilla, asegurando que ese fin de semana se encontraba sorteando posibilidades tributarias. Álvaro Uribe, dentro de sus propósitos, propone en primer orden que se construya un apoyo para lograr una ‘mejor solución tributaria’ Además, el expresidente Uribe pretende generar un respaldo sólido en el Congreso, especialmente sobre los partidos Conservador, ‘la U’, Colombia Justa Libres y el Movimiento Mira, quienes se declararon de gobierno pero no han sido trascendentales para consolidar los proyectos de Casa de Nariño. De tajo, Uribe pretende también generar un puente con Lleras y Gaviria para consolidar unas mayorías con estos partidos que se declararon independientes y que serían fundamentales para tramitar las disposiciones en materia de reforma para lo que resta del año. Otra disposición de inmediatez que expresa Uribe es la unión dentro de las toldas del Centro Democrático que permita una articulación seria con la bancada ministerial. El lazo roto entre el gabinete de Iván Duque y el Congreso ha afectado las reformas políticas y judiciales, que, aunque logren pasar, serán fuertemente transformadas. La desarticulación del gobierno no es una simple especulación, más allá de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez haya dicho hace unas semanas que “una cosa es el Centro Democrático y otra el Gobierno” o haber sufrido un lapsus del lenguaje al haber dicho que el presidente era Álvaro Uribe, si se reconocen molestias e incomodidades. Así lo ha manifestado Santiago Valencia, senador del partido de gobierno, quien reconoce que existe desarticulación con el gobierno. Otro que se sumo con reacciones al llamado de Uribe fue Ernesto Macías, presidente del Congreso. Macías, recordado por haber opacado al mandatario el 7 de agosto —día de la posesión— con un discurso férreo, manifestó que entiende el mensaje de Uribe porque ha reconocido los riesgos de la separación de las toldas con Duque. El nombre de Germán Vargas Lleras ha estado rondando en el famoso proyecto de las Salas Especiales para los militares ante la JEP. Su partido Cambio Radical también es el ponente del proyecto de Ley de Orden Público, liderado por Germán Varón Cotrino, muy allegado a Lleras. César Gaviria, por su parte, es recordado por el espaldarazo que le dio a Duque en campaña, también ha sonado por el nombramiento de su esposa Ana Milena Muñoz en la embajada de en El Cairo, Egipto. Lo último que se supo del líder del partido liberal fue la reunión en la que criticó la Ley de Financiamiento, pero con su colectividad advirtió que con cambios pertinentes apoyarían la reforma.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Las negociaciones del ELN y el Gobierno caminan por una cuerda floja compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior, el Alto Comisionado para la Paz, un mensaje de urgencia de la Ley de Orden Público y el Congreso de la República. En vilo queda la posibilidad de paz, no solo por la posibilidad de no conseguir un acuerdo, sino porque el conflicto no cesa en las comunidades que han venido desde Chocó a denunciar el desplazamiento y los asesinatos que suceden en sus territorios. Este es un panorama del acontecer entre el Gobierno y la guerrilla del ELN: Plano Internacional El Gobierno nacional, por medio de la Cancillería, envió una nota diplomática al gobierno de Cuba en la que solicitó la entrega a Interpol del jefe máximo jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista —alias ‘Gabino’—, quien se encuentra en un tratamiento médico en la isla. Esta solicitud pone de manifiesto el riesgo de las negociaciones con el ELN, además incurre contra la decisión del mismo Estado colombiano que había determinado la presencia de los jefes en Cuba. Cuba se perfilaba, nuevamente, como el país garante para las negociaciones, este reversazo pondría en aprietos internacionales a Cuba por los argumentos expuestos por el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos. El anuncio del gobierno insta que ‘Gabino’ no hace parte de la mesa de negociación y que por eso las dos circulares rojas expedidas por la Interpol no se anulan. Ceballos también le solicitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro que confirme si hay presencia de cabecillas en territorio venezolano y, de ser así, ponerlos a disposición de la Interpol. Ceballos se refirió, además de ‘Gabino’, a Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’; Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’ y Eliécer Chamorro, alias ‘Antonio García’, quienes se encontrarían en Venezuela. El alto comisionado afirmó que depende de que el ELN abandone el secuestro para restablecer la mesa de negociación. Además, aseguró que, según informaciones que tiene el gobierno, en las zonas de Chocó, Arauca y Norte de Santander habrían sido registrados alrededor de 44 secuestros. A su vez, se refirió a los ataques del ELN al oleoducto Caño Limón – Coveñas que, según cifras del gobierno, ha sufrido 82 voladuras este año. Desde 1986 habría 3,4 millones de barriles derramados a cuenta de ataques a infraestructura. Plano Nacional Las Comisiones Primeras Conjuntas aprobaron el lunes 19 de noviembre —en primer debate— la prórroga de la Ley de Orden Público (148). Este proyecto trata sobre los mecanismos para permitir las negociaciones con grupos al margen de la ley y sobre los temas de seguridad. EL proyecto, que viene con mensaje de urgencia, tiene tres grandes puntos: uno que pretendía generar unas condiciones de negociación que advertirían más complicaciones a la reactivación de la mesa de negociación y que fue derrotado por la oposición; otro, que pudo salvar el gobierno, tiene que ver con la creación de unas zonas de intervención estratégicas con una presencia militar protagónica en las zonas. Para el mantenimiento de dichas zonas se crearía una nueva subcuenta de financiación. Esta disposición entraría a competir presupuestalmente con los Programas de Desarrollo Territorial (PDTES). El ponente del proyecto, el senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino —ficha clave del excandidato ala presidencia Germán Vargas Lleras— dijo que las Zonas Especiales de Intervención no afectarán los PDET, sino que se buscan poner en marcha la implementación del Acuerdo con las FARC. Ante el proyecto, Iván Cepeda dijo que: «varios de los artículos son inconstitucionales, como la creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral y la subcuenta en Fondo Paz para esas zonas». Además, aseguró que de ser aprobado tal como está, demandarán la inconstitucionalidad de los artículos. Nancy Patricia Gutiérrez —ministra del Interior y autora del proyecto— salió en defensa de la avanzada del Centro Democrático al referirse al proyecto: «esta ley no pretende desbaratar absolutamente nada sino garantizar el orden público y armonizar con acciones que quedaron consignadas en el acuerdo de La Habana». El tercer punto fundamental y polémico es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, dándole facultades de asesoría directa con el presidente Iván Duque para la toma de decisiones. Este organismo asesor tendría voz para definir si una organización se puede determinar cómo Grupo Armado Organizado, lo que le impediría entrar a negociar con el Gobierno.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El 24 de noviembre de 2016, las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de Bogotá. El evento se dio luego de que el No ganara el 2 de octubre en el plebiscito, lo que obligó a renegociar el Acuerdo que se había firmado antes en Cartagena. En ese proceso de renegociación se mantuvieron diálogos constantes con el uribismo, principal partidario del No. Esto dio lugar a que, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, se firmara el Acuerdo entre la guerrilla más antigua de América Latina y el Gobierno. Sin embargo, después de la firma, el proceso de paz ha tenido varios traspiés. En parte, han sido por el lado del Gobierno en materia logística y política, pues no todo ha salido como se esperaba. Además, ha habido injerencia del uribismo y los principales sectores que discrepan con el Acuerdo de Paz. En esta línea de tiempo le contamos qué ha pasado en estos dos años.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Este lunes 19 de noviembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de alias ‘J.J’ y alias ‘Noni’. Los capturados, pertenecientes al grupo armado de los ‘Pelusos’ son sindicados de participar en la masacre del El Tarra, Catatumbo —perpetrada el pasado 29 de julio— en la que fueron asesinadas 10 personas. Según la Policía Nacional, a corte de 31 de octubre, en el Departamento de Norte de Santander se registran 422 homicidios, de los cuales 19 se presentaron en el municipio de El Tarra. Además, se cuentan 1.350 amenazas en el departamento, de las cuales 24 se registraron en este municipio. ¿Cómo se llevó a cabo el operativo? La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, a partir de las labores investigativas en los meses subsiguientes a la masacre, estableció el paradero de Belsaid Carrascal Ortíz de 30 años (J.J), quién fue capturado en el barrio Guayaquil de la comuna 9 en el centro de la ciudad de Cali. Por su parte, la captura de Cristo Nel Carrascal Ascanio tuvo lugar en el barrio El Tarrita del municipio de El Tarra. ¿Qué cargos les imputaron? Homicidio agravado, secuestro agravado, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Además, a partir del material probatorio, los capturados tiene medida de aseguramiento en un centro carcelario, en razón de la orden dictaminada por un juez de control de garantías. ¿Cuál era el accionar de los capturados? La información entregada por la Fiscalía determina que “J.J” y “Noni” pertenecen a ‘Los Pelusos’ hace 8 años. En Hacarí, participaban de homicidios selectivos, tráfico de droga, cobro de extorsiones y amenazas y hostigamiento a la comunidad del municipio de El Tarra. ¿Qué ocurrió en la masacre de El Tarra? A las 3 de la tarde, hombres armados en vehículos llegaron a un billar de El Tarra arremetiendo contra las personas que allí se encontraban. Allí asesinaron al líder comunal Frederman Quintero y a Carlos Torres, Wilmer Ramírez, Alexander Martínez, Asbrujal Durán, Wilmer Ramírez, Bladimir Quintero, Ramón Ramírez y Jhon Sanabria; estos dos últimos excombatientes. Ese día, las víctimas de la masacre eran 9, pero quedaron heridas dos más. Justamente, una de ellas murió en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta a causa de las heridas de bala. La víctima fue identificada como Argelino Ortega Ortíz, quien era un exguerrillero de las FARC. Ortega permaneció 8 días en la unidad de cuidados intensivos. ¿A qué se debe la violencia en la región? Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, la subregión del Catatumbo —conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención, El Carmen, San Calixto, Ocaña, Teorama, La Playa y Hacarí— se encuentra en medio de una confrontación entre los dos principales grupos armados presentes en el territorio: el ELN y el EPL. Este último, según el Ministerio de Defensa, sería el Grupo Armado Organizado -GAO “Los Pelusos”. A estos actores del conflicto, se suma el grupo postFARC autodenomnado Frente 33, quienes operan en la región en la disputa por la reconfiguración del control del territorio. También el Clan del Golfo, denominados ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y ‘LosRastrojos’. En la Región del Catatumbo, el control de los actores suscita especialmente por control del narcotráfico, debido a la ubicación estratégica en zona de frontera para el acceso a rutas internacionales de tránsito para la comercialización. ¿Cómo operan ‘Los Pelusos’ en el Catatumbo? A partir del seguimiento que hace la Fundación Paz & Reconciliación, ‘Los Pelusos’ han registrado acciones violentas que obedecen a enfrentamientos con el ELN y grupos postFARC. Estos enfrentamientos han generado desplazamiento masivo y civiles asesinados y heridos. Hace 12 días, por ejemplo, se registró una situación crítica de Derechos Humanos a causa de los enfrentamientos del EPL con el ELN. Se calcula que casi mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en el Municipio de Hacarí. Las veredas que se han visto mayormente afectadas son La Esperanza, Las Juntas y Castrillón. La disputa por el control, tal como los hechos lo demuestran, es la piedra angular de la guerra que jamás se fue de Catatumbo. Un corregimiento que ha sufrido fuertemente las acciones violentas es Mesitas. ¿Quiénes son ´Los pelusos’? Se denomina como ‘Los Pelusos’ a la disidencia de el Ejército Popular de Liberación Nacional, quienes históricamente operaron en las regiones del Urabá y Bajo Cauca. El EPL inició en 1968 en Antioquia, expandiéndose incluso en Sucre, Magdalena Medio y Córdoba. Logró concentrar un pie de fuerza de alrededor de 4.000 personas. A pesar de su desmovilización en 1991, la disidencia aún continúa operando en Catatumbo, Norte de Santander. Guillermo Botero Nieto, entonces ministro de Defensa de el expresidente Juan Manuel Santos en 2016, determinó a ‘Los Pelusos’ no como una organización insurgente, sino como Grupo Armado Organizado (GAO). En 2017, ‘Los Pelusos’ quisieron iniciar unas negociaciones de concertación con el gobierno. Sin embargo, la condición de ser reconocidos como organización insurgente y no GAO fue el causante de su inviabilidad. Para el exvicepresidente Oscar Naranjo, la salida con este grupo no era una negociación de paz, sino un acercamiento a un proceso de sometimiento a la justicia.

Por: María Camila Contreras y Angélica Gutiérrez, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Luis Cuarto Barrios Machado, de 55 años, fue asesinado mientras hacía la siesta en su vivienda del barrio Villa Paraíso, en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico, el 3 de julio de 2018. Dos individuos en moto llegaron a la casa de Luis y, aproximadamente a la 1:40 p.m., le propinaron dos disparos en la cabeza. Ese día todos los pobladores del barrio veían el partido Colombia-Inglaterra, ocasión fue aprovechada por los homicidas para cometer el crimen. Barrios era uno de los líderes comunitarios más reconocidos en El Palmar, donde residió durante 14 años. Hasta el final de sus días trabajó en la presidencia de la Veeduría de Control Ciudadano de Palmar de Varela. También hizo parte de la presidencia de Asocomunal y del Comité Ejecutivo Municipal del Polo Democrático con el objetivo de presentarse a la Alcaldía del municipio. Además, fue dos veces aspirante al Concejo municipal, en 2014, por el Centro Democrático, no obstante, no tuvo éxito. Luis también habría sido crítico radical del negocio del microtráfico en el municipio, lo que pudo haber constituido un escenario de riesgo. La Fiscalía reveló que antes de ser asesinado el líder había interpuesto 23 denuncias formales a propósito de las deficiencias del servicio de salud y el tráfico de estupefacientes en el territorio; así mismo, había denunciado más de 20 casos de corrupción. En cuanto a su seguridad personal, en reiteradas ocasiones había denunciado las amenazas de muerte de las que fue objeto durante sus últimos meses; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna por parte de las autoridades, a pesar de haber solicitado medidas de protección. La última de las amenazas recibida por el líder comunal tiene fecha del 30 de mayo. En agosto de 2016, la Fiscalía capturó como presuntos responsables del crimen contra Barrios a Javier Renán Pabón Vásquez, alias ‘Ganzúa’ o ‘Javiercito’, Jeffrey Jesús Madera Maldonado, Elvis Fidel Egea Buzón y Manuel José Silvera Manjarrez. La entidad también afirmó que contra los dos últimos hombres se habría emitido órdenes de captura. El primero había amenazado de muerte a Barrios y el segundo estaba asociado al negocio del microtráfico en la vereda. En declaraciones para La Silla Caribe, Paola Eljaik, exprofesora de Barrios, afirmó que será recordado como “un hombre valiente y entregado a su familia, que luchó contra todo el sistema y terminó siendo una víctima; un hombre que aunque conocía las irregularidades detrás del funcionamiento político de Palmar de Varela ignoraba el peligro detrás de las mafias que denunciaba”.

Por: Alejandro Camacho Escamilla, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En la segunda mitad de 1996 se dio inicio la operación “Septiembre Negro”. Esta estrategia militar, realizada de manera conjunta entre paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia, se gestó con la intención de detener la avanzada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, que para la época había logrado controlar gran parte del territorio del pacífico haciendo su entrada desde el río San Juan por medio del Frente 34. Estas acciones generaron desplazamientos masivos en varios municipios de Chocó y Antioquia, principalmente en Mutatá, Murindó, Riosucio y Carmen del Darién. Las comunidades que abandonaron sus territorios por las masacres, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes posteriormente serían la base militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), eran también habitantes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y fueron despojados por vías violentas. A lo largo de estas tres décadas, y desde antes, estas comunidades han defendido su territorio de grupos armados ilegales. Su resistencia generó que los entes internacionales pusieran sus ojos en esta parte de Colombia, logrando, como una de las victorias más importantes, que bajo la resolución del 6 de marzo de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH les brindara medidas cautelares, posibilitando la creación de diversas Zonas y Resguardos Humanitarios dentro de los territorios colectivos titulados a las comunidades negras e indígenas. A su vez, grandes proyectos mineros han intentado hacerse a concesiones en estos territorios. Este es el caso de Muriel Mining Corporation, Anglo Gold Ashanti y Glencore, quienes según las comunidades están asociadas a la presencia de grupos “paramilitares”. Por otra parte, según el documento publicado por Indepaz titulado “Las maniobras del rey Midas”, sólo Anglo Gold tenía “escrituradas” 186.636 hectáreas en Chocó por medio de 47 títulos en el año 2012. También señala que la propia empresa ha devuelto títulos que involucran casi 8 millones de hectáreas en todo el país en los años previos a la fecha de publicación del artículo. Por otra parte, la inserción de la palma aceitera en la región, principalmente en el Curvaradó, ha generado traumatismos en el retorno de sus pobladores debido a la transformación de la vocación del suelo. Al respecto, los habitantes del territorio han decidido recuperar sus fincas por medio de la liberación de tierras con el acompañamiento de diversas entidades de carácter internacional y de grupos defensores de Derechos Humanos. Esta recuperación se da en el marco de una disputa legal con la empresa Urapalma, que en 2013 pretendía que se anulara la titulación colectiva en el Curvaradó y en mayo del año 2017 vio cómo la Corte Suprema de Justicia condenó a diez años de prisión a su socio principal, Antonio Nel Zúñiga, por nexos con el paramilitarismo en la compra y venta de tierras en la región. En la actualidad, el conflicto por la repartición de la tierra se mantiene dentro de estas cuencas cuyas comunidades aún esperan la restitución completa de sus territorios. Sumado a esta compleja situación, grupos armados ilegales encuentran atractiva esta zona del país por ser un corredor que une las salidas hacia el Caribe y el Pacífico, siendo la frontera entre Antioquia y Chocó. Esta región, además de su posición geoestratégica fundamental para el control territorial, también ha sido importante para el transporte de armas, cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína. Asimismo, estos grupos han sido atraídos por la región debido a la explotación ilegal de oro y madera, materias primas que han sido custodiadas por los actores armados ilegales, en algunas ocasiones siendo parte del negocio y en otras cobrando vacunas a quienes hacen presencia en la zona. A pesar de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC firmados en 2016, el conflicto en las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó sigue escalando. En la actualidad, el territorio se encuentra en disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional-ELN que hace presencia con el Frente Cimarrón, del Frente de Guerra Occidental. Este último grupo ha tomado ventaja en la confrontación, principalmente en Brisas del Curvaradó y Pavarandó. Asimismo, este grupo insurgente ha optado por usar las detenciones ilegales a los pobladores de las cuencas con el fin de asegurar el control territorial y alcanzar legitimidad comunitaria en la región. Por su parte, las AGC o Clan del Golfo, según fuentes en territorio, se han centrado en el asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales de estas comunidades, quienes principalmente centran su lucha en la defensa territorial de los cultivos extensivos y la explotación minera legal e ilegal. Sin embargo, estas cuencas son también ejemplo de paz y reconciliación. Con la firma de los Acuerdos varios excombatientes de las FARC han desarrollado proyectos productivos y culturales que acercan a las comunidades en la consolidación de dinámicas que permitan un cambio social y político en la zona. Ejemplo de ello es el festival de teatro Selva Adentro desarrollado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caracolí, ubicado en Curvaradó, donde se expresan los intentos de paz de la antigua guerrilla con el apoyo de las comunidades de la región. Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó resisten ala violencia y al despojo, le apuestan a la construcción de paz desde la reconciliación.