Por: León Valencia, director, y Alex Riaño, coordinador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares ¿Qué estamos haciendo? Desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- y la RedProdepaz estamos promoviendo y facilitando ejercicios de diálogo territorial en Putumayo (Puerto Asís), Casanare (Yopal), Meta (Villavicencio), Norte de Santander (Ocaña), Santander (Barrancabermeja) y Arauca (Arauqita). Se trata de una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de líderes y autoridades locales para el diálogo, a la par que intenta establecer un espacio de encuentro en el cual puedan confluir las comunidades, el Estado nacional y local y empresas para discutir desarrollo territorial sostenible, ordenamiento y sector minero energético. Las lecciones y aprendizajes del proceso serán sistematizadas y entregadas como recomendaciones de política pública. Es un ejercicio que se realiza en alianza con la institución líder del sector, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de su estrategia de relacionamiento territorial. El proyecto es financiado por Ecopetrol, pero los implementadores cuentan con independencia para la ejecución y así quedó claro en las conversaciones previas y en los documentos que amparan legalmente el ejercicio. En el marco de este ejercicio, Pares ha jugado el rol de asesor técnico y metodológico dejando como aportes concretos: La construcción de una metodología de diálogo que actualmente es utilizada por el Ministerio y por las comunidades como una de las herramientas de su estrategia de relacionamiento territorial. Esto fue un proyecto financiado por BID. La construcción de cuatro módulos de formación en: i) Desarrollo Sostenible; ii) Gobernanza de la riqueza mineral y energética; iii) Ordenamiento territorial y iv) Habilidades para el diálogo. Los módulos pueden descargarse de este enlace. ¿Por qué lo hacemos? La Fundación Paz & Reconciliación es un centro de estudios e investigación social que tiene como objetivo aportar e incidir en el debate público y en los tomadores de decisiones. Nuestro papel es el de brindar ideas sobre los principales temas de la agenda nacional. La explotación de los recursos naturales está en el centro del debate nacional y fue uno de los principales temas de la campaña presidencial. La gran discusión sobre el medio ambiente generada en medio del cambio climático y la resistencia de muchas comunidades a la explotación de los recursos expresada en las consultas populares, en las protestas sociales y en la variedad de debates que se dan en las regiones productoras sobre regalías, protección del agua y responsabilidad social han encendido la polémica. Pero también la innegable necesidad de los recursos que salen de estas industrias para el presupuesto nacional y para el desarrollo económico del país obligan a decisiones inmediatas que ojalá consulten los intereses de las regiones, las comunidades, las organizaciones sociales y las autoridades locales. Consideramos que el debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables no solo es importante, si no urgente. La falta de diálogo constructivo se ha traducido en una polarización que ha bloqueado el avance de una agenda común que permita acordar las transformaciones necesarias para que la riqueza mineral y energética se traduzca en riqueza social y bienestar para la ciudadanía. Gran parte de este problema se explica en razón de la complejidad del funcionamiento y regulación de estas actividades económicas y la asimetría de información que impone una barrera para el diálogo de saberes que junte lo técnico y el conocimiento popular. En 2016, con el apoyo de la fundación FORD, iniciamos una agenda de investigación sobre conflictividad social y sector minero-energético que nos llevó a la publicación de La minería en el postconflicto: un asunto de quilates, en donde identificamos, caracterizamos y analizamos 176 casos de conflictividad social relacionados con actividades de minería e hidrocarburos, principalmente. Sobre la base de las conclusiones del libro, decidimos iniciar una agenda de incidencia más allá del debate académico y por eso iniciamos la promoción y facilitación de diálogo en territorios. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Por desarrollo entendemos un proceso de expansión de libertades y capacidades basado en un proyecto colectivo y autónomo, en el cual conversan diversos intereses y visiones del mundo; con una perspectiva territorial que invita construir desde abajo hacia arriba; y pensado desde la noción de sostenibilidad como paradigma que toma en cuenta las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo. El desarrollo, al igual que muchos procesos sociales, tiene un carácter conflictivo. Esto porque implica el encuentro y contraposición de valores, intereses, visiones, saberes e incluso, sentimientos. Es importante señalar que no entendemos conflicto como algo negativo. Retomamos la perspectiva del filósofo colombiano, Estanislao Zuleta, quien nos señala que los conflictos sociales son algo deseable, son un motor de cambio social que requiere de nosotros la mayor capacidad de apertura, escucha y actitud propositiva para sacar el mayor provecho social. La clave para que este carácter conflictivo se convierta en discusiones que generan resultados virtuosos para la sociedad es la gobernanza del desarrollo. Se trata de un nuevo paradigma de gobierno y toma de decisiones que incluye el diálogo entre los tomadores de decisiones, las comunidades y el sector productivo como referente para la estructuración de las políticas públicas. El éxito de este nuevo modelo radica en la capacidad de generar confianzas entre los distintos actores del territorio, superando un modelo de relacionamiento basado en lógicas transaccionales y de negociación sobre la base de intereses particulares. Es de esta manera que podremos superar el clientelismo, la corrupción y la ineficacia del Estado para establecer nuevas relaciones basadas en el diálogo de saberes, la rendición de cuentas y la participación amplia. El diálogo no niega la protesta social ni la necesidad y la legitimidad de las consultas populares ni las consultas previas, al contrario, les da un cauce, les ofrece un camino para llegar a acuerdos. Estas manifestaciones legitimas de las comunidades imponen frenos y vetos a la exploración y explotación de los recursos; y la tentación del Estado y de las empresas es recurrir al discurso del desarrollo y proclamar el control del subsuelo por parte de la nación para imponer de una manera u otra los megaproyectos. El dialogo local y nacional para que sea válido tiene que ser más potente, más democrático, más incluyente que las manifestaciones y las consultas, debe partir de allí pero ofrecer espacios útiles de concertación. Ahora, hay muy diversas iniciativas en el Congreso para reglamentar la consulta previa, para limitar el alcance de las consultas populares y reformar la ley de regalías. También hay una discusión en el Gobierno sobre la autorización del fracking. Sería un gran error de las élites políticas hacer esto otra vez desde Bogotá, sin consultar a las regiones, a las comunidades, a los sindicalistas, a los ambientalistas, a las autoridades locales. El Dialogo Nacional Minero-Energético es un escenario para llegar a consensos en torno a estas reformas. ¿Para qué hacer un diálogo? 1. Promovemos la construcción de pactos nacionales y locales para el aprovechamiento sostenible de la riqueza minero-energética del país, de manera que se traduzca efectivamente en riqueza social y mejores condiciones de vida para los ciudadanos. 2. Este pacto debe expresarse en política pública, leyes y decretos que reformen y ajusten la institucionalidad y normatividad minero-energética. Además, es necesario que se construyan acuerdos en los territorios entre los más diversos sectores que concurren en la exploración y explotación de estos recursos. 3. La situación actual es de una complejidad enorme y por esto es que promovemos el diálogo: Alrededor de la exploración y explotación de estos recursos existe una variada expresión de intereses contrapuestos entre las empresas, las comunidades campesinas y étnicas, los trabajadores, el Estado local y nacional, las organizaciones sociales y ambientales y las diversas fuerzas políticas; Hay una gran conflictividad social y ambiental en las distintas regiones productoras de minerales y energía También se han dado graves manifestaciones de ilegalidad y violencia, en particular en lo relacionado con extracción ilegal de oro De otro lado, están las controversias jurídicas derivadas de los vacíos normativos que han venido siendo zanjados por la corte constitucional, por ejemplo, la propiedad del subsuelo. A la par, la sociedad civil ha venido promoviendo procesos de participación ciudadana, como las consultas populares, aplaudidos por unos y rechazados por otros; Son preocupantes las manifestaciones de corrupción e ineficiencia en la utilización de las regalías; Hay una evidente desconfianza y altos niveles de polarización entre los actores a la hora del diálogo. Es importante mencionar que, a la par de estos elementos conflictivos, existen también interesantes procesos de concertación y una afanosa búsqueda de soluciones a los problemas en algunas regiones con liderazgos diversos que pueden y deben servir de ejemplo. 4. En el diálogo y en el pacto deben estar todos. El gobierno nacional en cabeza de los ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente; los gobiernos locales; las empresas; las organizaciones sindicales, sociales y ambientales; las comunidades; y los especialistas nacionales e internacionales en los temas claves de controversia. Debe involucrar también en su momento a representantes del Congreso Nacional y de la Corte Constitucional.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Una sociedad asqueada, una crisis en los partidos políticos por cuenta de los escándalos de corrupción, una consulta anticorrupción que dejó más de 11 millones de votos y los obvios problemas de la corrupción electoral hacen que sea inminente una reforma política en Colombia. Además, es uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz firmado hace poco menos de dos años entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. Hubo tres hechos que precipitaron la reforma política. Por un lado, una sentencia del Consejo de Estado, según la cual a un partido político pequeño, el MIRA, le fueron robados miles de votos en las elecciones de 2014, lo cual al final llevó a que no lograran acceder al Congreso de la República. Para 2018, todo parece indicar que la situación se repitió, al partido político Colombia Justa y Libres no le alcanzaron los votos para llegar al congreso, luego, en el conteo, le aparecieron por arte de magia, en cuestión de horas, más de 30.000 votos. El segundo hecho que precipitó la reforma política fue la denominada consulta anticorrupción, la cual logró más de 11 millones de votos y ha provocado un remesón político. Los partidos han entendido que se reforman o los reforman. El tercer hecho es la precaria coalición de gobierno en el congreso. Las mayorías del uribismo son de las más débiles en la historia contemporánea en el país y el gobierno ha tenido varios reveces en las últimas semanas. Se cree que camuflarán un artículo de transfuguismo para lograr conquistar congresistas de otros partidos. Como se sabe, actualmente el cambiazo está prohibido y hacerlo significaría la perdida de la curul para el congresista que tome la iniciativa. Uno de los artículos que han venido promocionando algunos congresistas parece un arma de doble filo, y se refiere a las famosas listas cerradas y acabar con el voto preferente. La situación es la siguiente: en muchos países, en las elecciones legislativas, se vota por el partido, el cual tiene una cabeza de lista y ordena un listado de candidatos de acuerdo con unas reglas de juego internas de cada colectividad. Así las cosas, si un partido logra cinco senadores, los que acceden a la curul son los cinco primeros puestos. En otros sistemas electorales, como el colombiano, la situación es diferente, existe el famoso voto preferente. En sentido estricto, el listado de candidatos depende de la cantidad de curules a asignar y cada candidato tiene un número o en otros tarjetones se pone una foto con la cara del candidato, de tal forma que el ciudadano marca el logo del partido y el candidato de su preferencia. Para muchos analistas y opinadores, el voto preferente causa serias distorsiones en la democracia, aunque han sido dos los efectos más mencionados. Por un lado, cada candidato es una pequeña empresa electoral, independiente de sus compañeros de lista, donde la coherencia ideológica o los postulados políticos no siempre coinciden y por ende la disciplina partidista es algo siempre en cuestión. El otro efecto complicado tiene que ver con la asimetría democrática de los recursos económicos, gana dentro de una lista el que más plata utilice en campaña, llevando a una carrera de gastos que no solo impiden que una serie de buenos candidatos llegue al congreso, sino que los candidatos que ganan empeñan su gestión ante privados, ya sean banqueros, empresarios o narcotraficantes. Con los anteriores cuestionamientos, obviamente eliminar el voto preferente parece razonable. Sin embargo, los problemas enunciados antes se pueden controlar o mitigar de otra forma sin eliminar el voto preferente. Por ejemplo, una corte electoral con capacidad investigativa controlaría de forma eficiente los gastos de campaña. Cuando se hace un ejercicio comparado con los sistemas sin voto preferente o de lista cerrada, se puede pensar que podría salir peor el remedio que la enfermedad. Estos sistemas llevan a que “dinosaurios” políticos, los más viejos de los partidos, tengan cargos casi que vitalicios en los primeros renglones en cada elección. No habría renovación política. Además, desmotivan la participación de jóvenes en la política, pero sobre todo desmotivan la participación electoral del ciudadano, quien siempre ve a los mismos personajes anclados en los cargos de elección popular. Por ello eliminar el voto preferente podría traer consecuencias complicadas para el sistema electoral colombiano.

Por: Diego Alejandro Restrepo, investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Marx decía, expandiendo las palabras de Hegel, que los grandes personajes y hechos ocurrían dos veces en la historia, una vez como tragedia y la segunda como farsa o caricatura. Para el caso colombiano podríamos afirmar que la historia se repite, la primera como tragedia del gobierno de Álvaro Uribe y la segunda como tragicomedia protagonizada por el joven-viejo de mejillas sonrojadas y actual presidente de Colombia, Iván Duque. Apoyada por lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y por el fracaso de los diálogos entre el ‘bobierno’ de Pastrana y las FARC, la primera tragedia del siglo XXI se desenvolvió sobre la base del discurso antiterrorista y la lucha paradójicamente frontal contra las drogas (los dos jefes de seguridad de Uribe están en la cárcel por narcotráfico y apoyo a grupos paramilitares). De este modo, el expresidente dio inicio a una estrategia de seguridad que, de manera temprana, ubicó a la población civil como objeto de la guerra. Así lo expresa el reciente fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación por el atentado al Club el Nogal debido a la exposición de población civil generada por las reuniones frecuentes de altos funcionarios del gobierno, entre ellos, la Ministra de Defensa de ese entonces Marta Lucía Ramírez, actual Vicepresidenta del país, con fines institucionales. La concepción represiva y punitiva de la seguridad nacional derivó en una serie de estigmatizaciones a movimientos y organizaciones de la sociedad civil y en violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Así lo demuestran más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, la criminalización de campesinos cocaleros y, como consecuencia de la aspersión aérea con glifosato, el desplazamiento de cultivos de coca hacia zonas rurales de otros departamentos y municipios, como es el caso de Tumaco. Sumado a lo anterior, el fortalecimiento del aparato militar sin fortalecimiento institucional integral derivó en extralimitaciones y violaciones al DIH por parte, especialmente, del Ejército, como lo fue la utilización de chalecos e insignias de la Cruz Roja Internacional en el marco de la operación militar ‘Jaque’ para la liberación de Ingrid Betancourt y otras personas secuestradas por las FARC. Esta vez, se puso en riesgo el importante trabajo humanitario en el marco del Conflicto Armado minando la confianza en la imparcialidad en la labor de la Cruz Roja. Actualmente, el presidente Duque se ha lanzado a la repetición de ese pasado mítico con la jovialidad que le caracteriza. Sus propuestas en materia de seguridad son una expresión nostálgica de la visión de su jefe político. Por ejemplo, propone “restaurar el honor y la moral militar” a través de autonomía de la Justicia Penal Militar, capacitación en Derechos Humanos y el mejoramiento de las condiciones de los veteranos. De este modo, supone nuestro presidente que hubo una pérdida de la “moral” y el “honor” militar durante el gobierno de Santos debido al apoyo al proceso de paz por parte de algunos miembros de la cúpula de esta institución, desconociendo que, si en algún momento podemos hablar de algo similar, fue en marco de los asesinatos a miles de jóvenes no combatientes por parte de las fuerzas militares. Adicionalmente, el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar para revestir a la institución de autonomía judicial va, claramente, en detrimento de la posibilidad de que los militares que cometieron crímenes y trabajaron de manera conjunta con los paramilitares sean juzgados por la Justicia Especial para la Paz-JEP. Es decir, busca eludir las responsabilidades de esta institución como parte fundamental en el recrudecimiento de la guerra. Esta reforma a la justicia también propone “integrar y reordenar los aparatos de inteligencia sobre la base de la cooperación ciudadana”, lo cual quiere decir, en otras palabras, revivir las redes de apoyo para inteligencia tal y como lo desarrolló Uribe, exponiendo a la ciudadanía a grandes riesgos por parte de el accionar de los grupos armados ilegales y también señalándolos como colaboradores del “terrorismo”. Ahora, dada la dificultad del mantenimiento de una ideología contrainsurgente, pues esta no es la misma Colombia de los años de Uribe, el Gobierno busca criminalizar la protesta social a través de la invención de vínculos con la ilegalidad, tal y como lo ha hecho el actual Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien afirmó en una conferencia en Cartagena que los Grupos Armados Organizados financiaban, con dineros del narcotráfico, la protesta social: “Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre hay mafias de verdad”. Afirmaciones que ponen en riesgo de manera inmediata la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, en lugar de buscar estrategias para protegerles. En resumen, Duque constituye una caricatura de Uribe, una versión más “entretenida” y adaptada a épocas de espectáculo. Sin embargo, como expresé en el principio, también es una tragedia, especialmente para las víctimas del conflicto armado, pues para esta facción ideológica, ni siquiera existió el conflicto armado interno. La criminalización de la protesta social, el otorgamiento desmesurado de facultades a instituciones policivas y militares, la aspersión aérea y el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales ha regresado, la historia sucede dos veces, la primera como tragedia y la segunda, como tragicomedia.

Foto: Colombia Plural Por: Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña, Línea Democracia y Gobernabilidad Han pasado treinta y dos años desde el inicio del proceso descentralizador en nuestro país y los resultados hasta el momento parecen agridulces, ¿habrá llegado el momento de una gran reforma al proceso? Antes que nada, debe resaltarse la importancia del proceso de descentralización, reforma que surge en medio de la apertura del Estado de los años 80 y buscaba poner fin a una gran oleada de protestas sociales de las décadas de los 70 y los 80. Además, se pretendía mejorar la provisión en la prestación de servicios sociales básicos: educación primaria y media, salud, alcantarillado y saneamiento. En teoría, la descentralización busca acercar al Estado al ciudadano, es decir, mejorar la democracia desde lo local. En los últimos años de la década de las 80 e inicios de los 90, el país vivió una verdadera euforia descentralista, en la que se aumentó el flujo de recursos destinados a las entidades territoriales y se proclamó la elección popular de las autoridades locales. La descentralización cobró tanta importancia que quedó plasmada, junto con el principio de autonomía de las entidades territoriales, en la Constitución Política de 1991. Este espíritu llegó a su fin a finales de los 90 e inicios del Siglo, periodo que coincide con la crisis económica y con la crisis fiscal de las entidades territoriales. A partir de entonces, se inicia un proceso de recentralización, que como primera medida decreta la reducción de los recursos de transferencias a las entidades territoriales destinados a financiar la política social local. El siguiente paso fue el recorte de las facultades de estas entidades para gestionar sus recursos. Es decir, se limitó la autonomía local para decidir sobre la administración de dineros públicos. La imposición de competencias a través de leyes ordinarias y la expedición de una avalancha de regulaciones, son ejemplos de las formas en la que se recortó la autonomía local. Hoy en día, el proceso ha tomado una forma muy particular: se ha descentralizado el gasto, en la medida en que las entidades territoriales han aumentado ligeramente su participación en el gasto público en general; sin embargo se han centralizado las decisiones y los recursos de transferencias, de forma tal que, aunque las autoridades territoriales manejan más recursos, tienen menor capacidad para incidir en el desarrollo económico y social de sus territorios. Una de las consecuencias de este proceso es el aumento de las protestas sociales dirigidas directamente al gobierno central. No es una coincidencia que los paros cívicos de Chocó y Buenaventura, por citar un ejemplo, hayan estado destinados al Gobierno Nacional. Las autoridades territoriales ya no tienen la capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos de sus territorios, lo que genera desencanto con lo público y protestas de grandes proporciones. Esto es una muestra de que el proceso de descentralización no es un tema menor, tampoco es un refrito de décadas pasadas. El proceso de recentralización de las últimas décadas ha tenido graves consecuencias para la provisión de soluciones a los problemas de las poblaciones alejadas de los centros de desarrollo económico y social del país. Esta situación degenera en el aumento de la desconfianza en la institucionalidad pública y en el desencanto con la participación ciudadana. En este sentido, la descentralización es un tema fundamental para el postconflicto, que requerirá, entre otras, del cierre de brechas entre las ciudades y los territorios periféricos. Para esto, debe darse construcción de Estado y aumento de la inversión productiva y de desarrollo social en dichos territorios, así como la consolidación de la democracia local. En otras palabras, el postconflicto requiere del cumplimiento del primer artículo de la carta magna del 91: una república descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.

Por: Naryi Vargas, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares El restablecimiento de derechos para las víctimas de despojo siempre ha corrido el riesgo de no ser satisfactorio: siete años después de que se pusiera en marcha lo dispuesto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene una vigencia de 10 años, sólo se han restituido cerca de 237.679 hectáreas de un aproximado de 6 millones . En este gobierno el panorama no parece mejorar. Miembros del Centro Democrático, como José Obdulio Gaviria y María Fernanda Cabal, han manifestado abiertamente su rechazo a la Ley, y empresarios cercanos al partido, como José Félix Lafaurie, han manifestado que esta “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados”. Se identifican tres nuevas situaciones que evidencian el fin para la restitución de tierras. La primera tiene que ver con el proyecto de ley que radicó la senadora María Fernanda Cabal el pasado 5 de septiembre. Dicho proyecto pretende la modificación de la Ley 1448 de Víctimas en dos elementos claves: la carga probatoria y la segunda instancia, ambos dirigidos a evitar la revictimización y a hacer más expedito el proceso necesario para la garantía de los derechos de verdad, justicia y reparación. La carga probatoria hace referencia a la responsabilidad que tiene una de las partes para probar que actúa acorde a la ley. Para el caso de los procesos de restitución, la Ley de Víctimas establece que quien debe asumirla es el propietario del predio despojado, es decir, debe demostrar que el predio es suyo y que lo adquirió de buena fe. Para la Senadora Cabal, esto ya no debe ser así. Su propuesta consiste en que sean las víctimas quienes se tomen el trabajo de probar que el predio despojado sí era de ellos y que por diferentes razones resultó en manos de otros. Esto, además de incurrir en la revictimización y desconocer el estado de vulnerabilidad de las personas víctimas de desplazamiento y despojo forzado, supone que los propietarios actuales actuaron de buena fe, lo que los exime de asumir cualquier responsabilidad en el marco del conflicto armado. Mata dos pájaros de un solo tiro, pues no sólo es predecible que en un proceso de este tipo las víctimas no tengan la capacidad técnica ni el apoyo suficiente para probar que sus predios fueron despojados y adquiridos (de buena o mala fe) por otros, sino que además supone que todos los “segundos ocupantes” actuaron de buena fe. Respecto a la segunda instancia, se pueden hacer dos afirmaciones. En primera medida, el tiempo que se tardaría en resolver un pleito de restitución sería casi el doble. Y en este punto es importante recordar que en una segunda instancia la garantía de que el predio sea restituido a la víctima es menor, pues esta puede desistir del proceso por cuestiones de seguridad o presión del segundo ocupante, hechos que ya se han venido presentando. En un debate de control político realizado en 2015, María Fernanda Cabal, quien fue la representante legal de la Fundación Colombiana de Ganaderos, había anunciado la necesidad de reformar la Ley de Víctimas, pues en su concepto beneficia a los reclamantes de tierras que son “vagos que no quieren trabajar” y perjudica a los segundos ocupantes, a quienes les viola el derecho al debido proceso y al principio de buena fe. La segunda situación consiste en las consecuencias que traerá el Decreto 1167 de julio de 2018, que pone un plazo de tres meses para la inscripción despojados y abandonados forzosamente en las zonas microfocalizadas, es decir, cierra el 11 de octubre de este año. Si bien este fue expedido en el gobierno Santos, la postura del presidente Iván Duque y su partido al respecto no augura ninguna medida para evitar los perjuicios que traerá. Es importante entender que el trámite de la inscripción no se surte por diferentes razones: (i) en algunos casos la URT no ha desarrollado los procesos necesarios para informar a las víctimas sobre los trámites y requerimientos para que sus derechos sean restablecidos; (ii) el trámite es muy complicado y las víctimas no logran acceder a la ruta: según la Comisión Colombiana de Juristas, de 88.489 solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas solo 22.711 han sido inscritas de forma efectiva , y (iii) en otros casos más complicados, las víctimas aún no se han inscrito porque no sienten las garantías de seguridad física o jurídica para activar la ruta dispuesta para que les devuelvan sus predios. Esto es entendible con suficiencia, y es que, por un lado, los asesinatos contra reclamantes de tierra han aumentado y, por otro, los despojadores son los dueños de sus predios o actores activos con poder en el territorio, y no sólo en el ámbito del crimen, sino con nexos con élites políticas, económicas y funcionarios públicos, lo cual desincentiva a las víctimas o les genera temor para comenzar un pleito jurídico. El tercer hecho que preocupa tiene que ver con el nombramiento del nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras Andrés Castro, quién fue director (e) de Planeación Desarrollo Sectorial de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma. Al respecto, es necesario resaltar el conflicto de intereses que esto acarrea, pues en Colombia ha habido un proceso de despojo activo que desarrollaron grupos paramilitares en alianza con empresarios de la palma. Este fenómeno se dio particularmente en cinco departamentos del país: Bolívar, municipios de María La Baja y El Peñón; Magdalena, en Zona Bananera y Ciénaga; Chocó, sobre todo en el Bajo Atrato; cinco municipios de Cesar y, por último, Nariño, en la ronda del Río Mira. Los procesos de restitución en estas zonas aún están activos, y el nombramiento de un palmero en la URT puede resultar siendo un favorecimiento a este gremio que ha colaborado con el despojo.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El Congreso colombiano tiene al menos cuatro grandes temas que debe discutir, modificar y aprobar en el próximo año. Estos temas se derivan de promesas de campaña, necesidades económicas, cálculos políticos y presión ciudadana. Lo cierto es que no parece claro el camino y la priorización de cada punto, es posible que algunos de ellos vayan agonizando a medida que pasa el tiempo y se acerquen las elecciones locales y regionales de 2019. El primer tema grueso, que lo ha anunciado el propio gobierno, tiene que ver con la reforma tributaria. Si bien en las primeras de cambio el gobierno de Iván Duque salió mal librado y el Ministro Carrasquilla terminó envuelto en el escándalo de los Bonos de Agua, lo cierto es que al menos para el primer semestre de 2019 se deberá presentar la reforma. Las calificadoras de riesgo tienen al país en una situación compleja. Además, como era de esperarse, la reforma busca bajar impuestos a los ricos e incrementarlos a los pobres. Es una reforma con estrategias regresivas que castigarán fuertemente el bolsillo de los pobres. El segundo tema grueso se refiere al paquete de anticorrupción derivado de la Consulta de hace algunas semanas. Son varias leyes, varias cosas que seguramente causarán un gran debate y sobre las que no hay acuerdo, así públicamente todos los partidos digan que van a luchar contra la corrupción. Tal vez los temas más complejos son los de cupos indicativos y en general la forma de distribuir los recursos, el tema de salarios a altos funcionarios es el distractor mediático, pero hay otros temas más complejos. El tercer tema tiene que ver con la reforma política. Temas de listas cerradas, democracia partidista, financiación, reforma al CNE, y una Corte Electoral son los asuntos de fondo. Obviamente, casi la mayoría de los partidos se opondrán a los cambios de fondo y solo maquillarán su corrupción. Además, el gobierno intentará meter un articulito de trasfuguismo, para atraer senadores de la U, Cambio Radical y así mejorar sus mayorías en el Congreso. El cuarto tema fundamental se refiere a la reforma a la Justicia donde igualmente el debate se centra en la reforma a la tutela, la reforma a las altas cortes, donde el uribismo quiere pasar cuenta de cobro, y la reforma a la base de la administración de justicia. Este tema podría llevar a cambios sustanciales en la garantía de derechos de los colombianos, por ello será central en el debate público. Toda esta agenda se dará en medio de las precarias mayorías del uribismo en el congreso y el intento de la oposición de centro y centro izquierda de jugar un papel de control política, así como, la intención de la oposición de derecha de Vargas Llera de hacer la vida difícil al gobierno Duque. Como dicen las abuelitas “amanecerá y veremos” que sale de todo esto, lo cierto es que será un año y medio bastante movido.

Por: León Valencia, director – Pares Según lo anunciado desde el gobierno, el discurso del presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) será, lamentablemente, una vuelta atrás. Los últimos discursos habían tenido como eje la paz de Colombia. Le hablábamos al mundo con esperanza, con la convicción de que habíamos encontrado una salida para nuestro problema mayor, para nuestro dolor más profundo, para la guerra que nos acosa desde mediados del siglo veinte. Le decíamos al mundo que necesitábamos su ayuda para la paz, para el postconflicto, para la reconciliación, para empezar de nuevo. Hablábamos en comunión con nuestros vecinos de América Latina. Ahora, todo indica que el interlocutor real del discurso será Estados Unidos, el tristemente célebre Donald Trump, y no el foro de todas las naciones. Va decir Duque que el eje ya no es la paz y la reconciliación de los colombianos, que el eje es la seguridad, otra vez la seguridad; la lucha contra el narcotráfico, otra vez la lucha contra el narcotráfico, a la manera de Estados Unidos, atacando los eslabones más débiles de la cadena: a los campesinos cocaleros y a los consumidores locales; fumigando con glifosfato, otra vez fumigando con glifosfato para satisfacción de las empresas norteamericanas que producen el químico y para desgracia de nuestros campesinos y de nuestra flora y de nuestra fauna; otra vez persiguiendo en las calles a los consumidores como delincuentes, no como victimas de un flagelo que recorre al mundo; otra vez haciéndonos los de la vista gorda frente a la enorme corrupción que es a la vez causa y efecto del fenómeno, la estrecha relación entre empresarios legales y carteles de la droga, entre sectores de la fuerza pública y narcotraficantes. Maduro, el inefable Maduro, será otro tema. No la angustia del pueblo venezolano, no la grave crisis de esa nación en manos de un régimen inepto y corrupto y de una oposición no menos inepta y corrupta, sino la atribución de izquierdas a ese régimen, la disputa ideológica con su trasfondo de intervención militar, que el embajador en Washington, Francisco Santos, proclama abiertamente y Duque sólo entre dientes. Una intervención que agregaría más dolor, más angustia a Venezuela, y de contera incendiaría nuestras fronteras, si es masiva, si es decisiva en la caída del gobierno; o fortalecería a Maduro y a Diosdado Cabello, si es lateral, si es apenas una intentona, nada bueno en ninguna versión. Ahí veremos que las soluciones para el millón de migrantes serán pobres o retóricas, sólo humo, para encubrir la idea obsesiva de extirpar el llamado castro-chavismo y nosotros seremos los calanchines de esa aventura. Y hablará Duque de la paz y el postconflicto; claro, tendrá que hablar del tema, no podrá eludirlo; porque las Naciones Unidas trajeron a su Consejo de Seguridad a nuestro territorio para verificar el proceso, porque la ONU creyó en nosotros, creyó que la negociación era un asunto de Estado, no un asunto del gobierno de Santos, que lo pactado se cumpliría, que las instituciones honrarían su palabra. Hablará del asunto, tendrá que hacerlo, pero ya veremos los malabares para decir que el pacto quedó mal hecho o para decir que no hay dinero para cumplirlo y que las disidencias están arruinando la paz. Entonces la ONU tendrá que pensar dos veces en la continuidad de sus esfuerzos; entonces Jean Arnault, el jefe de la misión, pensará en salir del país antes de que el fracaso sea una realidad indiscutible. No tendrá en sus manos la noticia de una continuidad de las negociaciones con el ELN, lo cual hubiese relanzado la paz de Colombia en el foro de todas las naciones, hubiera sido una reiteración de la esperanza, algo que nos mostraría como una nación seria que persiste en sus propósitos. En vez de ello lanzará en los hombros de la guerrilla la responsabilidad de la ruptura de la mesa. En vez de ello insistirá en empezar de nuevo con un grupo que con todas sus veleidades e inconsistencias lleva varios años atado a la negociación, insistiendo en un cese al fuego bilateral y comprometiendo su palabra en que esta vez si llegará al desarme. Es una torpeza sin nombre que muy pocos entenderán en Nueva York. En cambio, no dirá nada de la intervención de la DEA en nuestro proceso de paz. De la enorme piedra que arrojó a las aguas del postconflicto al saltar por encima del presidente Santos e ir directamente al Fiscal para pactar la captura de Jesús Santrich y la oficialización de la colaboración de Marlon Marín con esa agencia de drogas. No dirá que el país está esperando las pruebas ciertas y contundentes que implican a Santrich o, en su defecto, las aclaraciones del caso para tranquilizar el proceso de reintegración y volver a su cauce a Iván Márquez y a los demás jefes desmovilizados de las FARC que ahora están en camino hacia las disidencias.

Foto: Agencia EFE Por: Mateo Quintero, Redacción Pares La Organización de Estados Americanos (OEA) se creó en el año de 1948 con el pacto de Bogotá. La reunión de todos los miembros firmantes, coincidencialmente, se juntó con El Bogotazo, por lo que la reunión no pudo hacerse en el Palacio Presidencial sino en el colegio Gimnasio Moderno. Allí, 21 países adoptaron la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la que se prometía respetar la soberanía de cada uno de los países firmantes. Sin embargo, parece que este principio no ha sido del todo respetado en los 70 años de historia de la OEA. Hay que recordar el caso de la intervención de Estados Unidos a Costa Rica en 1955, apoyada por la Organización. Hoy, el debate revive con la reciente declaración del Secretario General de la OEA, Luis almagro, en el puente internacional Simón Bolívar, que limita fronteras entre Colombia y Venezuela. En su visita a Cúcuta, Almagro dijo que las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero que «en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción». Cabe recordar que esta declaración se une a las noticias sobre Donald Trump que, en semanas anteriores, ya había pensado en esta opción para el país vecino. Después del furor mediático, Luis Almagro aclaró su posición frente al tema, diciendo que iba a respetar la soberanía de los países y aclaró que brinda el consejo de “no ser imbéciles”, sin explicar muy bien el porqué. Sin embargo, la declaración sigue siendo muy blanda, pues la posibilidad de invadir Venezuela pareciera estar en el aire. Por otro lado, Colombia ha tomado una posición proestadosunidos, como lo demuestra la visita diplomática que hizo Iván Duque después de posesionarse y las posiciones que ha tomado Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, frente al tema. Las declaraciones de Pacho Santos al respecto dejan mucho que desear, pues, siguiendo la línea de Luis Almagro, el embajador dijo sobre la presunta invasión a Venezuela que “todas las opciones valen para Venezuela” y también afirmó que «Colombia ya no se hará de la vista gorda a esta catástrofe y no seremos pasivos». De esta manera se abre un tire y afloje que puede poner en riesgo la soberanía de Venezuela, pues, por un lado, Donald Trump se refirió a una posible intervención militar y, como se ve, no solo Colombia, país vecino y principal receptor de migración venezolana en América Latina, sino que además, el Secretario General de la OEA también habla al respecto. ¿Tiene la OEA la potestad de apoyar una invasión a Venezuela? A diferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la OEA no cuenta con un ejército capaz de tomar una posición interventista en países, como es el caso de los cascos azules. Además, por otro lado, para llegar a tomar esta decisión, los países miembros del Consejo de Seguridad tienen que llegar a un acuerdo común para hacerlo, si esto no se hace, jamás podrían los cascos azules llegar a tomar posición en un país. Sin embargo, aunque la OEA no puede como tal realizar una intervención directa al país vecino, sí puede, ideológicamente, apoyar a otro país para que lo haga. Es decir, puede sentar su posición respecto al tema. Cabe recordar el caso de Costa Rica en 1955, cuando Estados Unidos intervino el país para derrocar al presidente electo José Figueres, quien había sido elegido democráticamente. En ese caso la OEA apoyó la intervención. Queda la pregunta abierta: ¿se está respetando la soberanía de los países americanos? La OEA como organismo regional está sentando su apoyo frente a una presunta intervención militar. Sin embargo, pese a que Colombia y Estados Unidos son los países que han mostrado interés en una intervención militar, hay otros de la región que la han desestimado. Tal es el caso de 11 de los 14 países pertenecientes al Grupo de Lima, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. En este sentido se ve cómo el tema de la intervención militar ha abierto el debate sobre la soberanía de las naciones. Colombia no firmó. Es decir, el país vecino de Venezuela, en donde se estima que viven un millón de venezolanos, y por el que más migrantes tienen que pasar para poder llegar países no firmó. ¿Qué está queriendo decir Colombia con sus acciones? La intervención militar sigue en el aire.

Por: Sebastián Mora, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad. En Arauca el conflicto armado y la explotación petrolera llegaron de la mano. Era el inicio de la década del ochenta y un grupo de campesinos colonos de la ANUC, descontentos con las promesas incumplidas del gobierno, ingresaron a los llamados Consejos de Liberación Nacional, una plataforma ideológica conformada por jóvenes de distintos centros urbanos, como Bogotá y Norte de Santander, y activistas de izquierda que ya habían logrado un contacto con la guerrilla del ELN y estaba listo para entrar a la lucha armada. Así se dio origen al que se convertiría, años después, en el más poderoso frente del ELN: el Domingo Laín. Este grupo incipiente encontró rápidamente una justificación para dar continuidad a su lucha en la explotación petrolera que iniciaba en el departamento y, casi como grito fundacional, lanzaron la consigna “¡Despierta Colombia nos están robando el petróleo!”. Años después, en el departamento harían presencia las FARC y, posteriormente, las AUC a través del Bloque Vencedores de Arauca. Dos años después de la desmovilizadas las AUC, en el 2008, las FARC y el ELN entraron en una disputa sin precedentes por el territorio. Esta guerra dejó el mayor saldo de violencia en la historia del departamento y los empujó a la celebración de un pacto de no agresión en el 2013, que se extendió hasta la desmovilización de las FARC a finales del 2016. Tras la desmovilización de las FARC, el ELN ocupó los territorios en los que tenían presencia los frentes 10, 28 y 45 de la extinta guerrilla, asumiendo el papel de operador de justicia y control social. Esto significó una afectación de la cotidianidad de algunos araucanos, quienes vieron modificadas las normas de conducta que antes imponían los ahora desmovilizados. Actualmente, las cosas han venido empeorando y cada vez son mayores las restricciones a la ciudadanía. Por ejemplo, en Saravena y Tame la mayoría de los comercios cierran a las 8 pm por la sensación de zozobra y la vida nocturna de la población se ha reducido al mínimo. En Saravena, durante esta semana hombres desconocidos se han acercado a varios establecimientos comerciales increpando a los dueños por “cerrar tan tarde”. Esto ha estado acompañado de la instalación de vallas por parte del ELN, el 15 de septiembre, en las que se prohíbe el uso de cascos a los motociclistas que transiten por la vía entre Fortul y Tame en horas de la noche. Según fuentes de la zona, estos dos eventos estarían conectados en lo que parecería la declaración de un paro armado el próximo lunes en conmemoración de los 38 años de existencia y presencia del ELN en el nororiente del país. Además, en Arauca se escucha sobre la vuelta de grupos paramilitares a la región, quienes al parecer estarían ingresando por Casanare. Sumado a esto, fuentes del departamento le han confirmado a PARES que algunos desmovilizados de las extintas FARC estarían siendo reclutados por un grupo postFARC que hace un par de meses tiene presencia entre Tame y Saravena. Al parecer, este grupo habría llegado a un acuerdo de connivencia con el ELN para operar en las zonas anteriormente controladas por la extinta guerrilla. Según algunos pobladores, desde hace un par de semanas, este grupo ha empezado a actuar y movilizarse de forma visible, demostrando el control que ostentan sobre el territorio. Incluso, existen testimonios desde la institucionalidad que hablan de reclutamientos de excombatientes por parte del ELN, especialmente dirigidos a los antiguos cuadros militares exFARC. Con tal panorama, este lunes se declaró por parte de distintas organizaciones sociales en Arauca un paro cívico indefinido en cabeza del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos. En un comunicado, publicado el 16 de septiembre, argumentaron falta de inversión y de seguridad a la lucha social: Los colombianos afrontamos la hecatombe ambiental y la falta de derechos esenciales como la salud, educación, recreación, trabajo, vivienda dignos, el derecho a la participación y el acceso a agua potable y saneamiento básico, así como, la implementación de políticas que restringen el derecho de soberanía y seguridad alimentaria al imponer medidas drásticas de control fitosanitarios a los renglones productivos, mientras que a las corporaciones transnacionales se les facilita su normal desenvolvimiento. Tales afirmaciones fueron reconfirmadas por el vocero de la movilización José Murillo, quien afirmó que se busca llamar la atención del Estado por su falta de inversión en el departamento y el uso de los recursos departamentales para suplir compromisos en saneamiento básico, salud y producción agrícola. El accionar del paro implica el bloqueo de vías. Entre las zonas afectadas se encuentran Corocito entre Tame y Fortul, Banadia entre Saravena y Arauquita, Puente Tame entre Tame y Yopal, el sector de Royota entre Saravena y Curabá, la vereda Puerto Arturo, sector Villamaga entre Saravena y Arauquita, la vereda La Yuca entre Arauca y Arauquita, el centro poblado de Panamá de Arauca entre Arauca y Tame y el sector El Chuzo entre Arauca y Arauquita. Ante esto, medios territoriales en Arauca registraron la llegada de escuadrones Antidisturbiso de la Policía Nacional al aeropuerto de Saravena el 18 de septiembre, lo que podría agravar la situación. Frente a esto, el Ministerio del Interior envió varios delegados para que, junto con el Gobernador del departamento, gestionarán el levantamiento de los bloqueos por medio de diálogos. Desde las organizaciones sociales se aceptó la propuesta bajo el compromiso de llevar el pliego de peticiones a Bogotá para la evaluación de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y su respectiva respuesta para el viernes 21 de septiembre. Así mismo, se acordó la reactivación de la mesa de diálogo departamental a través de un decreto presidencial.

Foto: semana.com Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares A la Comisión de la Verdad llegó la primera entrega formal por parte de las Fuerzas Militares el pasado 27 agosto. Se trata de 50 tomos que componen el informe Génesis, cientos de documentos con información que fue recopilada por parte de organismos de inteligencia y la Fiscalía General de la Nación. Las Fuerzas Militares decidieron, como primera entrega, dar un informe sobre la antigua guerrilla de las FARC y no del Ejército Nacional. Dicha entrega se dio 48 días después del comunicado de prensa que emitió la Comisión de la Verdad, el 10 de julio, en el cual manifiesta que tiene la facultad y obligación de solicitar a las diferentes instituciones del Estado información necesaria para el esclarecimiento de la verdad. El documento fue entregado por parte del comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, y contiene —según declaraciones de Mejía en rueda de prensa— “miles de discos duros de computadores, miles de memorias USB y, al mismo tiempo, miles de terabytes de lo que son las FARC. Nosotros guardamos por mucho tiempo esta información, pero es momento de que esté en el lugar preciso, y es, ni más ni menos, que la Comisión de la Verdad”. Según lo advirtió el general Mejía, la entrega de los 50 tomos no pretende ser una “cortina de humo” con el objetivo de “tapar los errores que han podido cometer soldados de la República en esta guerra”. Por su parte, el padre Francisco de Roux —presidente de la Comisión de la Verdad—  afirmó que la entrega es “es una contribución muy seria a la clarificación para nosotros de lo que es la historia de las FARC” Lo cierto es que el informe Génesis está en manos de la Comisión y el medio que ha tenido acceso a los 50 tomos es la Revista Semana, la cual publicó dos artículos el primer día del mes de septiembre de 2018: El dosier secreto de las FARC y La ‘vaca’ para matar a Uribe, donde se revelan supuestos planes, que incluyen a narcotraficantes y guerrilleros, para asesinar al senador Álvaro Uribe y para envenenar a congresistas del Centro Democrático. La publicación más reciente se dio el 11 de septiembre, y la titularon El abecedario guerrillero, el origen del mundo y cómo tomarse un pueblo: los manuales de las FARC. Según Semana, los documentos dan cuenta de «cómo eran las FARC tanto en la guerra como en la cotidianidad». Para conocer la opinión de La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Pares habló con Mauricio Jaramillo, quien fue miembro del Secretariado de las FARC durante el Proceso de Paz y es miembro partido de los ‘comunes’. ¿Qué considera de la entrega del informe ‘Génesis’ por parte de las Fuerzas Militares a la Comisión de la Verdad? Nosotros no hemos recibido esa información oficialmente. Como yo lo veo, es muy importante porque recopila la información que ellos tienen sobre nosotros. De todas formas, ellos tienen que entregarnos a nosotros los 50 folios, porque ahí hablan de las FARC, pero hasta el momento no hemos recibido absolutamente nada. Sin embargo, vamos a hablar con la Comisión de la Verdad para que ellos hagan el procedimiento y nos hagan llegar toda esa información. La entrega es positiva, porque eso es cumplimiento de una parte. Ellos empiezan a entregar informes, como nosotros que empezamos a entregar información. Ellos no han dicho nada de lo que en su acontecer diario también tuvieron que ver, por ejemplo, los ‘falsos positivos’, muertes que estaban por fuera de la justicia. En general, son muchas las cosas que ellos tienen que revelar. Del contenido del informe, ¿qué opina? Yo no conozco en detalle estos textos, tenemos que sentarnos a leerlo. Muchas cosas serán ciertas, otras no. Fíjese: de lo que se ha publicado, hay cosas que escribió el camarada Manuel en la cartilla militar, hace por ahí más de 40 años; inclusive, eso hace parte de lo que nosotros vamos a entregar a la Comisión de la Verdad. Toda esa entrega de nuestra parte son documentos nuestros, documentos oficiales, hay testimonios en los recuentos del camarada Manuel, sobre el día a día de cómo en las FARC. Nosotros no creemos que solamente en nuestra versión está la verdad. La verdad confluye de muchas partes. Ese conjunto de información es la que va a contribuir a un verdadero esclarecimiento. Por ejemplo, nosotros recogemos información en el territorio porque es en la gente donde están los testimonios para que, realmente, construyamos la verdad. Hay aproximaciones de relato desde nuestra voz, pero hablar en territorio es el relato de la realidad. Sin embargo, para lograr este proceso hay una serie de complicaciones. Por ejemplo, ellos tuvieron que haber gastado más de dos mil millones de pesos en la elaboración de todo esto. El equilibrio para este tipo de esfuerzos es inexistente. Es una cosa muy desigual, ellos tienen todos los mecanismos, nosotros ninguno. La idea no es empezar a llorar, la idea que tenemos nosotros es esclarecer la verdad frente a las víctimas. ¿Cuál es el canal de comunicación entre el partido de la FARC con las víctimas? Nosotros tenemos comunicación con organizaciones de Derechos Humanos y con organizaciones de víctimas. Ese acuerdo dice que las víctimas son el centro y que, por lo tanto —no es porque sea por un mandato, sino que así lo creemos nosotros— las víctimas son las que deben tener mayor importancia. Además, nosotros tenemos un mecanismo para interarticular con la Comisión y tenemos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de FARC, donde nos reunimos periódicamente. Tenemos una interrelación con la doctora Monzón de la Unidad Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estamos conectados con los mecanismos todo el tiempo, estamos pendientes de los empalmes con el nuevo gobierno. Nosotros vamos a hablarle a las víctimas, eso es lo que nos va a aproximar a la paz, por eso decimos «¿los terceros dónde están?». Por ejemplo, ellos deben aportar verdad, porque ellos son los que tiene que decir «en esto aportamos nuestro grano de arena» para el servicio del país, porque Colombia se merece una paz verdadera. ¿Qué papel tienen las fuerzas militares en el esclarecimiento de la verdad? Es de primer plano, ellos tienen que aprovechar este momento que tiene el país. Ellos tienen un temor terrible de presentarse a decir la verdad y yo creo que, como van las cosas, el país se los reclama. No se lo va a reclamar ningún juez, el pueblo colombiano les va a pedir que rindan verdad, no se ve la cara del Estado aquí, no se ve la cara del gobierno. Hay unos mecanismos, la Comisión de la Verdad tendrá una ruta para articularla. Una verdad compuesta por todos los territorios de Colombia acercará a un proceso de reconstrucción. Sin embargo, el mandato es tan largo que uno dice «¿tres años?», eso no va a ser suficiente. Ya vamos varios meses y esto no va alcanzar. Esta es una apuesta muy grande para el país. Nosotros hemos tratado por todos los medios que ellos se vinculen a este proceso, ahí está la JEP. Todo el mundo dice «¿ustedes con Uribe qué?». Ojalá el expresidente Uribe se acerque a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda Personas Dadas por Desaparecidas. Estos no son mecanismos de retaliación, son mecanismos de acercamiento a un punto de verdad, ese es el camino que nos va a llevar a la paz. ¿Qué proyecciones tiene el partido para la entrega de la información a la Comisión de la Verdad? Puntualmente ya hemos entregado unos libros, que todo el mundo los conoce. Ya hemos empezado a interlocutar con el país. Hemos dicho «nosotros fuimos culpables de esto», hemos hablado de Bojayá, de muchos otros casos emblemáticos como El Nogal también. No pretendemos esquivar lo sucedido, estamos diciendo la verdad. ¿Qué manejo se debe tener sobre la información? Hay que tener mucha prudencia, ahí está la versatilidad que pueda tener la Comisión de la Verdad, es la que va a definir cuando se entrega y cuando no. Esto tiene sus tiempos y la Comisión sabrá definirlos

Por: Alexander Riaño, coordinador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares El 2018 marca un punto de quiebre para la discusión sobre el sector minero energético en Colombia y, en especial, para la industria de los hidrocarburos. Además de la anunciada decisión de la corte constitucional sobre consultas populares que está en la puerta del horno, este año el fracking adquirió gran importancia en la agenda pública nacional. Se trata de un debate tremendamente complejo sobre el cual el nuevo gobierno deberá tomar decisiones. PARES presenta el primer artículo de una serie de entregas donde analizaremos a fondo las implicaciones de la explotación de Yacimientos No Convencionales: Como desastre, como necesidad o como una gran oportunidad. Estas tres categorías agrupan los distintos discursos y narrativas que existen sobre un debate central para Colombia: la explotación de Yacimientos No Convencionales a través de la técnica de estimulación o fracturamiento hidráulico – Fracking. Se trata de uno de los ejes centrales de conflictividad social que se posicionó como punto neurálgico de la agenda pública del país (jugando con Google Trends se identifica un pico histórico en el interés sobre el término en junio de 2018). Desde el Gobierno nacional se levantan alertas sobre el agotamiento de reservas de petróleo y gas y su relación con la autosuficiencia energética; desde las comunidades y organizaciones ambientales se manifiesta una preocupación inmensa por los eventuales y devastadores impactos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y la salud de los ciudadanos; y desde los gremios y las empresas se promocionan las bondades y aportes al desarrollo de una actividad con mínimos y controlables impactos sobre el ambiente y las personas. Si cada una de estas narrativas tiene algo de razón, es de vital importancia adelantar una discusión amplia, informada y desde múltiples perspectivas que permita construir acuerdos sociales a nivel local y nacional alrededor de esta agenda de conflictividad. Este es un debate de alta complejidad en términos políticos y técnicos. Poder entenderlo implica analizar varias dimensiones del problema como la política económica, fiscal y energética; las dinámicas de movilización y protesta social; los factores de justicia y protección ambiental; elementos de ingeniería e, incluso, dinámicas electorales. Las posiciones desde los distintos actores son altamente antagónicas y disonantes, por lo cual existe una gran presión y tentación inmediata de sentar una posición. Este articulo se aleja de dicha pretensión por dos razones: i) porque la dimensionalidad del tema para analizar es tan grande y compleja, que dar un dictamen sería por lo menos un acto de soberbia y; ii) porque, en aras de aportar, consideramos importante tener en cuenta todos los puntos de vista y perspectivas sobre este asunto. En una serie de artículos presentaremos balance general del debate sobre el fracking en Colombia, que concluye con una descripción de los posibles escenarios que se vienen y con las preguntas que aún quedan por resolver. Esta primera entrega se concentra en explicar en qué consiste la técnica y discutir sobre uno de los temas más preocupantes, su impacto ambiental. Primero lo primero: ¿qué es el fracking? Lo que comúnmente se denomina fracking es una técnica usada para extraer los recursos energéticos de origen fósil (gas y petróleo) que están almacenados en formaciones compactas e impermeables, más conocidos como Yacimientos No Convencionales –YNC. Para explotar un yacimiento convencional, se perfora a menor profundidad y, dado que los recursos están concentrados y a altas presiones, basta con perforar para lograr que el petróleo o el gas salgan a la superficie. Por su parte, los YNC se encuentran en depósitos no concentrados, a mayores profundidades, y la poca permeabilidad de la roca no permite que los recursos salgan de manera natural. En esta monografía de la Universidad de América pueden encontrar una descripción detallada de la estimulación hidráulica. La estimulación o fracturamiento hidráulico es una técnica que existe desde hace un buen tiempo y se ha utilizado también en yacimientos convencionales. Sin embargo, en la coyuntura actual es importante señalar que, desde lo que se conoce como shale revolution, su implementación es iterada y en grandes volúmenes para explotar yacimientos que antes no eran rentables económicamente. Es decir, ahora se hace a mayor escala. Para que esto sea posible se requiere la utilización de dos técnicas principalmente: Perforación horizontal o direccional: técnica que permite aprovechar depósitos dispersos de manera más eficiente, al realizar perforaciones no verticales de manera subterránea. Con esto, se pueden extraer hidrocarburos en un área amplia sin la necesidad de perforar más pozos. Estimulación hidráulica: que implica el uso de agua con una adición de diversos químicos y material arenoso. Para los yacimientos madre que están dispersos y encapsulados, se realizan fracturas “artificiales” pero controladas en el subsuelo, inyectando a alta presión un compuesto que tiene mayoritariamente agua y arena (entre 99.5%) y una serie de elementos químicos tóxicos y no tóxicos que sirven para distintos propósitos. En resumidas cuentas, el fracking es una tecnología que permite aprovechar recursos fósiles de difícil acceso y que antes no eran económicamente rentables. ¿Por qué es tan polémico el fracking? Este es un tema que ha sido objeto de gran controversia en Colombia y el mundo, particularmente por dos razones. La primera tiene que ver con los posibles riesgos e impactos sobre el medio ambiente y la salud. En segundo lugar, porque en el marco de la discusión sobre calentamiento global, algunos consideran que promover esta técnica retrasa un necesario proceso de transición energética que permita disminuir nuestra dependencia de las energías fósiles. Las posibles afectaciones ambientales de la explotación de YNC pueden separarse en dos grupos: aquellas relacionadas directamente con las actividades específicas de estimulación hidráulica, y todas aquellas relacionadas con la construcción y funcionamiento de un pozo. Concentrémonos en las primeras. Para extraer los hidrocarburos mediante fracking, una mezcla de agua, arena y elementos químicos es inyectada a alta presión en el subsuelo para generar las fracturas que hacen posible acceder a este tipo de yacimientos. Debido a esto, las principales preocupaciones de carácter ambiental han girado en torno a: 1. El consumo de agua y el estrés hídrico que puede significar en zonas en las que el agua es particularmente escasa: Un pozo no convencional puede utilizar entre 2.5 y 7.5 millones de litros de agua. Para hacerlo comparable, esta cantidad de agua equivale a lo contenido por una piscina olímpica. Sobre este punto la discusión es muy interesante. Los gremios, las empresas y el Estado argumentan que la actividad no implica una presión extrema sobre los recursos hídricos y que, comparado con otros sectores o actividades económicas (arroz, palma africana, ganadería), el uso del agua para el fracturamiento hidráulico es eficiente y se realizan prácticas de reutilización. Para lideres sociales y ambientales la actividad representa el desperdicio de millones de litros de agua que podrían ser usados para alimentar y sostener comunidades enteras. Desde ambos lados hay argumentos válidos. Si bien es cierto que el uso de agua de un solo pozo es pequeño (dependiendo de con qué se le compare), en lugares donde el agua es escasa, el volumen utilizado por las actividades de YNC puede significar un peso alto. Ejemplos de esto nos los brinda la información de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) para diversos Estados. Además, por lo general, los pozos que utilizan el fracking funcionan durante menos tiempo que los convencionales. Desde el lado empresarial, las prácticas frente a este reto llevan a profundizar la discusión sobre cuál es el agua que se utiliza para el fracturamiento y si es o no agua apta para el consumo humano. Desde Ecopetrol, por ejemplo, existe una división en la cual identifica fuentes de prioridad para ser protegidas (quebradas, nacederos, ciénagas) y fuentes para ser usadas, tales como aguas salinas, aguas de procesos agroindustriales, entre otras. Esto lo que hace es trascender la discusión de las magnitudes y llevarlo hacia la idea de la gestión y uso eficiente del agua. 2. La contaminación de acuíferos con gas metano: Este fenómeno se puede dar de manera natural o derivado de las actividades de fracturamiento. Se trata de una de las imágenes más viralizadas en internet cuando se investiga sobre el tema. Sobre este riesgo, el profesor Dani Raimi de la Universidad de Michigan, concluye en su libro The Fracking Debate (2017) que su probabilidad es baja y que se puede superar con mayor control y regulación, a la par de mejoras en las prácticas. Para sustentar dicha conclusión, cita datos del Estado de Pensilvania en Estados Unidos señalando que con datos de 2010, la tasa de contaminación de acuíferos por cada pozo nuevo de gas o crudo es de 0.7% lo que equivale a decir que de cada 100 pozos menos de uno generó contaminación sobre fuentes de agua por metano. También señala que el Departamento de protección ambiental de Pensilvania ha revisado las regulaciones de las empresas y desde 2010 se han mejorado las prácticas, de tal manera que en 2015 de 800 nuevos pozos de perforados con esta técnica, ninguno presentó contaminación de acuíferos. 3. La contaminación y afectación de acuíferos superficiales y subterráneos por contacto con la mezcla de agua y químicos: Usualmente, los casos de contaminación derivada de pozos que utilizan fracking han estado relacionados con fallos en las paredes de cemento y otros materiales construidos alrededor de la perforación para evitar filtraciones. Sobre este punto, el tema de mayor atención es la profundidad de los depósitos shale que serán aprovechados y la protección que se hará para evitar filtraciones. Las aguas subterráneas que son de consumo humano por lo general se encuentran a profundidades entre los 500 y hasta los 900 metros. Los YNC se encuentran a profundidades que van desde los 1.000 hasta los 4.000 metros. Para minimizar las posibilidades de afectación a estos acuíferos se debe garantizar una distancia prudente y por tanto debería restringirse el aprovechamiento de YNC que estén demasiado cerca de los cuerpos de agua. 4. La disposición y almacenamiento seguro de las aguas no tratadas y que representan un potencial riesgo de contaminación de suelos y aguas: Esta puede hacerse de diversas maneras como el almacenamiento en piscinas o la reinyección al subsuelo. Frente a esto, la preocupación gira en torno a la posibilidad de que el fluido usado para la fracturación contamine acuíferos, bien sea por fallas del pozo o por una mala disposición de los mismos luego de ser usados. Actualmente, la técnica que se usa es reinyectarlos a grandes profundidades. Sin embargo, para el caso de Estados Unidos, se ha encontrado evidencia de sismicidad inducida derivada de la reinyección. Sobre este tema la discusión es gigantesca y compleja desde el punto de vista técnico y científico. Quienes apoyan y rechazan el fracking presentan datos, informes e investigaciones que confirman, controvierten o matizan la magnitud de los posibles efectos sobre el agua, el aire y los suelos. En Colombia, apenas se están haciendo exploraciones para implementar esta tecnología y, por tanto, sus impactos más complejos son todavía potenciales. Luego, es imposible dictaminar a priori la dimensión que pueda tener. Sin embargo, un articulo de 2017 de la Universidad de América realiza un análisis panorámico que identifica y analiza los potenciales riesgos de la actividad, a la luz de los sistemas de gestión ambiental de la norma técnica colombiana ISO1400. Existen balances de información que dan partes totalmente negativos, como el trabajo de la organización Concerned Health Professionals of New York en su Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking que realiza una revisión exhaustiva y ordenada en el cual recopila y reseña las principales conclusiones de múltiples análisis y estudios sobre los impactos de la actividad. Las conclusiones son preocupantes: En conjunto, los hallazgos de investigaciones científicas, médicos y periodísticas disponibles a la fecha se combinan para demostrar que el fracking implica amenazas significativas sobre el aire, el agua, la salud, la seguridad pública, la estabilidad climática, la estabilidad sísmica, la cohesión comunitaria y la vitalidad económica de largo plazo. Los datos emergentes de un cuerpo de evidencia en rápida expansión continúan revelando una plétora de problemas recurrentes y daños que no se pueden evitar de manera suficiente a través de marcos regulatorios. No hay evidencia de que el fracking pueda operar sin amenazar la salud pública directamente o sin poner en peligro la estabilidad climática de la que depende la salud pública. También hay reportes como el que hace David Healy de la Universidad de Aberdeen para la agencia de protección ambiental de Irlanda titulado Hydraulic Fracturing or ‘Fracking’: A Short Summary of Current Knowledge and Potential Environmental Impacts, que concluye: Los datos publicados y revisados por pares sugieren que existe un riesgo bajo y probablemente manejable para las aguas subterráneas del fracking, mientras que los impactos potenciales sobre la atmósfera de las emisiones de metano asociadas y los riesgos de una mayor sismicidad son menos conocidos. Sin embargo, el número total de estudios científicos publicados y revisados por pares sigue siendo bajo, por lo que es prudente considerar e investigar en detalle toda la gama de riesgos posibles de las operaciones de fracking, incluidas sus magnitudes e incertidumbres, y los posibles impactos ambientales de estos riesgos en la explotación de gas de esquisto. Esto es apenas una pequeña muestra del mar de información y conclusiones, en principio contradictorias, que se encuentran cuando se busca información más precisa sobre los impactos de la extracción de gas y petróleo de YNC en otras partes del mundo. Espere las siguientes entregas en pares.com.co sobre: Los lugares con mayor potencial e interés para fracking, la perspectivas de seguridad y transición energética, regulación de la actividad, Estados Unidos y la revolución shale y Fracking: un análisis desde el concepto de glocalidad. Desde la línea de conflictos asociados al desarrollo, la Fundación Paz & Reconciliación ha estudiado e incidido en el debate público sobre el aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos, entendiendo que se trata de un tema de gran relevancia para el país y sus territorios. Desde la perspectiva de la transformación de conflictos, la sostenibilidad y la gobernanza del desarrollo hemos aportado al debate nacional y regional, a la vez que hemos promovido ejercicios de diálogo multi-actor bajo condiciones de equidad. Por esta razón, consideramos importante aportar a esta discusión realizando una primera aproximación desde una visión holística.

Por: Redacción Pares El 21 de septiembre es el Día internacional de la Paz, la NoViolencia y el Cese al Fuego. En el marco de esta jornada, se realizará la #RadiotónSonidosDeLaPaz, un espacio radial de 12 horas continuas que busca generar un diálogo político y pedagógico con diversas voces regionales. En este espacio se hablará de las cosas buenas de la paz y lo que nos falta para ayudarla a construir. Entre los temas principales están la protección a líderes sociales, diversas iniciativas de reconciliación y los avances y retos de la implementación de los Acuerdos de Paz. Las organizaciones sociales participes son: Redprodepaz, Justapaz, Corporación Viva la Ciudadanía, Fundación Mi Sangre, Red Acción de Paz, Pensamiento y Acción Social, Fundación Paz y Reconciliación, Puentes Para La Paz, Contagio Radio, Suba Al Aire y Escenario Radio. Además, de las emisoras aliadas la programación será retrasmitida por 15 emisoras regionales más en todo el país, lo que, en palabras de Elkin Sarria, director de Contagio Radio, ayudará a establecer un diálogo sobre el Acuerdo de Paz entre las zonas rurales y las urbanas. ¿Por qué es importante fortalecer la discusión sobre la paz en emisoras locales? En Colombia existen dos tipos de radios locales: las comunitarias y las populares. Según Elkin Sarria, las primeras sirven para introducir a la ciudadanía en la discusión de lo público y las acciones ciudadanas primaras; es decir, las que van antes del ejercicio democrático del voto, como la reflexión y la generación de opinión. Las populares, por su parte, se enfocan en discusiones sobre derechos ciudadanos, Derechos Humanos y derechos civiles y políticos. En ese sentido, para Sarria, la importancia de esos espacios está, precisamente, en ser capaces de permitir la reflexión ciudadana y ayudar a formar opiniones fundamentadas que inciden en lo público. “A partir de esa reflexión y esa generación de opinión, la comunidad puede cambiar, por ejemplo, su intención de voto, su manera de relacionarse con el Estado y su manera de relacionarse con sus iguales”, afirma el director de Contagio Radio, emisora de Derechos Humanos en Bogotá. Fortalecerlas y darles difusión es de vital importancia, en la medida en que la mayoría de estas emisoras funcionan gracias al esfuerzo de voluntarios que ponen su trabajo al servicio de la comunidad. Como afirma Sarria, “son muchas las emisoras comunitarias que funcionan solamente poniendo música porque no tienen cómo sostener a las personas que trabajan ahí”. En ese sentido, la #RadiatónSonidosDeLaPaz busca aportar para que el carácter reflexivo de estas emisoras se mantenga. Tres investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación harán parte de este espacio: Carlos Montoya en la sección de Seguridad y protección a líderes sociales (10:00 a.m. – 12:59 p.m.); Alex Riaño en Iniciativas de reconciliación (1:00 p.m. – 3:59 p.m.) y Daniela Gómez hablará de Memoria y justicia (4:00 p.m. – 6:59 p.m.).