Por: Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El 4 de noviembre de 2008, el General (r) Mario Montoya dejaba la comandancia de las Fuerzas Militares luego de que el país conociera sobre la trágica desaparición de jóvenes en Soacha que, posteriormente, fueron asesinados y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Más tarde, se sabría que esta práctica, denominada bajo el eufemismo de ‘falsos positivos’, fue recurrente entre el 2002 y 2008, y que fueron más de cuatro mil los jóvenes asesinados por la fuerza pública. Al General (r) lo señalan de ser el verdugo que ordenó miles de muertes. Se estima que, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, tiempo en que el Montoya comandó las fuerzas militares, una de cada tres muertes en combate fue una ejecución extrajudicial. Según la Fiscalía, el 59% del total de los casos se presentó en este periodo. Además, hay evidencias de que el General (r) tuvo conocimiento sobre las denuncias que, desde entonces, presentaron los familiares de las víctimas. El pasado jueves, después de diez años, el General (r) Montoya compareció ante la justicia. Como era de esperarse, no reconoció los hechos y alegó que no es posible determinar conexión entre la comandancia militar y las unidades tácticas menores. De esta forma, aplicó una visión restrictiva de la responsabilidad de mando y desconoció a las víctimas. Sin embargo, este hecho abrió la puerta para que por fin la justicia, que ha sido servil con el General (r), reconozca las demandas de cientos de víctimas que en 2009 gritaron que no querían ver al verdugo de embajador, último reconocimiento que recibió de Álvaro Uribe Vélez. Ya antes Montoya había recibido, en seis ocasiones, la máxima distinción que se entrega en la República de Colombia a los militares: la Orden de los Libertadores ‘Cruz de Boyacá’. Seis condecoraciones para el mismo que pudiera considerarse traidor de estos principios al ascender sobre el crimen. Detrás del General Montoya no sólo reposan las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales. Fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas. Otro de los paramilitares que mencionó en versiones libres al General fue Daniel Rendón Herrera, quien señaló que Montoya recibió dinero para ayudar a Miguel Arroyabe, del Bloque Centauros en la guerra contra ‘Martin Llanos’ por el control del Meta y Casanare. Pero no sólo han sido exjefes paramilitares quienes vinculan al General (r) con actividades ilegales. En 2010, tres coroneles y un capitán testificaron en contra de Montoya, a quien acusaron de autorizar la utilización de guías civiles, quienes, más tarde, se comprobaría fueron paramilitares en acciones que culminaron en la masacre de ocho campesinos miembros de la comunidad de Paz de San José de Apartadó. A pesar de este largo dossier, el General (r) Montoya llegó a la Jurisdicción Especial de Paz con la soberbia de los miserables. Su aterrizaje voluntario se hace en el marco de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y representa una alternativa real para que los familiares de las víctimas tengan derecho a la verdad, justicia y reparación. No se puede olvidar que, desde marzo de 2016, Montoya fue citado por la Fiscalía General de la Nación para imputación de cargos, la audiencia se suspendió y durante dos años el caso estuvo congelado.

Foto: Carol Sánchez Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Más de 1.300 exguerrilleros de las antiguas FARC han reincidido, se agrupan en 22 estructuras postFARC, operan en 54 municipios del país y, desde hace poco más de un mes, varios mandos medios han desertado del proceso de paz. La inseguridad jurídica y el fracaso de la política de reincorporación socioeconómica son la explicación. La pregunta es cuál es el futuro de estos grupos y en general de los reincidentes. La respuesta no es sencilla, pero a la luz de la historia del país hay dos opciones: o se forma una nueva guerrilla o estos grupos entrarán en un proceso de bandolerización. Las posibilidades de una nueva guerrilla dependen de tres cosas. Por un lado, la cantidad de mandos medios y altos que se vayan a estos grupos postFARC. Si uno o dos mandos altos y, al menos, 20 mandos medios se unen a estos grupos las posibilidades de expansión y consolidación de mandos militares y políticos posibilitarán la estructuración de un grupo jerárquico. Un segundo factor que potenciaría las posibilidades de una nueva guerrilla es la capacidad de articulación de estos 22 grupos. De ellos, alrededor de nueve ya se han agrupado bajo el liderazgo de ‘Gentil Duarte’, los demás apenas si mantienen una comunicación. De tal forma que de ampliarse la alianza las posibilidades de una nueva guerrilla aumenta. El tercer factor es la durabilidad de los mandos dentro de la nueva organización armada. Es decir, si los mandos son capturados o dados de baja en 12 o 18 meses es muy difícil que la nueva organización cree cuadros de reemplazo. Hoy uno de los grandes problemas de la disidencia del sur oriente del país es que aunque tiene capacidad de reclutamiento, no ha podido crecer por ausencia de mandos. La otra opción es un proceso de bandolerización. Situación que Colombia ya ha vivido en varias ocasiones. Tal vez, uno de los periodos más recordados se dio en la llamada “época de la violencia”, de 1948 hasta 1957. La bandolerización prolongó una violencia degradada hasta finales de la década de los años sesenta del siglo XX. Luego de la guerra entre liberales y conservadores, nació una serie de pequeñas estructuras criminales, las cuales estaban al mando de líderes de quienes se tejieron historias fantásticas y se convirtieron en mitos populares. Hay varios ejemplos: Teófilo Rojas Varón, o Chispas, ingresó a las guerrillas liberales a los 12 años luego de ver morir a sus familiares en aquella violencia degradada que azotó a Colombia. Fue amnistiado, pero la animadversión de la clase política tradicional y una población llena de odio y sin capacidad de reconciliarse hicieron que los excombatientes comenzarán a caer en una violencia selectiva sin muchos precedentes. Igual ocurrió con Efraín González, él venía de las toldas conservadoras. Cuenta la historia, que a veces con grados altos de ficción muestra la sagacidad de un hombre que se crió en la guerra, que se necesitaron más de mil militares, un tanque de guerra y morteros para asesinarlo. Durante nueve horas resistió una operación en Bogotá y casi, como en otras ocasiones, logra huir. Al final cayó y sus historias se cuentan aún allí donde hay una persona mayor de 60 años. La bandolerización es un proceso de degradación relativamente normal en situaciones de posconflicto. A medida que van cayendo los mandos reincidentes, las estructuras quedan sin ninguna guía política e ideológica y comienza la degradación. El fin de semana se supo que el reincidente alías Guacho, que lideraba el frente Oliver Sinisterra, fue herido gravemente luego de una operación de la Fuerza Pública colombiana. También hace ocho días murió en una operación alías ‘David’, quien comandaba el grupo Guerrillas Unidas del Pacífico. Ahora sus estructuras están sin una cabeza visible y más allá de quien los reemplace, lejos están estos grupos de ser una nueva guerrilla. En todo caso, todavía la tendencia en Colombia no es clara, hay aún una ventana de oportunidad para parar la reincidencia y atraer a aquellos que se sienten traicionados en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Esa ventana, máximo, durará hasta el mes de diciembre. Pero como siempre todo esto dependerá de la clase política tradicional y de que la población Colombia no se les vaya encima a los excombatientes. Esperemos que no se repita la historia.

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares Ayer, 18 de septiembre, tuvo cabida el debate de control político al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, citado por Jorge Enrique Robledo. Pese a que el senador del Polo había sugerido no realizar el debate por el posible saboteo de los miembros del Centro Democrático, al final terminó haciéndose. Robledo había afirmado, en un video publicado en su cuenta de Twitter, estar en desacuerdo con la propuesta del presidente del Senado, Ernesto Macías, de que el tiempo del debate fuera compartido entre el Centro Democrático y el Polo Democrático. Al debate convocado en semanas anteriores por el mismo Robledo, asistieron 5 ponentes de cada partido. Entre ellos, Alexander López, quien tomó la palabra después de Jorge Robledo. Después fue el turno del ministro Carrasquilla, quien habló de su relación con Saludcoop, sus empresas Navenby y Konfigura y, sobre todo, argumentó cuál fue su nexo con los denominados ‘bonos agua’. Carrasquilla fue citado al debate por su presunta implicación y beneficio con los ‘bonos agua’ o ‘bonos Carrasquilla’, además de haber tenido implicaciones en la reforma constitucional que daría pie a la Ley 1176. El ministro habló, en varias ocasiones de manera irónica, sobre su presunta implicación en el caso y de sus empresas Navenby y Konfigura. Sin embargo, después del debate, el excandidato presidencial y ahora senador, Gustavo Petro, decidió intervenir también en la sesión: el senador llegó a decir que “es lamentable que un ministro oculte hechos relevantes para el debate”, Petro se refería al Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez en el que ya estaba estipulado un plan para que los municipios pudieran pignorar sus recursos a futuro. De hecho, el senador reiteró en varias ocasiones que Andrés Flórez, socio de Carrasquilla en Konfigura, y partícipe también del ministerio de Hacienda en el periodo Uribe, fungió como representante legal del Grupo Financiero de Infraestructura. En este sentido, como lo argumentó Petro, Carrasquilla conocía los negocios que se estaban realizando con los municipios. El senador llegó a decir también que el agua es un derecho y no una mercancía y finalizó diciendo rotundamente: “yo sí creo, señor ministro, que usted no debería seguir siendo ministro de Hacienda de la República de Colombia”. Aquí le mostramos las frases más importantes del debate: Jorge Enrique Robledo: “El señor Carrasquilla maltrató de manera feroz a 117 municipios de Colombia… Los indujeron a asumir actitudes corruptas, los dejaron sin agua”. “Puede ser un hecho legal y ser corrupto”. “Las exigencias que les hicieron a los alcaldes fueron ningunas” Citó la clausula del contrato: Clausula #8, punto 1 que firmaban los municipios con Alianza Fiduciaria: La cláusula dice “No obstante lo anterior, la entidad territorial, expresamente declara que el patrimonio autónomo del municipio no tendrá obligación alguna de verificación, asesoría, o asistencia técnica alguna del uso efectivo del dinero”. “El Estado colombiano tuvo que rescatar a los municipios con 495.000 millones de pesos” El senador dio ejemplos sobre los ‘bonos agua’: A Buenaventura le prestaron 47.700 millones de pesos. Ya pagó 57.000 y debe 42.000 millones. A Jamundí le prestaron 9000 millones, ha pagado 6000, debe 9000. A Carmen de Chucurí le prestaron 2000 millones, ha pagado 3000 millones, debe 2000. “El doctor Carrasquilla tiene que escoger qué delito le gusta más: peculado culposo peculado doloso”. “Hasta los socios los consiguió Carrasquilla en el ministerio”. “¿Se trató de una operación de lavado de activos como las hacía Mossack Fonseca?”. “¿Por qué se trajo la plata por Panamá? No era necesario pasarla por Panamá desde Nueva York. La pregunta es: ¿Pagaron los impuestos que debían pagar?”. “Le digo a la Fiscalía y a la Contraloría: lo que estoy haciendo es una acusación formal contra el señor Carrasquilla”. “¿Qué entenderá Carrasquilla por enriquecerse?”. “Quedó un 3% entre los que montaron el negocio. No todos para el señor Carrasquilla, pero sí para él y sus socios”. “Le tocaron en honorarios 8.000 millones. Lo hizo en afán de lucro. Hasta el punto de violar la ley o de introducir la trampa en la ley”. “La declaración de renta del Dr. Carrasquilla en 2009 era de 38 millones de pesos, en 2014 era de 2000 millones de pesos”. “De un ministro de Estado que no cumple un contrato con una entidad pública, ¿qué se puede esperar?”. “Saludcoop pagó abogados contra el interés nacional”. “¿Qué negocio tiene pensado hacer ahora que está en el Ministerio de Hacienda?”. “Una persona así no puede ser ministro de Estado. Dedíquese a sus negocios”. «¿Por qué nombró Iván Duque de director ideológico y programático a Alberto Carrasquilla? ¿Por qué lo nombró Ministro con estos antecedentes?». «¿El que la hace la paga? ¿La paga? A Carrasquilla lo premiaron por haberla hecho». “Le digo a Duque que nombre a cualquier otro neoliberal pero no a este negociante corrupto e intolerable para que represente a los colombianos”. Alberto Carrasquilla “El tal del 3% de los intereses es en realidad un derecho de los estructuradores como en cualquier otra inversión de bonos”. “¿Por qué las tasas de los bonos fueron más altas que los TES? No lo sé”. “Me parece absurdo que digan ¿Cómo le van a creer a esos interventores? Créanle es a los medios de comunicación”. “Es increíble que esa cantaleta lleve dos semanas por el senador Robledo y sus corifeos de la gran prensa”. “Es increíble que esto sea tomado en serio en un país moderno”. “La ejecución de unos créditos no implica que yo esté implicado en esos actos de corrupción”. “Navenby está inactiva desde el año 2011. Eso no existe y no existe desde hace muchos años”. “Yo no cogí ese diferencial de tasas de interés y los transferí a Panamá. Eso no ocurrió nunca. La plata salió de NY a Panamá y de Panamá a Bogotá para pagar un proyecto que pretendía atacar un problema fundamental del país”. “Yo no sabía donde estaba el baño cuando ya tenía 26 preguntas del senador Robledo”. “Esto de los ‘bonos agua’ es verdaderamente claro para cualquiera que lo quiera ver. Absolutamente todo está en línea”. “Simple y llanamente esto es persecución”. “Yo soy miembro de la junta de Sanitas, 2014, 2018. Sanitas es una organización internacional que da ejemplo”. “Yo soy un hombre que se ha ganado la vida trabajando”. “Son las tres semanas más desagradables que he tenido con el Senador robledo echando Twitter a cada momento y sus barras bravas”.

Foto tomada de: laguajirahoy.com Por: Juan Sebastián Patiño Bautista, Investigador Universidad Católica de Cali El sector minero es uno de los principales impulsadores del crecimiento económico del país y representa, aproximadamente, el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La mayor parte de producción de minería se encuentra al norte del país y, para el año 2017, la producción era de aproximadamente 83 millones de toneladas. Aunque es notorio el impacto positivo en el crecimiento económico, la minería mecanizada también tiene un impacto negativo en el medio ambiente que, en muchos casos, tiene como consecuencia la pérdida de capacidad de producción autónoma. Estas actividades financiadas por empresas nacionales y extranjeras han causado, además de la extracción de los recursos, la esterilización de la tierra en las zonas donde se practica dicha labor, afectando en gran medida a una de las alternativas económicas ancestrales de las comunidades, como lo ha sido la minería artesanal. Actualmente, Colombia tiene un modelo económico extractivista, esto ha generado que el sector minero aumente, y asimismo, los impactos de este. Un ejemplo representativo es el caso del municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, que para el año 2015 tenía más del 50% de su territorio en concesiones mineras a través de títulos y solicitudes. La “fiebre del oro” se esparció muy rápido entre los lugareños, que veían la extracción como una forma mejorar su situación económico. Sin embargo, esto causó el abandono casi total de las prácticas mineras ancestrales o tradicionales, las cuales a lo largo de la historia han garantizado la supervivencia de las comunidades en el territorio. Según algunos líderes entrevistados, la situación es preocupante debido al cambio en la mentalidad de la población joven. “¿Si hay plata y no hay productos que comprar, qué estamos haciendo? No tenemos vida (…) si nosotros tenemos primero la alimentación, tenemos nuestro productos básicos pues lo demás ya viene por añadidura, además con la minería ha afectado tanto el río que ya la parte de la pesca la hemos perdido”* Sobre este punto, la afectación a las fuentes hídricas traspasa el tema medio ambiental, pues  también tiene impacto en las prácticas alimentarias. “Nosotros pescábamos con atarraya, con Nazas, con canastos poseros y nosotros siempre cogíamos, pero hoy por hoy, con tanto movimiento que ha habido de material, que ha caído al río, se ha modificado la estructura, las profundidades, entonces se han movido las especies de donde realmente habitaban y ya no encontramos más los medios para aprovechar nosotros los peces del río, entonces una afectación más”* Estos testimonios demuestran que las prácticas mineras modernas traen consigo el reto de no dejar de lado temas de identidad étnica, tradiciones locales y , sobre todo, responsabilidades ambientales. *Testimonios retirados del libro impactos de la minería en el pacífico colombiano. Observatorio pacífico y territorio-OPT Coordinación regional del pacífico colombiano.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz & Reconciliación – Pares y Noticias Caracol viajaron a cinco territorios donde las dinámicas de la ilegalidad y el crimen organizado dictan el futuro de los jóvenes. Pero ante la falta de oportunidades y la apatía de la institucionalidad, muchos jóvenes se han organizado para construir alternativas por medio de iniciativas generadoras de cambios en su realidad. Esto es #FuturoIncierto Riosucio, una población ribereña del Bajo Atrato, cercana a la frontera con Panamá, yace habitada por indígenas y afrodescendientes. Son varias las problemáticas que afectan a esta población desde hace años: entre ellas el conflicto, la grave situación económica, la falta de empleo y la violencia. Este tipo de situaciones han atrapado a los jóvenes en una vorágine difícil de sortear, pues tienen que combatir el microtráfico y el reclutamiento forzado. La compleja situación económica que vive el Bajo Atrato es uno de los principales factores que desencadenan el resto de los problemas, pues, de hecho, Chocó es el departamento con el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas en el país. Sin embargo, pese a la difícil situación que los rodea, los jóvenes, mediante la música y otras actividades culturales, se impulsan para escapar de la violencia y la pobreza.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares No se trata de ignorancia, o como se dice popularmente de que una persona sea bruta, la verdad es otra. Es la misma estrategia de siempre, la que nos han aplicado por años, décadas y siglos: La estigmatización. Lo dicho por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, es lo mismo que ha repetido el establecimiento colombiano por años. Antes, durante la guerra fría, cualquier protesta social era tildada de estar liderada por comunistas, como si pensar diferente fuera un pecado. De hecho, durante varios años la supuesta democracia colombiana ilegalizó al Partido Comunista; en todo caso, con esto ilegitimaban cualquier movimiento social. Luego, desde los años noventa del siglo XX, cuando el muro de Berlín había caído, la estrategia cambió, desde ese momento cualquier marcha era catalogada como guerrillera y, cuando la mentira no se podía sostener, se acusaba que la marcha estaba infiltrada por la guerrilla. A renglón seguido de esta acusación, venía la represión. Con este tipo de acusaciones se lograban dos cosas: por un lado, estructuras ilegales, y durante muchos años agentes estatales, se sentían con la legitimidad de masacrar la oposición: los anuncios como los del Ministro Botero durante años fueron órdenes para agentes de extrema derecha para asesinar la oposición de izquierda. La Masacre de la UP, el asesinato de sindicalistas y la masacre de movimientos campesinos, son tal vez los mejores ejemplos. Por otro lado, al acusar a una movilización social de estar financiada por grupos armados ilegales se producía un fenómeno, típico de gobiernos populistas, en el cual quien no apoyará el gobierno de turno quedaba del otro lado, marcado como criminal e ilegal. Con esta operación el establecimiento se revestía de legitimidad y quedaba con carta abierta para hacer lo que quisiera. No debe olvidarse que durante los gobiernos de Álvaro Uribe, cualquier crítico era tildado de ser del Frente internacional o Frente intelectual de las FARC. Muchos creen que las palabras del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, son producto de una profunda ignorancia del señor, pero no es así. Aunque en temas de seguridad no es muy aventajado, lo cierto es que la frase de satanización de la protesta social muestra, por un lado, la estrategia del nuevo gobierno para impedir la movilización social y nuevamente acudir a la vieja táctica de siempre, la de dividir la sociedad en dos. Pero por otro lado, la frase demuestra lo que gran parte del establecimiento colombiano piensa del poder político y la oposición: un desprecio por el que piensa diferente y el odio a la democracia, aunque de dientes para fuera digan que hacen todo por defenderla. Lo bueno de todo esto es que ya no caemos tan fácil en esta estrategia de comunicación, la receta nos la han aplicado por décadas, durante los dos gobiernos de Uribe fue llevada a su máxima expresión. Pero mucho ha cambiado en Colombia en los últimos años, hay conquistas sociales que no serán fáciles de destruir. Así que señor Botero, con tan solo oírlo ya sabemos para donde va. Claro, también sabemos que el derecho a la protesta no nos lo quitaran.

Por: León Valencia, director – Pares Una intervención militar en Venezuela; una declaración pública de vinculación de Iván Márquez y otros líderes desmovilizados de las FARC a las disidencias; la ruptura de las negociaciones con el ELN; y una mayor presencia de los carteles mexicanos de la droga en el territorio colombiano formarían una tormenta perfecta de violencia que nos haría retroceder a graves perturbaciones del pasado. No sé que tan consciente sea Duque de esta situación, pero con el Ministro de Defensa que lo acompaña, dudo que tenga una idea clara del asunto. Botero, ni sabe, ni quiere saber de los problemas reales que enfrenta y, en cambio, se ha dedicado a provocar nuevos litigios como la estigmatización la protesta social, diciendo que es financiada por el narcotráfico. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, vino a agitar las aguas de la intervención militar sobre Venezuela en una declaración desde Cúcuta, la principal ciudad de la frontera colombo-venezolana. El señor, muy orondo y bocón, va diciendo estas cosas sin calcular las consecuencias que tendría para Colombia. Maduro feliz de encontrar motivos para alimentar el nacionalismo y la polémica con nuestro país. Nadie en el gobierno colombiano, ni en la opinión pública, reaccionó a la provocación. Tampoco veo que Duque este haciendo algo para aclarar todo lo que ha ocurrido en el caso Santrich, que tanto impacto ha producido en el proceso de paz con las FARC. Este es un proceso del mayor interés nacional. Iván Márquez, ‘El Paisa’ y otros jefes del nuevo partido argumentan que fue un montaje urdido entre la DEA y la Fiscalía y temen que les pueda ocurrir algo similar. Las pruebas sobre la participación de Santrich en una trama de narcotráfico después de la firma del acuerdo tienen que ser contundentes y presentadas ante el país o, en caso contrario, dejar libre al implicado. Igualmente, los colombianos debemos saber que le está diciendo Marlon Marín, el sobrino de Márquez, a la DEA. Duque no puede dejar que la incertidumbre jurídica siga ahondando las rupturas en el nuevo partido político y arrojando a los desmovilizados a los brazos de las disidencias. El gobierno le está dando largas a la reanudación de los diálogos de paz con el ELN. Era legítimo y necesario exigirle al ELN la libertad inmediata de los miembros de la Fuerza Pública en su poder, también está muy bien demandar la aclaración de los demás secuestrados. EL ELN accedió a los llamados de Duque de liberar de inmediato a policías y soldados, mostrando interés en la continuidad de los diálogos y esto debería aprovecharlo el gobierno para sentarse a pactar un cese bilateral indefinido al fuego y a las hostilidades que incluya, claro está, el abandono definitivo del secuestro por parte de esta guerrilla. No es inteligente continuar en un pulso con el ELN por fuera de la mesa, sabiendo que se puede llegar en un tiempo razonable a un acuerdo para cesar todas sus actividades armadas mientras se avanza en la negociación de los puntos de la agenda que se pactaron en el gobierno de Santos. El anterior cese de hostilidades fue un gran alivio para las empresas del sector minero energético del país, para las comunidades y las regiones y sólo tuvo cuatro incidentes lamentables. Se está hablando en varias regiones del país de la presencia de los carteles mexicanos. Se ve, además, como algo folclórico al gran aumento de la venta de tequila en las licoreras y la proliferación de empresas de giros de dineros con registros importantes de envíos entre México y Colombia, la leyenda crece; pero en las autoridades nacionales no hay una valoración de la penetración de estas organizaciones en la vida colombiana ni una estrategia clara frente al crimen trasnacional. Estamos hablando de algo serio según las investigaciones que adelanta la Fundación Paz y Reconciliación. Siempre que se advierten riesgos de esta naturaleza los partidarios del gobierno salen al quite diciendo que vienen de la administración Santos y que Duque apenas lleva un mes y algo de ejercer el poder. Este reproche es cierto. Pero la advertencia tiene el propósito de que se traten estos temas con la mayor inteligencia y sofisticación y no sólo con declaraciones retoricas de apelar a la fuerza y a la autoridad. Duque no puede dejar que se junten estos problemas, tiene que tratarlos cada uno por su lado y desactivarlos poco a poco.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares El pasado miércoles 5 de septiembre de 2018, un grupo de mujeres ex combatientes, hoy militantes del partido FARC, radicaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra Herbin Hoyos Medina – a quien se le sindica de ser el “orientador de la Corporación Rosa Blanca” – por los delitos de injuria y calumnia agravadas, falsedad personal e instigación a delinquir. Sandra Patricia Velasco, Sandi Correa Pedreros y María de los Ángeles Zapata Garzón, son tres integrantes del partido FARC a quienes, según expresa la denuncia, Herbin Hoyos les vulneró los derechos a la dignidad, honra, buen nombre e integridad, pues, “sin su autorización, consentimiento, ni conocimiento, ha usado e instrumentalizado para difundir mensajes mentirosos”. Según Victoria Sandino, senadora del partido FARC, “la demanda nace por iniciativa de ellas mismas, por la defensa de su dignidad y por el uso de su imagen. Además son compañeras que están en el proceso de reincorporación, muy comprometidas y se sienten muy afectadas por esta situación”. Dice Sandino que la atmósfera para las mujeres del partido de la Fuerza Revolucionaria del Común está enrarecida, por parte de una guerra que no ha terminado: “Hoy se sigue disparando desde el micrófono con campañas que van dirigidas a impedir la reincorporación política de nuestra militancia”. La Fundación Paz & Reconciliación – Pares intentó comunicarse con la Corporación Rosa Blanca para obtener una reacción a la denuncia, pero no fue posible encontrar un numero de contacto, una dirección física, un representante legal o un registro de Cámara de Comercio. Pares habló con Victoria Sandino sobre la postura del partido FARC frente a esta denuncia: ¿Por qué la demanda? Hay tres compañeras nuestras que han interpuesto una demanda a Herbin Hoyos por injuria y calumnia; lo hacen porque la corporación que él dirige, “Rosa Blanca”, ha incluido en su perfil sus imágenes. En esta medida, ellas se sienten utilizadas y han decidido demandar a este señor por usar su nombre para calumniar la vida misma de ellas y también al partido [FARC]. ¿En qué consiste esa injuria y esa calumnia? Primero, utilizan su imagen sin la autorización y sin permiso. Rosa Blanca y Herbin Hoyos dicen que estas niñas fueron violadas, acusando a la organización [FARC] de delitos sexuales. Segundo, no es cierto que ellas hayan sido abusadas, son mujeres que llevan muchos años en la organización y que, efectivamente, defienden su carácter político, su vinculación a la organización por iniciativa propia y no porque hayan sido obligadas a ingresar. Esa es la postura de las compañeras y lo que ellas están defendiendo. ¿Las denunciantes van a hacer alguna declaración pública? Ellas fueron a la Fiscalía, pero no han querido dar mucha declaración. Yo no sé si lo vayan a hacer más adelante. Toca esperar cómo evoluciona la denuncia. También están preocupadas porque este señor tiene conexiones y sus intereses no son tan claros. Ellas temen por su seguridad, por haberse atrevido a denunciar a este personaje. Las compañeras se llaman Sandra Patricia Velásquez, Sandi Correa y María de los Ángeles Zapata Garzón, ellas son las tres que pusieron la denuncia. Por el momento ellas no tienen apoderado, nosotros [partido FARC] les expresamos la decisión de acompañarles y apoyarles. ¿Por qué Herbin Hoyos la ataca públicamente? Hay una situación que yo no entiendo en particular con este señor. A él no lo conozco personalmente, no he tenido ningún tipo de intervención con él. Lo que siento es que él ha aprovechado este caso de la llamada corporación que ha creado con un grupo de mujeres que yo no entro a calificar, no lo voy a hacer. ¿Cuál es el interés de Herbin Hoyos? ese si no lo conozco. Se dice que recibe muchos recursos para esas campañas que está haciendo. Este señor no ha terminado la guerra, sigue desarrollando una guerra mediática, sigue sembrando odio, sigue sembrando todas estas confrontaciones que aún persisten en nuestro país. La manera de seguir desprestigiando a la contraparte [FARC] es atacando de manera individual lo que yo represento: la lucha por los derechos las mujeres. Lo fundamental es que soy una defensora de las mujeres desde hace mucho tiempo. Yo hasta el día de hoy no tengo investigaciones, ni condenas, ni acciones que indiquen que haya permitido o practicado algún tipo de violencia contra las mujeres. ¿Qué opinión le merece la corporación Rosa Blanca? Este señor [Herbin Hoyos] ha creado esta organización [Corporación Rosa Blanca] como parte de una guerra mediática y de desprestigio que él está adelantando. Tiene un grupo de mujeres que son reconocidas por la organización [FARC], como por ejemplo, esa señora Sara, efectivamente se reconoce que fue guerrillera del Magdalena Medio, pero que hacía muchísimos años se había ido. En general, de las mujeres no opino nada, lo que hay que hacer es una estrategia jurídica tal como es. Ahí está la JEP. Nosotros expresamos en el Acuerdo de Paz que la violencia sexual no puede ser amnistiable y esa sigue siendo nuestra posición. Yo no digo que no hayan ocurrido hechos [violencia sexual], es posible que a lo largo de este conflicto haya ocurrido. Esto no puede ser un reconocimiento colectivo, porque esto no fue una política de la organización [FARC], una responsabilidad coordenada por la organización, los que tienen que responder son los directamente responsables. Es decir, quienes hayan cometido este tipo de delitos. ¿Qué posición tiene el partido con respecto a este caso? Yo sigo insistiendo: la guerra ha sido cruel, horrible, ha impactado a la población colombiana y de manera particular a las mujeres. Tanto a las que hemos estado en el conflicto directamente como las que han sido víctimas. Yo no dudo de que se hayan presentado casos que vinculen a integrantes de la organización en hechos de violencia contra la mujer. Negarlo sería absurdo. La sociedad de la que venimos es una sociedad patriarcal, machista, que se va sustentando en la violencia y la victimización contra las mujeres. La gente de nuestra organización viene de esa misma sociedad. Otra cosa es el proceso de educación, el proceso político que la misma organización permitió para la garantía de derechos de todos y todas. No fue una política de las FARC violar mujeres. Si esa hubiese sido la determinación de una organización insurgente, no sería una organización revolucionaria, ni hubiese sido integrada por tantas mujeres. Nosotras fuimos muchas, muchas las mujeres que estuvimos ahí, logramos ser casi el 35 % de fuerza que estábamos en armas en el monte. Eso no se puede hacer violentando a las mujeres. La decisión de la Dirección Nacional del Partido FARC es la de apoyar completamente a las compañeras en la demanda. Seguramente se vendrán otras porque esto hay que pararlo.. ¿Cómo era la vida de las mujeres FARC en el marco del conflicto? En primera medida, las mujeres ingresaron a la insurgencia por voluntad propia, pero producto de la situación económica y social que vivían en sus territorios. Es decir, de alguna manera, acosadas por la pobreza y por la marginalidad, vieron en la insurgencia la defensa y empoderamiento de las mujeres. Lo digo porque lo vivimos, yo estuve en la guerrilla 24 años, pero también por la cotidianidad. Nosotras aprendimos en colectivo a tener una relación libre, que la mujer decidía sobre su cuerpo, con quien estar y con quien no. Para nosotras era muy importante que las relaciones afectivas y de pareja no eran relaciones dependientes. No era que el marido era el proveedor, ni ese tipo de cosas. Éramos luchadores y luchadoras que podíamos compartir amorosamente. Actualmente, si usted va a las regiones, encontrará núcleos de mujeres exguerrilleras que están asumiendo liderazgos muy importantes, que están formándose, en las juntas directivas de las cooperativas de ECOMUN, en interacción con los demás movimientos de mujeres a nivel nacional. ¿Qué futuro le ve a la demanda? Depende de cómo este la justicia ordinaria, porque yo realmente aspiro a que se haga justicia, sobre todo que estas personas no sigan utilizando ni el nombre, ni la imagen de las compañeras ni de la organización, por hechos que no han sido aún juzgados ni comprobados. En la práctica sabemos cómo funciona la justicia ordinaria, por eso se tuvo que crear un régimen especial, es decir una justicia especial como la JEP, para que efectivamente pueda haber acceso verdad, justicia, reparación y, sobre todo, garantías de no repetición de hechos tan dolorosos y victimizantes en todo el país.

Por: Alejandro Restrepo, Naryi Vargas, Carlos Montoya Cely y Ariel Ávila – Pares En la costa Pacífica de Nariño, especialmente en Tumaco, la disputa entre grupos armados ilegales por hacerse al control territorial y a la cadena del narcotráfico, tras la salida de las FARC, ha construido lógicas rurales y urbanas signadas por la violencia. Según fuentes locales, desde Llorente, La Guayacana y hacia el sur, atravesando el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera hasta el Río Mataje, el Frente Óliver Sinisterra es quien manda. Sin embargo, en medios de comunicación se ha reiterado que esa zona está bajo el mando de alias ‘Guacho’, particularmente desde el señalamiento del Ministerio de Defensa como responsable de la masacre de El Tandil. Lo cierto es que en Tumaco, al ‘Guacho’ lo consideran un testaferro del Cartel de Sinaloa, quienes ejercen el poder sobre el narcotráfico y el cultivo. Por otra parte, las fuentes en territorio coinciden en que ‘Guacho’ y otros hombres del Frente Óliver Sinisterra asesinan de manera indiscriminada sin “razón alguna”. Incluso, se asegura que el exceso de licor en las fiestas de los grupos armados ha derivado en el asesinato de personas que cruzaban por los lugares o que corrieron con la mala suerte de encontrarse en el mismo espacio. Esta información fue recolectada durante los primeros seis meses de 2018. Recientemente, habitantes de la región coinciden en que ‘Guacho’ ha estado desplazándose hacia el norte y que fue visto en Timbiquí. Si bien el accionar violento del Frente Óliver Sinisterra muchas veces es impredecible, algunas acciones parecen tener altos grados de sofisticación, coordinación e inteligencia. Por ejemplo, el asesinato de los tres funcionarios del CTI a principios del mes de julio de 2018 en la vía a la altura de La Guayacana, parece indicar que el grupo armado había hecho labor de inteligencia y que sabía exactamente quiénes estaban en las camionetas. De hecho, se presume que el objetivo de esta emboscada era un fiscal que estaba trabajando sobre investigaciones relacionadas con las acciones de esta estructura criminal. Mientras tanto, en la cabecera municipal de Tumaco, combos y pandillas se disputan el control de los barrios apoyados por grandes grupos armados ilegales como las AGC, Guerrillas Unidas del Pacífico y Gente de Orden. Según funcionarios locales, solo en Tumaco se han identificado 14 estructuras armadas ilegales asociadas a la cadena de producción y distribución del narcotráfico y del microtráfico, siendo las mencionadas las que controlan más del 90% del negocio junto con el Óliver Sinisterra. Para el caso de la cordillera del departamento de Nariño, compuesta por los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva y Taminango, la preocupación de los funcionarios consiste en el fortalecimiento de las AGC y la consolidación del Frente Stiven González, compuesto, en gran medida, por excombatientes de las extintas FARC. En Policarpa, por ejemplo, las AGC han venido fortaleciéndose de manera acelerada al mando de alias ‘La Monja’ y ‘El boquinche’. De esta primera se dice que es muy reconocida en la región debido a que hizo parte de “Los Rastrojos”. Según fuentes institucionales, las AGC tienen cerca de 90 hombres armados y uniformados; también tienen redes de milicias y campaneros que ofrecen servicios de seguridad para el tráfico de pasta y clorhidrato y para el control de la minería ilegal. La reciente presencia de las AGC en el territorio ha generado un aumento vertiginoso en la extorsión. Una persona entrevistada afirmó que “…al señor de las gallinas le piden 10 gallinas cada viaje…”, otra persona afirmó que las extorsiones eran tan altas y absurdas que el único propósito de realizarlas era que la gente abandonara sus tierras por no poderlas cumplir, lo cual recuerda en la población el accionar del paramilitarismo. Según un funcionario de la región, existe una especie de nostalgia por la salida de las FARC de estos municipios: “La gente pide que lleguen las FARC para que los proteja… los que asesinaron tanto fueron los paramilitares, las FARC los protegían. Desde que las FARC se fueron ya no respetan. Una niña de 15 años fue violada, torturada y botada entre Policarpa y Cumbitara”, este hecho sucedió, según la persona entrevistada, hace poco más de un mes. El Frente Stiven González, al mando de “Andrés” y “Zábalo”, quien hizo parte del proceso de reincorporación en la ZVTN de Madrigal, ha consolidado su presencia especialmente en Rosario y Leiva y el sur del Cauca hacia Patía. Según fuentes locales, este grupo tendría relaciones de subordinación con la denominada disidencia del Frente 7, bajo el mando de alias ‘Gentil Duarte’. En esta subregión también tiene presencia el ELN, sin embargo, todas las fuentes consultadas afirmaron que tenían un bajo perfil y que este grupo no estaba influyendo en el aumento de violaciones al DD. HH. La connivencia de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales es un elemento reiterativo y, quizá, el más preocupante. En Tumaco, las personas se preguntan de qué manera es posible que ‘Guacho’ siga libre si, hasta junio de 2018, aseguraban que “todos lo ven en Llorente, se emborracha y sus guardaespaldas lo sacan alzado”. Según algunas personas es difícil comprender cómo todos conocían su paradero y su forma de actuar, menos la inteligencia militar y policial. Asimismo, se preguntan por qué razón pudieron asesinar a los funcionarios del CTI si previo a este evento estaban las caravanas y muchos hombres disparando al aire, ¿no existía avanzada ni inteligencia para el desplazamiento de estos funcionarios? Para el caso de Policarpa, subregión de la cordillera, las fuentes confirmaron que miembros de las AGC y del Ejército compartían espacios nocturnos. Incluso, algunas personas aseguraron que las AGC repartían “coimas” a los miembros del Ejército. La situación ha sido tan compleja que ha obligado a realizar requerimientos de cambio de personal, sin embargo, estas medidas no han tenido ningún impacto sobre estas relaciones, por lo cual, se cree que funcionarios medios podrían tener relación con estos acontecimientos. A propósito de este asunto, algunas personas han manifestado que la presencia de pie de fuerza es insuficiente para contener la amenaza, por lo cual la única opción que tendrían los funcionarios de la fuerza pública sería aceptar las condiciones que imponen los grupos armados ilegales, en este caso las AGC. Así las cosas, el Pacífico Sur se encuentra en una compleja situación de seguridad atravesada, especialmente, por el narcotráfico y por la posible connivencia entre institucionalidad y grupos armados ilegales, lo que impide que las acciones sean contundentes. La extensión de cultivos de coca viene en aumento. Según funcionarios, el nuevo informe de SIMCI para el 2017, aún no publicado, registrará la alarmante cifra de 55.000 Hectáreas de coca para el departamento de Nariño y, sólo el municipio de Tumaco, tendría 30.000, 7.000 más que el año anterior. Adicionalmente, los cultivos de amapola han aumentado significativamente en los municipios de Túquerres y Cumbal, llegando a la cifra de 5.000 Hectáreas. Por otra parte, el anuncio del gobierno de retomar la aspersión aérea con glifosato por medio de drones ha generado un ambiente de zozobra que, en palabras de las personas, profundizaría el problema, pues esta experiencia no es nueva en el departamento y ya fracasó. Según un habitante de Policarpa: “…las avionetas destrozaron la comida de las familias, quemaron todo, como si hubiera sido un incendio, era un desierto…”, fue tal el impacto del glifosato que se afectó de manera grave la flora y la fauna, también las fuentes hídricas, afectando la capacidad del municipio de dotar los hogares de agua potable. Adicionalmente, niñas y niños nacieron con malformaciones derivadas del químico.

Foto: Manuela Botero Por: Manuela Botero, Oficina Pacífico – Pares Nace la Vida en el Pacífico. Nace la vida en López de Micay, departamento del Cauca. Es 2007 y son las manos de una partera las que sirven de puente para que Heidy Yuliana Castro, primera hija de Edna Castro, abra los ojos en el mundo terrenal. Edna, es una mujer afro, hoy, madre de cuatro hijos. Al igual que cientos de mujeres negras, Edna fue víctima del abandono estatal que llevó al deterioro de la carretera y de la infraestructura del único centro médico de su municipio. Por lo que tuvo su primer parto en casa: pagó 60.000 pesos y estuvo acompañada de su madre, quien mucho tiempo atrás le había dado vida de la misma forma. Edna menciona que a diferencia de los obstetras, la mujer partera brinda seguridad y familiaridad, y que, a pesar del dolor, esta tradición debería mantenerse tan viva como el primer día y ser reconocida por la medicina. En medio de la guerra, el crimen organizado, la pobreza y las altas tasas de mortalidad materna, la figura femenina es sinónimo de vida en el pacífico colombiano. Gracias a sus saberes ancestrales y el conocimiento que han adquirido acerca de las plantas, animales y demás recursos naturales, son “dadoras de vida” en una región donde ni el estado, ni la medicina moderna han llegado. La partería es un ejercicio de obstetricia ancestral o tradicional encargada de cuidar las fases del embarazo de la mujer afro en Colombia, esta practica brinda acompañamiendo y seguimiento a la embarazada que no tiene acceso al Sistema Nacional de Salud por su ubicación geográfica, su condición socieconómica y, en algunos casos específicos, por su formación académica o cultural. Este ejercicio no se aprende en los libros ni en las enciclopedias, pues es una actividad que va de generación en generación, transmitido de madre a hija, de abuela a nieta y es profundizado mediante la observacion y acompañamiento a las parteras más viejas, las cuales tienen entre 50 y 60 años de edad. Alrededor de esta ejercicio ancestral se construye un mundo que va desde rezos y oraciones propias de la cultura afro, hasta todo tipo de alimentación, botellas curadas, bebidas autóctonas de la región, y medicamentos tradicionales a base de zaragoza, anís, verdolaga u otras plantas sembradas por ellas mismas. Cuando se da inicio al alumbramiento, las parteras esterilizan los elementos quirúrgicos, preparan las plantas que le brindarán cuidado a la madre y al recién nacido y, a su vez, alternan esto con arrullos, alabaos, oraciones y canciones que le otorgan tranquilidad y compañía a la parturienta. “La hacemos entrar, la hacemos sentar, conversamos con ella, se le hablan cosas bonitas (…) para que tenga un buen parto, yo le hablo con cariño, aunque las mujeres negras no necesitan de palabras bonitas, somos fuertes (…) y después, entramos en el tránsito” – Testimonio de una partera*. Cuando el bebé nace, este es revisado enseñado a las demás personas que hicieron presencia en la labor de parto; se le suministra una bebida caliente a la nueva madre junto a otras recomendaciones que se deben tener en cuenta para una óptima recuperación. Este paso a la vida no es más que una bella contradicción, en donde se contrasta la rudeza de procrear con la armonía de dar a luz. Según la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico- ASOPARUPA, quienes desde hace 30 años agremian a las comadronas de la región, en las zonas urbanas y los territorios rurales que adornan la extensión del océano Pacífico colombiano, atienden entre 4.500 y 5.000 partos al año. Esta práctica ancestral de las comunidades afro del pacífico colombiano fue considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en octubre del 2016 por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. A pesar de esto, la partería en esta región, así como las nuevas vidas que trae consigo al mundo, intenta sobrevivir en medio de las precariedades de unos municipios olvidados por el Estado. La historia de la partería en Colombia empieza en el siglo XVII, desde entonces, a estas mujeres afro y en muchos casos, analfabetas, se les denominaba como “comadrona” o “partera”, términos utilizados por el cuerpo médico de los hospitales, sin embargo, solo hasta mediados del siglo XIX, se les empezó a otorgar un mayor reconocimiento y así, a exaltar este oficio tradicional de obstetricia, brindándoles acompañamiento y capacitaciones teóricas con el propósito de mantener dicha profesión. *Testimonio retirado de la exposición “Partería, saber ancestral y práctica viva” del Centro Cultural del Banco de la República de Buenaventura.

Por: Esteban Salazar, investigador Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares Apenas siete días luego de haberse instalado el nuevo Congreso, el 27 de julio de 2018, el senador del partido Conservador, Juan Samy Merheg, radicó el proyecto de ley 058-18, por medio del cual “se prohíbe en Colombia la utilización del fracturamiento hidráulico -fracking- para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Según el objeto de dicho proyecto, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se abstendrán de suscribir contratos, expedir títulos mineros y permisos o licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales cuya extracción implique la utilización del fracking. Una de las motivaciones para proponer este proyecto de ley está sustentada en que a la fecha no existen documentos científicos que puedan controvertir el hecho de que países como Francia, Escocia, Bulgaria, Alemania, República Sudafricana, Republica Checa, Irlanda del Norte, entre otros, se hayan inclinado por prohibir o suspender actividades relacionadas con el fracking. Un mes después de la radicación de la propuesta del senador Merheg, la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, presentó otro proyecto de ley (115-18) en el que “se declara una moratoria al desarrollo de la actividad del fracturamiento hidráulico para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y se dictan otras disposiciones”. Lo que busca este proyecto no es prohibir el fracking, sino limitarlo para que el Gobierno y las entidades encargadas se abstengan de dar vía libre a proyectos de exploración y explotación hasta que no se levante dicha moratoria. Para efectos de levantar las moratorias, se deberán hacer estudios técnicos que demuestren que no va a haber un impacto nocivo para el medio ambiente, reza el proyecto. Una vez cumplido ese requisito, el Gobierno solicitará al Congreso el levantamiento de la moratoria, para lo cual se requerirá la aprobación de ambas Cámaras. El mayor riesgo de la propuesta está en que el levantamiento de la moratoria no exige un tiempo sino unos requisitos técnicos, los cuales pueden estar viciados en los estudios previos y, al final, no necesariamente representan una reducción del impacto del fracking. Un tercer proyecto de ley (071-18), impulsado por la Alianza Colombia Libre de Fracking y apoyado por 30 congresistas de la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Polo Democrático el Partido de la U, la Lista de los Decentes, Cambio Radical, la FARC, el Partido Conservador y el MAIS, no solo busca la prohibición del fracking o exploración y explotación en Yacimientos No Convencionales (YNC), sino que también el país inicie una transición para que no se usen combustibles fósiles en un plazo de 15 años. Estos tres proyectos llegaron a la Comisión Quinta Constitucional del Senado, encargada de régimen agropecuario, medio ambiente y tierras, entre otros. Las propuestas (dos provenientes de miembros de la Coalición de Gobierno) estarán en debates en la Comisión y, de ser aprobados, en plenarias de Senado. La Comisión Quinta está compuesta por 14 senadores: Los ponentes del acumulado de proyectos son: Nora García, coordinadora de los ponentes (Didier Lobo, Alejandro Corrales, Sandra Ortíz, Jorge Robledo, Eduardo Pacheco y Pablo Catatumbo); Guillermo García Realpe, quien apoya la prohibición del fracking; y José David Name, presidente de la Comisión. Todos de diferentes partidos y coaliciones, con lo cual el proyecto no depende de un apoyo de una coalición en específico. Sin embargo, los apoyos al acumulado del proyecto estarían divididos en si se debe prohibir el fracking o se debe aplicar la moratoria, como lo propone la senadora Martínez en su proyecto de ley. Sobre este último tema, el día de hoy la Comisión Quinta discutirá el acumulado de los 3 proyectos, con dos factores adicionales. El primero, es que se radicarán 100 mil firmas que respaldan la petición de prohibir el fracking como acto simbólico de los integrantes de la Alianza Libre de Fracking. Y, el segundo, es que el Gobierno acudirá a explicar cómo está evaluando económica y medioambientalmente esta posibilidad de exploración. Así las cosas, la coalición de gobierno busca apoyar la moratoria, mientras que los independientes y la oposición apoyarían la prohibición total. En términos de votación, la Comisión quedaría dividida en partes iguales: 7 a favor de la moratoria (Gobierno) y 7 por la prohibición (independientes y oposición). Depende de un solo voto para que se incline la balanza y, al parecer, el cálculo político que se hace es el costo que tendría ante la opinión pública que alguno de los independientes apoye moratoria. No obstante, dentro de las movidas del Congreso, la senadora Martínez estaría buscando hacer cambiar de opinión a Merheg para que se incline por la moratoria, así como a alguno de los independientes. De este último grupo, el liberal García Realpe ha manifestado que apoya la prohibición; de Cambio Radical, Daira Galvis no se ha pronunciado; mientras que Didier Lobo, exalcalde de la Jagua de Ibirico, Cesar, aseguró en su campaña al Senado que la fortaleza del departamento está en el eje minero. En alguno de estos dos últimos estaría la última palabra.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Las democracias contemporáneas atraviesan tres grandes desafíos: i) el surgimiento de Gobiernos autoritarios, que son algo distintos a las dictaduras tradicionales de los años sesenta y setenta del siglo XX; ii) el surgimiento de los neopopulistas, que los hay de izquierda y de derecha. En el continente hay muy buenos ejemplos de ambos casos y la Europa liberal y garantista tiembla ante el avance de los xenófobos y eurófobos populistas; iii) algo que se había advertido por todos los expertos y académicos en temas de democracia y partidos políticos desde el siglo XIX: las democracias corporativas; es decir, aquellas en las cuales no hay una línea clara entre grupos privados económicos y los Gobiernos públicos. Una serie de teóricos había advertido que el crecimiento demográfico y la multiplicación de intereses sociales segmentados llevarían a la creación de grupos de presión que desempeñarían un papel más articulado entre el Estado y los individuos. El problema de esta teoría es que en las democracias contemporáneas ha hecho carrera un corporativismo salvaje, depredador y que solo representa un pequeño segmento de la sociedad. Tal vez el caso colombiano sea el mejor ejemplo. Por ejemplo, el actual ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, estuvo involucrado en el escándalo de los Panamá Papers. Además, en las últimas horas, el periodista Daniel Coronell destapó otro gran escándalo: cuando Carrasquilla fue ministro en la administración de Álvaro Uribe, promovió activamente la aprobación de una ley que al final lo terminaría favoreciendo con la creación de una empresa y el empobrecimiento de más de un centenar de municipios del país. Por si fuera poco, en las últimas semanas, el ministro anunció una fuerte reforma tributaria, que en resumidas cuentas busca bajarles impuestos a los ricos y gravar con el IVA a la canasta familiar, lo que significa que terminará afectando a los más pobres. El gran problema es que el anuncio de una reforma tributaria, un tema de política pública, lo hizo en un evento de empresarial, en la convención de Asobancaria. El otro ejemplo del Gobierno corporativo se refiere al actual ministro de Defensa, el señor Guillermo Botero, quien durante años fue el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes. Botero no tiene ni idea del tema de seguridad. De hecho, la semana pasada, en el debate de control político que hizo la bancada de oposición en el Congreso de la República, debido a los más de 200 asesinatos de líderes sociales en los últimos meses, la intervención de Botero fue, por decir lo menos, vergonzosa. No conocía el tema. En lugar de hablar sobre las estrategias, medidas o acciones de protección a líderes sociales, su intervención giró en torno al plan de choque del Gobierno Duque para contrarrestar la delincuencia común y organizada en el país. El otro ejemplo es el nombramiento de Andrés Valencia Pinzón como ministro de Agricultura. Valencia venía de ser presidente de FENAVI o Federación Nacional de Avicultores de Colombia desde 2013. Como era de esperarse, el gremio de la SAC o Sociedad de Agricultores de Colombia, que agrupa a los empresarios rurales o grandes poseedores de tierra saltaron de la alegría y elogiaron el nombramiento. Horas después, se conoció un proyecto de ley que busca, prácticamente, eliminar el proceso de restitución de tierras. No debe olvidarse que en el marco del conflicto armado que azotó al país, más de seis millones de hectáreas fueron despojadas, en su mayoría a pequeños campesinos. El proyecto de ley para acabar de ese proceso fue presentado por el partido de gobierno es apoyado por los grandes poseedores de tierra en Colombia. Todo cuadra, un círculo perfecto. Cuando no hay una distinción entre intereses privados de una minoría e intereses públicos de la gran mayoría, no solo se cae en corrupción, sino en una situación en la cual el interés público es subsumido por intereses de unos pocos, lo que se denomina un Estado corporativo. Es decir, todo lo contrario a lo que se propone una democracia.