Por: Redacción Pares

Por: León Valencia, director – Pares Dice Fernando Henrique Cardoso, en su columna del 20 de octubre en el diario El País de España, que ya no se puede hacer nada para evitar el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas, señala que el tema ahora es el futuro del país. Ha sido un viaje, con una escala, de Brasil hacia la extrema derecha. La escala fue la presidencia de Michel Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff, quien se hizo al puesto en una azarosa conspiración al interior de un Congreso sacudido por escándalos de corrupción. El vuelo empezó con los indicios de una utilización aviesa de grandes sumas de dinero pertenecientes a Petrobras, la gigante petrolera, por parte de funcionarios públicos de los gobiernos de Lula y Rousseff y directivos del Partido de los Trabajadores. La corrupción ha sido la gasolina del incendio de un gran proyecto político de izquierdas. Las llamas de estos escándalos consumieron rápidamente los indiscutibles logros sociales y políticos del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva. Quizás haya una gran injusticia en la inculpación y condena que le hicieron a Lula o en las acusaciones por las que destituyeron a Rousseff, aún hay mucho debate jurídico al respecto, pero no hay duda de la trama delictual protagonizada por varios dirigentes del Partido de los Trabajadores. Cuando Lula termina se segundo mandato ya se sentía el hedor de la corrupción y Dilma Rousseff, sin el carisma y la habilidad de su mentor, se vio obligada a buscar una alianza estrecha con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño -PMDB- y escoger a Michel Temer como su fórmula vicepresidencial para asegurar su elección. Ahora, muchos militantes del PT y la propia Rousseff consideran esta decisión como un grave error de cálculo político. Pero la contribución de Rousseff no fue poca; en su gobierno empezó una aguda recesión, creció la inseguridad, aumentó el miedo y la incertidumbre. En este ambiente se produjo la sindicación de haber maquillado las cuentas del país y con ese expediente Temer pacto en la oscuridad un gran acuerdo para destituirla. Lo logró. En todo caso fue Michel Temer quien acabó de pavimentar la pista donde aterrizó Bolsonaro. Todos los problemas se agravaron en su mandato. Ahora, Brasil es campeón del crimen y la inseguridad con cerca de 64.000 homicidios en el 2017. El desempleo ha saltado a poco más del 13% y la pobreza ha vuelto a crecer. El tiempo de la gran ilusión se ha esfumado. Ya no está Cardoso con su proyecto de transición, de modernización y de estabilización política. Ya no está Lula con su proyecto de equidad social que produjo un remezón en la base de la pirámide y sacó a treinta millones de personas del socavón de la pobreza. La desesperanza es el signo ahora en el país más grande y más promisorio de la región. No es esta dramática situación de inseguridad, crisis económica y corrupción la única explicación para que un capitán retirado del ejército, sin grandes luces políticas, al mando de un partido anodino, esté a punto de alzarse con la presidencia del país que siempre fue el más pacífico y el más alegre y optimista de América Latina. Hay otra explicación. Estamos ante la revolución más grande, la más poderosa, la transformación de las comunicaciones y el acceso directo al ciudadano y a sus sentimientos, que es el lugar donde se producen las decisiones. Bolsonaro y las iglesias evangélicas que lo acompañan se montaron en ese avión. El instrumento son las redes sociales y las noticias falsas para producir pánico. La oferta es la mano dura contra el crimen, la militarización de la sociedad, el armamento ciudadano, el control social, la cárcel, es una campaña para conjurar el miedo. Es la vuelta al más descarado lenguaje contra la liberalización de la sociedad, contra la igualdad de género, la diversidad étnica y sexual, la integración social, la acogida de los migrantes. Es la exaltación de las diferencias sociales y de la discriminación. Es el tono con el cual Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos y los conservadores británicos triunfaron en el Brexit. Aún así, más del 40 por ciento de los brasileños le votarán a Fernando Haddad y el Partido de los Trabajadores, en un arco de 30 partidos, seguirá siendo de lejos el más grande con 56 escaños en la cámara de diputados. El futuro de que habla Cardoso ya llegó. Si la izquierda quiere retornar al poder tendrá que desarrollar dos procesos simultáneos: la expiación de las culpas por la corrupción y la puesta al día en la revolución tecnológica, en los retos de la inteligencia artificial, de la infotecnología, de la biotecnología y, a partir de allí, conseguir una nueva relación con la ciudadanía para enfrentar la manipulación de la derecha populista.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Por medio de un proyecto que pretende prohibir la entrega de información reservada del Estado a la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se busca limitar la competencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). ¿Quién está detrás de la propuesta? El ponente es Óscar Darío Pérez —representante a la Cámara por el Centro Democrático— quien el 31 de julio de 2018 fue elegido como presidente de la Comisión Tercera Permanente de la Cámara de Representantes, que se dedica a los temas de Hacienda y crédito público. Ha sido elegido tres veces Representante a la Cámara y, además, fue Senador de la República del 2006 al 2010, durante el segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pretende la propuesta? El propósito del Proyecto de Acto Legislativo es que cualquier mecanismo que forme parte del SIVJRNR “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes”. ¿Por qué pretende limitar lo pactado? El proyecto de Pérez suscita una crítica a las facultades de estas tres entidades porque, según la propuesta del Centro Democrático, “un manto de dudas, genera, la utilización que se pueda derivar de la información a la cual puedan acceder». El mismo Pérez dijo que “interpretar a todos los colombianos, en que, si bien hubo unos acuerdos en La Habana, no todo el país debe actuar ante todo lo que se pida». Puntualmente sobre la propuesta con respecto a las facultades de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de acceder a la información, sus facultades disponen que sea «de manera casi ilimitada», lo que, según los argumentos de Pérez, «es en un hecho altamente grave, toda vez que se está poniendo en manos de personas ajenas a la custodia de esta información su contenido que tiene toda la trascendencia e importancia para romper y transgredir la seguridad y defensa del Estado». ¿Cómo va la propuesta? El jueves 18 de octubre,  —con ausencia del Centro Democrático— se llevó a cabo la audiencia pública en Cámara de Representantes para tratar el Proyecto de Acto Legislativo. En el debate sí estuvieron presentes los actores de la instancias de la Justicia Transicional creadas por el Acuerdo de Paz, quienes advirtieron gravemente, que, al ser aprobado el proyecto de Pérez las víctimas del conflicto no conocerán la verdad de lo ocurrido durante el largo conflicto armado que vive el país. ¿Qué han dicho la Comisión de la Verdad y las Naciones Unidas? El presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux señala que el proyecto amenaza el derecho a las víctimas a la verdad y a la reconstrucción de la memoria. Guillermo Fernández, delegado de las Naciones Unidas, se refirió al proyecto como una propuesta que atenta contra el esclarecimiento de los hechos «porque el fundamento de esto es precisamente el respeto a los DDHH y el sometimiento de los servidores públicos a la ley». Sumado a este panorama, el congresista José Jaime Uscátegui calificó al padre de Roux como un “activista beligerante de izquierda” y aseguró en Caracol Radio que tendrían que existir límites a la información que se le suministra a la Comisión de la Verdad. El miedo, según Uscátegui, no está remitido a que se conozca la verdad, sino que tiene que ver con la información que se sepa sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Por: Daniela Gómez. Coordinadora Democracia y Gobernabilidad – Pares. Después de la masiva participación de los colombianos en la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque junto a congresistas de todos los partidos políticos radicaron ante el Congreso, y con mensaje de urgencia, un paquete de 9 medidas que buscan recoger los mandatos votados por los ciudadanos el 26 de agosto. Adicionalmente, congresistas e instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría Nacional han radicado sus propias propuestas, sumando un total de 25 proyectos en la materia. A pesar del mensaje de urgencia y el claro mandato ciudadano, los proyectos no avanzan como se esperaba: en 9 proyectos no se han nombrado ponentes y en otros 9 se nombraron los ponentes pero estos no han presentado sus ponencias; es decir, 18 de los 25 proyectos no tienen ningún avance, entre ellos, los que limitan la remuneración de congresistas, el que obliga al reintegro de bienes por hechos de corrupción y el que obliga a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Previendo lo anterior, en el mes de septiembre de 2018, 70 organizaciones de la sociedad civil, instalaron la Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción en aras de hacer seguimiento a los proyectos presentados, advertir posibles micos o incumplimientos del mandato, sugerir ajustes a los proyectos e incidir para que se dé celeridad en su trámite y se incluyan las sugerencias realizadas. En sus diferentes mesas temáticas, la Veeduría analizó los proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso. Es evidente el interés manifestado por los proponentes del Estado, Gobierno Nacional y congresistas, en adelantar acciones en materia de contratación, pública, rendición de cuentas por parte de congresistas, fortalecimiento de la prevención y sanción a los hechos de corrupción, declaración de bienes y rentas como información de acceso público, y finalmente la voluntad de implementar mecanismos de presupuesto participativo. Sin embargo, el grupo de organizaciones sociales que conforma la Veeduría del mandato Anticorrupción ha identificado que no existe articulación entre los diferentes proyectos anticorrupción, que en consecuencia podría afectar la construcción de una política anticorrupción integral. En efecto, varios proyectos de ley abordan temas parecidos de manera contradictoria e incompleta. En este sentido, la veeduría llama la atención sobre los siguientes aspectos relacionados con los cinco temas de la veeduría: 1. Rendición de cuentas La necesidad de una rendición de cuentas dinámica e integral y no sólo restringida a la producción y publicación de la información relevante. La rendición de cuentas debe ser enfocada en el diálogo con el ciudadano y la generación de compromisos. 2. Contratación pública El uso obligatorio de pliegos tipo para todas las entidades, independientemente de su naturaleza o régimen, como lo son las sociedades de economía mixta, las APP (incluyendo aquellas que tengan 50% o menos de participación del Estado) y las empresas industriales y comerciales del Estado que no se consideran como entidades de derecho público. 3. Presupuesto participativo La importancia de la participación ciudadana en todas las etapas del ciclo presupuestal (elaboración de borradores, discusión y aprobación legislativa, ejecución y auditoría) y no sólo en el marco de audiencias. 4. Sanción La necesaria revisión de la proporcionalidad penal de las medidas de sanción. En efecto, en ciertos casos exceden la noción punitiva de la sanción de la corrupción. 5. Diseño institucional La importancia de generar iniciativas anticorrupción que tengan viabilidad institucional, lo cual pasa por destinación de recursos, definición de responsables y creación de procesos y sistema de información. En aras de ampliar el debate frente a estos temas, el próximo lunes 22 de octubre entre 8am a 12pm se llevará a cabo el foro “Veeduría anticorrupción: una propuesta desde la ciudadanía” en alianza con El Espectador. Este contará con la presencia de diferentes congresistas y expertos de las organizaciones que conforman la veeduría. Registro para el evento en: http://ow.ly/PeXU30mh7TG

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares José Abel Bustamante Duarte, más conocido como alias ‘Mordisco’, cabecilla del Clan del Golfo, fue asesinado el 17 de octubre un operativo realizado por la Policía Nacional y el Ejército. Mordisco tenía una carrera criminal desde hacía aproximadamente 20 años; también era uno de los hombres más cercanos a Dairo de Jesús Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo. Este Grupo Armado Organizado es quizás el más grande y poderoso de Colombia en la actualidad. Y, según Ariel Ávila, subdirector de Pares, la organización criminal más especializada del continente. Pues controla el 45% de la exportación de droga hacia el resto del mundo, también controla decenas de minas de oro ilegal a lo largo de todo el país y las extorsiones en ciudades y zonas urbanas. Sin embargo, pese a que ha demostrado este poderío desde el 2012, su génesis se remonta a mucho tiempo atrás. En el 2007, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acuñó el término Bacrim (Bandas Criminales) a los grupos armados que empezaron a aparecer después de la desmovilización de los paramilitares en 2005. ¿Cómo nació este grupo? El Clan del Golfo fue una de estas ‘Bacrim’. Nació ligado a la desmovilización paramilitar que se adelantó en los años 2003 y 2006. En el 2007, Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, quien había comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas, se dirigió hacía el Urabá antioqueño con aproximadamente 150 hombres con el fin de controlar las rutas del narcotráfico. Bajo el nombre de ‘Héroes de Castaño’ nació lo que hoy se conoce como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’. Pero, después de su captura en el 2009 y de su posterior extradición a los Estados Unidos, alias ‘Otoniel’ y su hermano, Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’, tomaron el control del grupo. Sin embargo, este último fue asesinado en el 2012, lo que puso como cabecilla a alias ‘Otoniel’. Desde entonces, ‘Otoniel’ dirige las AGC y es, quizás, uno de los hombres más buscados de Colombia. Después del asesinato de alias ‘Giovanni’, para demostrar su poderío regional, el Clan del Golfo anunció un paro armado en seis departamentos: Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. El paro armado afectó casi 30 municipios de todas las regiones. En cuatro años, el ‘Clan del Golfo’ logró vencer a ‘los Rastrojos’, hoy hace presencia en 257 municipios de los 1.122 del país. ¿Qué va a pasar con el Clan del Golfo? Antes de culminar su mandato, el expresidente Juan Manuel Santos, sancionó la Ley de Sometimiento a la Justicia. El propósito de esta ley era someter a grupos colectivos a cambio de información. También establecía las posibilidades de obtener beneficios jurídicos como reducción de penas de hasta el 50% para crímenes comunes y del 30% para crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Se escribe en pasado, pues el actual presidente de la República, Iván Duque, no se ha pronunciado al respecto. El 10 de agosto, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, anunció que se estudiaría esta ley y que en los próximos días se emitiría un juicio al respecto. Sin embargo, dos meses después, el comunicado sigue en veremos. Así las cosas, después del asesinato de alias ‘Mordisco’ y de otros cabecillas del Clan del Golfo, como alias ‘Inglaterra’ y alias ‘Gavilán’, este grupo armado parece no desintegrarse. Con más de 4000 hombres a su mando y operación en casi 260 municipios del país, el poderío de alias ‘Otoniel’ y las AGC no es pequeño. Según Carlos Montoya, Coordinador de la línea de Paz y Postconflicto de Pares, es probable que una parte del Clan del Golfo sí quiera retirarse, dado el caso en que continúe la Ley de Sometimiento a la Justicia. Sin embargo, por otro lado, ante la expansión territorial y de control máximo respecto al narcotráfico, hay otra parte de la organización que no se quiere retirar. Esto ha generado disputas internas en las AGC. Hoy por hoy, en el gobierno actual, no se sabe muy bien qué pueda pasar con los Grupos Armados Organizados.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares En la noche del miércoles 17 de octubre de 2018 se aprobaron $258,9 billones de pesos para el Presupuesto General para la Nación de 2019. de la larga jornada, con movilizaciones en las principales ciudades del país, la Cámara de Representantes, con un saldo de 113 votos a favor y 18 en contra, le dio luz verde al propuesto expuesto por Alberto Carrasquilla. Por su parte, el Senado votó 68 a favor y 18 en contra. Según la parte ponente, existe un incremento de 9,3% en funcionamiento con la cifra de $160,2 billones para funcionamiento y frente a inversión el aumento representa un 20% lo que son $46,8 billones a inversión. Los porcentajes de incremento están comparados con el presupuesto aprobado para el presente año en curso del anterior gobierno. Para José Roberto Acosta— economista, abogado y miembro de Pares— “de manera premeditada el Gobierno hizo aprobar un presupuesto que viola la Regla Fiscal, con el propósito de que se ‘justifique’ mayores impuestos para los ciudadanos”. Justamente esas comparaciones del aumento de la inversión no son necesariamente positivas, pues va a significar una dificultad enorme cumplir la regla fiscal. Es decir, la maniobra de Carrasquilla fue liberar caja a corto plazo, lo que generará un amarre de la caja en los próximos años, pero no liberó la deuda. Con la aprobación presupuestal el ministro Carrasquilla enfatizó que aún hay un hueco de 14 billones de pesos. Según Acosta, para cubrir ese hueco y cumplir la regla fiscal —como lo ordena la ley— no habrá un escenario distinto al de proponer una ley de reforma tributaria, que genera miedo al sector productivo del país y, sobre todo, al consumidor. Con el panorama de déficit fiscal que tiene la Nación, según Acosta, la decisión en el presupuesto del próximo año debió ir dirigida más en “coherencia” al discurso tanto del gobierno de restricción de gastos, ya que la carga será a los impuestos. Recordemos, dice Acosta, “que las deudas de hoy son los impuestos del mañana”. Las cosas están de la siguiente manera: hábilmente el Ministro Carrasquilla generó unos canjes de deuda. Esto implica que los pagos que se tenían que hacer en el 2019 se alargaron a futuro, ya no se hicieron con deuda a 1 año, sino ya a 10 o 15 años. José Roberto Acosta subraya que se incumplió la promesa de austeridad y se hará un gasto de presupuesto que no se tiene. Con mayorías en el Congreso lograrán sacarles, con la reforma. el dinero a los contribuyentes. La aprobación presupuestal tuvo dos maniobras tecnocráticas bastante reprochables: el canje de deudas y, la segunda maniobra, meter gastos de inversión obligando o presionando una reforma tributaria para poder cumplir la regla fiscal, continúa Acosta, lo que deja un panorama en el que el ministro Carrasquilla sigue haciendo carrera de generarle deuda a largo plazo al país. Con respecto al gobierno anterior del expresidente Juan Manuel Santos, la inversión presupuestal en su totalidad se dio de la siguiente manera: en 2010 se aprobaron $143,3 billones, en el año 2012 fueron $165,3 billones, en 2014 $203 billones, en 2016 $ 215,9 billones y en 2018 $258,9 billones. Frente a los retos propios de la implementación del Acuerdo de Paz, el panorama del presupuesto quedó de la siguiente manera, según Senador de la República por el Partido de la Alianza Verde Iván Marulanda: Primero, hay que precisar que el proyecto presentado para el Presupuesto Nacional del siguiente año, según el vocero de la Alianza Verde, en el artículo 133 tiene varios inconvenientes para la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente, porque ese artículo le quita a la JEP la capacidad de manejar integralmente su presupuesto en una unidad administrativa y le entrega esa facultad al Ministerio de Hacienda para que administre los recursos directamente. Esto rompe con la independencia de poderes, continúa, porque no es razonable ni aceptable que un gobierno incursione en el manejo de los recursos de la Justicia. Además, las distintas salas, en inconveniencia administrativa, no están concebidas para manejar presupuesto ni para gestionar fondos. La norma es inconstitucional porque el acto legislativo que creó la JEP dice que la JEP administrará de manera autónoma su presupuesto, lo dice taxativamente el artículo 133; así que el proyecto desconoce la condición autónoma que la da la Constitución a la JEP. Muy seguramente este artículo será demandado y va a ser declarado inconstitucional, enfatiza. La bancada del Partido Alianza Verde, del cual Marulanda es vocero, presentó la proposición eliminando ese artículo del presupuesto, el senado no la quiso tramitar. De los 2,6 billones de pesos para Paz En el presupuesto del Ministerio de Hacienda, son recursos genéricos para la paz, lo que acarrea un problema porque no tienen clara la asignación específica. Para Marulanda, no se sabe para el gobierno qué quiere decir la paz y en qué va a focalizar esos recursos. Alberto Carrasquilla dijo que esos recursos están a disposición del Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila Peñalosa—primo de Enrique Peñalosa— que por decreto fue designado como director del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz. Según las relaciones planteadas por Marulanda en las variaciones de la propuesta del gobierno Santos y el gobierno Duque: Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi le rebajaron el presupuesto un 4%, es decir, 8 mil millones de pesos. La función del IGAC es punto central en el tema de desarrollo rural Integral y de la paz, pues la función suscita en realización de un catastro multipropósito, con esta reducción severa de su presupuesto afecta la capacidad para llevar a cabo el catastro multipropósito. Además de esto, Marulanda dice que a la Agencia de Desarrollo Rural le rebajan un 3,75% del presupuesto, lo que es 11 mil millones de pesos. A la Agencia Nacional de Tierras, estima a cumplir las metas de formalización de 7 millones de hectáreas en 10 años, para esa operación se necesitan 1,4 billones de pesos por año para la ANT, pues para el otro año solo tiene 338 mil millones de pesos. A la JEP de los 372 mil millones, le dieron 292 mil millones, la Comisión de la Verdad, pidió 135mil millones mil millones de pesos, le dieron 81 mil millones de pesos, le faltan 53 mil millones. A la Unidad de Búsqueda pidió 164mil millones, le dieron 81 mil millones. El Programa de Sustitución de Cultivos, programa que alberga 96 mil familias campesinas productoras de coca con contrato de sustitución de cultivos, programa requiere 1,3 billones de pesos y de esos no se saben dónde están; no se pueden determinar del presupuesto, según aseguró Marulanda. La unidad de Víctimas creció solamente 0,71 %, va a tener una capacidad de cobertura inferior a la demanda. La unidad Nacional de Protección si subió en un 25% (688mil millones de pesos), un crecimiento importante por la situación de líderes y lideresas; así como para excombatientes. La Agencia para la Reincorporación y Normalización le asignaron 139mil millones. Cabe recordar que, en el último informe semanal del Fondo Colombia en Paz (#27)— 08 al 12 de octubre de 2018—, la disponibilidad presupuestal de las 13 subcuentas es de 22% , alunas de ellas como la Sustitución de Cultivos es de 25 %, los PDET es del 17%, de Reincorporación no hay disponibilidad presupuestal 0%, a la JEP le resta un 41%, a los proyectos productivos ADN 32%, Funcionamiento 8%. Así quedó el presupuesto: Educación con 41.2 billones, Defensa $33. 5 billones, Salud $ 32.2 billones y Trabajo 28.5 billones, transporte $8,6 billones, vivienda 4,3 billones y agro 2,4 billones de pesos. Lo que consagra la implementación el gobierno nacional destino una partida 2,6 millones de pesos para el 2019.

Por: Sebastián Mora, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad El Bajo Cauca es una de las 9 subregiones del departamento de Antioquia, está conformada por 6 municipios: Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Todos son municipios priorizados en el acuerdo de paz debido a su afectación por el conflicto armado. Por ejemplo, Tarazá, Cáceres y Caucasia se encuentran dentro de los 30 municipios postFARC que han presentado mayor aumento de homicidios entre 2017 y agosto de 2018. Adicionalmente, hacen presencia en el territorio las disidencias del frente 36 de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y diferentes bancas criminales, quienes, de una u otra forma, controlan las economías ilegales centradas en la coca y la minería. Uno de los mayores problemas para la juventud en el Bajo Cauca, como en la mayoría del país, es la falta de oportunidades después de finalizar la educación media y secundaria. Como primera opción, se encuentra la sede de la Universidad de Antioquia, ubicada en el municipio de Caucasia. Aunque el hecho de que exista una universidad en el territorio es importante, aún tiene una oferta limitada en relación con la demanda. Actualmente, existen 7 programas de pregrado que, individualmente, abren entre 35 a 40 cupos cada semestre. Anudado a esto, la Universidad también cubre parte de la demanda de los bachilleres del sur de Córdoba. La segunda opción se encuentra en la oferta de educación para el trabajo impartida por el SENA, esta tiene una mayor cantidad de programas a ofertar y capacidad instalada, ya que cuenta con sedes presenciales y propias en los municipios de Caucasia, que atiende Tarazá y Cáceres; y El Bagre, que atiende también a Nechí y Zaragoza. No obstante, funcionan una especie de subsedes en colegios de Nechí y Cáceres, mientras en Tarazá se encuentra cerca a la iglesia del municipio. Aproximadamente, cada año se gradúan más de 1.000 bachilleres en todo el Bajo Cauca, de los cuales unos 200 ingresan a la Universidad de Antioquia, 200 más al SENA y 100 ingresan a otras instituciones de educación superior privadas. Estas últimas pueden llegar a costar 1´200.000 por semestre, un valor muy alejado del prepuesto de cualquier familia de clase media. Es decir que, como mínimo, unos 500 jóvenes que terminan su bachillerato quedan en bandeja de plata para los actores armados, las economías ilegales y la informalidad. Estos pueden entrar a equipos de logística de estos grupos en labores de mensajería; ‘campaneros’, que reportan a los distintos grupos la entrada de personas extrañas o ajenas al territorio; raspadores de cultivos de coca o barequeros en alguna mina. En últimas, algunos jóvenes llegan a vincularse como sicarios. Así las cosas, esta subregión es un reto para el desarrollo y devenir de la juventud. No obstante, desde distintas organizaciones sociales y la misma comunidad se trabaja para cambiar el imaginario de los jóvenes sobre su futuro. PROGRAMA FORTALECIENDO DE LA DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS: La Diócesis, a través de este programa, realiza trabajos de acompañamiento mediante grupos juveniles en los que trabajan en la formación de valores, conocimiento de derechos como jóvenes, actividades de ocio y recreación, y, por último, guía para proyectos de vida de los jóvenes, todo con el objetivo que entiendan que ellos pueden realmente influir en su devenir y que sus opciones no giran alrededor de la violencia. Otra área de influencia es el fortalecimiento de la gobernanza y democracia en la juventud, lo anterior se basa en impulsar el voto juvenil y el conocimiento de su territorio, para que sean capaces de diagnosticar sus problemáticas, plantear soluciones e iniciativas que sean sostenibles en el tiempo ya sin el acompañamiento del programa. También a través de capacitaciones frente a la Ley 1622 de 2013 o Ley de Juventudes. En torno a esta último se realizará un trabajo desde este mes hasta abril de 2019, en orden de incidir política y socialmente en la creación de los consejos de juventud en el 2020 en cada uno de los municipios del Bajo Cauca, ya que lamentablemente no es una obligación para las administraciones crear tales consejos. El programa, adicionalmente, acompaña a las organizaciones de jóvenes para que estas gestionen los recursos financieros de sus proyectos con cooperantes internacionales, instituciones públicas de cualquier nivel o privadas, y para la creación de alianzas estratégicas que permitan el desarrollo de estas. LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO JUVENIL (LEL JUVENIL): Este laboratorio nació en el 2012 en el municipio de Caucasia, centra sus actividades en empoderar a los jóvenes para que sean los protagonistas del cambio de su territorio, principalmente a través de la cultura, el arte y el deporte. Desde su creación LEL Juvenil ha impactado a más de 50 mil personas entre niños, jóvenes y adultos en todo el Bajo Cauca con actividades como foros sobre la educación superior en la región, recuperación de parques, espacios culturales y ferias de investigación en colegios y universidades Lo anterior implica la promoción de la participación juvenil en la creación de políticas públicas, la adecuación de entornos sanos y de protección para los jóvenes, la promoción de espacios de paz y la recuperación de espacios públicos. Esta organización también juega un papel de conector con la institucionalidad local, departamental y nacional para conseguir mayor y mejor oferta hacia los jóvenes. Ya que muchas veces no se siente que exista un verdadero doliente del Bajo Cauca externo al territorio. Este ejercicio de fomento de la participación incluye impulsar los ejercicios democráticos en las escuelas y colegios de la subregión, para que posteriormente sean tales jóvenes quienes puedan pensarse la transformación de su territorio. Aquí se conectan con la apuesta de los consejos de juventud persiguiendo el mismo objetivo que se plantea el Programa Fortaleciendo. LEL Juvenil y el Programa Fortaleciendo son parte de un universo que le apuesta a la plataforma juvenil en el territorio y han encontrado en la cooperación internacional su más grande aliado, los cooperantes determinaron que las poblaciones más vulnerables alrededor de toda la violencia que afecta al Bajo Cauca son los jóvenes y las mujeres. Tal determinación ha permitido a organizaciones como estas plantear más proyectos de incidencia y convertirse en un interlocutor válido ante la institucionalidad, que también empieza a prestar atención a este nicho de la sociedad. Visibilizar estas valiosas iniciativas puede ser el primer paso para que su importancia sea reconocida, para empezar a concienciar a la gente y que existan verdaderos dolientes del Bajo Cauca fuera de la subregión, para que se entienda que a través de organizaciones que le apuesten a la juventud se le arrebata un eslabón a la violencia en el país.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El mundo contemporáneo, en términos políticos, es de cambio. Una gran cantidad de países se asustan con el crecimiento importante de movimientos políticos de extrema derecha, xenófobos y populistas. En otros países, los populismos de izquierda son los que asustan. Pero en medio de estos cambios, movimientos progresistas de centro, centroizquierda e izquierda comienzan a subir y a crecer. En Colombia, por ejemplo, la bancada progresista es la más grande en la historia republicana del país. En México han ganado la presidencia. En España, el PSOE logró sacar a Rajoy del poder y el mundo progresista se ilusiona con Sánchez. En Perú se cree que para las próximas elecciones el centro y el centroizquierda podrían aumentar su representación política. Aún no está muy claro si estos procesos se van a consolidar. Por ejemplo, el próximo año, Colombia tendrá elecciones locales y regionales. Se elegirán gobernadores, alcaldes, además de los cuerpos colegiados de estos entes territoriales. En las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, y Bucaramanga, los movimientos progresistas como el Partido Verde tendrán muchas posibilidades de ganar. En todo caso, antes de viabilizar sus triunfos, entre otras cosas, se enfrentarán a dos grandes obstáculos. El primer gran problema es que los movimientos progresistas han cedido la construcción, el debate y las propuestas de las agendas de seguridad a los movimientos populistas y principalmente a movimientos y partidos de derecha. Una mezcla de ignorancia, prejuicios hacia instituciones de la seguridad del Estado y priorización de otros temas han llevado a esta situación. Resulta ciertamente paradójico que en un mundo tan desigual y particularmente Colombia, donde la diferencia entre ricos y pobres es de las más altas del continente, estos temas de equidad social no sean la prioridad para la mayoría de la población. Pero por diferentes razones, los temas seguridad son los más importantes en las agendas de preferencias electorales de los votantes. En este punto, no se trata solo de tener el discurso, sino propuestas viables, claras y obviamente que no repitan las viejas recetas de la derecha que no sirven para combatir economías ilegales pero producen muchos aplausos y votos. Lograr superar el populismo punitivo. El reto es doble, es decir, se requiere una agenda, pero una agenda novedosa. La gobernanza democrática de la seguridad debe ser prioridad para estos partidos. Las grandes ciudades de lejos privilegiaran estos temas, todas las encuestas lo dicen. El otro gran tema es que estos movimientos progresistas, en algunos casos -no en todos- deben ofrecer alternativas viables y creíbles sobre los asuntos de desarrollo económico. Aquí el reto es triple. Por un lado, a una gran mayoría de estos movimientos se les acusa injustamente de que provocarían la venezolanización de sus países. Entonces lo primero que se debe hacer es lograr deslindarse de esta estigmatización, y esto es un trabajo de marketing político. Lo segundo es generar una propuesta viable de transición entre lo que se denomina el viejo modelo de crecimiento económico y las propuestas de estos movimientos progresistas de economías verdes, energías renovables y desarrollo económico equitativo. Los movimientos progresistas tienen claro el horizonte: con el actual modelo de desarrollo económico el mundo está colapsando, se requiere un ajuste enorme para lograr mitigar las severas consecuencias del calentamiento global. El problema es que el camino entre el viejo y nuevo modelo no es claro. En Europa lo es parcialmente, pero en América Latina todavía no. Lo tercero consiste en hacer propuestas sobre la sostenibilidad económica de estos modelos, y eso entre otras cosas significa equilibrar las aspiraciones de cambio de centenares de miles de jóvenes que lo piden a gritos y el mundo económico empresarial, este último bastante conservador. Algo difícil de lograr. Resolver estos dos problemas de agenda es fundamental para hacer posible la nueva generación de política anticorrupción, renovadora y anticlientelista. Pero los líderes de estos nuevos movimientos deben decidir si quieren quedarse haciendo oposición toda la vida o si quieren ser Gobierno. Para lo segundo, se requiere abordar estos temas de seguridad y desarrollo económico sin prejuicios, con realismo y sin perder los principios políticos.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Hace pocos minutos la Corte Constitucional le dijo NO a la propuesta de imponerle un límite de tiempo —24 semanas— a las tres causales de aborto que consagra la Ley: cuando el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que hace inviable su vida y cuando el embarazo es producto de una violación. La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la ponencia con una votación de 6 a 3, la decisión de la Corte de 2006 continúa intacta. Para Cristina Rosero, abogada de Women’s Link, la ponencia violaba los derechos de las mujeres y las niñas porque, en la práctica, los casos donde el embarazo llega al tercer trimestre tiene que ver con los obstáculos que existen dentro del sistema de salud. También porque en caso de la malformación del feto, hay escenarios en los que no se puede determinar antes del tercer trimestre de gestación. Además, Rosero aseguró que la implementación de cualquier tipo de límite gestacional para acceder con la interrupción voluntaria del embarazo, en una eventual implementación de esta ponencia, recrudecería las desigualdades con respecto a las mujeres de las zonas rurales. La ponencia fue presentada por la Magistrada Cristina Pardo quien, entre otras cosas, fue catedrática de la Universidad del Rosario —de la cual es egresada de la Facultad de Jurisprudencia— y de la Universidad de La Sabana a lo largo de una década. También fue magistrada auxiliar en los despachos de Jorge Pretelt, Vladimiro Naranjo Mesa y Marco Monroy. La Magistrada, a su vez, trabajó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como Secretaria Jurídica de Presidencia. Pardo, llegó a ser Magistrada de la Corte Constitucional por el apoyo de los partidos Cambio Radical, Conservador y De la U. El contexto de la ponencia se da, justamente, por la revocatoria a la decisión que tomó la jueza 36 de Bogotá, quien permitió la interrupción voluntaria del embarazo de una mujer que tenía 26 semanas de gestación. Para Cristina Pardo, al pasar las 24 semanas el feto tiene una “viabilidad” porque, supuestamente, para ese momento ya está bien formado. Según la Magistrada, esta decisión iba en detrimento de la vida del ser humano y argumenta que no hay una prueba científica que sustente la inviabilidad del embarazo. Sector social ‘Católicas por el Derecho a Decidir Colombia’ (CDD) considera que la ponencia de la Magistrada Cristina Pardo hubiese constituido una barrera más para las mujeres que quieren interrumpir un embarazo. En este sentido, no están, ni estarán de acuerdo, en ninguna acción que venga de la Corte Constitucional o del Estado que busque la restricción de este derecho porque, en sus palabras, “quienes nos embarazamos somos las mujeres y existen muchas circunstancias por las cuales ese embarazo no es deseado. Hay que entender que la maternidad no se supedita a 9 meses, la maternidad es un proyecto de vida y, como proyecto, deben estar presentes el deseo y las condiciones necesarias para la consecución del mismo”. Para Sandra Mazo, miembro del CDD, la sociedad no puede seguir concibiendo la feminidad y la maternidad como “si las mujeres fuéramos un recipiente vacío, como si fuéramos un medio; nosotras somos un fin en sí mismas”. La autonomía sexual y materna no puede ser vista como un instrumento, asegura. En Colombia, a 12 años de haberse despenalizado las tres causales del aborto, las mujeres llegan a la intervención voluntaria del embarazo a un estado avanzado de su gestación —en la voz de Mazo— porque existen unas barreras y condiciones, que, en compañía de las Instituciones Prestadoras de Salud, hacen más engorroso el proceso desde que las mujeres acuden por primera vez. Otro problema que ve la CDD es que el debate que se plantea ante la opinión pública es ‘polarizante’. Según la organización, el país se basa en “el derecho canónico que contempla la pena de excomunión por aborto. Si el plano del debate es moral, como católicas tenemos herramientas y debates que no están cerrados; no hay una sola mirada al tema del aborto, esto no se puede asumir desde el pecado y la culpa”. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las leyes que criminalizan o van en contra del aborto tienen un impacto negativo y directo sobre la dignidad de las mujeres, su derecho a la vida, la integridad personal y la salud. Además, la CIDH enfatizó que los Estados tienen la obligación fundamental de garantizar el acceso oportuno y adecuado a servicios de salud con el enfoque para niñas, adolescentes y mujeres. Según los estándares de Naciones Unidas sobre la salud reproductiva para América Latina y el Caribe, la premisa es que los derechos reproductivos son fundamentales para los Derechos Humanos. Esto implica que las personas tengan la posibilidad de decidir de manera libre. La disposición de este marco busca legalizar el aborto en cualquier circunstancia o, como mínimo, en los casos en los que el embarazo amenace la vida o la salud, por violación o por malformación fetal incompatible con la vida. Para esto, desde la creación de las políticas públicas se deben tomar medidas que permitan la garantía del acceso de niñas, adolescentes y mujeres —en especial las que vivan en condiciones de empobrecimiento— al aborto legal. Sin embargo, la situación es preocupante. Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), las condiciones jurídicas en los estados estimulan que las mujeres tengan que recurrir a métodos de aborto inseguro y que representa riesgos inminentes a la vida de la mujer. Las tasas de mortalidad materna e infantil, según lo señala el CRR, crecen sobre todo en zonas rurales.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El 16 de octubre se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara uno de los ocho debates necesarios para adelantar el acto legislativo No. 105 de 2018, que tiene como propósito la ampliación de periodos para alcaldes y gobernadores hasta el 2022. Esto ―han argumentado representantes del Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador y Centro Democrático― con el fin de unificar periodos con el presidencial. Es decir, los cuatro años de presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, empezarían y culminarían al mismo tiempo. De los 38 miembros que conforman la Comisión Primera, 22 votaron a favor y 6 en contra. Los principales representantes que votaron a favor fueron Samuel Hoyos, Gabriel Santos, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático y José Daniel López, de Cambio Radical. ¿Quienes son? Varios representantes han afirmado que la propuesta es peligrosa, pues no habría elecciones en el 2019 como se tenía estipulado. El artículo transitorio que pretende reformar la Constitución dice que “[Los alcaldes] continuarán sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el periodo constitucional, que iniciará el 20 de julio de ese año”. La propuesta pretende cambiar el artículo 261 de la Constitución que dice que “la elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y municipales”. En este sentido, si se cambia este artículo, los alcaldes vigentes podrían ‘atornillarse’ en el poder, pues ampliaría su cargo hasta el 19 de julio de 2022, es decir, un año y siete meses más. Por otro lado, la reforma sería inconstitucional, pues el electorado votó por un mandato de 4 años y no por una extensión a 6. Además de esto, la propuesta abrió otro debate, varios representantes y senadores terminaron hablando del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El senador Gustavo Petro le dijo a la revista Semana “no le veo más lógica que Vargas Lleras quiera mantener a Peñalosa dos años más en el poder. En Bogotá hay unos negocios muy jugosos que no han podido hacer en tres años: quién gana la licitación del metro elevado que es un esperpento, llevan tres años suspendiendo el subterráneo sin ninguna razón válida para hacer un negocio con los buses, en donde amigos de Vargas Lleras tienen intereses.” También se pronunció Rodrigo Lara, actual senador de la República, quien dijo que “nos tocaría aguantarnos dos años más de malos alcaldes como Enrique Peñalosa, que pretende destrozar la carrera 7 con el Transmilenio, que no ha hecho nada en materia de movilidad (…) que tiene convertido en antros de politiquerías a varias alcaldías locales”. El representante del Polo Democrático Germán Navas Talero tildó el asunto de “inmoral” y afirmó que “de ahí a las dictaduras para perpetuar mandatarios solo hay un paso”. Sin embargo, aseguró que no es solo por Peñalosa que quieren ampliar el periodo, sino para los 1.101 alcaldes que hay en el país. Los representantes que votaron en contra fueron: No votaron los representantes: ¿Qué viene? Debido a que se pretende cambiar la Constitución mediante el acto legislativo No. 105 de 2018, éste necesita de 8 debates aprobados para poder llevarse a cabo. Aún restan siete debates para que pueda adelantarse ese proceso. Según la Constitución Política de Colombia solo hay tres formas de cambiar la carta magna: • Por el Congreso: el proyecto de acto legislativo podrá ser presentado, entre otros, por el Gobierno o por un número de ciudadanos que equivalga cuando menos al 5 por ciento del censo electoral. El trámite debe hacerse en dos períodos ordinarios de sesiones consecutivos y deben ser aprobados, en la primera vuelta, por la mayoría de los asistentes y en la segunda, por la mayoría de los miembros de cada cámara. • Por una Asamblea Constituyente: cuando el Congreso, mediante ley, cita al pueblo y éste con una mayoría equivalente a la tercera parte del censo así lo aprueba. • Mediante referendo: cuando el Gobierno o los ciudadanos, en número equivalente al 5 por ciento del censo electoral, solicitan al Congreso su convocatoria, lo cual hará mediante ley. En este caso, la reforma constitucional por la vía del referendo deberá ser aprobada por más de la mitad de los sufragantes, debiendo el número de estos exceder de la cuarta parte del censo electoral.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra, asistente de investigación de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En el departamento del Guaviare el postconflicto no ha sido beneficioso para los ecosistemas selváticos. La reconfiguración de grupos armados en la región y la falta de control ambiental han ocasionado procesos de deforestación masiva que atentan contra un pulmón natural imprescindible para el continente. A esto se suman los hallazgos de arte rupestre dejada hace 20.000 años por los primeros habitantes de la región, los cuales hoy están amenazados por los procesos de colonización y deforestación. El Parque de Chiribiquete, declarado patrimonio mixto de la Humanidad en julio de este año, está a tan solo nueve kilómetros de uno de los focos de deforestación, según el IDEAM. Si bien el anterior gobierno de Juan Manuel Santos amplió el Parque de 2,7 a 4,2 millones de hectáreas, no parecen haber suficientes capacidades institucionales para defender el territorio. Fuente: IDEAM A pesar de que la deforestación se agudizó con la desmovilización de las FARC-EP, las afectaciones al territorio son de largo aliento. A raíz del control armado, este grupo insurgente restringía la tala de árboles y establecía normas de conducta que beneficiaban el actuar criminal. El despojo a las comunidades que habitan el Guaviare devino en la concentración y disposición de tierras para el narcotráfico. El control de la selva, en muchas ocasiones, se hacía para proteger los negocios ilegales de las FARC-EP y de ningún modo puede asegurarse que los monocultivos de coca no producían una subsecuente deforestación. El control articulado de la guerrilla sobre el territorio, sustentado en las armas, privilegiaba exclusivamente su economía interna y la de sus redes. Este contexto cambió tras la firma del Acuerdo: los grupos armados post-FARC iniciaron una cruzada por el control de los cuatro municipios del departamento. Los autodenominados Frente 1 y Frente 7 se establecieron en el territorio con graves violaciones a los Derechos Humanos. Sus nuevas formas de economía y violencia produjeron que la deforestación se duplicara en 2017, según datos del IDEAM. Grupos armados ilegales y concentración de hectáreas de coca sembradas en Guaviare En la actualidad, el grupo post-FARC autodenominado Frente 1, comandado por alias ‘Gentil Duarte’, cobra un millón de pesos por hectárea de bosque talada, toda una renta si se considera que solo en el Guaviare se han deforestado 38.221 hectáreas en un año. La presencia de este grupo armado es un riesgo, además, para los organismos de control, quienes a pesar de su esfuerzo no pueden hacer nada contra esta dinámica. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), entidad que regula los permisos de tala, ha sido constantemente atacada en los recorridos que hace para ejercer su función. El hecho de que sus funcionarios deban ser acompañados por el Ejército genera un factor de riesgo adicional para esa autoridad ambiental. Lo paradójico es que la deforestación no está siendo ocasionada para la comercialización de madera. Esta, de hecho, suele dañarse antes de poder ser transportada a capitales como Villavicencio o San José del Guaviare. El daño a ecosistemas selváticos se produce por procesos de colonización que buscan apropiarse de una cantidad de hectáreas y disponerlas para la ganadería extensiva, para la tenencia de tierra o para monocultivos, en algunos casos, de coca. Estos procesos se dan en proximidades a las vías terciarias que se están construyendo en el departamento. La deforestación se agrava bajo la supervisión de las denominadas disidencias. ¿Cuál es la postura del gobierno entrante en la protección de los ecosistemas? Se le plantean varios retos: 1) permitir (o no) la aspersión aérea a cultivos de uso ilícito en ecosistemas vulnerables como los del Guaviare; 2) organizar la agenda institucional del departamento en función de las principales amenazas al medio ambiente, lo cual implica reformular presupuestos; 3) fortalecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esperando que este priorice la defensa de la naturaleza y no las concesiones para el extractivismo; 4) continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en el cual el Guaviare era, para marzo, el departamento más avanzado. Bajo el entendido de que la huella ecológica es irreversible, depende de las comunidades y de la disposición de los gobiernos detener los daños al medio ambiente. Si los recientes estudios sobre el aumento de dos grados centígrados en la temperatura mundial son ciertos, los próximos cuatro años son vitales. La selva amazónica no puede ser víctima de actitudes acumuladoras y depredatorias.

Foto: Andrea Aldana Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Después de casi dos años de haberse iniciado, los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN parecen no avanzar mucho. Los ires y venires entre el gobierno de Iván Duque y la guerrilla parecen no tener una ruta fija. Sin embargo, el 15 de octubre, esta guerrilla emitió un comunicado oficial en el que expresaba su vocación para continuar con los diálogos. Pese a esto, el gobierno de Iván Duque respondió negativamente a la misiva, arguyendo que “el Estado nunca podrá renunciar a su deber legítimo y constitucional de proteger a los colombianos y nos mantenemos en lo que hemos dicho, se necesita la liberación de todos los secuestrados y que le pongan fin a toda actividad criminal”. El presidente ha sido recalcitrante en su postura negativa frente a los diálogos de paz con este grupo armado. Aún hoy, después de dos meses de ser el nuevo presidente de Colombia, Duque no ha designado un jefe de negociaciones ni un país sede para la continuación de los diálogos. El futuro de las negociaciones es oscuro, no se sabe a ciencia cierta qué pueda pasar en los próximos meses. ¿Cómo han sido las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN desde sus inicios? En esta línea de tiempo le contamos.