Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El 8 de octubre, la Interpol emitió circular roja contra el empresario Carlos Mattos. Esto se debe a su presunta flagrancia a la justicia colombiana que lo requiere por supuestos sobornos a funcionarios judiciales para que le otorgaran la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia, cargo que tuvo durante más de 23 años. La circular roja permite que Mattos pueda ser capturado en cualquier país del mundo y después ser extraditado a Colombia. En este momento el empresario se encuentra en España. Se le denuncia por una investigación que lo vincula a sobornos que le pagó al juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, y sus asistentes para que el proceso fuera llevado a cabo en ese juzgado y así fallara a su favor. Sin embargo, sumado a esto, otro escándalo salpicó al empresario hace unos días. Se trata de una denuncia del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso quien, desde una prisión en Atlanta, Estados Unidos, ratificó sus denuncias contra el senador Álvaro Uribe Vélez y, además, afirmó que hace un tiempo declaró en contra del empresario Carlos Mattos. • Pero ¿Quién es Carlos Mattos? Carlos Mattos proviene de una familia de terratenientes algodoneros y ganaderos afectados por la violencia. Mattos ha sido conocido por ser el exrepresentante de la marca Hyundai en Colombia, sin embargo, hasta hace pocos años, cuando terminó su licencia, se volvió importador de carros chinos por medio de Cinascar. Ha sido conocido también por organizar diferentes eventos sociales y posar como filántropo. Además, el caso viene desarrollándose desde el 2016 por presunta manipulación a la justicia. La empresa de Mattos interpuso una demanda a Hyundai por su terminación laboral con esa empresa. La demanda avanzó rápido lo que provocó sospechas en la Fiscalía. Este año, este órgano emitió una audiencia de imputación de cargos. Mattos decidió huir a España, es por esto por lo que la Fiscalía, decidió acudir a la Interpol. Por otro lado, además del caso con la Interpol y la Fiscalía, el excomandante paramilitar Mancuso dijo que “Mattos colaboró con las autodefensas y entregó recursos económicos en un pacto con Carlos Castaño. En una reunión en Tierralta entregó unos carros y no un helicóptero que se le pidió”. Hay que tener en cuenta que las empresas de Carlos Mattos tenían actividad en Córdoba. Según la versión de Mancuso, las AUC tuvieron que intervenir en Tierralta debido a la constante actividad de las guerrillas en las carreteras. Esto impedía el paso de ‘las niñeras’ que se encargaban de transportar los carros exportados hacia Bogotá, en este sentido, empresas como las de Mattos se vieron beneficiadas por el accionar de los paramilitares. Córdoba fue uno de los flancos donde el accionar de las AUC fue más fuerte, así lo recuerdan las masacres cometidas en Montelíbano y Puerto Libertador. El Bloque Sinú-San Jorge tuvo gran presencia en este departamento, sobre todo en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, hasta los límites con el Urabá antioqueño. Mancuso también criticó el proceso de Justicia y Paz, adelantado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, además, afirmó que gracias a sus testimonios y pruebas más de 50 personas han sido condenadas. Mencionó que la información que brindó como pruebas han servido para demostrar que hubo vínculos de políticos, empresarios y militares con las AUC.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares Al mediodía de este miércoles 10 de octubre se llevará a cabo una marcha en defensa de la educación a nivel nacional. La marcha se da en el marco de una crisis de las universidades públicas y el proyecto de asignación presupuestal para el 2019, que se debatirá en las siguientes semanas en el Congreso de la República. El 27 de septiembre en Florencia (Caquetá), se estableció el pliego de exigencias por parte de las universidades. Este pliego incluye el incremento de 4.5 billones en el presupuesto para las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES), el pago de la deuda, el saneamiento del déficit, mayor inversión a Colciencias y blindar la autonomía de las IES. Para Cristian Polo, estudiante de la Universidad Nacional y líder estudiantil, se exige ese monto para solventar la crisis, que es lo más urgente para que las universidades públicas alcancen a terminar el año. Además, para que existan garantías de estabilidad económica el año siguiente. La situación es crítica. Por ejemplo, la Universidad Nacional esta semana entró en déficit de funcionamiento por 60 mil millones de pesos; no tiene plata para terminar el año. Esto, sumado a que más del 50% de los profesores no son de planta y más del 51% de los recursos que invierte la Universidad anualmente son producidos por la misma universidad. El panorama es similar en todo el país. Según Nubia Ruiz, profesora del departamento de sociología de la Universidad Nacional, en un plazo inmediato, universidades como la del Valle se encuentran en riesgo de poder funcionar más; pues, de ser aprobada la propuesta del Gobierno, la plata solo le alcanzaría para un mes el próximo año. Además, para la docente, el proceso de privatización va muy avanzado. Otro aspecto importante es la garantía de permanencia a los estudiantes en su carrera. Para Natalia Chávez, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y lideresa estudiantil, esta garantía corre peligro por cuenta de la reducción de presupuesto, pues de este modo se le estaría quitando dinero, también, a los programas de bienestar —programas socioeconómicos— que benefician a los estudiantes y les permiten permanecer en la universidad. Sobre el programa de Ser Pilo Paga, Natalia Chávez afirma que es inviable y que dentro del pliego se exige que esos dineros que financiaban el programa hagan parte de las bases presupuestales de las universidades públicas, sobre todo las que se encuentran más desfinanciadas. El proceso que desembocará en la marcha este miércoles viene manejando una estructura de trabajo. Cristian Polo explica que la articulación se está dando en cada universidad, donde se han venido realizando asambleas a las que asisten trabajadores, profesores y estudiantes. Además, hay unas jornadas de formación, espacios con perfil tanto académico como político. ¿Qué está proponiendo el Gobierno? Nubia Ruiz afirma que, ante la crisis presupuestal de las universidades públicas, el Ministerio de Educación ha propuesto que la financiación gire en torno a la demanda. Es decir, hacer un cálculo per cápita por estudiante —tanto para públicas como para privadas— y asignarle a cada IES la misma cantidad de dinero por alumno, sin tener en cuenta que en unas universidades el costo de la educación es superior que en otras. “Con el mismo rasero nos ponen a competir”, concluye Ruiz. Por ejemplo, si en la Universidad Nacional cada estudiante cuesta 10 millones de pesos, pero el cálculo per cápita sumó 7, ese es el valor que le giran por estudiante. ¿De dónde saldrían los 3 millones faltantes? Es por esto que Ruiz afirma que esta modalidad de ingreso consiste en poner a competir a las universidades por los recursos. La universidad pública y la paz Hay varias implicaciones que se desprenden de la reducción presupuestal que, por ejemplo, tendría la Universidad Nacional. Según Cristian Polo, la Nacional tiene un compromiso muy fuerte con la paz, no solamente en la transformación social, sino también en la reconciliación y en la reparación de las víctimas. La Universidad, además, es garante del proceso de paz y la falta de financiación hace que queden limitados en esa labor. Nubia Ruiz, por su parte, dice que “no puede haber ningún proyecto de paz en ninguna parte del mundo si no hay voluntad política para situar la educación como la estrategia más contundente para terminar cualquier guerra”. Privatizar la educación, continua, significa negar la posibilidad de superar las inequidades. “En Colombia, los jóvenes que se beneficiarían de una garantía total de la educación pública, al negárseles esa posibilidad, van para la guerra”.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Nuestros congresistas no dejan de sorprendernos, ahora se les ocurrió que en las ciudades superiores a 100.000 habitantes debería haber segunda vuelta. Según su argumento la propuesta tiene dos explicaciones: por un lado, la segunda vuelta garantizaría una mejor gobernabilidad, pues tendrían la posibilidad de armar coaliciones entre primera y segunda vuelta, llegando fortalecidos en los cuerpos colegiados. Por ende, tendrían facilidad para aprobar el Plan de Desarrollo o las iniciativas legislativas que se proponga el gobierno de turno. Por otro lado, los defensores de esta propuesta manifiestan que la segunda vuelta mejoraría la legitimidad de los mandatarios frente a la ciudadanía, pero sobre todo, a los que algunos llaman la opinión pública. El cálculo es que a mayor votos mayor legitimidad. Sin embargo, aunque suene bonito, la propuesta tiene un veneno increíble. En primer lugar, en la vida real lo que le preocupa a la clase política tradicional es Bogotá, ninguna otra ciudad o departamento. Por ende, lo que buscan es resolver vía ley un tema que debería resolverse por mecanismos de voto popular. Sencillamente, la izquierda y partidos alternativos tienen altas probabilidades de gobernar Bogotá y los partidos tradicionales quisieran tener el control político de la capital, para ello necesitan crear una ley que cambie las reglas de juego. En segundo lugar, es muy raro que a la clase política ahora le interese la legitimidad del alcalde o alcaldesa de Bogotá, pero no les importe la legitimidad del alcalde de Cartagena, ciudad que ha tenido, en promedio, en los últimos ocho años, un alcalde cada dos años debido a temas de corrupción. Tampoco les interesa la legitimidad de La Guajira, donde miles de niños han muerto de sed y hambre producto de la corrupción de la clase política. Tampoco les interesa la legitimidad de los municipios del Meta o Casanare, donde durante años se han robado los recursos de regalías, han creado decenas de elefantes blancos y han derrochado la plata. Pero sí les interesa que la izquierda y partidos alternativos no ganen Bogotá. Si a esto se le suma la unificación temporal de las elecciones de presidente, alcaldes y gobernadores, pues sería mejor, entonces, que de frente esta clase política tradicional eliminará la elección popular de alcaldes y gobernadores y que propongan el regreso a la Constitución del 86, donde los nombramientos los hacía el presidente y no había elección popular. Pero lo cierto es que alargar los periodos y obligar a segundas vueltas lo que busca es detener el cambio social y político que en estos momentos vive el país. El pánico de los políticos tradicionales es increíble. Lo que la clase política tradicional olvida es que este jueguito de estar resolviendo problemas de competencia electoral vía leyes les puede salir muy caro, pues la ciudadanía se desmotivará en la participación política, dejará de votar poco a poco y luego lo que veremos es gente pidiendo democracia en las calles, lo que a su vez llevaría a que los puedan sacar a las malas del poder. Mi recomendación para los sectores políticos, expertos en cambiar las reglas del juego electoral, es que no estiren tanto el caucho, pues se les puede reventar. Mi llamado a la ciudadanía es que no toda reforma política es para luchar contra la corrupción, aunque así se diga, lo que se esconde son intenciones de eliminar la oposición. Nos puede salir peor el remedio que la enfermedad.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares El 8 de octubre de 2018, la Mesa directiva del Senado negó la moción de censura contra el dos veces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La decisión fue tomada por el senador Ernesto Macías (Centro Democrático), Eduardo Pulgar (Partido de la U) y Angélica Lozano (Alianza Verde), que conforman la mesa directiva. Los dos primeros votaron en contra y Lozano votó a favor. Lozano se apartó de la decisión de Macías y Pulgar afirmando que con esta decisión se violaban los derechos fundamentales de la libertad de expresión, control político y participación política. El principal argumento de Lozano para apoyar la moción de censura contra Carrasquilla fue por su implicación con los denominados ‘bonos agua’. La senadora se refirió al caso y dijo que 117 municipios quedaron afectados por estos bonos que, además de estar endeudados y pagando altas sumas, en muchos de los casos, sus obras de infraestructura están detenidas. Razón por la cual dijo que la moción debe ser procedente. Además, afirmó que se presentó un conflicto de intereses del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pues se benefició de información privilegiada obtenida en el cargo. Por otro lado, los dos senadores que votaron en contra afirmaron que lo hicieron debido a que los hechos por los que se involucra al ministro de Hacienda ya habrían prescrito, pues ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y, en este sentido, no afectan las funciones actuales del cargo de Alberto Carrasquilla. Por esta razón, para ambos senadores, la moción de censura es improcedente. • ¿Por qué votaron como votaron? Para Esteban Salazar, investigador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, Ernesto Macías no hubiera apoyado nunca la moción de censura contra Alberto Carrasquilla, pues su relación con el expresidente Álvaro Uribe y con el actual presidente Iván Duque es obvia. Esto es notorio desde la posesión del actual presidente, en la que Macías, en su polémico discurso, lo elogió y fue crítico frente al gobierno de Juan Manuel Santos. Por otro lado, según Salazar, hubiera sido absurdo que ella no apoyara la moción, pues, la bandera contra la corrupción está encaminada hacia sincerar los movimientos financieros y políticos de todos los funcionarios públicos. En este sentido, Lozano fue coherente respecto a su postura política. Finalmente, en Colombia nunca han prosperado este tipo de iniciativas, esto se debe a que, según Salazar, en un régimen presidencialista como el nuestro, es el Congreso el que decide, y ya que tiene mayorías de gobierno, “no van a perder legitimidad tumbándose un ministro”. • La moción ahora va para Cámara de Representantes Después de la derrota de la oposición frente a la moción de censura realizada en el Senado, ésta podría revivir en la Cámara de Representantes. Las 17 firmas que exige la ley para convocar el debate ya están. Ahora, el presidente de la Cámara, Carlos Chacón tendrá que decidir si se establece o no la mesa directiva para adelantar esta decisión. Sin embargo, el panorama parece positivo, pues Chacón dijo que estudiara la medida, ya que es un derecho de los congresistas. • ¿Qué es la moción de censura? La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo. Está escrita en el artículo 135, que hace parte de los conceptos sobre la composición y funciones de la rama legislativa, ésta les da la facultad a los congresistas de proponer una moción frente a este respecto. Sin embargo, como se ve con el caso de Alberto Carrasquilla, a pesar de que existe la posibilidad de destituir de sus cargos a ministros, directores administrativos y superintendentes por incumplimiento de sus funciones, la moción de censura no ha sido aprobada en ninguno de los casos en los que ha sido propuesta.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares. Primer ataque En el último mes, la Fiscalía General de la Nación ha tenido constantes choques con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El primero de ellos fue por la imputación de cargos a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la entidad. Después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez denunció supuestas irregularidades en la JEP, abrió una investigación contra Zamora por presunta falsedad ideológica. Sin embargo, este delito nunca pudo ser comprobado y, a cambio, a la funcionaria se le abrió investigación por tres presuntas faltas más: delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Esta decisión de la Fiscalía viene de la mano de otra investigación recientemente abierta a varios funcionarios de la JEP por posibles actos de corrupción «con el fin favorecer indebidamente a exintegrantes de las desmovilizadas FARC«, como afirmó la Fiscalía un boletín oficial. Sumado a esto, Zamora ya había asistido a un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía para relatar su versión de los hechos. El fiscal Néstor Humberto Martínez se refirió al respecto y dijo que “Algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinando, en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actué en cumplimiento de la Constitución y la Ley”. Sin embargo, ¿son ciertas esas acusaciones? Las imputaciones por supuestamente favorecer a los exintegrantes de las FARC se deben a que Zamora autorizó algunas salidas del país a excombatientes. Sin embargo, esta era su competencia como coordinadora jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, pues, según lo indicó, en el momento en que se le concedieron los permisos de salida a Jesús Santrich en diciembre de 2017, ella era todavía competente para tomar esa decisión en virtud de la Ley de Amnistía y del decreto 2125 de 2017, competencia que después tomarían los magistrados. Tiempo después, Zamora dejó de tener la competencia para otorgar esos permisos. Esa potestad quedó en manos de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien, según dice Zamora, concedió todos los permisos de salida a excombatientes hasta el 2 de abril o, al menos, todos tienen su firma. En una entrevista concedida a El Espectador, Zamora dijo que Correa dejó alrededor de 20 formatos firmados en blanco para que se utilizaran en dado caso de ser necesarios en su ausencia. Correa renunció a la JEP en abril de este año por diferentes roces con la actual presidenta, Patricia Linares. Los roces provenían de temas organizativos y jerárquicos, como la poca planeación de las oficinas y computadores, además de los altos sueldos que les pagó a asesores, sabiendo que el presupuesto era limitado. Además de esto, los roces también se dieron por el funcionamiento de la JEP. Después de que los organismos de control empezaran a cuestionar en qué se había invertido el presupuesto para el 2017, los problemas empezaron a crecer. Uno de los detonantes fue cuando la Contraloría le solicitó a Correa justificar en qué había invertido una buena parte de las donaciones de los gobiernos de Suiza, Suecia y Noruega. La respuesta no fue satisfactoria. Ante la polémica por los formatos firmados por Correa, la JEP puso a disposición todos los permisos en manos de la Procuraduría para que los verificara. Fue entonces cuando la Fiscalía empezó a investigar el caso, debido a una denuncia interpuesta por el mismo Néstor Raúl Correa, ante el despacho del fiscal, por presunto delito de falsedad ideológica en la JEP. Martha Lucía Zamora cree que correa tomó esta medida por “resentimiento”, debido a los problemas que tuvo con la JEP y que lo llevaron a renunciar. Así lo aseguro en su entrevista realizada por El Espectador. Segundo ataque El segundo choque ocurrió en la mañana del pasado jueves 4 de octubre, cuando un agente de la policía judicial de la Fiscalía se dirigió a las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí, mediante una orden, inspeccionó el expediente del caso 001 que se adelanta con 32 exjefes de las FARC. En el expediente se encontraban 6.162 hechos de secuestro, homicidios y desapariciones forzadas. El agente de la Fiscalía tuvo actitudes intimidatorias frente a los funcionarios de la JEP, a quienes amedrentó con la orden de la Fiscalía para conseguir el expediente y una citación para una entrevista, que iba dirigida a Patricia Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. El agente de la Fiscalía copió en formato digital toda la información y se marchó. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, emitió un comunicado de prensa donde manifestaba su inconformismo frente a lo ocurrido. Además, dijo que el expediente está protegido por reserva judicial. También afirmó que “se vulneraron los principios esenciales del juez: autonomía e independencia, y se hizo de una manera que no corresponde”. Después de que Linares manifestara su rechazo frente a las actitudes intimidatorias de la Fiscalía, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, decidió revertir las órdenes de inspección del expediente y entrevista con las que había llegado el policía judicial en la mañana. Patricia Linares ha manifestado constantemente su preocupación frente a este ‘choque de trenes’: en el comunicado de prensa, dice que “la Jurisdicción Especial para la Paz es una institución judicial de rango constitucional con autonomía e independencia judicial […] y como tal, debe ser respetada y acatada por todos los colombianos, pero especialmente por sus autoridades.” En esta situación la Fiscalía violó la independencia jurídica de la JEP, pues el fiscal, en el marco de una investigación a unos contratistas de la JEP, ingresó al organismo y lo allanó como si no tuviera un carácter constitucional que lo blinda antes los demás órganos judiciales. Además, se saltó la reserva sumaria de procesos para extraer documentos completos de un proceso. Tercer ataque Según Caracol Radio, Néstor Humberto Martínez emitió una circular interna informando a sus funcionarios que no se puede enviar expedientes a la JEP hasta que quede clara su competencia para esos casos. Este es otro ataque del fiscal a la labor investigativa de la JEP. En la circular dice que “La Fiscalía General de la Nación continuará adelantando investigaciones relacionadas con el conflicto armado hasta que la JEP no asuma competencia. Por lo tanto, todos los expedientes deben mantenerse en la Fiscalía”.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El 28 de octubre Brasil deberá definir presidente en segunda vuelta después de que ayer, 7 de octubre, se llevaran a cabo los comicios de este país. Las votaciones arrojaron como resultado un 46% para el candidato de ultraderecha Jair Bolsonario, quien milita para el Partido Social Liberal; mientras que Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, se quedó con el 29.3% de los electores. En total, Bolsonaro obtuvo 49.275.360 votos y Haddad 31.341.840. Cabe aclarar que en Brasil se necesitan el 50% de votos más uno para ser declarado ganador. Además, según la Constitución de este país la votación es de carácter obligatorio y la Corte Nacional Electoral determina que se sancionará con multa a quienes no voten el día de las elecciones; en caso de no pago se procederá a un arresto. Pero, ¿quiénes son y de dónde vienen ambos candidatos? Jair Messias Bolsonaro El nacido en Glicério —municipio brasileño del estado de Sao Paulo— es conocido por decirle a una congresista que ella “no merecía ser violada por ser muy fea” y de decir abiertamente que “prefiere ver morir a su hijo en un accidente antes que verlo con otro hombre”. El candidato del Partido Social Liberal lleva 27 años ocupando una curul, trasegar que lo ha llevado a cambiar por octava vez de partido político. Bolsonaro recordó la dictadura ocurrida en Brasil entre 1964-1985, pues dedicó su voto para destituir a la expresidenta Dilma Rouseff a la memoria del coronel Carlos Ustra —condenado por torturar sexualmente a las guerrilleras durante el régimen militar—. Bolsonario ha convulsionado el ambiente en Brasil en una visible violencia discursiva sobre las mujeres, la memoria histórica y la comunidad LGBTI, también en su declaración de «poner punto final a todos los activismos de Brasil». El particular aumento en la intención de voto a su favor se dio después de que fue apuñalado durante un acto de campaña en el estado de Minas Generales. El polémico candidato de derecha, después de conocer los resultados el día de ayer, se dirigió al país por medio de un video diciendo que “está seguro de Dios lo ayudará en segunda vuelta”. Fernando Haddad Haddad nació en Sao Paulo y fue alcalde de esa ciudad entre 2013 y 2017. Además, se desempeñó como ministro de Educación en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Justamente, Fernando Haddad fue designado como candidato después de que el 7 de abril el Tribunal Supremo Electoral de Brasil le imposibilitara al expresidente Lula da Silva participar como candidato presidencial. Las elecciones tuvieron lugar el mismo día en el que Da Silva cumplió seis meses de estar recluido en la sede de la Policía Federal en Curitiba por orden del juez Sergio Moro, quien lo condenó a 12 años y un mes de prisión por presunta corrupción. El actual abanderado del Partido de los Trabajadores, Haddad, después los resultados que arrojó el escrutinio, dio a conocer vía Twitter que: «ya hablé con tres de nuestros competidores: Marina (Silva), Ciro (Gomes) y (Guilherme) Boulos ya nos llamaron. Tengo mucho respeto y consideración por todos». La disposición es hacer una coalición para la segunda vuelta del próximo domingo 28 de octubre. De 147 millones de personas que estaban habilitadas para votar hubo una abstención del 20%. Porcentaje que entra en disputa para los comicios de la segunda vuelta. El panorama Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, la preocupante situación del margen de 17 puntos porcentuales de diferencia es casi categórica. Dice que tendría que pasar algo como lo de Costa Rica, en donde ante el miedo que llegara un pastor evangélico, mucha gente que no votó en primera vuelta se avocó a las calles a votar en segunda vuelta. Las elecciones en el país ‘tico’ se llevaron a cabo el 4 de febrero de 2018. Las votaciones en primera vuelta dejaron al candidato de derecha Fabricio Alvarado, del partido conservador Restauración Nacional, con 505,214 votos, que consolidaban un 24.91%; mientras que Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, obtuvo un 21.66 % con 439,388 votos. El 1 de abril, y aún con el vestigio de que en primera vuelta la abstención llegó al 66%, Carlos Alvarado logró voltear el resultado consiguiendo 1,293,668 de votos frente a los 839,092 de Fabricio Alvarado. El candidato del Partido Acción Ciudadana casi triplicó su votación inicial y el abstencionismo se redujo a un 33%. Sin embargo, Ávila enfatiza en que el proceso es complejo, así como lo ocurrido en Chile, donde, a pesar de que a Alejandro Guillier se le sumaron varios sectores, fue imposible detener la victoria del derechista Sebastián Piñera. Las elecciones en el país austral se llevaron a cabo el 19 de noviembre de 2017, Piñera, como candidato del partido Pacto Chile Vamos, logró el 36,64% con 2.416.054 votos frente a los 1.496.560 votos de Guillier, que consiguió el 22,70%. La postura de Guillier fue lograr una coalición para mitigar la diferencia porcentual de 14%. La colación, que se formó para evitar la subida al poder de Piñera, logró una votación de 3.160.225 votos que, sin embargo, fue insuficiente frente a los 3.795.896 votos con los que el candidato de derecha se hizo presidente. Con estos dos panoramas Brasil camina a la segunda vuelta. Para Ariel Ávila, Bolsonario llegaría en un momento en que el precio del petróleo es muy alto y, teniendo en cuenta la crisis económica en Brasil, habrá que ver de qué manera sortea la situación, ya que en su programa sobresale la privatización. Ávila asegura que, con la reciente victoria de Manuel López Obrador en México y una eventual presidencia de Bolsonaro, el mapa de liderazgo en la región quedará muy dividido. Actualmente, Argentina y Brasil, entre otros países, tienen un gobierno de derecha al mando, en donde sobresale la crisis con la que Macri gobierna Argentina. La pregunta es si Bolsonaro puede tener un liderazgo internacional en política, pues al ser un proyecto tan de derecha, es posible que no cale bien en la región. Lo que se defina en Brasil podría afectar la relación con Colombia. Por ejemplo habría que ver qué futuro tiene el papel del país vecino como facilitador de los diálogos de paz con el ELN.

Por: Carol Sánchez. Entender cómo la venta de Cafesalud a Medimás llegó al punto de quiebre en el que está hoy no es fácil. En realidad es una historia que empezó hace más de ocho años, cuando las irregularidades de la que era la EPS más grande del país, Saludcoop, llevaron a que el gobierno la interviniera forzosamente. Desde ese momento los malos manejos de los dineros de la Unidad por Capitación (UPC), recursos que entrega el Estado por cada uno de los afiliados a una EPS, han sido la sombra de cada una de las empresas que hereda los afiliados que tenía Saludcoop. Primero fue Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, que usó los dineros de la UPC para construir canchas de Golf, comprar colegios y suntuosas propiedades que no tenían nada que ver con el servicio de la salud. El desfalco fue de 1.4 billones de pesos, que Palacino y 11 directivos más de la EPS debían pagarle al Estado. Hasta ahora no ha pasado. En septiembre de este año, más de ocho años después de descubrir el desfalco, Palacino fue capturado y enfrentará un juicio por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Después, con la intervención de Saludcoop y la transferencia todos sus afiliados, más de 4.6 millones, a Cafesalud, llegó la era de Guillermo Enrique Grosso, no menos ensuciado de corrupción. Este año la Contraloría General de la República confirmó el hallazgo fiscal por más de $80.000 millones contra Grosso, pues, según el ente de control, el exinterventor de Saludcoop destinó recursos de la UPC en gastos administrativos que no tenían que ver con la esencia del servicio de salud. La venta de Cafesalud a Prestasalud, consorcio que crearía Medimás, también fue muy cuestionada. Tanto el economista y abogado José Roberto Acosta y el senador Jorge Enrique Robledo advirtieron del peligro que esta transacción traería al servicio de salud de los colombianos. Pues, no solo se estaba dejando de cumplir el principio de la multiplicidad de oferentes, sino que también era muy probable que los recursos con los que se iban a pagar los 1.45 billones de pesos a Cafésalud saldrían de la UPC. Es decir, el Estado terminaría pagando la compra de una empresa privada. Las denuncias de Acosta le costaron solicitudes de censura de José Luis Mayorca Castilla, representante legal de Prestasalud. En una carta enviada a El Espectador, donde Acosta publica semanalmente sus columnas, Mayorca le pide al Diario “tomar medidas necesarias” respecto a la actitud del columnista. Sin embargo, los malos manejos eran evidentes, al punto en que en dos ocasiones la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría pidieron intervenir forzosamente la EPS, repitiendo la historia de Saludcoop. Son más ocho años en los que el desfalco al Estado y el detrimento en el servicio de la salud han sido la regla. Para José Roberto Acosta, este podría ser el escándalo de corrupción más grande de Colombia, sin contar en las miles de quejas que cada día presenta el sistema de salud. En esta línea de tiempo le mostramos cada uno de los eventos que encierran este caso que, por ahora, va en la retractación de la venta de Cafesalud a Medimás:

Por: León Valencia, director – Pares Desde el pasado viernes los medios vienen registrando como una novedad política el acercamiento entre Vargas Lleras y el expresidente Uribe, y la mayoría de las notas lo toman como una gran jugada del excandidato presidencial y le auguran éxitos en esta alianza. El Tiempo lo titula: “Germán Vargas toma nuevo aire desde su trinchera”. El artículo reseña varias reformas en las cuales Vargas Lleras busca acuerdos con el uribismo: tributaria, justicia contra la corrupción, reglamentación de la consulta previa, ministerio de la familia, sistema general de regalías, modificación de los procesos de licenciamiento ambiental, legalización de más de dos y medio millones de predios públicos y privados del país; y acceso de los jóvenes a la educación, el trabajo y bonos culturales. No es la primera vez, en el último año y medio, que se vislumbran acercamientos entre estas fuerzas. Hubo un momento de flirteo al inicio de la campaña presidencial con la ilusión de un candidato único, también cuando terminó la primera vuelta y luego cuando se estaba en la conformación de la coalición de gobierno y en la definición de lo que sería la dinámica parlamentaria. Los acercamientos no cuajaron, pero dejaron algunas huellas. En el caso de la segunda vuelta, donde fue evidente que muchos de los acompañantes de Vargas Lleras votaron por Duque, esas huellas favorecieron al uribismo. Se pensó entonces que lo normal era coincidir en una coalición para gobernar el país desde el 7 de agosto. No ocurrió así. Después de algunos forcejeos, Cambio Radical declaró su independencia frente a Duque. Ahora se anuncia un nuevo pacto y es bastante probable que las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical terminen actuando de consuno en el Congreso para sacar varias reformas adelante, porque las coincidencias entre estas dos vertientes políticas en estos puntos son notables. Es factible, incluso, que algunos de estos cambios terminen convertidos en leyes, lo cual alentaría la idea de que es posible una sólida alianza para actuar a lo largo de estos cuatro años y quizás presentarse juntos en algunos lugares en las elecciones de 2019 y buscar luego un acuerdo para las presidenciales de 2022. Pero es muy difícil que hacia el futuro prospere un gran acuerdo y en estos ires y venires el más perjudicado será Vargas Lleras. Ya se equivocó de plano al apartarse de la coalición de gobierno de Santos, adoptar un discurso de derecha dura e irse lanza en ristre contra algunos puntos claves del acuerdo de paz. Tenía la esperanza de ganar el apoyo de la gran franja electoral que respaldó el No en el plebiscito y al final terminar recibiendo la adhesión de la mayoría de los uribistas. No fue este el resultado de su maniobra. Uribe siguió siendo el gran gallo en el gallinero de las fuerzas de derecha y consiguió un candidato propio para retornar al poder. Las campañas electorales que se avecinan repetirán algunas imágenes de las presidenciales del 2018. Si el Centro Democrático hace un gran gobierno tendrá mucho chance de continuar en el poder en 2022 y buscará, sin duda, en su interior, o en el lado conservador de Martha Lucía Ramírez, al candidato para esa competencia. Si a Duque le va mal y termina en el desprestigio, todas las fuerzas de oposición, las de izquierda o las de centro derecha, tendrán una gran oportunidad. La declaración de independencia de Cambio Radical, en el marco del Estatuto de Oposición, llevó a pensar que Vargas Lleras dedicaría estos años a mantener la crítica y la distancia del gobierno de Duque para disputarle a la izquierda el lugar de la oposición y, desde esa postura, perfilar su candidatura en 2022. Al parecer está dando marcha atrás en este camino. Otra vez la llevará agua al molino del uribismo. Ya hizo lo mismo en la campaña de 2002 y en el primer mandato de Uribe. No sacó de allí muchos réditos. Los mayores éxitos los obtuvo cuando se distanció de Uribe y llegó hasta la vicepresidencia del país como fórmula de Santos. Quizá este nuevo acercamiento entre Uribe y Germán Vargas beneficie a la izquierda que estará sola en su labor de oposición y podrá lucirse en su crítica a la clase política que de una manera u otra termina coaligándose y repartiéndose el poder a pedazos. Pero esto no le llegará a la izquierda por inercia. Tendrá que esforzarse mucho para estructurar una crítica seria, unas iniciativas legislativas de calidad, unas alianzas políticas estables y duraderas y una convocatoria ciudadana persistente y eficaz.

Por: Diego Alejandro Restrepo y Zabier Hernández, investigadores de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto. “A las 10: 15 a.m. empezaron las ráfagas de fusil y metralla. Los campesinos entraron en pánico y se escuchaba en medio de la balacera: “paren el fuego, somos campesinos””, relato de la masacre. Impacto de metralleta, El Tandil, 2017. Fotografía: Zabier Hernández. En la mañana del 5 de octubre de 2017 los campesinos cocaleros de la vereda El Tandil, ubicada dentro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en Tumaco, se disponían a protestar debido a la erradicación forzada emprendida por la Policía Antinarcóticos, cuya base se encontraba en la parte alta de la montaña. Su propósito, según versiones locales, era realizar un cerco civil humanitario como protesta frente a la erradicación de coca cuando ya se habían realizado acuerdos voluntarios para la sustitución de cultivos en el marco de la implementación del PNIS. Sobre las 9:00 a.m., los campesinos se acercaron más a la base de la Policía, sus líderes solicitaban una mesa de diálogo para facilitar alternativas frente a la problemática. Sin embargo, nadie de la institución respondió a la petición del grupo de cultivadores. Mientras eso sucedía, cientos de ellos esperaban en la parte baja de la montaña. “A las 10: 15 a.m. empezaron las ráfagas de fusil y metralla. Los campesinos entraron en pánico y se escuchaba en medio de la balacera: “paren el fuego, somos campesinos””. Árboles cortados, El Tandil, 2017. Fotografía: Zabier Hernández. Producto de la angustia y la desesperación, huyeron montaña abajo mientras se escuchaban los impactos de las balas en los árboles y los gritos de las personas que caían heridas y muertas en estos confusos hechos. Los campesinos asesinados en esta masacre fueron Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años; Jaimen Guanga Pai, de 45 años; Alfonso Taicús Taicús de 32 años e Iván Darío Muñoz Echavarría, de 39 años. Otras 23 personas resultaron heridas. Iván Darío Muñoz Echavarría había llegado desde el municipio de Valparaíso, departamento del Caquetá, desde hacía 10 años. El 5 de octubre fue uno de los que se acercó a la base de la Policía antinarcóticos buscando el diálogo y recibió los primeros impactos de bala de fusil, que lo tuvieron 17 días en cuidados intensivos en el hospital departamental de Pasto, hasta que, finalmente, murió el 22 de octubre del mismo año. Iván Darío Muñoz, tomada de redes sociales El pueblo Awá también vivió la tragedia en carne propia, Jaime Guanga Pai, del Resguardo Indígena Awá de Gran Rosario, y Alfonso Taicus Guanga, del Resguardo Indígena Awá Quejuambi Feliciana, vivían cerca del sector donde se desarrolló la masacre y ese día se habían sumado a las protestas contra la Policía. Según la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá – UNIPA, ellos «hacen parte de las más de 350 víctimas que en los últimos 15 años ha dejado esta guerra, la cual parece no tener fin. Hoy quedan dos mujeres viudas, niñas y niños huérfanos que son estudiantes de los centros educativos Awá Quejuambí Feliciana». Versiones encontradas Según las versiones de lo sucedido aportadas por el Ministro de Defensa de ese entonces, Luis Carlos Villegas, los policías antinarcóticos fueron atacados con “tatucos” (cilindros bomba artesanales) por hombres de ‘Guacho’, quien hasta el momento era una persona desconocida para la opinión pública, de este modo, la Policía abrió fuego para defenderse del hostigamiento. La misma fuente afirmó que los campesinos habían salido a protestar instigados por el Frente Óliver Sinisterra, al mando de Guacho, con el propósito de impedir el avance de la erradicación forzada. Por su parte, los campesinos aseguran que la Policía antinarcóticos disparó contra ellos cuando estaban desarmados y que, en el lugar de los hechos, no explotaron bombas ni tampoco hubo fuego cruzado, es decir, que la masacre había sido perpetrada por hombres de la fuerza pública. Si bien el discurso del Ministerio de Defensa giró en torno a la culpabilidad del grupo armado de ‘Guacho’ que derivó en la militarización de Tumaco, la Fiscalía inició investigaciones de manera lenta y reservada que poco a poco le daban más fuerza a la versión de los campesinos cocaleros. De hecho, 100 policías fueron relevados de sus puestos y 14 miembros del Ejército fueron retirados de sus cargos. En el mes de diciembre de 2017, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a Javier Enrique Soto García, en ese momento comandante Núcleo Delta de la Policía Nacional, y a Jorge Niño León, entonces comandante del pelotón Dinamarca I del Ejército Nacional, adscrito al Batallón Pichincha de la tercera Brigada. Transcurrido un año de la tragedia, aún la Fiscalía no ha presentado ante la opinión pública los resultados de su investigación. Las promesas de acciones realizadas por distintos sectores de la institucionalidad, como es el caso del entonces vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, y el Ministro Villegas no tuvieron eco en la población tumaqueña. La situación del puerto no se ha transformado de manera sensible, al contrario, su militarización profundizó la crisis de legitimidad de la fuerza pública frente a las comunidades y agudizó las tensiones armadas, especialmente en la zona rural. Grupos armados ilegales A la compleja situación de legitimidad de la fuerza pública de Tumaco, se le suma la proliferación de grupos armados ilegales. Para el momento de la masacre, el municipio contaba con alrededor de ocho actores armados ilegales en zona rural, tal y como se ve en el mapa de hace un año. Algunos grupos ya tenían presencia en el territorio y se fortalecieron después de la salida de las FARC, otros empezaron a configurarse con excombatientes de los extintos frentes de la guerrilla que operaron en la zona. Así las cosas, la disputa por hacerse a toda la cadena de producción y distribución de la cocaína trajo consigo una oleada de violencia a toda la Costa Pacífica nariñense. Hoy la situación de seguridad ha cambiado. En la cabecera municipal de Tumaco el Clan del Golfo y Gente de Orden han logrado capturar la criminalidad en favor de sus intereses. En la zona rural de Tumaco el Frente Óliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico han logrado hacerse al control de territorios, economías ilegales y rutas, y también dieron inicio a una confrontación por la hegemonía de las rentas. El Ejército ha realizado distintas operaciones en la Costa Pacífica nariñense, como la baja de alias ‘David’, cabecilla de Guerrillas Unidas del Pacífico y, según sus versiones, también hirieron a ‘Guacho’, lo cual tuvo gran impacto mediático, pero nunca apareció su cuerpo ni una fuente adicional al Ejército que pudiera constatar la información. Sin embargo, las múltiples incursiones armadas de la fuerza pública no han transformado la situación de zozobra de las comunidades ni los grandes problemas de fondo que padece el municipio, es más, habiendo una crisis de legitimidad de las instituciones policiales y militares, éstas se leen como un actor más del conflicto debido a los ataques constantes a la población civil. En resumen, ha pasado ya un año de la masacre del Tandil y el Estado ha realizado compromisos con la población tumaqueña que ha incumplido de manera sistemática, entre ellos, los retrasos en pagos y asesorías técnicas del PNIS con el propósito de sustituir la coca, sin contar que los raspachines no han sido tenidos en cuenta. La Fiscalía, por su parte, o no ha tenido interés en investigar o los resultados que tiene van en contravía de la institucionalidad. Es difícil de creer que un pueblo que ha sido olvidado y constantemente victimizado sea también víctima de una Policía al servicio de intereses ajenos a las comunidades, más complejo aun cuando son estas las instituciones encargadas de “velar por la seguridad de los ciudadanos”. A un año de la masacre, la violencia Estatal en respuesta de la violencia que, al parecer él mismo provocó, no ha tenido ningún impacto en la seguridad de los tumaqueños, al contrario, se agudizan las tensiones entre comunidades y fuerza pública por acciones tan absurdas como la aspersión aérea con drones. Es necesario replantear las estrategias del Estado en el territorio que deriven en una presencia social que pueda, en medio de la diversidad, articularse a los procesos locales y buscar vías de desarrollo desde las trayectorias de sus comunidades. Tumaco no necesita más violencia, necesita agua potable, necesita servicio de energía de calidad y no mediada por carteles políticos, necesita salud, educación y oportunidades para los y las jóvenes. Recordamos a los campesinos víctimas de la masacre de El Tandil y esperamos que la Fiscalía y el Estado también lo hagan.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El pasado viernes 28 de septiembre de 2018 el partido FARC anunció que entregaría información de 128 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado de más de medio siglo. La entrega se hará en los próximos días en un acto público, donde la información georeferenciada será suministrada a la Cruz Roja Internacional. Además, el 30 de septiembre se llevó a cabo la primera entrega de 25 predios —65.540 hectáreas— por parte de la FARC para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Estos predios están ubicados a lo largo del territorio nacional en los siguientes departamentos: Magdalena (Algarrobo), Norte de Santander (San Calixto y Tibú), Arauca (Arauquita), Bogotá (Sumapaz), Meta (Mapiripán, La Macarena, Cartagena de Chairá), Caquetá (Millán, Puerto Rico, San Vicente del Caguán) y Chocó (Riosucio). Para Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, las entregas demuestran el compromiso y el reclamo de cumplimiento que su partido le hace al gobierno. El panorama según Alape va desde el incumplimiento a las víctimas con las circunscripciones especiales de paz hasta las complejidades que se han presentado en lo legislativo respecto a la reforma rural integral. Esto no ha permitido, entre otras cosas, que las víctimas regresen a sus territorios ni implementar efectivamente la restitución de tierras, uno de los pilares del Acuerdo. Tal como está el panorama, podría decirse que el Estado no ha dado las garantías para que se pueda ejecutar estas actividades. “La disposición es total por parte de nosotros, para poder suministrar información y completar la verdad, y así reparar a las víctimas de desaparición forzada. En el centro, decimos con seriedad, deben estar las víctimas para la resolución de conflictos de esta compleja guerra. Acá se deben sumar todas las voluntades y las manos y construir la paz con la implementación”, afirma Alape. Pares habló con Pastor Alape sobre la entrega de información de los desaparecidos y de los predios: ¿Cómo se está trabajando la entrega de información por parte de FARC? Se viene trabajando con un equipo de trabajo componente en el que está el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UPDB). Tenemos una grave situación ya que la UPDB todavía no tiene presupuesto y eso le imposibilita desarrollar las acciones de territorio. Hemos hecho una serie de compromisos en territorio, por ejemplo, en Granada nos comprometimos a ayudar en la búsqueda de las personas que quedaron bajo responsabilidad nuestra. El compromiso es ampliar ese espacio con las organizaciones para todo el universo de víctimas del conflicto; tanto personas desaparecidas por parte del Estado, los paramilitares y toda la gama de situaciones de violencia que se presentaron en el oriente del país, específicamente, para este caso. De igual manera en el nordeste antioqueño, en el Urabá y en el Meta se han venido desarrollando una serie de actividades con las uñas. Los temas logísticos y de financiación son complejos para poder desarrollar esa parte del componente del sistema integral de Justicia, Verdad, Reparación y garantías de No Repetición. ¿Qué contratiempos hay para continuar con el suministro de información? El problema es esta entrega de información está paralizada porque no hay un presupuesto para poder ejecutar todas las operaciones que demanda esta actividad. Inclusive, hay dificultades en la misma organización de los informes, es decir, de poder establecer en cada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y los nuevos asentamientos la documentación de todos los casos. Teniendo en cuenta el universo de víctimas, ¿cómo se articula FARC con los mecanismos creados en el Acuerdo? Además del equipo de trabajo con la CIRC, Medicina Legal y UPDB, hay dos aspectos, el primero es que todas nuestras acciones y actividades en dirección a la búsqueda de las personas se proyectan en coordinación con las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos en los territorios. El otro aspecto es el tema de verdad, que es un capítulo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, por eso el sistema es integral. La Comisión, además de la UPDB y la JEP van avanzando muy lentamente La Comisión de la Verdad sufre una campaña de desprestigio por parte de sectores que se oponen al proceso, desestimando sus funciones. De igual manera, la JEP no ha podido montar el sistema autónomo de defensa, el cual debe garantizar en derecho la defensa de los exintegrantes de las FARC-EP, dado que nosotros no disponemos de recursos para garantizarla. ¿Cómo es la relación con la Cruz Roja en el proceso y entrega de información? Eso es una reunión que se hace, la Cruz Roja tiene parte de esa información de la documentación que ha venido recogiendo con víctimas. De igual manera, la información que nosotros recogemos tanto de comunidades en región, como de exintegrantes de la organización que murieron y cuyos cuerpos todavía no han sido entregados a sus familias y fueron enterrados como NN o en fosas comunes se entrega para el proceso que le corresponde a Medicina Legal de cotejo de identidades. ¿Qué actores deben incluirse en este tipo de procesos de entrega de información? Por supuesto que lo primero son las cortes constitucionales, que permiten que se desarrollen estas actividades en el marco de acciones humanitarias. Aquí es una responsabilidad del Estado, que tiene que brindar todas las condiciones y la información. Estamos, además, solicitando la información de las Fuerzas Militares y de la Policía, de igual manera de otros actores como los paramilitares. ¿Qué papel juega las condiciones de seguridad para desempeñar estos esfuerzos? Esa es otra dificultad que tenemos cuando entramos a territorio, las mismas dinámicas que se establecieron por la falta de presencia del Estado en los territorios que nosotros dejamos. Se dificulta la entrada por la situación de inseguridad. Sobre la entrega de los 25 predios, ¿cómo se da el proceso de recolección de información y entrega efectiva? Se mantiene un espacio de planeación de las operaciones dirigidas a buscar predios, ya en todo este proceso, hasta el momento, hemos entregado aproximadamente 255 mil gramos de oro, 2.114 millones de pesos en efectivo, 450.000 dólares, unas 250 cabezas de bovinos, 134 kilómetros de carreteras y más o menos unos 113 inmuebles. Del Acuerdo, se estableció que lo que denominamos economía de guerra se ponía a disposición del Estado para establecer un fondo fiduciario que permitiera reparar a las víctimas y aportar en el proceso de reincorporación. ¿Qué hacen en los espacios de planeación? Lo que se hace en este espacio de planeación es definir las zonas en las que se van a desarrollar las actividades, se establecen las coordenadas. Ya le corresponde al Estado definir si esos predios estaban en zonas protegidas, en baldíos y demás. La mayoría de esos predios fueron construidos en zonas de baldíos porque era parte del control que se tenía en el desarrollo del conflicto. Nosotros lo que hacemos es mostrar los sitios donde están habitados, se hacen los acuerdos de quienes los habitan los predios y, ya le corresponde al Estado el correspondiente seguimiento de definición. ¿Cómo es el proceso de ejecución de trabajo y qué dificultades hay? Se planifica y, de acuerdo con el personal que sea ubicado en las diversas áreas, se parte a las regiones a hacer el análisis y la visita al territorio. La dificultad que se presenta es por temas de seguridad, ahora, precisamente estábamos evaluando cómo ir a recoger una información sobre unos predios en el Magdalena Medio y, estamos buscando un plan dado que ahí mantienen unas estructuras del ELN. Entrar con los organismos competentes a esos territorios genera situaciones complejas de seguridad. Después de entregada la información, ¿qué tratamiento se le da a la información suministrada? Los casos se le dan a la entidad que recibe y a ellos se les da la información, se revisa en qué condiciones fue adquirido el predio, si fue adquirido por recursos propios o no. De allí se desprenden las dinámicas para aclarar. Lógicamente, habrá gente que en este proceso pueda argumentar que no se le compró el predio. Hay otros predios que fueron entregados a comunidades donde hicieron sus viviendas, escuelas, muchos fueron englobados aparte, esa tipificación en fundamental. ¿Cómo contribuye a la reparación la entrega de predios? Hace parte de nuestro compromiso de brindar verdad del conflicto, para poner a disposición del Estado y que puedan recuperar posibilidades de desarrollo productivo en las regiones. La reparación no implica solamente hacer actos de reconciliación, sino que es un proceso que transforme las condiciones económicas, sociales y culturales en la región, que permita que la gente vuelva a los territorios de las personas que fueron objeto de desplazamiento que implicó el conflicto. ¿Qué voluntades deben sumarse a este propósito? Aquí tienen que sumarse las instituciones del Estado, que pueda implementar concretamente de los temas que se estableció en el Acuerdo, de la adjudicación de las tierras y la titulación. Es decir, la formalización de las tierras, las propiedades de los campesinos para que ellos puedan tener acceso al crédito y demás marcos institucionales. Para eso, deben intervenir el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales y el Estado en general. ¿Hay proyecciones de más entregas? Sí, por supuesto que estamos en este proceso de los proyectos de entrega, eso no ha terminado todavía.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Una reciente investigación de la Fundación Paz y Reconciliación nos muestra una cara, no muy conocida, de Medellín. Los hallazgos son más que increíbles. En primer lugar, cerca del 70 por ciento de la ciudad paga extorsión bajo la disculpa de un servicio privado de seguridad. Es tan normalizado este pago, que para muchos ciudadanos es un impuesto más. Por otro lado, todas las autoridades lo saben y no dicen, ni hacen nada. Un algo así como un silencio cómplice. Sobre la extorsión, la hay de todos los tipos. Algunas casas en los sectores más pobres pagan 2.000 pesos semanales, otras pagan 20.000, algunos locales comerciales pagan desde 100.000 hasta 2.000.000 de pesos: el trasporte público, pensionados, todo el mundo paga. La cosa es tan dramática que en medio de la investigación hubo dos hechos que muestran la magnitud del fenómeno. Por un lado, en varios sectores de la ciudad se comprobaron casos en los cuales los combos sacaban a propietarios de casas y los obligaban a desplazarse a otro sector. Los combos, luego, proceden a arrendar esas casas a otras familias o más recientemente a población venezolana. En una sola casa llegan a meter hasta 20 personas, también arriendan colchonetas y pedazos de cuartos para que duerman. Si aparece algún comprador para la casa, la pueden vender, luego buscan al anterior dueño, lo obligan a firmar escrituras y a cambio le dan una parte de la plata, nunca más del 30 por ciento del valor por el cual la vendieron. El otro caso dramático fue un centro cívico ubicado en el centro de la ciudad, allí, literalmente, los combos sacaron a los dueños del predio, se instalaron de forma permanente y cobran a los comerciantes que tienen arrendados los locales el alquiler. Además, es un predio que lo ha tomado como oficina de cobro, allí llega cualquier ciudadano a pagar su cuota mensual o semanal. Lo complicado del caso es que la ocupación criminal del predio se dio luego de que un concejal promoviera que la administración municipal comprara ese inmueble. Los diferentes combos administran la seguridad, cuidan algunos sectores de ladrones, intimidan a los habitantes de la zona, regulan la entrada y salida en algunos barrios, y en zonas comerciales cuidan de los clientes de los bares o restaurantes. Son algo así como una policía paralela. Sin embargo, ahora que la antigua Oficina de Envigado, llamada La Oficina, está en guerra interna, la situación se ha complicado, ya que muchos comerciantes deben pagar a dos combos diferentes en algunos sectores que se encuentran en disputa. También se debe decir que el alcalde de Medellín funge como el gran hombre que lucha contra el crimen y dice que en Medellín todo está bien, o por lo menos, cada vez mejor. Es muy raro, casi siempre en Medellín la población apoya al acalde, haga lo que haga lo respaldan, no hay crítica, no hay cuestionamientos, nada de nada. Es un silencio increíble. Pero a pesar de que al secretario de Seguridad de la administración de Federico Gutiérrez lo capturaron por presuntas relaciones con un sector de La Oficina, hoy la popularidad del alcalde ronda el 80 por ciento. Las estrategias de seguridad son de las más tradicionales y obsoletas en esta materia. Se han dedicado a las capturas de varios alias generando mayores disputas criminales, lo cual a su vez lleva al aumento de las extorsiones. Pero estas acciones de capturas no las acompañan de estrategias para atacar los problemas de fondo, como el lavado de activos, el funcionamiento de los mercados ilegales o los enlaces institucionales de los criminales. Tampoco controlan el turismo, que es uno de los factores que mayor ganancias le deja a los criminales, pero rubro del cual toda la ciudad legal se beneficia. Es una gran tragedia, decenas de jóvenes caen en estas redes, generación tras generación, siempre lo mismo.

Por: Juanita Sánchez Alayón, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El 10 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia del caso 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá y 14 hombres más que habitaban en el municipio de Soacha y fueron presentados hace diez años como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Los hechos ocurridos en 2008 hicieron parte de una práctica ilegal que involucró a miembros de la fuerza pública bajo la idea de mostrar resultados efectivos en la confrontación con la guerrilla. Los casos son mal llamados ‘falsos positivos’ y hacen referencia a miles de civiles inocentes que fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Seis años después, en el 2014, la Fiscalía reconoció haber recibido 4.716 denuncias de asesinatos por parte de agentes pertenecientes de la Fuerza Pública, de los cuales 3.925 correspondían a ‘falsos positivos’. Este año, Omar Eduardo Rojas, oficial retirado de la Policía, afirmó que la cifra podría llegar a 10.000 casos. En el caso de estos cinco jóvenes de Soacha, la JEP citó a 14 militares que habían solicitado ser acogidos en el tribunal especial en el mes de febrero y cuya petición fue aceptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; los cuales son: mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, sargento Medardo Ríos Díaz, coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, cabo Richard Armando Jojoa Bastidas y los soldados profesionales Mauricio Cuniche Delgadillo, Jhon Anderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez, Ferney Grijalba Flor, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Luis Alirio López, Nixon Arturo Cubides y José Adolfo Fernández Ramírez. En el 2017, estos militares fueron condenados en justicia ordinaria por homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir, donde las condenas oscilaban entre 37 años para aquellos que tenían menor responsabilidad, y 42 y 52 años de prisión para los más implicados. Los miembros de la fuerza pública se comprometieron a aportar con la verdad y a la reparación con el fin de recibir los incentivos de la JEP: libertades condicionadas, traslados de lugares de reclusión o eliminación de órdenes de captura. Las familias víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se vieron inconformes con el traslado de los casos de la justicia ordinaria al sistema de justicia transicional, pues creen que los casos son tratados como crímenes de guerra cuando en realidad son crímenes de Estado. Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, manifestó su rechazo al proceso dentro de la JEP, pues considera generaría impunidad en los casos de los ‘falsos positivos’ y no se justifican los privilegios hacia las personas que mataron a sus hijos. Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, considera que el tribunal no tiene las herramientas necesarias para juzgar los delitos, por lo que mantiene la esperanza de que su caso llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, aseguró, por su parte, que: «La verdad que ellos van a decir no es una verdad auténtica. Queremos que, por medio de la JEP, si es posible, aparezcan los verdaderos culpables, que no nos vayan a decir que fueron solo ellos y que nos pidan perdón, porque no lo vamos a aceptar. Los altos mandos tienen que presentarse aquí y ellos son los que tienen que pedirnos perdón públicamente, para esclarecer que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Nosotros no estuvimos ni somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Estado». La unión y la organización de las madres de Soacha representan una lucha de diez años por la memoria, la paz, la justicia, la reparación y la no repetición de estos hechos en el país. Por esa razón esperan verdad por parte de los militares para que el proceso prospere, al igual que la justicia frente al sometimiento de estos individuos. De lo contrario, para ellas, la reparación integral no se llevaría a cabo. «Lo que pido es que a estos militares los condenen, porque nosotras hemos andado con este viacrucis diez años y ellos están libres en la calle como si no hubieran hecho nada», Rubiela Giraldo, mamá de Diego Armando Marín.