Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Algo que parecía muy lejano, e incluso estúpido, ahora parece más cercano que nunca. En la última semana, varios de los factores necesarios para una confrontación militar entre Colombia y Venezuela se han juntado. Por un lado, el Gobierno colombiano ha diseñado una estrategia militar en caso de alguna confrontación. De hecho, en el presupuesto nacional se ha contemplado un aumento de recursos para el sector defensa con el fin de adquirir baterías antiaéreas. También, el embajador colombiano en Estados Unidos ha dicho que no se descarta una salida militar. La oposición venezolana en Colombia no hace más que presionar para que se haga una intervención. El Gobierno venezolano está ávido de una crisis con Colombia para aliviar sus problemas internos, también tienen planes militares avanzados. Para cerrar este círculo, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre ambos países están ocupados por diferentes organizaciones criminales y grupos armados ilegales, a los que les interesa el desgobierno. Cualquier acción suya podría prender la mecha. El balance de la frontera es el siguiente. En primer lugar, en la frontera entre Colombia y Venezuela se viene presentando un proceso que se podría llamar de desinstitucionalización. Del lado colombiano, varios de los departamentos fronterizos han sido administrados por el crimen organizado. Por ejemplo, Francisco Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, fue condenado por múltiples homicidios y se le investiga por otros tantos, además de por relaciones con narcotraficantes. En ese departamento, centenares de niños han muerto por hambre y sed en los últimos años. También los paramilitares, en su momento, eligieron al gobernador del César, Hernando Molina. Ramiro Suárez, exalcalde de la ciudad fronteriza de Cúcuta, está preso por presuntas relaciones con criminales. En Arauca el panorama es parecido. Del lado venezolano, ni qué decir, sencillamente el Estado no funciona. La policía de Maracaibo es de las más corruptas del mundo. La Guardia Nacional está involucrada en el contrabando de alimentos y tráfico de drogas. En las alcaldías no hay dinero y no se tienen las mínimas condiciones para administrar la frontera. En segundo lugar, actualmente por la frontera entre Colombia y Venezuela sale, por lo menos, el 15% del total de la cocaína que produce el país. En la frontera operan organizaciones criminales colombianas, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, varias estructuras celulares que quedaron de Los Zetas, dos carteles dominicanos y al menos tres carteles venezolanos, todos ellos involucran agentes institucionales. Del lado colombiano, la zona de Arauca y el sur de Norte de Santander, es dominado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al igual que la región del Catatumbo. Por su parte, el Clan del Golfo domina el área metropolitana de Cúcuta, algunas zonas del Cesar y La Guajira. Además, en La Guajira opera la denominada Oficina del Caribe. Todos ellos trabajan a sus anchas en la frontera. En tercer lugar, la frontera no es administrada por criminales únicamente por el narcotráfico. De hecho, la situación es más compleja. Se cree que mensualmente pasan de Venezuela a Colombia miles de galones de gasolina de contrabando. Hay municipios enteros que viven del contrabando. En Venezuela un galón de gasolina se paga con monedas y en Colombia cuesta aproximadamente tres dólares. También, como derivada de la migración, se han creado redes de trata de personas: camiones y buses que salen todos los días con venezolanos con destino a Perú o Ecuador. Pero tal vez el principal mercado que ha crecido de forma vertiginosa es el contrabando de alimentos. Hasta en Bogotá se consiguen productos venezolanos. Todo este contrabando es administrado por agentes estatales venezolanos. Una confrontación militar es algo realmente estúpido, no traería nada positivo, la situación humanitaria empeoraría, al igual que la situación de seguridad. Pero claro, también se debe decir, que se habla mucho de una “intervención” en Venezuela, pero poco se ha discutido sobre el significado práctico de esa palabra.

Por: Sergio Saavedra y Mateo Quintero, Redacción Pares Casi medio año después de la captura de Jesús Santrich (9 de abril de 2018) en un operativo en el que allanaron su casa por el supuesto delito de planear el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el Fiscal Néstor Humberto Martínez dio a conocer a la opinión pública que los videos y audios prueba no los tenía la Fiscalía General de la Nación, sino las autoridades judiciales de Estados Unidos. En una carta enviada el pasado martes 25 de septiembre a Jesús Ángel Bobadilla, presidente de la Sección de Revisión de la JEP, el Fiscal aseguró que hizo entrega del expediente en contra del miembro de la Dirección Nacional de la FARC al tribunal especial. Sin embargo, faltaban los audios y los vídeos, lo que dejaba incompleta la solicitud que hizo la JEP para la revisión del ‘material probatorio’. Sorpresivamente, el 1 de octubre de 2018 en las horas de la noche y, ante la incertidumbre sobre el paradero de las pruebas, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía se anunció que se entregaron 12 audios para que la JEP active la revisión del material. A partir de ese momento se cuentan 120 días para que la Jurisdicción determine la fecha en la que ocurrieron los supuestos delitos de Santrich. Las cosas están de la siguiente manera: si se determina que la conducta de los hechos ocurrió después de la firma del Acuerdo de Paz, Santrich perdería los beneficios de la Jurisdicción Especial y su caso iría a la justicia ordinaria; en caso contrario, es decir, si los hechos ocurrieron antes del primero de diciembre de 2016, el caso iría a la Sala de Reconocimiento, de Verdad y de Responsabilidad de la JEP. Hoy por hoy se recuerdan las declaraciones del Fiscal, quien dijo que tenía pruebas «contundentes» de delitos cometidos por Jesús Santrich después de la firma del Acuerdo. Sumado a este panorama, el pasado domingo 30 de septiembre, el Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá le negó por cuarta vez el recurso de ‘habeas corpus’ por medio de cual Santrich pedía su libertad. El exnegociador del Acuerdo de Paz continúa en la cárcel La Picota de la capital de la república. ¿Qué vendrá para el caso Santrich? Le presentamos una línea de tiempo con cada suceso relevante hasta el momento:

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares. El día de ayer, 1 de octubre de 2018, la Comisión de Paz del Senado de la República recibió una carta escrita por Iván Márquez y ‘El Paisa’. Seis meses después de la incertidumbre que se generó en los medios de comunicación sobre el paradero de los militantes del partido FARC, se rompió el silencio en una carta que expresa, entre otras cosas, que “vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días”. Márquez y ‘El Paisa’ abandonaron el espacio de reincorporación en Miravalle, Caquetá, hace ya medio año, justo después de la captura de Jesús Santrich, pues, para los dos exguerrilleros, este hecho representó un panorama de inseguridad jurídica. Sin embargo, el pasado 22 de septiembre—día del octavo aniversario del asesinato de Jorge Briceño— redactaron la carta y sentaron críticas a la forma en que se está implementando el proceso de paz. La Comisión de paz del Congreso, a quién va dirigida la carta, está encargada de estudiar, analizar y realizar todas las gestiones que, de acuerdo con sus funciones, sean viables para alcanzar la paz en Colombia. Esta comisión se compone de 15 senadores: 2 del Polo Democrático, 3 del Partido de la U, 2 de la Coalición Lista de la Decencia, 3 del Partido Liberal, 1 de Alianza Verde, 1 del Partido Conservador, 2 del Centro Democrático y 1 del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y en sesión extraordinaria, examinará las apreciaciones de Márquez y ‘El Paisa’. Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, la carta puede tener múltiples interpretaciones y cada sector político lee el párrafo que le conviene. Sin embargo, todo parece indicar que ambos exjefes guerrilleros, y ahora militantes del partido FARC, están buscando un camino para volver al proceso. «Su radicalización se ha ido y han entendido que, a pesar de los problemas de la implementación, siempre será mejor la paz que la guerra», afirma Ávila. Pero ese camino para volver al proceso de paz depende al menos de tres cosas, según Ávila: primero, el tema de seguridad jurídica, que tal vez es la razón que explica la cantidad de mandos medios que se han ido a la disidencia. Todos ellos, antes de irse, argumentaban inseguridad jurídica, pero también de fondo la petición es que se aclare el caso Santrich; segundo, se requiere un gran impulso al proceso de implementación de los acuerdos de paz, comenzando por la reincorporación y, por último, es necesaria una discusión profunda del partido FARC, para que soluciones sus problemas internos. Esta fue la carta que enviaron Márquez y ‘El Paisa’:

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El balance es más negativo que positivo en estos casi tres años de la administración Peñalosa. Al final, las grandes obras que se esperaban no van a salir, en el mejor de los casos las dejará en licitación o apenas abriendo huecos. Por ejemplo, del famoso Senderos de los Cerros no hay nada, está en ceros, ni siquiera tiene la licencia ambiental. El nombrado Malecón del Río Bogotá no existe, tampoco hay nada. La troncal de la séptima tiene, por lo menos, un año de retraso y lo del Metro tiene tres, todo debido a que la actual administración cambió o tiró a la caneca de la basura los adelantos importantes del metro subterráneo. La troncal de la 68 apenas está en fase de estudios, difícilmente antes de 6 meses saldrá a licitación. En fin, casi todo se quedó en promesas. En la Secretaría de Integración Social solo dos años después de arrancar la administración se entendió lo que era una política social, antes era tomar fotos en barrios populares de Bogotá. Por ejemplo, por varios meses la política social del habitante de calle era bañarlos, afeitarlos, darles una comida, obviamente tomarles una foto y luego sacarlos de nuevo a la calle. En la Secretaría de Educación se tiraron al traste todos los avances de las anteriores administraciones, por ejemplo, el gran sistema de Información que se construyó, el más grande de Latinoamérica, se olvidó. Y así sucesivamente. Ahora, la administración Peñalosa ha tomado como grandes políticas tumbar árboles, matar palomas e insultar a cualquier analista y periodista que los critique. Todos estos problemas se derivan de dos cosas: por un lado, una inoperancia institucional, que también podría llamarse ineptitud de varios funcionarios; por otro lado, una serie de instrumentos públicos que ponen en aprietos cualquier arranque de obra, instrumentos que causan los mismos efectos en diferentes ciudades del país. En todo caso, el tema de fondo es que la administración Peñalosa se eligió bajo el argumento de que Bogotá necesitaba un gerente y no un político. El argumento desde el inicio era peligroso, ya que la administración pública no es lo mismo que administrar una empresa o la administración privada. Confundir ambos conceptos provoca fenómenos de Estados Corporativos, donde intereses privados se imponen sobre el interés general. También, tal confusión, lleva a que sucedan cosas como las de la Secretaría de Integración Social, donde la anterior secretaría Consuelo Araujo, no había visto un pobre a menos de tres metros de distancia, pero la ponen en la cabeza de la entidad encargada de la protección a población vulnerable. Pero lo que comprueban estos casi tres años de administración es que se debe cumplir la regla general que se conoce desde finales del siglo XIX en la académica; y es que deben existir profesionales de la política y profesionales de lo público. Hacer de la burocracia pública una profesión. Ese cuentico reforzado de que los “gerentes” pueden solucionar lo público casi siempre ha salido mal, muy mal. Lo dramático es que no se ha aprendido. Estamos a un año de la elección del nuevo alcalde o alcaldesa de Bogotá, la pregunta es si se cometerá el mismo error, o mejor, si nuevamente la ciudadanía se va a dejar meter el cuento del gerente, sin preguntarse por el interés público y general. Malos administradores hay en lo público y en lo privado, la corrupción se da en el sector público y privado, no es que uno sea mejor que otro, pero lo que se debe tener en cuenta es que no es bueno confundirlos, esas distracciones mentales salen mal.

Por: Angélica Gutiérrez, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares El 28 de junio, la JEP presentó el documento “Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones” en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR), en el que se plantea una “metodología de aplicación y definición de prioridades” para tratar los casos que son competencia de la JEP. Además, se especifica que un criterio clave para la priorización es la sistematicidad en planes, políticas, y patrones de conducta en crímenes. Es por esto que uno de los primeros casos escogidos fue el de las ejecuciones extrajudiciales, o los mal llamados “falsos positivos”. El 18 de julio se expidió el auto 005 de 2018 en donde se abre el caso 003 en la JEP, referente a las ejecuciones extrajudiciales. Menos de una semana después, el 23 de julio, la Jurisdicción afirmó que, en un principio, llamaría a versión a 1.750 militares que se han presentado voluntariamente a comparecer por estos casos, en especial los que pertenecieron a las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército Nacional. Cifra que se contrasta con los más de 3500 guerrilleros que han sido llamados. Otras de las razones para priorizar este caso del conflicto armado fueron los criterios de vulnerabilidad de las víctimas; la gravedad del fenómeno en extensión en el territorio nacional; el número y representatividad de los presuntos responsables, pues eran miembros del Ejército; y el “criterio complementario de disponibilidad de información”, ya que la Fiscalía ha avanzado considerablemente en las investigaciones en esta materia. También se tuvo en cuenta el llamado de atención que hizo la Corte Penal Internacional a Colombia, a propósito de que se adelanta un examen preliminar sobre la situación del país desde junio de 2004. El 10 de agosto de este año, una década después de que los hechos salieran a la luz, la JEP realizó la primera audiencia pública en contra de 14 militares que solicitaron voluntariamente acogerse. En la audiencia estuvieron presentes los familiares de las víctimas y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas cuestionó si los miembros de la fuerza pública están comprometidos o no con aportar a la verdad, a la reparación y a la no repetición a cambio de recibir incentivos de la JEP como libertades condicionadas, traslados de sitios de reclusión o eliminación de órdenes de captura. Es justamente el punto de “libertades condicionadas” lo que molesta a quienes no están de acuerdo con la existencia de la JEP, pues, según sus argumentos, el sistema lo que busca es “impunidad” u otorgar beneficios a los victimarios ignorarando castigos ejemplares. Los defensores de la JEP, por su parte, aseguran que lo principal es llegar a la verdad y reparación de las víctimas, pues son ellas el centro del Acuerdo. Militares a la JEP Algunos de los militares de más alto rango que se han acogido a la JEP por temas relacionados con ejecuciones extrajudiciales son: Mario Montoya Uribe: Es el militar de más alto rango que ha decidido someterse a la JEP. Desde el Ejército, participó en la coordinación de las recordadas operaciones La Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión. Además, de acuerdo con publicaciones del diario El Colombiano, también ha estado involucrado en investigaciones sobre la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, mientras comandaba la Primera División del Ejército. Fue señalado de omisión durante la masacre de Bojayá (Chocó, 2002) y el exAlto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, lo acusó de ser la mente de la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana (2006). Además, lideró operaciones clave para inclinar la balanza en favor del Estado en la confrontación contra las FARC, entre ellas la operación ‘Fénix’, en la que se logró la baja de ‘Raúl Reyes’, uno de los principales jefes ideológicos de la guerrilla y primer miembro del Secretariado que falleció en combate. En justicia ordinaria se le adelantaba dos investigaciones: la primera por la connivencia con los paramilitares y el exceso en el uso de la fuerza durante la Operación Orión, ocurrida en 2002 mientras era comandante de la Cuarta Brigada. El operativo tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín y dejó 88 homicidios y más de 600 víctimas. La segunda se basa en las ejecuciones extrajudiciales de Valledupar y Santa Marta, cuando era comandante del Ejército. En 2016 la Fiscalía anunció que le imputaría cargos, pero hasta el momento no ha ocurrido. El 13 de septiembre tuvo su primera cita en la JEP, sin embargo, no reconoció los cargos, tampoco pidió perdón y, al parecer, su sometimiento a la Jurisdicción es para defenderse. Se le citó nuevamente para el 17 de octubre junto con las víctimas para la audiencia de sometimiento militar. Gabriel de Jesús Rincón Amado: Fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15. Según la sentencia en su contra, el oficial sabía que sus subalternos buscaban civiles para presentarlos como muertos en combate. El 3 de abril de 2017, el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca lo sentenció a 46 años de prisión  por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) en agosto de 2008. Las víctimas fueron Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, quienes, mediante engaños, fueron conducidos a Ocaña, asesinados y, posteriormente, presentados como guerrilleros muertos en combate. El 10 de agosto de 2018, Rincón Amado hizo presencia en la JEP en la primera audiencia, donde se comprometió a no repetir los hechos y, además, pidió perdón a las víctimas. Actualmente, Rincón tiene otros 16 procesos en curso y se encuentra recluido en una guarnición militar. Por su ingreso a la JEP, le sería concedida la libertad transitoria. “Me comprometo a ofrecer verdad plena y temprana ante la sala de reconocimiento de verdad, acudir a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y a dar mi testimonio. Desde ya, y como siempre lo he manifestado, pido perdón a cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno, que ha causado a la mayoría de las personas de nuestra Colombia un dolor en sus corazones. Ofrezco, además de la reparación inmaterial, dedicarme a la cátedra por la paz en los escenarios de la JEP en donde contaré mi experiencia y la verdad de lo ocurrido». Robinson González del Río: Acusado de tener relación con las ejecuciones extrajudiciales de Janiot César Sepúlveda Ámbito y Javier Andrés Moreno, ocurridas el 29 de septiembre de 2007. Mediante engaños, estas personas fueron llevadas a la vereda Trocaderos de Neira, allí fueron fusilados y luego presentados como guerrilleros. Ese día el equipo de contraguerrilla del batallón a cargo de González reportó que enfrentaría a 12 insurgentes que supuestamente hacían parte de las FARC, lo más grave fue que en la zona no operaban frentes de ese grupo armado. El 29 de septiembre de 2015, el coronel González del Río aceptó ser responsable de 14 casos de falsos positivos que dejaron al menos 27 víctimas en Antioquia y Caldas entre los años 2006 y 2009. Además, aceptó los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad en documento, fraude procesal, concierto para delinquir y tráfico y porte de armas. La Fiscalía le imputó cargos por su participación en 32 ejecuciones extrajudiciales registradas en diferentes zonas del país. El primero de septiembre del presente año decidió someterse a la JEP después de estar cinco años detenido. “La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca. Se hicieron 17 operaciones donde existieron alrededor de 27 muertos de falsos positivos, los cuales voy a aceptar. Yo creo que víctimas de falsos positivos… hay 400 aproximadamente en esa zona del Pacífico”.

Por: León Valencia, director – Pares Escribo esta columna con el temor de que resulte confusa o poco creíble. Quiero demostrar que, a escasos dos meses del retorno del uribismo al poder, se pueden ver tres agendas, no necesariamente antagónicas o contradictorias, entre las fuerzas del nuevo gobierno: la de los parlamentarios, la de Uribe y la de Duque. Ernesto Macías, escogido por el Centro Democrático para liderar el Senado, marcó en su discurso de posesión la agenda de los parlamentarios de este partido. Es un discurso especialmente crítico del anterior gobierno, que agita permanentemente el fantasma del castro-chavismo, Macías insiste en negar o reformar los acuerdos de paz con las FARC y en llevar a cabo algunas de las propuestas más polémicas de la campaña electoral; en la reforma a la justicia con la idea de una sola corte; en las propuestas de hacer una jurisdicción especial para los militares en la justicia transicional o en arrebatarle a la JEP la competencia para los delitos sexuales en medio del conflicto; en la oposición a la Consulta Anticorrupción o en su crítica a algunas de las iniciativas que ha presentado el gobierno en acuerdo con todos los partidos para hacer realidad los puntos claves de esta consulta; y en su discurso para impulsar una intervención militar en Venezuela. El expresidente Uribe se mueve en estas ideas, pero tiene su agenda propia obligada por sus graves líos judiciales y también, y muy especialmente, por la urgencia de mantener su propia ascendencia en la opinión pública, acudiendo al rentable papel de víctima de persecución política y explotando al máximo las redes sociales donde tiene millones de seguidores. Hubo un momento tenso donde copó el debate público con su amenaza de renuncia el Congreso, la recusación a los magistrados que tenían en sus manos el proceso por obstrucción a la justicia y fraude procesal y el desafio a la justicia. Después vendría su propuesta de alza especial del salario mínimo o la negativa a gravar con IVA la canasta familiar. Consciente de que estas propuestas le dan un nuevo matiz a su perfil populista en momentos en que la confrontación con las FARC va perdiendo su arrastre en la opinión. Al presidente Duque se le ve navegando en un mar que conoce muy poco, tratando de mantener las apuestas de campaña y los compromisos con el uribismo, pero buscando con afán una adaptación realista al momento político y a un gobierno con mayorías precarias en el Congreso; enfrentado además a una oposición nada desdeñable por los votos y la bancada parlamentaria que conquistó en una campaña excepcional en la vida colombiana. Escogió con sumo cuidado temas que resultaban taquilleros en la opinión pública, aunque bastante problemáticos a la hora de su implementación: se montó en la consulta anticorrupción contrariando a su propio partido; aprovechó el escandaloso aumento de los cultivos ilícitos para retornar a la vieja estrategia de fumigaciones, persecución a los campesinos cocaleros y a los consumidores y alineamiento incondicional con el gobierno de los Estados Unidos; y se fue lanza en ristre contra Nicolás Maduro y el régimen venezolano, agitando los sentimientos que producen la dolorosa ola de migraciones y la escalada del hambre y desamparo en el vecino país. Para sacar adelante los compromisos contra la corrupción tendrá que superar las mañas de la variada gama de parlamentarios que han alimentado su carrera política pegados al erario público de manera ilegal o indebida, ya empezaron a sonar las voces contra la reducción de salarios o la abolición verdadera y real de los cupos indicativos o la distribución milimétrica de puestos y canonjías. El camino escogido para la lucha contra el narcotráfico lo enfrentará a los campesinos cocaleros, a los consumidores y las cortes; y en su disputa verbal con Maduro se puede estar metiendo en el lodazal de una confrontación militar que la mayoría del país va a rechazar sin duda alguna. Escogió temas que le podían dar réditos inmediatos en la opinión, pero no pudo obviar un chicharrón que siempre genera grandes controversias e inconformidades: la reforma tributaria. Con el agravante de que, en este caso, está en manos de un ministro, Alberto Carrasquilla, que no ha mostrado habilidades especiales para comunicar sus propuestas y tiene sobre sus hombros graves cuestionamientos por su participación en la gestión de los llamados bonos agua o bonos Carrasquilla. La pregunta que circula en los mentideros políticos y en la opinión pública es si estas agendas podrán desarrollarse en forma paralela sin afectar la unidad de la coalición de gobierno o si en algún momento entrarán en contradicción y producirán rupturas como las que se produjeron con el gobierno Santos. Por lo pronto los protagonistas insisten en que estamos ante una manera distinta de hacer política en la que las diferencias entre el Centro Democrático y sus alfiles en el Congreso con el Gobierno de Duque son normales en medio de una unidad estratégica indestructible.

Por: Sergio Saavedra, Redacción – Pares El pasado viernes 21 de septiembre de 2018, la Contraloría General de la Nación envió al Congreso de la República un segundo informe anual referente a la ejecución de recursos financieros para la paz. En dicho documento, anunció que los recursos presupuestales para cubrir la totalidad de lo planeado en el Acuerdo de Paz resultan insuficientes. Según la Contraloría, los 129.5 billones de pesos presupuestados por el Ministerio de Hacienda no bastarán para la proyección de implementación; sobre todo lo que concierne a la Reforma Rural Integral, el Programa Integral de Sustitución de Cultivos y el Fortalecimiento de las medidas de Reparación Integral. El informe también enfatiza en que si no se ajusta la senda fiscal del Acuerdo de Paz, se podría generar un déficit en el PIB de entre 0,4% y el 1,1%. Ante estas afirmaciones, la Comisión de Paz del Senado de la República expresó, en una carta a carta remitida a las comisiones económicas de Senado y Cámara, la preocupación por la asignación de recursos financieros para esta materia. Fundamentalmente, porque el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2019 no cumple lo pactado en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo. La carta puntualiza que el proyecto de ley de PGN 2019 debe incluir de manera explícita un artículo donde se identifiquen los recursos asignados a PMI para la vigencia de ese año, esto para que se aclaren los montos correspondientes en cada una de las entidades responsables de su ejecución. Sin embargo, las consideraciones de la Contraloría fueron apoyadas por Emilio Archila Peñalosa, Alto Consejero para el Postconflicto, quien le aseguró a El Espectador que hay restricciones presupuestales muy serias, sumadas a la mala planeación de la anterior administración. Archila Peñalosa fue designado como director del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz, que articula, administra y focaliza los recursos de cooperación, privados y públicos para la implementación del Acuerdo. En este Consejo Directivo también fueron designados los empresarios Arturo Calle Calle (quién invirtió 20 millones de pesos a la campaña del presidente Iván Duque Márquez) y Mario Hernández, dueño de la famosa empresa de productos de cuero que lleva su mismo nombre. Además, también harán parte Alberto Carrasquilla Barrero, Ministro de Hacienda; Ricardo José Lozano Picón, Ministro de Ambiente; Andrés Rafael Valencia Pinzón, Ministro de Agricultura y Susana Correa Borrero; directora del Departamento para la Prosperidad Social. El más reciente informe semanal (#24) del Fondo Colombia en Paz —del 17 al 21 de septiembre— arroja que la disponibilidad presupuestal que queda para lo que respecta a la sustitución de cultivos es del 28%, para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial un 20%, para proyectos productivos el 29 % y sólo el 1 % para reincorporación. Estas son 4 de las 13 subcuentas. El diagnóstico muestra que, en total, tan sólo hay un 24% de disponibilidad presupuestal. Dentro de las subcuentas se encuentra el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya superó más de la mitad de su disponibilidad presupuestal y le resta un 41%. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha expresado por medio de un comunicado de prensa su preocupación por las dificultades propias de la implementación y la focalización de recursos. Manifiestan que “la JEP gasta cuantiosos recursos en funcionarios y en infraestructura, en muchas ocasiones inoperantes, viajes al exterior, estudios pagados a prestigiosas universidades a efectos de determinar su funcionamiento”. Sumado a esto, hay un panorama preocupante ante la nula ejecución por parte del Fondo ‘Colombia Sostenible’; que tiene 38,5 millones de dólares en este momento, los cuales hacen parte de 211 millones de dólares que están comprometidos. La ejecución de este fondo es del 0%. La otra cara de la moneda la tiene el Fondo Multidonante, que ha ejecutado el 86%, el Fondo del Banco Mundial con el 82% y el Fondo de la Unión Europea con el 58% de ejecución. De igual forma, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana ha manifestado que “el PNIS no cuenta con los recursos necesarios para su implementación, el programa no presenta ningún avance respecto a los cultivos de amapola y marihuana y la ley de tratamiento penal diferencial para los cultivadores y recolectores”. La disponibilidad presupuestal para los PNIS es de 28%, y, en este momento, se encuentran frenados en su ejecución.

Por: Carol Sánchez. El 27 de septiembre en El Cedral, vereda de Ituango, empezó a escucharse sobre una posible llegada de paramilitares al territorio. Según fuentes locales, hombres armados le advirtieron a un habitante que empezarían una “limpieza social”. Ante estos hechos, más de 100 familias decidieron desplazarse hacia la cabecera del municipio, por lo que pidieron apoyo en trasporte a algunas instituciones. El apoyo nunca llegó, así que las casi 300 personas pasaron la noche en el centro poblado de El Cedral o en el monte. El 28 de septiembre a las 7:00 a.m., la IV Brigada del Ejército llegó a la vereda y las personas retornaron a sus fincas. “Mientras haya presencia de la fuerza pública no nos desplazaremos a Ituango”, le dijo uno de los habitantes a Pares. Al respecto, Pares habló con el personero de Ituango, Juan Carlos Cárcamo, quien aseguró que, hasta el momento, ninguna persona de El Cedral ha llegado a la cabecera municipal; sin embargo, no desestima que empiecen a llegar en los próximos días. En Ituango tiene presencia un grupo postFARC autodenominado Frente 36 al mando de alias ‘Cabuyo’. Este grupo ha entrado en confrontación con el Clan del Golfo y durante el 2018 se han enfrentado en múltiples ocasiones, generando un aumento notable en las tasas de homicidio del municipio. Según Cárcamo, “desde el año pasado la Personería ha venido haciendo énfasis en la presencia de actores armados en el territorio. Siempre se manifestó al Ejército y a la Policía, entendiendo que el Ejército es el que debe garantizar la seguridad en la zona rural. Pero no tenían eco nuestras palabras ni las de la Defensoría. Nosotros hicimos los oficios pertinentes, pero según el comandante que estaba en ese momento, no pasaba nada en el municipio”. Asegura que en tan solo los primeros seis meses del año, registraron el desplazamiento de 74 familias integradas por 204 personas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió de un alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango. En abril de este año también se había presentado un desplazamiento masivo en Ituango. De la vereda El Aro salieron más de 200 personas asegurando que las labores de erradicación forzada del Ejército les impedía trabajar su tierra y conseguir sustento. En septiembre, hombres al mando de alias ‘Cabuyo’ asesinaron en Yarumal a tres trabajadores de la multinacional Continental Gold: Laura Flórez, Camilo Tirado y Henry Martínez. Además, hirieron gravemente a tres personas más.

Por: Esteban Salazar, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad Pasado un mes de la votación de la Consulta Anticorrupción, empezaron las votaciones en las comisiones primera, tercera y cuarta del Congreso de la República sobre los proyectos de ley y actos legislativos derivados del paquete anticorrupción acordado por diversos partidos y el Gobierno nacional. La Veeduría del Mandato a la Consulta Anticorrupción, conformada por diversas organizaciones, está alerta sobre el trámite legislativo de dichos proyectos, sobre los cuales ya se han identificado riesgos para el cumplimiento entre lo acordado y lo que se está aprobando. El día 25 de septiembre empezaron los problemas cuando, a última hora, se cambió el orden del día para el debate de los proyectos ley en la Comisión primera de Cámara de Representantes. Esto afectó dos de los proyectos de ley anticorrupción que se discutieron el 26 de septiembre, pues en la nueva hora propuesta para el debate (9:00 a.m.), difícilmente se cumpliría el quórum. Sumado a lo anterior, el primer debate del Proyecto de Acto Legislativo No. 074, “por medio del cual se limitan los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa”, comenzó con la proposición de aplazamiento por parte del representante David Ernesto Pulido Novoa, de Cambio Radical, la cual fue rechazada con 21 votos en contra y 7 votos a favor. Acto seguido, se presentaron tres ponencias: una para debate y dos para solicitudes de archivo. Con relación al debate, el tema se centró en la discusión de si limitar la participación de los miembros a las corporaciones públicas podría tener un efecto real en la disminución de la corrupción. Por su parte, las ponencias de archivo, que fueron presentadas por los representantes German Navas Talero (Polo) y Jorge Eliecer Tamayo (La U) se basaron en argumentar que el proyecto no logra que una corporación se renueve y que, además, limita la voluntad del elector primario. Esta última, fue rechazada con 27 votos en contra y 8 a favor, para un total de 35 votos. Los votos a favor para archivar el proyecto de acto legislativo fueron: Posteriormente, se puso a consideración de la Comisión el articulado, el cual se votó con las proposiciones radicadas. Fue en este punto donde el partido Liberal incluyó un “mico” mediante el cual se rompió con el espíritu del proyecto de acto legislativo. El artículo 1 proponía que miembros de cuerpos colegiados de elección directa (Congreso, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales) no podrían ser elegidos por más de tres periodos, consecutivos o no consecutivos, en la misma corporación. Sin embargo, en la proposición de los liberales, junto con el aval del viceministro del interior Juan Manuel Daza, se modificó este inciso, al igual que el primer inciso del artículo 2, para que no pudieran ser elegidos por 3 periodos consecutivos solamente. Esto significa que, dado el caso que una persona cumpla 3 periodos en una misma corporación, puede descansar un periodo y volver a aspirar a la misma corporación por otros 3 periodos consecutivos más. El presidente de la Comisión puso a votación la proposición aditiva, la cual fue aprobada con 19 votos a favor y 12 en contra. Dentro de los que aprobaron el “mico”, están voceros del Acuerdo para aprobar el paquete anticorrupción: Harry González, Alfredo Deluque y los miembros del Centro Democrático. Los que cotaron a favor del cambio fueron: Los representantes que votaron «sí» al proyecto original, sin «mico», fueron: Finalmente, estos fueron los congresistas que votaron no definitivo al proyecto de acto legislativo: Por otro lado, se puso en consideración la proposición aditiva de Jorge Méndez (Cambio Radical) de añadir otro artículo donde se propone exceptuar los cargos administrativos de esta limitación, el cual fue rechazado con una votación de 31 votos, 3 a favor y 28 en contra. Finalmente, se dispuso a votación la aprobación del informe de ponencia (con “mico” y todo), fue aprobado con 27 votos a favor y 7 en contra. Así concluyó el primero de ocho debates el proyecto que limita los periodos de los cuerpos colegiados. Queda pendiente fecha para el segundo debate con los mismos ponentes.

Por: Mateo Quintero, Redacción – Pares Recientemente, el periodista Daniel Coronell, publicó su columna ‘La murga de Panamá’. En ella denunciaba cómo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se había beneficiado con los denominados ‘bonos agua’. Pese a que el tema revivió este año, esa problemática se remonta al año 2006, cuando Carrasquilla era ministro de Hacienda en el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Los escándalos que han salpicado al ministro desde que se conoció la denuncia de Coronell no han sido pocos, pero la historia tiene un trasfondo mucho más complejo y viene de años atrás. Un proyecto de ley, dos empresas fundadas en Panamá y Colombia y 117 municipios afectados por estos bonos son los actores y causas principales del escándalo que hoy salpica al ministro de Hacienda. En esta línea de tiempo le contamos cómo empezó el problema y qué ha pasado desde entonces. Hay que tener en cuenta que la Ley 734 de 2002 prohíbe a todo servidor público: “22. Prestar a título particular servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra”. En este sentido, no había pasado ni siquiera un año desde la renuncia de Carrasquilla cuando ya su empresa Konfigura estaba prestando asesoría a los municipios. Además, después del debate con Jorge Robledo, la moción de censura está en las espaldas de Carrasquilla, 18 senadores firmaron el documento, argumentando que está impedido moral y éticamente para ejercer el cargo. Si ésta llega a fraguar, Carrasquilla dejaría de ser ministro. Pero hay algo más. Al ministro Carrasquilla le apareció otro escándalo: sus presuntos contratos de asesoría con Saludcoop. Jorge Enrique Robledo había hablado de dicho contrato en el debate citado en el Congreso, sin embargo, no se tenían pruebas físicas de él. El contrato del que hablaba el senador Robledo fue firmado en mayo de 2014 por el entonces agente interventor de Saludcoop, Guillermo Groso, por un monto de $139’200.000 y tenía el siguiente objeto: «Realizar un análisis jurídico detallado que le permita a Saludcoop tener opciones para la terminación de la intervención vigente”. Carrasquilla trabajó de la mano de Grosso en ese entonces. Según el senador Robledo, puede que exista un conflicto de intereses entre la participación de Carrasquilla en Saludcoop por su colaboración en la junta directiva de Sanitas y la posterior venta de Cafesalud, teniendo en cuenta que la socia de Carrasquilla, Lea Hennan, era la presidenta de la Junta Directiva de esta última entidad. De tal manera, puede que una nueva investigación se venga para el dos veces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Por: Daniela Gómez, coordinadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Desde la promulgación de la Constitución de 1991, tal vez no ha habido mayores amenazas al régimen de pesos y contrapesos del Estado, como las que han supuesto los intentos de reforma personalistas y caudillistas que han buscado favorecer a Álvaro Uribe. Primero, en 2010, la propuesta de una segunda reelección prendió las alarmas, pues implicaba, entre otras cosas, que el presidente terminaría designando a toda la junta del Banco de la República y que la elección de la mayoría de magistrados de altas cortes hubiera coincidido con su gobierno. Peligraba, sobre todo, la independencia del sistema judicial, ese que tantos dolores de cabeza le había causado al expresidente Uribe durante su mandato y que, afortunadamente, tumbó la posibilidad de dicha reforma. En la misma línea, desde hace unos años y a la par del agravamiento de la situación judicial del jefe político del Centro Democrático, este partido ha venido promoviendo una drástica reforma a la justicia que se sospechaba beneficiaría, por un lado, al expresidente, al quitar los procesos de su juez natural actual (la Corte Suprema), y por el otro, a la colectividad, al permitir concentrar un gran poder en el ejecutivo, ejercido de momento por ellos, y con posibles efectos negativos irreversibles en la política colombiana. Las sospechas no podían ser más acertadas, la nueva reforma a la justicia propuesta por el Centro Democrático no solo resulta antidemocrática sino que parece hecha a la medida del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Esta semana una de sus más arduas seguidoras, la senadora Paloma Valencia, anunció como una gran medida contra la impunidad y la corrupción que con el proyecto de acto legislativo de pesos y contrapesos, se pretendía quitar el fuero a todos los altos funcionarios que actualmente gozan de él. Lo que la Senadora Valencia no advirtió es que el artículo 174 de este acto propone que el Senado juzgue únicamente a los presidentes, aún después de cesadas sus funciones y no solo por delitos cometidos en el ejercicio de estas – como actualmente lo dicta la Constitución y la jurisprudencia – sino también por delitos comunes o indignidad por mala conducta. Palabras más palabras menos, todas las acciones judiciales que hoy en día se adelantan contra el senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema pasarían a ser juzgadas en el Senado, donde el Senador Uribe goza de mayorías, incluyendo aquellas acciones cometidas cuando era senador, gobernador, y demás cargos públicos y aquellas que pudiera cometer en un futuro. Adicionalmente, el proyecto contempla que el Presidente de la República elija al Fiscal General, a los magistrados del Consejo de Estado y a uno de cada tres magistrados de lo que denominan El Tribunal Constitucional Supremo o la también denominada Súper Corte (que sería el resultado de la unificación de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La otra tercera parte proponen que la elija el Congreso y la tercera restante la misma corporación, es decir, por cooptación; así mismo, se plantea ampliar el periodo de los magistrados del Tribunal a 10 años. Lo problemático de este tipo de elección es que se concentraría un gran poder en el ejecutivo, que acabaría cooptando la tercera parte o más del máximo tribunal, sin contar la elección en pleno del Consejo de Estado con lo cual no se solucionarían los problemas que muchos expertos han advertido sobre las relaciones clientelares que se han propiciado alrededor de la elección de algunos de los magistrados de altas cortes. Una reforma a la justicia parece inminente pues desde todos los sectores políticos, académicos, gremiales, e incluso desde la misma Rama Judicial se percibe dicha necesidad. Actualmente cursan 3 proyectos de acto legislativo con este propósito que deberán ser unificados para su discusión y en las negociaciones todos los actores que intervengan tendrán que ceder. La estrategia política de los sectores de gobierno para avanzar en los temas prioritarios para el Uribismo parece hacerse clara: se buscaría llevar el discurso hacía los temas más controversiales e improbables como la unificación de altas cortes y posteriormente se mostraría que se “cedió” en ellos, mientras se logra reducir la atención e importancia de artículos como el 174, escondido bajo el disfraz de medida anticorrupción, en aras de lograr que las contrapartes en la negociación cedan sobre dicho articulado. El camino no está fácil para ninguna de las propuestas. Con anterioridad, la Corte ha frenado cambios de fondo a la Constitución en materia de justicia y esta propuesta, sin duda, supondría uno. Esperemos que la necesidad inminente y las posibles frustraciones de reforma no agiten los ánimos de una constituyente y en las negociaciones políticas no se opte por la opción menos mala sino que, por el contrario, se logren consensos alrededor de una propuesta congruente con los principios definidos en por la Constitución del 91, que permita superar los obstáculos del modelo inicial sin modificar su esencia y sin esconder fines personalistas.

Por: Claudia Carrión, Línea Democracia y Gobernabilidad Recientemente fue radicado ante el Congreso un proyecto de ley que busca reglamentar el Derecho Fundamental a la consulta previa con pueblos étnicos (pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, roms, palenqueros y raizales). Hasta el momento, la consulta estaba regida por la Directiva Presidencial 10 de 2013. Según Vargas Lleras, mayor impulsor del nuevo proyecto, es un asunto importante “para garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas y hacer compatibles sus legítimas demandas con los proyectos de desarrollo en lo relativo a la minería, energía e infraestructura” , resaltando la preponderancia del interés general sobre el particular en su columna del diario El Tiempo. Para conocer un panorama mayor de lo que ha pasado en otros contextos frente a este tema, hablamos con Jovita Tzul Tzul Maya K’iche, abogada del Bufete para Pueblos Indígenas de Guatemala, destacada por la defensa de los derechos de pueblos indígenas en su país. ¿Cómo se ejecuta jurídicamente el derecho de consulta previa en Guatemala? Para nosotros el ejercicio de consulta ha sido siempre un proceso legítimo de toma de decisiones dentro de las comunidades indígenas. De un tiempo para acá, este proceso de consulta se ha intentado incluir dentro de la gama de derechos colectivos y de los derechos específicos de los pueblos indígenas. En términos de lo que plantean las autoridades indígenas de Guatemala, una consulta se hace para tomar decisiones y la decisión que se toma en base a la consulta es una decisión que se debe respetar. En la actualidad el tema cobra otras discusiones. Un ejemplo de ello es el carácter vinculante, el derecho de veto a las decisiones que se toman y la definición de quién es el sujeto político autorizado para convocar o para realizar las consultas. En algunos casos el gobierno argumenta que las consultas realizadas por las comunidades no son válidas porque no tienen participación del Estado, pero que las que se hacen con participación del Estado no son vinculantes. Es decir, convirtieron un derecho en un procedimiento administrativo. ¿Cómo dimensiona los retos y problemas que enfrenta hoy la consulta previa en Guatemala? Primero respecto al veto, que es un tema que ya se ha venido discutiendo en la Corte Constitucional de Colombia. En Guatemala hay una serie de sentencias que reconocen el derecho de consulta; sin embargo, lo que está quedando en el vacío en todas estas sentencias es el tema del carácter vinculante. En derecho hay un silogismo muy sencillo de comprender, “todo derecho tiene una consecuencia jurídica”. Por ejemplo, si violas el derecho a la vida y asesinas a alguien, hay una consecuencia jurídica. Lo que está pasando con las resoluciones de las Cortes en Guatemala y en las propuestas de ley que se están creando es que se está desnaturalizando ese derecho. ¿Cuál es la consecuencia jurídica entonces del derecho de consulta? No lo hay porque simplemente se convirtió ese derecho en un procedimiento administrativo en el cual el Estado regula quién es el sujeto de consulta, quién es el que esta posibilitado para consultar y lo que acepta o no de los resultados de la consulta. En Guatemala recientemente hay una sentencia que se ha vuelto muy famosa del caso de las hidroeléctricas Oxec, en el norte del país, en donde la Corte en su sentencia desarrolla ampliamente el derecho de consulta y cómo se ha vulnerado: porque no fue previa, porque no fue libre, porque no hubo información con respecto al proyecto y concluye diciendo: “pero mientras se realiza la consulta, que continúe trabajando la empresa en el territorio”, entonces, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de toda esa doctrina legal? No lo hay; ese, hoy en día, es el desafío más grande para los pueblos y para los Estados, reconocer que los ejercicios de toma de decisión se deben respetar y si la comunidad dice no, pues definitivamente es no. Además, la principal disputa es el ejercicio de la libre determinación. Si los gobiernos reconocen la libre determinación de los pueblos, tendrían que reconocer el derecho que tienen las comunidades a decidir sobre sus territorios. Pero ese es un ejercicio que no se está haciendo porque los Estados dicen que reconocen la libre determinación de los pueblos, que reconocen las naciones indígenas, que reconocen las comunidades y sus formas de organización; pero lo reconocen de forma teórica, cuando se hace un ejercicio práctico y concreto, como en este caso el tema de decidir sobre el modelo de desarrollo que se quiere en sus territorios, simplemente eso ya no existe, eso no se reconoce. Consideramos que a lo largo de muchos países, como Perú, Guatemala, México e inclusive Colombia, la consulta se ha vuelto un instrumento para posibilitar los medios para que las empresas puedan expropiar nuestros territorios. Sin embargo, nosotros por lo que luchamos no es por el derecho a la consulta sino por el ejercicio de nuestra libre determinación y el poder decidir dentro de nuestros territorios. ¿Considera que la discusión de consulta previa debe darse entre movimiento u organizaciones indígenas y el Estado o deben incluirse otros actores como empresarios? Los principales actores tienen que ser las comunidades indígenas y sus representantes legítimos, sus autoridades, porque en Guatemala sucede que existen muchas organizaciones que se llaman indígenas, pero están de acuerdo con el gobierno y se sientan a dialogar y a negociar. Ahora, que las comunidades hayan querido sentarse con empresas o que deberían sentarse con empresas, considero que no, aunque la discusión aquí es ambivalente. Algunos dicen: “bueno, nosotros somos dueños de nuestros territorios -que es lo que en Guatemala se ha estado reivindicando desde hace un tiempo-, si la empresa quiere poner su hidroeléctrica que venga y hable con nosotros, que no hable con el gobierno, que no haya intermediarios”. Otros dicen: “no tengo nada que hablar con la empresa, aquí el que es responsable es el gobierno que les otorgó la licencia, entonces yo voy a hablar con el gobierno sobre las ilegalidades que está cometiendo”. Estas son dos posturas válidas. En algunos casos se pone el tema de Consulta Previa vs. desarrollo y bienestar general, ¿qué opinión le deja esto? Definitivamente ese es un discurso del capital para justificar sus acciones. En Guatemala hay un estudio que menciona que la generación de energía de la hidroeléctrica Chixoy, y otras que están instaladas, serviría para nutrir a toda Centroamérica de energía. Sin embargo, más de 50% de comunidades indígenas en Guatemala no tienen energía eléctrica, por lo cual no existe un bienestar común o colectivo. Cada vez hay más hidroeléctricas, pero, ¿para que se está usando esa energía que se genera? En algunos casos sirve para fortalecer las empresas de minería, como los ingenios azucareros, quienes actualmente no pagan ese servicio porque se nutren de las hidroeléctricas existentes. En el caso de la minería, las regalías que dejan a Guatemala son el 1%, se llevan el 99% y el 1% ni siquiera se lo entregan al Estado, lo entregan en acciones benéficas de salud, en proyectos que realizan dentro del territorio pero que no han sido consensuados con las comunidades. La muestra más grande de ello es la Mina Marlín de capital canadiense que se estableció en el occidente del país. La empresa trabajó más de 10 o 15 años en el territorio, explotó toda la tierra, demolió un cerro completo, contaminó el agua y después de ese tiempo se fue y la comunidad sigue en la misma pobreza o peor. Además, todos los trabajadores de la mina están enfermos de diferentes tipos de cáncer por el acercamiento a sustancias para la generación de los minerales. Entonces, ¿cuál es el beneficio que dejan esas empresas para las comunidades? Nosotros decimos que el bienestar general prevalece sobre el particular. No se debe entender al revés. ¿Cree que el derecho a la consulta previa debe dejarse establecido y regularse? Reglamentar la consulta o crear una ley de consulta sería atrapar esa libre voluntad de las comunidades de toma de decisiones en un modelo único y eso sería destruir para nosotros el derecho de consulta, solo habría una forma de tomar decisiones y eso no puede ser así, ni en Guatemala ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, los pueblos indígenas deciden la forma en que toman sus decisiones. Una ley de consulta no es necesaria, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es claro cuando establece la forma en que se va a realizar la consulta, pero hay más los instrumentos que la complementan. Por ejemplo, la declaración sobre pueblos indígenas de la ONU establece claramente que las consultas se deben realizar de acuerdo con los medios y la formas que decidan las comunidades. Además, la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas establece con más claridad la forma en que las comunidades pueden decidir. Crear una norma atenta contra los estándares internacionales y va a generar una regresividad en el derecho de consulta. Lo que tendría que apostarse es a que las Cortes reconozcan la libre determinación de los pueblos. Reglamentar está de más. Incluso las propuestas de ley de consulta proponen certificar quién es indígena y quién no, a quién se le puede consultar, quién es susceptible de ser consultado y quién no. Si tienes radio o si tienes televisión ya no eres indígena, si vives en un área urbana ya no eres indígena. Inclusive nosotros en Guatemala nos hemos nutrido de las reflexiones que se han hecho en la Corte Constitucional de Colombia, las sentencias de Colombia nos han servido a nosotros para justificar y argumentar por qué no es necesaria una ley.