Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Ahora se ha vuelto común escuchar y ver noticias donde ciudadanos de diferentes ciudades matan a golpes a supuestos ladrones, violadores y agresores en general. Se reconocen como los linchamientos. Para este fenómeno hay explicaciones de todo tipo. Desde una famosa “cultura de la violencia” en Colombia, hasta explicaciones que van desde el impacto de las redes sociales en la movilización de colectivos humanos, hasta situaciones psicológicas. Pero la explicación es bastante diferente. A continuación se analiza. Los Estados modernos nacieron bajo la figura de que los ciudadanos cedían su poder de violencia y justicia aun gran Estado y, a cambio, este Estado garantizaría la seguridad, tanto de la propiedad privada como de la vida. De ahí nacieron conceptos como el uso legítimo de la fuerza y el hecho de que hay una justicia ciega que juzga a todos por igual. De ahí nació el Estado de Derecho. El gran problema es que en muchos países, y Colombia no es la excepción, los ciudadanos sienten que el Estado no les está respondiendo y, por ello, se toman la justicia por mano propia. En sectores de Bogotá, por ejemplo, la ciudadanía denuncia que llama al 123 o al número del cuadrante y la policía nunca llega. O que denuncian a un ladrón y lo cogen preso y dos días después esta libre. Estas dos cosas reflejan una sensación de impunidad que lleva a la ciudadanía a actuar contra los supuestos criminales. En todo caso, las explicaciones serían tres: Hay un colapso de las instituciones estatales que deben responder las denuncias y llamados de los ciudadanos. Por ejemplo, antes en Bogotá el 123 era el único número de emergencia. Ahora, luego del Plan Cuadrantes, hay 1.051 números de emergencia, es decir, uno por cuadrante más el 123. Además, a los números de cuadrantes nadie les hace veeduría, es decir, no se sabe cuánta gente llama, qué tan rápido responde la Policía y tampoco se mide la necesidad versus la respuesta. Igualmente, el déficit de pie de fuerza, la falta de fiscales en la noche o el colapso del sistema penitenciario solo agravan la situación. La segunda explicación es que los ciudadanos tampoco saben cómo funciona la ley, no conocen la Constitución, ni el funcionamiento de las instituciones de seguridad. Por ende, siempre presumen corrupción ante cosas que no se entienden. Por ejemplo, sin denuncias es difícil judicializar. Por otro, lado la mayoría de las personas no conocen ni donde funciona la oficina del inspector de policía que le corresponde, tampoco los teléfonos de autoridades. En fin, se sabe poco de cómo funciona el Estado de derecho. Lo último interesante que se debe analizar, además de la sensación de impunidad y de la ignorancia del funcionamiento del Estado, es que hay un problema más profundo, y es que en varias zonas de ciudades se están creando algo así como estructuras paralelas de seguridad. Algunos políticos y analistas las defienden, pero estas estructuras podrían terminar en grupos paraestatales y cooptadas por criminales. Es decir, si el Estado no mejora su eficiencia en materia de seguridad y garantiza la microgestión de la seguridad, se podría vivir muy rápido una privatización ilegal de ella.

Por: Mateo Quintero y Sergio Saavedra, Redacción Pares Después de la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, Noticias Uno reveló, el pasado 12 de noviembre, las pruebas que el ingeniero tenía para comprobar que Néstor Humberto Martínez conocía, antes de ser Fiscal, sobre las coimas y los dineros que Odebrecht otorgaba. Pizano le había brindado las pruebas al medio de comunicación con la promesa de que solo se publicaran si obtenía asilo en otro país o si fallecía. Lo que sucedió fue lo segundo. Pizano había sido contratado por Corficolombiana,la socia nacional de Odebrecht en Colombia, para ser auditor o controller; es decir, para que vigilara los dineros utilizados en la Ruta del Sol II. En ese entonces, el ingeniero le reveló al hoy fiscal graves irregularidades que encontró en los pagos a contratistas. Sin embargo, Martínez no las denunció en su momento, a pesar de ser el entonces abogado de Corficolombiana. Frente a su papel de vigilancia sobre los dineros, Pizano indicó: “Lo que hice fue cruzar mis listas que había verificado con las listas de los pagos reales hechos en la tesorería, entonces ahí me indicaba qué contratos o qué personas naturales y jurídicas no habían pasado por el filtro. Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, que los entregables no estaban y así fue como se empezó la investigación de mi parte. Podemos determinar los contratos de papel que no se ejecutaban; yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corficolombiana y a Episol”. Jorge Enrique Pizano advirtió, en una entrevista concedida el 9 de agosto a Iván Serrano, periodista de Noticias Uno, sobre un‘complot en contra de su integridad y sus derechos’. La entrevista fue presentada la noche del 12 de noviembre por el noticiero y también revelaba que, según Pizano, en 2015 tanto Néstor Humberto como Luis Carlos Sarmiento Angulo tenían conocimiento sobre las presuntas irregularidades que presentaba el proyecto Ruta del Sol II. Según Noticias Uno, Pizano también le advertía al entonces asesor jurídico de Corficolombiana, Néstor Humberto Martínez, que existían contratos ‘raros’, en un audio se escucha: “esto fue lo que te mostré yo en 2013. Te traje el consolidado que te tengo a agosto, 4 de todos los contratos, y de todas las observaciones que suman $24 mil millones ¿si?», además de esto, el ingeniero puso en conocimiento de Martínez contratos por más de $37 mil millones de pesos en la firma Consol que Javier Mejía había encontrado y no había firmado. Mejía era el gerente contractual de la obra, nombrado por Episol, empresa asociada a Corficolombiana. Incluso, en el audio de Noticias Uno, el Néstor Humberto llega a decir que “(risas) esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto?”. Por otro lado, Noticias Uno también reveló las declaraciones donde Pizano asegura ser denunciante y no denunciado. Ya en esta enrarecida situación, Alejandro Pizano de León, hijo del ingeniero Pizano, viajó de Barcelona al sepelio de su padre, sin embargo, apenas tres días después de que muriera su padre, falleció también. En horas de la mañana, por medio de la periodista Darcy Quinn, Juanita Pizano —hija del ingeniero Pizano y hermana de Alejandro Pizano— dio a conocer ante la opinión pública las causas que emitió Medicina Legal sobre las muertes de sus familiares: la del ingeniero Pizano habría sido a causa de un infarto fulminante y la de su hermano se habría debido a una intoxicación de la cual no se sabe el químico. Sobre esta última, Juanita se refirió a que “él (Alejandro) cogió una botella de agua con gas —que estaba en el escritorio de su papá—, dijo que sabía ‘inmundo’ y se desmayó”. A propósito de la revelación de Canal Uno, el Fiscal le afirmó al mismo medio que esa conversación no la hizo en calidad de abogado de Corficolombiana, sino como amigo de Pizano. Además, el jefe del ente investigador indicó que Pizano no le supo definir si se trataban de ‘coimas’ o no con respecto a la celebración y ejecución de contratos. Sino que, según Martínez, el fallecido empresario hacía énfasis sobre la presión que ejercían los grupos paramilitares. El caso está en veremos Sumadas a las dos muertes, es importante hacer hincapié en el caso del accidente automovilístico que sufrió en Chile Amparo Cerón, fiscal del caso en Colombia, a mediados del mes de octubre. El siniestro hoy le ha impedido reintegrarse a sus labores que, entre otras cosas, venía desempeñando en las audiencias preparatorias al juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Cerón, además, anunció como testigo al Fiscal Martínez, quien también presentará testimonio por requerimiento de la defensa de Andrade. Además, a mediados del mes de julio falleció Jorge Arango Mejía a causa de una insuficiencia cardiaca. Arango era, justamente, uno de los tres árbitros que componen el Tribunal de Arbitramento que tiene la tarea de resolver las diferencias entre la ANI y Odebrecht frente a la liquidación de la Ruta del Sol II. Este contrato, sobre el cual debe dar cuenta el tribunal, se perfila con singular importancia frente a lo que desencadenó en el pago de sobornos de la compañía brasileña y juega un papel fundamental en las investigaciones contra funcionarios públicos en Colombia. Lo que se viene para el caso que adelantaba Jorge Arango Mejía está en veremos, pues a la tarea que venía adelantando sobre el estudio de la evidencia no la ha sido designado un juez para que componga el tribunal.

Por: Naryi Vargas, investigadora Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares En el último mes se han presentado dos hechos de violencia en la frontera con Venezuela. El primero, la masacre de al menos 16 personas en la zona minera de Tumeremo en el estado de Bolívar; el segundo, el asesinato de tres miembros de la Guardia Nacional Venezolana en El Picatonal, estado de Amazonas. En ambos casos se ha sindicado al ELN de ser el agente perpetrador, lo cual ha puesto nuevamente en el debate público la injerencia que tiene esta guerrilla en el país vecino. Esta situación se puede entender a partir de dos fenómenos que se presentan en esa zona fronteriza: 1) la incapacidad de las autoridades para gobernar. Se trata de aproximadamente 2.219 kms de territorio que se ha consolidado como permeable, frágil y descuidado desde una perspectiva política, de seguridad, económica y social debido al predominio del sistema centralista y a la debilidad de la política fronteriza de Colombia. Esto, sin duda, ha permitido que la presencia de diferentes grupos armados ilegales permanezca y se consolide con el paso del tiempo; 2) la desestabilización del orden legal e ilegal establecido en la frontera, lo que ha conllevado a que tengan lugar nuevas dinámicas de violencia; situación causada, entre otras cosas por la salida de las FARC del territorio tras la firma del Acuerdo, particularmente de la frontera del estado de Amazonas con el departamento de Vichada y la expansión y fortalecimiento del control territorial del ELN. La salida de FARC no es un asunto menor: los frentes 19, 59, 41 y 33 tenían control sobre buena parte delos pasos fronterizos hacia El Zulia; el Frente 10 tenía alguna participación en el control de la frontera Arauca – Apure y el Frente 16 controlaba de manera casi exclusiva el paso hacia el estado de Amazonas por Vichada y Guainía. En efecto, el tránsito a la legalidad por parte de las FARC conllevó a que otros grupos armados (colombianos y venezolanos) comenzaran a disputar de manera temprana, en 2015 y 2016, el poder de esas zonas y, posteriormente, estructuras que se negaron a participar del Acuerdo Final han buscado recuperar el control. La expansión del ELN: Se ha dado a lo largo de toda la frontera, tanto dentro de Colombia, desde Catatumbo en Norte de Santander hasta el Vichada, como en Venezuela, desde El Zulia hasta el estado de Amazonas. Se pueden identificar cuatro focos de crecimiento: En el paso que involucra al Catatumbo con el Estado de El Zulia: allí, el Frente de Guerra Nororiental tiene el control territorial en los pasos fronterizos de los municipios de El Carmen, Teorama, Convención y Tibú por medio de 4 frentes y dos compañías: el F. Héctor, el F. Camilo Torres Restrepo, el F. Juan Fernando Porras y el F. Luis Enrique León Guerra, la C. de seguridad del COCE y la C. Tropas especiales Capitán Caribe. Si bien en esa región se está librando una fuerte disputa con el ELN, que ha implicado una grave crisis humanitaria, históricamente el ELN ha tenido control de los pasos fronterizos y, tras la salida del Frente 33, ocupó de manera ágil las zonas abandonadas. En el estado de Táchira, el Frente Carlos Germán Velasco Villamizar tiene injerencia y una ruta establecida que incluye Cúcuta, Villa del Rosario, los Patios y Herrán. En el estado de Apure, el Frente de Guerra Oriental ha tenido presencia histórica en el país vecino y, en los últimos años, ha logrado un mayor nivel de control social y territorial en ese estado. La penetración en las comunidades de Apure se hizo de la mano delas Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una guerrilla venezolana que, luego detener una fuerte alianza con el ELN, ha comenzado a manifestar la existencia de tensiones e inconformidades por supuestos abusos del accionar ‘eleno’. Si bien todas las estructuras presentes en Arauca tienen un tránsito regular hacia Apure, las estructuras que tienen el control de los pasos fronterizos son: el Frente Domingo Laín, la Comisión Fronteras y la Columna Camilo Cienfuegos. El control territorial se ha consolidado al punto de que las demás estructuras del ELN pasan por Arauca cuando necesitan transitar a Venezuela. El poderío del Frente de Guerra Oriental se ha extendido en los tres últimos años hacia los estados de Bolívar y Amazonas a través del recientemente creado Frente Rafael Blanco Flórez. En esa región se encuentra el Arco Minero del Orinoco, una región de 111.843 km2 de alto valor estratégico para los grupos armados ilegales, especialmente para su financiamiento, pues cuenta con más de 7.000 toneladas de reservas de oro, coltán, diamante, hierro y cobre, entre otros minerales. Aunque el intento de crecimiento del ELN hacia esas zonas es de vieja data, fue la salida de las FARC lo que les permitió, realmente, tener alguna injerencia. Desde 2015 las comunidades en Vichada comenzaron a identificar movimiento fluvial por parte de esa guerrilla en los ríos Vichada y Orinoco, y en 2016 esta presencia se regularizó hasta el punto que en el paro que decretó el Frente de Guerra Oriental, en septiembre de ese año, incluyó al departamento como uno de los epicentros. En 2017 las autoridades nacionales reconocieron la presencia de esa guerrilla en esa región, particularmente en los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño. En Venezuela, la expansión ha sido similar, pues desde 2014 y, especialmente, en 2015, comenzaron a movilizarse por los ríos Autana, Cuao, Sipapo y Guayapo. Posteriormente, se regularizó la presencia de pequeñas comisiones en Puerto Paéz, estado de Bolívar y en 2016 en Puerto Ayacucho, estado de Amazonas. En 2017 el Frente Rafael Blanco logró llegar hasta el centro poblado de San Fernando de Atapabo, colindante con el departamento de Guainía. La llegada del ELN a esas zonas de antiguo control ‘fariano’ y algunos pasos de control del Frente Libertadores del Vichada no ha acarreado, hasta el momento, ninguna confrontación. Esto puede indicar que el ELN no está disputando el control al interior del país, pues conoce sus limitaciones en cuanto a capacidad militar y la desventaja respecto a la estructura liderada por ‘Gentil Duarte’ y otros mandos como Jhon 40 e Iván Mordisco, presentes en esa zona y quienes han logrado recuperar el poder que las FARC tenía allí. No ocurre lo mismo en Venezuela, pues allí los grupos armados locales asociados a la actividad minera se han resistido a la incursión del ELN, lo que ha desencadenado situaciones de tensión y violencia. El hecho más grave hasta ahora ha sido la masacre en Bolívar, sin embargo las comunidades de ese estado han denunciado el cobro de extorsión, la imposición de reglas de convivencia y la presencia constante de miembros de esa guerrilla.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Según la Unidad para las Víctimas, los desplazamientos masivos del 2018 en Colombia ya superan la cifra total del 2017. Según los datos de esta entidad, el año pasado hubo 52 en total, este año van 65. Pese a que la extinta guerrilla de las FARC dejó las armas, en las regiones donde ostentaban poder se han reconfigurado grupos armados que expulsan a las poblaciones de sus territorios. Respecto a esto, la Corte Constitucional afirmó que “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”. En este panorama, Nariño es actualmente el departamento que más desplazamientos masivos presentó en los dos últimos años. En esta línea de tiempo le presentamos los principales casos de desplazamiento que han tenido lugar en el país en el 2018.

Por: León Valencia, director – Pares El incendio se estaba apagando, no estaba apagado del todo, pero se estaba apagando. Duque ha estado soplando sobre los leños aún prendidos y el fuego se está avivando. No es inteligente, ni es bueno para el país y no creo que al final del mandato resulte un buen balance. En los primeros cien días, el periodo de gracia no ha sido tan agraciado. Las FARC habían entregado sus armas y todos los factores de violencia, con excepción del narcotráfico y la extorsión, habían disminuido: los homicidios en un poco más de cuatro mil por año, los secuestros en un setenta por ciento, los desplazamientos forzados también, los afectos por minas antipersonal estaban casi en ceros. Ahora, lentamente, en proporciones aún bajas, estos indicadores empiezan a cambiar en algunas regiones del país. Mala cosa. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz y las dificultades y contradicciones internas de las FARC han golpeado el proceso de reconciliación. La detención con fines de extradición de Jesús Santrich ha servido de acicate de la división de esta guerrilla convertida en partido político y la amenaza de retorno a la guerra de una parte de sus dirigentes está latente. Había una mesa de negociación con el ELN, nada fácil, aún sin la certeza plena de terminar en la firma de un pacto de paz, pero en todo caso espacio de diálogo, de acuerdos parciales, como el cese bilateral y temporal que se había llevado a cabo a finales del año pasado y principios de este, como la liberación de algunos secuestrados, como la disminución de los ataques a la infraestructura energética del país y una mayor tranquilidad en algunas zonas. Esa negociación se está muriendo y las acciones menudas pero insistentes de los frentes del ELN están tomando vuelo. Tampoco se sabe nada del sometimiento a la justicia del llamado Clan del Golfo, del cual se había hablado a principios del año, lo que sí se sabe es que los carteles mexicanos de la droga están ampliando su presencia en Colombia y en algunas regiones, especialmente en todo el pacífico, en la frontera con Venezuela y en Antioquia, estas organizaciones están encontrando importantes aliados internos. Con Venezuela las cosas ya no estaban bien. El agravamiento de la crisis política y social en el vecino país y las tensiones de la campaña electoral en Colombia habían llevado al gobierno de Santos a tomar distancia cada vez mayor del gobierno venezolano. Pero nunca se hablaba de intervención militar, de salida militar a esa crisis y menos que nuestro país tuviera algo que ver en ello. Pues eso cambió y el tema se ha ventilado en esferas oficiales y se ha filtrado a la prensa y se conversa en Washington en nuestra embajada como si nada, como si fuera un juego de niños. Ante el fracaso rotundo de la política antidrogas después de miles y miles de muertos y de la inversión cuantiosa de recursos y de las perversas consecuencias para la democracia, se estaba buscando un nuevo camino centrado en la sustitución social y voluntaria de cultivos, en la despenalización de la dosis mínima, en la lucha concertada entre los diversos países contra el crimen transnacional. Ahora estamos retornando paso a paso a la vía represiva, a la erradicación forzada como prioridad, a las fumigaciones aéreas, a la persecución a los consumidores y estamos llegando poco a poco en un duro enfrentamiento con los campesinos cocaleros y alentando nuevos factores de violencia en las zonas cocaleras. El frente social no es menos explosivo. Se están juntando las protestas de los estudiantes y las de los maestros en el reclamo por un salto de la inversión en la educación pública y el ambiente no es de concertación sino de confrontación y en las calles se empiezan a caldear los ánimos. La cosa se puede poner más tensa si aprueban el IVA a la canasta familiar y si dejan hundir los principales proyectos anticorrupción y entonces los casi doce millones de personas que votaron la consulta se sentirán más que engañadas. Desde el gobierno y los partidos que lo acompañan se dice que son problemas heredados del gobierno anterior y que la tolerancia del señor Santos los agravó. Desde sectores de la izquierda se dice que Duque busca avivar el incendio porque en ese ambiente se siente más cómodo y puede conquistar mayores réditos en la opinión con su discurso desafiante y su mano dura.  No creo que sea muy inteligente incendiar para después apagar.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2018 se han registrado 59.931 casos de desplazamiento forzado en todo el país. De estos, 106 tuvieron lugar en Riosucio, Chocó, donde los principales afectados son las comunidades indígenas y afrodescendientes. El fenómeno se presenta, sobre todo, en la población de Taparal y el resguardo de Peñas Blancas. Las garantías de seguridad para los habitantes han sido vulneradas y la población ha manifestado que no existen condiciones para retornar al lugar de donde han sido desplazados y constantemente violentados y amenazados. Al respecto, el pasado 9 de octubre la Alcaldía le solicitó a la Gobernación Departamental ayudas humanitarias como alimentos, colchonetas y demás elementos que contribuyan a atender la crisis de la población desplazada. Para el investigador Alejandro Jiménez, de la Fundación Paz & Reconciliación, la situación en Riosucio es muy compleja, ya que el desplazamiento continúa aún sin la presencia de la exguerrilla de las FARC y debido a las amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales. Jiménez precisa que esta violencia se da en el marco de una disputa que se viene adelantando entre el ELN y el Clan del Golfo desde 2015, incluso cuando las FARC estaban activas. Esta guerra radica, fundamentalmente, en el deseo de ambos grupos armados de hacerse con el control de las zonas de las cuencas de los ríos, que son las que permiten el manejo de economías ilícitas como el narcotráfico, tráfico de personas,contrabando, tráfico de armas y movilidad de tropas. Efectivamente,esa zona presenta un fenómeno que se denomina ‘las mulas de carga’, actividad desarrollada, en su mayoría, por jóvenes hombres para llevar cocaína por todo el Darién hasta la frontera con Panamá. Jiménez expande la complejidad de los sucesos que por estas semanas se están presentando en Chocó, pues asegura que el desplazamiento en este territorio viene desde que los paramilitares llegaron en 1997. Hoy en día, la reconfiguración de la dinámica bélica obedece al control de rutas y a la disputa por ostentar la imposición del orden social, afirma Jiménez. Tres cuencas son epicentro de la afectación: Truandó, Cacarica y Salaquí. Para el investigador lo que sucede, por ejemplo, en Truandó es que hay territorio minado. Esto genera, por un lado, el desplazamiento forzado de una gran cantidad de población indígena y, por otro, una situación de confinamiento producto de las minas. Además, el reclutamiento de jóvenes complejiza el panorama de este territorio, puesto que no sólo se reduce al marco de las economías ilegales, sino a al reclutamiento de grupos armados, como el del ELN en comunidades indígenas. El 31 de octubre de 2018, el partido de la Fuerza Revolucionaria del Común (FARC),por medio de un comunicado, manifestó que «en el municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, un grupo paramilitar compuesto por más de 20 personas fuertemente armadas al mando de alias Fabio, incursionó en la vereda Río Ciego en cercanías a la cuenca del río Salaqui. En esta incursión paramilitar fueron desplazados de manera forzada los integrantes de la FARC en proceso de reincorporación que se habían asentado en dicho territorio con el propósito de desarrollar proyectos productivos y acciones de reincorporación». ¿Qué se viene para atajar la continuidad del desplazamiento? El próximo 29 de noviembre de 2018 se hará una audiencia pública, en la cual la Corte Constitucional, el Gobierno, otras instituciones competentes y organizaciones nacionales e internacionales analizarán la situación sobre el desplazamiento forzado. Se deberá “demostrar la garantía efectiva de los derechos de un alto porcentaje de la población desplazada” pues pone en evidencia que los informes allegados a la Corte por parte de la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; la Contraloría General de la República; la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2.011 (CSMLV); la sociedad civil; y las oficinas de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos,advierten sobres “graves vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se encuentran reflejadas en emergencias humanitarias como los desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, desplazamientos intraurbanos y asesinato a líderes y lideresas”. ¿Cómo ha sido el desplazamiento forzado desde el año de la firma del Acuerdo de Paz? En el año 2016, en el departamento de Chocó se registraron 17.420 casos de desplazamiento bajo la categoría de expulsión, 6.062 casos de recepción y 14.294 por la de declaración. En 2017 se registraron 15.740 casos de expulsión, 4.311 casos de recepción y 13.629 casos declarados. En el 2018, a corte de 30 de septiembre, hay registrados 2.762casos de expulsión, 782 de recepción y 3249 casos de declaración.

Por: Manuela Botero, Oficina Buenaventura Más de 12 días llevan en protesta los habitantes del corregimiento de Córdoba, ubicado en la zona rural de Buenaventura, a causa de la falta de cumplimiento por parte de la Alcaldia Distrital de las peticiones de la comunidad. Entre las demandas de los habitantes se encuentra destinar parte del herario municipal a adelantar una obra que divida dicho corregimiento del relleno sanitario de la empresa Buenaventura Medio Ambiente “BMA”, el cual se encuentra próximo a la zona y está constituido por tres espacios que albergan entre 170 y 200 toneladas de residuos procedentes de Buenaventura y zonas aledañas. Además, entre el pliego de peticiones también se encuentra la recuperación de la quebrada “El Venado” y la posibilidad de que se reciba una compensación por las obras adelantadas en dicho vertedero. Según los pobladores, ha pasado más de un año y medio desde que se plantearon estas demandas y aún no hay respuesta alguna. Sobre esta situación, el alcalde encargado de la ciudad, Édinson Bioscar Ruíz, se pronunció mencionando que existe un aproximado de 150 millones de pesos destinados para adelantar las obras que los habitantes del corregimiento solicitan. Hasta la fecha, los pobladores de la zona habrían llegado a un preacuerdo con la Alcaldía Distrital, el cual respondería a dicho pliego de peticiones. Sin embargo, las protestas continúan en Córdoba, donde la entrada al basurero se encuentra bloqueada. Esto ha ocasionado fallas en el sistema de recolección de residuos. En un comunicado emitido por BMA del Pacífico el día 8 de noviembre del 2018, se menciona que la empresa de aseo continúa trabajando en la normalización del servicio y se estima que hoy este quede completamente nivelado. Según una fuente, actualmente, el relleno sanitario se encuentra operando bajo un plan denominado “Plan Tortuga”, el cual busca limpiar únicamente los residuos de las calles principales de la ciudad, dejando así a los barrios que constituyen la vía alterna e interna del municipio sin este servicio de limpieza. De este hecho, también se conoció que el pasado Viernes 2 de noviembre, los habitantes de la ciudad portuaria arribaron a la plazoleta del Centro Administrativo Distrital “CAD” y, en acto de protesta, tiraron las basuras en este lugar, mencionando además su preocupación por este acontecimiento que día a día afecta las calles del municipio. A pesar de que no se ha contemplado una “Emergencia Sanitaria”, en algunos lugares de la ciudad los fuertes olores y la aparición de insectos y roedores alertan a la ciudadanía, sumándose a esto la emergencia que presenta la Clínica Santa Sofía del Pacífico, la cual no podría prestar un óptimo servicio a los habitantes en caso de enfermedades desarrolladas a partir de la descomposición de los residuos domiciliarios en las calles.

Por: Daniel Parra, colaborador Pares La violencia contra dirigentes y líderes sociales pareciera no tener fin. Un nuevo hecho trágico se suma a la ola de asesinatos que azota al país y sus regiones históricamente golpeadas por el conflicto interno. En este caso, el turno otra vez le tocó a la región de El Catatumbo. El 8 de octubre a las 9 de la noche en la Vereda Miramontes, del Municipio de Tibú, fue asesinado Luis Tarazona, Coordinador de un Comité Veredal de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat. Tarazona era el Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Miramontes. También trabajaba en la minería artesanal y, además, era Secretario de la Corporación Agrominera e Industrial de Versalles, Campo 6 y Wachiman. PARES contactó a Jhonny Abril, Coordinador de Ascamcat,quien afirmó que este año han asesinado a 4 de sus líderes y 2 han recibido atentados contra su integridad física. Así mismo, 10 se encuentran amenazados, entre estos el mismo Abril. “Las amenazas parten de que somos una organización defensora de Derechos Humanos, y defensora del territorio. Hoy por hoy, somos críticos a las políticas del Gobierno con las multinacionales y la guerra. Somos quienes decimos que ya hay un proceso de paz, y se deben implementar los acuerdos para que la inversión social llegue a esta región tan abandonada del Catatumbo”, afirma el líder. En el Catatumbo tiene presencia el grupo armado postFARC proveniente del extinto Frente 33, el Clan del Golfo, el ELN, ‘Los Pelusos’ (EPL) y ‘Los Rastrojos’. En la región, viene existiendo una clara disputa entre el ELN y el EPL por el control de los territorios, disputa que involucra al Clan del Golfo y otras estructuras criminales asociadas a las dinámicas de narcotráfico y contrabando. Además, el reciente informe en Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Colombia, reveló que en Norte de Santander se cultivaron 28.244 hectáreas de coca (3.213 ha más que en el 2016). “Creemos que la sustitución de los cultivos de uso ilícito es la salida. Además, hace parte del diálogo entre el gobierno y el campesinado”, afirma Abril. La región sigue a la expectativa, y se espera no sólo que se cumpla a cabalidad lo pactado en los acuerdos, sino que cese la violencia en la zona y sus municipios aledaños.

Por: Carol Sánchez. Se cumplen 100 días del gobierno Duque y, hasta ahora, lo que parece claro es la poca coordinación entre el presidente, su partido y su gabinete. Mientras el Ministerio de Hacienda anuncia IVA para la canasta familiar, el Centro Democrático dice que no apoyará esta medida y, al tiempo que el presidente Iván Duque dice que su gobierno no es belicista, el embajador Francisco Santos habla de posibles intervenciones militares en Venezuela. El discurso de gobierno se torna difuso. Respecto al tema, Pares habló con el expresidente Ernesto Samper, quién hizo un análisis sobre estos primeros 100 días, los retrocesos a los que ya se ha enfrentado el país y otros temas relevantes en materia económica, política y de paz. ¿Cuál es el balance que usted hace de estos tres meses? Yo creo que hay un cambio importante en la forma de gobierno, pero no me atrevería a hacer un juicio sobre el fondo. Es un Gobierno más convocante, más abierto, más comunicativo, más propositivo si se quiere; pero en cuanto al fondo, no creo que haya unos avances fundamentales en temas de indudable importancia como la recomposición de la paz, el diálogo con el ELN y todo lo que tiene que ver con el manejo del postconflicto. ¿Un gobierno más abierto comparado con el de Santos? En general me parecen virtudes, no comparadas, sino vistas desde este Gobierno. Creo que el presidente Duque está dando una imagen de una persona fresca, convocante, que, de alguna manera, ha despolarizado la situación que existía antes en el país. Sin embargo, lamento que esta actitud no coincida con cambios de fondo en estos 90 días. ¿Usted cree que existe una articulación entre el gabinete ministerial y el presidente? Bueno, es difícil, yo creo que este es un gabinete gremial, corporativo. En ese sentido, corresponde a los intereses que el Gobierno dice estar defendiendo. Sin embargo, se puede anotar como punto a favor que hay más perfiles técnicos. Es muy temprano para saber si están, algunos de ellos, realmente al servicio o no de unos intereses privados. Al comienzo, los gobiernos toman un tiempo para articularse mientras se consolidan los equipos y se hacen reuniones de Conpes y Consejos de Ministros. Por eso existe la cifra mágica de los 100 días, durante los cuales se supone que el gobierno logra darle coherencia a un programa y actuar mancomunadamente a través de sus ministros. Esperamos que, de aquí a final de año, eso esté funcionando de una manera más armónica. Hasta el momento sí se ven ciertos niveles de descoordinación que, inclusive, pueden llegar a ser peligrosos, como el tema de Venezuela o la lucha contra el narcotráfico. ¿Existe articulación entre lo que propone el presidente y lo que propone su partido? No. Sin duda no existe. Hay una descoordinación total. El Centro Democrático se quedó en la forma de hacer política del pasado y no ha entendido que su papel ya no es estar en la oposición sino ser partido de gobierno. En este sentido, es claro que en aspectos de fondo, como el del IVA, el de las propuestas que ha hecho el Centro Democrático en materia de tierras o el hecho de no acompañar la Consulta Anticorrupción, demuestran que, sin duda, hay unos cortos circuitos entre el partido y el Gobierno que están comenzando a hacer daño. Algunos análisis indican que esto se debe a un juego de roles que siempre ha tenido el uribismo: mostrar a Uribe como un héroe y a algunas fichas claves como contradictores. ¿Usted cree que este es el caso, que se trata de mostrar a Duque como el malo para perpetuar la posición de héroe de Uribe? No. Yo creo que en el uribismo no caben las posiciones estratégicas, más bien se puede hablar de tácticas. De tal manera que no creo que haya una estrategia detrás de esto. Lo que hay es una gran descoordinación y una gran relevancia de una figura que actúa caudillistamente como el expresidente Uribe que, de alguna manera, opaca al presidente de la República. ¿Qué contradicciones encuentra usted en el discurso de la campaña y el discurso de mandatario de Duque? Hasta el momento yo no veo diferencias entre el discurso de la campaña y el discurso de gobierno. No porque esté haciendo lo que dijo que iba a hacer, sino porque sigue anunciando que va a hacer lo que dijo que iba a hacer en la campaña. En el caso del IVA a la canasta familiar, ¿no cree que hay contradicción? Creo que todos han cometido ese error. Inclusive yo me culpo. Y es que en campaña se prometen muchas cosas que no se cumplen después y una de esas es, precisamente, el tema de los ajustes tributarios. Varios sectores políticos han llegado a decir que Duque va a sufrir una crisis de gobernabilidad muy pronto, a usted, ¿qué opinión le merece esta posición? Yo espero que no, porque aquí las crisis de gobernabilidad se pagan con muertos. Aquí no son crisis pasajeras ni mediáticas, son crisis que se convierten en situaciones de orden público, en problemas de enfrentamiento con los actores armados. Espero que no tenga crisis de gobernabilidad como las que hubo en el pasado, que se transformaban en problemas que afectaban especialmente a regiones abandonadas. ¿Usted cuál cree que va a ser la posición de Duque para cumplir los Acuerdos de Paz? Después de firmados los Acuerdos es muy poco lo que se puede hacer en el tema estructural. Donde hay muchísimo que hacer es en el tema de implementación, en la reparación de las víctimas, en los proyectos productivos, o en la sustitución social de cultivos. En ese sentido, creo que el gobierno ha asumido causas como la reincorporación, lo cual está bien. Espero que asuma con eficacia el tema de los proyectos productivos que es fundamental y que, de alguna manera, rectifique el tema de la sustitución social de cultivos porque, si no, vamos a echar a la gente otra vez a la guerra. Espero que siga adelante con las negociaciones con el ELN. El mayor error que podría cometer en este momento el gobierno, independientemente de las condiciones que quiera fijar para que continúen los diálogos, sería una ruptura con el ELN, porque esto sí precipitaría un realineamiento de las fuerzas irregulares. En este sentido le quedaría muy difícil al presidente mantener el orden público. ¿En qué aspectos cree que el país ha tenido un retroceso? Una es de política internacional, porque realmente en este tema se volvió 20 o 30 años: volvimos a la agenda narcotizada, volvimos a los conflictos con Venezuela, volvimos a una política absolutamente obsecuente con Estados Unidos, desperdiciando el espacio que teníamos en materia paz. Salirse de los organismos de integración que fueron creados, precisamente, para que hubiese una solidaridad regional es un acto de autismo internacional que va a tener muy importantes costos para Colombia. El país consiguió llegar a los Acuerdos de Paz porque convocó a la solidaridad regional para que lo acompañarán en todas las discusiones. Y, ahora, simplemente por una cuestión de política local, como es el extrañamiento de relaciones con Venezuela, se retira de los organismos de integración regional. Esa es una posición absolutamente obsoleta respecto a lo que habíamos avanzado. También en el tema de drogas. Cosas como el de la dosis mínima y el incumplimiento de los acuerdos en materia de sustitución de cultivos son equivocaciones fundamentales e inconsistentes.Lo de la dosis mínima es un retroceso en términos de libertades fundamentales que va en contravía de lo que se está haciendo en todos los países del mundo, que es un política de descriminalización para sacar los eslabones débiles de la lucha contra el narcotráfico y tener una mayor incidencia sobre los eslabones fuertes, es decir las organizaciones criminales. Creo que ese es un claro y definitivo retroceso. En otros temas claves como el de la política económica, lo que queda claro es el intento, no de financiar el déficit social del Estado, sino de rebajar impuestos a las empresas; esto parte de una propuesta populista de derecha, que está de moda en el mundo. ¿Usted cree que este Gobierno ha sido populista? Sí, en dos aspectos. En el aspecto fiscal lo estamos viendo, simplemente rebajar impuestos por cuenta de los pobres: ponerle impuestos a la clase media para rebajarle a los ricos se llama populismo fiscal. También en el aspecto de penas, aquí todo se arregla, según el Gobierno, incrementando las penas sin hacer ningún esfuerzo por buscar los orígenes del comportamiento delictivo. Esto es una forma de populismo de derecha que se llama populismo punitivo. Respecto a la relación con Venezuela, ¿usted cree que este gobierno tiene la capacidad de adoptar tácticas diplomáticas con el vecino país y abandonar la confrontación? Estos temas de política internacional los fija directamente el presidente. Yo le creo al presidente cuando dice que actitud de su gobierno no es una actitud belicista. Es decir, que, de alguna manera, desautoriza cualquier posibilidad de que se llegue a legitimar una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, el presidente tiene que dar línea, como lo está empezando a hacer el Canciller, con sus funcionarios. No puede ser que el presidente hable de una actitud y tenga funcionarios que se estén despachando con actitudes contrarias. En estos temas no puede haber ningún tipo de fisura. ¿Usted le cree a Duque cuando dice que no ha dado ‘mermelada’? Le creo cuando dice que no ha dado. No estoy seguro de que no la haya quitado. Por lo menos, lo que se ve hacia fuera, es que no hay una negociación a partir de dar cosas.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El pasado 7 de noviembre, la bancada alternativa del Congreso emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba su preocupación frente a “las acciones criminales contra los miembros y dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC”. El comunicado fue suscrito debido a que el Consejo Político Nacional del nuevo partido denunciara atentados, amenazas y operativos de persecución en su contra. El documento reza, además, que la situación es alarmante. Pues, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, han sido asesinados alrededor de 80 excombatientes. Frente a estas preocupaciones también se suma el intento de asesinato perpetrado el pasado domingo en la ciudad de Medellín contra Fancy Urrego, además del presunto plan para asesinar a los líderes de ese partido descubierto por la Policía Nacional. Por otro lado, también se encontró un vehículo sospechoso estacionado cerca a la casa del senador Julián Gallo y a un policía disfrazado de indigente tomando fotografías en las inmediaciones de la Cooperativa Ecomún. Ante esta situación, la Comisión de Paz del Senado, encabezada por los congresistas María José Pizarro, Roy Barreras e Iván Cepeda, expresó su apoyo luego de las denuncias establecidas por el Partido FARC. Se dejó constancia en plenaria de senado sobre los más de 80 asesinatos de militantes de la FARC que están aún en la impunidad. La Comisión de Paz del Senado también instó al presidente Iván Duque y a la comunidad internacional para queden garantías de vida y de ejercicio político a los integrantes del nuevo partido FARC, creado a partir de la firma del Acuerdo de Paz. Los senadores que hacen parte de esta Comisión también hicieron especial llamado a la Fiscalía General de la Nación para que develen la autoría material e intelectual de estas amenazas y atentados. El pronunciamiento fue firmado además de los integrantes de dicha comisión, por senadores de todas las bancadas que tienen asiento en el Congreso. Por otro lado, recientemente, la Comisión de Paz del Congreso visitó el ETCR ubicado en Mutatá, Antioquia, allí escucharon los inconvenientes que, hoy por hoy, tiene la implementación del Acuerdo. Una de las principales preocupaciones de los excombatientes tiene que ver con la falta de recursos; pues esto ha generado que el acceso a tierras sea limitado, así como el acceso a proyectos productivos. Pese a esto, su compromiso de mantenerse dentro de lo pactado con el Gobierno sigue en pie. Según el senador Richard Aguilar, copresidente de la Comisión de Paz, los excombatientes tienen preocupación frente a las inversiones que tienen que llegar para sacar a flote los proyectos productivos.El senador también manifestó que a los exguerrilleros no se les han entregado las tierras acordadas ni los 8 millones destinados para realizar los proyectos. Respecto a esto, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, destacó el compromiso de los exguerrilleros, pero le pidió al Gobierno a destinar los recursos comprometidos para la implementación. Además de esto, las agresiones contra los exmiembros de la extinta guerrilla no son nuevas. Cabe recordar los constantes ataques y agresiones que sufrió Rodrigo Londoño en su campaña presidencial. Según la última encuesta de Invamer para SEMANA, Caracol TV y Blu Radio, más del 70 por ciento de los colombianos tiene una imagen negativa de Timochenko, más del 85 por ciento no ve con buenos ojosa la FARC, y un poco más de la mitad no cree que el acuerdo de paz traerá cosas positivas.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Este miércoles, 7 de noviembre de 2018, se cumplieron 3 meses de la llegada del presidente Iván Duque Márquez a la casa de Nariño. A propósito, estas última semanas se ha venido recordando que cuando el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos presentó la reforma tributaria, Iván Duque, entonces senador dela república por el partido Centro Democrático, fue un ferviente opositor de una política que gravara productos de la canasta familiar. Hoy, su gobierno presenta una ley de financiamiento — Reforma tributaria— que genera extensión de IVA del 18% a alimentos que en el pasado no pagaban impuestos o únicamente estaban gravados con el 5%. Jose Roberto Acosta, economista abogado e investigador de la Fundación Paz & Reconciliación, precisa que,entre otras cosas, el índice de la Bolsade Valores de Colombia ha venido decayendo desde la posesión de Duque y se ha incrementado el precio de deuda pública local, que ahora está con pérdidas. Por su parte, Iván Duque afirmó en rueda de prensa sobre los 90 días de gobierno que “somos conscientes que buscar recursos no es la única tarea, también tenemos que reactivar nuestra economía con dinamismo. Por eso era tan importante que le quitáramos carga a quienes generan empleo. Hacerlo, obviamente, pidiéndole a quienes como personas naturales tienen mayores ingresos para que contribuyan un poco más. De otro lado también tenemos que mejorar la equidad y eso significa corregir la regresividad que tienen ciertos impuestos para la población más vulnerable”. José Roberto Acosta brinda unpanorama sobre la labor del jefe de Estado en el plano económico: ¿Cuál es el balance de los tres primeros meses de presidencia de Iván Duque? Empezó con el pie que no era, porque en lugar de infundir confianza en los mercados, genera muchas preocupaciones por la falta de un horizonte claro en términos de respeto por una ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas. Así que, en un ambiente de mucha volatilidad de los mercados internacionales, manda una pésima señal el grado de improvisación de la ley de financiamiento. En materia económica, desde lepunto de vista de lo fiscal, presenta un derroche. Además, acentuó un desorden enlas finanzas públicas al presentar un presupuesto para el 2019 con unincremento del 10.8%, un gasto muy superior a la inflación y a la expectativade crecimiento económico. Sobre el endeudamiento, hace una maniobra como es el famoso ‘canje de deuda interna y externa’ que no disminuye en lo absoluto los niveles de deuda del país, sino que dilata el problema hacia más largo plazo, haciéndole un maquillaje evidentemente superficial a los altos niveles de apalancamiento del gasto público que caracterizó a la anterior administración. ¿Qué contradicciones hay en Duque como candidato y Duque como presidente? La principal contradicción es haber prometido bajar los impuestos, haber prometido gobernar en aras de la equidad. Por el contrario, su propuesta más polémica es la de aumentar la base gravable del IVA, afectando la comida, donde 10 millones de hogares de clase media tiene que poner de su bolsillo para solventar el déficit, ese es un incumplimiento de campaña. Estas razones desdibujan al Iván Duque candidato al Iván Duque presidente Incumplió el tema de austeridad, ya que dijo que iba a presentar un recorte en el presupuesto, y presentó un presupuesto con 25 billones adicionales a lo presentado al presupuesto de Juan Manuel Santos, llegando a la cifra récord de 259 billones de pesos para el año 2019. No está cumpliendo nada, sino que por el contrario está acentuando todo lo que él criticaba de la administración de Santos. ¿Para quién ha gobernado Iván Duque? Eso es algo que el país ha ido entendiendo. Las decisiones principales en materia económica favorecen a los grupos preponderantes en la economía; puntualmente a las cien empresas más grandes de Colombia. Por ejemplo, usemos esta cifra tan sencilla, con del IVA a la comida se extraen netos de la clase media 8,7 billones y se le perdonan cerca de 7 billones de pesos a las empresas. Esa disminución a la renta se concentra justamente en las 100 empresas más grandes de Colombia, que pagan más del 80% de recaudo de impuesto de renta. Por cuenta de los números, queda claro que el presidente Duque gobierna para las empresas más grandes de este país,incluidas multinacionales con residencia en paraísos fiscales. Esto va en detrimento de 10 millones de familias de clase media que están decepcionadas con su mandato. ¿Hay articulación entre Iván Duque con su gabinete ministerial? Hay una expectativa de que se pase de una micro gerencia relativamente exitosa de los consejos comunitarios, de hace 10 años, hacia una estrategia macro gerencial a mediano y largo plazo. Hoy día, escucha uno repetir frases de cajón o discursos cliché alrededor de la economía naranja, pero sin aterrizar en la práctica sobre los efectos que ese discurso pueda tener. Hay que mejorar el crecimiento económico, aumentar el empleo y auspiciar una mayor equidad. ¿Qué tanto de lo que habló Duque en campaña sobre la economía naranja se ha materializado? El discurso de la economía naranja se ha quedado en el slogan, se ha quedado en frases cliché. Hay un reclamo que no solo le han hecho sus críticos, sino frentes de la academia y gremios. Aquí no se trata de una economía monocromática, sino una economía con políticas transversales que le favorezcan a todos los colores en materia de estructura económica. Justamente, en estas políticas transversales cualquier empresario puede encontrar insumos y herramientas para generar empleo, para crecer, para desarrollar empresa. Es ahí, en la falta de políticas donde este gobierno está fallando de manera grave en materia económica. ¿Hay disonancia entre el presidente y su partido? La apariencia de división entre el presidente y su partido —Centro Democrático— no deja de generar sospechas respecto a una táctica de manejo mediático. Una táctica del policía bueno y el policía malo, la falta de unidad entre el partido de gobierno y el mandatario, en vez de dar unos visos de pluralidad o de visiones alternativas,lo que genera es una gran preocupación. Estas prácticas dejan entrever la falta de acuerdos y de una agenda clara en política económica. No hay nada más perjudicial para el espíritu empresarial que la mayor incertidumbre por parte de quienes gobiernan en el poder ejecutivo. Así que ese show de contradicciones entre el partido de gobierno y el presidente, son producto de una improvisación total. ¿Cuáles son los retos a corto y mediano plazo que tiene Iván Duque? En materia fiscal yo creo que debe ponerse orden en la casa, hay una misión de expertos que pasaron un abanico de recomendaciones al gobierno anterior, yo creo que con que este gobierno haga caso a esas propuestas y adelante, siquiera, una proporción de lo que allí se plantea, esto se traduciría en un gran avance. Además, esto limitaría las alternativas que presentan que no tienen ningún sustento teórico ni práctico.Hay que priorizar la racionalización del gasto que se rige bajo el cumplimiento de la regla fiscal, esto permitirá inculcar a los mercados locales e internacionales confianza para que disminuyan los niveles de riesgo, para mitigar la posibilidad de generar una eventual pérdida de calificación de riesgo del país. ¿Como presidente Iván Duque se va rajando en materia económica a lo largo de estos tres meses? Definitivamente si. Elindicador de confianza empresarial y confianza del consumidor de Fedesarrollomuestra cómo desde su posesión la confianza, que había repuntado después dehaber estado sumida en el segmento negativo, hoy vuelve a caer en el último datoa niveles por debajo de 0. Ese indicador de confianza empresarial y del consumidorson definitivamente la reacción negativa que hay en los agentes económicosrespecto a la gestión de estos primeros meses de Iván Duque.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Hoy, 7 de noviembre de 2018, se cumplen tres meses de la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de la República. El nuevo mandatario ha tenido un estilo de gobierno totalmente opuesto al de su antecesor Juan Manuel Santos. Las consignas de paz, postconflicto y reconciliación han sido cambiadas a las de legalidad, seguridad y emprendimiento. Esto es claro teniendo en cuenta uno de sus eslóganes más recurrentes: “El que la hace la paga”. Además de esto, los diálogos de paz con el ELN parecen flaquear, pese a que esta guerrilla ha mostrado, en reiteradas ocasiones, intenciones de continuar con los diálogos. El Acuerdo de Paz, la JEP y la Comisión de la Verdad están en veremos. Cada vez la política exterior se acerca más a los intereses de Estados Unidos, esto es notable con la presencia del embajador en Washington, Francisco Santos. Por otro lado, los nombramientos diplomáticos que más han parecido favores políticos. El Gobierno aún no inscribe un negociador frente a los diálogos de paz con el ELN, no se tiene certeza si, en efecto, los diálogos continuarán. La JEP sufre constantes choques de trenes con la Fiscalía; el Centro Democrático y Cambio Radical tienen intenciones de quitarle dientes. La Comisión de la Verdad no avanza. Así las cosas, el panorama parece de cambio frente al gobierno de Juan Manuel Santos. Para realizar un balance de los primeros tres meses del gobierno de Iván Duque, hablamos con León Valencia, director de Pares. ¿Cuál es su balance de los tres meses del gobierno de Duque? Yo creo que hay dos cosas principales: una, que ha arrancado mal en algunos temas y eso le va a costar caro; la otra es que no hay perfil de gobierno, no hay una claridad de hacia dónde va a ir. En el primer caso ha arrancado mal en las alianzas políticas, no veo que tenga una coalición de gobierno clara. En el Congreso no hay un liderazgo y no hay unas mayorías de Gobierno y eso es reconocido por algunos actores políticos. De manera que un primer problema es de Gobernabilidad. Dicen Duque y el Centro Democrático que no hay gobernabilidad por la nueva manera de gobierno, porque no va a repartir mermelada y va a tener una relación transparente y clara con los parlamentarios, basada en ideas, basada en proyectos. Mucha gente sospecha que es una estrategia no tan bondadosa. Lo que busca es, primero, preservar la mermelada para su propio partido y, segundo, dejar que los demás partidos políticos, en las elecciones locales que vienen, no tengan de dónde pegarse para mantener una fuerza política local y eso le permita al Centro Democrático crecer en las regiones. La otra cosa es que se ha metido en unas cosas bastante impopulares como es la reforma tributaria, de ahí piensa sacar 11.5 billones de pesos del faltante que son 14 billones de pesos. Concentra su esfuerzo en los recursos en este gravamen general del IVA y eso es muy impopular porque varios economistas han dicho que eso es gravar por igual a pobres y a ricos. El segundo gran problema es en cuanto a cómo articula seguridad y paz. El criterio fundamental del gobierno es la seguridad y ahí se juega fundamentalmente su proyecto político. Eso es lo que llamamos el cambio de péndulo, el péndulo estaba en la paz como idea fundamental y pasó a la seguridad. ¿Cómo va a hacer para mantener su idea de proyecto político de seguridad y cómo va a meter la paz dentro ese proyecto de seguridad? Eso es lo que no está claro. Hay cuatro cosas fundamentales que van a definir el futuro del gobierno de Duque: si continúa o no la negociación con el ELN; la extradición o no de Santrich; cómo trata el tema venezolano, que cada día tiene más incidentes en frontera y que se amenaza con algunas escaramuzas militares; y cómo trata lo que era la Ley de Sometimiento a la Justicia del Clan del Golfo. ¿Cree que hay una articulación entre el gabinete de Duque y las instituciones? El gabinete de Duque es un gabinete muy uribista. El ministro de Hacienda, que es el principal ministro, viene del gobierno de Uribe. El ministro de Defensa y la ministra del Interior, que son los otros dos ministros más importantes, también son de la esencia de Uribe y el Canciller también. Esos cuatro ministerios están en manos del expresidente. Luego hay una serie de ministros nuevos más cercanos a experiencias de la vida personal de Duque y escogidos por sus condiciones técnicas. Esa gente está en una curva de aprendizaje enorme, porque es gente que no ha tenido una vida pública y una participación en gobiernos. Yo diría que ese gabinete no está articulado y no hay un liderazgo grande del propio Duque, porque unos obedecen más o tienen más referente al propio expresidente Uribe y los otros apenas están aprendiendo. ¿Cree que existe una articulación entre el presidente y el Centro Democrático? Sin duda. Yo creo que están empezando a gobernar y él hace parte esencial de ese partido. Es su alianza política. Ahora, lo que no se ve es que tengan un proyecto coherente. Todo el mundo está esperando qué día rompen Uribe y Duque, esa es la idea, siempre que van a juzgar al gobierno la gente piensa que Duque está tomando independencia, otros dicen que es pura trampa y que es una conspiración que tienen entre ellos. Yo creo que la cosa es más compleja. Hay una identidad fundamental en un proyecto político, hay diferencias internas, pero también una correlación de fuerzas. Porque la política no se basa solo en la voluntad, en la claridad de unas ideas, la política se basa en correlación de fuerzas, en la capacidad tengo para llevar a cabo unas iniciativas y proyectos. ¿Qué contradicciones encuentra entre el discurso de campaña de Duque y sus acciones desde que asumió la presidencia? Yo creo que muchas. Primero, la paz. Hubo un discurso muy duro contra la paz, arrancó con un discurso muy duro, incluso, contra el ELN y ha venido moderando ese discurso por las realidades. Primero porque era muy difícil, por ejemplo, romper una mesa inmediatamente mientras el ELN decía que quería seguir. Duque ha venido presionando al ELN y ganando tiempo y no se sabe si va a romper o no romper, pero por los menos puso plazos. Estableció un plazo de 30 días. Va tres meses y no ha tomado una decisión. Con las FARC también fue muy duro sobre temas clave donde él decía que no iba a admitir ciertas cosas. Respecto a la participación política, sacar de la participación política a los líderes, sobre la JEP también refirió sus intenciones de romperla, que no ha podido hacerlo, a pesar de todos los esfuerzos y de todos los embates. Había sido un crítico del IVA para la canasta familiar, ahora está el ministro Carrasquilla está poniéndole un IVA, y ya eso es una contradicción muy grande. En la lucha contra la corrupción que fue un sentido del debate y del discurso ya empieza a tener sus primeros tropiezos, y tampoco le ha dedicado su alma, vida y sombrero a eso, no tumbó la consulta, pero tampoco tiene el liderazgo para sacarla. ¿Para quién está gobernando Iván Duque? En distintos caminos para un proyecto que es legítimo de derechas. Ha hecho muchas manifestaciones y acciones para regresar el país a puntos en donde el centro es la seguridad. El tema de conquistas de libertades individuales ha sido atacado, como en la dosis mínima o como la no penalización de este tipo de prácticas. Está gobernando con una agenda pro-Estados Unidos, que en Colombia empezábamos cambiar. Empezábamos a tener relaciones más diversas con Europa, unas relaciones mucho más abiertas y menos ligadas a Estados Unidos. Estamos muy a favor de los intereses de ese país. Hay una agenda muy ‘progringa’ que lesiona mucho lo que habíamos conquistado con los vecinos suramericanos y creo que para eso también está gobernando, para una agenda que está mirando hacia el norte y menos hacia el sur. ¿Ve intenciones para mantener los diálogos de paz con el ELN por parte del gobierno? Es muy difícil mantenerlos porque les ha exigido unas cosas al ELN que para ellos son muy difíciles, porque el ELN no tiene una decisión clara de terminar esa guerra. El ELN está explorando si se mete en un proceso serio de paz o no. Y las incidencias del ELN parece que a Iván Duque no le gustan, que es liberar los secuestrados, abandonar el secuestro, abandonar todo el conjunto de acciones militares como plan inicial de negociación y entonces ellos dicen “estamos dispuestos a discutir todo esto, pero en la mesa”. Y ahí están en un impase enorme. En cualquier momento se va al traste todo. Con un incidente duro, como un enfrentamiento entre la fuerza pública y el ELN, o una acción del ELN desbordada que impaciente a la opinión pública, en ese momento se va al traste todo porque lo que hay es una mesa con un solo actor en La Habana. Y todavía el Gobierno no ha decidido llegar a esa mesa. ¿Cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC? Nosotros tenemos un balance agridulce de la implementación. Sin duda hubo un avance importante en la desmovilización y desarme de las FARC, en las disidencias que todavía están en un nivel estándar internacional, que es un 10% de esa fuerza. Eso ha sido muy bueno para el país. Ha habido un impacto positivo en la disminución de factores de violencia que causa el conflicto: homicidio, desplazamiento forzado, secuestro, heridos y mutilados por minas, todos esos son aspectos positivos del proceso de paz. También la llegada a la lucha política y democrática del proceso de paz, con todas sus dificultades, ha sido muy importante. Los anuncios de Duque son que tienen algunos reparos al proceso de paz, en los temas de justicia, en prerrogativas políticas para los jefes de las FARC, pero que van a cumplir con el Acuerdo y tiene un balance crítico de lo que había hecho Santos. Son las cosas buenas. Por otro lado, en el plan de reformas no ha tenido ocasión. La reforma política no ha pasado. Incluso la reforma de ampliar las curules para las víctimas tampoco ha tenido posibilidades. La reforma agraria se hundió. Esos son los aspectos en rojo del proceso de paz. ¿Cómo ve a Iván Duque frente a la JEP y a la Comisión de la Verdad? Ha habido una posición muy contradictoria porque el uribismo ha buscado siempre desconocer esta justicia transicional o lo que sería solo aplicarle justicia a las FARC y no a ninguno de los otros actores participantes. El uribismo ha logrado bastante: sacó a los expresidentes, sacó a los terceros de la obligación de concurrir, ahora hizo una negociación para hacer una diferenciación entre los militares y agentes del Estado con los propios guerrilleros y meter una idea de nuevos magistrados para atender los casos de los militares. También le ha quitado la fuerza a la confesión mediante el acuerdo que hizo con los partidos. Ahí son cosas durísimas contra ese proceso de justicia que es base para la reconciliación nacional. Lo que uno siente, tanto en el Centro Democrático, como en las élites políticas es que todavía no han aceptado que estuvimos en un conflicto armado donde ellos tienen una responsabilidad, por supuesto, las FARC tienen una responsabilidad enorme, y las guerrillas en su conjunto; pero acá, de la parte del Estado, los paramilitares, terceros, hay otra gran responsabilidad en violaciones a DD. HH al DIH. Es que esto es una tragedia. Son más de 8 millones de víctimas. Y por esos 8 millones de víctimas no pueden responder solo las FARC. ¿Cree usted que Duque apoyaría la justicia transicional? No. Él hace parte de esa matriz de personas en las élites políticas que todavía no están tan convencidas de que la justicia transicional para todos.