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Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 08 de febrero se llevó a cabo un consejo de seguridad en Yarumal, Antioquia, el cual estuvo liderado por el presidente Gustavo Petro y contó con la presencia de los ministros de Defensa, del Interior, la cúpula de las Fuerzas Armadas y el gobernador del municipio. En este consejo analizaron la crisis de seguridad que afecta al departamento debido a las incursiones de diversos grupos armados a algunos cascos urbanos y pueblos, especialmente en algunas instituciones educativas. El gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, denunció que los grupos ilegales han hecho presencia en, por lo menos, diez colegios en el norte y nordeste de Antioquia (Ver: Se agudiza la violencia en el Norte de Antioquia ). El gobernador aseguró esto luego de que la semana pasada circularan en redes sociales unos videos en los que se ve que las disidencias del Frente 36 de las FARC se tomaron la escuela El Bosque, en la vereda El Cedeño, de Yarumal. Se ven integrantes de este grupo armado jugando con los niños de la escuela, a los que también reunieron en el parque de la comunidad e hicieron pinturas.  Además, en medio de la actividad, los disidentes les regalaron maletas con las imágenes de las FARC a los menores. “Estamos en la escuela de El Bosque, este kit se los mandó la guerrilla de las FARC como una donación para ustedes”, se escucha en uno de los videos.  Según el gobernador de Antioquia, este mismo frente armado hizo presencia en otra institución educativo, en el municipio del Campero, y asimismo miembros del Clan del Golfo, en una del Bagre. Según el medio de comunicación Infobae , estos integrantes de las organizaciones ilegales habrían ingresado en las escuelas de los municipios de San Pedro de los Milagros, Campamento y Yarumal con la excusa de realizar actividades para los menores, sin embargo, lo realmente inquietante es que lograron acceder al listado de estudiantes y docentes que hacen parte de las escuelas. Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta acción se podría considerar como un adoctrinamiento hacia los menores con el fin de posiblemente vincularlos a su organización ilegal. Daza mencionó que habría que mirar, en este tiempo electoral, si estos grupos armados estaría enviando algún tipo de mensaje, destacando su control territorial. El investigador nacional también señaló que este hecho representa escenarios de riesgo para los menores de edad, porque al momento en el que los jóvenes utilicen estos kits escolares con el logo de las disidencias, podrían quedar como objetos de ataque para otros grupos armados. También con esta acción corren riesgo los docentes, ya que al tener acceso a sus datos personales podrían presionarlos para que a la hora de hablar sobre esta organización ilegal en las aulas lo hagan de una manera más “apropiada”. Al término del consejo de seguridad, Petro hizo un fuerte llamado a las organizaciones ilegales con las que se había acordado un cese al fuego bilateral: “grupo que cometa alguna hostilidad contra la población, cualquiera, debe ser perseguido porque dentro del cese al fuego está el cese de hostilidades a la población”. “No solo basta con el cese al fuego”, dijo Petro, ya que, según él, no solo se puede entender el cese de hostilidades como la pausa de enfrentamientos entre varios ejércitos, sino que también deben frenarse las dinámicas del conflicto que involucran a la población civil. El primer mandatario también expresó la importancia de implementar la ley de sometimiento y aseguró que el próximo 15 de febrero este proyecto será presentado ante el Congreso. Según el medio El Colombiano , a pesar de que se llevó a cabo este Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), el mandatario no aclaró las medidas que se tomarían frente al caso de Yarumal y el norte antioqueño. En medio de la instalación del Puesto de Mando Unificado en Yarumal, los alcaldes de Tarazá y Yarumal pidieron la pronta intervención de la Unidad Nacional de Protección, ya que ambos dirigentes se encuentran en zonas de alto riesgo, pues mencionaron que delincuentes les habrían enviado mensajes intimidantes. Según Francisco Daza, estos Puestos de Mando Unificado por la Vida “no sirven”, puesto que son reuniones en las que finalmente no se llevan a cabo los compromisos a los que posiblemente podrían llegar, “yo como investigador coloco en tela de juicio los PMUV” señaló Daza. Cabe mencionar que en este territorio antioqueño hacen presencia las disidencias de las FARC de los frentes 36 y 18, especialmente en el nordeste antioqueño; mientras que en el Bajo Cauca antioqueño hace mayor presencia el Clan del Golfo, en donde tiene una disputa con Los Caparrapos (Ver: Petro en 100 días ). Según Jeinmy Regino Contreras, enlace territorial para el Bajo Cauca de Pares, mencionó que el Bajo Cauca Antioqueño es un corredor geográfico estratégico del noroccidente del país por tres características principales: el río Cauca, la Troncal del Norte o Ruta 25 y el Nudo de Paramillo. Regino señaló que los hechos de violencia homicida de las cifras de Medicina Legal evidencian que en relación con los años anteriores, 2020 y 2021, en el Bajo Cauca antioqueño hubo una disminución sustantiva en la tasa de homicidios para el año 2022 en cinco de los seis municipios de la subregión: Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y Nechí.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 08 de febrero, el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad, Orlando José Petro Vanderbilt, autorizó la libertad de Jorge Luis Alfonso López, alias “El Gatico”, hijo de Enilce López, alias “La Gata”. Este hombre, quien está condenado a 29 años de prisión por el homicidio a un periodista y sus nexos con grupos paramilitares y lavado de activos, habría sido designado como facilitador de paz el año pasado , razón por la cual otorgaron su libertad. Su libertad generó algunas controversias. Varios medios de comunicación aseguraron que su salida de custodia fue ordenada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, el Gobierno desmintió dicha petición y, por el contrario, mencionó que solicitó a la justicia que revoque la decisión de dejar en libertad a este hombre, ya que no sigue las leyes vigentes, según aseguró la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado.  Pese a esto,el juez de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, desmintió al Alto Comisionado para la Paz de no haber tenido conocimiento previo sobre la libertad de este criminal, por lo que entregó un documento al medio de comunicación WRadio en el que aseguró que el Gobierno fue notificado sobre la eventual libertad del hijo de alias “La Gata”.. Cabe añadir que en el comunicado hecho por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se aclaró que el Alto Comisionado no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. Dicho lo anterior, se conoció que alias “El Gatico” fue quien presentó la solicitud al juez de su libertada por su nombramiento como facilitador de paz.La carta firmada por él, con fecha del 23 de diciembre de 2022, estaba dirigida directamente al juez Petro Vanderbilt,al que le solicitó que “ledé cumplimiento a la resolución número 075 del 22 de diciembre de 2022 emanada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el cual le delegan como FACILITADOR DEL PROCESO DE PAZ”. Fuente: INFOBAE Alfonso López redactó y envió esta carta un día después de que lo designaran como facilitador de paz. Sin embargo, según el Alto Comisionado para la Paz, su designación se hizo solo por dos meses y sus labores debían realizarse desde el lugar donde estaba recluido. Luego de conocerse que finalmente Petro Vanderbilt otorgó la libertad de esta persona, la Procuraduría General de la Nación denunció disciplinariamente al juez por su decisión. La procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales fue quien instauró dicha denuncia ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, explicando que el actuar de este juez fue algo “inexplicable” , ya que “el funcionario optó por conceder la libertad de Alfonso otorgándole, sin ningún asidero legal, el tratamiento reservado a los miembros representantes o a los voceros de algún grupo armado ilegal con el que se estuviese adelantando proceso de paz o de sometimiento a la justicia”. Quedaron muchas incógnitas frente al accionar del Juez Orlando José Petro, frente a su actuación con alias “El Gatico”, esto sumado a que según el medio de comunicación Caracol Radio , este juez enfrenta cuatro procesos disciplinarios ante la Comisión Seccional Disciplinaria Judicial del Atlántico, de los cuales dos corresponden al 2020, uno al 2021 y otro al pasado 2022. A raíz de toda esta polémica y las múltiples preguntas que ha dejado el caso, los coordinadores de las diferentes líneas de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) expresaron su opinión frente al tema. Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, mencionó que hay que tener en cuenta tres puntos clave: el primero, la diferencia entre la figura de facilitador y de gestor de paz, esta última se refiere a aquellas personas que estaban vinculadas en grupos armados organizados o que aún lo están, mientras que la figura de facilitador es cualquier persona. Lo que hacen estas figuras es un aporte en el marco de la construcción de paz, ya que pueden ser estratégicos para lograr dinamizar el proceso de Paz Total. “Sobre estas figuras no hay ni indulto ni amnistía, hay que precisar que estas figuras son una suspensión de los procesos judiciales de manera temporal en función del aporte de estas personas a la construcción de paz en Colombia, eso debe quedar claro”, resaltó el coordinador de la Línea. El segundo punto clave es que este tipo de casos seguirán ocurriendo, debido a que es necesario “en este momento” contar con “bandidos” para lograr verificar la voluntad de paz de los grupos armados, ya que estas personas conocen, de una manera más directa, las estructuras y cuentan con los contactos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas personas deben tener una voluntad de construir paz, según Alejandro Restrepo, lo último mencionado, pasa por unos mecanismos claros de verificación de ese papel por parte del Gobierno Nacional. Para el coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, un tercer punto clave es la necesidad de una “sincronización” al interior de las instituciones y de las personas que hacen parte del Gobierno, con el fin de que no sucedan este tipo de cosas, como el caso de alias “El Gatico”, el cual genera confusión dentro del mismo Gobierno, además, Restrepo aseguró que es necesario que también haya una comunicación hacia la sociedad colombiana sobre los mecanismos a través de los cuales van a hacer estos procesos. Por otro lado, Esteban Salazar, coordinador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, aseguró que alias “El Gatico” no es una persona idónea para ser un facilitador de paz por parte del Gobierno en acercamientos con estructuras armadas en Bolívar, ya que según el coordinador de esta Línea, Jorge Luis Alfonso López ya agotó ante la justicia ordinaria y la JEP la posibilidad de decir verdad, de reconocer delitos y de buscar reparación. Salazar mencionó que el propio Danilo Rueda reconoce que para el caso de cualquier facilitador al que se le haga público su rol, se le deberá revocar el acto administrativo que así lo haya designado, “en este caso, ese es el camino para ‘El Gatico’, seguir pagando su condena, sin ningún tipo de beneficio o rol que pueda llegar a generar algún mínimo halo de impunidad hacia las víctimas o de ingenuidad del Gobierno Nacional”. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, es cuestionable el hecho de que el Gobierno haya designado como facilitador a alias “El Gatico” teniendo en cuenta su vínculo con la polémica empresaria del chance, Enilce López, alias “La Gata”. Morales reiteró que el Gobierno debe ser cuidadoso al afirmar qué tipo de roles tendrán estas figuras, ya que “una cosa es el alcance que pueden tener estas personas y otra el rol que deberían tener en dichos acercamientos” (Ver: Chance en el Magdalena debe continuar en manos de la Gata: SAE ). Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), está de acuerdo con los coordinadores de Pares en que el Gobierno subestimó este caso, ya que este hombre usó su designación como facilitador para librarse de alguna manera de la justicia. Bonilla mencionó que es importante tener en cuenta que la figura de facilitador debe ser muy discreta para poder avanzar en el proceso, caso que no fue este. Luego de toda esta polémica, el mismo juez, quien otorgó la libertad de alias “El Gatico”, ordenó que se devuelva a su prisión domiciliaria para que siga cumpliendo su condena de 29 años de prisión que está vigente en su contra. “En vista de las publicaciones de prensa que se han escuchado el día de ayer y el de hoy, en las que se pide por parte del alto Gobierno, Presidencia de la República, la revocatoria de la libertad concedida al señor Jorge Luis Alfonso López, explicando que la labor encomendada a él como facilitador de paz no requiere efectuarla fuera de su lugar de reclusión, este despacho considera necesario revocar la libertad temporal concedida para que siga cumpliendo la pena que se le impuso”, mencionó el juez. En la mañana de este viernes, el coronel Daniel Gutiérrez, director nacional del INPEC, informó que se desconocía el paradero de alias “El Gatico” y aseguró que el INPEC no tenía la responsabilidad de conocer su paradero, ya que la justicia colombiana le habría concedido su libertad. Sin embargo, horas después, dieron con su paradero. Actualmente, ya se encuentran funcionarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Barranquilla en su lugar de residencia en donde seguirá cumpliendo su condena.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 06 al 12 de febrero de 2023 El lunes 13 de febrero inició en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Las dos partes se han propuesto trabajar sobre cuatro asuntos: la firma de la agenda que guía el proceso, la participación de la sociedad para la paz, el cese bilateral del fuego y hostilidades, y asuntos humanitarios. Sobre la participación de la sociedad hay avances importantes del proceso heredado del proceso con el expresidente Juan Manuel Santos, ambas partes coinciden en la importancia de un protagonismo social y ciudadano, que sea efectivo y defina un conjunto de transformaciones que sirvan para construir una visión compartida de paz, esta participación la pueden definir en este ciclo de México. El Gobierno Colombiano y el ELN coinciden en la importancia de construir un cese bilateral de fuego y hostilidades. Las dos partes se pueden poner de acuerdo a qué hace referencia este cese y acordar con la debida verificación, teniendo en cuenta el apoyo de la comunidad internacional, las iglesias y las organizaciones comunitarias. Sobre los asuntos humanitarios la urgencia es total. Son varias las regiones donde hay comunidades sufriendo y sus derechos deben ser atendidos, igualmente es urgente atender la situación de los presos y presas del ELN, tema en el que hay mucho por hacer. 1. Palabras en el Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en Yarumal, Antioquia: el presidente Gustavo Petro hace énfasis en la importancia de proteger a las comunidades y sus derechos y señala cómo han disminuido de manera ostensible los ataques del ELN a la Fuerza Pública al tiempo en que han aumentado los choques militares entre el ELN y otras organizaciones armadas. 2. Antonio García, primer comandante del ELN, hace críticas a la Política de Paz Total: "El proceso de paz con el ELN no puede utilizarse como ‘paraguas’ de asuntos no claros. El único propósito del proceso de paz es hacer de Colombia un país más democrático, justo e incluyente; que las justas aspiraciones de las mayorías del país sean escuchadas y tenidas en cuenta". Otty Patiño le respondió a Antonio García, jefe del ELN: "no ha entendido lo que es la Paz Total". 3. El equipo de gobierno para los diálogoS con el ELN se reunió entre el 01 y el O3 de febrero para preparar el ciclo de México. Esta jornada contó con el apoyo del Gobierno de Suecia, desde su academia de paz Folker Bernardotte. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-con-el-eln-historia-de-un-encuentro-secreto-de-la-delegacion-de-gobierno-antes-de-ir-a-mexico/ 4. El miércoles 08 de febrero el presidente Gustavo Petro se reunió con la delegación del gobierno para el proceso de paz con el ELN. En esa reunión el presidente recibió informes de la preparación de los puntos clave del ciclo de México y la delegación pudo recibir puntos de orientación por parte del presidente. 5. Antonio García y Otty Patiño discuten nuevamente por trato político del ELN. https://www.elespectador.com/politica/vuelve-y-juega-antonio-garcia-y-otty-patino-discuten-por-tratamiento-politico-del-eln/ 6. El Senador Iván Cepeda hace referencia a los temas a trabajar en el ciclo de México, entre los que resaltan tres: agenda del proceso, participación para la paz y cese bilateral del fuego y hostilidades. 7. Brasil formalizó su participación como país garante. Ya lo era desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, de común acuerdo con el ELN. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/participacao-do-brasil-como-pais-garante-na-mesa-de-dialogos-de-paz-entre-o-governo-colombiano-e-o-eln 8. Organizaciones comunitarias en Norte de Santander realizaron un foro sobre el proceso de paz en curso entre el Gobierno y el ELN, al cual la delegación de diálogo del ELN, en voz de Aureliano Carbonell, envió un saludo. En el mensaje, Aureliano Carbonell señaló como puntos a tratar en el ciclo de México: la participación de la sociedad en la construcción de paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades, y los asuntos humanitarios. Señala que ahora hay condiciones más favorables para avanzar en la construcción de paz y hay ánimo de cambio en la sociedad y eso lo expresa un gobierno de "centro-izquierda", que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez. 9. Alto Comisionado de Paz pide a comunidades del Catatumbo "empoderarse" del cese el fuego. 10. La delegación de diálogo del ELN llegó el sábado 11 de febrero a México, aquí un breve mensaje de Pablo Beltrán, el jefe de la delegación, en el que afirma la importancia de este ciclo para avanzar en este proceso de paz: 11. Un grupo de personas del mundo social y comprometidas con los esfuerzos de paz le enviaron una carta a la delegación del Gobierno y al ELN, con un conjunto de propuestas sobre la participación de la sociedad y los temas a tratar en el ciclo de México. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Lina Rosero, Enlace Pares para el Norte del Cauca Línea Paz, Seguridad y DDHH. El 31 de diciembre de 2022, a través del Decreto 2656, se estableció, en el papel, un Cese al Fuego Bilateral de Carácter Nacional (CFBTN) entre Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Está comprendido entre las 00:00 horas del 1º de enero de 2023 hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 con posibilidad de prórroga previa a recomendación realizada por el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Este último integrado por el Gobierno Nacional, el Estado Mayor Central FARC-EP, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia Católica, también, si así lo deciden el Consejo Mundial de Iglesias y un componente internacional conformado por la II Misión de Verificación de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es importante mencionar que el CFBTN se establece como un avance de la buena voluntad entre las partes en el marco de la política de Paz Total propuesta por el Gobierno Nacional. En la página web de la Presidencia de la República se menciona incluso que el CFBTN se realiza con cinco organizaciones armadas ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Se dice además que la verificación nacional e internacional está a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, este proceso de la mano a lo que sería la implementación de la Ley 2272 de 2022, en la que se establecen mecanismos para la Paz Total y la seguridad humana. Así las cosas, y a la luz de lo estipulado en el decreto en mención, es importante hacer una aproximación al caso del Cauca para dar cuenta de la efectividad o no de este decreto de Cese al Fuego con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, teniendo en cuenta que este grupo armado ha consolidado su presencia y control territorial en ese departamento en los últimos 4 años, con estructuras como la Columna Móvil Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Franco Benavides; y los frentes Rafael Aguilera y Carlos Patiño. Han existido varios hechos de violencia que infringen la disposición del Gobierno Nacional en este territorio, los cuales se han podido recopilar a través de la prensa local y nacional que versan desde enfrentamientos entre el ELN, la Segunda Marquetalia y amedrentamiento de la comunidad, entre otros, que serán mencionadas una a una a continuación. Entre los hechos más relevantes y que desconciertan la voluntad de paz del EMC, está el patrullaje desarrollado por integrantes del Frente Carlos Patiño en el municipio de Balboa el 17 de enero, quienes en el marco de los carnavales y en plena cabecera municipal, decidieron caminar cerca a la estación de policía uniformados y con fusiles , situación que generó zozobra en la población y pudo haberse visto como acto de provocación a la Fuerza Pública de este lugar del sur del Cauca. El 23 de febrero se presentó un nuevo hecho que alteró el orden público en zona rural del municipio de Silvia. Se trató de enfrentamientos entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos, parte del Comando Coordinador de Occidente (que a su vez integra el Estado Mayor Central de las FARC), e integrantes del ELN, los cuales afectaron a cinco veredas por la disputa de control territorial de esa zona. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) mencionó que los enfrentamientos se centraron en las veredas que comprenden el territorio “La Gaitana”, también informaron de otros enfrentamientos ocurridos el mismo día de enero en el Resguardo Pueblo Nuevo, en el municipio de Caldono, y que el pasado 20 de enero una incursión por parte de los grupos armados dejó un muerto y tres heridos, entre ellos una menor de edad perteneciente al resguardo. Finalmente, de acuerdo a lo reportado por el CRIC, las personas habitantes del territorio Sa’th Tama Kiwe fueron atacadas por ráfagas de fusil y granadas de fragmentación por la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC . Así mismo, el 06 de febrero se presentó una grave situación de orden público en Argelia que involucró a las disidencias de las FARC, representadas en el Frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, los cuales se disputan el control del territorio en el corregimiento de Puerto Rico, zona rural del municipio. Esta situación se venía presentando desde el pasado 05 de febrero y ha dejado como saldo más de mil personas desplazadas y niñas y niños sin poder asistir a clases. Según informa el medio de comunicación Periódico Virtual , las dos disidencias llegaron a zonas donde en su momento se contaba con presencia del Ejército Nacional, pero que en el marco del CFBTN se retiraron del territorio. Según el medio de comunicación, la Defensoría del Pueblo manifestó que como consecuencia de estos enfrentamientos están expuestas cerca de 1700 personas en las veredas Los Pinos, Los Picos y Mundo Nuevo, esto fue verificado en tuits publicados el 05 de febrero por la Defensoría del Pueblo como alerta temprana. También es importante mencionar el despliegue propagandístico de las Columnas pertenecientes al Comando Coordinador de Occidente en los municipios de Timbío, Rosas y Sotará por medio de la ubicación de pancartas y grafitis, particularmente en las vías que conectan las veredas Peñón, jurisdicción de Sotará; La Laguna, Sauce y Peña Negra, pertenecientes a Rosas; y por último la vereda Cinco Días y Urabamba, municipio de Timbío. Dicha situación genera temor en las comunidades, pero también evidencia un nuevo despliegue territorial, pues en municipios como Timbío no era muy común ver “pintas” o letreros de grupos armados. Los hechos mencionados hasta ahora han generado en las distintas zonas del departamento miedo, afectaciones materiales, ruptura del tejido social y pérdidas humanas, todo esto yendo en contra del decreto de Ley 2272 de 2022 que menciona la Presidencia de la República en relación a la jurisprudencia que sustenta y apoya el decreto, justamente en el artículo 2 , en lo referente a la política de paz del Estado que propende una “cultura de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización”. Para finalizar, se hace imperativo mencionar que en el Cauca desde los registros documentales de la prensa local y nacional se denota que no se han presentado combates en los que intervengan las Fuerzas Armadas de Colombia. Aún así, el Cauca se presenta como un territorio complejo en el cual las acciones bélicas se despliegan entre los mismos grupos que tienen presencia en el territorio, disputando su control y como consecuencia generando entornos que atentan contra la seguridad humana de las poblaciones en las cuales se generan enfrentamientos, como en Silvia y Argelia; estrategias de control social como lo sucedido en Timbío, Rosas y Sotará; y hostigamientos a la población civil como el caso del territorio de Pueblo Nuevo. Este contexto llevaría a pensar que, si bien el Estado Mayor Central pactó un cese de hostilidades y técnicamente no ha desarrollado acciones para atacar a la Fuerza Pública, sus acciones para el control territorial han afectado a la población civil, situación que se ve reflejada de manera permanente en el municipio de Argelia.

Por: Enlace Pares para el Bajo Cauca Antioqueño Línea Paz, Seguridad y DDHH. Ubicada en el noroccidente del país, la subregión del Bajo Cauca Antioqueño hace parte de un corredor geográfico estratégico para el despliegue de los grupos armados ilegales y la consolidación de economías ilegales derivadas del oro y la coca; que se magnifica cuando se visibiliza su continuidad al conectar con otras subregiones vecinas del departamento como el Norte y Nordeste, y hacia el sur departamento de Córdoba con sus cinco municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y Tierralta. En la actualidad, el Clan del Golfo ha logrado un dominio hegemónico del territorio en casi toda la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, luego de sangrientas disputas con Los Caparros, el ELN y las disidencias de FARC. Este control territorial se vio reflejado en la disminución sustantiva de la tasa de homicidios en cinco de los seis municipios de la subregión para el año 2022 con respecto a 2021 (Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y Nechí), según datos de Medicina Legal. La siguiente gráfica evidencia que en municipios como Tarazá hubo una reducción significativa en la tasa de homicidios que para el año 2022 fue de 58,89 por cada cien mil habitantes, lo cual representa una reducción de 116,23, respecto al año anterior, cuendo este mismo indicador alcanzó una tasa de 225,12. Al igual que Nechí que pasó de tener una tasa de homicidios en 2021 de 35,99 por cada cien mil habitantes a una tasa de 3,54 para el 2022. Es importante señalar que a la disminución de la violencia a finales de 2022 en esta subregión se suma también el decreto 2658 emitido por el Gobierno Nacional de cese al fuego bilateral y temporal con el Clan del Golfo a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, con lo cual se esperarían mejores resultados durante el presente año en términos de alivio humanitario para la región. Sin embargo, una situación diferente se vive en el municipio de El Bagre, que para el 2022 registró un aumento importante en la violencia homicida en relación al 2021, pasando de una tasa de homicidios de 34,75 por cada cien mil habitantes a una tasa de 64,84; situación que sigue sosteniéndose en la actualidad debido a la confrontación armada entre el ELN, disidencias de las antiguas FARC Frentes 18 y 36, el Clan del Golfo y Los Caparros; estos últimos que para el 2021 si bien fueron desarticulados por acciones de la Fuerza Pública , mantuvieron una presencia reducida entre Caucasia y El Bagre; aunado a ello el hecho de ser la conexión con el Nordeste. Esta podría ser otra razón de peso para el aumento de hechos victimizantes contra la población civil como: homicidios, secuestros, confinamientos, incursiones armadas y desplazamientos forzados. Frente a esto último, la Unidad para las Víctimas reportó para el cierre de 2022 un total de 793 víctimas, mientras que para 2021 cerró con una cifra de 212, lo que representa un incremento de 581 casos. El corregimiento de Puerto López ha sido el territorio donde se han concentrado las acciones violentas por parte de estos actores armados ilegales . Desde 2022 la conflictividad armada se ha ido desplazando hacia otras subregiones vecinas como el Nordeste y el Norte de Antioquia. Así lo evidencia la Alerta Temprana 023-22 de la Defensoría del Pueblo, en la que señala una agudización del conflicto en la subregión del Nordeste, principalmente en los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí dada la presencia y confrontación entre diversos actores armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC Frentes 4º1 y 36, el Clan del Golfo, Los Caparros y el grupo armado autodenominado Libertadores del Nordeste (LDN)2, estos grupos armados mantienen una dinámica de alianza entre unos y confrontaciones armadas entre otros3. Se alerta, además, sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de la población civil, especialmente líderes y lideresas, firmantes del acuerdo de paz y defensores y defensoras de Derechos Humanos, además de un aumento en el reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), incremento de homicidios y enfrentamientos que involucran a la población civil. A partir de lo anterior, la siguiente gráfica con datos de Medicina Legal da cuenta del aumento de la violencia homicida en el 2022 respecto al año 2021 en estos municipios de la subregión, principalmente en los municipios de Remedios, Segovia y Vegachí. Gráfica No. 2 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Al conflicto establecido se suma la aparición de un nuevo actor armado ilegal autodenominado Los Piratas, del cual se tienen los primeros registros a inicios del año 2022 en los municipios de Segovia, Remedios y Vegachí. Presuntamente este grupo armado Ilegal (GAI) estaría estableciendo alianzas con Los Caparros con el fin de adelantar acciones de confrontación armada con el Clan del Golfo por las disputas del control territorial y las rentas derivadas de las economías ilegales. Este nuevo actor armado como estrategia para robustecer su accionar estaría promoviendo el reclutamiento forzado de NNA . Situación similar se vive en la subregión del Norte de Antioquia, donde en términos generales se mantienen los altos índices de violencia, tal como se expresa en la Gráfica No. 3, donde entre el 2020 y 2022 donde hubo un aumento de la tasa de homicidios producto de las confrontaciones armadas por las disputas territoriales entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC (Frentes 16 y 38) y el ELN. Los principales municipios afectados han sido Angostura, Briceño, Campamento, Ituango y Valdivia. Para el 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 011-21 , en la cual se dirige la atención a cinco municipios del Norte Antioqueño, tres de ellos se suman a los anteriormente mencionados: San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal. Gráfica No. 3. Tasa anual de Homicidios por 100.000 habitantes en los municipios del Norte entre 2020 y 2022 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). En esta subregión (Norte), el conflicto se caracteriza por una disposición y tendencia a la confrontación armada y la expansión territorial; a diferencia del Nordeste Antioqueño no se han establecido alianzas entre los actores armados que por su parte buscan robustecerse. Así pues, las AGC implementaron en su momento la estrategia conocida como “Operación Mil” o “Plan Mil”, por otro lado el Frente 36 de las antiguas FARC-EP con la conformación del “Comando Especial Antiparamilitar” y, finalmente, pareciera ser que el fortalecimiento y posicionamiento del ELN va en aumento en los municipios del Occidente, Norte y Nordeste, situación que según se advierte en la AT 011-21, dejaría a los municipios de Yarumal, Campamento y Angostura en el centro del conflicto ante una posible disputa territorial con el Clan del Golfo. Existe entonces una reconfiguración violenta en estos territorios (Bajo Cauca, Nordeste y Norte Antioqueño) a partir de disputas y control por la consolidación de corredores estratégicos y fortalecimiento de las economías ilícitas. En este sentido, el narcotráfico sigue siendo un motor importante en el fortalecimiento de estas estructuras criminales, en consecuencia, persiste un interés por el control de los cultivos de la hoja de coca. Así lo demuestran las cifras del Observatorio de las Drogas en Colombia que dan cuenta del aumento del número de hectáreas de coca sembradas en las tres subregiones entre los años 2019 y 2021, siendo Tarazá, Cáceres, Valdivia, Ituango y Anorí los municipios que registraron mayor aumento en el número de hectáreas sembradas. Gráfica No. 4. N° A modo de conclusión, cabe resaltar que si bien el control hegemónico impartido por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca ha generado una disminución considerable en las muertes violentas, no significa que los otros hechos de violencia hayan tenido el mismo comportamiento en la subregión, tal es el caso del desplazamiento forzado, que de acuerdo con los datos de la Unidad para las Víctimas fueron obligadas a salir forzadamente del territorio 5.396 víctimas a cierre del 2022, lo que representó un aumento significativo con respecto al 2021, cuando se registraron 2.083 víctimas en toda la subregión. Siendo El Bagre, Caucasia y Tarazá los municipios con mayor registro de este hecho victimizante. Por lo anterior, el conflicto armado de la zona, en general, no ha disminuido, por el contrario se ha ido extendiendo e intensificando en otras zonas de Antioquia con las cuales limita esta subregión del Bajo Cauca, como lo son el Norte y Nordeste Antioqueño, en las cuales se evidencia, particularmente, un aumento en los índices de violencia homicida con mayor intensidad en las zonas limítrofes y rurales, causado por las disputas territoriales entre las distintas estructuras armadas ilegales y el control de las economías ilícitas.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este 15 de febrero fue presentando ante el Consejo Superior de Política Criminal el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el cual se espera que pronto sea radicado en el Congreso de la República. Este proyecto, que está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión . El articulado tiene como objetivo establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y de crimen de alto impacto como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros ( Ver:‘Shottas’ y ‘Espartanos’ inician diálogos con el Gobierno Nacional para sometimiento a la justicia ). Según el documento, las organizaciones ilegales que entrarían en este proyecto deberán cumplir cinco condiciones: Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas. En la creación de este proyecto de ley participaron Jorge Perdomo, Mauricio Pava, Yesid Reyes, el ministro de Justicia Néstor Osuna, Camilo Umaña y los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y Alirio Uribe. Según Osuna, esta ley funcionaria por medio de tres fases: Acercamiento, esta primera fase la ejecutaría el presidente Petro por medio del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de hacer preacuerdos para el sometimiento colectivo. La segunda fase estaría conformada por la Fiscalía para que verifique que los integrantes de las bandas ilegales realmente hagan parte de ellas, evitando colados en el proceso. Imputación, en esta fase estarían los jueces que imputarían los delitos señalados a cada uno de los integrantes de las bandas criminales, con el objetivo de que cumplan sus condenas en centros carcelarios. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas fases podrían estar bien, sin embargo, no hay claridad sobre lo que implica cada una de estas, es decir, saber quiénes realmente formarían dichas comisiones y si los avances de acercamientos se darían solo en las zonas temporales dispuestas para ello. El senador de la República por la Alianza Verde, Ariel Ávila, planteó un punto clave que tiene este proyecto y es que habrá un doble candado para evitar “colados” en esta ley, “uno es la Oficina del Alto Comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, dirección militar; y el segundo candado será la Fiscalía que puede depurar la lista”. Según Alirio Uribe, miembro de la Cámara de Representantes, una vez que un grupo ilegal decida someterse a las reglas de este proyecto de ley tendrá que entregar información sobre las características de la banda, su modo de operar, sus patrones criminales y sus bienes. De acuerdo a lo anterior, en el artículo 42 de este proyecto de ley se menciona que los miembros de las organizaciones ilegales tendrían un beneficio por   entregar los bienes con anticipación . “ El procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizable o tengan en sí mismo capacidad para la restauración de las víctimas”, menciona el artículo 42 en el texto, lo que quiere decir que estas personas al cumplir con lo anteriormente mencionado podrían conservar un porcentaje (6%) de sus bienes. Además, esta ley contempla dos etapas en las condenas para los miembros de las organizaciones ilegales, la primera contempla que los condenados paguen un periodo en las cárceles entre los seis y ocho años, sin alguna reducción ni beneficios; y la segunda, según el medio de comunicación El País , luego de dicha condena, deberán permanecer por cuatro años en actividades de justicia restaurativa a las víctimas y de reinserción a la sociedad, este momento estará monitoreado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Cabe mencionar que estos beneficios podrían ser aplicados a integrantes de las organizaciones ilegales que estén actualmente detenidos, es decir, que las condenas que se les haya impuesto se cobijarán bajo la medida. Para obtener los beneficios mencionados, las estructuras ilegales deberán cumplir algunos compromisos establecidos en el artículo 10 del proyecto de ley, los cuales son: “manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (...) la entrega de armas; la entrega de secuestrados; entrega de menores reclutados; entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura y la entrega de información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo”. Según el artículo 12 del proyecto, habría cuatro causantes para que los integrantes de las estructuras ilegales perdieran los beneficios: Retornar a las armas. Cometer nuevos delitos dolosos. No cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente Ley. No cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, este proyecto de ley es un gran avance, pero que aún faltan desarrollar muchos detalles tanto operativos y técnicos que aclaren el cómo se va a llevar a cabo el sometimiento. Morales señaló que seguramente durante el trámite legislativo se aclararan. Finalmente, Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, mencionó que este proyecto de ley deberá esperar los comentarios del Consejo Superior de Política Criminal, con el fin de, en caso tal, modificar algunos puntos que pueda mencionar el Consejo Superior para que posteriormente sea radicado en el Congreso. Por ahora no hay una fecha estimada, pero según Pérez, se espera que este proyecto de ley sea radicado en sesiones extraordinarias.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 13 al 19 de febrero de 2023 Se instaló el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Importantes mensajes fueron presentados por Pablo Beltrán y Otty Patiño, los dos jefes de las respectivas delegaciones. El tono y los mensajes presentados por la delegación de Gobierno y del ELN son muy coincidentes y auguran los mejores logros en este ciclo que va a durar treinta días. 1. Mensajes a destacar por parte de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN: “Somos socios para construir una paz integral y duradera”. “Colombia ha estado atada a una guerra perpetua de la cual hay que salir”. “El régimen oligárquico interno se ha aliado a los Estados Unidos para perseguir a todos los opositores en una doctrina de seguridad nacional que ve en los disidentes enemigos internos”. “Hay que salir de la fracasada guerra contra las drogas y eso se debe hacer con una sola voz desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para hablarle al mundo y proponer nuevas políticas”. “Es una buena noticia que hay en curso políticas alternativas a la fracasada guerra contra las drogas, que lideran los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia”. “El viejo régimen usufructúa un modelo de desarrollo depredador y que solo sirve a los intereses oligárquicos, hay que colocar al Estado y la economía al servicio de las mayorías, ese el propósito de una paz con justicia social”. “La mejor noticia que queremos compartir es que gracias al estallido social, a la rebeldía juvenil que se tomó las calles de las grandes ciudades, el país vive un punto de inflexión en su historia, caracterizado por una movilización que busca el cambio”. “Por este torrente transformador llega a la presidencia el actual gobierno progresista y a este mandato de cambio también obedecemos en el ELN”. “La mesa de negociaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio, cuya agenda busca transformaciones y poner fin al conflicto armado”. “La mesa no busca una revolución por contrato ni va a desmovilizar las rebeldías por decreto, se requiere amplia y diversa participación, transformaciones y cumplimiento de lo acordado”. “Para la paz se requiere una gran alianza nacional construida sobre una visión común de paz”. “Este segundo ciclo de conversaciones acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en la construcción de la paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese del fuego bilateral, temporal y nacional”. “Este ciclo continuará acordando sobre los asuntos humanitarios para aliviar la situación de quienes más sufren la continuidad del conflicto interno”. “Igualmente trabajaremos sobre los alivios para las personas privadas de la libertad, incluidos los presos políticos”. “El tercer componente de la mesa lo constituyen los países garantes, los países acompañantes y la presencia permanente de la Misión de la ONU y de la Iglesia Católica, quienes son testigos y depositarios de los acuerdos que se logren. 2. Mensajes a destacar de Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano: “Estamos aquí con el impulso que el Gobierno de Colombia presidido por el presidente Gustavo Petro le ha dado a las transformaciones, al cambio y a la paz como política de Estado”. “El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, recientemente presentado, tiene un componente transversal de inversiones para la paz que tiene una inversión de 50,4 billones de pesos, que representan diez mil millones de dólares”. “El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo tiene contemplado el cumplimiento del acuerdo de paz del 2016 firmado entre el Estado Colombiano y las FARC, que tiene como primer punto la reforma rural integral y es un acuerdo incumplido y que este Gobierno tiene el compromiso de cumplir plenamente”. “Lo que un Gobierno acuerda es un compromiso de Estado y este Gobierno honra el compromiso de que los pactos son para cumplirlos”. “Tuvimos un primer ciclo donde trabajamos los protocolos para honrar que lo pactado se cumple y se configuraron los compromisos institucionales de esta mesa”. “En este segundo ciclo debemos avanzar en compromisos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado”. “En este ciclo tenemos que producir hechos y según lo acordado tenemos que entrelazar dos grandes temas: la participación de la sociedad para la construcción de la paz, donde deben ser protagonistas las comunidades que sufren el conflicto armado y el abandono del Estado”. “La participación debe tener como protagonista a los territorios donde permanece el ELN y tiene no solo una presencia militar sino un liderazgo social y las transformaciones acordadas se pueden implementar de manera inmediata”. “En lo acordado en la mesa deben primar los principios de reciprocidad y corresponsabilidad, ninguna de las partes se debe asumir como superioridad moral”. “Para que este proceso funcione se requiere el empoderamiento de las comunidades para que trabajen desde sus capacidades en la construcción de las transformaciones para la paz”. “Lo que tenemos como Estado no está plenamente acabado, lo que tenemos como democracia está lejos de ser perfecto, solo tendremos una paz estable y duradera cuando sean las propias comunidades las que decidan su propio destino”. “Las transformaciones para la paz, la participación y la democracia para la paz, se constituyen en un todo, deben ser realidad en los territorios donde permanece la violencia, hay que trabajar por un estado social ambiental y de derecho”. “Sobre el cese al fuego, seguimos las orientaciones recibidas por el presidente Gustavo Petro, nos corresponde como delegación, como mesa, reinterpretar el cese al fuego, no solo como una disminución de las acciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia las comunidades y la población civil”. “El cese al fuego debe ser un acto creativo que recoja los conocimientos y otras experiencias, hay que inventar, la mesa debe ser un lugar profundamente creativo”. “El conflicto colombiano es muy enredado, como lo ha dicho el jefe de la delegación del ELN, la acción de otros países ha hecho más enredado nuestro conflicto.” “Lo importante es ir generando un clima de seguridad, de serenidad, de libertad en las comunidades, especialmente en las comunidades étnicas que son las que más han sufrido esta violencia”. “No olvidemos a la población más vulnerable que sufre la violencia: niños, los mayores y muy especialmente las mujeres”. “El poder de las mujeres es clave para avanzar en este proceso”. “Todo lo que hagamos por desescalar la violencia va a potenciar la participación de las comunidades para lograr transformaciones y territorios en paz”. “El reto de este segundo ciclo es producir hechos que muestren que la participación para lograr transformaciones sociales es real”. “La mesa es la que puede liderar la participación, las transformaciones, el cambio que haga posible la paz”. 3. Aquí se puede escuchar las presentaciones del ELN y de la delegación del Gobierno: 4. Este año se cumplieron 57 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo, la delegación del ELN desde México pidió aclarar el paradero de sus restos. 5. Esta semana en el desarrollo del Ciclo de México se hizo una oración por todas las personas que han perdido la vida en esta larga violencia: 6. El semanario Voz entrevistó a Carlos Arturo Velandia sobre el segundo ciclo entre el Gobierno Colombiano y el ELN: 7. La Fundación Ideas para la Paz presentó un reporte sobre las experiencias de anteriores ceses del fuego: 8. La intensidad del conflicto se mantiene de manera especial en Arauca, donde el ELN tiene en su poder un suboficial del Ejército Nacional, hecho criticado por el presidente Gustavo Petro: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Colombia ha sufrido por décadas los estragos del conflicto armado interno, que ha dejado miles de víctimas y ha desplazado a millones de personas de sus hogares. Ante esta realidad, el Estado ha implementado diferentes estrategias para buscar la justicia y la paz en el país. Por esta razón, se han tramitado múltiples leyes de sometimiento de grupos armados que han sido implementadas a lo largo de los años como parte del proceso de paz en Colombia, entre ellas están: La ley 418 de 1997: fue la primera en establecer un marco legal para el proceso de paz en Colombia. En su artículo 30 se establecieron medidas de sometimiento para los grupos armados ilegales que decidieran desmovilizarse y dejar las armas, además, dichas medidas incluían la reducción de penas y la posibilidad de acceder a programas de reinserción social. La Ley de Justicia y Paz de 2005: fue promulgada por el Congreso, con el objetivo de establecer un mecanismo de justicia transicional para los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Esta ley fue una respuesta a la necesidad de buscar la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación entre los colombianos afectados por el conflicto. Esta ley estableció sanciones para aquellos que hubieran cometido delitos graves durante el conflicto armado, tales como homicidios, secuestros, tortura y violación sexual. Las sanciones podían llegar hasta los 20 años de prisión, aunque los desmovilizados podían beneficiarse de la reducción de penas siempre y cuando colaboraran con las autoridades y contribuyeran a la reparación de las víctimas. La ley de Sometimiento a la Justicia de las Autodefensas de 2006: fue creada específicamente para los grupos paramilitares que operaban en el país. Esta Ley estableció un proceso de sometimiento a la justicia para los miembros de las autodefensas que decidieran desmovilizarse y colaborar con las autoridades en la desarticulación de las organizaciones criminales. Los desmovilizados tuvieron que confesar sus delitos y se comprometieron a reparar a las víctimas. Ley 1922 de 2018: esta estableció el programa de Sometimiento a la Justicia para Grupos Armados Organizados (GAO) en el marco del proceso de paz con las FARC-EP, con el fin de promover su desmovilización y reintegración a la sociedad. Esta Ley permitió que los integrantes de este grupo armado, así como exmilitares, paramilitares e incluso empresarios y sociedad civil en general, se sometieran a la justicia y contribuyeran, al igual que las demás leyes, a la reparación de las víctimas. Teniendo en cuenta estas leyes, actualmente se ha debatido la Ley de Paz Total y la Ley de Sometimiento a la Justicia del actual Gobierno de Gustavo Petro. Esta primera Ley mencionada (Ley de Paz Total) busca abrir el camino jurídico y legal hacia los diálogos, negociaciones de paz y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia. Esta Ley modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, es decir, que se adapta a la situación actual (Ver: ¿En qué consiste el proyecto de ley para la “Paz Total” en Colombia?) . Cabe señalar que las modificaciones a la Ley 418 las hacen todos los gobiernos para poder establecer un marco de acción para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. Esta Ley de Paz Total ya fue radicada en la Cámara de Representantes, en la plenaria del Senado y aprobada por el Congreso de la República (Ver: La Paz Total: entre la negociación y el sometimiento a la justicia ). Finalmente, la Ley de sometimiento a la Justicia para organizaciones criminales, hecha por el actual Gobierno de Gustavo Petro, ha sido debatida y presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal para que pronto sea radicada en el Congreso de la República. Este proyecto, que está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión (Ver: ¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales?) . El articulado tiene como objetivo establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y de crimen de alto impacto como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros. Todas estas leyes anteriormente mencionadas han sido herramientas importantes para el proceso de paz en Colombia, ya que permite que grupos armados ilegales se sometan a la justicia y contribuyan a la reparación de víctimas. Sin embargo, su implementación y cumplimiento han sido objeto de críticas y también de desafíos, es por esto que actualmente el país sigue trabajando en todo este proceso de implementación y cumplimiento, buscando garantizar la Paz Total en Colombia y la reparación de víctimas, las cuales han sido fuertemente golpeadas por la violencia. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante tener en cuenta tres leyes de las que anteriormente fueron mencionadas: Ley Justicia y Paz de 2005, Ley Paz Total y Ley de Sometimiento a la Justicia. Pérez detalló el proceso legislativo de las tres leyes, entre ellas la Ley de Justicia y Paz. Esta ley se aprobó siguiendo los procedimiento normales de una ley ordinaria, lo que implicó cuatro debates en total: dos en la comisión primera del Senado y dos en la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de que el proceso de aprobación tomó aproximadamente dos años, no encontró mayores obstáculos en su camino, especialmente porque en el momento de su aprobación estaba en el poder el gobierno de Álvaro Uribe, que contaba con una mayoría sólida en el Congreso que la aprobó sin dificultades. Cabe añadir que en 2006 esta Ley paso a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, la cual ajustó las condiciones para acceder a beneficios en la justicia, ya que antes no se condicionaba la entrega de verdad por los beneficios jurídicos. Por otro lado, Pérez explico que el trámite de la Ley de Paz Total, la cual modificó o prorrogó la ley 418, fue igual a la Ley de Justicia y Paz, ya que pasó por los mismos cuatro debates. Esta Ley de Paz Total se hizo de la misma manera que la 418 de 1997. Según el asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, la Ley de Sometimiento a la Justicia presenta una similitud con la Ley Justicia y Paz, en cuanto a que busca la reducción de penas a cambio de verdad. No obstante, la Ley de Sometimiento se distingue, según lo que se ha presentado a la opinión pública, por ser más rigurosa respecto a las penas y establecer un mayor énfasis en la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas en comparación con la de Justicia y Paz. Cabe destacar que el proceso legislativo para su aprobación será similar al de las otras leyes mencionadas. Actualmente, esta Ley de Sometimiento aún no se ha presentado ante el Congreso, ya que solo ha sido presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal y se debe esperar el concepto de este Consejo Superior para que de esta manera pueda ser presentada ante el Congreso en sesiones extraordinarias. De acuerdo con Juan Alejandro Pérez, la intención es que la Ley sea presentada en el Congreso antes del 16 de marzo. Sin embargo, Pérez señaló que el proceso de aprobación de la ley todavía puede ser complicado, especialmente porque no se sabe cómo los partidos políticos como el Liberal y el Conservador se posicionarán al respecto. Además, el Gobierno está interesado en presentar la ley con prontitud, ya que se está acercando el límite de tiempo para que los grupos armados se sometan voluntariamente a la justicia, lo que podría limitar la capacidad del Gobierno para negociar con ellos. Según Pérez, el Gobierno podría estar sintiendo que la "gasolina política" se le agota. A pesar de esto, se espera que la Ley sea aprobada, lo más pronto, durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció que espera iniciar diálogos en las próximas semanas con las dos disidencias de las FARC, lideradas por alias “Iván Mordisco” e “Iván Márquez”. Rueda destacó que este primer acercamiento busca construir niveles de confianza que permitan avanzar hacía una segunda fase de negociación. Este proceso contaría con el acompañamiento de la Fuerza Pública, con el fin de que estos grupos armados no realicen operaciones ilegales. El comisionado Rueda resaltó que todos los grupos armados con los que se busca la paz tienen unidad de mando. El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, expresó su apoyo a estos diálogos con las disidencias de las FARC, ya que, según él, existió un “entrampamiento” por parte del gobierno de Iván Duque y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, lo que truncó el proceso de paz que se adelantaba con las extintas FARC-EP. Londoño mencionó que “los enemigos de la paz ejecutaron todo tipo de ataques y descalificaciones contra los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familiares”. Es por estas razones que considera que se debe abrir la puerta a un nuevo proceso de carácter político en medio de la apuesta del presidente Gustavo Petro por la Paz Total. Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos acercamientos son positivos, ya que podría ser una oportunidad para que el Gobierno pida aclaraciones sobre algunos hechos de violencia y ataques contra la Fuerza Pública en los que estarían involucrados grupos pertenecientes al Estado Mayor Central. Daza destacó la importancia de evaluar cuidadosamente si el fuego bilateral ha sido efectivo hasta ahora con las disidencias. Teniendo en cuenta estos diálogos que, según el Gobierno, pronto iniciarán, el Alto Comisionado para la Paz mencionó que está a la espera de que algunas personas puedan ser excarceladas temporalmente, durante 10 días. Por tal motivo que el Gobierno le pidió a la Fiscalía levantar órdenes de captura a 20 mandos de las disidencias de las FARC, entre la lista estarían Eliécer Palomeque Córdoba, alias el “Negro Juan”; Javier Alonso Veloza, alias “Jhon Mechas”; y Willington Henao Gutiérrez, alias “Olmedo”. Esta medida, que se llevará a cabo conforme a la Constitución y las disposiciones legales, busca fomentar un diálogo constructivo entre las partes involucradas. Cabe destacar que, de acuerdo con lo mencionado, aquellos que sean excarcelados volverán a su condición de privados de la libertad después de la reunión con los mandos. Por lo tanto, esta medida será temporal y se llevará a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos. Estos diálogos con estas dos disidencias se harían de manera separada, es decir, se entablará un diálogo con las disidencias de “Iván Mordisco” y otro con la Segunda Marquetalia. El anuncio del Gobierno sobre levantar temporalmente las órdenes de captura ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos ven los diálogos como una oportunidad para avanzar hacia una paz sostenible, otros consideran que la medida podría incentivar la violencia y el delito. Una de estas opiniones en contra ha sido la del fiscal Francisco Barbosa, quien en las entrevistas con medios de comunicación ha expresado su desacuerdo y recordó que los dos últimos criminales mencionados anteriormente (alias “Jhon Mechas”, alias “Olmedo”) se les sindica de graves ataques a la población civil en Norte de Santander. Barbosa aseguró que Alias “Jhon Mechas” fue acusado de ofrecer 7.000 millones de pesos para atentar contra la vida del expresidente Iván Duque Márquez y otro monto para el exministro Diego Molano. Entre los ataques que se les atribuyen a estas personas también se destaca el atentado a un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá, que causó la muerte de dos menores de edad. Dentro de esta misma línea de desacuerdo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó dicha solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación, expresando su preocupación por las medidas que generan impunidad y dejan en libertad a los delincuentes capturados, lo cual, según López, va en contra de los esfuerzos que realizan las autoridades para sacar a los criminales de las calles. La mandataria de la capital también mencionó que alias “Jhon Mechas” debería ser entregado con grilletes en Bogotá, por ser el responsable de múltiples delitos, en especial la del atentado al CAI en Bogotá. Según Francisco Daza, investigador nacional de Pares, la eliminación de las órdenes de captura es parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fomentar las negociaciones y diálogos con los grupos disidentes, lo que podría ser un paso importante hacia la Paz Total. El investigador mencionó que la eliminación de las órdenes de captura y los diálogos que se están proponiendo son un acto de fe y confianza por parte del Gobierno, con el fin de que los integrantes de las disidencias se vinculen a estos diálogos. Daza dijo que con esta iniciativa se espera que se aclare el panorama en lugar de oscurecerlo.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 20 al 26 de febrero de 2023 Ha sido una semana con mucha dinámica en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, los principales temas a referenciar son: 1. El sábado 25 las dos partes hicieron público desde México el Comunicado #5, en el que afirman que han logrado avanzar en acordar un protocolo para el funcionamiento del Grupo de Países Acompañantes (GPAC), igualmente informan de los avances en los ajustes a la agenda, la visita del ministro de Justicia, Néstor Osuna para presentar la reforma penitenciaria y la revisión por las dos partes del informe sobre el desarrollo de la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el San Juan. 2. Sin duda la visita del ministro Néstor Osuna para presentar la iniciativa de reforma penitenciaria es un camino de llevar a la mesa la acción de gobierno. Ese camino debe ser ampliado, presentando lo más pronto posible la iniciativa de Plan Nacional de Desarrollo, en el que están las grandes apuestas de transformación de este gobierno. 3. Igualmente, durante la visita del ministro Néstor Osuna la delegación de diálogos del ELN manifestó su inconformidad con que se les siga denominando Grupo Armado Organizado y se les equipare con otros grupos de naturaleza mafiosa y centrados en la captura de rentas. El ministro Osuna, en declaraciones públicas, manifestó que este es un tema a conversar con el presidente y buscar posibles alternativas, dentro de un conjunto de definiciones jurídicas ya establecidas. 4. Se han dado varios escenarios de intercambio desde iniciativas ciudadanas sobre criterios, procesos y mecanismos para desarrollar el punto de participación de la sociedad en este proceso de paz. 5. El presidente Petro se manifestó sobre la situación de cautiverio del sargento Libey Danilo Bravo. Igualmente, Antonio García primer comandante del ELN dijo que se le respeta su dignidad y que pronto será puesto en libertad. Son docenas los integrantes de la Fuerza Pública que han sido tomados como rehenes en los últimos años en Arauca y Catatumbo y puestos en libertad mediante actos de entrega con participación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. 6. Cuatro personas resultaron gravemente heridas por explosivos dejados junto a una bandera del ELN, colocada en el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, lo que nos recuerda el uso de esta práctica y sus efectos sobre cientos de comunidades y de personas que sufren en su humanidad los estragos de estos artefactos explosivos. 7. Gobierno Colombiano y ELN completaron la segunda semana de este ciclo de diálogo y negociaciones, un ciclo que puede concluir en la semana del 6 de marzo. Aquí el Comunicado #5 conjunto entre el Gobierno y el ELN en el que detallan los avances del segundo ciclo aún en curso. 8. El presidente Gustavo Petro, ante la inconformidad del ELN por lo que considera una denominación no acorde con su rebelión política, respondió así en un trino: 9. El ministro de Justicia Néstor Osuna, en entrevista con La W Radio, hizo una presentación del intercambio sostenido con la Mesa de diálogo y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN en México. 10. En entrevista con DW, Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, presentó un balance de lo desarrollado en el segundo ciclo, resaltó el informe de la Caravana Humanitaria, la visita del ministro de Justicia, la redacción final de la agenda del proceso y anunció que van a entrar al punto de participación de la sociedad. 11. El Senador Iván Cepeda en entrevista con W Radio habló del desarrollo del segundo ciclo, anunció que se firmará la agenda en el transcurso de este segundo ciclo y que seguirán trabajando en desarrollos de los puntos de participación de la sociedad y de cese bilateral, que seguirán trabajando de forma persistente. En esta entrevista el Senador Iván Cepeda afirma que es interés del Gobierno Colombiano que la mesa funcione en Colombia. 12. El primer comandante del ELN, Antonio García insiste en que la paz que buscan es una paz con transformaciones que sirvan para superar exclusiones e inequidades. https://telegra.ph/LA-SOLUCI%C3%93N-POL%C3%8DTICA-Y-LA-MESA-DE-CONVERSACIONES-02-25 13. Se afirmó que el ELN tiene planes de atacar ciudades. Esto fue desmentido por el jefe de la delegación de diálogo e integrante del Comando Central del ELN, Pablo Beltrán. Hay pronunciamientos de autoridades locales y dirigentes políticos al respecto. 14. Senador Iván Cepeda afirmó que en conversaciones con Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, se desmintieron planes ofensivos de la organización, igualmente se refirió al Paro Armado decretado en el Chocó. 15. Cuatro personas resultaron heridas por artefacto explosivo colocado al lado de una bandera del ELN. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional y el ELN han informado avances significativos en las conversaciones de paz que están teniendo lugar en Ciudad de México. En un comunicado conjunto presentaron cinco puntos importantes que se han discutido hasta la fecha en el segundo ciclo de conversaciones. En el primer punto se destacó la caracterización jurídica del grupo armado como "organización política armada rebelde" con la que el Gobierno está negociando una paz duradera. Además, se acordó la creación de un punto de contacto y comunicación entre las delegaciones del ELN y los términos de referencia que regirán el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación (GPAAC). Dentro de este mismo avance mencionaron que se acordó “adoptar el informe de la Comisión Humanitaria de la mesa”, la cual recorrió la zona del bajo Calima y el medio San Juan y destacaron la importancia de que deberán “asumir las responsabilidades que le competen a cada una de las partes de la Mesa, con el fin de garantizar la continuidad de este propósito humanitario” (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito). En el segundo punto se habló de las denuncias presentadas por ambas partes sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el territorio nacional. Ambas partes informaron que este tema se está tratando en la mesa de diálogo. En el tercer punto se discutió la visita del ministro de Justicia , Néstor Osuna, quien presentó el proyecto de ley de humanización de la política carcelaria y penitenciaria. El ministro reiteró su compromiso con los convenios de ayuda humanitaria a los presos políticos del ELN y destacó la importancia de avanzar hacia un modelo de justicia más resocializador y restaurativo. Frente a esta visita, el senador Iván Cepeda aseguró que fue la primera de un ministro, la cual marcaría un método de trabajo en esta mesa de diálogo. Según Cepeda, se esperan más visitas de otros ministros a estos diálogos de paz. Por su parte, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, afirmó que la presencia del ministro de Justicia, Osuna, podría ayudar a buscar sinergias entre los planes de cambio del Gobierno y los trabajos de la Mesa. Y en el cuarto punto el documento destacó la importancia de definir la Agenda de Diálogos que permitiría tratar temas clave como la participación de la sociedad en el proceso de paz y el cese del fuego bilateral. En este sentido, el senador e integrante del equipo negociador, Iván Cepeda, señaló que aunque la sociedad espera el anuncio de un cese al fuego, es complejo fijar una fecha para esto, debido a la prolongada y compleja historia del conflicto en Colombia. Cepeda destacó que solo en uno de los procesos anteriores, el que se llevó a cabo entre 2012 y 2018 con el expresidente Juan Manuel Santos, se llegó a desarrollar una agenda de diálogo , sin embargo, esta sufrió una suspensión de cuatro años que complicó la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido. A pesar de las dificultades, la ONU emitió una declaración positiva sobre los avances logrados en la segunda ronda de diálogos, reconociendo los acuerdos alcanzados y expresando su confianza en que las partes avancen en temas clave como la participación y el cese al fuego. La ONU también ha respaldado las negociaciones en curso. La Mesa de Diálogos de Paz que se está llevando a cabo en Ciudad de México se ha prolongado por una semana adicional para un total de cuatro semanas de negociaciones. El objetivo principal de estas conversaciones es alcanzar un acuerdo de alto al fuego entre el Gobierno colombiano y el ELN, además de discutir la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Cabe destacar que México, Venezuela, Chile, Noruega y Brasil actúan como garantes de los diálogos de paz, mientras que Suecia, Alemania, Suiza y España actúan como países acompañantes. A pesar del anuncio de un alto al fuego bilateral por parte del presidente Petro a finales de diciembre, la guerrilla desmintió la medida posteriormente, lo que llevó a una reunión extraordinaria en Caracas en enero para abordar las tensiones. Desde entonces, las negociaciones han avanzado, aunque se espera que la complejidad del conflicto continúe, siendo un desafío para las partes involucradas (Ver: Delegación del Gobierno se prepara para segundo ciclo con ELN ). De acuerdo con Luis Eduardo Celis, Coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se esperan buenos resultados al término de este segundo ciclo. Además, Celis destacó la importancia del proyecto presentado por el ministro Osuna durante su visita a las negociaciones en México y señaló que esto es una buena señal, ya que refleja una coincidencia de la Mesa con los intereses del Gobierno para llevar adelante esta reforma penitenciaria (Ver: Bitácora 11: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN ).

Por: Juan Manuel Rueda, Editor Sometimiento a la justicia ordinaria El proyecto de ley de sometimiento a la justicia recientemente presentado a la opinión pública para el desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se ajusta al código penal y a los límites de la justicia ordinaria, pero con el incentivo de sustitución de pena para los integrantes de estos grupos. A diferencia de los procesos de justicia transicional que hemos tenido en el país en el marco de la desmovilización de grandes grupos armados como las AUC o las FARC; este proyecto de ley de sometimiento para bandas criminales no instalará salas o tribunales especiales como sucedió con Justicia y Paz (2005) o la JEP (2017). Lo anterior en razón de que el fenómeno del multicrimen no define grupos con objetivos específicamente políticos, como es el caso de la subversión guerrillera frente al Estado, o afincado en un contexto complejo de conflicto armado interno, como en el caso del paramilitarismo. Estas estructuras armadas organizadas a las que hoy se quiere ofrecer una posibilidad de sometimiento a la justicia son esencialmente criminales cuyo objetivo es la renta por los negocios ilícitos, es por esto que el proyecto de ley en cuestión no les otorga carácter político ni de negociación con el Estado. Esto no quiere decir que por la ausencia de matiz político o aparatos de justicia especializados para el tratamiento de estos grupos, el proceso de desmantelamiento (nótese que no se habla de desmovilización) sea más sencillo. Este proyecto de ley también contempla “contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”. Colombia es un país en el que el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, entre otros delitos, se encuentran fundidos con las economías regionales y la institucionalidad a todo nivel. De hecho, según el senador Ariel Ávila , uno de los defensores de este proyecto de ley, las organizaciones de alto impacto que busca atender la ley de sometimiento a la justicia representan alrededor del 65% de la violencia en Colombia. Recordando Justicia y Paz (2005) y la impunidad de los paramilitares Grandes grupos como el Clan del Golfo, Los Pachenca (autodenominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra), La Oficina, entre muchos otros, son el objetivo de este proyecto de ley. Podría decirse que, a pesar de que la cantidad de grupos de esta naturaleza en el país es alta, el interés del Gobierno parece enfocarse en los más consolidados y fuertes en presencia territorial como estos, los cuales comparten una característica común: son herederos de las estructuras paramilitares, que ya habían tenido su propio proceso de desarticulación y sometimiento. No son pocas las críticas al proceso de desmovilización de los paramilitares iniciado en 2005. Las cifras de impunidad de Justicia y Paz, estimaba un informe de la Contraloría en 2017 , ascendían a casi el 92%, en tanto para ese momento solo se habían proferido 47 sentencias contra 195 personas, luego de casi 12 años de vigencia. Es decir que solo el 8,2% de los paramilitares que se sometieron a Justicia y Paz estaban sujetos a decisión judicial para 2017. Se ha dicho que muchos jefes paramilitares decidieron no entregarse y se hicieron pasar por paramilitares rasos para no pagar prisión y que, aunque más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron, muchos no aportaron verdad, siguen en libertad, abandonaron el proceso de reparación y no se conoce su paradero ni su accionar. El fenómeno que vive Colombia en la actualidad frente a las estructuras de crimen organizado de alto impacto es resultado de la deficiencia de Justicia y Paz, entre otros factores. Por esta razón los mecanismos de contrastación e investigación judicial del actual proyecto de ley de sometimiento a la justicia deben fortalecerse al máximo. Blindado, pero débil: el proyecto de ley de sometimiento a la justicia y sus propuestas de contrastación de verdades e investigación judicial Al respecto, el proyecto estipula en su Artículo 24 “Etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción” que en la etapa en la que el Estado empiece a llevar conversaciones con los integrantes de la organización criminal para acordar los términos de la sujeción, entrará a operar “una Instancia de Alto Nivel [que] estudiará, caracterizará y calificará la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022”. Esta Instancia de Alto Nivel, según la Ley 2272 o Ley de Paz Total, “debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz”. Adicionalmente, en el Artículo 28 “Intervención de la Fiscalía General de la Nación en el proceso”, el proyecto de ley dice que: La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación asumirá y adelantará la acción penal ante los jueces de la República […] En la etapa de procesamiento, elaborará y presentará ante la autoridad judicial el escrito de imputación colectiva, previa contrastación de la información aportada por la estructura armada organizada de crimen de alto impacto. Como lo explica María Camila Moreno Múnera, directora del International Center for Transitional Justice(ICTJ), una de las autoras del proyecto de ley, en entrevista para María Jimena Duzán, “lo que se va a imputar son patrones de macrocriminalidad […] esto significa que no se va a ir del hecho al hecho, sino que se van a agregar los hechos y se van a identificar los modus operandi”. Esto lo que permitiría es avanzar rápido en los procesos de imputación y, según Moreno, mayor seguridad jurídica, porque imputando los patrones de macrocriminalidad se lograría el cierre jurídico de los casos, no como ha sucedido en Justicia y Paz, que por intentar juzgar individuo a individuo ha abierto la puerta a la impunidad por la lentitud y extensión de los procesos. Ahora bien, la imputación por patrón de macrocriminalidad también puede ser un factor de riesgo en la búsqueda de una verdad de los hechos que vaya más allá de lo judicial. El proyecto de ley está muy centrado en el desmantelamiento de las organizaciones criminales de alto impacto, pero la cuestión de la verdad y la reparación, aunque aparece en el articulado, apenas lo hace de manera tangencial. Hay que decir que el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación en aras de un verdadero desmantelamiento y progreso hacia la Paz Total depende también de la voluntad de quienes se sometan a la justicia. Según el Artículo 11 “Obligaciones para mantener el tratamiento penal”, quienes se sometan bajo este esquema deberán “aportar verdad a las víctimas y participar en los programas de justicia restaurativa que se dispongan […] contribuir a la reparación material y simbólica de las víctimas”, lo que se muestra nuevamente como un reto para las autoridades encargadas del proceso de sometimiento en cuanto al esfuerzo por la contrastación de verdades, y un esfuerzo mayúsculo a nivel sociocultural en cuanto a la aceptación y trámite de estas verdades, así como frente a los programas de reparación material y simbólica a las víctimas. Aunque el proyecto de ley de sometimiento a la justicia explicita algunos mecanismos de contrastación e investigación, en general no arroja mucha claridad alrededor de cómo el Estado realizará estos procesos de contraste de versiones e investigación judicial alrededor de los grupos criminales de alto impacto que se entreguen. Además de los artículos ya citados, en algunos apartados se sugiere que estos procedimientos se acordarían en los acercamientos con cada uno de los grupos, lo que haría que los mecanismos de búsqueda de verdad y reparación dependan de cada contexto particular. El proyecto de ley sigue siendo un borrador en este y otros aspectos, es lo usual, y actualmente se encuentra en manos del Consejo Superior de Política Criminal para ser ajustado y posteriormente presentado ante el Congreso. Lo importante es que, independientemente de cómo se definan estos mecanismos de contrastación e investigación judicial, estos sean lo más robustos posibles, de cara a la experiencia no grata de Justicia y Paz y la desmovilización de los grupos paramilitares. Todo esto sin mencionar los grandes retos que se abrirían para las instituciones involucradas en este proceso, en términos de volumen de información y procesados. Múltiples expertos han expresado preocupaciones alrededor de la capacidad instalada del Estado (recursos y capacidad administrativa) para llevar a cabo esta tarea. Entre tales instituciones estaría el INPEC y toda la crisis del sistema penitenciario y carcelario que desde hace años demanda una reforma, que actualmente impulsa el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El avance y resultado de tal reforma, a la luz del proyecto de ley de sometimiento, también abriría retos para garantizar el cumplimiento de penas y expectativas de resocialización. Desmantelados, ¿y luego? El reto de la reintegración y la política de drogas En todos los procesos de entrega al Estado Colombiano de organizaciones y grupos criminales, la cuestión de la reintegración a la vida civil y la búsqueda de una vida social en paz y realmente próspera sigue siendo una tarea a terminar. Sobraría señalar el asesinato selectivo del que están siendo objeto muchos desmovilizados de las FARC-EP, por ejemplo. Mencionar el constante recicle de la guerra en Colombia es más que suficiente para comprender que no hemos encontrado la clave para detener definitivamente la espiral de violencia que nos azota como país y que la reintegración a la vida civil no está resuelta. Este proyecto de ley menciona en su Artículo 22 “Medidas para la reintegración efectiva” que: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación Nacional y otras entidades que el Gobierno determine, dispondrá de una oferta de programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria efectiva. Parágrafo: En todo caso, el Gobierno Nacional, a través de las entidades referidas en este artículo y las demás que considere necesarias, deberá garantizar una oferta integral de reintegración para los integrantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que se sujeten a esta Ley. En un gobierno como el del presidente Petro se puede confiar en que se harán todos los esfuerzos necesarios para cumplir con este artículo, independientemente de los retos en cuanto a recursos para llevarlo a cabalidad. Sin embargo, está más que demostrado que el problema de fondo de la violencia en Colombia tiene que ver con las economías del narcotráfico. Podrán desmantelarse decenas de grupos y someterse a la justicia miles de personas, pero si no se reemplaza la economía criminal por trabajo digno, educación, salud, ni se modifica, además, la política contra las drogas, descriminalizándola, surgirán nuevas estructuras que reemplazarán las viejas indefinidamente. Queda esperar que el Gobierno entienda esto y que así sea su comprensión de la Paz Total: economía justa y cambio de enfoque en la política de drogas. Esto último no depende únicamente del Estado Colombiano sino que es una responsabilidad compartida con los países consumidores, los cuales, ojalá, estén atentos a este proceso de sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en nuestro país.