Por: Mateo Córdoba, colaborador Pares El pasado 26 de octubre inició un operativo en la zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el cual más de 1.000 efectivos de la Policía, el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD), el Ejército y la Fiscalía ingresaron a jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Picachos para realizar el decomiso de cerca de 700 reses y capturar a presuntos responsables de la tala ilegal que durante los últimos meses amenaza las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Ante el operativo, que se adelantó sin ningún aviso a las autoridades municipales, las comunidades campesinas habitantes de la zona denunciaron que la actuación de la fuerza pública violó sus derechos fundamentales y que, en lugar de una acción efectiva contra las mafias responsables de la deforestación, se estaba criminalizando a los campesinos, cerrando las vías de diálogo y desconociendo a cientos de familia que llevan décadas viviendo en la zona sin ninguna atención por parte del Estado. El camino de la Reforma Rural Integral En un video que se viralizó en cuestión de horas, aparece el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Lozada, municipio de La Macarena, denunciando el carácter arbitrario y el uso desmedido de la fuerza en el operativo dentro del PNN Picachos. Un integrante de la Dijin comunicó a los campesinos que el operativo tenía que ver con una extinción de dominio en terrenos que se encuentran dentro de la jurisdicción del parque y que son usados para actividades ganaderas. Miembros del ESMAD ingresaron al parque y, según la versión de los campesinos, quemaron los corrales y, ante el agrupamiento de varias personas que se negaban a salir de los predios, lanzaron gases y dispararon contra la población. En la lucha contra la deforestación, el gobierno parece haber escogido la ruta de los resultados más pequeños y la criminalización de los campesinos que habitan los Parques Nacionales. Teniendo en cuenta que las actividades productivas de cualquier índole (minería, agricultura, ganadería, etc.) están prohibidas dentro de las áreas protegidas por el grave impacto que pueden llegar a tener en ecosistemas frágiles, la solución necesita de una disposición integral del Estado, privilegiando el diálogo como forma de tramitar conflictos ambientales de vieja data. En el acuerdo final de La Habana el Estado se comprometió a adelantar un Plan de Zonificación Ambiental (punto 1.1.10) en un plazo de dos años que permitiera actualizar el inventario ambiental del país, todo en virtud del cierre de la frontera agrícola. En ese mismo punto quedó acordado que “el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y organizaciones rurales —hombres y mujeres— como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socio- ambientales y del bien común”. Los diálogos comunidad-Estado han demostrado efectividad para manejar ambientalmente áreas protegidas y, ante la salida de las FARC, el trabajo mancomunado con los campesinos puede garantizar que la paradoja ambiental del posconflicto no termine por desaparecer ecosistemas amazónicos. Insistir en el gas lacrimógeno y el cuerpo del ESMAD como guardián del bosque puede empeorar la situación de los parques nacionales y mantener intactos los verdaderos hilos de la tala ilegal en el Amazonas colombiano. ¿Qué está pasando en la Amazonía? Entre las zonas que en el pasado fueron estratégicas para las FARC en el marco del conflicto armado se encuentra el Amazonas colombiano y, particularmente, uno de los megacorredores de biodiversidad más importantes del país que conecta a la Amazonía con los Andes colombianos. La paradoja que en el pasado hacia coincidir geográficamente a los actores armados con las zonas de mayor concentración de vida silvestre, hoy, en tiempos de postconflicto, supone un solapamiento territorial entre las zonas más biodiversas del país y los territorios más afectados por el avance estrepitoso de la deforestación. Todo lo anterior, en las llamadas zonas postfarc, de antiguo control de dicha estructura insurgente. Hay, específicamente, cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN) fundamentales para la conservación de ecosistemas amazónicos frágiles y la conectividad con los Andes, que se encuentran expuestos, casi como ninguna otra zona del país, a la deforestación y la posterior praderización de vastas zonas dentro de su jurisdicción: Picachos, Tinigua, Serranía de La Macarena y Serranía del Chiribiquete. Los primeros tres mantienen jurisdicciones contiguas que conforman una de las áreas protegidas más extensas del país, iniciando en la Cordillera de los Andes con ecosistemas de páramo y continuando hacia el sureste hasta toparse con el Chiribiquete, la médula de la Amazonía colombiana. Hace dos años, ante la nueva realidad territorial que suponía la concentración y el desarme de las FARC, la deforestación empezó a ganar terreno ante el vacío de autoridad y el nuevo mapa de actores en disputa por las economías ilegales. Para el primer trimestre del 2018, el municipio de La Macarena, Meta, registró la mayor tasa de deforestación a nivel nacional, llegando a concentrar cerca del 20% de la deforestación del país. Así mismo, fue el PNN Tinigua el área protegida más golpeada por la remoción de capas de bosque, con más del 80% de la deforestación en el total de Parques Nacionales, seguido muy de cerca por el PNN Serranía Los Picachos. De igual forma, el PNN Sierra de la Macarena reportó importantes longitudes de bosque quemadas, lo que permite perfilar la deforestación al sur del país como un problema de gran calado en materia ambiental, de seguridad y de posconflicto, pues en el municipio de La Macarena es uno de los que mayor control de las FARC llegó a tener y, actualmente, allí se encuentra el ETCR Urias Rondón. Los responsables La contundencia gráfica de las imágenes de la deforestación en la Amazonía ha llevado al Estado, en un afán por dar resultados, a estructurar planes sin impacto real y que agudizan la problemática en áreas protegidas. Aunque se sabe que hay mafias regionales muy lejos del Amazonas, con mucho poder político y económico, coordinando la nueva colonización en los bosques protegidos del sur colombiano, la Fiscalía y la fuerza pública enfocan sus acciones en las capturas rápidas y la judicialización de familias campesinas que llegan a la zona. La inteligencia militar sigue rezagada en la identificación de las personas, las estructuras y el dinero que impulsa la deforestación en el país. Por ende, el último eslabón en la cadena de la deforestación está recibiendo todo el peso de los operativos de la fuerza pública. O sea, las familias colonizadoras. Los resultados que muestra la Fiscalía en las acciones que lidera contra la deforestación en áreas protegidas suelen encontrarse un par de motosierras incautadas, cabezas de ganado decomisadas y campesinos judicializados. Se sabe que detrás de la tala ilegal y la invasión a Parques Nacionales Naturales se encuentran grupos armados, grandes latifundistas y mafias regionales que actúan arropados por la omisión e indiferencia de autoridades municipales y departamentales. La disidencia de alias ‘Gentil Duarte’ está agenciando la deforestación y el acaparamiento de tierras al sur del Guaviare y, así mismo, se sabe de latifundistas del norte del país que pagan a nuevos colonos para que adelanten la praderización dentro de áreas protegidas en Caquetá, sur del Meta y Putumayo. Particularmente en el PNN Tinigua los funcionarios de Parques Nacionales tuvieron que abandonar el área y trasladar su centro operaciones ala ciudad de Villavicencio por presión y amenazas de grupos armados que controlan la zona rural de La Macarena.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El Gobierno de Iván Duque y, principalmente, su partido, el Centro Democrático, han tomado dos grandes decisiones frente al modelo de justicia transicional creado en el marco del proceso de paz. El acuerdo creó la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual es la encargada de revisar y juzgar todo lo ocurrido durante el conflicto armado. La primera decisión del Gobierno y la coalición en el Congreso es limitar las acciones de la JEP, torpedearla y paralizarla. La segunda acción es irla desgranando y al final convertirla en el tribunal para que juzgue a la exguerrilla de las FARC. Sobre el primer asunto, hace poco más de una semana, a última hora, a pupitrazo limpio, sin lugar a discusiones y con las costumbres de la vieja clase política, el Congreso nacional y las mayorías del Gobierno aprobaron el presupuesto nacional. La Cámara de Representantes o Cámara baja ya había aprobado las cuentas y luego, en el Senado, no se discutió nada. La mayoría gubernamental hizo que se votara de inmediato con al argumento de que ya la Cámara lo había hecho todo. Obviamente, en medio del articulado de la Ley de Presupuesto se metieron los populares “micos”, que son aquellos artículos que camuflan impactos institucionales que no son declarados ni discutidos abiertamente. Uno de esos “micos” es el artículo 133. Afirma que el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz será administrado por el Ministerio de Hacienda, lo cual viola la autonomía de poderes. Pero, además, los ingresos se otorgarán sala por sala, es decir, el Gobierno financiará las salas que quiera y las que no quiera las bloqueará. Además de bloquear la JEP financieramente, la han ido desgranando. Por un lado, durante la reforma constitucional que la creó se sacó, por medio de una proposición en el Congreso, a los famosos “terceros”; es decir, todos los empresarios, políticos y civiles que se beneficiaron del conflicto armado y que fueron determinadores de graves crímenes. Ahora, se presentó un proyecto de ley para sacar a los militares y dejar la JEP para que solo juzgue a los exguerrilleros de las FARC. Hace unos días, el proyecto de ley se hundió en la Comisión Primera de Senado. Inmediatamente, la senadora Paloma Valencia, quien pertenece al Centro Democrático, anunció un referendo para lograr sacar a los militares de la JEP y crearles un modelo paralelo para que los juzgue. El problema con todo esto es que el partido de Gobierno está provocando un verdadero cataclismo y está llevando a sus socios a un salto al vacío. La explicación es la siguiente. La Corte Penal Internacional (CPI) habría dado un plazo a Colombia hasta el mes de noviembre de 2018 para que el Estado mostrara acciones de justicia contra determinadores de crímenes internacionales. De no ser así, iniciarían acciones en Colombia y obviamente los agentes del Estado son los primeros en estar en la mira. Más de 4.000 colombianos fueron asesinados y disfrazados de guerrilleros para ser presentado como positivos en combate, algo que se conoce en Colombia como ‘Falsos Positivos’ y que jurídicamente sería un caso de ejecuciones extrajudiciales. Además, varios agentes institucionales participaron en el exterminio de un partido político conocido como la Unión Patriótica, en el que más de 3.000 de sus militantes fueron asesinados. Tradicionalmente, para el Sistema Internacional de los Derechos Humanos el comportamiento de los agentes legales es más importante que el de los grupos armados ilegales. Esto se deriva de la base del Derecho, según la cual los ciudadanos ceden su capacidad de hacer justicia y la seguridad a un Estado. A esto se le conoce como el contractualismo liberal, de tal forma que las acciones de agentes del Estado tienen una doble gravedad, primero por el crimen que cometieron y segundo porque en ellos los ciudadanos habían confiado su seguridad. De un agente ilegal se puede esperar cualquier cosa, pero de agentes legales la situación podría ser considerada de mayor gravedad. En todo caso la CPI revisará todo tipo de responsabilidades, tanto de los antiguos miembros FARC como de agentes estatales. Lo que queda claro para la Justicia Internacional es que, en lo fundamental, las FARC desaparecieron como grupo armado ilegal, es decir, entregaron las armas, dejaron de existir. Pero el Estado colombiano en su aparato militar no sufrió ningún cambio en el marco del acuerdo de paz. Por ello, las llamadas garantías de no repetición deben ser exigidas a los excombatientes, pero también, con mucha fuerza, a los agentes estatales que en teoría salieron sin ninguna afectación. Así las cosas, el Centro Democrático, el partido de Gobierno, está llevando a las Fuerzas Militares a un callejón sin salida, que puede terminar con el juicio internacional de varios generales, exgenerales y oficiales de las Fuerzas Pública Colombiana. Artículo publicado inicialmente en El País.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El Centro Democrático y Cambio Radical radicaron un proyecto de acto legislativo que pretendía crear una sala especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exclusiva para las Fuerzas Militares. Sin embargo, parecía que el pulso lo había ganado la JEP, pero el día de ayer el gobierno, por medio del ministro de Defensa Guillermo Botero y la ministra de Interior Nancy Patricia Gutiérrez, revivió el debate que será votado hoy. El tratamiento diferenciado que pretende este proyecto tendría magistrados distintos para las FFM.M. ante Tribunal para la Paz. El argumento es que, como lo ha manifestado la Senadora Paloma Valencia —coproponente del acto legislativo—, “las Fuerzas Armadas de un país democrático no se pueden equilibrar, poner al mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas” y, además, apelan al supuesto sesgo ideológico por parte del tribunal que configura la JEP. La propuesta, que no tuvo éxito el pasado jueves 25 de octubre, proponía la creación de dos salas de primera instancia, una sección para la revisión de sentencias y una sección de apelación. Los jueces, como se ha pretendido estas semanas, deberían ser escogidos por el presidente Iván Duque. En busca de revivir el proyecto, como han sugerido en las toldas de los partidos proponentes, con mayor fuerza la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, abandera la insistencia en el nombramiento de los nuevos magistrados, pero que en vez de que sea por medio del presidente, lo haga el Congreso. Los magistrados de esas salas, según el proyecto, deben expertos en Derecho Internacional Humanitario. Se pretende, en este sentido, crear una Unidad de Investigación y Acusación para Miembros de la Fuerza Pública, integrada por un mínimo de 8 fiscales y 1 coordinador de dicha unidad, los cuales serían designados por el Fiscal General de la Nación —Néstor Humberto Martínez—, dichas disposiciones en el marco de las funciones establecidas para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. ¿Qué incluyen las nuevas disposiciones del Proyecto de Acto Legislativo? Además, el proyecto radicado incorpora un artículo nuevo en el acto legislativo 01 de 2017, que demanda un procedimiento que no “favorece” la confesión como mecanismo para obtener beneficios. Esto significa que todos los miembros de las Fuerzas Militares que hayan pagado 5 años de detención por los crímenes cometidos en el conflicto armado podrán aplicar a una libertad condicional bien sea antes, durante o después del sometimiento mismo ante la JEP. El articulo 6 del proyecto expone que “todas las instituciones a las que pertenecen los miembros de la fuerza pública deben tener un abogado que se encargue de la defensa del buen nombre de la institución que sea mencionada en los procesos. Además, proveerán defensa técnica y especializada gratuita para los miembros de la fuerza pública que sean sujetos de procesos ante la JEP”. Otro artículo incluido en el acto legislativo involucra a la Procuraduría General de la Nación, pues demanda la intervención del órgano en los procesos que se adelanten tanto en la Sala como en el Tribunal Especial para los miembros de las FFMM. El papel del Procurado r—Fernando Carrillo— sería designar agentes especiales que intervengan en actuaciones y procesos de los agentes de la Fuerza Publica ante la Sala y las secciones. El proyecto también consagra los escenarios de conflicto de competencia que estas disposiciones puedan traer entre la Sala de Determinación de Competencia de los miembros de la Fuerza Pública y las otras jurisprudencias de la JEP, de la cual la decisión que prevalecerá la de la Sala diferencial para los miembros de las FFMM. ¿Cuál ha sido el papel de las Fuerzas Militares en la JEP? Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ejército Nacional ha estado vinculado a 1065 casos en desaparición forzada, 2988 casos en asesinatos selectivos, 219 masacres y 126 en casos de violencia sexual. El papel en general de las fuerzas militares para la reconstrucción de la verdad es preponderante, esta es una radiografía de los casos que tienen relación con su accionar: ¿Quienes deciden la viabilidad de este proyecto de Acto Legislativo? Lo primero que hay que precisar es que no sólo quienes han estado en contra de la intervención y detrimento de lo acordado en La Habana son los verdugos de la iniciativa del proyecto, sino que también es una carrera contra el tiempo para que el proyecto atraviese las 8 instancias de debate de aquí a el 16 de diciembre. La cancha está dividida de la siguiente manera, teniendo en cuenta que se necesitan solo 9 votos para la aprobación: SÍ: Paloma Valencia (Centro Democrático), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Santiago Valencia (Centro Democrático); Esperanza Andrade (Partido Conservador), Eduardo Enríquez (Partido Conservador), Juan Carlos García (Partido Conservador), Carlos Guevara (Mira), Germán Varón (Cambio Radical), Armando Benedetti (la U). NO: Roy Barreras (La U), Roosvelt Rodríguez (La U), Luis Fernando Velasco (Liberal), Fabio Amin (Liberal), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Iván Name (Alianza Verde), Angélica Lozano (Alianza Verde), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Gustavo Petro (Colombia Humana). A propósito de las Fuerzas Armadas y la JEP En las horas de la mañana del 30 de octubre, La Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP dos informes que relacionan las desapariciones forzadas cometidas por exguerrilleros de las FARC (primer informe) y por miembros de la Fuerza Pública (segundo informe). La desaparición forzada es uno de los grandes flagelos no solo durante el conflicto armado sino para la implementación y la búsqueda de verdad. Teniendo en cuenta el universo de victimas y las vicisitudes propias que recrudecieron la guerra en varias escalas. Las Fuerzas Militares, según este informe, han entregado información de 294 procesos con 675 víctimas identificadas. Hay 1.244 personas procesadas: 815 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos, 94 integrantes de la Policía Nacional, 14 funcionarios del extinto DAS y 10 de la Armada Nacional. Los registros muestran que los departamentos con más víctimas, con un 74.74% del total, son: Antioquia, Casanare, Santander, Meta, Magdalena, Bolívar, Bogotá D.C., Chocó y Norte de Santander.

Por: Diego Alejandro Restrepo, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En la madrugada del 30 de octubre, cinco personas fueron asesinadas en el corregimiento de San Antonio, municipio de López de Micay, ubicado en la Costa Pacífica Caucana. Según fuentes locales, hombres con armas largas entraron a un billar y dispararon de manera indiscriminada asesinando a dos hombres y tres mujeres que se encontraban en el lugar. Los nombres de las mujeres asesinadas son: Erika Riascos, Esther Valencia y Paola Germán. De los dos hombres asesinados aún no se han hecho públicas sus identidades. Además, se conoce que dos hombres más quedaron gravemente heridos y otros dos huyeron del recinto y se lanzaron al río, sin embargo, no se sabe nada aún de estas personas. Por su parte, medios nacionales han señalada que el lunes 29 de octubre también fue asesinada una persona en el caso urbano de López de Micay, por lo que se presume que estas acciones se vienen presentando en el marco de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales presentes en la zona. Desde la salida de las FARC-EP de la Costa Pacífica Caucana, su población ha experimentado un vacío de poder que idealmente debía ser copado por las instituciones estatales a través de la administración de justicia y seguridad y, a su vez, de la garantía de derechos en el territorio. No obstante, ante la debilidad estatal, el ELN y Guerrillas Unidas del Pacífico se han disputado el control territorial y los réditos económicos de la minería ilegal, los cultivos de coca y el narcotráfico. Actualmente, el ELN tiene el control territorial en el casco urbano del municipio a través del Frente José María Becerra, al mando de alias “Marcos”, mientras que las GUP tienen control sobre las partes bajas del río Micay en zona rural, más relacionadas con los cultivos de coca y la minería. Según fuentes en territorio, existe un estado de zozobra constante en el municipio debido a que muchos de sus pobladores han sido acusados de “informantes” de uno u otro grupo, por lo cual, el silencio impera en López. Sumado a estas dificultades, las comunidades denuncian que la Fuerza Pública no actúa frente a las situaciones de violencia que se presentan en López, especialmente, por temor a ser diezmados por la capacidad bélica de estos actores armados ilegales. La masacre de López de Micay confirma la escalada de la violencia en el Pacífico Caucano, la necesidad de fortalecer la institucionalidad integral en el territorio y también genera una alerta frente a la expansión de grupos armados ilegales desde el Pacífico Sur, como es el caso de las GUP. La población del municipio espera acciones contundentes para juzgar a los responsables y prevenir una nueva oleada de violencia.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Hoy, 30 de octubre de 2018, se llevará a cabo la votación en la Cámara de Representantes para decidir si fragua o no la moción de censura contra el dos veces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La decisión está en boga luego de su fracaso en el Senado, pues la Mesa Directiva de ese recinto negó la moción con la votación en contra de Ernesto Macías y Eduardo Pulgar, mientras que la senadora Angélica Lozano votó a favor. Para intentar aplicarle de nuevo la moción de censura a Carrasquilla, Wilmer Leal, representante por el Partido Verde en la Cámara, recogió 21 firmas de representantes. De esta manera, el 24 de octubre se llevó a cabo un debate en Cámara para analizar la moción. Lo que llega hoy es la votación definitiva. Es obvio que los partidos que se declararon a favor del gobierno van a votar a favor de Carrasquilla para que conserve su puesto, estos son: Partido Conservador, el Centro Democrático ―su partido―, el Partido de la U, el Parido Mira y Opción Ciudadana. Si todos los Partidos declarados con el gobierno votan a favor de Carrasquilla, el ministro obtendría, en total, 84 votos. Por otro lado, los partidos en la oposición son pocos, en total suman 22 votos. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, la bola caería en las manos del Partido Liberal y Cambio Radical que, declarados como partidos independientes, podrían llegar a aportar 65 votos más, para un total de 87. Es decir, la única manera de que la moción de censura gane en la Cámara de Representantes sería uniendo los votos de la oposición y de los independientes. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. Según el diario El Espectador, el viernes 23 de octubre, Carrasquilla aguardaba en la antesala del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón,del Partido Liberal. Allí se llevaría una reunión del partido, que tuvo como sorpresa la aparición del ministro Carrasquilla como invitado especial para el almuerzo que se llevaría a cabo ese día. Desde entonces, al parecer, los liberales están divididos. Sin embargo, el ministro ya tiene el apoyo de la mayoría de los 35 representantes de ese partido, apenas tres firmaron la petición de Wilmer Leal para convocar nuevamente el debate por la moción de censura: Jorge Luis Correa, Juan Carlos Losada y Ángel Gaitán. Tres votos más para la moción que, en todo caso, no son suficientes. Esa noche, después del debate convocado en la Cámara, 120 representantes de diferentes partidos presentaron una proposición para declarar “satisfactorias” las explicaciones del ministro frente a sus explicaciones frente a los denominados ‘bonos agua’ o ‘bonos Carrasquilla’. Esto permite ver que lo más probable es que la moción votada hoy fracase y que Carrasquilla siga en el cargo. Además, el otro partido independiente, Cambio Radical, según sus intervenciones del debate, parece que también va a votar a favor del actual ministro. Así las cosas, al parecer, solo la oposición quiere aplicarle la moción de censura a Carrasquilla. ¿Por qué tener de amigo a Carrasquilla y al Gobierno? Según la teoría de juegos y coaliciones políticas de William Riker, existen dos tipos de decisiones imperativas: realizadas por individuos y realizadas por grupos que pueden ser mecánicas o conscientes. Para este politólogo, las coaliciones decidirían en pro de sus intereses máximos e individuales. En este sentido, al gobierno le interesa mantener en coalición de gobierno a la mayoría de los partidos para que, de esta manera, los costos políticos y la gobernabilidad no lleguen a ser tan costosos (no repartir tanta «mermelada»). Además, se busca que ningún partido sea necesario o fundamental para el futuro de las decisiones del gobierno. Siguiendo esta línea, los partidos se declararán en adhesión ideológica, independientes y oposición. El voto más ‘barato’ de estos tres grupos vendría siendo el de los partidos con adhesión ideológica, pues votarían a favor del Gobierno sin obtener nada a cambio. Al gobierno le interesa tener la mayoría mínima, es decir la mitad más uno del Congreso para poder aprobar sus proyectos. En este sentido, la posición más cómoda y más aprovechable sería la de los partidos independientes, pues permite moverse con mayor libertad entre la oposición y el gobierno y así fraguar alianzas entre partidos para obtener beneficios, así como para brindarle favores a los otros partidos, esto aumenta los precios del voto. Es decir, estos partidos no quieren precisamente ser independientes, sino mantenerse en la coalición de gobierno sin estar del todo comprometidos con el mismo. Los partidos no solo buscan cuotas burocráticas o puestos, sino también verse beneficiados para poder sacar a flote sus propios proyectos. Así las cosas, puede que Cambio Radical y el Partido Liberal voten en contra de la moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla para después poder exigir beneficios o votos a favor de proyectos suyos. Además que, si ambos partidos votan en contra del ministro Carrasquilla, se convertirían, ideológicamente al menos, en partidos de oposición. Respecto a la idea de cuotas futuras, debe decirse que, según El Espectador, un Representante a la Cámara afirmó que “se le pidió al ministro que tuviera en cuenta al partido para inversiones regionales”. Así las cosas, los partidos independientes empiezan a fraguar sus alianzas y a moverse libremente bajo el espectro político. Por otro lado, con tantos amigos en el Congreso, puede que el proyecto de gravar con IVA la canasta familiar también pueda fraguar. Serían dos victorias consecutivas de Carrasquilla.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares He terminado una serie de viajes por varios países latinoamericanos. En todo ellos encontré una fila de fenómenos interesantes en materia política. Si bien el giro a la derecha, o mejor extrema derecha, del continente es inmenso, lo cierto es que, por un lado, el sistema político de varios países está en crisis. La élite tradicional, lo que se denomina los políticos de profesión están siendo cuestionados de norte a sur y de oriente a occidente en el continente. Sobre este punto se podría hablar de dos tipos de crisis. En primer lugar, hay una separación grande entre el ciudadano y la vieja clase política. Los ciudadanos cuestionan la incapacidad para solucionar problemas, las demandas históricamente incumplidas y sobre todo que siempre sean los mismo gobernando. En segundo lugar, los escándalos de corrupción han llevado a una crítica profunda al sistema político. Para la mayoría de los ciudadanos la corrupción es algo así como una situación sistemática. En la cual no importa quién llegue, al final será corrupto. Por ello, las opciones extremas atraen tanto al electorado. Pero además de la crisis de legitimidad del sistema político tradicional, hay una crisis más profunda, que muchos analistas no han visto, o que al menos no es tan percibible en el ambiente. Se refiere a una crisis del contrato social, de la forma como fue diseñado el Estado y de los pilares fundamentales de la democracia liberal. La explicación es la siguiente: los Estado nacieron bajo la teoría del contractualismo, según la cual hay un pacto, unas reglas de juego que en lo fundamental significan que los ciudadanos ceden su poder de fuerza y de hacer justicia a un gran Estado, para que este les proteja la vida y la propiedad. Es decir, no hay justicia por mano propia y se acaba esa depredación del más fuerte sobre el más débil. De tal forma que las democracias liberales se basan en el principio de proteger las minorías, garantizarles derechos y evitar que las mayorías los aplasten. A su vez, las democracias instauran unas reglas mínimas de juego, como la forma de adquirir la propiedad privada, ya no basta la fuerza bruta, sino que existen reglas para pasar bienes finitos de unas manos a otras. Ahora, todo parece indicar que mucha población no está de acuerdo con ese arreglo y unas mayorías quieren barrer las minorías, ya sean minorías sexuales, o a las mujeres o a los que piensan diferente, o a comunidades negras e indígenas. Quieren barrer con la diferencia. Adicionalmente, esta crisis del Estado también ha llevado a que una mayoría importante de su población no enfile baterías contra los dominantes o los ricos. Ha ocurrido algo ciertamente paradójico y es que han enfilado baterías para barrer a sus iguales. No para mejorar la situación de los más pobres y débiles sino para acabarlos. Hoy se ha vuelto a implantar aquella idea de que la gente es pobre porque quiere y no por el peso de la estructura social. Por ende, a los pobres, que además los consideran vagos, hay que acabarlos, exterminarlos, quitarles las garantías y sus derechos. Conquistas sociales históricas están en cuestión, ahora nuevamente se quiere abrir el debate sobre la licencia de maternidad o sobre los derechos de descanso en la jornada laboral. En fin, la crisis de las democracias liberales es más profunda de lo que se creía, están en juego, no solo algunos derechos, sino el Estado Liberal que se ha construido en los últimos siglos. Vamos a ver al final de todo este giro de populismos y neopopulismos que queda.

Por: Sergio Saavedra – Redacción Pares Según la última encuesta sobre percepción de seguridad en Bogotá, realizada por la Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2018, el 53% del total de los encuestados (8.191) se siente inseguro en la ciudad. Esto supone un aumento del 3% respecto al año inmediatamente anterior, siguiendo mediciones de la misma encuesta. Los resultados arrojaron, además, que el 70% de la muestra cree que el barrio donde habita es inseguro y que el 80% considera que Transmilenio es inseguro o muy inseguro. Esto, a pesar de que el alcalde, Enrique Peñalosa, triplicó la inversión en seguridad, que en 2015 era de 177.000 millones y actualmente es de 540.000. Por otro lado, los resultados de la última encuesta de la Red de Ciudades Cómo Vamos muestra que la tasa de hurto en Bogotá es de 950.5 por cada 100.000 habitantes, mientras que el 2017 cerró con una tasa de 14.23 homicidios por cada 100.000 personas. Para Ariel Ávila, analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hay que hacer una separación entre la tasa de homicidio y la percepción de seguridad, pues no están necesariamente correlacionadas. En palabras del analista, Bogotá tiene una tasa de homicidios baja comparada con otras regiones y, en los últimos 7 años, ha venido mejorando constantemente. Sin embargo, esta mejora no se ve reflejada en el imaginario de los ciudadanos, pues se sienten más inseguros. En lo que va del año, según cifras de la Policía Nacional, en Bogotá han sido registrados 762 homicidios (entre ellos 71 feminicidios), de los cuales 344 fueron arma blanca y 382 con arma de fuego. Las localidades que más registran asesinatos son Ciudad Bolívar (54), Kennedy (35) y Bosa (23). Esto se suma al hecho de que el 27% de encuestados cree que los sitios más inseguros son las calles y los espacios públicos en general. De hecho, según cifras de la Policía Nacional, la vía pública es uno de los sitios donde más se registraron hurtos apersonas. Las calles, parques y vías públicas también son los lugares donde más delitos relacionados con la violencia sexual se han presentado. Del total de 3.064 casos registrados, 2.142 ocurrieron en estos espacios. Además, 2.606 de las víctimas fueron mujeres, 442 hombres y 1.881 menores de edad. Contrario al hurto y el homicidio, la tasa de denuncia de estos delitos sí ha venido aumentando durante los últimos cinco años. Es importante resaltar que, en todo caso, estos delitos están altamente subregistrados, pues alrededor de ellos se configuran una serie de violencias que dificultan la denuncia. Adicionalmente,según cifras de la Secretaría de Integración Social, entre enero y junio de 2018, las Comisarias de Familia otorgaron un total de 10.299 órdenes de protección. Esto sumado a que el Distrito, en el primer semestre del año, registró más de 12.000 casos de violencia intrafamiliar. En relación con las amenazas, se registran 5.463, que tienen como víctimas a 2.596 mujeres y 2.854 hombres. Más de la mitad de los casos (3.043) se registran envía pública. En 385 ocasiones para perpetrar la amenaza se usó arma blanca y en 218 arma de fuego. Ahora bien, en términos generales, y según la encuesta de la Cámara de Comercio, la victimización entre el año 2017 y 2018 en Bogotá sí ha incrementado. Pues, respecto al año pasado, hubo crecimiento en el número de encuestados que se declararon víctimas directas, pasó del 14% al 18%, y en los que se declararon víctimas indirectas, del 26% al 29%. El mismo secretario de seguridad de Bogotá, Jairo García, ha ido reconociendo que “la política actual contra el hurto de celulares en calles y buses no funcionó. Por eso necesitamos nuevas estrategias que vamos a adelantar junto a los operadores y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones». Para Ariel Ávila, estas tecnologías podrían no tener beneficios inmediatos, pues tardan en desarrollarse. Por ejemplo, “las cámaras tienen que escanear todas las caras que entran en un Transmilenio y durante los primeros dos años no serán funcionales, después de superar el umbral de tiempo sí lo serán”, explica el analista. En la apuesta del distrito para mitigar estos delitos, según el secretario de Seguridad de Bogotá, se debe priorizar que el sistema judicial agudice las penas para reducir los casos de reincidencia de los delincuentes, teniendo en cuenta que en 2017, a nivel nacional, de las 245.528 personas cuya ‘culpabilidad’estaría comprobada, solo alrededor del 5% fueron a la cárcel. Además, se descubrió que 91.423 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces y otros 1.710 capturados por la Policía entre 10 y 40 veces. ¿Qué se ha propuesto? En el primer Consejo de Seguridad en Bogotá, el Distrito le presentó al presidente Iván Duque una suerte de pliego de peticiones sobre la base de que una ciudad con las dimensiones de Bogotá necesitaría, como mínimo, 300 policías por cada 100.000 habitantes, tal como lo recomienda la ONU. Sin embargo, actualmente, la capital de la República cuenta con 190 uniformados para la misma cantidad de población. Además, el 28 de septiembre, después de la Comisión de Seguimiento a la Seguridad de la ciudad, el Consejo, en cabeza de Daniel Palacio Martínez, planteó la necesidad de solicitar al gobierno un incremento en el pie de fuerza pública para Transmilenio. Según la corporación, se necesitaría un promedio de 1.200 policías para apoyar la seguridad de los más de 2.5 millones de usuarios diarios del sistema de transporte. Hay que tener en cuenta que la población de la ciudad ha tenido un crecimiento de, aproximadamente, 509.000 habitantes en los últimos cinco años, mientras que el número de uniformados de la Policía Metropolitana ascendió en 1.174 en el mismo periodo de tiempo. En este escenario, Ariel Ávila afirma que en Bogotá existe un déficit de pie de fuerza, pues se calcula que lo ideal es tener 1 policía por cada 250 habitantes, pero se tiene aproximadamente 1 por cada 350. Sin embargo, este es un tema complejo que no va a solucionar solo la Policía, pues no necesariamente existe una correlación entre el aumento de pie de fuerza y una mejora en materias de seguridad. Según explica Ávila, no hay un pie de fuerza de la policía capaz de dar cuenta de las nuevas realidades, pues “la gente sólo pide cárcel y represión, cuando esta no es la solución”. Es decir, hay un desborde entre las capacidades del Estado y lo que demanda la población.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El 28 de octubre se llevaron a cabo los comicios presidenciales en Brasil entre el candidato ultraderechista del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, y el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro ganó las elecciones con una ventaja de 10 millones de votos frente a su opositor. Sin embargo, desde hace tiempo, el ahora presidente de Brasil ha recibido cuestionamientos de la prensa alrededor del mundo por sus declaraciones machistas, homófobas, racistas y de apoyo a la dictadura que vivió Brasil en los años 60 y 80. Pese al polémico pensamiento de Bolsonaro, varios políticos colombianos han apoyado e incluso celebrado su triunfo en los comicios, incluido el actual presidente de la República, Iván Duque: Sumado a Duque, también estuvieron el expresidente y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y la senadora por el mismo partido María Fernanda Cabal, quien de manera efusiva escribió varios tweets en su cuenta. Incluso, la senadora cambió su foto de perfil y ratificó sus posiciones políticas y sus enemistades ideológicas, donde llegó a criticar abiertamente el foro de Sao Paulo y a “los corruptos socialistas”: Además de esto, el controvertido candidato para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, Fernando Vargas Quemba, retuiteó un trino de María Fernanda Cabal donde también mostraba su apoyo frente al debatido candidato Jair Bolsonaro. Pero los ya mencionados no fueron los únicos, el expresidente de Fedegan y esposo de la senadora Cabal, José Felix Lafaurie y Juan Carlos Pinzón, exformula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, también se mostraron satisfechos con los resultados de las elecciones en Brasil: Así las cosas, el Centro Democrático ha revelado sus pretensiones ideológicas y diplomáticas. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que cuenta con 32 curules en Cámara y 19 en Senado, siendo el partido más votado en el Congreso. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro es un militar de reserva y diputado brasileño. Ejerció este cargo durante los últimos 28 años. Sin embargo, se hizo famoso en la luz pública por sus polémica declaraciones como: «Estoy a favor de la tortura… y el pueblo lo está también«, dijo en el año de 1999 en el programa ‘Cámara Aberta’. “Jamás te violaría porque no te lo mereces”, le dijo a la diputada del Partido de los Trabajadores, María do Rosario Nunes. «Sería incapaz de amar a un hijo homosexual, no voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con otro hombre por ahí», afirmó Bolsonaro en una entrevista concedida a la revista ‘Playboy’ en 2011. «Lo hice bien con mis cuatro hijos. Con el quinto fallé y salió mujer», afirmó mientras se reía en una conferencia en el Club Hebraica, en 2017. «Yo fui a una quilombola (comunidad de afrodesdencientes) en Eldorado Paulista. ¡No hacen nada! Creo que ni para procrear sirven», afirmó tajantemente en 2017 ante la comunidad judía del Club Hebraica. «Vamos a fusilar a toda la ‘petralhada’ de Acre”, de esta forma despectiva se mofan de los miembros del Partido de los Trabajadores. Además de decir esto, lo reafirmó usando un trípode a modo de ametralladora durante su campaña. “El error de la dictadura fue torturar y no matar”, afirmó en el año 2016, en una entrevista concedida a la radio JovemPam. Además de esto, el hoy presidente de Brasil también ha presentado en su campaña varios proyectos polémicos que podrían afectar, no solo el futuro de Brasil, sino de toda América Latina. Por ejemplo, disminuir los límites frente la posesión de armas; brindarle inmunidad a la policía para poder matar en ejercicio de su actividad profesional, es decir, los crímenes policiales no serán punibles; acabar con el ‘adoctrinamiento’ en las escuelas, entre lo que incluye promover el saludo militar, inspecciones de pelo y tutorías policiales; revisar y revocar tierras a comunidades indígenas; y limitar la inmigración.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares En una carta enviada a la JEP firmada por los miembros de la extinta guerrilla de las FARC Iván Márquez,‘Romaña’, ‘El Paisa’, Iván Alí y cinco más, le fueron enviadas duras críticas al fiscal Néstor Humberto Martínez por sus presuntas intensiones de sabotear la JEP y el proceso de paz. En la misiva, los exguerrilleros ratifican que han hecho todo por la reincorporación política, económica y social de los excombatientes y por la implementación general de los Acuerdos de La Habana. Cabe anotar que, a diferencia de la comparecencia ante JEP, que es un tema meramente procesal y se da a través de un abogado, esta carta proviene directamente de la voz de los firmantes, especialmente de Iván Márquez, de quien hace poco no se sabía nada. Además, contrario a lo que se cree, fue enviada el 20 de octubre, dos días antes del pazo que dio la JEP para tener información de los exguerrilleros. De hecho, los firmantes de la carta ponen como testigos a los Altos Comisionados para la Paz, Sergio Jaramillo y Rodrigo Rivera; a los exministros de Gobierno Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, al exministro de Justicia, Enrique Gil Botero; a Rafael Pardo, exencargado del ministerio de Postconflicto; al expresidente de la República, Óscar Naranjo y al mismo expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. En la misiva los firmantes le recuerdan al actual presidente, Iván Duque, los esfuerzos que han hecho por llevar a cabo la implementación delos Acuerdos de Paz y critican su posición de indiferencia frente a los mismos,arguyendo que “espera que se difuminen definitivamente en los vientos del olvido”. Lea la carta completa aquí: Señoras y señores magistrados de la JEP, Reciban nuestro saludo cordial. Pregunta la Jurisdicción Especial para la Paz qué hemos hecho por la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros y por la implementación en general de los Acuerdos de La Habana. Nuestra respuesta es TODO; todo lo que ha estado al alcance de nuestras manos. Podemos asegurar que desde la firma misma del Acuerdo en la Sala de Protocolo del Palacio de Convenciones hemos exigido día y noche sin cesar, el cumplimiento de lo pactado de buena fe y sellado con la entrega de las armas rebeldes a la Primera Misión de Naciones Unidas. Las actas de la CSIVI consignan las huellas de este esfuerzo permanente. No abusamos si colocamos como testigos a los Altos Comisionados Sergio Jaramillo y Rodrigo Rivera, a los exministros de Gobierno Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, al exministro de justicia Botero Gil, al doctor Rafael Pardo de la oficina del post conflicto, a la ex ministra de comercio y turismo María Lorena Gutiérrez, a la ex canciller María Ángela Holguín, al ex vicepresidente General Oscar Naranjo, y al propio ex presidente de la República Juan Manuel Santos. Por otra parte, los señores embajadores de Cuba y de Noruega que oficiaron en esas reuniones como garantes del proceso, así como los representantes de la Segunda Misión de la ONU que verifica el cumplimiento por parte del Estado de la reincorporación, también pueden dar fe de estos hechos. Directamente, al menos en dos oportunidades, le propusimos al Presidente Santos la recuperación por guerrilleros de territorios degradados por la minería a través de la siembra de vetiver, el cual actúa como descontaminante y al mismo tiempo como fertilizante de suelos. Esto permite el rescate de la tierra para la agricultura y la siembra de bosques. Como complemento de esta idea le sugerimos una alianza para ayudar a saldar la deuda de 70 millones de toneladas de carbono, contraída por Colombia en París como aporte al esfuerzo mundial para contrarrestar el cambio climático. Posteriormente, con un grupo de empresarios europeos le propusimos, aprovechando el acuerdo de transferencia de tecnología recientemente firmado entre Colombia y Austria, la generación de energía a través de biomasa en los Espacios Territoriales. La biomasa procesada por pirólisis o quemado en seco emite CO2 neutro a la atmósfera, y como resultado del calor, produce electricidad y frío, así como biocarbón y fertilizantes. Todo ello genera empresa y recursos para financiar reincorporación y reparación de territorios afectados por el conflicto porque involucra a la población al configurar una economía circular para beneficio de todos. Nada de esto obtuvo luz verde a pesar de que alcanzamos a intercambiar sobre estructuración financiera. En este caso el Gobierno “ni rajó ni prestó el hacha”. No efectuó ningún desembolso para los proyectos productivos de la reincorporación ni facilitó que estos se autofinanciaran con trabajo y dinámicas propias. Pensando en cómo echar a andar la reincorporación, en varias ocasiones planteamos a representantes del Gobierno la adjudicación de un globo de tierra en Ciudad Yarí, municipio de San Vicente del Caguán, para levantar en ese lugar una “Ciudadela de Paz” que congregara a ex combatientes de Caquetá, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare, a sus familias y a comunidades campesinas y étnicas de la región, rodeadas estas ciudadelas de diversos proyectos productivos; sin duda, también una buena manera de reparar a la población de las áreas afectadas por el conflicto y de tener a la gente trabajando honradamente y en paz. Pero al gobierno le faltó compromiso y decisión, si se tiene en cuenta que solo tenía que intervenir terrenos baldíos y predios que habían sido objeto de extinción de dominio. Por distintas vías le hicimos llegar al Presidente Santos la idea de que antes de concluir su gobierno y como una señal fuerte de cumplimiento y de fortaleza del proceso, pusiera en marcha un piloto de titulación de tierras a campesinos en los términos consignados en el Acuerdo de Paz. Y para ello le sugerimos la región de El Pato, región histórica de la resistencia armada. Hubiese resultado muy fácil instalar allí una oficina de titulación, tal como lo habían ofrecido el ministro de agricultura Aurelio Iragorri y el doctor Miguel Samper de la Agencia Nacional de Tierras. Todo indica que los engorrosos trámites legales y burocráticos y el desgano del Estado dejaron pasar esta oportunidad de oro para el desarrollo de esa obligación. También propusimos la creación de granjas que tenían como centro a pequeñas ciudadelas, todas ellas rodeadas de proyectos productivos de explotación piscícola, avícola, porcina, caprina, bovina, cultivos de pancoger y bosques de paulownia. Hubiese sido una opción práctica de reincorporación. Les entregamos proyectos de estas granjas para Espacios Territoriales, técnicamente bien diseñados, pero al señor Fiscal General, que ha actuado de muy mala fe contra la paz de Colombia se le ocurrió, con la DEA, en el marco de sus montajes judiciales extravagantes, que cuando Jesús Santrich habla de granjas se está refiriendo a “toneladas de coca para exportar a los Estados Unidos”. El Fiscal no puede presentar pruebas contra el negociador de las FARC porque no las tiene. Su actitud absurda e irresponsable es la que tiene al proceso de paz -el logro más trascendental de Colombia en los últimos tiempos- en penosa y triste agonía. Ojalá Dios lo perdone por sabotear la paz y por esa maldad dañina que destila su alma. Cuánto deseamos tener una justicia soberana que no se arrodille ni se quiebre ante potencias extranjeras. Señoras y señores magistrados: varios proyectos productivos que hoy se desarrollan en algunos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, lo son gracias al contacto que hicimos con embajadores de la Unión Europea, que muy preocupados por el paquidérmico o nulo avance de la reincorporación aportaron generosamente los recursos financieros que requería su concreción. Así surgen grandes plantaciones de cultivos de maíz, girasol, pimentón maracuyá, tomate, piña, sábila, se ponen en funcionamiento estanques piscícolas, invernaderos y viveros, y se dan los primeros pasos para incursionar en ecoturismo. Con recursos cooperativos montamos talleres de fabricación de calzado, de muebles de hogar y prendas de vestir, panaderías y restaurantes. No nos hemos quedado con los brazos cruzados. El gran problema, como bien lo conoce la opinión nacional, ha sido el mercadeo de los productos. Por otra parte, siempre intentamos sin mucho éxito llegar a acuerdos de asesoría y producción con empresarios nacionales de fedecacao, fedepanela y otros para desarrollar proyectos con participación de la antigua guerrilla y las comunidades. En Cambio, y gracias a su acertada valoración de la paz regional, algunos gobernadores facilitaron maquinaria pesada con la que hemos abierto y reparado un sinnúmero de vías, lo que ha favorecido a amplios núcleos de población campesina afectada por el conflicto. Hemos logrado construir puentes, refaccionar escuelas. No hemos dejado ni un instante de solicitar a las gobernaciones y municipios la extensión de redes que lleven la energía eléctrica al campo, de pedir el mejoramiento de las vías terciarias, instalación de puestos de salud. Incluso, expusimos ante altos representantes del Gobierno el proyecto de llevar conectividad a las regiones olvidadas y alejadas del corazón del poder central. Paralelamente, como organización trabajamos con buenos resultados en Desminado Humanitario, y en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, esto último en coordinación con el CICR. Por otra parte y en otro plano, nunca hemos dejado de persuadir a la gente, como siempre lo hicimos, de la bondad de la preservación de los bosques y la protección de la fauna. Sinceramente nos duele la deforestación de la Amazonía y la conversión por el Gobierno de departamentos claramente amazónicos, como Putumayo, Caquetá y Guaviare, en distritos mineros. Esto es francamente desconcertante. Ojalá corrijan esa mala decisión. Dedicamos muchas horas a la Pedagogía de Paz tanto en los ETCR como en todos los escenarios de la vida nacional donde tuvimos esa oportunidad. Pero ante el manifiesto incumplimiento por parte del Estado es muy difícil convencer a la gente de sus bondades. Ante las bases, por ejemplo, nos lamentamos de no haber podido lograr un sistema de salud más eficiente para los excombatientes. Queríamos para ellos un régimen especial como el que se aplica a las Fuerzas Armadas, porque las enfermedades de los excombatientes no son las comunes, sino que en gran parte tienen que ver con mutilaciones y lesiones de guerra que no son de fácil tratamiento. Claro, la lucha debemos hacerla por un sistema más humano de salud para todos los colombianos. A pesar de haber desplegado esfuerzos no pudimos acceder a la titulación de tierras en los Espacios Territoriales como garantía del normal desenvolvimiento de los proyectos productivos en los mismos. Para no fatigarlos con la enumeración de todos nuestros emprendimientos en pos de la implementación, baste recordar las numerosas reuniones en el salón “La Giralda” del Ministerio del Interior en la que dimos todo para convenir con el gobierno los términos del desarrollo normativo de los acuerdos. Pero se aprobaron textos que al cruzar la estrecha calle que separa a dicho Ministerio del Palacio de Nariño, misteriosamente cambiaron su contenido. Los ponentes de las normas en el Congreso y parlamentarios que nunca fueron plenipotenciarios las distorsionaron con sus caprichos. Hundieron la reforma política y siguen ignorando la urgente reforma electoral para no tocar el fraude y la corrupción cuando Colombia pide a gritos un sistema político electoral honrado que devuelva la confianza a la gente. Sentimos que en ese escenario del desarrollo normativo de los acuerdos no pudimos evitar la perfidia de la desfiguración de la JEP que favorece la impunidad. Con la convicción del deber cumplido queremos dejar como constancia nuestros argumentos en los conclaves realizados entre el gobierno y las FARC en Cartagena y Bogotá; las reclamaciones insurgentes por los incumplimientos de la contraparte ante los expresidentes Pepe Mujica y Felipe Gonzalez en Cali y en La Heroica; la prédica o pedagogía de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que además la quieren los campesinos sin engaños. Si no se aprueba un tratamiento penal diferencial para ellos, la sustitución será un fracaso y peor si se utiliza la vía de la erradicación forzada mediante la aspersión de tóxicos. Seguimos esperando que el gobierno abandone las reticencias y cumpla sus compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Es que estos son para cumplirlos. Pacta Sunt Servanda. Debe siempre tenerse en cuenta que el Acuerdo de La Habana tiene la categoría de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU y al mismo tiempo la de Acuerdo Especial del artículo 3 de los Convenios de Ginebra. Es de sentido común que si se le exige a la insurgencia como contraparte, es válido que la JEP llame también al Gobierno o a los poderes del Estado a rendir cuentas sobre la implementación. El general Alberto José Mejía en representación de una de las partes contendientes presentó hace poco ante la JEP un dossier contra las FARC muy parecido al trabajado por la Fiscalía anterior, pero sería bueno, que, como acto de equilibrio también presentara el de las Fuerzas Armadas. Naciones Unidas atribuye al Estado y a los paramilitares el 80% de la victimizaciones en Colombia. Memoria Histórica responsabiliza a los paramilitares del asesinato de 100 mil personas. Jefes paramilitares como Salvatore Mancuso han denunciado cómo ejecutaron ese trabajo sucio en connivencia con el Estado y sus Fuerzas Armadas. Es necesario que hagan también análisis de contexto de los falsos positivos. Todos sabemos que aquí hay unos determinadores. Que los militares no se hubiesen metido en semejante lío de no haber existido esa absurda directiva 029 del Ministro de Defensa de Uribe, señor Camilo Ospina, que muy agazapado desde entonces, no dice ni mú. Pedimos que no se hiera la verdad pura y limpia, porque ella contiene el bálsamo bendito que sana las desgarraduras más profundas del alma causadas por el conflicto. Finalmente, y más que todo para el país nacional: el Acuerdo de Paz de la Habana fue firmado por el gobierno Santos a nombre del Estado, lo cual implica un traslado de obligaciones al gobierno Duque quien ha asumido una posición de indiferencia frente al acuerdo y su cumplimiento, dando la sensación que ha tomado la decisión de esperar que este se difumine definitivamente en los vientos del olvido. La JEP que acordamos privilegiaba la justicia restaurativa sobre la punitiva; no contemplaba la impunidad; era para todos los involucrados en el conflicto, en especial para los determinadores que profirieron las órdenes desde la cúpula política, terceros involucrados, terratenientes, sectores empresariales, las partes contendientes… y no solo para estos últimos. No tiene presentación que el actual Presidente intente forzar las decisiones de la Justicia Especial, ni mucho menos que el Fiscal en descarado abuso de poder allane sus oficinas para raponearle a la Jurisdicción de Paz sus papeles de trabajo. El santanderismo hirsuto está transformando la guerra con las armas en guerra jurídica sustentada en montajes judiciales, como forma de justificar el incumplimiento y de empujar definitivamente al Estado a los terrenos deleznables de la perfidia, de la traición al Acuerdo de La Habana. Seguimos esperando la libertad, según lo acordado, de decenas de guerrilleros que aun permanecen en las cárceles. Al comprometerse ellos a atender los requerimientos de la JEP, el Alto Comisionado anterior debió certificarlos para que los jueces procedieran a su excarcelación. De ustedes, atentamente, IVÁN MÁRQUEZ, OSCAR MONTERO, ALDINEVER MORANTES, EDINSON ROMAÑA, ALBEIRO CÓRDOBA, IVÁN ALÍ, ENRIQUE MARULANDA, IVÁN MERCHÁN, RUSBEL RAMÍREZ Y OTROS.

Por: León Valencia, director – Pares La senadora Paloma Valencia dijo en el Foro de la Veeduría Ciudadana Contra la Corrupción, a la cual pertenecen 70 organizaciones de la sociedad civil, que el gobierno no tenía mayorías en el Congreso y esa era la causa de las dificultades para avanzar en la aprobación de algunos de los proyectos de ley acordados en la mesa técnica conformada entre el gobierno, los partidos y los promotores de la consulta ciudadana. Señaló que había múltiples voces y que era necesario el debate y la conciliación de ideas en el seno del Congreso y que de eso dependía el avance en los proyectos. Puede ser una explicación, pero lo cierto es que Duque no acompañó los proyectos anticorrupción del mensaje de urgencia que había prometido a la hora de suscribir el pacto con quienes impulsaron la consulta, y las iniciativas o están cambiando dramáticamente o se han estancado. La confesión no fue, desde luego, una sorpresa. Desde el momento en que se definieron las mesas directivas del Congreso y se conformó el gabinete ministerial fue claro que no había una coalición de gobierno suficientemente amplia y sólida. En el Senado, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U y los grupos evangélicos se declararon partidos de gobierno y sumaron una mayoría limitada, pero aún en esos partidos es sabido que hay parlamentarios díscolos que proceden en los debates según su criterio o sus intereses. En la cámara estos partidos no alcanzan a sumar mayoría.  Al otro lado, en las dos cámaras, están Cambio Radical y el Partido Liberal que se declararon en independencia y toda la izquierda que se declaró en oposición. Pero la aceptación de esta realidad de manera pública por parte de la senadora Valencia es ya una evidencia de las dificultades en que anda Duque. ¿Qué ha significado esto? ¿Cómo está funcionando el Congreso? Que hay una enorme proliferación de iniciativas, todos los partidos y grupos quieren presentar proyectos de ley, tanto que ya son 42 propuestas de actos legislativos, quieren reformar la Constitución en todos los órdenes, quieren cambiarlo todo. No hay una orientación precisa en esta avalancha de proyectos, aunque la mayoría tienen un carácter regresivo, la mayoría apuntan a cortar avances democráticos. No hay un liderazgo ni en el presidente, ni en ningún partido, pero es evidente que la clase política, la misma que acompañó a Santos y ahora se reparte entre gobiernistas e independientes, es la que empuja el carro de las reformas. También en las Cortes, en la Fiscalía General de la Nación y en los demás organismos del Estado se percibe esta dispersión de ideas, estas controversias y confusiones. El presidente Duque ha presentado esta situación como el resultado de una nueva manera de gobernar el país, como la consecuencia de la abolición de la mermelada y de la negociación clientelista. La explicación suena muy bonita. Suena a una transición virtuosa. Suena a que tendremos un régimen político más transparente, más limpio, más deliberativo. Pero la verdad es otra muy distinta. La dispersión y el desorden tienen causas diversas y la negativa de Duque a repartir el gobierno y la mermelada entre toda la clase política tradicional obedece más a un interés particular del Centro Democrático y la facción conservadora de Martha Lucía Ramírez que a una gran cruzada para renovar la política colombiana. Lo que ocurre, en realidad, es que se acabaron factores que cohesionaron a la clase política en el pasado reciente tanto en sus labores de gobierno como de oposición. Uribe hizo de las FARC y del régimen venezolano un gran enemigo que funcionó muy bien para su proyecto de seguridad. Santos transformó este enemigo en interlocutor para la paz y con ello le dio sentido a su gobierno y armas a la oposición de derecha, en cabeza de Uribe, que aprovechó de lo lindo la situación para regresar al poder. Ya no están ni las FARC ni Santos. No hay ni enemigo ni propósito nacional. Entre tanto el Centro Democrático, los conservadores y los evangélicos más cercanos, que tienen en sus manos el gobierno central y no tienen mayor poder regional, buscarán crecer en la gobernabilidad local y reservarán los puestos y los recursos del Estado para lograr el cometido. La situación me recuerda una gran frase que oía con frecuencia en los círculos de la izquierda al final de los años setenta del siglo pasado: “Hay un gran desorden bajo los cielos”. En este ambiente se puede consolidar un gran proyecto de la ultraderecha que dé al traste con los avances democráticos, pero también puede crecer un proyecto de renovación política, de reconciliación y de justicia social en cabeza de una izquierda moderada. El año próximo será muy indicativo del camino que tomaremos.

Por: Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña, Línea Democracia y Gobernabilidad Es generalizada la conclusión de las bajas capacidades de los municipios para gestionar adecuadamente las inversiones que tienen a cargo. A continuación, explicaremos algunas de las reformas necesarias para mejorar las capacidades locales, de forma tal que los municipios puedan cumplir adecuadamente con las tareas que se les han asignado. Antes de empezar, se debe aclarar que las alcaldías en las que estamos pensando en este artículo no son Bogotá, Medellín o Barranquilla, entidades que han podido formar grandes burocracias y que cuentan con grandes capacidades de gestión. En general, tampoco nos estamos refiriendo a ninguna ciudad o ciudad intermedia. El problema de las capacidades municipales tiene que ver principalmente con los municipios categoría 6, es decir, con los 978 municipios (el 88.8% del total) que tienen una población menor a 10.000 habitantes o que tienen un bajo un bajo flujo de recursos propios (un ingreso corriente de libre destinación menor a 15.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes). El contexto de los municipios categoría 6 difiere significativamente del contexto de las grandes ciudades. En particular, las condiciones de seguridad y el acceso a servicios sociales básicos resultan ser más complicados. Por esta razón, los incentivos para que una persona calificada trabaje en estos territorios no pueden ser los mismos que se ofrecen en las ciudades principales: se requieren mejores incentivos para ejercer la función pública, lo que hace más costosas las plantas de personal de los municipios con menor desarrollo institucional. Ahora bien, la formación de plantas de personal calificadas y suficientes para aquellos municipios enfrentan dos tipos de obstáculos: el primero tiene que ver con el bajo recaudo de ingresos propios; el segundo trata de las restricciones normativas para la formación de plantas de personal en estos municipios. En este documento nos concentraremos en la segunda. Las restricciones a los gastos de funcionamiento, que están compuestos, entre otras, por los gastos en plantas de personal tienen que ver con la Ley 617 del año 2000, la cual estipuló un tope a este tipo de gastos en función de los ingresos corrientes de libre destinación (ingresos propios) del municipio. Adicionalmente, a partir de la Ley 715 de 2001, se restringen las posibilidades para que el municipio pueda utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones, las transferencias que recibe del gobierno nacional, en gastos de funcionamiento. Lo anterior ha creado una enorme desproporción entre los gastos de funcionamiento disponibles para las entidades territoriales y para el Gobierno nacional. Tal como lo demuestran Restrepo y Peña (2018), la relación entre los gastos de funcionamiento y los de inversión en los niveles territoriales de gobierno han crecido desmesuradamente hasta un 7 a 1, mientras que, en el nivel nacional, la relación se ha mantenido en un 1 a 1, como lo muestra la siguiente gráfica. Esto implica que los niveles territoriales de gobierno no tienen los recursos suficientes para gestionar adecuadamente sus inversiones. Lo que genera una enorme imposibilidad de formar plantes de personal suficientes y bien capacitadas. Por lo anterior, no sorprenden los resultados de un estudio realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (2018) que muestra que tan sólo el 16% de los empleados de los municipios PDET tienen un nivel profesional, lo que contrasta con el 25% del personal en nivel técnico y 35% del personal en nivel asistencial. Adicionalmente, existen un sinfín de regulaciones dispersas que aumentan la rigidez de la función pública, como la obligatoriedad de contar con personal de tiempo completo. Es decir que los funcionarios públicos de una entidad sólo pueden trabajar en ella, sin siquiera tener en cuenta la posibilidad de que un funcionario público bien capacitado trabaje en dos o más alcaldías cercanas, con el objetivo de compartir costos y viabilizar su contratación.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Este jueves la Corte Constitucional mantuvo intacto el parágrafo del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y parcialmente la Ley 610 del 2000. Esta ley impide ocupar cargos públicos a las personas que han sido declaradas fiscalmente responsables por la Contraloría General de la República. Esta decisión de la Corte podría afectar la curul obtenida mediante el estatuto de oposición del actual Senador Gustavo Petro. Ese estatuto dicta que los candidatos a Presidencia y Vicepresidencia que obtengan el segundo lugar en las elecciones tendrán derecho a ocupar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Sin embargo, el escaño de Petro podría correr riesgo por las dos multas impuestas al excandidato presidencial. Pues, así las cosas, quedaría en firme la multa por $97.650 millones que le impuso la Contraloría Distrital en octubre de 2016 a cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá. Esa multa se debe a los problemas que tuvo el entonces alcalde con la implementación del sistema de aseo para la capital. Pues los camiones que se compraron en el año 2012 para adelantar ese proceso no cumplieron con las especificaciones requeridas y presentaron graves fallas técnicas. Sin embargo, sumado esto, el senador también tiene otra multa por $200.000 millones, impuesta por la Contraloría en noviembre de 2017, debido a la reducción en los pasajes de Transmilenio y supuesto detrimento patrimonial. Cabe anotar que, en enero del presente año, el Tribunal de Cundinamarca falló a favor de Gustavo Petro y mediante una medida cautelar se levantó, de manera provisoria, la multa fiscal. Por otro lado, pese a que esas medidas cautelares suspendieron provisionalmente el fallo fiscal emitido por la Contraloría, el Tribunal de Cundinamarca aún no ha tomado una decisión sobre la tutela que presentó Petro contra la Contraloría para defenderse. Cabe recordar que, en agosto pasado, fecha de la posesión del nuevo Contralor, Felipe Córdoba, el senador Gustavo Petro criticó fuertemente su llegada a esa institución. Petro sostuvo que «el candidato Córdoba a la Contraloría contrató a la esposa de Germán Varón en la Auditoria General y es protector del contralor de Bogotá acusado de estar en la nómina de Odebrecht. Es de la cuerda de Germán Vargas y buscará las cuotas de poder de su jefe en el gobierno de Duque». ¿Puede perder la curul? La magistrada Gloria Ortiz, después de la polémica respecto a la curul de Petro, explicó que esa inhabilidad está suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que Petro puede cumplir funciones políticas y ocupar la curul en el Senado. “La curul del excandidato presidencial en el Senado de la República no estaría en riesgo tras la decisión de la Corte Constitucional, que ratificó la inhabilidad para desempeñar cargos públicos a todos los colombianos que tengan problemas fiscales”, dijo Ortiz. La magistrada dijo que, en este sentido, podrían venir consecuencias futuras para el senador. Sin embargo, debido a la suspensión del fallo fiscal emitido por el Tribunal de Cundinamarca, no lo afectaría actualmente, pues el fallo emitido por la Corte sería un requisito para acceder a cargos públicos y el senador ya está ejerciendo el puesto. Por otro lado, el abogado Julio César Ortiz, quien defiende al excandidato y actual senador, también respaldó este argumento por dos cosas. La primera es que la determinación del alto tribunal no afectaría a Petro debido a que las acciones fiscales en su contra se encuentran, en este momento, suspendidas. Y la segunda es que las multas que establece la Contraloría, al no tener un carácter penal o disciplinario, no deberían afectar el derecho fundamental de acceder a función pública Recientemente, el senador dijo que acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos afirmando que esas decisiones fiscales en su contra son impagables, y que lo que buscan es limitarle su derecho al ejercicio político. Además, publicó en su cuenta de Twitter “si la sentencia de la Corte Constitucional es como anuncia la prensa significa que el Estado Colombiano se va radicalmente en contra de la Convención Americana de DDHH y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Leopoldo López que es obligatoria para Colombia”.