Por: Mateo Quintero, Redacción Pares ¿Por qué se creó? El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se creó mediante la Directiva Transitoria #0205 el 24 de febrero de 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana. En ese entonces, la Dirección de la Policía estructuró el escuadrón para solventar una coyuntura temporal. En sus inicios, estaba compuesto por nueve oficiales, ocho suboficiales y 200 patrulleros cuya misión era «apoyar a los Departamentos y Policías Metropolitanas en el manejo y control de multitudes y espectáculos públicos«. Sin embargo, casi 20 años después, el ESMAD aún no se ha disuelto. Posteriormente, mediante resolución # 01363 del 14 de abril de 1999, el Director General de la Policía formalizó el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hacia el 17 de julio de 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprobó la Resolución #02467 por la cual se creó el distintivo del Curso de Control de Multitudes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional. Desde entonces, las constantes denuncias sobre la ejecución de este cuerpo policial especial ha puesto sobre la mesa el debate sobre si debe continuar o no. Hoy por hoy, el ESMAD está compuesto por 3.580 policías que hacen presencia en 17 departamentos de Colombia y las ciudades de Medellín, Bogotá y Cúcuta. Su fin es “[…]encargarse del control de disturbios, multitudes, bloqueos, acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas”. Sin embargo, los límites constitucionales y del uso de la fuerza respecto a este Escuadrón Especial no son muy claros. De hecho, el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo en una columna publicada en El Tiempo que, “el alto mando de la Policía debe ser ejemplar en su decisión de promover con rigor las investigaciones y tomar decisiones para definir con claridad los límites constitucionales y legales del uso de la fuerza”. Además, también advirtió las constantes violaciones a Derechos Humanos y exceso de uso de fuerza que ha tenido el Comando Especial. Por otro lado, los hombres del ESMAD no están autorizados para portar armas de fuego. Pese a esto, luego de una resolución firmada en julio de 2012 por el exdirector de la policía Roberto León Riaño, todos los miembros del ESMAD, tras complementar un curso de 91 horas, pueden portar «armas de letalidad reducida». Entre estos están los tasers y rifles para lanzar gases lacrimógenos. Las víctimas Desde su creación como Comando Antidisturbios, el uso de la fuerza se le ha salido de las manos al ESMAD, pues se ha cobrado la vida de varias víctimas. Entre ellos, 18 muertos en Bogotá, incluido un menor de edad, que fue asesinado en el día del trabajo del 2005. Se trata de Nicolás Neira. Por el homicidio del menor, quien falleció a causa de golpes contundentes producidos por el ESMAD, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá impuso una millonaria condena al Estado Colombiano. A él se suman los nombres de los estudiantes Oscar Salas, Jhonny Silva, Carlos Giovanni Blanco, Edison Franco Jaime, Yoel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez y Jaime Alfonso Acosta. Todos asesinados en medio de los golpes, las bombas lacrimógenas y las balas usadas para disuadir las protestas estudiantiles. En las zonas rurales del país también se han cometido atropellos contra las comunidades. Tal es el caso de los constantes ataques que se vieron en el Paro Agrario de 2013, en el que se produjeron denuncias sobre 660 casos de violaciones a los DD. HH tanto individuales como colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas. Además, el panorama parece no mejorar. Al observar el accionar del ESMAD frente a las protestas estudiantiles del 15 de noviembre. En varios videos puede observarse cómo miembros del Comando Especial agreden recurrentemente a los estudiantes; sin embargo, también existen varios cuestionamientos, pues en un video publicado en redes sociales de colectivos universitarios y medios de comunicación universitarios se ve como civiles vestidos con cascos ayudan al ESMAD y a la Policía a agredir a estudiantes.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares A 100 días de la posesión de Iván Duque, el presidente ya tiene menor favorabilidad que la que tuvo Santos en el mismo periodo de su segundo mandato. Duque tiene un 33% de favorabilidad, mientras que Santos contaba con un 45%. Los primeros 3 meses han sido negativos para el presidente del Centro Democrático. Este viernes 16 de noviembre, dos encuestas han revelado que su percepción ha caído de manera abismal. Duque presenta una imagen desfavorable del 65% según la encuesta de Cifras & Conceptos, mientras la encuesta de Invamer arrojó que el 68,4% desaprueba la forma en como el mandatario está desempeñando su papel. Para el director de la Fundación Paz & Reconciliación, León Valencia, el gran problema es que el presidente no tiene un proyecto político definido. Por ejemplo, en el caso del expresidente Santos el proyecto era la paz y en el de Álvaro Uribe el de la seguridad democrática. Según Valencia, “Duque no tiene ni enemigo ni concepto”, lo que afecta complejamente su gobernabilidad. Además, está empecinado en volver a Venezuela un enemigo, lo que conllevaría un riesgo mayúsculo. Por otro lado, Ariel Ávila,subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, afirma que el presidente Duque sacrificó todo su capital político con el impulso de la Reforma Tributaria. Hay, también, un incumplimiento de lo prometido en campaña, pues “él se montó en el bus de la lucha contra la corrupción y le ha incumplido a los proyectos en el Congreso porque no presentó el mensaje de urgencia a los proyectos de la Consulta Anticorrupción. Eso lo hace perder con la opinión pública”. A pesar de que los mandatarios gozan de buena percepción en los primeros meses de gobierno, Duque se encuentra con un golpe de opinión. Para Ávila, Duque se encontró con una sociedad civil que ya se ha transformado y no es la misma de los ocho años de Uribe, ahora “hay un costo de gobernar con las banderas del uribismo”. ¿Qué dice la encuesta Cifras & Conceptos? La muestra de esta encuesta fue de 1.191 personas. En ella se evaluó de manera negativa la gestión del presidente en 16 ítems. Por ejemplo, ‘disminuir la corrupción’, que se planteaba como una bandera de este gobierno, tiene un 60% de desaprobación. Esto se debe, seguramente, a que los proyectos que se desprendieron de las Consulta Anticorrupción se están hundiendo en el Congreso. Sobre su bandera de ‘el que la hace la paga’ tampoco hay mucha percepción de avance, pues en términos de seguridad el 56% de los encuestados desaprueba la gestión. El ítem peor valorado de la gestión de Duque es el de la ‘reducción de la pobreza’, que cuenta con una desaprobación del 67%. Otro de sus recurrentes discursos sobre la impunidad y la premisa de mejorar la justicia tiene un saldo negativo del 60% sobre la gestión que ha dado el mandatario. La propuesta de Iván Duque se vislumbra para los empresarios y no para la gente. De las 10 grandes propuestas de este gobierno, las que se encuentran en mayor desaprobación son: extender el IVA a la canasta familiar, la disminución de los impuestos para generar más empleo, aumentar los impuestos a las personas asalariadas y la reforma política. Sobre su gabinete ministerial: Alberto Carrasquilla, ministro de Defensa al que el presidente ha respaldado en sus decisiones tributarias, tiene una imagen desfavorable del 84%. María Victoria Angulo, Ministra de Educación a quien Duque le entregó el papel de negociadora con los estudiantes, tiene una imagen desfavorable de el 75%. Por su parte, Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene una imagen desfavorable de un 57%. ¿Qué dice la encuesta Invamer? Un desplome certero demostró la encuesta de noviembre de 2018 en la que Duque tiene una aprobación del 27%, frente al 53.8% con la cual gozaba en septiembre del mismo año. Además, otra variable que emerge de la encuesta es que el 73.8% de los encuestados cree que las cosas van por mal camino. La disposición sobre la implementación del acuerdo entre el Gobierno y la FARC va para por mal camino para el 67.1%. Los proyectos del Acuerdo que se deberían estar implementado no llegan a las regiones, lo que ha ocasionado reclamos de comunidades que están viviendo un retorno de la violencia por cuenta de grupos armados y falta de presencia estatal.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares La guerra ha vuelto a Buenaventura, o tal vez, nunca se fue. En las últimas tres semanas se contabilizan 10 asesinatos, al menos esa es la cifra oficial según las autoridades, pues las comunidades hablan de muchos más. Los muertos han caído en lo que podría llamarse la reactivación de la guerra. Nuevamente, hombres armados patrullando en barrios, balaceras a la orden del día, toques de queda ilegales y aumento de la extorsión. Las balaceras registradas en las comunas 3, 9, 11 y 12 no dan tregua, especialmente en las dos últimas, donde una de las más fuertes dejó un saldo de cuatro muertos; uno de ellos descuartizado en la noche del martes 13 de noviembre. Pero no es una sola guerra la que vive el puerto de Buenaventura, hay al menos tres grandes enfrentamientos. La primera, se vive en la zona urbana del puerto entre el Clan del Golfo y estructuras criminales pequeñas que no se alinearon con este grupo ilegal. Estas pequeñas estructuras han mantenido cierta independencia, pero ante la posible llegada del ELN al casco urbano, el Clan del Golfo está alineando fuerza para hacer frente a la nueva amenaza. Lo que podría estar relacionado con la intención del ELN de incursionar y hacerse al control del casco urbano, con la pretensión del Clan de someter a estructuras armadas existentes en algunos barrios no alineadas a éstos. Entre tanto, fueron suspendidas las clases en todos los colegios oficiales durante los días 15 y 16 de noviembre, a razón de las continuas balaceras. El siguiente es el mapa de presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales en el casco urbano de Buenaventura: La segunda guerra se vive entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta guerra inicialmente se ha dado en zona rural y en el sur del departamento del Chocó. Pero ante el copamiento del ELN, el conflicto amenaza con llegar al casco urbano. Luego, hay una tercera guerra que está comenzando y es el surgimiento de grupos postfarc. En esta zona estratégica, donde está ubicado el corredor el Naya, hacen presencia tres estructuras armadas ilegales: la Columna Móvil Jaime Martínez, que ejerce control en la parte media-alta de los ríos Naya, Yurumanguí y Cajembre; el Frente Unido del Pacífico, estructura residual del entonces Frente 30 de las FARC, que hace presencia en la parte baja de los ríos referidos, así como en Mayorquín y Raposo; el Frente 29, quien ha entrado a fortalecer al Frente Unido del Pacífico, al tiempo que está tomando posesión de la zona controlada por esta estructura residual, dedicada con mayor fuerza al control de las rutas de narcotráfico y al cobro de vacunas o “impuestos de seguridad” a la minería ilegal que se realiza. Lo cual configura un enorme riesgo para la pervivencia de las comunidades étnicas en sus territorios colectivos y ancestrales. El siguiente es el gráfico de la presencia de organizaciones criminales en Buenaventura: ¿Qué hace el Estado? El Estado colombiano hasta ahora ha sido incapaz de copar institucionalmente los vacíos dejados por las FARC en los territorios que ejercía control este grupo insurgente, al igual que en el caso de Buenaventura, nos referimos a la zona sur del Distrito. La larga noche de la muerte, de la barbarie y de la guerra fáctica aún no cesa en Buenaventura. En el Pacífico, donde la paz y el postconflicto no logran transformar la intranquila cotidianidad de sus comunidades, asediadas por el accionar bélico y criminal de estructuras armadas ilegales e inermes ante la incapacidad del Estado para proteger sus vidas y sus territorios. Tampoco ha sido capaz el Estado de desmontar las estructuras neoparamilitares que ejercer control en la zona urbana de Buenaventura; de un lado, la presencia hegemónica del Clan del Golfo no sólo se expresa en el manejo de las economías ilegales, sino también, en el de los productos alimenticios básicos de la canasta familiar (panela, queso, huevos, plátano, entre otros), al igual que en el financiamiento de campañas electorales de sectores políticos tradicionales. Pero también, ha sido incapaz el Estado de rescatar del secuestro psicológico y socio-espacial al que la estructura residual ha sometido a la población de algunos barrios de las comunas 11 y 12, que pese a ser realmente un control marginal respecto del ejercido por el Clan, no es menos asfixiante para estas poblaciones, a juzgar por las inimaginables prácticas de extorción y control territorial que allí se recrean. Artículo publicado en El Espectador.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares A dos años de la firma del Acuerdo de Paz, cuando las instancias de la Justicia Transicional están articulando esfuerzos para la reparación a las víctimas, las masacres en Colombia no cesan. Después de la salida de las FARC de las zonas en las que tenían presencia histórica, se está viviendo un recrudecimiento de la violencia a causa de la disputa de los territorios. Además, las economías que se desprenden del narcotráfico han incrementado la violencia en las zonas que son corredores estratégicos para los grupos armados. Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, los grupos que han tenido protagonismo en la arremetida a nivel nacional son los Grupos Armados Organizados, como el Clan del Golfo; el EPL; el ELN y grupos armados postFARC. El Registro Único de Víctimas advierte que en lo que va del año, en el marco del conflicto armado, se registran 341 de homicidios a nivel nacional. Además, en lo que va corrido del año, se han registrado, al menos, siete masacres en Colombia. Entre las personas asesinadas en estos hechos, se encuentran excombatientes de las FARC y líderes regionales. PARES le presenta una línea de tiempo con las masacres ocurridas en 2018 en el país. Lea también: Los desplazamientos masivos van en aumento

Por: Redacción Pares Todo comenzó con la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, el pasado 8 de noviembre, quien había fungido como controller de los contratos de la Ruta Del Sol Tramo II entre Odebrecht y Corficolombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento Ángulo y de la que Néstor Humberto Martínez fue abogado. Pizano le había concedido varios audios y una entrevista a Noticias Uno donde evidenciaba el conocimiento del ahora Fiscal General de la Nación respecto a las ‘coimas’ otorgadas por Odebrecht. Sin embargo, después de que el caso empezara a sonar en los principales medios de comunicación nacionales, el panorama se enrareció cuando el hijo del ingeniero, Alejandro Pizano, también murió tras ingerir una botella de agua que se encontraba en el escritorio del despacho de su padre. El dictamen de Medicina Legal reveló que el hijo de Pizano murió tras ingerir cianuro. Desde ahí el caso ha seguido sonando y han crecido las preguntas respecto al fiscal y su presunto conocimiento de las irregularidades de Odebrecht. Tras conocerse el caso, el fiscal decidió dar entrevistas a varios medios de comunicación para esclarecer las acusaciones en su contra. En la entrevista con Juan Roberto Vargas, el fiscal dijo que en la reunión con Pizano ofició como amigo personal y no como abogado de Corficolombiana, cargo que ejercía en ese entonces. El argumento principal de Néstor Humberto Martínez es que Pizano “no tenía certeza de que eso era un delito de corrupción”. Además, el fiscal ya se había declarado impedido para realizar la investigación respecto a Odebrecht por “tener algún conflicto de intereses”. El fiscal dijo en la entrevista “yo me declaré impedido apenas llegó el caso de los contratos [en mayo de 2018]”. Según Martínez, las denuncias de Pizano no eran aún delitos, pues en el momento no se sabía a dónde iban a parar los dineros. En medio de la entrevista, el fiscal sacó su celular para mostrar una conversación que había sostenido con Jorge Enrique Pizano. En ese momento le entró una llamada de un contacto llamado “Yamhure” lo que alertó ala opinión pública. Pues, al parecer, se trataba del periodista Ernesto Yamhure, director del portal uribista Los Irreverentes. Sin embargo, cabe recordar que el jefe paramilitar Carlos Castaño tenía conocimiento e injerencia sobre las columnas de Yamhure, como lo reveló en su momento el periódico Un Pasquín. Además de esa entrevista, Martínez asistió a La FM, donde realizó afirmaciones muy parecidas a las que ya había expresado en Caracol. El fiscal concluyó que no se puede decir hoy que él tenía conocimiento de las coimas en el 2015, cuando de lo que sí sabía es que había unos contratos irregulares, pero de las sobornos todavía no se había emitido alguna decisión por una autoridad judicial. A Martínez se le reitero el cuestionamiento de por qué no tomó el caso Odebrecht cuando era una de las personas que más conocimiento tenía sobre el mismo, a los que respondió que “el caso está fluyendo normalmente en la Fiscalía”. Además, también se refirió a que no podía caer en especulaciones sobre el caso en curso y que el debate ya no era jurídico sino político, siguiendo las palabras de Jorge Enrique Robledo. Por otro lado, el senador Gustavo Petro reveló también que el ingeniero Pizano, mediante Andrés Hernández, miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), le había entregado documentos probatorios antes de morir. El senador reveló dichos documentos el 14 de noviembre en W Radio. Pizano le entregó a Petro presuntas facturas falsas con empresas que el consorcio Consol, encargado de ejecutar la Ruta del Sol, tercerizaba para legalizar pagos por obras que al final no se desarrollaron. Según el senador, el fin de estas facturas era extraer dineros para entregarlos después a candidatos y senadores y así financiar campañas políticas. Además, Petro mencionó que varias empresas barranquilleras se encuentran en las facturas brindadas por el ingeniero Pizano, entre ellas Prosoam e Inversiones y Torrosa Ltda. Estas empresas, al parecer, estarían vinculadas con la familia Char y con el partido Cambio Radical. El senador también puso en tela de juicio la muerte del ingeniero Pizano y de su hijo, argumentando que podrían existir intereses de terceros para evitar que Pizano siguiera vivo y que viajara a Estados Unidos para revelar la información que tenía sobre el caso Odebrecht. Según Petro, si Pizano hubiese llegado a revelar las pruebas que tenía frente al caso en los Estados Unidos, los miembros más importantes de esta multinacional junto a sus aliados colombianos perderían todos los beneficios de la justicia estadounidense. “Pizano sabía que lo iban a matar«, sentenció Petro.

Por: Esteban Salazar, Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares Según lo pactado entre el Gobierno y las FARC en el Acuerdo de Paz, se debían crear 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes, por dos periodos, para las subregiones en las cuales el conflicto se vivió con mayor dureza. Este proyecto hizo parte del paquete legislativo del Acuerdo que transitó en el “fasttrack”, pero resultó hundido hace un año. En su momento, varios partidos, algunos de los cuales hoy hacen oposición al Gobierno nacional, manifestaron la necesidad de crear e implementar estas curules y, luego de una serie de pleitos jurídicos que llegaron hasta el Consejo de Estado por las irregularidades en las votaciones iniciales, volvieron a presentar la iniciativa a mediados de 2018. Con la llegada del nuevo Congreso, que se posesionó el 20 de julio, se esperaba que el proyecto tuviera un nuevo rumbo. Sin embargo, aunque la iniciativa ya había superado su primer debate en la Comisión Primera del Senado, en las plenarias del 14 y 15 de noviembre de la corporación, en la que debió ser la segunda de ocho votaciones que debía atravesar en el Congreso, se terminaron por hundir, otra vez, la creación de las 16 curules a raíz de la injerencia del Gobierno nacional y el partido Centro Democrático. Esto es así toda vez que varios senadores que defienden la creación de las circunscripciones hicieron señalamientos públicos a la ministra del Interior Nancy Gutiérrez y a la alta consejera para las regiones, Karen Abudinen, por intentar ejercer presión a los legisladores para que hundieran ese proyecto. Además, el senador Álvaro Uribe manifestó que, por el contrario, el Congreso debe ser reducido. Un comportamiento que refleja la posición del gobierno, pues no apoyaba el proyecto de las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto armado debido a que, según voceros del Centro Democrático, esta propuesta está por fuera del espíritu de los Acuerdos de Paz. En efecto, tras dos horas de intervención de los senadores en plenaria del miércoles, en el que se repitieron los temas que ya se habían debatido el martes hasta la medianoche, ante la falta de consenso para realización de la votación, el presidente del Senado, Ernesto Macías (Centro Democrático), levantó la sesión y convocó plenaria para el lunes 19 de noviembre. Al final solo estaban 2 senadores, de los cuales 42 dejaron claro su voto positivo al proyecto. Mientras que el partido Centro Democrático fue el primero en salirse para sabotear el quórum. Sin duda alguna, estos hechos lesionaron gravemente lo acordado entre el Gobierno y las FARC para la creación de las curules, pues el tiempo en el legislativo ya no alcanza para que sean aprobadas, razón por la cual se acentúan las polémicas que venían desde el año pasado. Por un lado, por la campaña de desprestigio sobre la necesidad de que haya representación política en estos espacios, bajo el argumento de que están relacionados con presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), economías criminales, clanes políticos y altos índices de violencia. Sin embargo, también son territorios que coinciden con el abandono estatal, altos índices de desigualdad, pobreza y brechas socio-económicas. En ese sentido, aunque haya un riesgo latente de que puedan ser cooptadas por los grupos políticos tradicionales y las mafias locales, también existe la necesidad de dar representación y visibilidad política a estos territorios. Por otro lado, estas circunscripciones estaban articuladas con otros puntos con los cuales se buscaba implementar proyectos más ambiciosos del Acuerdo de Paz, específicamente de la Reforma Rural Integral. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que cumplen 18 meses desde la expedición del decreto de su creación (893 de 2017), coinciden con las mismas 16 subregiones a las que se busca dar representación política. Estas curules estaban enmarcadas como el brazo político de las políticas de Estado para llevar institucionalidad a estos territorios. La representación en el Congreso buscaba garantizar los recursos y la incidencia legislativa para que haya mayor atención desde la rama y desde el ejecutivo. Sin duda alguna, los riesgos eran latentes, de igual manera como sucede hoy en día en las circunscripciones ordinarias, pero seguirle negando la oportunidad de tener representación política especial a estos territorios se ha convertido también en una instrumentalización política para revictimizarlos.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Más de 311 km recorrieron alrededor de 500 indígenas del pueblo Embera Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú para llegar a Bogotá a denunciar la crisis humanitaria, exigir garantías de supervivencia y presionar el cumplimiento de los acuerdos pactados en ‘La minga por la vida’ de agosto de 2017. Este jueves 15 de noviembre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), llamó a la movilización en todos los territorios de Colombia a “pueblos indígenas, organizaciones indígenas en regiones y en contexto de ciudad, a los hermanos afros y campesinos”. ¿Qué exigen las comunidades? A un año y dos meses, los compromisos que se desprenden de la ‘Minga por la vida’ y que no han sido cumplidos son: Canalizar el Río Truandó, Cacarica y Salaquí para facilitar movilidad de las comunidades. Definir límites entre territorios afrodescendientes e indígenas para evitar conflictos interétnicos. Desminar los territorios indígenas para garantizar la movilidad de los pueblos. Garantizar la participación de los resguardos en los recursos sistema general de participaciones. Garantizar la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado de los pueblos Embera Dóbida, Chami, Eyabida, Larios, Zenú y Wounnan. Al igual para los pueblos afrodescendientes que viven en los territorios colectivos, que también se movilizaron hacia Bogotá. La ONIC manifiesta que en el espacio que dio como resultado los acuerdos se llevó a cabo una minga ‘interétnica’ que permitió la denuncia sobre la precaria acción para el desminado humanitario y las garantías de seguridad en los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, también tienen unas peticiones, pues esto ha traído unos retos para el territorio por cuenta de la disputa de grupos armados en la zona, la ausencia de proyectos productivos, el desminado y las políticas sobre la sustitución de cultivos de coca que competen a las comunidades del Chocó, como lo han indicado líderes de la Minga. Además, la Secretaría de Salud de Chocó manifestó que las comunidades indígenas de las regiones del Darién y Atrato son víctimas de los constantes enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. ¿Qué se viene para la movilización? Alrededor de las 11:00 p.m. del martes, después de horas de acercamientos, se suspendió el diálogo entre la Minga Indígena del Chocó y el Gobierno Nacional. La razón suscitó en la ausencia de garantías por parte del Gobierno, que ha incumplido con las garantías mínimas para el bienestar y permanencia de las comunidades durante el desarrollo de la Minga. Las comunidades han manifestado que “venimos huyendo de la violencia y acá a Bogotá llegamos a ser revictimizados, hemos sido condenados a la tortura del frío de la sabana y la indiferencia de la institucionalidad que desconoce la realidad de regiones como la del Chocó”. La Minga Indígena del Chocó va continuar en la capital de manera indefinida y pretende extenderse en todo el país. ¿Qué ha pasado desde la llegada de las comunidades a la capital? El pasado domingo 11 de noviembre de 2018 las comunidades indígenas intentaron ingresar a la capital de la República, pero, según líderes de la movilización, la Policía impidió el ingreso de los buses en los que se transportaban las comunidades. Esa noche la pasaron en esa zona solo hasta el lunes 12 de noviembre pudieron entrar a Bogotá a pie por la calle 80 hasta la sede de la ONIC en el centro de la ciudad. A su vez, no se les permitió el ingreso a la Plaza de Bolívar, en donde las comunidades indígenas iban a acampar para exigirle al gobierno ser escuchados y tratar la difícil situación de violencia que sufren sus territorios. El viaje de más de cuatro días pretende garantizar lo pactado en la Minga que cobija temas de seguridad, vivienda, educación, entre otros. La movilización, que ha concentrado en la capital a habitantes de zonas fuertemente afectadas como Salaquí, Pichindé, Chigorodó, Marcial, Jagual y Curvaradó, ha sido entorpecida —tal como lo manifiestan líderes y lideresas de la movilización— por el trato violento de la fuerza pública. Aida Quilcué, consejera DDHH de la ONIC, hizo un llamado tanto al gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, como a Enrique Peñalosa en el Distrito, para que garanticen la atención humanitaria y para que el gobierno manifieste su voluntad de diálogo dándole la urgencia a las exigencias.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Todo comenzó en septiembre de 2009 cuando la revista CAMBIO denunció que el programa Agro Ingreso Seguro, promovido por el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes y familias del Magdalena y Valle del Cauca. Dicho programa había iniciado en noviembre de 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las principales familias beneficiadas fueron los Vives Lacoture, los Lacoture Dangond y los Lacoture Pinedo, familias de trayectoria política en el Caribe. Además, en el Valle del Cauca, se benefició María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del Interior Carlos Holguín Sardi. Pese a que el escándalo empezaba a generar revuelo en todo el país, el entonces ministro Arias le pidió, en octubre de 2009, al gobierno que se mantuviera el programa. De hecho, a finales de ese mismo año, pidió ser el primer investigado por el caso. Ya para 2010, en plenos debates presidenciales, el caso tomó relevancia mediática. Mientras el exministro se defendía, otros lo atacaban, como Noemí Sanín. Casi un mes después de ser interrogado por la Fiscalía, se conoció que Andrés Felipe Arias iba a ser designado como embajador de Colombia en Italia por orden del presidente Juan Manuel Santos, pero ante la gran controversia que se generó, no aceptó el cargo. Un mes después de este hecho, en octubre de 2010, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Arias y contra el Andrés Fernández, quien había tomado su puesto después de la renuncia. El concepto de la Procuraduría fue por «aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres, que favorecieron a acaudalados hacendados«. También resultaron afectados los siguientes funcionarios del Ministerio de Agricultura: Rodolfo Campo Soto, exgerente del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder; Juan Camilo Salazar, exviceministro de Agricultura; Camila Reyes, ex directora de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Agricultura; Javier Romero y Juan David Castaño, ex directores de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; Alba Sandoval, ex directora de Seguimiento Presupuestal del Ministerio de Agricultura y Gisela Torres y Edelmira Riveros, interventores. Arias dijo sentirse tranquilo. Días después, el Fiscal (e) Guillermo Mendoza anunció que iba a imputar cargos a 7 exfuncionarios por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En febrero del 2011 la Contraloría General ordenó el embargo de los bienes de los ex ministros de Agricultura Andrés Fernández y Andrés Felipe Arias a raíz del manejo de más de 14 mil millones de pesos en publicidad del programa Agro Ingreso Seguro. Así las cosas, desde entonces, el caso de Andrés Felipe Arias ha tenido constantes ires y venires entre la justicia colombiana y la justicia estadounidense, varias partes han estado implicadas, pues hay quienes lo defienden y quienes lo acusan. En esta línea de tiempo le mostramos qué ha pasado con el proceso judicial de Arias que ya cumple casi 10 años.

Por: Manuela Botero, Oficina Pacífico Un nuevo enfrentamiento se presentó en el municipio de Buenaventura, alrededor de las 9 de la mañana del 14 de noviembre. Esta vez, entre las comunas 11 y 12 de la ciudad (Barrio Unión de Vivienda, Caldas y aledaños), ocasionando así, temor entre sus habitantes y confinamiento en sus viviendas. Alrededor de este hecho, se conoció la muerte de tres personas identificadas como José Freddy Riascos del barrio Carlos Holmes; Bairon Andrés Hurtado del barrio Nuevo Amanecer y Luis Alberto Mosquera Bedoya del barrio Unión de Vivienda. Sin embargo, y según las declaraciones del Coronel de la Policía, Jorge Cabra, aún no se ha podido identificar si son víctimas del enfretamiento o fallecieron en hechos aislados a esta balacera, adicional a esto, se realizó la captura de 5 personas y la incautación de munición y armamento corto y largo. Los enfrentamientos en estas comunas dela ciudad portuaria cumplen aproximadamente 15 días y, según sus habitantes, son debido a la disputa territorial que existe entre pandillas del sector. Sin embargo, a pesar de la presencia de las autoridades, no se ha podido recobrar la calma entre sus moradores. Además de esto, el pasado sábado 10 de noviembre, se presentó otro enfrentamiento en la ciudad, el cual tuvo lugar en el barrio El Lleras, que debido a su ubicación estratégica y salida al mar, ha sido blanco de la delincuencia y el control de grupos armados y pandillas. Vea también: Artefacto explosivo estalla en Buenaventura ¿Cómo se distribuyen los actores armados en las comunas de Buenaventura?

Por: Sergio Saavedra y Mateo Quintero – Redacción Pares “Me dijeron que tenía una hora para desocupar la región, que allá no me querían más”, estas fueron las palabras de hombres de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, dice Ever Ramos Gallego, presidente del consejo comunitario de la vereda Riociego, en Riosucio, lo han tenido marginado de su comunidad desde el pasado martes 30 de octubre. Mientras busca apoyo institucional para preservar su vida, denuncia sobre la crisis de violencia que sufre este municipio del norte de Chocó. «Fíjese, el día 30 de octubre llegaron unos paramilitares a la comunidad, identificándose como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), me amenazaron con matarme si no me iba de la comunidad. Cerca había un grupo pequeño de exguerrilleros que están en el proceso de reincorporación, llegaron y les dijeron que tenían una hora y media para desocupar el lugar. Nos tenían en lista, ellos, en efecto, tienen claro a quién expulsar del territorio. Ellos saben que a los líderes que buscamos el desarrollo dentro de la comunidad, tarde o temprano, nos definen la presencia o de lo contrario, nos matan. Ellos utilizan a las comunidades para tenerlas sometidas a sus pretensiones, al trabajo de cultivos ilícitos con los niños, a la prostitución con las niñas, porque ellos, dicen, que una comunidad no se les puede salir de las manos.» La región del Darién, o del Urabá chocoano, es una zona rica en recursos naturales, además, cuenta con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, siendo un puente entre Sur y Centroamérica. Sin embargo, el desarrollo de Riosucio, así como el del Chocó, ha sido difícil. Esto se debe a que el conflicto social y armado ha azotado la región durante años. Según datos de Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre 2016— hasta el 31 de octubre de 2018, han sido asesinados 191 líderes sociales en el país, de los cuales 14 residían en el departamento del Chocó. Además, según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2018 se han registrado 59.931 casos de desplazamiento forzado, de estos 106 tuvieron lugar en Riosucio, donde los principales afectados son las comunidades indígenas y afrodescendientes. Los constantes desplazamientos y asesinatos a líderes sociales anulan procesos de liderazgo en la comunidad e interrumpen los procesos comunitarios que se llevan a cabo. Pares habló con Ever Ramos, quien manifestó que espera que su denuncia sea escuchada por el Gobierno, la opinión pública y la sociedad y se tomen acciones pertinentes: ¿Cuál ha sido el tratamiento del Estado ante esta situación? El Estado no ha hecho nada. Para salir me pegué con los muchachos de reincorporación porque ellos tienen una camioneta blindada, así fue como pude salir de allá. Por ejemplo, el Ejército dijo que no tenían autorización para evacuar a alguien del territorio. La Policía no se comprometía porque ellos dicen que tienen dos motos y que por eso no se comprometen a sacar gente de allá. ¿Usted tiene medidas de protección? Yo tengo medidas de protección que todavía están vigentes, era un chaleco antibalas y un celular. Sin embargo, en el momento en que los ‘paramilitares’ llegaron al territorio a desplazarnos, se llevaron tanto el chaleco como el celular. La Unidad Nacional de Protección dijo que van a hacer el estudio del riesgo, pero que, hasta no tomar una decisión, no pueden tomar ninguna disposición. ¿Cuál es su situación en este momento? La situación económica se desestabiliza no estando en el territorio. Por ejemplo, hasta que la UNP no defina es mucho más difícil la manutención. Estuve contemplando si en el Urabá Antioqueño, como región cercana, podría establecer una estadía, pero la situación de seguridad no lo ha permitido. Otro problema es que hasta que no se haga la declaración no se activa la ruta de defensa. La declaración no se ha hecho porque fuimos a la Personería y allá nos dijeron que eso era competencia de la Defensoría. La Defensoría quedó de mandar a dos funcionarios al sitio para recibir la declaración y no los han mandado todavía. Nosotros lo que sí pudimos hacer fue la denuncia a la Fiscalía Especializada y a ellos les hicimos la declaración. Al día de hoy no hay una fecha para la toma de declaración que active la ruta. La toma de la declaración no ha sido tomada porque, según el personero, como no es una situación colectiva, entonces toca que la Defensoría la tome. ¿Qué proceso se anula en la comunidad con su desplazamiento? Nosotros tenemos el proyecto de sacar a la comunidad como corregimiento, también los esfuerzos conjuntos sobre la electricidad en la comunidad. Estábamos, además, elaborando un proyecto en coordinación con los muchachos que estaban en proceso de reincorporación para la vía fluvial. Esos son procesos se han visto afectados y mermados por esta violencia. El proceso que teníamos con Paz & Reconciliación sobre el trapiche, lo que tiene que ver con participación juvenil, eso también se ha visto afectado. Las rupturas sobre el proceso auspician que las condiciones de violencia incrementen la vulnerabilidad de la comunidad frente a las dinámicas de guerra, conflicto y economías ilegales. Así como más desplazamiento forzado,reclutamiento y asesinatos. ¿Qué está sucediendo en el territorio? En Riosucio hay presencia de grupos paramilitares que llaman GAO (Grupos Armados Organizados). Ellos están manejando el tema del narcotráfico, de cultivos ilícitos. Para esto, utilizan a los niños para que hagan el proceso de recolección. Utilizan también a las familias para la siembra de cultivos, que ellos le compran el pronto (el producido). Por ejemplo, uno acude al Ejército para poner una queja o va a los consejos de seguridad entre municipios y los grupos de Autodefensas ya están al tanto de lo que uno denunció y habló dentro de las reuniones. Eso parece advertir que existe, dentro de las fuerzas militares y las instancias comunales, gente que está colaborando con ellos. Además, uno va a poner una denuncia y a ellos les da miedo y no le dan trámite. Esas instancias que cierran caminos a uno le dan mucha impotencia. Los grupos que amedrentan quieren el control de las comunidades, vienen con una supuesta idea de desarrollo, pero mentira, ellos lo que hacen es meter a las comunidades en dinámicas ilícitas que desencadenan en violencia. Esto se evidencia, por ejemplo, en el caso que un líder esté en contra de que los niños participen en la recolección de hoja de coca. Ante esa situación, ellos vienen, lo intimidan y lo hacen salir o lo asesinan. Cuando un líder ejerce un trabajo para que las personas vayan a participar de una reunión, los paramilitares operan de igual manera. Estos sucesos los hemos denunciado en consejos de seguridad, en los comités de Justicia Transicional, incluso lo denunciamos cuando fue el presidente Iván Duque al Urabá. Hasta el sol de hoy no sucede nada sobre esos descargos. Los grupos operan de la siguiente manera: toda persona o líder que venga a proponer formas organizativas en las comunidades que no estén dentro de sus disposiciones y no estén dirigidas a las economías de los grupos, se convierte en objetivo militar. Los concejos municipales tienen sus propios reglamentos, son autónomos y los reglamentos los han hecho son la comunidad. Estos reglamentos son los que deben aplicarse dentro de las comunidades, pero ellos no solo no respetan esos procesos comunales, sino que los transgreden. ¿Dedos años para acá hay aumento de la presión por parte de los Grupos Armados Organizados? Hace dos años la presión existía, pero era significativamente más baja, ahora ha venido siendo mucho más alta. Es más, si sigue impune la situación, sin denunciarse, si no se toman cartas en el asunto, va a aumentar el asesinato de líderes y se va a presentar un incremento del desplazamiento forzado. Dela comunidad han sido desplazados un líder más y yo, prácticamente en este año.Las personas que fueron desplazadas que se encontraban en el proceso de reincorporación fueron 13. Nosotros estamos buscando denunciar esta situación. Buscamos que exista un acompañamiento por parte del gobierno para que solucionen lo que está pasando en el territorio.

Por: Diana Benavides La noche del 4 de julio la líder social de 46 años Ana María Cortés , reconocida en el municipio de Cáceres, bajo cauca antioqueño, por ser la coordinadora municipal de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia y por haber trabajado en la evacuación de las comunidades en riesgo por la crisis en Hidroituango, fue asesinada a disparos mientras se encontraba departiendo con algunos conocidos en una cafetería cerca a su lugar de residencia en el barrio Magdalena. Cortés también trabajó en la Personería de Cáceres en el año 2011 y se sabe de denuncias que habría hecho sobre casos de minería ilegal en la región. Tres meses antes de su asesinato, la lideresa había decidido asumir la coordinación de la campaña Colombia Humana en su municipio, por lo que organizó una sede de campaña y convocó diferentes sectores políticos a trabajar en el programa presidencial del ahora senador. Antes de ser asesinada, Cortés le había manifestado a Jorge Rojas, coordinador nacional de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, que no sabía si iba a morir por mano de los paramilitares o por su activismo y denuncias por el desastre de Hidroituango . Gustavo Petro, además, informó en su cuenta de Twitter sobre amenazas que la lideresa habría recibido por parte de funcionarios de la fuerza pública, en concreto, del comandante de la policía de Cáceres, Antioquia. Existe, sin embargo, una controversia alrededor de su muerte dado que la Policía del municipio de Cáceres asevera que la lideresa sostenía vínculos con redes de apoyo del Clan del Golfo. Así mismo lo sostuvieron los medios, mientras sus allegados y otros habitantes del municipio sostienen, por el contrario, que la víctima realizaba actividades y labores de liderazgo en la comunidad al tiempo que recibía tratos hostiles por parte de funcionarios de la policía . La Fiscalía, por su parte, detuvo a Camilo Andrés Chaverra Cortés, uno de los dos hijos de Cortés por, presuntamente, ser integrante del Clan del Golfo. Inmediatamente el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, puso en tela de juicio la labor de la lideresa por su relación familiar con Camilo Andrés, siendo esto independiente de su quehacer y activismo político. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, la muerte de Ana María Cortés fue ordenada por alias ‘Jonás’, líder de la organización disidente del Clan del Golfo “Los Caparros”. Sin embargo, se sabe que el número de celular desde donde recibía las amenazas está registrado a nombre del comandante de la estación de policía del municipio de Cáceres. Según el portal de Semana , Jorge Rojas conoció a Ana María, su compromiso y liderazgo, y la consideraba una mujer capaz de movilizar luchas sociales y procesos con campesinos y víctimas de masacres para el regreso a sus territorios. Según esta publicación, Ana María le habría expresado a Rojas su preocupación por la situación de los afectados por Hidroituango e, incluso, habría viajado hasta el lugar donde se encontraban las personas habían evacuado por la emergencia para explicarles lo que estaba sucediendo. Además, recaudó fondos para organizar mercados y una olla comunitaria, convenciendo así a muchos de acudir a los refugios y liderando las denuncias por la ausencia de información y las fallas en el debido proceso por parte de EPM.

Por: Redacción Pares El 13 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y 15 días de prisión al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito. La sentencia se dio por los siguientes cargos: cohecho por dar u ofrecer; corrupción al elector; fraude procesal y falsedad en documento privado. También se le impuso una multa de 700 millones de pesos y fue impedido para ejercer cargos públicos durante 11 años. González Brito habría contactado a votantes de La Guajira y, a través de mercados y elementos de construcción, compró los votos necesarios para elegirse gobernador en el 2016. También los investigadores de la Fiscalía encontraron la omisión de 2.000 millones de pesos en el informe de ingresos y gastos de campaña. La gran impulsora de la candidatura de González Brito a la gobernación fue ‘La Cacica de Uribia’, Cielo Redondo Mindiola, socia política del Partido de la U, a quien la Fiscalía ordenó capturar en 2016 por concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. ‘La Cacica’, madrina de González, es la ficha electoral más importante en la Guajira, pues mueve los votos en uno de los tres municipios con más potencial electoral en el departamento. Según investigaciones de Pares, a Cielo Redondo “se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alias ‘Pablo’ (jefe del Frente Contrainsurgente Wayuú)”. Redondo Mindiola fue dos veces alcaldesa y su hijo es el actual alcalde de Uribia, Luis Enrique ‘el Negrito’ Solano, del Partido Liberal. El hoy exgobernador ya había estado recluido en la Escuela de Caballería de Bogotá por cerca de 19 meses, hasta que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad.Después de esta decisión volvió a su cargo el 17 de septiembre. Hoy vuelve a estar privado de la libertad. ¿Quién es Wilmer González Brito? Lugar de nacimiento: Uribia, La Guajira Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1962 Estudios profesionales: Ingeniero Civil de la Universidad de la Costa (antes Corporación Universitaria de la Costa). Graduado el 27 de octubre de 1989. Trayectoria como funcionario: González Brito ocupó distintos cargos públicos en las secretarías de Planeación, Obras y Educación en su municipio entre 1990 y 1994. Su primer cargo de elección popular llegó en 1995, cuando se posesionó como alcalde de Uribia hasta 1997. Wilmer González Brito fue el primer alcalde relacionado con el desvío del presupuesto público del sistema de transferencia de resguardos indígenas a la capitalizadora Aurora, por lo cual fue destituido por la Procuraduría. Fue señalado por alias ‘Pablo’, condenado por narcotráfico, homicidio y otros delitos, de ser financiador y aliado del frente en La Alta Guajira. Además, fue procesado por vínculos con paramilitares del frente contrainsurgencia Wayuú. Sin embargo, el 15 de mayo de 2003,luego de la muerte de Eloy Hérnandez, González Brito asumió su curul en la Cámara de Representantes. Hérnandez había encabezado la lista de la Alianza Peninsular con el proyecto político Abriendo Espacios. En la siguiente legislatura, 2006 -2010, González Brito fue elegido Representante a la Cámara por La Guajira por el Partido Liberal Colombiano, con 33.131 votos. En el 2014, Gónzalez fue candidato en elecciones atípicas a la gobernación de La Guajira, sin embargo, perdió contra José Ballesteros, quien fue apoyado por ‘Kiko’ Gómez, exgobernador capturado y sindicado de homicidios y nexos con bandas criminales. Luego de la destitución por inhabilidad de Oneida Pinto, gobernadora electa en los comicios de 2016, se volvieron a dar elecciones atípicas en el departamento. En esta oportunidad, Gónzalez Brito sí ganó. Elecciones por las que hoy fue condenado. Cercanías políticas: Es hermano de José González Brito, quien fue Representante a la Cámara como tercer renglón en una lista que encabezaron Marcos Iguarán y Rodrigo Daza Cárdenas. José González fue detenido por una investigación en la que se le acusaba de servir como apoyo a grupos armados ilegales que operaban en la Alta Guajira comandados por alias ‘Pablo’. La candidatura de 2016 a la gobernación de La Guajira de Wilmer González Brito contó con el aval del Partido de la U y el Partido Conservador y fue apoyada por el Movimiento Nueva Fuerza Guajira, liderado por el Congresista Alfredo Deluque, y cuyas bases fueron sentadas por los exgobernadores Jorge Pérez Bernier (líder político en el departamento en plena expansión paramilitar de Jorge 40 y Hernando Deluque Freyle). A esta candidatura también se sumó el Congresista Bernardo ‘Ñoño’ Elías, hoy condenado por corrupción, y el exsenador Jorge Ballesteros. De los apoyos más problemáticos a la candidatura se señaló a Cielo Redondo, acusada de tener vínculos con alias ‘Pablo’, jefe dela Bacrim de La Alta Guajira y quien fue miembro del bloque Contrainsurgencia Wayuú de las AUC.