Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares 16 años son 832 semanas y 6,209 días. Es el tiempo que ha trascurrido desde la denominada ‘Operación Orión’ y, también, el tiempo en el que la comunidad ha adelantado procesos para hacerle el quite a la violencia. La mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—. Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP. Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó. Hoy por Hoy En Medellín, según una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación, cerca del 70% de la ciudad paga extorsión bajo el nombre de ‘servicio privado de seguridad’. La situación transcurre impunemente a sabiendas de las autoridades. Las extorsiones van desde los sectores más pobres, que pagan semanalmente 2.000 pesos, hasta los comerciantes, que alcanzan a pagar entre 100.000 y 200.000 pesos de cuota. Estos ‘combos’ operan en la administración de la seguridad, cuidan de robos e intimidan a habitantes de las zonas. Hay control de entradas y salidas de barrios. A su vez, según la investigación, los ‘combos’ perpetran desalojo y desplazamiento a propietarios para, posteriormente, arrendar los predios. En materia de cifras, Medellín ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de víctimas del conflicto armado. El 23% de su población es víctima, aproximadamente 575.000 personas. Además, según el CNMH, desde el 2002 en la ciudad se han presentado 202 acciones bélicas, 4.193 asesinatos selectivos, 1.634 personas desaparecidas y 112 personas reclutadas. Además, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en Medellín el asesinato de personas ha aumentado de 2017 a 2018, teniendo como referencia lo que va corrido del año, pues superó las 400 muertes violentas. El SISC indica que más de la mitad —227— estarían asociadas a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Sin embargo, la tasa de homicidios en Medellín ha venido reduciendo significativamente desde el año 2009. Hace dos años (2016), justamente, se registró la tasa más baja de los últimos 41 años: 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año, según la Defensoría del Pueblo, en la Comuna 13 el desplazamiento forzado ha aumentado. Hasta el momento, se cuentan alrededor de 411 familias desplazadas. La presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Metropolitana son constantes. Instancias de Justicia: Ante este panorama, las víctimas siguen buscando respuestas. Después de 16 años del suceso, el general en retiro Mario Montoya entregó a la JEP su versión por los presuntos vínculos que tiene con más de cien ejecuciones extrajudiciales, respondiendo a la citación que le había hecho el tribunal. El primer día que Montoya fue a la JEP, las víctimas hicieron un plantón para exigirle que diga la verdad sobre lo ocurrido en los casos de los llamados ‘falsos positivos’ y sus vínculos con los paramilitares, pues su nombre también aparece en los expedientes por la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó (2005) y la operación Orión (2002). Por otro lado, el exlíder paramilitar, alias ‘Don Berna’ aseguró que la Operación se realizó en consonancia con miembros de la fuerza pública. Además, uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Juan Carlos Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, afirmó que se realizaron convenios entre ese bloque paramilitar y la fuerza pública. Iniciativas de la comunidad Hace un año el colectivo Agroarte —que trabaja los temas de memoria, arte y agricultura—, en apoyo con el CNMH y ACDI VOCA, le apuesta a la construcción de tejido social generando murales y siembras en alusión a las vivencias y la resistencia frente a las manifestaciones urbanas de violencia. Específicamente el proceso de construcción de memoria ocurre en el Cementerio de La América, ubicado la Comuna 13. La importancia de este proyecto es que vincula a niñas, mujeres, jóvenes y adultos. Generando así una propuesta para mitigar las variables de vulnerabilidad de la población de la Comuna. El lenguaje de Agroarte es la música hip hop, la literatura, la cuentería y la agricultura para resignificar el entorno alejado de la violencia. Esta apuesta busca articular un modelo de reparación simbólica para las víctimas de la violencia, como lo indican los testimonios de una lideresa y dos líderes comunales a El diario de la Educación. En palabras Wilmar Botina, uno de los líderes del proyecto, “nuestro discurso es desde la calle, pero también somos formadores y formadoras”. Aka, líder comunal licenciado en Arte, se refiere a Agroarte como “un proceso de resistencia por todo lo que pasó acá en la 13 y con la Operación Orión y los desaparecidos de La Escombrera. Es un proceso pedagógico y de aprendizaje que forma parte de la historia colombiana y que se vehicula a través del trabajo de catarsis y donde la tierra te ayuda a procesar tus dolores”. Según la cartilla de Agroarte, la idea surge para “adueñarnos de nuestra memoria como un acto de dignidad que transforma el miedo en exigencias, conquistando así un porvenir como un homenaje a los ausentes (las víctimas). Hablamos de reapropiarnos del entorno cotidiano con formación para niños y niñas, con liderazgo y saberes femeninos”. Esto va en dirección a la postura de Margoth “mamá rapera” que, en este proceso, están construyendo una gran familia que le apuesta a la paz de una manera muy distinta a la paz de los políticos.

Por: Naryi Vargas, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El más reciente monitoreo de cultivos de uso ilícito realizado por la UNODC registra que en 2017 se sembraron 177.000 hectáreas de coca en Colombia.  Lo que representa un aumento del 17% con respecto a las cifras de 2016. Nariño sigue siendo el departamento con las mayores cifras y Tumaco, a pesar de la disminución en un 16% de los cultivos, el municipio con mayor concentración. Los municipios más afectados son Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo, El Charco, Barbacoas, El Tarra, valle del Guamuez, Sardinata y Orito, es decir, los mismos 10 que han figurado en la lista durante los últimos años. Sólo hubo un cambio con respecto al 2016, cuando San Miguel (Putumayo) integraba esa lista en lugar de El Charco. En estos municipios se concentra el 44% del total de los cultivos a nivel nacional, 5% menos que el año pasado, cuando representaban el 49%. El mayor aumento se registró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Uno de los casos más preocupantes es el de Antioquia, en el que los cultivos pasaron de 8.855 has a 13.681, es decir, un aumento del 55%. Ese hecho fue el motivo por el cual el Gobernador de ese departamento, Luis Pérez, solicitó la implementación de un “plan piloto” de fumigación de glifosato con drones. El mandatario adquirió con recursos de la gobernación dos drones que serán utilizados en los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Tarazá, los cuales registran el mayor número de hectáreas en Antioquia. De esta manera se materializa oficialmente la promesa de Iván Duque y su ministro de Defensa de volver al glifosato. Luego de 3 años, volvemos a esa vieja y probada fórmula. En Antioquia se tenía previsto empezar el piloto de fumigación el 12 de octubre, pero no fue posible porque por la empresa que prestaría el servicio no contaba con una póliza de riesgo necesaria. Los campesinos de la zona han manifestado su desacuerdo, pues allí se tiene la expectativa de que la sustitución voluntaria por medio del PNIS se mantenga y sea implementado de manera integral, tal como lo contempla en Decreto que permitió su creación. Hasta el momento, 2.460 hectáreas de coca han sido levantadas por los campesinos en el marco del PNIS, y a pesar de las dificultades que el Programa ha tenido en materia de pagos, asistencia técnica para proyectos productivos y otras obras que se contemplan para el desarrollo económico y social de las regiones, los campesinos cocaleros piden que no este no sea suspendido. Los campesinos no son los únicos que reconocen la importancia de la sustitución. El año pasado, Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoció la ineficacia que tiene la erradicación forzosa en corto mediano y largo plazo. Según Mathiasen, la resiembra de coca en casos de erradicación forzosa llega a un 25 o 30% luego de tres meses y después de un año alcanza el 50 % o más. Sin embargo, a pesar de la experiencia que ha tenido el país, el actual gobierno insiste en fórmulas que ya evidenciaron el fracaso. Es importante precisar que la política del glifosato no comenzó con Duque, sino con el expresidente Santos. En el mes de junio del año en curso, el ex Ministro Luis Carlos Villegas llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes la autorización para reactivar la fumigación con glifosato, pese a que en 2015 el Gobierno la había suspendido y en 2017 la Corte Constitucional prohibió su uso en respuesta al pedido de protección de una comunidad indígena del Guaviare. Esta decisión se tomó en el marco de la construcción y puesta en marcha del Plan Quinquenal 2018 – 2023, que promete a los Estados Unidos reducir en 5 años un 50% del total de cultivos de coca, que para ese momento se calculó en 180.000 hectáreas. Dicho Plan es la estrategia del Estado para la lucha contra el narcotráfico e incluye la vieja fórmula de la aspersión aérea, además de la sustitución voluntaria y la erradicación manual. La justificación que tuvo el anterior gobierno para volver al glifosato tiene un doble matiz: por un lado, la necesidad de frenar la expansión de los cultivos y erradicar de manera rápida los ya existentes; y en segundo lugar afirmó que se realizará con un “innovador método” que permitirá mitigar los efectos dañinos que tiene este agente químico sobre las personas, el medio ambiente y los territorios. Al decir esto se refería a la fumigación con drones, que en palabras de Luis Carlos Villegas “se necesita la mitad de la concentración de veneno que se usaba en los aviones que hacían aspersión aérea. Ese método necesitaba cerca del 45% de glifosato puro, aquí estamos hablando de menos del 25 % de la mezcla, lo que significa menores riesgos sanitarios, menores riesgos de pérdida y mayor efectividad del acción de la erradicación; tiene una efectividad comprobada en 99%, solo se requieren ocho personas entrenadas para asegurar su operación, la concentración de glifosato puro es de 2,5 litros por cada 10 y el costo estimado por hora es de $600.000, mientras que el costo con los aviones era de $6.000.000”. Así las cosas, en los últimos dos meses de ese mandato se desarrolló un plan piloto en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Este comenzó en Tumaco, y para ello se contrató a la empresa FumiDrone S.A.S. para que asperjara 120 hectáreas por un total de 78 millones de pesos. Sin conocer el resultado de ese plan piloto, el actual presidente Iván Duque se comprometió con el Plan Quinquenal 2018 – 2023 y anunció desde su campaña que incluiría la fumigación como una estrategia para luchar contra el narcotráfico. Y es que el retroceso no es menor, pues la aspersión demostró su ineficacia en 2015, cuando luego de 12 años de practicarse en el país, la reducción en los cultivos fue tan sólo de 16.000 hectáreas. A esto se suman los diagnósticos en materia de salud acerca de los efectos cancerígenos del glifosato, corroborados por la OMS y por un tribunal estadounidense que condenó a la Monsanto por el uso de este químico.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares No es aún muy clara la política de la administración Duque frente a la política de paz, la implementación del acuerdo y las agendas de la construcción territorial de Estado. En diferentes reuniones privadas, sobre todo con la comunidad internacional, el presidente y los miembros de su gabinete han dicho que continuarán con la implementación, y que su prioridad es la política de reincorporación, además insinúan que no pueden decirlo públicamente, pues ello molestaría a sus bases radicalizadas, pero que ellos saben que deben ir hacia adelante con el fin de la guerra. En todo caso, en la práctica nada avanza, no se implementa nada, solo parece que se debate y se habla pero nada más allá de esto. Por ejemplo, en las regiones del país todo está paralizado, en Nariño, Cauca o Antioquia ya no hay funcionarios, ni iniciativas para sacar a esos municipios de la ola de violencia que los azotó por décadas. Es decir, en Bogotá se vive una incertidumbre por la implementación del acuerdo, pero en las regiones se siente la parálisis. Entre analistas y expertos hay cuatro líneas de análisis o de interpretación. La primera, y más optimista, cree que el gobierno Duque está ganado tiempo, acumulando capital político para poder avanzar en el Acuerdo de Paz. Para este grupo de analistas está claro que el proceso de paz debe ir hacia adelante, saben que el país que prometieron en campaña es un país de locos, pero deben saber dar la justificación del cambio de discurso, pues los sectores radicalizados del uribismo son fuertes. Así las cosas, pasando los primeros seis meses de gobierno, se podrá avanzar en la implementación. La segunda interpretación es más técnica. Durante el proceso de empalme quedó claro que los equipos designados por el presidente Duque no tenían ni idea de implementación del Acuerdo, no sabían ni siquiera cuáles programas existían. Todo parece indicar que el Centro Democrático creía que el postconflicto era solo discurso o espuma. Pero a medida que se han adentrado en el gobierno, todos ellos se han encontrado con una gran complejidad, con programas andando y con muchas relaciones entre el Estado y las comunidades, por ende echar para atrás es complicado. Hay anécdotas graciosas, la cara de Miguel Ceballos cuando visitó el primer Espacio Territorial de Capacitación. O lo que Archila ha intentado hacer con los fondos internacionales en la Alta Consejería para el Postconflicto. Una tercera línea cree que la situación en el gobierno y el peso de los diferentes sectores políticos aún no está definido. Dentro del gobierno hay sectores radicalizados frente al proceso de paz, otros sectores más conectados con la imagen internacional de Colombia creen que ese no es el problema y algunos quieren avanzar en la implementación pero no reciben líneas claras del presidente Duque. Habrá que esperar a que el balance esté definido. Una cuarta línea, un poco más conspirativa, que es en la que creo, ve que la diferencia entre la práctica y el discurso hace parte de una estrategia para ir dejando morir el acuerdo de paz. El gobierno Duque no puede, o mejor sabe, que es inconveniente destruir el proceso de paz públicamente. Por ello en las reuniones dicen que van a avanzar. Pero en la vida real no hacen nada, no dan presupuestos, no renuevan contratos de funcionarios, no hacen la mínima acción para determinar qué fue lo que se hizo en el anterior gobierno. Hay un sector en el uribismo que cree que les irá mejor en política si crean, al menos, un muñeco o un espejismo de que las FARC revivieron, y con el discurso del miedo y la seguridad mantendrá el poder y entretenida a su base social. No saben el daño que le hacen al país, pero todo lo piensan en pro de eternizarse en el poder.

Por: Alexander Riaño, coordinador de Conflictos Asociados al Desarrollo En el comunicado No 40 de octubre 11 de 2018 la Corte Constitucional oficializó su decisión en una materia de gran relevancia para todo el país: el alcance de las consultas populares con respeto al aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos en los territorios. Debido a las filtraciones a los medios dos semanas antes, el fondo de la decisión ya estaba más o menos establecido: en una votación de cinco contra uno, la sala plena aprobó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger en la cual se indica que: “[…] de conformidad con las competencias atribuidas por la constitución política a la nación y a las entidades territoriales, las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables de subsuelo deben ser adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la ley”. Bajo esta premisa, el alto tribunal decidió dar amparo constitucional a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia tras la tutela presentada por la empresa Mansarovar Energy Colombia. El resultado inmediato de la decisión es dejar sin efecto la providencia del 7 de marzo de 2017 del Tribunal Administrativo del Meta, en la cual se realizó el control previo de constitucionalidad de la pregunta para la consulta popular realizada en Cumaral (Meta), en la que 7.475 ciudadanos indicaron que no estaban de acuerdo con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Apenas 193 indicaron estar de acuerdo. Para sustentar su decisión, la Corte indica que el tribunal administrativo del Meta violó el debido proceso ya que “interpretó de forma aislada las disposiciones constitucionales y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional referidos a los límites de las materias a decidir” que pueden ser objeto de consulta popular. De acuerdo con la Corte, la Constitución y la Ley establecen claramente que estas consultas no pueden recaer sobre asuntos ajenos a la competencia de las autoridades municipales. Frente al caso particular de Cumaral, se señaló que la consulta no se limitaba a determinar los usos y ordenamiento del suelo, sino que tenía como objetivo prohibir la realización de actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo, de los cuales la propiedad es del Estado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la misma Corte ha señalado en otras providencias que es incorrecto entender Estado como sinónimo de gobierno nacional, en la medida en que las entidades territoriales también son Estado. Es por esto que la decisión hace énfasis en la necesidad de establecer los mecanismos adecuados para generar concertaciones nación-territorio. Un segundo argumento es que si bien las entidades territoriales tienen la competencia de establecer el uso del suelo, esta función debe ejercerse bajo los principios de coordinación y concurrencia, dando a entender que las autoridades y comunidades locales no pueden establecer vetos sobre las actividades del sector minero-energético. Tras esta decisión, la Corte exhortó nuevamente al legislativo para que defina, en el menor tiempo posible, uno o varios mecanismos de participación ciudadana que permitan implementar de manera adecuada los principios que acabamos de mencionar. De manera específica, tras la sentencia, la Corte ordena las siguientes acciones: A la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) poner en práctica un procedimiento que permita la concurrencia y coordinación con las entidades territoriales a la hora de definir las áreas para exploración y explotación de hidrocarburos. Sobre esto, durante el último año la ANH ha venido implementando un procedimiento que denominan “proceso de concertación”. Al Ministerio de Minas y Energía (MME), ANH y la Agencia Nacional de Minería (ANM) mantener y fortalecer todos los programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación y la información con las entidades territoriales y sus autoridades locales. Al MME, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, la ANH, la ANM, la UPME y el SGC a robustecer las estrategias y cláusulas contractuales de participación ciudadana, información, coordinación de acciones sociales y de inversiones sociales en el marco de la política pública de los sectores de hidrocarburos y minería, así como en los contratos de concesión. Finalmente, la Corte identificó que en la actualidad no existen mecanismos “idóneos y vigorosos” para garantizar la participación ciudadana y lograr compatibilizar los principios de coordinación y concurrencia de la nación y las entidades territoriales. Frente a esto establece 13 criterios a seguir en la definición de dichos mecanismos: i) Participación ciudadana y pluralidad; ii) Coordinación y concurrencia nación territorio; iii) Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables; iv) Diferencialidad / Gradualidad; v) Enfoque Territorial.; vi) Legitimidad y Representatividad; vii) Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; viii) Desarrollo sostenible; ix) Diálogo, comunicación y confianza; x) Respeto, protección y garantía de los derechos humanos; xi) Buena Fe; xii) Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y, xiii) Sostenibilidad fiscal. El salvamento del voto El magistrado Alberto Rojas Ríos salvó su voto frente a la decisión adoptada a la que calificó como “regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad en los asuntos que la impactan, establece espacios vedados del control ciudadano en la gestión de los recursos naturales y cercena drásticamente la autonomía territorial mientras robustece al Estado central”. Su afirmación se basa en por lo menos cuatro argumentos: i) que la acción de tutela era improcedente porque la empresa nunca intervino en el proceso sobre el cual alegó la vulneración de sus derechos; ii) la Corte incurrió en un dislate en tanto la consulta popular ya es un proceso consumado y por lo tanto es un asunto que no podía someterse nuevamente a debate; y iii) los efectos de la sentencia vacían de contenido la autonomía de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del suelo y consultas populares pues hace una lectura restringida de la Constitución y de la línea jurisprudencial de las sentencias C-123 de 2014 (demanda al código de minas en lo relacionado con la definición de zonas reservadas, excluídas y restringídas) en la cual se indicó que debe haber armonización y concertación entre el gobierno central y las entidades territoriales frente a los proyectos de minería e hidrocarburos, y la C-035 de 2016 (caso Pijao, Quindío) en la cual se concluyó que las entidades territoriales sí tienen competencia para regular el uso del suelo a través de los mecanismos de participación. En particular, es relevante revisar la C-123 de 2014 porque indicó claramente que el gobierno nacional debía concertar siguiendo los principios previstos en el articulo 288 de la Constitución: “en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.” Finalmente, el magistrado Rojas Ríos indicó que la sala plena se equivocó al acoger como precedentes las sentencias C-149 de 2010, C-395 de 2012, C-035 de 2014, C-237 de 2016 y C-389 de 2016 porque el asunto bajo estudio no tenía una correspondencia ni fáctica ni jurídica con el caso particular sobre el que estaba decidiendo. La primera abordó los problemas jurídicos relacionados con la atribución de competencias al gobierno nacional en relación con la formulación, adopción y ejecución de macroproyectos de interés social nacional, y el vaciamiento de competencias territoriales en vía contraria a los principios de descentralización y autonomía territorial. La segunda sentencia analiza la constitucionalidad de algunas disposiciones del código minero de 2001 en relación con los derechos de las comunidades étnicas y el desconocimiento de las facultades territoriales para el ordenamiento del suelo. La tercera analiza un caso de contribución por el efecto de plusvalía en relación con el derecho fundamental al debido proceso y la democracia participativa. La cuarta contiene jurisprudencia sobre debido proceso en el marco de una tutela por una reclamación pensional. La quinta sentencia estudia una demanda de constitucionalidad contra los artículos del código de minas que definen los aspectos procedimentales para entregar un título minero. En contexto De acuerdo con diversas fuentes, desde julio de 2013 (fecha en que se hizo la famosa consulta popular en Piedras, Tolima) y hasta septiembre de 2018, se pueden identificar 86 iniciativas de consulta popular en todo el país. Nueve de estas ya fueron realizadas, otras nueve fueron suspendidas y 68 que están en trámite actualmente quedan en entredicho luego de la decisión de la Corte Constitucional. El mismo presidente del Consejo Nacional Electoral indicó que los alcaldes de estos municipios deberían suspender los procesos de consulta popular hasta tanto el legislativo no hay reglamentado y diseñado los mecanismos pertinentes. A su vez, la ministra de Interior dijo que se revisarán los procedimientos para consultas populares y consultas previas. 68 consultas populares en trámite De las 86 consultas populares identificadas, 31 han sido específicamente sobre hidrocarburos, 20 sobre minería, 19 sobre minería e hidrocarburos, 7 sobre proyectos de energía, 5 sobre minería, hidrocarburos y energía, y 4 sobre minería y energía. Por departamentos, encontramos que Casanare (9), Meta (7), Cundinamarca (7), Tolima (6) y Caquetá (5) son los departamentos con mayor número de iniciativas en sus municipios. ¿Qué son las consultas populares? De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 134 de 1994, la consulta popular es entendida como un mecanismo de participación ciudadana que permite decidir, mediante una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local. Según el caso, el presidente, el gobernador o el alcalde, someten la pregunta a consideración del pueblo para que se pronuncie formalmente al respecto. Si la consulta popular es a nivel nacional, el presidente debe contar con el concepto previo favorable del Congreso y estar respaldado con la firma de todos los ministros. En el caso de la consulta popular territorial, el gobernador o alcalde debe cumplir previamente los requisitos estipulados en el Estatuto General de Organización Territorial y contar con la aprobación de la junta administradora local, el concejo municipal o la asamblea departamental. Después de la aprobación por parte de la institución competente, se estipula un plazo de cuatro meses, si es a nivel nacional, o dos meses, si es a nivel territorial, para llevar a cabo la consulta popular. Así mismo, se exige un umbral mínimo de participación para la validez de la consulta, que corresponde a una tercera parte del censo electoral, ya sea nacional o local. Una vez cumplido el umbral, la decisión es obligatoria siempre que la pregunta sometida a votación haya obtenido una votación no menor a la mitad más uno de los sufragios válidos. Colombia no es el único país en el que se presenta este fenómeno. Dietz (2018) indica que también otros países de América Latina han vivido experiencias de consultas populares como mecanismo legítimo en el marco de agendas sociales anti-mineras. Según la autora “en junio de 2002 se hizo la primera consulta popular en América Latina relacionada con minería en Tambogrande, provincia de Piura, en el norte del Perú. Tomando como referencia esta experiencia, en marzo de 2003 fue realizada una segunda consulta popular en Esquel, provincia de Chubut, en el sur de Argentina. La tercera consulta tuvo lugar en junio de 2005 en el municipio de Sipakapa, en Guatemala”.

Por: León Valencia, director – Pares La conciencia heroica que aún ostentan las élites del país es el principal obstáculo para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reconciliación. La postulación de Mario Javier Pacheco o de Alfredo Rangel para dirigir el Centro de Memoria Histórica, las limitaciones que le impusieron a la JEP para juzgar a los “terceros” involucrados en el conflicto, la pretensión de excluir a los militares de este tribunal o las presiones del Fiscal General sobre este organismo, y los ataques a la Comisión de la Verdad, son episodios del gran esfuerzo que están haciendo los líderes y los grupos que han dirigido el país para hacer que impere una narrativa de justificación de la guerra que libraron contra los insurgentes con todos sus horrores y desviaciones. Se podría pensar que es un ejercicio de maldad, la pretensión consciente de unos criminales para esconder sus delitos y es posible que esto ocurra en algunos casos; pero esta explicación no es suficiente para entender la actitud de miles y miles de personas que han tenido influencia y poder en el Estado, en la sociedad y en la empresa privada. Una idea más comprensiva es que tienen una conciencia heroica de sus acciones. Piensan que estaban defendiendo la democracia, la libertad, la constitución y la Ley y eso les da amparo ante los tribunales de justicia y ante la historia, aún en el caso de que en esa guerra se hayan cometido algunos atropellos a la población. También la izquierda y las guerrillas tuvieron esa conciencia heroica y se aferraron a ella por muchos años. Creían que la causa revolucionaria, esa ilusión de igualdad social y poder popular, justificaba las más diversas formas de violencia, o la combinación de las formas de lucha, como la llamaron algunos grupos contestarios. Fue la emergencia de la agenda de derechos humanos después de la caída del “Muro de Berlín” y el reconocimiento del Derecho Internacional Humanitario lo que vino a quebrar la conciencia heroica en la izquierda y abrió la senda para que también las guerrillas comprendieran que en el enfrentamiento con el Estado se habían hecho cosas injustificables para la conciencia humana y para el derecho. El secuestro, el asesinato de civiles indefensos, el reclutamiento de menores, la violencia sexual, el homicidio fuera de combate, son algunas de las conductas indebidas y persistentes en la larga y dolorosa guerra que vivimos. La aceptación de estos delitos llevaron a las FARC a convenir con el presidente Santos el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en clave de transición, es decir, en un proceso donde habrá sanción social y penas alternativas. En cambio buena parte de los funcionarios del Estado, de los empresarios o civiles que tuvieron una participación directa o indirecta en el conflicto y en función de su intervención incurrieron en conductas indebidas, las más comunes y graves: las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, las desapariciones, el desplazamiento forzado, las torturas, no reconocen o minimizan estas conductas porque creen firmemente que estaban en una causa justa. Los argumentos son diversos: que no se puede igualar la fuerza pública con el terrorismo, que los empresarios concurrieron al conflicto obligados o fueron extorsionados, que quizás se cometieron algunos excesos pero corrieron por cuenta y riesgo de algunas manzanas podridas; o la justificación más estructural y definitiva: no hubo conflicto armado y las guerrillas son las únicas que deben estar sentadas en el banquillo. Desde esta posición las personas idóneas para orientar la memoria o la verdad o la justicia, son del tipo de Mario Javier Pacheco, quien cree que el Centro de Memoria es una institución de las FARC, lo mismo la JEP o la Comisión de la Verdad. No aceptan que en Colombia se produjo una ruptura intelectual profunda en la cual la mayoría, sino la totalidad, de los defensores de Derechos Humanos y los académicos denostaron la conciencia heroica y optaron por la conciencia humanitaria que campea en el mundo desde los años noventa del siglo pasado. Hay allí personas con inclinaciones de izquierda o derecha, lo que los distingue es la comprensión de que en nuestro conflicto armado se cometieron atrocidades desde todos los lados y este es el momento para el reconocimiento de la catástrofe humanitaria y también para doblar la página y empezar de nuevo. Cometen un error enorme las élites políticas del pais que quieren vivir en el pasado, que no se avienen con las nuevas realidades del país y del mundo, la conciencia heroica se está derrumbando aquí y allá , el siglo veintiuno está exaltando a los lideres que critican las violencias vengan de donde vinieren y optan por La Paz y la reconciliación.

Por: Alejandro Jiménez, investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto La maravillosa y melancólica voz de la cantautora Betty Álvarez nos ha recordado la esclavitud que han suscitado las economías de enclave como la minería en el territorio chocoano. La sentida canción ‘A la mina’ hace alusión a la explotación del oro por parte de los colonos blancos en las tierras del Chocó, la cual sigue más que vigente y ahora usa métodos no convencionales e ilegales. Este texto pondrá en contexto la compleja relación entre la ilegalidad y la minería mecanizada y la transformación de hábitos de vida para lograr la supervivencia en Río Quito. Ya nos hemos referido a la maldición de la abundancia en la que viven las poblaciones de Río Quito, a orillas del afluente que lleva su nombre, a causa de la explotación desaforada de oro y platino. Esta labor, realizada por las dragas o dragones, a manera de la esclavitud moderna, requiere de distintos servicios que van desde el transporte, la seguridad y la limpieza, hasta la transacción de servicios sexuales con los operarios de las máquinas. En este escenario, los y las jóvenes del municipio encuentran, de cierta manera, ofertas de la ilegalidad como formas de supervivencia ante la dificultad por lograr educación de calidad u opciones de empleo dignas que superen la expectativa del ‘rebusque’. De igual manera, en centros poblados como Villa Conto y Paimadó se ve la inyección de dinero producto de la compraventa del oro, del cual se beneficia especialmente el sector comercial, generando así una dependencia indirecta de parte de la población. La minería realizada con maquinaria pesada y mercurio  —no con bateas, bareque, almocafre, totumos, palas y matracas— hace parte del paisaje y parece ser la fuente más rentable y eficaz para lograr vivir dignamente en el municipio. Los visos entre legalidad y legitimidad son bastante difusos, en tanto las actividades ilegales cuentan con anuencia de las autoridades y parte de la población. Además, la influencia de los actores armados ilegales es notable y el control y regulación de la vida social es común. Los códigos normativos sobre lo que es legal quedan en entredicho cuando algunas comunidades aducen necesidades básicas insatisfechas y planes de vida irrealizables. Autoridades y algunos miembros de la comunidad, ¿cómplices? Ahora, los actos de corrupción y beneplácito también pasan por las autoridades civiles en detrimento de los intereses colectivos y territoriales de las poblaciones asentadas en Río Quito. Por un lado, los mandatarios locales son quienes tienen la competencia para i) velar por el derecho fundamental a un ambiente sano (art. 65 Ley 99/1993), ii) suspender la explotación de minerales que no cuenten con un título inscrito ante el Registro Minero Nacional (ley 685/2001), así como iii) imponer y ejecutar acciones en materia de sanción ambiental (art. 2 Ley 1333/2009). En muchos casos, estas autoridades están coartados por los actores armados o tienen intereses detrás de la actividad ilícita. En períodos electorales abunda el silencio respecto al tema. Los y las candidatas a la alcaldía y al concejo municipal no se refieren siquiera a alternativas para mitigar o acabar la minería realizada de manera ilegal. Parece ser que entendieron que este asunto podría ser un punto negativo para su capital político o, por el contrario, no les es permitido obstaculizar esta actividad por los actores ilegales que regulan la cadena productiva del oro ilegal. Por otra parte, respecto a la familiaridad y la relativa aceptación comunitaria de la actividad minera mecanizada, es necesario hacer referencia a la responsabilidad que tienen los Consejos Comunitarios. Pues algunos de los liderazgos de estas autoridades tradicionales contribuyen para que la actividad ilegal se desarrolle sin ningún obstáculo. Esto ha llevado a la ruptura del tejido social, ya que algunas de las familias extensas han entrado en confrontación por el uso y la vocación productiva de los territorios colectivos que, por mandato de la Ley 70, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, hay quienes se están beneficiando de manera privada de los bienes colectivos que por derecho les corresponden a las comunidades afro. Respecto a esto último, PARES conoció de la existencia de acuerdos contractuales entre algunos de los miembros del Consejo Comunitario de Paimadó con dragueros de la zona para la explotación de minerales en el polígono de este corregimiento. Los acuerdos se suscriben a cambio de pagos mensuales entre los 10 y 15 millones de pesos. El área explotada no cuenta con una licencia ambiental que permita la extracción de oro, a pesar de encontrarse en solicitud de exploración ante las autoridades ambientales. Quienes explotan los minerales de manera mecanizada e ilegal en las riberas del Quito también han encontrado formas que les permiten maniobrar a partir de operaciones aparentemente legales, que los hacen ver como responsables del medio ambiente y respetuosos de la ley. La estrategia es la siguiente: se constituyen ante Cámara de Comercio (tanto en Antioquia como en Chocó) algunas empresas fachada para la explotación de estos recursos, pero en la práctica, su operación hace uso de mercurio y se desarrolla en terrenos que no cuentan con los permisos ambientales. Fuentes en terreno afirman que algunas de las empresas que realizan estas prácticas son Dragas Colombianas Brasileras SAS, Dragados Montoya SAS, Comercializadora Emperadora SAS, las cuales tienen registrada su actividad económica desde “extracción de oro y metales preciosos”, “comercio al por mayor de metales y productos metalíferos” hasta “preparación del terreno”. Es decir, se realiza un registro formal y en la práctica se extraen minerales de manera ilegal, lo que ha permitido que propietarios de dragas puedan registrar sus actividades económicas y operar desde la ilegalidad en la explotación de los recursos. En este punto surgen algunos interrogantes que pueden ser de interés tanto para las autoridades competentes: ¿Quién y cómo hacen seguimiento a las empresas que reportan dentro de sus actividades la explotación de minerales y las realizan en entornos permeados absolutamente por la ilegalidad? ¿Ha habido sanciones a esas personas de las comunidades que permiten el detrimento del territorio y la vulneración de sus derechos colectivos y ancestrales por el interés de lucrarse de manera individual? En poblaciones de municipios como Río Quito aún retumban los versos de resistencia como los ya aludidos de Betty Álvarez: “Aunque me aten cadenas, esclavo no soy”. Las poblaciones de municipios con características como las de Río Quito requieren de mayor atención para su goce efectivo de derechos y garantía de su dignidad como ciudadanos, una necesidad apremiante para romper con las cadenas de sujeción a la ilegalidad de la minería de su municipio como única opción de vida.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El pasado 8 de octubre se publicó un informe por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —escrito por 91 autores de 40 países— en el cual expone el panorama crítico e inviable de mantener a 2°C el calentamiento global y de tomar acciones inmediatas para limitarlo a 1,5°C. Este informe es producto de El Acuerdo de París en 2015, que fue aprobado por 195 naciones —Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo y se sumó a Siria y Nicaragua como únicos países no participantes— en el cual se pactó generar una respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y mantener una temperatura por debajo de 2°C. Cumplida la entrega después de los 3 años, la gran conclusión del informe es que se debe limitar el calentamiento global a 1,5°C para sortear un complejo panorama medioambiental a nivel mundial. Es más, dentro del informe se hace una proyección que supone que en el año 2100 el nivel global del mar de reduciría en 10 cms. Limitar el calentamiento permitiría, entre otras cosas, que los arrecifes no disminuyan en un 99% como ocurriría con 2°C y mitigar la disminución, que oscilaría entre un 70% y un 90%. El informe está constituido en tres Grupos de trabajo del IPCC: El grupo de trabajo 1, el cual está encargado de evaluar las bases físicas del cambio climático; el Grupo de trabajo 2, encargado de abordar impactos, adaptación y vulnerabilidad y el grupo de trabajo 3, que se ocupa de la mitigación. Según Valerie Masson-Delmotte —copresidenta del grupo de trabajo 1—, para hacerle frente a la situación es necesario que las emisiones netas globales de carbono (CO2) que son de origen humano reduzcan un 45%, proyectando así un “cero neto” para el 2050. Justamente ahí radica una importante labor de remoción de CO2 de la atmósfera. A su vez, Hans-Otto Pörtner —copresidente del grupo de trabajo 2 del IPCC— de no mantenerse un límite al calentamiento global se incrementaría de manera exponencial el riego de cambios duraderos o irreversibles; como es el caso de ecosistemas y especies. Por su parte, Priyardarshi Shukla —copresidente del grupo de trabajo 3 del IPCC— afirma que la limitación de 1,5° permitiría la reducción de impactos en varios sentidos, principalmente, en los ecosistemas y salud humana. Según el informe, hay una correlación entre el calentamiento global y el aumento de la temperatura de calor extremo, sequías y también lluvias torrenciales. Este vaivén climático desproporcionado tendrá una afectación directa sobre el proceso de producción de alimentos para el caso de América Latina. Otra arista de la propuesta del limite de 1,5°C es que se duplican las posibilidades mantener el habitad los insectos, que son de vital importancia para la polinización de plantas y cultivos. Para los integrantes del IPCC, se deben generar acciones inmediatas que van dirigidas a una disputa de alternativas en los campos de consumo energético eficiente, agricultura, optimizar la emisión en el proceso de producción y captura de gases contaminantes. La entrega de este informe fue en Incheon (Corea del Sur) y ahora quedará en manos de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático en Polonia, que se celebra en diciembre. Allá se presentará el informe para la construcción de políticas publicas dentro de las agendas políticas de los Estados. En Colombia: A partir de las disposiciones que se definirán a nivel internacional sobre las políticas públicas, en Colombia el panorama no se puede analizar sin tener en cuenta las vicisitudes de la guerra. Históricamente, la disputa de la distribución de la tierra ha sido uno de los principales problemas en el país. Según un informe Oxfam, Colombia tiene la mayor desigualdad en tenencia de tierras en América Latina. Puesto que “el 1% de las fincas de mayor tamaño tiene el 81% de la tierra, el 19% restante está repartido entre el 99% restante de las fincas”. En este momento, dice Oxfam, el 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. La línea de tiempo va así: en 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %. El debate sobre la tierra tiene que ver con qué uso se le da y el impacto medioambiental que causa. En Colombia hay 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. Es decir, los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura. Por ejemplo, en los predios más pequeños, es decir, los de menos de 5 hectáreas, el 55 % de la tierra se dispone para ganadería y el 45 % a agricultura. La tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de explotación de la tierra, lo cual en el informe es uno de los índices que amenaza con superar el límite de 1,5°C y que va en detrimento con el control de gases contaminantes. También, los monocultivos predominan, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta, por ejemplo, corresponde a palma aceitera. Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. Estos son temas estructurales sobre la definición de unas políticas públicas con repercusiones trascendentales. El monocultivo de palma aceitera también recrudece la huella ecológica a nivel local e internacional y la de conflictividad a nivel local.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Keiko Fujimori, la hija del expresidente de Perú entre 1990 y 2000, Alberto Fujimori, y lideresa del partido opositor Fuerza Popular, fue detenida el miércoles 10 de octubre de 2018. La petición fue realizada por la Fiscalía especializada de Lavado de Activos de Perú, esto debido a una investigación previa por el presunto manejo irregular en los fondos de la campaña presidencial de las elecciones del 2011. La investigación tiene que ver con el llamado Caso Cocteles, en donde se investiga si, en efecto, Keiko y su partido Fuerza Popular lavaron más de un millón de dólares provenientes de la empresa brasilera Odebrecht. Las pruebas son varias. La primera es que el Ministerio Público de Perú confirmó que el exsecretario del partido Fuerza Popular y el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, en efecto, sí sostuvieron conversaciones telefónicas mientras se adelantaba la campaña presidencial de Fujimori. La segunda es que la Fiscalía de ese país, a través de una resolución, confirmó que Jorge Barata también sostenía conversaciones telefónicas con el exencargado del manejo económico del partido de Keiko, Augusto Bedoya Camere, también detenido recientemente por la Fiscalía. Según el directivo de Odebrecht, los intermediarios encargados de recibir el dinero fueron Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere. La entrega de estos dineros fue confirmada por el mismo primer ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht. En diciembre, Jorge Barata declaró ante fiscales peruanos y brasileños que la constructora había entregado 1.2 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori. • Keiko Fujimori: heredera política de su padre Keiko Fujimori Higuchi es hija de la ex Congresista Susana Higuchi y expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por los delitos de corrupción y violaciones a Derechos Humanos. Keiko heredó la estructura política de sus padres. De hecho, mientras estudiaba en Boston, Estados Unidos, en el año de 1994, ante el eventual divorcio de sus padres, Keiko asumió el cargo de Primera Dama del Perú. Con apenas 19 años, Keiko Fujimori ingresó al mundo de la política. Ejerció el cargo de Primera Dama hasta el año 2000. Sin embargo, su padre sería detenido 5 años después en Chile. En el año 2006, se postuló como candidata al Congreso de Perú y obtuvo la votación más alta en la historia parlamentaria de su país. Ya después, en 2009, inició su campaña presidencial. Para dar inició a su campaña, Fujimori Higuchi fundó, en 2010, el Partido Fuerza Popular, el mismo que hoy está siendo investigado por sus nexos con Odebrecht. Keiko, junto a los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya fueron detenidos por la presunta recepción de dineros. Los tres son pertenecientes al partido Fuerza Popular. En 2011 perdió las elecciones contra su contrincante Pedro Pablo Kuczynski. Hoy el tema revive debido a los nexos entre el partido y la empresa brasilera. Así las cosas, el apellido Fujimori sigue siendo un lastre político con el que se tendrá que cargar durante un buen tiempo.

Por: Juan Diego Castro, coordinador de Comunicaciones, y Sergio Saavedra, Redacción Pares Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el marco del conflicto armado en Colombia fueron desaparecidas forzadamente 80.472 personas, agrupadas en 68 mil casos; en el 38% el presunto responsable es un grupo paramilitar, en el 15% las guerrillas, en el 3% agentes del Estado y solo en un 0,6% se le atribuye a alianzas entre estos últimos y grupos paramilitares. En el caso de los asesinatos selectivos, que según el CNMH alcanzan los 151.563 casos y 177.710 víctimas, el 51% de los casos se les atribuyen a grupos paramilitares, el 18% a guerrillas, el 4% a agentes del Estado y solo un 0,4% a alianzas entre grupos paramilitares y agentes del Estado. En el resto de casos los presuntos responsables son grupos posdesmovilización o grupos armados no identificados. A pesar de las cifras, el que parece ser el próximo director del CNMH, Mario Javier Pacheco asegura que los informes del Centro “pretenden minimizar los horrores de las FARC y echar la culpa de los mismos al Estado y al extinto grupo criminal de las AUC”, pareciendo restar importancia y magnitud a las atrocidades cometidas por los paramilitares y, como si estuvieran en la misma bolsa, comparando el tratamiento que a dicho grupo se le ha dado desde el CNMH con el de los agentes del Estado, a quienes, como se ve en las cifras, se les atribuyen pocos casos en proporción a los demás actores del conflicto armado, además de considerárseles como víctimas en varias de sus investigaciones (e.j. Esa mina lleva mi nombre). Lo anterior, no solo muestra un profundo desconocimiento por parte de Pacheco de la labor del CNMH, sino también una falta de rigurosidad y sesgo ideológico que pueden resultar en graves riesgos para la verdad y la reconciliación en Colombia. Desde hace varios meses se ha venido hablando de la posibilidad de que el CNMH fuera cooptado por una facción de ultra-derecha del Centro Democrático, para hacer un contra-relato que compita con la verdad que se espera develen la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, instituciones que este partido no controla. Sobre todo, se parece evidenciar un temor desde el uribismo a que se muestre la participación de ciertas élites políticas y económicas regionales en el conflicto armado, así como de antiguos miembros de FFMM que pasaron de agache. Cabe entonces preguntarse qué función tendrá el CNMH, adicional a la salvaguarda los archivos que se le han confiado y el manejo de museos, para que, en un gobierno supuestamente austero, se le pretenda entregar casi el mismo presupuesto que a la Comisión de la Verdad. Aun más, vale la pena preguntar qué justifica dicho presupuesto cuando el posible nuevo director asegura que: “Millones de pesos invierte el Estado en investigaciones y publicaciones para recopilar la memoria colectiva, pero esta se revierte contra sí mismo, por exigencia del grupo delincuencia (…)”. Es mucho lo que el CNMH le ha aportado a este país y tal vez sea hora de que esta entidad se liquide y se reúnan esfuerzos para fortalecer los nuevos procesos, pues la mayoría de las funciones que se espera le queden pueden ser delegadas al Archivo Nacional o al Ministerio de Cultura. El CNMH no puede convertirse en un arma de sectores políticos para sabotear lo que se ha negociado como Estado, ni debería usurpar funciones que le competen en la actualidad a la Comisión de la Verdad. ¿Quién es Mario Pacheco? Según parece se dedica a investigar sobre paz, desarrollo e identidad en zonas de conflicto del Catatumbo y Caquetá y coordina desde 2004 la Cátedra Local para la Paz, que combina saberes locales con DD.HH. en 131 municipios de 6 departamentos. Sin embargo, según seis fuentes en región, el oriundo de Ocaña no tiene el mejor prontuario, pues estuvo preso unos días por presuntos malos manejos en la Dirección de Bellas Artes. Pacheco, que está a portas de ser director del CNMH, le dijo a fuentes consultadas que el gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez le ofreció el viceministerio de Cultura, pero que él se negó. También comentó que esperaba un consulado en Panamá, ya que alega un exilio por su postura política. En región se le ubica muy cercano a Rodrigo Londoño, quien hizo parte del Partido Conservador y fue director nacional del partido Centro Democrático; cercano, además, al expresidente Álvaro Uribe, ya que fue Ministro de Interior y Justicia de 2002- 2004, época previa al modelo de Justicia y Paz con los paramilitares. A su vez, en el círculo cercano de Pacheco ubican al representante a la Cámara por el Partido Conservador Ciro Rodríguez. En las columnas que Pacheco escribe en Kien y Ke defiende fervientemente al expresidente Álvaro Uribe por la interceptación a su teléfono, diciendo: “La Corte Constitucional fue corrompida en el proceso que trae la izquierda para deslegitimar las instituciones, con la consigna leninista del todo vale y tiene concomitancia con la penetración al aula de ideologías que el Estado”… “convencidos de que Petro es un héroe y Uribe un demonio; adoctrinados en su verdad, e infiltrados en la justicia como jueces, que responsabilizan a Uribe de lo inimaginable y quieren condenarlo a toda costa”. Comparó, además: “muy distinto actuaron cuando fueron ellos los chuzados por el DAS, conjuntamente con los teléfonos de Piedad Córdoba y Petro, entonces armaron el escándalo que todavía resuena y persiguieron a María del Pilar Hurtado, hasta que la condenaron a 14 años de prisión”. Pacheco nació en Ocaña, Norte de Santander, el 5 de agosto de 1950. Según se registra, cuenta con la siguiente formación académica: doctorado en Ciencias Políticas en Atlantic International University; magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Universidad Minuto de Dios; especialista en Comunicación digital y medios Interactivos de Universidad Autónoma de Bucaramanga; profesional Cum Laude en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; y Periodista: MPREL (1974) Resolución 9543 de 1977 del Ministerio de Educación Nacional, con Tarjeta Profesional de Periodista 0714 de 1977.

Por: Esteban Salazar, investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Dentro del paquete reformas que se presentaron para reestructurar el sistema político y electoral del país, se están planteando propuestas polémicas y que han suscitado el debate público debido a los riesgos que pueden generar en el contexto nacional. Una de ellas, la de implementar la segunda vuelta para elecciones a alcaldías en ciudades con poblaciones superiores a 100.000 habitantes, fue analizada por el subdirector de Pares, Ariel Ávila. Otra de las propuestas es la que pretende unificar las elecciones locales y nacionales, además de ampliar el periodo de los mandatos. Esta última ya cursó el primer debate en Cámara de Representantes, como Proyecto de Acto Legislativo 105 de 2018 “por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el período de mandato”, acumulado con el proyecto de acto Legislativo 140 de 2018 “por el cual se reforma el artículo 261 y se dictan otras disposiciones”. La ponencia fue presentada por los representantes a la Cámara Jaime Rodríguez Contreras (Cambio Radical), Juan Carlos Rivera (Conservador), Jorge Eliecer Tamayo (la U) y Juan Carlos Wills (Conservador). El texto propuesto plantea específicamente la modificación del Artículo 261 de la Constitución Política, mediante el cual las elecciones de Presidencia, Congreso (nacionales), y de gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos (locales), se harán dentro del mismo año; aunque en fechas distintas, con el objetivo de unificar periodos. De ser aprobado en plenarias y los debates que le siguen, las elecciones para presidente y vicepresidente se harían el segundo domingo de mayo y tomarán posesión el 7 de agosto, y la de corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos y JAL) y alcaldías y gobernaciones, el segundo domingo del mes de marzo y se posesionarán el 20 de julio. Esta propuesta tiene riesgos importantes, pues, como ha sido alertado por diversos informes de Pares, las maquinarias clientelares operan de forma diferente, según se trate de puestos uninominales o de corporaciones públicas. Esto es así, toda vez que las elecciones en periodos distintos obligan a que la competencia electoral sea de carácter diferenciado en elecciones nacionales y elecciones locales. Por lo general, el mercado electoral en las campañas a Congreso y Presidencia se comporta mediante mecanismos de negociación en el que los Clanes y élites nacionales deben acudir a los autoritarismos subnacionales con quienes acuerdan los apoyos y votos, a cambio de lo participación en los puestos estratégicos para la determinación del presupuesto y la contratación. Esto con el objetivo de que las regiones accedan a la “mermelada” y los proyectos estratégicos para llevar inversión a los territorios, puesto que son las élites nacionales las que determinan gran parte de estos rubros. Estas negociaciones suelen ser más complejas en las elecciones locales, porque las clientelas son más amplias y diversas en cuanto la cantidad de candidatos, posibles coaliciones y porque estas no terminan operando en función de la lógica del gobierno central. En este sentido, unificar los periodos a Presidencia, y Congreso y locales, y votarlas en diferentes fechas pero el mismo año, no solo abarataría los costos de campaña para los corruptos, sino que también enfocaría los cálculos políticos en mecanismos clientelares para fortalecer los Clanes y/o candidatos en una sola elección. Asimismo, esto podría generar una recentralización del poder político, administrativo y financiero en el sistema político-electoral del país, pues esto resultaría en una alta dependencia de los candidatos electos a entes territoriales frente a los congresistas de sus partidos. Lo anterior se explica porque mediante la unificación de periodos de todos los cargos de elección popular, la injerencia de los alcaldes y/o gobernadores en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sería mucho mayor, con la particularidad de que esta gestión estaría fortaleciendo aún más a los congresistas de estas regiones, dado que son los determinantes en las comisiones tercera y cuarta para aprobar el presupuesto. Además, los planes de desarrollo municipal resultarían desarrollándose al mismo tiempo que el PND, lo que no necesariamente se traduzca en una articulación armoniosa sino en mecanismos de centralización de decisión sobre el gasto y la inversión pública en las regiones y municipios de país. En suma, es complejo proyectar que, bajo las particularidades políticas y financieras del país, al hacer coincidir periodos habrá una mayor alineación entre el PND y los planes de desarrollo locales, máxime si se tiene en cuenta que estos deberán ser elaborados al mismo tiempo, impidiendo sus coincidencias. Actualmente, este problema está subsanado justamente porque los alcaldes se eligen después de aprobado el PND. Por otro lado, la unificación de periodos generaría una modificación a la Ley de Garantías, porque según como está en este momento esta regiría por 13 meses consecutivos, no como ocurre actualmente que, para elecciones nacionales duró 9 meses, y se da un lapso de 9 meses para hacer contratación entre una y otra elección. Sin duda alguna, esto generaría afectaciones a la contratación pública y la ejecución presupuestal. Por último, una tercera propuesta presentada por la representante Juanita Goebertus (Partido Verde), podría significar un riesgo mucho mayor. Además de unificar periodos (con elecciones en fechas distintas), Goebertus propone la ampliación de los mismos, tanto para presidente, alcaldes, gobernadores y corporaciones públicas, así como para el Fiscal General, a 5 años. Se trata de las modificaciones a los artículo 132, 190, 249 y 261. Esto generaría un desequilibrio de poderes complejo, relacionado con la Rama Judicial, pues no se modifica el periodo de elección de magistrados, lo que generaría, además, una hipertrofia en el Ejecutivo.

Por: José Roberto Acosta y Carol Sánchez. Para entender cómo Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), terminó involucrado en el escándalo de Odebrecht hay que entender varias cosas (vea: Herederos de Odebrecht). Lo primero, es dejar sobre la mesa que para el 2016, momento en el que se empieza a investigar el caso en el país, Odebrecht ejecutaba dos grandes proyectos: la Ruta del Sol Tramo II y las obras de navegabilidad en el Río Magdalena. La primera, adjudicada en el 2009, cuando Gabriel García era la cabeza del entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y Álvaro Uribe todavía era presidente; la segunda, adjudicada por Cormagdalena en el 2014. Los socios de Odebrecht en la Ruta del Sol Tramo II fueron el Grupo Aval, a través de Episol, filial de Corficolombiana, y Carlos Sarmiento Constructores; a este consorcio se le llamó Consol. Para las obras del río Magdalena, Odebrecht se alió con Valorcon, empresa de la familia Gerlein; este consorcio es conocido como Navelena. Pero, entonces, si Andrade no estuvo presente en la decisión de entregarle ninguno de los dos proyectos a Odebrecht, ¿de qué se le acusa? La historia es la siguiente: en noviembre de 2014 se decidió que la Ruta del Sol Tramo II necesitaba una adición, la vía Ocaña – Gamarra, por lo que se debía hacer una nueva licitación pública para escoger el consorcio al que se le adjudicaría la obra. Sin embargo, esto nunca pasó; por el contrario, los 82 kms de carretera se dieron en concesión a Consol a través de una licitación privada. ¿Por qué? Según Andrade, antes de tomar la decisión pidió el concepto del ahora fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le aconsejó descartar la licitación pública. En ese momento, Martínez era abogado del Grupo Aval, parte del consorcio interesado en la obra. Además, bancos del Grupo Aval también habían prestado dinero para el Tramo II de la Ruta del Sol, por lo que podría existir doble interés en esta nueva adjudicación. Sin embargo, según Fernando Andrade, el concepto del ahora fiscal no fue el único que pidió, también se apoyó en dos más que arrojaron la misma conclusión: el del interventor de la Ruta del Sol Tramo II y el de oficina jurídica de la ANI. De esta manera, la ANI dispuso un otrosí para el contrato inicial. Según la Revista Semana, el 2 de octubre de 2014, Andrade llevó el otrosí al Conpes para que lo pusiera en consideración. En la reunión estaban presentes el gabinete ministerial, las cabezas de varias instituciones estatales, Néstor Humberto Martínez y hasta Juan Manuel Santos. Simón Gaviria, entonces director del Departamento Nacional de Planeación, expuso el asunto y dio argumentos a favor de que la obra se le diera a Consol: tiempo y dinero. El gobierno aceptó el otrosí por unanimidad. De esa manera, Odebrecht, el Grupo Aval y Carlos Sarmiento Constructores terminaron con esta nueva adjudicación. Las indagaciones contra Andrade parten de esa adición a la Ruta del Sol Tramo II y empezaron en enero de 2017. Según la Fiscalía, el exdirector de la ANI se reunió en varias ocasiones con el ya condenado ‘Ñoño’ Elías para favorecer a la multinacional brasilera. Supuestamente, el ‘Ñoño’, que recibió 4.6 millones de dólares en sobornos, era intermediario para que Andrade se reuniera con altos directivos de Odebrecht como Éder Ferracuti y Eleuberto Martorelli. Incluso, en esas reuniones el exsenador Otto Bula contrataba un chef privado. Cuando en febrero de 2017 se decidió que Consol ya no estaría a cargo de la obra, hubo otra alerta: las partes, entre esas Andrade, habían acordado la liquidación del contrato, mas no la caducidad. Esto implicó que ni a Odebrecht ni a ninguna empresa del consorcio se le sancionaría por la forma ilegal en la que fue conseguido el contrato. Por el contrario, el Estado debía pagarles los gastos invertidos. En esta jugada el Grupo Aval salió ganador, pues se le debe pagar no solo lo que invirtió en la construcción, sino también los préstamos e intereses de sus bancos, muy a pesar de todas las irregularidades de la adjudicación. Pero hay más: la Fiscalía también cree que Andrade usó su puesto para favorecer a la multinacional en el consorcio Navelena, pues según la acusación, también se reunió con representantes de Afa Vías, empresa brasilera que quería unirse al proyecto. El fiscal del caso afirmó que en el celular de Otto Bula se encontraron “una serie de pantallazos a través de mensajes de Whatsapp, donde se evidenciaba una estrecha relación entre el senador Bernardo Elías, más conocido como ‘Ñoño’ Elías, Bula, el señor Luis Fernando Andrade, director de la ANI y director (e) de Cormagdalena, aparece también Eleuberto Martorelli, de Odebrecht Colombia y el señor Juan Sebastián Correa, así como Ricardo Farinha, representante de la portuguesa Afa Vías, que propuso para comprar la parte de Odebrecht en Navelena para el cierre financiero». Hasta el momento, Otto Bula, Gabriel García y el ‘Ñoño’ Elías han sido condenados por aceptar sobornos para incidir en la adjudicación de obras a Odebrecht. Sin embargo, ni el Grupo Aval, ni Néstor Humberto Martínez, ni ninguna de las empresas con las que se alió la multinacional brasilera en Colombia se han visto envueltos en el escándalo de corrupción. Una nueva audiencia de imputación está programada para el próximo 23 de noviembre con relación al contrato de concesión Ruta del Sol III. En rueda de prensa, la Fiscalía ha anunciado que le imputará a Luis Fernando Andrade dos cargos más: celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Del total de 11 delitos de los que se acusa a Andrade, ninguno tiene que ver con enriquecimiento ilícito. Sin embargo, su condena podría ser mayor a la de los ya confesos sobornados. Para entender más sobre el caso, le presentamos la cronología de Andrade y Odebrecht en esta línea de tiempo:

Por: Manuela Botero, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Alrededor de las 10 de la noche del martes 9 de octubre, un fuerte estallido proveniente de un artefacto explosivo sacudió la parte céntrica del municipio de Buenaventura, alertando así a las autoridades y habitantes del barrio “San Andresito”, el cual es conocido por su amplio y diverso comercio en la ciudad. Según fuentes de la Policía Nacional, aún se desconocen los responsables de este hecho, el cual ocasionó daños en la fachada de un establecimiento y un vehículo que se encontraba en la zona; no se reportaron heridos ni pérdidas materiales considerable. Sin embargo, el hecho despertó nuevamente la zozobra de los comerciantes del sector, los cuales mencionan que no descartan que se trate de un “cobro de vacuna” o “ajuste de cuentas”. Cabe resaltar que a pesar de que los casos de extorsión en Buenaventura disminuyeran en un 60 % en comparación con años anteriores, estos aún siguen representando una importante cifra dentro de las problemáticas más sonadas del Puerto, consiguiendo que muchos pequeños y medianos comerciantes sean víctimas de los grupos delincuenciales que buscan ejercer control en la ciudad. Este es el caso de Juana*, quien menciona que es proveniente de la ciudad de Medellín, y que hace un año aproximadamente, fue víctima de la extorsión y el hostigamiento por parte de dos hombres, quienes cumplidamente hacían presencia cada dos meses en sus tres establecimientos de ropa y electrodomésticos del municipio para cobrar extorsiones. Como Juana, muchos comerciantes han tenido que abandonar la ciudad por cuestiones de seguridad, dejando sus negocios en manos de trabajadores o administradores. En otros casos, han tenido que cambiar los horarios de apertura y cierre de los establecimientos con el propósito de salvaguardar sus vidas. ¿Qué grupos armados actúan en las comunas de Buenaventura? *Nombre cambiado por petición de la fuente