Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares La receta es la misma de siempre: crean un problema para luego salir a decir que lo solucionaron. Durante el pasado cuatrienio, varios senadores del Centro Democrático parecían perros rabiosos, salían, despotricaban, gritaban, insultaban, y luego salía el senador Uribe como un salvador, como un buen componedor, aparecía como un negociador y una persona moderada. Todo era parte de una pantomima, era una gran estrategia para subir la imagen del líder. Sacrificaban todo, con tal de mantener a salvo la imagen de Álvaro Uribe. Esta vez ocurre lo mismo, en menos de una semana logra dos grandes victorias. La primera se presentó en aquella foto supuestamente mítica, en la cual Paloma Valencia y Álvaro Uribe se reúnen con miembros de la oposición entre ellos Petro, Angelica Lozano y dos miembros de la FARC. Muchos analistas y operadores políticos hablaron de una foto historia, pero en la vida real, no tenía nada de novedosa, es normal que ocurran reuniones de Congresistas en el Congreso, es obvio. En esta famosa reunión, el uribismo estaba negociando la famosa JEP paralela para militares. En medio de la negociación, en principio la oposición salió cantando victoria, pues para ellos de todo lo que pretendía el uribismo, apenas lograron 14 magistrados más en la JEP y un segundo artículo donde la confesión no significa verdad en la Sala de No Reconocimiento. Para la oposición este hecho garantizaba legitimidad en la JEP, garantizaba que el uribismo se bajara de las demás aspiraciones y de fondo salían bien librados de la asimetría de fuerzas políticas en el Congreso. Pero en la vida real el Uribismo logró implantar la imagen que en la JEP habrá dos tipos de magistrados: unos buenos y otros malos, eso hace mucho daño a la Justicia Transicional. También logra que dos de los cuatro procesos que hasta el momento ha abierto la JEP se detengan si se aprueba este proyecto de ley, ya que esos dos procesos involucran militares y además con el artículo segundo logran que la confesión no sea aceptada como verdad, imagínense eso. Todo con el objetivo de salvar a los políticos así los militares los incriminen. Pero, sobre todo, el uribismo logra abrir la puerta para seguir modificando la JEP. Es decir, el uribismo logra una gran victoria y hace creer que es la oposición la que sale airosa. En todo caso, esto que aprobaron en Comisión Primera del Congreso es abrirle la puerta a la CPI y esa será, en algunos años, la gran derrota del Uribismo. Pero unas horas después Álvaro Uribe logra otra victoria. Por un lado, salvan al cuestionado y corrupto Ministro Carrasquilla de la moción de censura. Luego, el gobierno presenta una reforma tributaria que grava la canasta familiar y unas horas después el senador Uribe sale a decir que no la apoyan y queda como el salvador de los pobres. No les importa sacrificar la imagen del presidente, tampoco del corrupto Carrasquilla, al fin y al cabo ellos saben que Carrasquilla será ministro de un año. Lo importante es mantener la imagen del jefe supremo, pues lo que se viene son las elecciones locales de 2019 y las presidenciales del 2022. Duque tiene su contentillo, fue presidente, pero no puede estar por encima de la Imagen de Uribe. Esa es la regla política en el Centro Democrático.

Por: Esteban Tello, investigador Universidad Católica de Cali. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, desde el 01 de enero del año 2016 la firma del Acuerdo de Paz hasta el 31 de octubre de 2018, han sido asesinados 191 líderes sociales en el país, de los cuáles 14 residían en el departamento del Chocó. Es por esto que los líderes de sur del Chocó reclaman una respuesta adecuada de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, la cual, según ellos, desconoce e ignora las condiciones especiales de los municipios de este departamento, así como las funciones que cumplen estos líderes y la presencia de grupos armados ilegales en las zonas rurales. En el territorio tienen presencia la guerrilla del ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC –, quienes principalmente operan y controlan las vías fluviales. De acuerdo con los líderes que realizan su trabajo en los municipios de la cuenca del Río San Juan, actualmente no están recibiendo las medidas de protección adecuadas por parte de la UNP ; pues, según ellos, los dejan expuestos frente a los grupos armados ilegales de su territorio debido a la poca capacidad de reacción y la nula comprensión de las particularidades de sus municipios, donde además se le suma la poca presencia de las autoridades. Una fuente del departamento del Chocó*, menciona que es necesaria la implementación de nuevas estrategias de seguridad; pues dichos líderes han denunciado que las medidas de protección son insuficientes, revelando que, paradójicamente, se les entrega un celular en zonas donde no hay cobertura y un chaleco antibalas que los vuelve foco de mayor atención y los deja más expuestos. Por estas razones, es necesario que la UNP considere políticas específicas que tengan en cuenta las particularidades de su territorio y las dinámicas de su trabajo, en especial, que contemplen las visitas a las comunidades ribereñas, en donde pueden encontrarse mayormente con grupos armados ilegales que controlan e imponen horarios para el movimiento de embarcaciones. Varios de los ciudadanos protegidos se han visto en la necesidad de imponer acciones judiciales urgentes ante la justicia , para así obligar a los organismos gubernamentales a mejorar su protección. A pesar de que los tribunales parecen haber puesto atención a este llamado, pues las respuestas de las tutelas empiezan a señalar la necesidad de que la UNP mejore las medidas frente a la situación de hostigamiento que hoy existe en el país, aún no se han empezado a implementar dichos cambios en los mecanismos de protección , dejando nuevamente vulnerables a los líderes y con ellos, a las funciones que cumplen en las comunidades ribereñas, como hacer denuncias sobre la situación de pobreza, abandono de sus poblaciones, y la presencia de los grupos armados ilegales que ejercen control sobre estas zonas.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Este martes 6 de noviembre el Magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz; el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, criticaron el proyecto de Acto Legislativo que pretende modificar a la JEP. Las intervenciones tuvieron lugar en la Cámara de Representantes a propósito de la propuesta abanderada por el Centro Democrático que pasó la instancia de primer debate en la Comisión Primera de Senado. El caballo de batalla de la modificación al acto legislativo es que se nombren 14 magistrados más. En vilo está el juzgamiento de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado. ¿Qué dijo el Magistrado Eduardo Cifuentes? «Vemos como en este último proyecto, del cual ya surgió el primer debate en el Senado de la República, se continua el proceso de descuartizamiento de la JEP». «La JEP de hoy no es la JEP concebida en el Acuerdo de Paz, la JEP de hoy no es ese juez del conflicto armado interno que tiene como misión investigar y juzgar todos los hechos de los últimos 50 años de guerra. Es, ahora, simplemente una JEP que quedó reducida a la que investiga y juzga a los militares y, por otra parte, a los excombatientes de las FARC». «En el camino se le amputó una función muy importante (a la JEP): la investigación y juzgamiento de otras conductas y de otros sujetos que directa o indirectamente participaron en la guerra. Esto hace referencia a los agentes del Estado, a los miembros de la Fuerza Pública y también a otros sujetos que han quedado por fuera, que son los terceros civiles responsables, ni más ni menos». «Si la JEP tiene una función, tiene que cumplirla con todos los sujetos, estos deberían participar en ese ejercicio de verdad y de responsabilidad. Ahora bien, este Acto Legislativo reciente ya parte de la base de una JEP disminuida». «Este proyecto es absolutamente violatorio de la Constitución Política». «Estamos exigiendo lo mínimo a los partidos políticos, de la oposición o mayoritarios, que es cumplir con la Constitución. Aunque el proyecto de Acto Legislativo tenga una última versión, estamos frente a un descuartizamiento inconstitucional de la JEP». «Estamos frente a otro tipo de juez que no se estipuló en los Acuerdos de Paz, esto puede ser un acto de perfidia en términos de derecho internacional». «Se debe prevalecer la igualdad ante le ley, no se pueden crear dos procedimientos distintos sobre el pretexto de la ampliación de grupos de trabajo. Ni tampoco con el pretexto del derecho operacional; no se puede crear una distinción entre magistrados. El derecho operacional, entre otras cosas, es la traducción del DIH, es un elemento que ha sido considerado siempre, eso no puede dar lugar a especializaciones de particulares». ¿Qué dijo el padre Francisco de Roux? «Siento que el país está expuesto a quedar en manos de la Corte Penal Internacional porque no fuimos capaces de defender nuestra Constitución. Me lo pregunto como alguien que no conoce el campo finísimo de mundo jurídico, tengo mas bien la impresión de que se da una victoria política a un grupo político que dijo ‘vamos a cambiar la JEP’. No creo que eso aumente la confianza». «Yo lo digo con toda franqueza a aquellas personas de muy buena voluntad: si el texto original tan bárbaro como era e atentaba contra la Constitución, era tan abiertamente violador de las reglas primeras de este país, tan en contra dela Corte Penal Internacional… hubiese sido mejor dejarlo como estaba, así se hubiese producido un escándalo internacional extraordinario». ¿Qué dijo Luz Marina Monzón? “Hoy, como nunca, todos quienes ejercemos funciones públicas tenemos un imperativo ético que no podemos soslayar. Esto demanda ponernos en condición y en disposición de construir la paz, no hay otra salida, no hay otra oportunidad». «Los cambios que expone el proyecto podrán tener todas las explicaciones del mundo, pero hacia afuera mandan un mensaje a las víctimas, ‘esto es más de lo mismo’, acá no va a pasar nada». «Los cambios que se están dando son cambios que impactan de manera sustancial y estructural la credibilidad y la confianza que es sobre lo que podemos construir, no hay otra cosa». «Esto no llega a las víctimas ni a la sociedad que nos está esperando, esta avanzada no es una actitud responsable con lo acordado”.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Tres soldados de nacionalidad venezolana fueron asesinados en combate con la guerrilla del ELN en el estado fronterizo de Amazonas al sur de Venezuela, se trata de Alfredo Antonio Zolano, José Artahona Díaz y José Jean Pierre Martínez. El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que además de los tres militares muertos, también hay una docena de heridos. Según denuncias del diputado venezolano, Américo De Grazia, el ataque fue cometido por el Bloque de Guerra Oriental del ELN, comandado por Luis Felipe Ortega, de nacionalidad colombiana. Ortega, conocido con el alias de ‘Garganta’, se había establecido en esa zona por su cercanía con la frontera con Colombia, entre el Vichada y Vaupés. Se dice que el ataque pudo haber sido perpetrado en consecuencia a su captura. Ortega tenía documentación venezolana, incluido el reciente ‘carné de la patria’ expedido por el gobierno de Nicolás Maduro para brindar beneficios a ciudadanos. ‘Garganta’ estaba siendo perseguido por las autoridades colombianas y venezolanas por distintos delitos imputados en su contra como los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ataques contra una caravana de Ecopetrol y extorsiones a finqueros, petroleras y comerciantes. Por su parte, las autoridades de Venezuela lo buscaban por el asesinato de un miembro del cuerpo investigativo de la Fiscalía que lo estaba buscando. Sin embargo, el ataque deja mucho que pensar. Pues en reiteradas ocasiones el Gobierno de Colombia ha afirmado que existen lazos entre la Guardia Venezolana y el ELN. Así llegó a decirlo el expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, resulta curioso cómo en los comunicados oficiales el Gobierno de Venezuela no ha nombrado al ELN como responsable, sino ha hablado de “grupos paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio”, como en efecto, afirmó el ministro de Defensa de ese país. También ha llegado a hablarse de ‘un grupo irregular’. El futuro de las relaciones entre Venezuela y Colombia Puede que este ataque ponga en tensión las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Teniendo en cuenta que no están en su mejor momento, pues el actual presidente, Iván Duque, ha deslegitimado el gobierno del vecino país en reiteradas ocasiones, además de las polémicas declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, sobre una posible intervención militar a Venezuela. Por otro lado, respecto al asesinato de los militares venezolanos, Vladimir Padrino, ministro de Defensa del vecino país, argumentó que hay que tener «mucha prudencia, porque por supuesto que allí está la estrategia: provocarnos, producir un falso positivo en frontera y desarrollar una escalada más intensa. No lo permitamos», manifestó. Además, dijo «pero, eso sí, el pueblo de Venezuela que lo sepa: nosotros los soldados, los que vestimos el uniforme patriota estamos dispuestos a dar, a seguir dando nuestras vidas, para preservar nuestro territorio, nuestra soberanía, que para nosotros es sagrado. Grupos armados, llámense cómo se llamen, fuera de Venezuela«. Pese a esto, el Gobierno de Colombia emitió un comunicado oficial mediante la Cancillería, en donde dice que rechaza «el terrorismo y la violencia generada por grupos armados organizados como el ELN, que por años han golpeado a Colombia y su población, y continuará enfrentándolos, en nuestro territorio, en el marco de la legalidad». ¿La Guardia Bolivariana, el ELN y los grupos postFARC? El arco minero del Orinoco tiene una superficie de 111.843km2, divididos en cuatro zonas de explotación y exploración, allí tienen presencia grupos postFARC (Frente 16 y Acacio Medina) y el ELN. Esta última guerrilla tiene control de Puerto Ayacucho, Río Meta y en inmediaciones del Vichada. En esta área hay riqueza en materia de roca bauxita, coltán, diamante, hierro y oro. Los grupos postFARC y el ELN tienen control en la zona y, según denuncias del diputado venezolano Américo de Grazia, tendrían el apoyo de la Guardia Bolivariana. Según una fuente local, en la región hay coordinación entre la Guardia Bolivariana y el ELN. Estas coordinaciones se dan sobre todo por la regulación de economías legales e ilegales. Sin embargo, también se ha visto una expansión del ELN hacia el estado de Amazonas en Venezuela, que colinda con Guainía y Vichada, esta expansión se debe a la economía minera donde el ELN ―como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones― tiene presencia. Para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la rápida expansión de guerrillas y disidencias en el Vichada puede estar asociada a posibles alianzas entre las disidencias y el Frente Rafael Blanco del ELN, el cambio de brazaletes o la colaboración de ex miembros de las FARC. Hay versiones encontradas sobre el desplazamiento del ELN en la cuenca del río Guaviare. No se trataría de presencia real del ELN, sino del uso de brazaletes de disidencias de las FARC que intentan confundir a la población. La autonomía del ELN de movilizarse por esta región puede ser producto de un uso de brazaletes por parte de los hombres de ‘Cadete’ o una coordinación entre estas estructuras aún no dimensionada. Este escenario mostraría la posible articulación entre diferentes grupos disidentes de las FARC (incluyendo a los de ‘Cadete’ y ‘Julián Chollo’ del Acacio Medina), y también la coordinación del ELN con estos grupos.

Foto: tomada de El Tiempo Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El primero de noviembre de 1998, a las 4:45 de la mañana, 1500 hombres de las FARC acorralaron a 120 policías en la estación de guardia de Mitú, la capital del departamento del Vaupés, en lo que se conoce como la Toma de Mitú. 500 hombres de la extinta guerrilla entraron a combatir a la ciudad, mientras que 1000 se quedaron a las afueras, cercando el territorio. A Mitú solo se puede llegar por vía aérea o por el mismo río. Está ubicado en las inmediaciones del río Vaupés. Sin embargo, las dos entradas quedaron bloqueadas, pues la extinta guerrilla se tomó el río y después la pista de aterrizaje. Apenas si había terminado el día de las brujas, cuando los habitantes se despertaron por el ruido de las bombas y las balas que ya empezaban a sonar. Durante los próximos tres días no hubo un solo minuto de sosiego. 72 largas horas. Ese día las FARC le ganaron el pulso al Estado colombiano. Tras 12 horas seguidas de combate, en las que se dispararon 144.000 cartuchos de fusil, el coronel Luis Mendieta, encargado de la guarnición que sufrió el ataque, contó cómo varios de los policías de la estación empezaron a rendirse. Las negociaciones de paz del nuevo presidente, Andrés Pastrana, estaban en curso. Durante el ataque se destruyeron, casi en su totalidad, las casas próximas a las inmediaciones de la estación de Policía. Otros edificios, a su vez, cayeron: la Registraduría, los juzgados, la casa del Vicariato, la sede de Caprecom, Telecom y la Esap; así como el Palacio de Justicia y la Caja Agraria. Mitú quedó rezagado entre los escombros y las ruinas. 61 de los 120 policías de la estación fueron secuestrados. Dos años y medio después del cautiverio 54 de ellos serían liberados en el acuerdo de intercambio humanitario establecido en el marco del proceso de paz en San Vicente del Caguán, entre el gobierno de Andrés Pastrana y la entonces guerrilla de las FARC. Sin embargo, los estragos de la toma se alargaron, pues en 2007, John Frank Pinchao se escapó del secuestro; en la operación Jaque fue liberado el teniente Javier Rodríguez y en el 2010 el general Luis Mendieta, los tenientes Donato y Murillo y el sargento Delgado. El capitán Guevara murió en cautiverio. El intendente Luis Hernando Peña también. Mitú 20 años después Después de las ruinas y el desasosiego que la guerra dejó, los habitantes de Mitú hicieron esfuerzos para continuar y poder, mediante la memoria, resistir las secuelas del conflicto. La ciudad se ha reconstruido poco a poco en materia de infraestructura. Hoy la habitan 46.000 habitantes. A diferencia de los días de la toma, en Mitú, ahora la energía eléctrica está disponible las 24 horas y los demás servicios también le llegan a toda la comunidad. Según cuenta un policía que sobrevivió a la toma, hoy la ciudad se ve mejor que antes de la toma. Pese a esto, las heridas de la guerra no han sanado del todo. En la conmemoración de las dos décadas de la Operación Marquetalia, como la nombró las FARC, los habitantes de Mitú les exigieron a los responsables de la extinta guerrilla que pidan perdón por ese hecho. La secretaria de Gobierno de Mitú, Gina Lorena Romero, dijo en la conmemoración que la presencia estatal que no se veía hace 20 años, hoy sí se les ofrece a los ciudadanos. “La gente está solicitando que [las FARC] vengan a pedir perdón. Ese es el primer paso que debe darse en este sentido de reconciliación”, dijo. Por otro lado, el problema con la memoria es también un problema con la narración. Pues los ahora miembros del Partido FARC se han referido en reiteradas ocasiones a la denominada Operación Marquetalia. Por ejemplo, el hoy Representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, se ha referido al hecho diciendo que “no sigamos estigmatizando. Lo que sucedió en Mitú no fue ninguna toma ni ninguna masacre, eso fue un combate”. 16 de los policías que sobrevivieron al ataque volvieron a Mitú tras 20 años de la toma. Uno de ellos, John Fredy García, dijo «sí los perdoné [a las FARC]; no hay rencores ni nada, no soy nadie para juzgarlos, es mi Dios quien toma la decisión con cada uno de ellos». También muchos de ellos manifestaron su deseo para que las víctimas civiles de la toma sean reparadas y así establecer un proceso de reconciliación.

Por: León Valencia, director – Pares El acuerdo en la Comisión Primera entre el uribismo y los senadores de la mayoría de los partidos para reformar la Justicia Especial para la Paz es el punto más alto en la búsqueda de la impunidad que los partidarios de Uribe emprendieron desde el momento en que se iniciaron las negociaciones en la Habana para terminar el conflicto armado del país. Acuerdan adicionar 14 magistrados y establecen que “para los procesos ante la sección de reconocimiento la sola confesión de quienes puedan ser llamados a comparecer ante la JEP, no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra” y “la información respecto de quienes sean mencionados en la confesión deberá ser contrastada con otras fuentes”. Primero, mediante debates y presiones lograron que los expresidentes del país no estuvieran obligados a concurrir a la JEP y a la Comisión de la Verdad, así quedó consignado en los acuerdos de la Habana. Luego, consiguieron que los llamados “terceros”, empresarios y políticos, tampoco tuvieran esta obligación. Ahora, con el pretexto de proteger a los militares desvirtúan por completo la esencia de la justicia transicional. Esta justicia que es extraordinaria, independiente, temporal y limitada ha sido utilizada en la transición de las dictaduras militares a la democracia y como ingrediente fundamental en los acuerdos de paz. Tiene dos componentes principales: 1. Penas alternativas, que operan como estímulo y como derecho para quienes se someten a estos juicios y 2. La confesión verdadera como deber inapelable para acceder al beneficio de la pena alternativa. Es extraordinaria porque se aparta de los cánones del derecho tradicional y no presume inocencia en el reo; al contrario, en el caso de los procesos de paz, su punto de partida es la aceptación por parte del implicado de la responsabilidad de haber violado el Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto y la condición para permanecer en la jurisdicción es la verdad plena. El texto acordado en la Comisión Primera del Senado es confuso y engañoso e invierte todo el sentido de la confesión. En la justicia transicional el testimonio del acusado no se contrasta con la versión de las víctimas para decidir la condena, se valora si dice verdad o no y si miente sale de los beneficios de la JEP. El uribismo, con el pretexto de proteger a los militares, ha desvalorizado su confesión, le ha quitado la obligación de verdad y de prueba para su condena, con el artero propósito de salvar a los llamados “terceros” que, de ser mencionados en los testimonios de los militares, podrían ser objeto de investigaciones por parte de la justicia ordinaria. Si se llegara aprobar el texto acordado en los debates que faltan en el Senado los militares quedarían con los derechos de la justicia transicional, pero sin los deberes que implica, cosa que no habían pedido hasta ahora los miembros de la fuerza pública, entre ellos varios generales, que están acudiendo a la JEP. En todo caso será muy difícil que esto pase en la Corte Constitucional y en la Corte Penal Internacional, que ya emitió una primera desaprobación. La independencia de los magistrados es clave en esta justicia y eso fue lo que garantizaron el Estado y las FARC al conformar un comité de escogencia con juristas internacionales imparciales y miembros muy respetados de la sociedad colombiana. Todos los magistrados escogidos hacen parte de la franja de intelectuales y miembros de la justicia que en Colombia dejaron hace mucho rato de justificar violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario por causas políticas de cualquier signo. La adición de nuevos magistrados parte de la perversa idea de que los actuales magistrados son partidarios de las FARC y enemigos de los agentes del Estado y de los llamados “terceros”. Pero, además, lleva implícita la idea de que es necesario conformar un organismo paritario en el que estén representadas las tendencias políticas que controvierten alrededor de los acuerdos de paz, proposición totalmente contraria a la naturaleza de la justicia transicional. El Senador Luis Fernando Velasco, en respuesta a mis criticas, me decía en un trino que el gran valor del acuerdo era la legitimación de la JEP por el respaldo político del uribismo. Creo que quienes de buena fe concurrieron al Acuerdo se van a quedar “con el pecado y sin el género”. Están avalando la desfiguración de la misión de la JEP, pero no se librarán de los ataques del uribismo a la justicia transicional. La renegociación del acuerdo de la Habana después del triunfo del No en el plebiscito dejó claro que ellos pueden conquistar modificaciones participando en conversaciones y después se bajan de la concertación y mantienen su controversia.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Tal como lo había previsto José Roberto Acosta, economista, abogado e investigador de la Fundación Paz & Reconciliación, “las deudas de hoy son los impuestos del mañana”. En este sentido, el gobierno logró proponer una ‘ley de financiamiento’ que, en la práctica, no es más que una reforma tributaria para solventar el hueco fiscal aplicándole IVA a la canasta familiar. El proyecto de Ley 240, radicado por el Ministerio de Hacienda, «por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones», será sometido a debate en los próximos días. La propuesta, encabezada por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, conlleva a una extensión de IVA a alimentos que en el pasado no pagaban impuestos o únicamente estaban gravados con el 5%. Esta avanzada del gobierno uribista tendrá serias implicaciones sobre todo a los estratos 1, 2 y 3. El Gobierno propuso la unificación de las tarifas en una única general para el 80% de la canasta básica familiar, de 18% para 2019 y 17% desde 2021. Algunos de los productos que no están consagrados de gravar el IVA son: antibióticos, vitaminas, medicamentos, preservativos y tampones higiénicos. Además, se ha dicho que este gravamen será devuelto a los hogares más pobres por medio del Sisben. Según El Tiempo, la devolución sería de $51.300 al mes. Sin embargo José Roberto Acosta afirma que, en realidad, sería de $49.734 mensuales o pagos bimensuales de $99.468. Esto, para el economista, tiene varias trampas. Primero, se estima que se le haría la entrega de este monto a 4’259,599 millones de hogares, pero el total de hogares en Colombia, según el análisis del Ministerio de Hacienda, es de 14’195,623. Esto significa que, este nuevo impuesto será pagado por 9,936,024 de hogares, afectando gravemente su economía. Segundo, hay serios riesgos sobre los canales de equidad por medio del cual se sustenta el modelo de devolución, puesto que, un canal como el Sisben no actualiza su estratificación desde los años 90. Si bien la entidad sí fue actualizada hace 10 años y se espera que salga Sisben versión 4, sin embargo ese momento está previsto para el 2020. En palabras de Acosta, “es inaceptable que este gobierno se atreva a hablar de devoluciones sin tener listos los canales de equidad como el Sisbén. Es una irresponsabilidad”. Además, el monto es independiente de que la familia gaste o no más de lo devuelto en IVA mensualmente. Es decir, “termina siendo una suerte de subsidio mal diseñado, improvisado, en el que no se está generando equidad”, asegura Acosta. ¿Cómo es el comportamiento del ingreso y gasto de la canasta familiar en Colombia? En este momento, el 53% de los productos de la canasta básica familiar están gravados con un IVA del 19%. Ahora bien, tomado en cuenta la Encuesta Nacional de Presupuestos realizada por el DANE, de los $781.242 que reciben los colombianos como salario mínimo, el 58,8% se destina a servicios públicos, compra de alimentos, transporte, educación y salud, productos que en la actualidad están exentos del IVA. Este gasto corresponde a $459.370. Para José Roberto Acosta, los hogares de ingresos bajos gastan el 38% para la alimentación en productos que no tenían IVA, por eso, en el momento en que lo apliquen el IVA del 18%, se va generar un detrimento del ingreso muy complicado. “Son los hogares bajos los que más se castigan con este impuesto”, afirma. Según la encuesta del DANE, el top 10 de alimentos que más adquieren en los hogares colombianos, va de la siguiente manera; 78,1 % huevos crudos de gallina y otras aves; 74,1% arroz para el seco; 69, 9% pan, carne de res sin hueso 67,2 %; tomate 65,5%; carne de gallina o pollo 65,1%; aceite de girasol, maíz, soya y palma 64, 3%; papa común 62,9%; cebolla cabezona 51,2% y panela cruda 50%. Esta sería la relación con el incremento del costo: ¿Qué papel juega el impuesto al patrimonio y la anulación progresiva de la renta presuntiva? El panorama es que, hoy día, la tarifa es de 3,5% de la renta presuntiva y el objetivo es disminuirla a 3% en el primer año, 2,5% en el siguiente, 2% en el tercero y finalmente 0%. Para José Roberto Acosta, esta ley de financiamiento tiene unas implicaciones muy complicadas, por ejemplo, aunque se vuelve a retomar el impuesto al patrimonio para quienes tengan un patrimonio bruto de más de 3 mil millones de pesos, se les perdona la renta presuntiva a los empresarios. Por otro lado, continúa Acosta, esto permite a los empresarios puedan descontar del impuesto de renta el aporte de pensiones a sus trabajadores, es decir, el régimen de pensiones que se desfinancia por falta de impuesto y de aportes, ahora va a ver una afectación mayor por la extensión de renta. Esto, para el economista, es un debilitamiento indirecto a Colpensiones porque es el ingreso que usa la entidad para sobrevivir, y así, se va marchitando esta fuente de aporte de los empresarios. ¿Qué implica el impuesto de renta a las empresas? Según Acosta, “la disminución de impuesto de renta a las empresas es loable, el problema es la contribución de impuesto que genera la empresa privada. Entre las 100 empresas más grandes en Colombia pagan el 80% de ese impuesto de renta”. La conclusión, para Acosta, es que esta disminución numéricamente solo beneficia a estas 100 empresas van a ahorrarse al año 8 billones de pesos. Ese ahorro, además, será un cargo al bolsillo de los más de 9 millones de hogares colombianos que tendrán que cubrir ese hueco con IVA a los alimentos.

Por: Diana Benavides, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El jueves 1 de noviembre, en la vereda Las Juntas del municipio de Caloto en Cauca, se presentó un ataque a la infraestructura de la Compañía Energética de Occidente – CEO. El hecho sucedió a las 8:45 p.m. y ocasionó fallas e interrupciones en el servicio de energía, dejando al municipio sin el mismo y causando afectaciones en veredas aledañas a la zona alta de las vecinas poblaciones de Corinto, Caloto y Jambaló. En esta región se expresan diversos conflictos entre la fuerza pública, la comunidad y la empresa Energética de Occidente. Recientemente, la CEO expresó que su infraestructura ha sido atacada en diversas ocasiones y, además, que la comunidad hurtó un reconectador indispensable para la prestación del servicio, produciendo daños y fallas en el fluido eléctrico. La región del Norte del Cauca es un territorio estratégico para el desarrollo de economías ilegales, por lo cual sirve a intereses de distintos actores armados que operan en la región. Después del repliegue de las FARC hacia las ZVTN, múltiples grupos armados ilegales se disputan los réditos del narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Al respecto, la Fundación Paz & Reconciliación ha identificado la presencia de grupos armados postFARC provenientes de los extintos Frentes 3, 6 y 30, también del Ejército de Liberación Nacional -ELN, Ejército Popular de Liberación -EPL y del Clan del Golfo. Además, fuentes locales denuncian la presencia del cartel de Sinaloa en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Balboa y Argelia. Las comunidades y organizaciones sociales de esta región, tan duramente asediada por la violencia, expresan tanto la necesidad de cumplir con la implementación de los Acuerdos como la presencia integral del Estado en el territorio. La empresa La Empresa Energética de Occidente (CEO) se dedica, principalmente, a la distribución y comercialización de energía en 38 de los 42 municipios del Cauca. Se creó el año 2010 con el fin de realizar todas las labores administrativas, operativas, técnicas y comerciales para la prestación del servicio de energía a los hogares de la región. En 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que la CEO registró el menor índice de interrupción del servicio. En un contexto de conflicto armado, ilegalidad y ruralidad dispersa, la operación de la empresa debe garantizar que los ciudadanos cuenten con un servicio de energía de gran calidad, confiable y eficiente. Hace apenas un mes, uno de sus operarios fue asesinado en la vereda Jagual del municipio de Corinto. También han recibido amenazas. Además, hace un año hubo un atentado a su infraestructura que afectó a 6.700 usuarios de Toribío, Corinto y Caloto. En julio de este año, la empresa denunció que el ‘vandalismo’ ocasionó que 1.600 personas que viven en la zona rural de Corinto sufrieran fallas en el servicio. En distintas ocasiones, comunidades de estos municipios han tenido encuentros y protestas contra la empresa. Uno de los principales temas de disputa tiene que ver con las conexiones ilegales y el consumo de energía de los cultivos de marihuana, en particular en los invernaderos y secaderos. Para evitar estos consumos irregulares, la empresa instala equipos de protección que traen consigo la interrupción del servicio. En Argelia, por estos motivos, en noviembre de 2017 algunas comunidades retuvieron por 12 horas a personal de la empresa.

Por: Juan Diego Castro, coordinador Comunicaciones – Pares Fundación Paz & Reconciliación – Pares una de las organizaciones más admiradas en 2018 según los líderes de opinión. La Fundación Paz & Reconciliación – Pares recibe con regocijo los resultados de la encuesta del estudio “Panel de Opinión” realizado por la firma Cifras & Conceptos, la cual midió la opinión de 1.812 lideres de opinión en 18 departamentos del país sobre temas políticos, económicos, sociales, y ambientales. El estudio parte del reconocimiento de que los líderes de opinión son “un reducido grupo de personas más involucradas en el acontecer de los temas públicos que el resto de la población”, por lo cual Cifras y Conceptos recoge su opinión de forma sistemática. El estudio, que cumple 10 años midiendo la percepción de los líderes de opinión del país en temas coyunturales de interés público, que también realiza un ranking sobre personalidades de la política regional y nacional y sobre empresas y organizaciones de la sociedad civil, incluye la opinión de expertos de la academia, concejales, senadores, presidentes, vicepresidentes, miembros de juntas directivas y directores de medios. Sobre la pregunta de qué organizaciones de la sociedad civil son las que más admiran los líderes de opinión, la Fundación Paz & Reconciliación – Pares logró posicionarse en el puesto 5 con un 4%, comparado con un 2% del año anterior y un 1% en el 2016. Esto habla bien de el trabajo de investigación y de incidencia en la opinión publica y con tomadores de decisiones que Pares ha logrado consolidar tras 5 años de trabajo como organizaciones de la sociedad civil que le apuesta a la paz y la democratización. Tomado de informe Panel de Opinión 2018, Cifras y Conceptos. Hace 5 años comenzamos el trabajo de investigación con un pequeño grupo de 6 profesionales, con la convicción de que el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP terminaría en un Acuerdo; no nos equivocamos. Ahora, en momentos en que el país dimensiona que los problemas de Colombia no solo se originaban de la guerra con las FARC, sino que existen muchas otras variables que inciden en la violencia que se vive en muchas partes del país, y que la corrupción profundiza los problemas sociales, económicos y culturales, Pares le apuesta a la innovación para maximizar su potencial en investigación. Hoy, con un equipo de más de 40 profesionales, con presencia estable en el litoral pacífico, y semi estable en 17 regiones del país, anunciamos para el mes de diciembre el lanzamiento de nuestra herramienta digital SI PARES, con la cual la opinión publica podrá ver desde una plataforma interactiva los diferentes datos de contexto territorial, de dinámicas de violencia en zonas postfarc, y de seguimiento sistemático a nivel nacional de la situación de victimización de líderes sociales. Igualmente anunciamos el desarrollo de una plataforma Anticorrupción que se perfila para el año 2019. La Fundación Paz & Reconciliación – Pares, agradece la confianza que los lideres de opinión han puesto en nuestro trabajo. Seguiremos adelante para vigilar la salud de la democracia y promover la paz y la reconciliación en Colombia.

Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El acto legislativo que modifica la JEP, aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado esta semana, resulta en un grave riesgo para la labor que esta desempeña, específicamente en lo que respecta a los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado. Dicho acto legislativo parte de supuestos erróneos y altera de forma profunda la composición y equilibrio de esta Jurisdicción, específicamente en lo que respecta a la centralidad de las víctimas, su pilar fundamental. En primer lugar, aprobar que se nombren 14 magistrados adicionales, sobre la base de que los actuales no conocen de derecho operacional o de derecho internacional humanitario es errado. El principal criterio para la selección de los actuales magistrados fue su probado conocimiento en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, bases y marco interpretativo del derecho operacional de los estados; adicionalmente, el Comité de Escogencia dio representación a distintas especialidades que se han percibido como necesarias en las experiencias de justicia transicional alrededor del mundo, así, fueron nombrados dos exmilitares (una mujer y un hombre), tres representantes de comunidades indígenas, tres de comunidades afrocolombianas, expertas en enfoque de género y DDHH y claro, numerosos expertos en DIH, que han trabajado incluso en tribunales internacionales como el Tribunal para Ruanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, esto sin contar las diversas experticias que se encuentra en cada despacho. En concordancia, la selección de 14 magistrados adicionales, expertos en derecho operacional, resulta en un desequilibrio para la Jurisdicción, pues no es justificable que prime en estala centralidad de los victimarios, escogiéndose magistrados para juzgar de forma exclusiva a los militares. Cabe preguntarse si, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas violentadas por miembros de la FFPP, ¿no amerita la participación de los magistrados ya seleccionados pertenecientes a estas minorías?, ¿no era acaso ese el objetivo de incluirlos? O, ¿no amerita acaso que en los casos de violencia sexual en los que se vieron inmiscuidos miembros dela FFPP, participen magistradas y magistrados expertos en enfoque de género que puedan dimensionar realmente los daños causados? o, ¿primará para estos casos un enfoque operacional?. El mismo criterio de desequilibrio frente a la centralidad de las víctimas puede aplicar para la última disposición del primer artículo del proyecto de acto legislativo, que establece que todas las salas y secciones se organizarán en grupos que trabajarán por separado los casos de FFPP y la guerrilla. En principio, los criterios de selección de los casos no estaban ligados a los victimarios sino a las condiciones de las víctimas y los patrones de macrociminalidad. Con esta excepcionalidad, no se podrán, por ejemplo, abrir casos regionales que involucren miembros de la FFPP y de la guerrilla, pues la excepción a los magistrados de trabajar con comparecientes de ambos bandos lo impediría. Esto implicaría, por ejemplo, que el caso recién abierto sobre algunos municipios del departamento de Nariño, priorizado y agrupado en razón de la identidad de las víctimas, en su mayoría pertenecientes a la comunidad Awa y a comunidades afrodescendientes, y que abarca diversos hechos victimizantes y comparecientes de la guerrilla y la FFPP, así como agentes del Estado, podría ser cerrado para ser replanteado. Lo mismo aplicaría en último caso abierto sobre la región de Urabá; esto significa que, en total, dos de los cuatro casos abiertos actualmente en la JEP podrían cerrarse para ser replanteados. El proyecto de acto legislativo apenas pasa el primer debate, es decir aún le faltan siete, y los Congresistas que votaron a favor de este en la Comisión Primera firmaron un pacto donde se específica que no se podrá añadir temas adicionales a los plasmados en el proyecto. No obstante, el peligro sigue latente, en la medida que en vista del pacto aún falta discutir dos cambios que se insertan en el mismo tema y que podrían lacerar aún más los derechos de las víctimas en el sistema: que se nombre un igual número de magistrados a los actuales, tema que quedó abierto a debate en el compromiso entre los parlamentarios y que se les de exclusividad para conocer de los casos que traten sobre agentes de la FFPP, agentes del Estado en general y terceros, que estaría en concordancia con el último párrafo del primer artículo aprobado que divide el trabajo de la Jurisdicción en razón de los comparecientes. En este caso, los impactos anteriores se magnificarían.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares En Nariño, las familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) se encuentran inconformes. Esto se debe a varias problemáticas que vienen desde la falta de financiamiento por parte del Estado, hasta problemáticas internas del programa. Sin embargo, el problema de la sustitución ―forzada o voluntaria― proviene de un asunto de perspectiva que ha cambiado en el periodo Santos y en el periodo Duque. En el Acuerdo de Paz se estableció que se haría una Reforma Rural Integral para transformar de manera integral las condiciones de vida de las comunidades rurales, mediante la superación de la pobreza y de la brecha entre el campo y la ciudad. Así se estableció el PNIS como programa para ejecutar procesos de construcción y desarrollo participativos a través de asambleas comunitarias. Sin embargo, el actual presidente de la República, Iván Duque, más allá de la erradicación voluntaria de cultivos, ha promovido la sustitución forzada. Esto es cada vez más claro, al afirmar que se retomará la aspersión aérea para la erradicación. Además, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ratificó esta posición al decir públicamente hace una semana que “es importante la aspersión aérea para no arriesgar la vida de los policías”, refiriéndose al policía que murió debido a una mina antipersonal el 29 de octubre de este año. Esto ha hecho que el empalme y las perspectivas entre el anterior y el actual gobierno sean cada vez más disímiles. Lo que afecta directamente el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de los 64 municipios que tiene Nariño, 27 tienen afectación por coca. Es el departamento con mayor cantidad de cultivos de coca desde el 2003, y para 2017 acumulaba un total de 45.734,6 hectáreas, es decir, el 26% del total nacional. Además, recientemente, el representante de la UNODC, Bo Mathiasen, aseguró que “en Nariño existe la misma cantidad de hectáreas de coca de las que existen en Perú”. ¿Por qué se estancó el PNIS en Nariño? Los contratistas del PNIS, más allá de la verificación de resultados, deben encargarse de realizar la inscripción de familias al programa, los pagos correspondientes a las familias inscritas y, sobre todo, conformar la Comisión Municipal de Planeación Participativa. En esta última se articulan los planes de cada comunidad en el Plan de Atención Inmediata (PAI) y Plan Integral Comunitario y Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). A través de la Comisión Municipal se construyen el PAI y el PISDA, que tienen una incidencia directa sobre las regiones. Sin embargo, estos planes dependen del Consejo Permanente de Dirección del PNIS. El último tuvo lugar el 18 de julio, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Después de esto, el encargado actual del PNIS, Daniel Ramírez, no tiene capacidad de decisión. En este sentido, el Consejo Permanente no está sesionando y se está limitando a seguir directrices del Gobierno. Lo que ha generado los atrasos en la implementación del PNIS. El PISDA tiene como propósito dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito mediante la construcción comunitaria, participativa y concertada. Por otro lado, el PAI está pensado para garantizar los ingresos de las familias que sustituirán los cultivos. El PAI promete otorgarles a las familias en proceso de sustitución un millón de pesos mensuales durante un año para poder tener seguridad económica mientras realizan el proceso de sustitución. Sin embargo, pese a que 23.500 familias de Nariño firmaron pacto de voluntades para entrar en el PNIS, 16.000 de ellas se encuentran inconformes con el programa. Primero, por los atrasos en los pagos del PAI y segundo porque no se han concretado los proyectos productivos que permitan a las familias establecer una transición económica que les garantice su sustento. El gobierno brindó nueve millones de pesos a la mitad de las familias suscritas al PNIS para desarrollar proyectos productivos a mediano y a largo plazo. Sin embargo,para el resto de las familias que buscaban la atención del proyecto, la situación está en veremos. Pero también hay problemas estructurales en el PNIS. El primero de ellos es el financiamiento. El gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, dijo que el PNIS nació desfinanciado. Según Romero, “el Gobierno Nacional debió invertir $1,8 billones para que las 50.000 familias interesadas en la sustitución voluntaria acabaran con los cultivos de uso ilícito, pese a esto, los recursos comprometidos no llegan a los $50.000 millones”. Finalmente, los proyectos productivos que benefician a las familias y comunidades inscritas se construyen sí y solo sí hay asistencia técnica. Sin embargo, esta asistencia técnica se escoge a través de la Comisión Municipal de Planeación, es allí donde se selecciona a los operadores encargados. El problema recae en que, como lo menciona el nuevo consejero para el postconflicto, Emilio Archila Peñalosa, no hay recursos suficientes para realizar asistencia técnica. Además, como las Comisiones Municipales no están funcionando, no se está escogiendo a ningún operador y, a su vez, esto impide que los proyectos productivos no puedan ser aprobados y, por ende, financiados. Así las cosas, hay problemas concatenados en el funcionamiento integral del PNIS. Hoy por hoy, el PNIS tiene un palo en la rueda. Los habitantes de Nariño siguen esperando.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Han pasado 45 días desde la decisión del nuevo gobierno de retirar a la comitiva negociadora del proceso de paz con el ELN. En el aire continua la duda de si el gobierno uribista va a conformar un nuevo equipo o recrudece el abandono perentorio de la mesa y, con ella, la posibilidad de paz con la guerrilla. Es importante precisar que esta decisión afectó el Comité Técnico para el Diseño del Cese al Fuego. La voluntad del gobierno preocupa, puesto que hay una visible dilatación en la asignación de negociadores después de que el presidente Iván Duque Márquez, por medio de la resolución 237 el 18 de septiembre de 2018, retiró la designación como representantes del gobierno a Gustavo Bell (jefe de la mesa), Beatriz Rettberg, Luz del Socorro Ramírez, Freddy José Padilla de León, Carlos Alonso Rojas, Alberto Fergusson, José Noé Ríos y Edgar Reyes, quienes constituían el equipo negociador. Según las declaraciones de La Iniciativa Unión por la Paz, el fracaso de la mesa de negociaciones entre ELN y Gobierno implicaría un retroceso para la consolidación de una paz completa en el territorio. Así mismo, implicaría una agudización de la violencia entre las partes en más de 100 municipios en donde hoy tiene presencia la guerrilla. Además, se perdería la metodología de negociación que permitiría el cese bilateral del fuego, la desestabilización está a la vuelta de la esquina. La declaración hace especial énfasis en el papel de la sociedad civil para que continúe y se logren acuerdos sobre lo fundamental y estructural del ELN en La Habana. A propósito de esa presión de la sociedad civil, la encuesta sobre la viabilidad del dialogo para la sociedad civil, elaborada por Gallup, arrojó los siguientes resultados: El panorama, según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, es el siguiente: por un lado, hay un crecimiento de la tropa/militancia del ELN, también un aumento de la producción de violencia y demostración de capacidad bélica; por otro, a largo plazo, se presentaría un debilitamiento vía militar y jurídica. Hay que tener en cuenta el nuevo panorama de seguridad donde suscitan unas transformaciones en la dinámica criminal con la proliferación, descentralización y desconcentración de los Grupos Armados Organizados con nuevos repertorios de acción. También hay una disposición de gobierno en potenciar capacidades de la fuerza pública y financiación de la guerra. ¿Cómo son esas nuevas disposiciones en territorio? En 78 municipios priorizados para el postconflicto por la Fundación Paz & Reconciliación se presenta una expansión de Grupos Armados Ilegales. Además, en 55 de ellos ha aumentado el numero de homicidios de 2016 a 2017 según las cifras de la Policía Nacional. Es importante señalar que, a nivel territorial —previo a la firma del Acuerdo de Paz— el ELN tenía presencia en 96 municipios. Posterior al repliegue de las FARC a las Zonas Veredales, el ELN se expandió a 13 municipios más y consolidó su control territorial en otros 4. Adicionalmente, en donde había presencia histórica de este grupo guerrillero como en Catatumbo, Arauca, Cauca, Nariño y sur de Bolívar, se fortalecieron los mecanismos de control social debido a la ausencia de disputa. Mientras que en otros lugares como Antioquia y Urabá chocoano se recrudecieron las confrontaciones entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y ELN. ¿Qué ha implicado el despeje de zonas por parte de las antiguas guerrillas de las FARC-EP? Las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para llenar el vacío que dejó la salida de las FARC son sobre todo son visibles en los servicios asociados a la gestión de conflictos vecinales y asuntos de justicia. Este fenómeno ocurrió particularmente en el oriente colombiano y sur del Chocó. Otro aspecto a destacar suscita en la captación de rentas ilegales, esto también relacionado con el vacío que dejaron las FARC, permitiendo disponer de mayores recursos para llevar a cabo sus acciones. Las zonas en este caso son Nariño y sur del Chocó. ¿Qué incidencia ha tenido la mesa negociadora en el accionar territorial del ELN? El ELN ha aprovechado los diálogos de paz para oxigenar y reformular su táctica y estrategia, y sin duda, el desescalamiento de la confrontación le ha permitido actuar con mayor confianza en los territorios. ¿Qué a dicho el vocero negociador del ELN? Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz, afirmó que, pese a la negativa de continuar con las negociaciones de paz, se mantendrán en la mesa, esperando que el Gobierno Nacional presente sus propuestas para hacer los ajustes pertinentes y así establecer acuerdos para disminuir el conflicto. Además, el jefe guerrillero, dijo que en todos los territorios donde existe presencia del ELN hay operaciones contra insurgentes “de bastante profundidad, llegada de nuevos grupos paramilitares y todo eso pone a nuestras fuerzas en una obligación de resistir y responder”. ¿Qué voluntades hay para el acercamiento para la negociación? Sobre la posibilidad de mantener la mesa de negociación, el gobierno ha sido enfático sobre el tema de los secuestrados, es más, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “El ELN debe dar una información clara de cuál es la situación de todos los secuestrados que tiene esa guerrilla que, de acuerdo con la verificación del Gobierno Nacional, son más de diez en su poder”. Sin embargo, sobre las declaraciones de Ceballos, alrededor de las 11 de la mañana de este 1 de noviembre, dijo Beltrán que el Alto Comisionado para la Paz “no aparece para la reunión que el mismo ofreció para después de las liberaciones de soldados y policías que fueron detenidos en el Chocó y Arauca por el ELN”.