Por: Daniel Parra, colaborador Pares Después de dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado Colombiano, es necesario echar un vistazo sobre el cumplimiento de lo pactado. Pares habló con algunos funcionarios públicos y miembros del partido FARC de Norte de Santander para presentar un panorama general de cómo se ha dado la implementación del Acuerdo en este departamento en cuatro temas en específico: reincorporación socio-económica; sustitución de cultivos, proyectos productivos y resocialización; formación institucional y socialización comunitaria y los retos venideros. Sustitución de cultivos, proyectos productivos y resocialización Durante el 2017, la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto ejecutó un proyecto de Subsistencia Alimentaria en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caño Indio. La propuesta inició con una inversión de 370 millones de pesos y vinculaba a 50 familias que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esta apuesta transformó 15 hectáreas de coca en siembras de fríjol, maíz, yuca y pimentón. En relación con esto, el reciente informe en Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Colombia, reveló que en Norte de Santander se cultivaron 28.244 hectáreas de coca (3.213 ha más que en el 2016). Es decir, una cifra bastante alta para combatir si se pone en comparación con las 15 hectáreas ya erradicadas. Otra iniciativa se desplegó junto a la Secretaría de Desarrollo Económico, y se orienta en el Fortalecimiento del Hato Ganadero. La propuesta se financió con un aporte de la Gobernación de 3.500 millones y recibió la asistencia del programa Prointegra (creado por la GIZ y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas). Este proyecto benefició a los municipios de Tibú, El Tarra, Toledo y El Zulia. Sin embargo, esta iniciativa no acobijó a los excombatientes de las FARC en Norte de Santander, en palabras de Gloria Martínez, integrante por las FARC en el Consejo Territorial de Reincorporación (CTR) en Norte de Santander, “la Gobernación ha brillado por su ausencia”. Martínez dijo, además, que se hanvenido presentando demoras en la ejecución de los proyectos productivos. Su principal causa, asegura, se debe a la falta de formalización de propiedad en cada predio, pues sin esto, el proyecto no cumple con el requisito de ser sostenible. “Ha sido compleja la situación” sentenció Martínez. Martínez habló sobre dos proyectos productivos que habían presentado: uno se trataba de piscicultura, y el otro sobre una granja integral. Pero ninguno fue aprobado debido a lo mencionado: no se han formalizado los predios y para que aprueben el proyecto los beneficiarios deben tener título de la tierra. En este punto, Martínez considera que no hay voluntad del gobierno representada en las agencias: «La mayoría de las agencias no han hecho el trabajo que deben hacer y no se ha llegado a ese punto tan fundamental que es la reincorporación económica». Lo dicho por Martínez concuerda con la versión de Elizabeth Pabón, Presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), quien le expresó a PARES que: “La implementación del Acuerdo Final, se ha quedado en las mesas de trabajo, en los documentos firmados, en los acuerdos municipales de sustitución; pero en lo tangible para los beneficiarios directos de superar las brechas de vulnerabilidad, pobreza, y analfabetismo no se tiene avances”. Reincorporación socio-económica El proceso de reincorporación social que hace cada excombatiente de las FARC, además de ser un logro para el gobierno y el nuevo partido, también es un reto. No sólo por el acompañamiento institucional que se requiere, sino por las actuales condiciones de inseguridad que rodean a los excombatientes. Según cifras de Pares, desde noviembre de 2016, hasta el pasado mes de agosto, habían sido asesinados 58 excombatientes. Infortunadamente, la cifra sigue creciendo y el pasado 27 de septiembre fue asesinado otro integrante de las FARC. Además de esto, varios militantes han abandonado los ETCR del departamento, Caño Indio. PARES se contactó con un integrante de FARC que abandonó el ETCR, al respecto aseguró que: “Los que se fueron, se fueron pensando que no llegaría nada para hacer ahí, no somos dueños de tierra para que nos den proyectos. Teníamos pensado llevar a cabo proyectos productivos colectivos, era muy importante; pero no fue posible, eso también hizo que saliéramos a donde las familias. Todos han buscado la manera de cómo llegar de nuevo a compartir con sus familias, pero también se van con la intención de empezar una vida nueva. Y aunque no estamos limitados para estar allá, tampoco nos dieron muchas opciones como para quedarnos…”. Es necesario mencionar que, en la actualidad, la ARN acompaña a 511 excombatientes fuera del ETCR Caño Indio que se reincorporaron a la vida civil en 18 municipios del Departamento: Los Patios, Cucutilla, La Playa, Villa del Rosario, Cáchira, Sardinata, Chinacota, Cúcuta, Ábrego, Arboledas, El Carmen, Convención, El Tarra, Hacarí, Tibú, San Calixto, Teorama, y Ocaña. 85 permanecen en el Espacio de Capacitación. Dentro del punto 3 del Acuerdo final, se mencionaban medidas de atención a cada excombatiente en áreas de salud, acompañamiento psicosocial, y educación. PARES también se contactó con el Coordinador de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en Norte de Santander y Arauca, Tyrone Rodríguez, quien habló sobre los avances de la reincorporación en el departamento. Economía En la actualidad, 499 integrantes de las FARC en Norte de Santander (98%) accedieron a su Asignación Única de Normalización (correspondiente a la subvención de $2’000.000 COP). Sólo el 2% no han logrado acceder al beneficio debido a que no han abierto su cuenta de Paz en el Banco Agrario de Colombia (BAC). Similar a esto, está el auxilio equivalente al 90% del salario mínimo vigente, entregado mensualmente durante los primeros 24 meses después de la firma. Gloria Martínez le mencionó a PARES sobre una iniciativa de una pequeña granja avícola que gestionó la Alcaldía de Tibú para los excombatientes. La granja empezó a funcionar con una inversión de 7 millones de pesos: traducidos en 300 pollos y 150 gallinas. Sin embargo, no se enmarca dentro de los proyectos productivos establecidos en el Acuerdo de Paz. Otro propósito que se ejecutó involucra a la Universidad Nacional de Colombia, quienes realizaron una capacitación a las mujeres del ETCR y a la comunidad de la Vereda Caño Indio, bajo la temática de huertas casera y abonos orgánicos. Educación En el 2017 se vincularon 125 personas a la propuesta educativa (40 personas reincorporadas y 85 de la comunidad), de éstos, sólo 3 se graduaron de bachillerato, los demás continúan avanzando en su ciclo académico. En el 2018, 50 personas accedieron a la misma oferta (39 personas reincorporadas y 11 de la comunidad). Este trabajo también contó con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD). Dentro de lo que se considera la formaciónpara el trabajo, se gestionó un convenio con el SENA para que impartiera cursos cortos de formación complementaria en temas como economía solidaria, mecánica y mantenimiento de motos, producción de leche aplicando buenas prácticas ganaderas, confección, y contabilidad básica. Los cursos se ejecutaron en los municipios de Tibú, El Tarra, Hacarí, Cúcuta, Convención, Teorama, San Calixto, El Carmen, Ocaña y en el ETCR Caño Indio. La iniciativa benefició a 248 personas (201 excombatientes y 47 de la comunidad). Cabe resaltar que en 2017 en el ETCR Caño Indio se certificaron en Economía Solidaria 298 excombatientes. En lo corrido de este año se han certificado 135 personas de la comunidad en el mismo tema. Para Gloria Martínez, integrante por las FARC del Consejo Territorial de Reincorporación, los cursos complementarios son útiles y muy importantes si se quiere avanzar en la reincorporación civil de cada excombatiente. Salud A la fecha, se han desarrollado brigadas de salud en los municipios de Tibú, Cúcuta, Ocaña, Convención, Hacarí, El Tarra, Teorama, El Carmen, y San Calixto. Dentro de las brigadas se han ejecutado actividades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo, exámenes de agudeza visual, citologías, atención odontológica, pruebas cancerígenas de mama y de próstata, control prenatal y postnatal, y promoción y prevención en enfermedades sexuales. Además, se adelantaron procedimientos médicos de cirugías, citas con especialistas, exámenes clínicos, citas médicas individuales, traslados, y atención a gestantes. En total, fueron 246 personas reincorporadas las que se beneficiaron de esta oferta. Formación institucional y socialización comunitaria En el 2017, 120 funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander realizaron un diplomado de Pedagogía de Paz en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública y coordinado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación, y la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto. La intención apuntaba a la formación de servidores públicos con orientación hacia la gestión de paz en los municipios de Cúcuta y Teorama. Además de esto, la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, adelantó un programa encaminado hacia la pedagogía de los acuerdos. El programa Formador de Gestores de Paz, se ejecutó en convenio con el Instituto Latinoamericano de Sociedades Alternativas (ISLA), y la Fundación Ideas para el Desarrollo (FID). Los 18 cursos de formación (de 4 horas cada uno) se realizaron en acompañamiento del Centro de Inspiración para la Paz (CIP) y tuvieron lugar en los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Sardinata, El Tarra, Tibú, Teorama, Hacarí, La Playa, San Calixto, Villa del Rosario, Puerto Santander, y Ábrego; para un total de 467 Gestores de Paz formados en el departamento. El programa continuó y en el primer semestre del 2018 se formaron, en los municipios de Tibú y Sardinata, otros 106 Gestores de Paz. Siguiendo esa misma línea, en el 2017 el Centro de Inspiración para la Paz realizó 62 talleres de Pedagogía para la Paz, en los municipios de Cácota, Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, Santo Domingo de Silos, Bucarasica, Ocaña, Tibú, Ábrego, Sardinata, Pamplona, Cáchira, y San Cayetano. En su totalidad, asistieron 2.817 personas. Otra iniciativa que implementaron desde la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, fueron los Diálogos Útiles. Una estrategia encaminada a la interacción y el diálogo constructivo entre sujetos, actores, comunidades, sectores, instituciones y organizaciones comprometidas en la construcción de paz territorial en Norte de Santander. En la estrategia participaron 3.165 personas de 31 municipios del departamento y su propósito se enfocó en construir un proceso que promoviera la participación, real y efectiva, de los sectores y actores sociales para vincular activamente a las entidades institucionales en la construcción de una paz territorial. “Es útil porque busca trascender de la palabra a la acción conjunta, en favor de la solución de problemas” aseguró Niño. Retos desde la institucionalidad y su otra orilla Uno de los retos que enfrenta la implementación de los acuerdos en Norte de Santander es lograr un pacto para sacar a la población no combatiente de los enfrentamientos que se presentan entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, precisó el Secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto. Para El Coordinador de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en Norte de Santander y Arauca, Tyrone Rodríguez, el mayor reto de la implementación del acuerdo final, es la idea de que todos los ciudadanos entiendan que «todos somos colombianos, todos gozamos de derechos, y por muy distintas que sean nuestras opiniones o maneras de pensar, debemos respetarnos y aprender a coexistir en armonía«. Por último, para Gloria Martínez,integrante por las FARC en el Consejo Territorial de Reincorporación (CTR) enNorte de Santander, el PNIS y los PDET son uno de los retos que enfrenta la implementación, considera que están demorados en su ejecución y eso ha retrasado la reincorporación económica y social. Para Elizabeth Pabón, presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), el mayor reto que enfrenta la implementación del Acuerdo Final es «la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, que es directamente traducido en la inoperancia de la Agencia Nacional de Tierras(ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y la Agencia para la Renovación del Territorio».

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Las diferencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido recurrentes en los últimos meses. Primero, por la petición que hizo la Fiscalía a la Corte Constitucional para que definiera si la JEP tenía o no la competencia de suspender el proceso de extradición de Santrich y si podía o no decretar pruebas para determinar la fecha de la comisión del delito; más recientemente,  la Fiscalía, en el marco de una investigación contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, ingresó a las oficinas de la JEP llevándose de forma irregular el expediente del Caso 001 y citando a interrogatorio a una magistrada de la Sala de Reconocimiento, que cuenta con el mismo fuero del Fiscal General (Lea: Los ataques del fiscal a la JEP). El  último incidente, que llegó a configurarse como un choque de trenes, tiene que ver con las medidas cautelares que se solicitaron sobre los bienes de las FARC para que esos sean destinados a la reparación de las víctimas. Hace algunos meses, tanto el Fiscal General como el Superintendente de Notariado y Registro salieron en los medios de comunicación a afirmar que poseían información de múltiples bienes de las FARC que no habían declarados durante el proceso de dejación de armas, adicionalmente, la Fiscalía ha sido la encargada de adelantar la extinción de dominio sobre los bienes que dicha guerrilla entregó durante el proceso. A raíz de esto, se elevó una petición ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento  para que declarara medidas cautelares sobre los bienes que pertenecieron a las FARC, en aras de que estos fueran usados exclusivamente para reparar a las víctimas de este grupo armado ilegal. A raíz de la apertura del proceso, la sección instó a varias organizaciones, entre ellas la Fiscalía, la Superintendencia, el Ministerio del Interior, entre otras, para que entregaran un informe sobre dichos bienes, su estado, su deterioro, entre, otros. El Ministerio no respondió el llamado realizado por la Sección, la Fiscalía le respondió que esa era información reservada, aun cuando la Constitución aclaró que ninguna entidad podría aducir reserva de información ante la JEP, y la Superintendencia dijo que los expedientes que tenía eran de la Fiscalía y que por tanto debía pedírselos a esta. En este panorama, el 22 de octubre la JEP dio un ultimátum a las entidades requeridas para entregar información sobre los bienes de las extintas FARC. El plazo iba hasta máximo hasta el 25 de octubre, de no ser entregada la información sobre los bienes, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro incurrirían en desacato, según la JEP. El Fiscal Néstor Humberto Martínez declaró entonces el choque de trenes, remitiendo el caso a la  Corte Constitucional para que sea esta quien defina si la JEP tiene la competencia para dictar medidas cautelares sobre los bienes de las FARC. Néstor Humberto también expresó que, según lo firmado en el Acuerdo de Paz, los bienes que no hayan inventariado a más tardar el 15 de agosto de 2017 tendrán el tratamiento de la legislación ordinaria. En este sentido, el Fiscal argumentó que cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto falsea la voluntad de las partes y, por ende, el marco legal del proceso de paz. No obstante, lo que no menciona el Fiscal es que la diferencia entre dichas instituciones no es únicamente por los bienes que se detectaron con posterioridad a dicha fecha y no están inventariados, sino todos aquellos que habían sido sujetos de extinción de dominio con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. Hay que aclarar, además, que la Fiscalía tiene un cuerpo de investigaciones y de extinción de dominio de activos que van a parar a un fondo especial destinado para su administración. El problema es que este Fondo no está obligado a destinar los recursos que recibe por materia de extinción de dominio, y que eran de este grupo armado ilegal, a la reparación de las víctimas, que es lo que la JEP parece querer asegurar. Contrario a lo que arguye el fiscal, desde la JEP se defiende la idea de que los bienes identificados, incautados u ocupados con fines de extinción de dominio en procedimientos adelantados por la Fiscalía contra las FARC-EP sirven para reparar a las víctimas. Otro de los grandes problemas es que, según argumentó el Fiscal en su carta, hasta la fecha se han incautado bienes presuntamente vinculados a las FARC avaluados por 2,3 billones de pesos, “cifra que dobla con creces la relacionada en el inventario entregado al gobierno”. Tras la dejación de armas las FARC entregaron un inventario al Gobierno avaluado en 823.534 millones de pesos. Se espera entonces que la Corte Constitucional resuelva la competencia sobre los bienes de las FARC, en especial aquellos que se incautaron antes y después de la firma del Acuerdo de Paz y que no están inventariados en las listas entregados por la guerrilla, así como la destinación que dichos bienes deben tener. A continuación los presuntos bienes encontrados por la Fiscalía vs. los bienes entregados por las FARC.

Por: Esteban Salazar, Investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad El proyecto de acto legislativo de Reforma Política y Electoral pasó de ser el vehículo mediante el cual se lograría el cumplimiento del mandato anticorrupción, a ser el caballo de Troya de los partidos tradicionales que buscan incluir proposiciones que rompen con el espíritu de las recomendaciones de la Misión Especial Electoral y la exigencia ciudadana de que el Congreso se reforme a sí mismo. Dentro de la reforma existen varios ejemplos sobre este asunto, pero existe una propuesta en particular sobre el cual no ha habido mayores alertas, la cual busca modificar el artículo 263 de la Constitución Política de la siguiente manera: “ARTÍCULO 263 Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al ciento cincuenta por ciento (150%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley”. Como se observa en la proposición, para el caso de corporaciones como Cámara de Representantes, Asambleas departamentales y Concejos, será necesario, como mínimo de votos para acceder a una curul, el 150% del cuociente electoral, el cual resulta de la división del total de votos válidos por partido sobre el total de curules o escaños a proveer. Actualmente, se exige el 50%. El cambio propuesto significaría que la cantidad de votos necesarios para que los partidos pasen el umbral tendría que aumentar significativamente. A modo de ejemplo: supóngase que en unas elecciones de Concejo municipal participan 4 partidos, que hay 10 curules y que el total de votos válidos fue 1000. En este caso, el cuociente sería la división de los 1000 votos sobre las 10 curules; es decir, 100. Luego, el umbral resulta del porcentaje que sea determinado para cada corporación sobre el cuociente. Para este caso, si se aplicara el umbral actual del 50%, cualquiera de los 4 partidos que haya obtenido más de 50 votos podrá acceder a, al menos, una de las 10 curules. Finalmente, se calcula la cifra repartidora para establecer a cuántas curules tiene derecho cada partido que superó el umbral. En este sentido, el incremento del umbral al 150% favorecería solamente a los partidos tradicionales, pues, como lo ha advertido la Misión de Observación Electoral, miembro de la Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción, esta medida eliminaría la posibilidad de los partidos minoritarios de hacer parte de las corporaciones. Por ejemplo, en Atlántico no habría que tener el 7 % de los votos del departamento sino el 21 %, lo que significa que este año solo Cambio Radical habría tenido representantes a la Cámara. Aunado a lo anterior, la Fundación Paz & Reconciliación realizó un ejercicio estadístico para demostrar cómo este mico podría afectar con mayor fuerza a los partidos minoritarios en los niveles de descentralización y representación política más profundos, como lo son los concejos de municipios de categoría 6 (todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a 10.000 habitantes o con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales). Para lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de 100 municipios de categoría 6 y se aplicó el incremento hipotético del umbral del 50% al 150%,con base en los datos disponibles de las elecciones locales de 2015, con el objetivo de determinar el nivel de concentración de partidos por concejo en la muestra, así como los partidos que se verían más afectados con relación a su participación actual en estas corporaciones. En primer lugar, de la muestra obtenida se encontró que se trata de municipios con votaciones que van desde los 1.037 votos y no superan los 50 mil. En promedio, hay participación de entre 4 y 5 partidos por Concejo, con algunos casos atípicos en los que hay 7 curules disponibles y están concentradas en 3 partidos (por lo general, Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical); así como Concejos con 13 curules, en los que hay 7 u 8 partidos con representación. En segundo lugar, de todos los partidos que actualmente tienen representación en los 100 concejos, los que mayor presencia tienen por municipio son: el partido de la U (89 municipios), Cambio Radical (82), Liberal (78) y Conservador (78). Mientras que, los que menos presencia tienen son: Polo (20), MAIS (22) y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (24). Con base en lo anterior, si se aplicara el umbral del 150%, como se pretende hacer, el resultado generaría que, por ejemplo, el Partido Verde desapareciera del 89% de municipios donde actualmente tiene representación en los concejos de la muestra de los 100 municipios. Este sería el partido más afectado, actualmente tiene representación en 46 de los 100 municipios. Sin embargo, otros casos igual de alarmantes son los de Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Polo y MAIS, los cuales, además de ser los que menos presencia tienen en los concejos de la muestra, desaparecerían en el 79%, 75% y 73%, respectivamente. Un caso en particular es el del Centro Democrático, el cual desaparecería en 28 de los 39 municipios donde actualmente tiene representación. Paralelo a esto, los partidos menos afectados serían los mismos partidos que actualmente tienen mayor presencia en los municipios. Se trata, de menor a mayor afectado, de los partidos Conservador (33%), Liberal (40%), La U (42%) y Cambio Radical (48%). En efecto, un incremento del umbral al 150% generaría que, en 7 de cada 10 municipios de categoría 6 desaparecerían los partidos minoritarios y, a su vez, incrementaría la concentración de presencia de partidos políticos tradicionales como el Conservador, La U, Liberal y Cambio Radical. De hecho, una propuesta en los debates de la Reforma Política plantea una fórmula intermedia donde el umbral sea del 75%. Aun en ese escenario, aplicando el ejercicio a la misma muestra, seguiría generando una mayor afectación sobre los partidos minoritarios, aunque en porcentajes diferentes. Esto es, de la representación que tienen actualmente en los 100 concejos de la muestra, el partido Polo desaparecería en el 55% de estos, el Centro Democrático en el 31% y los partidos Opción Ciudadana, Verde y ASI, en el 16%, 15% y 13%, respectivamente. Así las cosas, es evidente que cualquier incremento del umbral resultaría en una clara modificación al sistema electoral a la medida de los partidos mayoritarios, quienes actualmente controlan el Congreso de la República y las demás corporaciones públicas del país, generando una fractura a la posibilidad de que partidos minoritarios tengan representación política, en un escenario cada vez más concentrado y aprovechado por los corruptos para, en vez de reformarse, acentuar los problemas de la democracia colombiana.

Por: Mateo Quintero y Sergio Saavedra – Redacción Pares Después del debate en el Senado de la República el pasado 8 de octubre, en el que el dos veces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se salvó de la moción de censura, se abrió nuevamente la posibilidad de removerlo de su cargo, esta vez en la Cámara de Representantes. Para revivir la discusión, el representante Wilmer Leal, del Partido Verde, solicitó, nuevamente, la moción de censura contra Carrasquilla, para esto, recogió 21 firmas de las 17 requeridas. Recordemos que, el 8 de octubre, la Mesa directiva del Senado negó la moción de censura contra Carrasquilla. La votación estuvo a cargo de los senadores Ernesto Macías (Centro Democrático), Eduardo Pulgar (Partido de la U) y Angélica Lozano (Alianza Verde). Los dos primeros votaron en contra y Lozano votó a favor. Pese a que el Senado negó en la noche del 23 de octubre el llamado al nuevo debate para el 24; la Cámara, por su lado, mantuvo la citación para el miércoles 25 a las 5 de la tarde. Tras la victoria de Carrasquilla en el Senado, la bola quedó en manos de Carlos Chacón, representante del Partido Liberal y Presidente de la Cámara, quien debía decidir si, en efecto, podía continuar con la convocatoria. Así fue. Ayer se debatió en la Cámara la posible moción de censura contra Alberto Carrasquilla por su participación en los llamados ‘bonos agua’ o ‘bonos Carrasquilla’ (Lea: La jugada maestra de Carrasquilla). Pero la decisión de aceptar el debate parece no ser gratuita. Según información de El Espectador, el martes 23 de octubre, Carrasquilla esperaba en la oficina del presidente de la Cámara, pues allí se llevaría a cabo una reunión de la bancada liberal. Según cuenta este diario, mientras todos esperaban al presidente de la Cámara, éste apareció junto al Ministro Carrasquilla, quien resultó ser el invitado especial del almuerzo. Las cosas están de la siguiente manera: Alberto Carrasquilla cuenta con el apoyo un grueso de liberales (35 en total) que, articulados con los conservadores, el Partido de la U y el Centro Democrático, podrían votar NO a la moción. El estatuto de oposición juega un papel preponderante puesto que, Cambio Radical y el Partido Liberal se declararon en independencia frente al Gobierno de Iván Duque Márquez. Hay que tener en cuenta que en las firmas recogidas para llamar al debate hubo tres de liberales: Jorge Luis Correa, Juan Carlos Losada y Ángel Gaitán. Cuentan los que estuvieron en la reunión que dicho asunto preocupó al ministro, quien sabía que la primera bancada con la que debía reunirse era la roja, mayoritaria en la Cámara de Representantes. “La moción de censura está en nuestras manos”, dijo un congresista liberal, quien respaldará al ministro el próximo martes en la votación definitiva. Y los liberales quieren votar en bloque: buscarán el consenso entre ellos en un desayuno de bancada el mismo día que se dará la decisión en la Cámara. ¿Qué pasó en el debate? Según las intervenciones en el debate las disposiciones de votos de cada partido parecen claras. Aunque bancadas como las del Polo Democrático, Partido Verde y Decentes intervinieron dando un panorama transversal a los ‘bonos agua’, el ministro logró amasar mayorías que salieron en su defensa y dejaron en entredicho si es plausible que pueda ser removido de su cargo. En favor de la moción estuvieron Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, quien aseguró que Alberto Carrasquilla debe apartarse dado que el problema es tan tangible como la deuda y las obras que no se han hecho. Fabián Díaz también se sumó a la moción refiriéndose a la ironía que tuvo cita en el recinto: «consideran un irrespeto de lanzar billetes didácticos, pero no les parece un irrespeto que el ministro se haya enriquecido quebrando municipios». Por su parte, Gustavo Petro en su intervención fue certero al llevar el debate a una situación humanitaria, pues precisó que, por ejemplo, en Buenaventura se levantó un paro enorme por falta de agua potable. Para Petro, el debate debe ser considerado como un tema de salud pública que implica los derechos mínimos fundamentales. Sin embargo, José Moreno prendió la controversia al decir que no es cierto que se haya hecho un negocio para empobrecer ‘algunos municipios del país’. Para Moreno, el debate era improcedente y agregó que no se puede enjuiciar a una persona cuando no existe ninguna ‘relación real de conexidad’. El Centro Democrático, en cabeza de Chistian Garcés, afirmó que «el debate por la moción de censura es un show y una persecución política contra un ciudadano». También argumentaron que se rigen por la Ley Quinta, donde en el artículo 3 se asegura que las mociones de censura se realizan por asuntos relacionados con las funciones propias de cargo ministerial, por lo que, según la colectividad, el debate se hace improcedente. Justamente, después de la intervención de Alberto Carrasquilla, Jennifer Arias, representante por el CD, aseguró que lo único que hizo el ministro fue un ajuste al sistema de participaciones, y que si hubo un detrimento patrimonial no es culpa del ministro de Hacienda sino de los alcaldes correspondientes. Gabriel Vallejo le salió también en defensa diciendo que Carrasquilla ni participó en la expedición de los bonos ni tampoco se enriqueció. Frente al boicot en favor del ministro, el senador Jorge Enrique Robledo ha insistido que tiene unos documentos que le entregó Alianza Fiduciaria con los pagos a Alberto Carrasquilla y a su empresa Konfigura Capital Ltda. por 22.657 millones de pesos. Sin embargo, en su intervención, Carrasquilla advierte que Alianza Fiduciaria puede aclarar que los giros fueron ‘solo’ de 8.400 millones. Una de las intervenciones que más dejan vislumbrar el futuro de la moción, es la del Partido Liberal, que, en cabeza de Harry González, solicitó plenas garantías para dar su legítima defensa y adelantó que la decisión de la bancada será tomada la próxima semana. Héctor Vergara, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical —que entre otras cosas se declaró independiente del gobierno Duque— afirmó que encontró el debate improcedente e infundado, dándole apoyo a Carrasquilla. Lo cual se suma a un panorama muy complejo para pensar en una viabilidad de la moción en contra del actual ministro de hacienda. Siendo las 10:45 p.m., el presidente de la Cámara de Representantes dio por terminado el debate y citó el martes 30 de octubre para votación, por ley, a las 3pm de la tarde. Así las cosas, parece que el ministro Carrasquilla tiene a la mayoría a su favor. Las palabras del representante del Partido Conservador, Félix Chica, pueden resumir muy bien lo que pasó en el debate y lo que puede venir: “Ministro, sus argumentos, a la inmensa mayoría nos dejan satisfechos y seguros de que el país está en las mejores manos […] Aquí vamos a estar acompañándolo el Partido Conservador y la mayoría en este Congreso». Ahora solo queda esperar por la votación. ¿Qué es la moción de censura? La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo. Está descrita en el artículo 135, que hace parte de los conceptos sobre la composición y funciones de la rama legislativa, ésta les dá la facultad a los congresistas de proponer una moción frente a este respecto. Sin embargo, a pesar de que existe la posibilidad de destituir de sus cargos a ministros, directores administrativos y superintendentes por incumplimiento de sus funciones, la moción de censura no ha sido aprobada en ninguno de los casos en los que ha sido propuesta.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El 23 de octubre alrededor de las 7 de la noche, fue atacada la estación de policía de Hacarí, en la región de Catatumbo, Norte de Santander, con artefactos explosivos y ráfagas de fusil que dejaron un saldo de cinco personas heridas: cuatro civiles, que estaban jugando un partido de microfútbol en un polideportivo contiguo a la estación, y un policía. Entre los civiles se encuentra la menor de edad Karen Yibeth Ropero Carrascal, de 15 años; Yordan Bayona, de 18 años; Jaider Angarita Quintero, de 19 años y Michel Ányelo Gálvez Carrascal, de 26 años. El uniformado afectado fue el patrullero Jeinner Sandoval Sandoval. La Región del Catatumbo, conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención, El Carmen, San Calixto, Ocaña, Teorama, La Playa y Hacarí, ha sido epicentro de altos niveles de conflictividad violenta en los últimos años. Hacarí está aproximadamente a 266 km de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander. El municipio está compuesto por siete corregimientos: San José del Tarra, Martínez la Pelota, Astilleros, San Miguel, Maracaibo, Agua Blanca y Mesitas. Sesenta y cuatro veredas y una zona de reserva forestal. En el municipio se encuentra la cuenca del río Tarra. Enla región, viene existiendo una clara disputa entre el ELN y el EPL por elcontrol de los territorios del Catatumbo, disputa que involucra al Clan del Golfo y otras estructuras criminales asociadas a las dinámicas de narcotráfico y contrabando. La situación de violencia en Norte de Santander, según la misma Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas es compleja, pues solo en el 2018 han sido perjudicadas más de 20.000 personas. La respuesta por parte de Estado ha sido aumentar el pie de fuerza a más de 2.000 uniformados en la región. Por su parte, el último informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, enfatiza que se han presentado incidentes con respecto a la seguridad en Norte de Santander. Además,según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, más de 1.350 campesinos fueron desplazados y varias instituciones educativas en Teorama, San Calixto y Hacarí se vieron afectadas. En suma, la mayoría de la comunidad se ha visto afectada por las dinámicas que se desprenden del EPL, ELN y el incremento de pie de fuerza como respuesta del Estado. En el Catatumbo, por ejemplo, se encuentra el 99% de las hectáreas con cultivos de coca del departamento, esta región que ha tenido un crecimiento exorbitante de más del 700% en el área de cultivo de coca, pasando de 3.940 ha en 2011 a 24.587 ha en 2016. Ahora bien, con lo que respecta a las posibles rutas de tráfico de drogas en el Catatumbo — partir de investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación— se vislumbran 4: 1) la que atraviesa al departamento de oriente a occidente en la parte baja del Catatumbo. Esta ruta sigue el camino desde Cúcuta hacia San Cayetano, por la vía carreteable de Santiago hacía Gramalote, Lourdes, Bucarasica, Ábrego, sube a Ocaña y sale hacia el departamento del Cesar, 2) otra, que atraviesa a La Playa, conectando a Hacarí con la vía Ocaña – Ábrego, 3) una ruta de gran importancia para los grupos armados ilegales en el medio Catatumbo es la que comunica al Tarra con Tibú para conectarse con Venezuela, 4) finalmente, otro camino por la vía entre San Cayetano, que desemboca en la parte alta de Tibú. La situación en Norte de Santander por estos días ha tenido más episodios de violencia. En la madrugada de este miércoles se conoció información sobre la liberación del comerciante William Franco, quién habría sido secuestrado hace diez días en el corregimiento de La Ermita, en Ocaña Norte de Santander. La información la dio a conocer George Edison Quintero, comandante del departamento de policía de Norte de Santander; quién declaro que “en este momento ya se tuvo contacto telefónico con el señor William”. Los hechos alrededor de liberación aún son materia de investigación. En los últimos días se han concentrado más de 700 campesinos para protestar sobre la situación que vive los municipios de Hacarí y de San Calixto, donde 21 personas se encuentran desplazadas y en busca de atención humanitaria. El defensor del pueblo de Ocaña se ha pronunciado por el pliegue de quejas de la comunidad.

Por: Mateo Quintero Miguel Uribe Turbay, Secretario de Gobierno del actual alcalde Enrique Peñalosa, presentó el 22 de octubre su renuncia al cargo. Varios medios de comunicación y fuentes políticas advierten su posible intención por la Alcaldía en el 2020. Sin embargo, Uribe Turbay empezó su carrera desde muy joven y sus impulsos políticos vienen desde tiempo atrás. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Uribe Turbay es hijo del también político Miguel Uribe Londoño y de la abogada y periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. La política rodea a Miguel Uribe desde muy niño. Uribe Turbay realizó estudios de derecho en la Universidad de Los Andes y empezó su carrera política incluso antes de graduarse. En cuarto año de la carrera fue elegido concejal de Bogotá con más de 16.000 votos. En el Concejo de Bogotá se convirtió en uno de los más reticentes críticos de el entonces alcalde de la capital, Gustavo Petro. Esto le permitió allanar terreno político y fraguar alianzas. Ya después, cuando Enrique Peñalosa fue electo alcalde de Bogotá, Miguel Uribe fue designado como Secretario de Gobierno por recomendación del expresidente Juan Manuel Santos. Así le ganó el pulso por este cargo a David Luna, exministro de TIC, quien era el primer opcionado para el cargo. Luego, Uribe Turbay se acercó a Cambio Radical, lo que lo acercó también al entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras. Además, Miguel Uribe siempre ha sido cercano al Partido Liberal, primero, por su abuelo, expresidente de la República vinculado a ese partido, y después por su adhesión al Liberal para la campaña del concejo en 2010. Cabe aclarar que Uribe Turbay se había vinculado al Partido de la U en el 2010 para respaldar la primera candidatura de Juan Manuel Santos. Los liberales tenían como candidato a Rafael Pardo que, tras su derrota en las urnas, decidieron adherirse a Santos. De ahí los buenos nexos entre Santos y Uribe Turbay. Sin embargo, por ese entonces, Miguel Uribe trabajó de la mano de Simón Gaviria y David Luna en el Partido Liberal, lo que ayudó a consolidar su candidatura para el Consejo de Bogotá. Según Semana, el exsecretario considera a Simón Gaviria como uno de sus tutores en materia política. Además, años después se encontrarían de nuevo, Uribe Turbay al frente de la Secretaría de Gobierno y Gaviria al frente de la Dirección de Planeación Nacional. ¿Cómo le fue como secretario? Fungir como secretario de gobierno de Enrique Peñalosa ha puesto a Miguel Uribe Turbay como una de las fichas principales del actual alcalde. Esto significaría que es el más peñalosista de los candidatos a la alcaldía. Pues ya otros candidatos han elegido sus partidos: Navarro Wolff (Alianza Verde), Hollman Morris (Colombia Humana), Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo) y Diego Molano (Centro Democrático). Sin embargo, varios escándalos han sacudido su trabajo al frente de la Secretaría. Uno de ellos fue el concepto que el despacho de gobierno emitió respecto al caso de Rosa Elvira Cely, asesinada por Javier Velasco, su compañero de estudios, en el Parque Nacional de Bogotá. El despacho, en efecto, culpó a Rosa Elvira, arguyendo que: “Puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto deque Javier Velasco le cercenó su existencia; si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la noche, hoy no estaríamos lamentando su muerte”. Después de la polémica generada por el concepto, el Alcalde de Bogotá respondió que “Estoy indignado con la postura de abogadas de la Secretaría de Gobierno sobre Rosa Elvira Cely. Me duele que eso haya ocurrido”. Sin embargo, fue Uribe Turbay quien tuvo que asumir el concepto, pues fue emitido desde el despacho que él dirigía. Pese a que se disculpó y señaló que mediante los conceptos delas entidades no se puede revictimizar a las víctimas, varios concejales alzaron la voz y le pidieron al entonces secretario de Gobierno que renunciara a su cargo. Sin embargo, Uribe Turbay le dijo que no usaran ni ese ni ningún otro caso de violencia contra la mujer para hacer política. La candidatura Después de renunciar a su cargo como secretario de Gobierno,Uribe Turbay dijo que el mayor riesgo de Bogotá “es volver al pasado” y que,además, “defenderá el modelo de ciudad que hemos construido”, refiriéndose a su trabajo al lado de Enrique Peñalosa. En su alocución, publicada en El Espectador, también le agradeció al actual alcalde, arguyendo que bajo su mandato “ha podido ser testigo de la transformación que está viviendo Bogotá”. La intención de Uribe Turbay es promover una unidad bajo la defensa de la gestión de Peñalosa. El exsecretario también habló sobre las pasadas alcaldías y manifestó su rechazo frente a éstas, dijo que “se han reafirmado las bases que Enrique Peñalosa sentó hace 18 años y que se habían perdido en las últimas alcaldías”. Así las cosas, Uribe Turbay se presenta como el candidato que continuará con el proyecto político de Enrique Peñalosa. Bajo el ala de partidos que en el pasado los han acogido, como la U, el Liberal y Cambio Radical, este joven de 28 años empieza su carrera por la Alcaldía de Bogotá, el segundo puesto más importante del país.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El martes 23 de octubre de 2018 se cumplió el plazo de 10 días que le otorgó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 31 exguerrilleros para que hicieran efectiva entrega de un informe detallado de sus actividades de reincorporación para reafirmar su compromiso con el proceso de paz. Esta solicitud de información se dio en el marco del caso 001, relacionado con secuestros perpetrados por la antigua guerrilla de las FARC-EP. La JEP recibió 18 informes de exjefes guerrilleros y 9 solicitudes de prórroga. Es decir, un total de 27. Sobresale que se recibió el informe de Iván Márquez a la JEP por medio de un abogado, quién apareció con este acto de voluntad sobre lo acordado en respuesta a las incertidumbres sembradas por los meses de ausencia. Sumado a Iván Márquez se encuentran los nombres de Henry Castellanos (‘Romaña’), Rodrigo Echeverri Londoño (alias ‘Timochenko’), Luis Albán, Julián Gallo (‘Carlos Lozada’), José Benito Cabrera y Seuxis Paucías Hernández (‘Santrich’). Hubo cuatro exguerrilleros de los que no hubo razón, entre ellos, alias ‘El Paisa’. La información que ha sido entregada por la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Fundación País Libre, contiene investigaciones judiciales, recopilación de prensa, cuadros estadísticos y demás insumos en lo referente al caso 001, que llega a manos del Secretariado, al Estado Mayor Central y a los abogados. ¿Quiénes son los llamados a comparecer por el Caso 001 ante la JEP? Los 31 dirigentes de la Farc que debían enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad son: Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Pablo Catatumbo; Torres Victoria; Julián Gallo Cubillos; Luis Alberto Albán Urbano; Luciano Marín, ‘Iván Márquez’; Seuxis Paucias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’; Rodrigo Granda Escobar; Orlay Jurado Palomino; Abelardo Caicedo Colorado; Jesús Mario Arenas Rojas; Jaime Alberto Parra Rodríguez; Milton de Jesús Toncel Redondo; Rodolfo Restrepo Ruiz; Juan Emilio Cabrera Díaz; Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’; Edgar López Gómez; Juan Carlos Ramírez; Jaime Bustos Aldana; Jairo González Mora; Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino; José Benito Cabrera; Guillermo Enrique Torres Cuelter (o Cuéllar); José Aldinever Sierra Sabogal; Erasmo Traslaviña Benavides; Floresmiro Burbano; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’; Luis Óscar Úsuga Restrepo; Martín Cruz Vega, José Vicente Lesmes y Luis Ernesto Medina Ávila. ¿Por qué se solicita la prorroga? Los 9 integrantes del partido FARC que pidieron una prorroga a la JEP han argumentado la imposibilidad de esta solicitud, debido a que no hay un cumplimiento sobre el funcionamiento pleno del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad). Este sistema se radicó en el decreto número 1166 del 11 de julio de 2018 en el cual, con base en el punto 5 del Acuerdo Final, Y dispone que ante el SVJRNR las personas podrán ejercer su derecho a la defensa, según lo escojan de manera individual o de forma colectiva. El SAAD promoverá el respeto a la seguridad jurídica, individual y colectiva de todas las personas comparecientes ante el SVJRNR. En el decreto también se establece que los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos, garantías y requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Justamente, de mantenerse la ausencia de los informes solicitados por la Sala de Reconocimiento, la misma decidirá si se abre o no un incidente de incumplimiento en el cual se determine en que radicó el incumplimiento de una parte del régimen de condicionalidad. Se busca, entonces, que los comparecientes presenten su contribución a la verdad. ¿Qué establece la JEP sobre los incumplimientos? La Jurisdicción Especial para la Paz establece sanciones que van hasta la exclusión del sistema, lo que determinaría el paso a la justicia ordinaria. En el caso 001 si salen del modelo de justicia especial, pasarían de ser culpables a una pena de entre 28 y 40 años (como se consagra el delito de secuestro en Colombia). ¿Qué dice el Gobierno Nacional? El presidente Iván Duque Márquez se refirió al tema pidiéndole ‘disciplina’ la JEP con lo que respecta a los casos de los excombatientes que no comparezcan ante dicha Jurisdicción. El mandatario, desde Bruselas, enfatizó que “si la JEP llega a enterarse de que estas personas siguen cometiendo hechos criminales que los expulsen y que la justicia ordinaria los juzgue”. Por su parte, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, aseguró que el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila Peñalosa, confirmó que se desembolsaron recursos suficientes para la contratación de los abogados de los excombatientes. Puntualmente, se pusieron a disposición 2,500 millones que, según Miguel Ceballos, van para la contratación de 7 abogados, así como también para la reparación a las víctimas y la ayuda psicosocial. ¿Cómo están las condiciones territoriales para la Reincorporación según la Misión de las Naciones Unidas? El último informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de Colombia —4 de octubre de 2018— determinó que existen riesgos enormes en el proceso de reincorporación que han generado que varios excombatientes hayan abandonado los espacios de reincorporación. Las razones, según el informe, son por la preocupación sobre la seguridad física y jurídica dejando los espacios donde se están reincorporando aproximadamente 1.500 excombatientes. En el informe se resalta la importancia del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa y que este cuente con recursos y el personal necesario para desempeñar sus responsabilidades en el marco de la provisión de garantías jurídicas y la reincorporación. Se debe, en este sentido, priorizar los tiempos y focalizar los fondos para este sistema para que se dote al mismo de alrededor de 30 abogados en los próximos meses.

Por: Redacción Pares Hace una semana se había levantado una polvareda en todo el país tras la presunta intención de Mario Javier Pacheco ―literato e historiador de talante uribista― para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tras desatarse la polémica, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto y, en efecto, Pacheco se retiró del concurso. Sin embargo, el nuevo postulante, Fernando Vargas Quemba, parece ser peor. Si bien, como lo dice el mismo CNMH en su Misión, este centro de estudios se creó «con el fin de contribuir a la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto«, parece que el Centro Democrático, o en efecto el uribismo, quiere meter alguna ficha para cambiar esta tarea. Pese a que Pacheco se retiró del concurso, otro uribista de pura cepa quiere tomar este puesto: Fernando Vargas Quemba, quien parece tener acusaciones aún más graves. En una columna publicada en el 2013 titulada “La huella nazi”, el periodista Daniel Coronell denunció varios nexos de Vargas Quemba con grupos paramilitares y neonazis. Según información de Coronell, en 1989 tres personas fundaron el grupo ultraderechista Movimiento de Restauración Nacional (Morena), impulsado por paramilitares del Magdalena Medio: Armando Valenzuela Ruíz, a quien los miembros del Movimiento neonazi Tercera Fuerza le llamaban “’Valuarte’ (sic) para la lucha nacionalsocialista”; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Baéz, exparamilitar del Bloque Central Bolívar y Fernando Vargas Quemba, creador del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla – VIDA y aspirante a dirigir el CNMH. La alianza de Vargas Quemba con ‘Ernesto Baez’ no es menor. El Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar que ‘Baez’ comandaba, dejó más de 14.000 víctimas, además de reclutar a menores de edad y cometer recurrentes masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Morena, movimiento ultraderechista y con presuntos influjos paramiliatares, revivió en 2007 bajo el nombre de Restauración Nacional: otro grupo de extrema derecha que profesaba la restauración social y política de Colombia bajo la defensa de la moral cristiana, la protección de la cultura iberoamericana y los valores derechistas. Una de sus principales influencias a seguir era el conservador Laureano Gómez, que planteaba una visión del Estado desde una concepción católica y nacionalista. Cabe anotar que Restauración Nacional organizó un evento en el año 2012 para celebrar el ascenso de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación. El evento se llevó a cabo en el Hotel Casa Medina en Bogotá. Al evento asistieron miembros del nuevo grupo Restauración Nacional, el excomandante del grupo neonazi Tercer Fuerza, Eduardo Romano, María Fernanda Cabal y el abogado Fernando Vargas Quemba. La reunión quedó documentada por Noticias Uno. Así las cosas, surge como gran preocupación el hecho de que las valoraciones ideológicas de Vargas Quemba incidan sobre los futuros informes y estudios del CNMH y sobre su misma vocación. Pues todo parece indicar que Vargas Quemba quiere quitarle un pedazo a la historia. Así lo ha demostrado en algunos trinos: El escritor Juan Gabriel Vázquez dijo alguna vez que la historia es un relato y como relato depende de quién la cuente: los vencidos o los vencedores. En un conflicto de más de 60 años aún hay muchas historias sin contar, muchas víctimas sin reparar y muchas personas que aún buscan respuestas sobre sus muertos. Todo esto corre riesgo con Vargas Quemba, pues ha llegado a decir que el CNMH ha montado “una versión izquierdista del conflicto» luego de que se publicara una investigación que afirmaba que los paramilitares fueron culpables de 94.754 muertes; las guerrillas de 35.638 y el Estado de 9.804.

Por: Juan Camilo Rodríguez, asistente de investigación de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En la provincia del Sumapaz, al sur de Cundinamarca, fue incinerado un bus que llevaba siete pasajeros entre los municipios de Pandi y Venecia. Hombres armados lo detuvieron, hicieron descender a sus tripulantes e incineraron el bus de transporte intermunicipal. Según versiones del conductor, los delincuentes manifestaron que el bus era objetivo militar, esto entre las siete y ocho de la noche del lunes. Otras versiones advierten que antes de marcharse arengaron ser integrantes de las extintas FARC. De esto no hay mayores indicios, por lo que el hecho puede ser atribuido a delincuencia común en el marco del cobro de extorsiones. En la huida, los armados dejaron un cilindro vacío en el sector conocido como Puente Machete, en la vereda Sabaneta. Otras fuentes aseguran que se encontró más de un cilindro de Gas Licuado de Petróleo GLP. Ahora mismo, se registra una fuerte presencia de Policía en el sector. Se está realizando un consejo de seguridad extraordinario para establecer las posteriores acciones frente a los hechos ocurridos. Igualmente, un grupo de antiexplosivos de la Policía está en la zona para descartar presencia de algún artefacto explosivo. Presuntamente, el bus cubría la ruta Bogotá – Mundo Nuevo, corregimiento de Icononzo, Tolima. En contexto Las FARC-EP tuvieron una fuerte presencia en el Sumapaz a finales de los años noventa. Para el 2000, en Cundinamarca tenían cerca de mil guerrilleros. Específicamente, en el Sumapaz estaban los Frentes 25, 51, 52, 53 y 55. Esa presencia fue reduciéndose en la primera década del siglo. Con respecto al 25, la última noticia data de 2011 con la captura de Albeiro Torres García, alias ‘Tata’, presunto cabecilla encontrado en Huila. Con respecto al 51, alias ‘Leonardo Carrillo’ fue capturado en 2014 en zona rural del municipio de Colombia, Huila. El frente 53 era muy cercano a este en tanto que compartían finanzas. De él, hacía parte ‘El Zarco Aldinever’, a quien no se le conoce paradero en 2018. De los frentes 52 y 55 no hay conocimiento desde antes de 2010. En ese sentido, la presencia de las FARC-EP aún antes de la firma de los Acuerdos era muy escasa, lo cual se agudizó con la entrega de armas y la desmovilización. Como secuelas quedaron campos con minas antipersonales que poco a poco han sido detonadas controladamente. En 2017, cerca al Sumapaz se estableció el ETCR de Icononzo, en Tolima, que agrupó los frentes 7, 17, 27 y 40 que, entre otras cosas, no tuvieron mayores capacidades en Cundinamarca.

Foto: Ministerio del Interior Por: Juan Sebastián Patiño, Universidad Católica de Cali El municipio de Timbiquí, ubicado al occidente del departamento del Cauca, está viviendo una difícil situación a causa de la escasez de agua potable por la contaminación del Río Timbiquí. La situación ha venido agudizándose desde hace casi una década como consecuencia de la mala disposición de los desechos industriales de la minería, actividad que se realiza frecuentemente por los pobladores del municipio. Esta situación comenzó a principios del año 2010, debido a la bondad del río Timbiquí y la gran cantidad de oro que se encontraba en la parte alta de este. Como consecuencia, se dio un auge minero que implicó que aproximadamente 300 retroexcavadoras -las cuales trabajaban durante las 24 horas del día- excavaran en el lecho de la fuente hídrica para extraer este cotizado mineral. Fue preciso este proceso de extracción, el cual requiere del uso de productos altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro, el que causó el deterioro de la calidad de las aguas del río, hasta el punto de convertirlas en no aptas para el consumo humano. Sin embargo, a pesar de las campañas que trataban de mitigar esta problemática ambiental, Timbiquí es ahora un municipio con múltiples tanques de reserva de agua instaladas por los habitantes, con el propósito de almacenar “aguas lluvias” y así poder acceder al preciado líquido. Cabe resaltar que, gracias a la ubicación estratégica del municipio, el cual lo posiciona en una de las zonas más lluviosas del país, los ciudadanos cuentan con el agua necesaria para vivir y sanear sus necesidades básicas, teniendo también en cuenta, que, en épocas de sequía, la situación que se vive es bastante crítica. Óscar, un poblador timbiqueño, menciona que en épocas donde el agua escasea debido a las fuertes sequías, los habitantes tienen que recurrir al municipio de Buenaventura, situado en el departamento del Valle del Cauca, para comprar botellones de agua y de esta manera mitigar la complicada situación. Según la personería, en Timbiquí una familia de 4 integrantes requiere aproximadamente 2 mil litros de agua para subsistir durante una semana, un volumen que no supone mayor dificultad en ser colectada durante las tempestades que se precipitan en este municipio. Sin embargo, este recurso hídrico no poseería ningún tipo de tratamiento, lo que conllevaría a que durara almacenada en buen estado para el consumo humano muy pocos días, antes de que exista la posibilidad de proliferación de microorganismos que alteran su composición. Los timbiqueños solo pueden observar de lejos la bonanza, pues cada día se agudiza más esta problemática ambiental y se aleja la posibilidad de encontrar una pronta solución, a la que ahora se le suma el cambio climático, las largas épocas de sequía, la deforestación, contaminación de fuentes hídricas y el abandono estatal, el cual no ha generado políticas públicas viables para el municipio que mitiguen la falta de agua en sus poblados.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares La élite política tradicional y el gobierno de Iván Duque no solo quieren hacer trizas el acuerdo de paz, sino también la Constitución de 1991. Actualmente, cursan en el Congreso una serie de actos legislativos o proyectos de reforma constitucional. Muchos de ellos, son verdaderos retrocesos en la garantía de derechos que otorgó la Constitución de 1991. Otros son maquillaje, pero sin nada de fondo y hay una que otra cosa buena. Pero lo cierto es que, a este ritmo, la constituyente que tanto promocionó el uribismo la van a lograr a punta de reformas parciales. Hay ejemplos increíbles. En primer lugar, alargar los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores. Es decir, la clase política tradicional siente que el cambio político es inevitable, y quieren detenerlo modificando la Ley. A la luz de los resultados de primera y segunda vuelta presidencial es, más o menos, claro que las fuerzas alternativas ganarían Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, varias ciudades intermedias, además de varios departamentos. Los más dignificados serían los partidos tradicionales como el Partido Cambio Radical, el partido de la U, los Liberales y Conservadores. Así que mediante una argucia en la ley quieren impedir que se vote. Comportamientos de regímenes autoritarios. En segundo lugar, también se ha metido uno de los orangutanes más increíbles y es que el Fiscal General lo designe el Presidente, es decir, un fiscal de bolsillo, más de lo que ya es. Esto no solo impedirá que se avance en investigaciones de personas cercanas al gobierno de turno, sino que sobre todo, la Fiscalía podría convertirse en una policía política diseñada para la persecución de la oposición y los críticos al gobierno. Ejemplo de este tipo de cosas abundan en la región y, nuevamente, es típico de regímenes autoritarios. Otra de las perlas en la contrarreforma política es que en Cámara de Representantes, asambleas departamentales y consejos municipales el cociente electoral aumenta, es decir, se incrementa la cantidad de votos necesarios por partidos para poder alcanzar el umbral. Esto lo que significa es que se van a borrar las minorías políticas en próximo año. Solo en Bogotá, haciendo el cálculo, los últimos tres partidos que entraron ya no podrían acceder al Consejo. La situación, en todo caso, es dramática en los consejos municipales de municipios de sexta categoría, allí prácticamente se acaba a la oposición y las minorías políticas. En otras palabras, se quiere revivir el frente Nacional. De aprobarse todo esto, el retroceso sería inmenso, sería volver a la Constitución de 1986. Todas estas reformas en la vida real son una constituyente camuflada, que acabaría con una serie de logros de la sociedad colombiana. Lo dramático del asunto es que la clase política colombiana camufla esta contrarreforma con el discurso de la anticorrupción, justificando los proyectos de reforma con uno que otra cosa positiva, pero de fondo es un retroceso. Así las cosas, es preferible que se hunda todo, que por ejemplo la reforma política e incluso la reforma a la justicia se hundan y así evitar que se metan micos terribles para la vida política del país. Los próximos días serán definitivos para la vida política de la democracia colombiana.

Por: Anamaría Corrales Acevedo El 20 de octubre de 2018, Argelia, Cauca, volvió a ser noticia por la tragedia de cuatro integrantes del Ejército nacional que murieron en un accidente aéreo. De la aeronave aún falta información según el comunicado del Ejército, porque “establecer la causa de lo ocurrido requiere del análisis del equipo de investigación técnica especializada de la DAVAA, quienes ya se encuentran en desplazamiento al lugar de los lamentables hechos. La aeronave y su tripulación se encontraban en el desarrollo de una operación militar desplegada por la Brigada Contra el Narcotráfico en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, en la vereda Los Picos del municipio de Argelia, Cauca, en donde fue desmantelado un gigantesco cristalizadero”. De manera simultánea, circuló por redes la denuncia de la desaparición forzada de María Caicedo, integrante de la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia (AMAR); de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), filial a Fensuagro – CUT; de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano (Pupsoc) y de la coordinación social y política Marcha Patriótica. Además, también se conoció un vídeo del 19 de octubre de 2018 en el que campesinos discutían con el Ejército, aparentemente antes del episodio del helicóptero. Frente a las afirmaciones de un militar sobre que “el pueblo colombiano desafortunadamente tiene como economía este cáncer del narcotráfico” y que “vamos pensando todos acá, como pueblo colombiano, en dedicarnos a otra cosa, vamos pensando eso y quitándonos eso en la sustitución”, un campesino le responde: “Hace años que lo estamos buscando”. ¿Cómo ha sido el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito? Desde diciembre de 2015, delegados campesinos y representantes del gobierno nacional, la Gobernación de Cauca y la Alcaldía de Argelia acordaron una ruta de trabajo para “el proceso de concertación sobre el tema de desarrollo territorial integral y sustitución de cultivos”. Ese espacio se dio como reacción a las manifestaciones realizadas a raíz de la muerte del campesino Miler Bermeo Acosta y las heridas producidas a otros tres, el 19 de noviembre de 2015. El día anterior tres integrantes del Ejército quedaron heridos por un artefacto explosivo en una operación de desmantelamiento de una fábrica de minas antipersonales. En el marco de esa ruta de trabajo concertada, el 11 de mayo de 2016 se realizó en Argelia el Foro Paz, Posconflicto y Desarrollo Territorial para “generar un espacio de interlocución sobre el desarrollo territorial y la superación del fenómeno de los cultivos de uso ilícito con las autoridades y organizaciones sociales y campesinas de este municipio, históricamente vulnerado por el flagelo del conflicto armado y el narcotráfico” e implementar la estrategia del gobierno para la sustitución de cultivos ilícitos desde la confianza, el fortalecimiento de la legitimidad del Estado, el diálogo entre las autoridades públicas y las comunidades, y la participación ciudadana en la planeación y toma de decisiones. Allí, los campesinos reafirmaron su decisión de entrar a la legalidad cumpliendo los compromisos planteados. No a cualquier precio sino con desarrollo y cumplimiento por parte del Estado; por eso en el Foro se trataron temas de educación, salud, desarrollo económico, la defensa del territorio y el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina del Sur del Cauca, solicitada desde 2014. Los campesinos de Argelia resaltaron que están organizados por el bienestar de sus comunidades y que lo que han tenido es tesón, resistencia y voluntad, como lo manifestaron en el suceso de este 19 de octubre de 2018. A pesar de la intención del Consejero Pardo que “aseguró que el objetivo es acercarse a la comunidad para crear acuerdos conjuntos que contribuyan a la reconciliación y el desarrollo de la región”, poco de desarrollo y reconciliación se viven allí. Casi un año después, el 29 de marzo de 2017 una carga explosiva hirió al campesino Arleyo Cerón Pérez “cuando una patrulla de soldados de la Brigada Móvil 29 atravesaba por la zona”. En el marco del Acuerdo Final de Paz, la salida de las FARC-EP, que ejercían control, y la demora del control estatal (tanto de fuerzas militares como de la institucionalidad civil) ha hecho más y más vulnerable a la gente y a su territorio, corredor disputado hoy por bandas, guerrilla del ELN y narcotraficantes. El Gobernador Óscar Rodrigo Campo afirmó, el 19 de enero de 2018, que “la agenda hoy apunta a atacar economías ilegales que aún persisten, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal. Son las que amenazan la convivencia ciudadana y tienen que ver con la disputa en el dominio de corredores estratégicos para la delincuencia […] Se están redoblando esfuerzos con el Ejército, la Policía y la Armada para contrarrestar su accionar y evitar su expansión, pero se requiere también que el Gobierno Nacional sea más eficiente, porque no lo ha sido […] El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en particular frente a la atención inmediata, que es el que ofrece recursos a los campesinos para que cambien la coca por otro tipo de cultivo y así puedan acceder a la formalidad, no ha sido efectivo. De verdad, estamos bastante colgados”. A los pocos días, el 21 de enero de 2018 ocurrió otra tragedia, cuando en “una incursión armada en el corregimiento de El Plateado, Argelia, sur del Cauca, dejó como resultado tres personas muertas, así como varios heridos, según fue confirmado por el alcalde de esta localidad, Diego Aguilar «[…] La gente de la zona informó que fueron once sujetos que llegaron en un campero color verde a El Plateado, para adelantar esta masacre. Las víctimas son campesinos de la zona, el tema es complejo porque en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley”. Tras el Consejo de Seguridad realizado en Argelia al día siguiente, el Comandante de la Tercera División del Ejército, el Brigadier General Jorge Horacio Romero, dijo: “tenemos una firme convicción con los representantes de las juntas de acción comunal de iniciar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, sabemos que la ilegalidad genera este tipo de eventos traumáticos para las comunidades, pero de la mano de la institucionalidad, Gobierno nacional, Policía y Ejército, estaremos asistiendo a las comunidades para que ingresen a la legalidad”. Posteriormente, el 2 de febrero de 2018, el entonces Vicepresidente Óscar Naranjo lideró en Argelia una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -Ciprat-: “Las decisiones tomadas deben ser garantías para que la situación de Argelia reciba una respuesta integral del Estado no solo en términos militares, policiales, judiciales, sino también de atención social. Las medidas, que se diseñaron a partir de una serie de recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, son: actualizar el mapa de riesgos del municipio, aumentar la presencia de la fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación y del alto Gobierno con el programa de sustitución de cultivos ilícitos”. Dos días después, el 4 de febrero se realizó también en Argelia un Consejo de Posconflicto, instalado y coordinado por el antiguo Alto Consejero, Rafael Pardo. Nuevamente, el gobernador señaló la necesidad de revisar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución: “entendemos que si no avanzamos en materia de sustitución, en materia de inversión de importantes proyectos sociales […] pues vamos a perder terreno, el terreno que hemos ganado”. El 17 de marzo de 2018 los campesinos de Argelia firmaron masivamente el Acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (14 núcleos veredales, 8094 familias y 3195 recolectores). El paso siguiente sería la inscripción de cada familia y de cada recolector reconocido por la Asamblea Comunitaria. En el Consejo Asesor Territorial de Cauca, el 2 de mayo de 2018, de nuevo el Gobernador del Cauca reclamó los planes y las alternativas: “Nosotros estamos trabajando con la Fuerza Pública para golpear las diversas bandas criminales que se quieren apoderar de los territorios, pero es importante contar además con unos planes fortalecidos, que la parte operativa nos muestra los resultados que esperamos, que las comunidades tengan alternativas reales en asistencia técnica y posibilidades en la elección de su cadena productiva”. En el mismo escenario, el Alcalde de Argelia, Diego Aguilar, ratificó el compromiso y los pendientes: “Nosotros esperamos que el gobierno nacional nos informe cómo va a llegar a los territorios en el caso de Argelia la gente quiere acogerse al programa, los campesinos entendieron que el programa es la salida de la ilegalidad, lo importante es iniciar la concertación y que lleguen las ayudas de manera rápida para iniciar con otros productos”. Luego, el 3 de julio de 2018 se dio la llamada “Masacre de Argelia”, con siete campesinos encontrados en la zona. Dos años largos tuvieron que pasar en Argelia entre la definición de la ruta de trabajo acordada entre campesinos y gobierno y la firma del Acuerdo Colectivo municipal. Y no cualesquiera dos años. Durante ese tiempo se firmó el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo en el marco de las conversaciones de paz en La Habana, el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, el Frente 60 abandonó el territorio hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización -ZVTN- según el proceso acordado, y claramente otras fuerzas tomaron control. Dos años en que mientras los campesinos siguieron dedicados a la actividad, y los líderes y gobierno buscando rutas de diálogo y acuerdos, el negocio siguió intacto y otras fuerzas se reacomodaron. Ahora van siete meses desde la firma del Acuerdo colectivo sin avances. Una de las explicaciones de las demoras pareciera ser el rigor de las exigencias de los campesinos. Pareciera que por más exigentes, menos derechos. ¿Es mejor quedarse callados? ¿O son presiones de narcotraficantes y grupos alzados en armas que se lucran de la ilegalidad?  ¿O se trata de construcción conjunta y participativa, con garantías, como reza el PNIS (Artículo 7 del Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017. Hasta hoy no se han dado las inscripciones individuales, proceso que no depende de las comunidades, sino de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, cuya población beneficiaria son las “familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito” que en el caso de Argelia ya firmaron el Acuerdo colectivo. El narcotráfico y los capos tienen otra ruta de tratamiento que no corresponde a esta Dirección. Sigue pasando el tiempo y sigue habiendo narcotráfico, muertos, desaparecidos y confrontaciones como los de este 19 de octubre de 2018.