Por: Alejandro Restrepo, Naryi Vargas, Carlos Montoya Cely y Ariel Ávila – Pares Pacífico caucano Se trata de una zona de alto valor estratégico para la ilegalidad: además de la riqueza aurífera, se ha constituido como una ruta de salida hacia el pacífico, especialmente Timbiquí y López de Micay. Estos municipios han sufrido el mismo fenómeno que el sur del Chocó y Buenaventura, pues después de la desmovilización de las FARC, el ELN, comandado por José María Becerra, alias ‘Marcos’, y el Clan del Golfo han querido expandirse en el territorio y en los negocios. Sin embargo, la expansión de estos dos grupos ha sido menos violenta que en otras regiones. En Guapi, por ejemplo, ambas estructuras ya tenían su presencia consolidada; de tal manera que la expansión se ha hecho bajo los roles pactados: el Clan del Golfo es el dueño de maquinaria y controla la cadena del narcotráfico, mientras que el ELN cobra un impuesto por estas actividades y se encarga de los cultivos de uso ilícito. Debido a los excesivos cobros de “vacunas” o extorsiones, la relación del ELN con la población civil es hostil. Según un habitante del municipio, “desde que el ELN está en la cabecera comenzó a pedir pagos exagerados». Además, la guerrilla llegó con la promesa de pagar entre $1.800.000 y $2.500.000 a quienes se unieran, sin embargo, “esto sólo se cumplía por un período de dos o tres meses. Después, el pago que recibían bajaba entre $200.000 y $300.000, además de recibir amenazas contra su vida y la de su familia en caso de abandonar el grupo». En Timbiquí y López el control era de las FARC y el vacío de poder que implicó su traslado hacia las ZVTN ha sido copado con más dificultad. El ELN no cuenta con la tropa suficiente, pero ha intentado fortalecer y ampliar su presencia y el Clan del Golfo ha crecido. Sin embargo, en esos municipios ocurre un fenómeno particular y es que, si bien apareció un grupo desertor de las FARC autodenominado ‘Clan Pacífico’, que ha librado algunos enfrentamientos por recuperar el control territorial previo a la salida del Frente 30 y el Frente 6, en esos municipios son los reincorporados de la extinta guerrilla quienes están disputando los negocios ilegales y algunas zonas que estaban bajo su control. Estos conforman un grupo de alrededor de 80 personas y, si bien aún no se autodenominan como una estructura armada y mantienen su participación en los programas de reincorporación, volvieron a la región anunciando a las comunidades que continuarían con su viejo rol de cobro de extorsión y de control territorial y social. Lo mismo anunciaron al Clan del Golfo y al ELN, lo que ha generado enfrentamientos, particularmente, con este último, pues el Clan del golfo se mantiene al margen de combates intentando no perjudicar su actividad extractiva. El ataque del ELN en el casco urbano de Guapi, el 1 de agosto, tiene que ver justamente con la disputa que se libra entre esa guerrilla y los reincorporados de FARC. Resulta que semanas atrás una comisión del ELN fue asesinada a manos de los reincorporados en la zona rural de Timbiquí. El enfrentamiento se dio cuando hombres del ELN intentaron hacer un cobro relacionado con narcotráfico en esa zona. Días después, alias ‘Limones’, el jefe del ELN en el casco urbano de Guapi, supo que en el municipio estaban los hombres de Timbiquí y quiso cobrar venganza. Sin embargo, la presencia de una funcionaria de la Gobernación en el lugar de los hechos le impidió disparar. Esta situación no se presenta exclusivamente en el pacífico caucano, pues en otras zonas de este departamento, como en le municipio de Argelia y el norte, se presenta el mismo fenómeno; igualmente en el Bajo Cauca Antioqueño y en Nariño. Es importante tener en cuenta que en estas regiones las dinámicas y mercados ilegales priman sobre la oferta que la institucionalidad y otras economías legales. Así las cosas, el fracaso de la reincorporación productiva y la incapacidad para construir Estado en regiones históricamente abandonadas son un factor que incide en la decisión de los excombatientes para retornar a la criminalidad. En general, la situación de seguridad en el pacífico caucano podría describirse con una palabra: incertidumbre, pues si bien las comunidades no se han visto afectadas por enfrentamientos, como ha sucedido en el sur del Chocó, se confirma la presencia de varios actores armados nuevos en el territorio que, al parecer, solo van de tránsito. Líderes de las zonas rurales comentan que no saben quién es quién, pero prevén nuevas olas de violencia por la disputa de las rentas ilegales. Además de esto, temen la llegada de fuerza pública, pues afirman que ‘Guacho’ se está resguardando en zonas rurales del pacífico caucano. Esta versión se complementa con otra que afirma que el grupo de FARC que está en los NPR de Guapi y Pacífico está reuniéndose con los hombres de ‘Guacho’ y que están dispuestos a comenzar una nueva guerra con el ELN por el control territorial. Espere la siguiente entradas sobre el pacífico nariñense en pares.com.co. Lea la primera entrega sobre el sur de Chocó y Buenaventura.

Por: Alejandro Restrepo, Naryi Vargas, Carlos Montoya Cely y Ariel Ávila – Pares En el andén pacífico la violencia nunca se fue. A pesar de que los municipios que componen esa región mantienen diferencias en cuanto a recursos naturales, facilidad para el despliegue de mercados legales e ilegales, capacidad institucional, tejido social y capital económico, los grupos al margen de la ley han querido, históricamente, apropiarse de todo ese territorio. Pares presenta la primera entrega de una serie de tres artículos sobre el recrudecimiento de la guerra en el pacífico colombiano. En el pasado reciente, la violencia se ha enrarecido en el pacífico: las comunidades recuerdan – y un poco añoran – la presencia armada y el control territorial de grupos que ya estaban consolidados en los territorios, pues, por lo menos, se conocían sus reglas, su repertorio de acción e incluso sus comandantes y enlaces. Actualmente, la cotidianidad es la incertidumbre: grupos que llegan y otros que se van, que cambian de nombre, que se fusionan o se separan; en algunos casos se sospechan alianzas, pero de repente nuevamente están en enfrentamientos. Esto ocurre, especialmente, desde la salida de las FARC de sus territorios para instaurarse en lo que se conoció como Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), actualmente denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Sur del Chocó En el sur del Chocó, desde 2014, cuando comenzaron los ceses unilaterales en el marco del proceso de paz en La Habana, el ELN inició un proceso de expansión a las zonas de control fariano, principalmente en aquellas donde hay minería ilegal. Esto ocurría mientras el Clan del Golfo exterminaba a Los Rastrojos, de tal manera que el fortalecimiento de la guerrilla pasó casi desapercibido. A esta guerra le siguió otra en 2016 con ocasión de la salida formal del Frente 30 de la región: el Clan del Golfo/AGC, que logró ganarle a Los Rastrojos y absorber estructuras criminales locales, se enfrascó en una confrontación con el ELN que llegó a su fin este año luego de un arreglo respecto al control territorial y las rentas ilegales. Todo esto, además de la confrontación entre el ELN y la Fuerza Pública, ha implicado una crisis humanitaria que en los últimos cuatro años ha dejado para esa región más de 35.000 casos de victimización, incluyendo amenazas, homicidios, desplazamiento, confinamiento, entre otros. Hasta el momento, las disidencias de FARC no tienen presencia en esta región. Esto se debe, entre otras cosas, a que el Frente 30 que actuaba en esa zona se desplazó en su totalidad hacia las zonas de concentración y el territorio fue temprana y totalmente copado por el Clan del Golfo y el ELN, mientras que en el resto del pacífico el copamiento se ha tardado más y la presencia de desertores de FARC se dio desde hace más de 12 meses. La situación es más complicada en Buenaventura, el pacífico caucano y el nariñense, pues en este vasto territorio se entrecruzan múltiples estructuras criminales, economías de guerra tanto ilegales como legales, condiciones de vida precarias y acción insuficiente o connivente con la criminalidad por parte de las instituciones del Estado. Buenaventura En el Río Naya, a la altura del municipio de Buenaventura, la comandancia del Frente 30 de las FARC tuvo presencia por más de 17 años, coordinando el tráfico de cocaína y la minería ilegal desde el departamento del Cauca hasta la salida hacia el Océano Pacífico a través de milicias locales distribuidas a lo largo del río. Tras la concentración de la tropa en las ZVTN, gran parte de las milicias continuó su accionar delictivo en la región ejerciendo la misma función sobre el narcotráfico y la minería autodenominándose “Los Renacientes”, por considerarse como una nueva etapa de las FARC. Posteriormente se hicieron llamar “Frente Unido del Pacífico”, también conocidos como “Defensores del Pacífico”. Este grupo estaría al mando de alias “Chumbi” y “El Loco”, y, según fuentes locales, no superan los 50 hombres. Sin embargo, otra estructura armada que se autodenomina “Columna Móvil Jaime Martínez de las FARC” entró en disputa con este grupo aludiendo razones políticas para atacarlo: «Aclaramos que el grupo que se autodenomina como los Defensores del Pacífico, nada tiene que ver con las estructuras de las FARC, como lo dicen ellos. Debido a que no tienen un lineamiento político-militar ni reconocimiento por parte de la dirección nacional de las FARC. Informamos que este grupo será combatido por parte de nuestra organización.Ya que no se han acogido al lineamiento político-militar ideológico y sólo han venido causando gran desprestigio a las FARC». Como se observa en el comunicado, ‘La Columna Móvil Jaime Martínez’ le declaró la guerra a ‘Defensores del Pacífico’ y acusa a sus miembros de ser responsables del secuestro y asesinato de los últimos cuatro desaparecidos del Naya: Obdulio Angulo Zamora, Hermes Angulo Zamora, Simeón Olave Angulo e Iber Angulo Zamora. Este último fue arrebatado de una misión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo y la Personería del municipio de Buenaventura el 5 de mayo, cuando intentaban sacarlo de la región en lancha por el Río Naya debido al riesgo inminente de asesinato. Según versiones locales, la ‘Columna Jaime Martínez’ estaría subordinada a las órdenes de la disidencia del Guaviare al mando de Gentil Duarte, que busca unificar a los excombatientes rearmados de las extintas FARC a través de lineamientos políticos o del aniquilamiento de quienes no accedan someterse a un mando central Posteriormente, el ‘Frente Unido del Pacífico’ publicó un video en el cual aceptaron que retuvieron y ejecutaron a estas personas porque estaban “involucradas con actividades delincuenciales, específicamente con la creación de bandas criminales y nexos con paramilitares” Estos tres nuevos actores armados, constituidos en principio por desertores de FARC, no son los únicos que se disputan el control de la zona rural del distrito. El ELN ha llegado desde el sur del Chocó con la intención de controlar las rutas que permiten la salida hacia el pacífico, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y otras zonas en que las FARC tuvieron presencia. Allí también está el Clan del Golfo y La Empresa, que de vieja data son dueños de la maquinaria para la extracción de oro en esta región. El panorama en el casco urbano no es menos complejo. Además del Clan del golfo y La Empresa, que han tenido presencia consolidada en el pasado reciente, han aparecido nuevos y pequeñas agrupaciones que controlan mercados ilegales asociados al narcotráfico, oficinas de cobro, préstamos gota a gota, entre otras actividades que han incrementado la producción de violencia en barrios y comunas. El ELN también ha llegado a controlar algunas zonas, sin embargo aún no se involucra en la disputa por el Puerto, que ha sido controlado de tiempo atrás por grupos el Clan del Golfo y La Empresa. La aparición de nuevos grupos, las nuevas dinámicas de violencia y los enfrentamientos han dejado como saldo más de 20.000 casos de victimización, incluyendo desplazamientos masivos, homicidios, desapariciones y, en general, zozobra en la población civil que ha observado con preocupación el mantenimiento de la violencia en su territorio después de las promesas que traía consigo la implementación del Acuerdo Espere las siguientes dos entradas sobre el pacífico nariñense y el pacífico caucano en pares.com.co

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Voy a escribir sobre un tema que a la gran mayoría de la sociedad colombiana poco le importa o que, mejor, es poco taquillero pero central para el futuro colombiano: las negociaciones de paz entre el Estado y el ELN. Es un tema que genera muchas pasiones y en pocas ocasiones se piensa con cabeza fría. Aquí vamos a intentar un análisis objetivo y que se abstraiga de los debates irracionales. Se debe decir que la negociación de paz con el ELN es fundamental y la necesita el país, la razón no es un tema de equilibrios militares, sino más bien de la necesidad de terminar con la justificación política de la violencia. Colombia necesita un punto cero, una línea clara que divida la historia del país en dos, un ‘no más’. Obviamente una posible firma de acuerdo con el ELN no va a acabar la violencia, seguiremos teniendo estructuras criminales, pero ya no habrá conflicto armado político, nadie podrá justificar políticamente la violencia. Tal vez esto para muchos no signifique mayor cosa, pero en algunos años se entenderá que con esa firma es como si Colombia avanzar una siglo completo. Ahora bien, varios hechos han puesto esta negociación en una encrucijada complicada. Valdría la pena mencionar tres. Por un lado, los altos niveles de incumplimientos del Estado colombiano en el proceso de paz con las FARC han radicalizado a sectores del ELN. Por ello, la idea de la negociación no es como la de las FARC, según la cual “nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado”. Con el ELN la cosa será distinta, a medida que se va acordando se va implementando y cuando la implementación avance se va dando la dejación de armas. Eso significa que tendrían que pasar dos años de negociación y de ahí en adelante comenzar a implementarse para que este proceso de dejación de armas no coincida de forma inmediata con el calendario electoral del 2022. El otro es un punto complicado con dos temas que quedaron como parte de la negociación. El tema del secuestro quedó en la agenda, pero no es prerrequisito la liberación de secuestrados para avanzar en la mesa. Ahora, el gobierno ha dicho que necesita la liberación de todos los secuestrados para seguir y, si bien eso es legítimo y necesario para la sociedad, lo cierto es que desde el punto de vista del acuerdo es una negociación entre dos partes y no una concesión unilateral. Además, también es claro en la agenda que no hay concesiones unilaterales y todo es bilateral. Hay que encontrar un punto medio: por ejemplo, la liberación de una parte de los secuestrados de forma inmediata y la otra parte en un tiempo de tres meses. Un último tema que ha puesto la negociación en jaque tiene que ver con el contexto internacional. Venezuela actualmente es país garante de las conversaciones y parece necesario que salga de esa figura. Así, por ejemplo, España podría cumplir ese papel y el próximo ciclo de negociaciones podría darse en México, con ello se mejorarían las condiciones del diálogo. Además, se dejarían tranquilas a ambas partes. Muchos debates y poca cabeza fría es lo que se ve en esta discusión. Para aquellos que queremos la paz es necesario encontrar salidas viables para las dos partes de la mesa y acabar con las posiciones extremas, que poco ayudan a la construcción y viabilidad del diálogo. Las próximas horas serán determinantes para resolver si hay futuro en la mesa.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares Una de las leyes aprobadas en el marco del fast-track, derivadas del paquete normativo del Acuerdo de Paz, fue el Estatuto de la Oposición. EL Estatuto propuso cambios importantes a la Ley 5 de 1992, que establece el reglamento interno del Congreso de la República, junto con modificaciones en el número de senadores (de 102 a 108) y representantes a la Cámara (de 166 a 172). Otro de los cambios que llama especial atención para el análisis es la posibilidad que tienen los partidos políticos (no los congresistas) de declararse en oposición, independencia o parte del Gobierno nacional. Esto tiene implicaciones. Por ejemplo, los miembros de partidos de oposición no podrán ocupar ningún cargo del Gobierno, pero tendrán beneficios adicionales respecto a financiación, acceso a medios de comunicación, derecho a réplicas, entre otros. Además, el estatuto determinó que los candidatos a Presidencia y Vicepresidencia que obtengan el segundo lugar en las elecciones tendrán derecho a ocupar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, con asiento en las comisiones primeras, podrán ocupar las primeras vicepresidencias y serán los líderes naturales de la oposición. Conviene subrayar que no solo aplica para comicios presidenciales; también se aplica para Gobernaciones, en donde el que quede de segundo ocupará un asiento en la Asamblea departamental; al igual que en Alcaldías: quien quede de segundo en las elecciones, ocupará un puesto en el Concejo. En esta misma línea, los partidos y movimientos políticos podrán asumir una posición distinta en cualquiera de los diferentes niveles de gobierno. Dicho de otra manera, mientras una fuerza política en el Congreso sea oposición del Gobierno nacional, al mismo tiempo puede ser gobierno en lo local y regional, con oposición de los partidos que hacen parte del gobierno nacional. Respecto a la posición que decidan adoptar frente al Gobierno (oposición, independencia o gobierno), son sujetos aplicables del estatuto de la oposición los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular; mas no los congresistas. Este último punto tiene como prueba de fuego las decisiones que se tomaron recientemente por los partidos. Y esto tendrá un alto impacto para efectos de la mermelada, las votaciones en el Congreso de los proyectos de Ley del Gobierno nacional y, con mayor impacto, en las elecciones locales del 2019. A continuación, los partidos y sus declaraciones: En efecto, el Estatuto de la Oposición plantea que, por ejemplo, los partidos declarados en independencia (Liberal y Cambio Radical), así como los de oposición, “no podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los doce (12) meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de independencia”. En otras palabras, los liberales y Cambio Radical no podrán recibir ningún tipo de mermelada relacionada con asignaciones burocráticas en entidad alguna para la aprobación de los proyectos de ley del Gobierno nacional. Una situación difícil para Duque si se tiene en cuenta que existe un estrecho margen de mayorías entre los partidos de Gobierno (54) y los independientes y de oposición (54). Y, por el contrario, una situación favorable para los “independientes”, pues aunque existe un distanciamiento en las propuestas que se han vaticinado de modificar el Acuerdo de Paz y derechos adquiridos por parte del Gobierno nacional, la motivación más grande que tienen CR y los liberales es la de encarecer sus votos y su apoyo al Gobierno nacional, toda vez que como independientes se mantienen en el margen del anillo central de la coalición de gobierno y podrán apoyar o no los proyectos de este, dependiendo de las negociaciones que realice el ejecutivo con estos. A esto se suma que, según el parágrafo del artículo 6 del estatuto, “Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno”. Una oportunidad que de no desaprovecharán para cambiarse, en menos de un año, cuando sus apoyos valgan más en las elecciones del 2019. Otro impacto que se puede vislumbrar, a partir de las decisiones asumidas por los partidos, es una fractura interna de los mismos, cuando se suponía que el estatuto buscaba disciplinarlos. El caso de la U, en el que se impuso la mayoría: 25 congresistas, contra 16 que votaron por no hacer parte del Gobierno, plantea escenarios en los que senadores como Roy Barreras o Armando Benedetti buscarán la manera de no votar los proyectos del Gobierno, a pesar de que su partido se haya declarado de Gobierno. En suma, los problemas de gobernabilidad serán cada vez más complejos, teniendo en cuenta las negociaciones entre las corporaciones nacionales y locales, sus relaciones con los diferentes niveles de gobierno, y el talante en el que se declaren los movimientos y partidos políticos para cada caso.

Por: León Valencia, director – Pares El balance del primer mes del gobierno es un poco extraño. Después de haber tenido una clara victoria electoral, los augurios de un gobierno cierto en sus propósitos, de muy buen recibo en la opinión y de holgadas mayorías parlamentarias, ha tenido un arranque no tan acorde con esos vaticinios. No ha tenido luna de miel, para utilizar una expresión que sirve en estos casos. Duque tuvo la lucidez de montarse en la consulta popular contra la corrupción enfrentando el desdeño o la oposición de su partido. Fue una gran decisión dado el inesperado resultado de cerca de doce millones votantes que en tiempo frío, sin maquinarias políticas empujando la votación, sin incentivos económicos a la vista, acudieron a las urnas. Pero Duque no fue el mentor de esta idea, su auténtico vocero, ni su promotor principal. Claudia López fue la madre de la propuesta y la oposición de izquierdas su principal bastión. De ahora en adelante los réditos de la iniciativa siempre podrán capitalizarlos estas fuerzas y las inconsecuencias o limitaciones en la implementación parlamentaria recaerán en el gobierno y los partidos que lo acompañan. El propósito de hacer un gobierno sin mermelada, compuesto por técnicos de una nueva generación y jugado a la discusión abierta de sus iniciativas en el Congreso, a pesar de no ser plenamente cierto y categórico, ha tenido unos costos puros y duros en la formación de una coalición mayoritaria. El gabinete tiene un claro corte uribista en sus principales carteras: Interior, Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores y Trabajo, ni nueva generación, ni puramente técnicos, esa es la realidad. Las demás carteras las ocupan personas con poca o ninguna experiencia en el sector público, pero que no han sido ajenas a la filiación política del Centro Democrático o del Partido Conservador. Digamos entonces que la mermelada es para untar en una parte de la tostada. Eso no ha pasado inadvertido para los liberales, los de Cambio Radical y una parte minoritaria de los miembros del Partido de la U, que se han declarado en independencia frente al gobierno. Así las cosas, las fuerzas que acompañan a Duque en el Senado suman 54 senadores y los partidos que se han declarado independientes o de oposición suman 52, una mayoría precaria. En la Cámara es a la inversa, la oposición y los independientes tienen mayorías ajustadas y el gobierno está en minoría. Esta realidad se sintió en la composición de las directivas del Congreso donde el Centro Democrático tuvo que ceder dignidades claves a las fuerzas independientes y de oposición y luego se expresó más claramente en la elección del Contralor General de la República donde el candidato del uribismo quedó en franca minoría. En el discurso de posesión el presidente Duque le apostó con claridad a retomar los lemas de la seguridad, la legalidad, la autoridad, la estabilidad y la justicia y subordinar a estos los designios de la paz, la concertación, la convivencia y la reconciliación que había enarbolado el gobierno de Santos. Pero la apuesta no le está resultando fácil. La realidad de hoy es muy distinta a la que encontró Uribe en el 2002 y las primeras decisiones de Duque no son tan contundentes y en algunos casos resultan ambiguas. La retórica contra el acuerdo de paz con las FARC se ha ido desdibujando y la pretensión de impedir a toda costa la participación política de los líderes del nuevo partido, la idea de echar para atrás la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad y la pretensión de hacer cambios significativos a la legislación que dejó el pacto de La Habana, han pasado a un segundo plano a pesar de que algunos líderes del uribismo no dejan de agitar las aguas en el Congreso o en la opinión pública. Se ha hecho mucha bulla con modificaciones profundas a la lucha contra el narcotráfico. Las amenazas de volver a las fumigaciones con glifosato, poner en primer lugar la erradicación forzada y decretar la incautación de la dosis mínima, nos pueden regresar a la fracasada política de concentrar los esfuerzos en atacar los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico y golpear sin medida a los campesinos cultivadores y a los consumidores del país. Pero aun estas medidas anunciadas con bombos y platillos, con el ánimo expreso de ganar opinión en un momento de crecimiento exponencial de los cultivos y de duras críticas de las autoridades norteamericanas, tienen sus bemoles y ambigüedades. Para volver a fumigar con glifosato hay que ganar el favor de los tribunales y eso no es tan fácil, la erradicación voluntaria con sus incentivos sociales ha mostrado sus buenos frutos y es difícil relegarla, la incautación de la dosis mínima sin penalización tendrá muy poco de realidad. Quizás todas estas limitaciones, estas marchas y contramarchas, estas contradicciones y ambigüedades del primer mes de Duque han hecho que pierda más de 10 puntos en la popularidad y su registro en la encuesta de Gallup este apenas en un 40 por ciento de favorabilidad. Es, desde luego, un extraño comienzo para un gobierno que reemplazó a Santos que batía el record de la impopularidad.

Por: Mateo Quintero, practicante comunicaciones – Pares La región del Urabá chocoano comprende una zona rica en cuanto a recursos, pues cuenta con acceso tanto al océano pacifico como al atlántico. Esto le permite ser un puente de interconexión entre Suramérica y Centroamérica, atributos le dan a la región gran potencialidad productiva. Pese a que los suelos del municipio de Riosucio permiten cosechar diversos alimentos como arroz, maíz, frijoles, ajonjolí, ñame, plátano, yuca y cacao; la finalidad de estos es principalmente el consumo local, más que comercio. Por eso, la principal fuente económica del municipio es explotación forestal. Esta actividad viene desarrollándose desde hace aproximadamente cuatro décadas debido al valor comercial que tienen especies arbóreas como el cativo, el guino, el pino amarillo, el abarco, el roble, el cedro, el caracolí, entre otros. Estos maderables son transportados en barcazas a través del río Atrato para ser comercializadas como madera en bruto y aserrada en Turbo, Apartadó, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Pues, aunque el municipio es productor de la materia prima, no existe una empresa en el territorio que pueda transformar esta madera en muebles para su comercialización. Chocó es quizás uno de los departamentos de Colombia donde la violencia, tanto política, como social y hasta económica ha tenido mayor incidencia en la población durante años. Uno de los hitos que define la situación de violencia en Riosucio fue la incursión armada del Bloque Élmer Cárdenas en el Bajo Atrato y del desarrollo de la Operación Génesis en diciembre de 1996. Estas incursiones bélicas generaron el desplazamiento de cientos de familias campesinas, de comunidades negras e indígenas, y desapariciones forzadas de miembros de la comunidad. Después de esto, la presencia de los comandos paramilitares se mantuvo constante hasta la retoma del municipio por la guerrilla de las FARC, luego de la desmovilización de las distintas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005. A raíz de los diferentes ataques paramilitares hubo una fuerte ruptura en el tejido social de la comunidad, debido también al desplazamiento forzado, los hechos de tortura, violencia sexual y homicidio. Además de estas problemáticas históricas de violencia, Riosucio también se ve afectado por problemáticas en materia política y administrativa, pues no cuenta con un sistema de información sobre seguridad y convivencia ciudadana, esto impide que se puedan realizar análisis claros y planes de choque efectivos frente a estos flagelos. Las respuestas institucionales frente a los hechos violentos son muy pocas. La prestación de servicios públicos en el municipio es precaria, no hay un sistema de alcantarillado y las afluentes del río son la principal vía de drenaje de los desechos sanitarios de cada uno de los hogares. Tampoco hay un sistema de acueducto que capte y distribuya el agua en las debidas condiciones para los residentes, entonces el abastecimiento se realiza a partir de las aguas lluvias almacenadas en tanques en cada una de las casas. Además, la inexistencia de un alcantarillado municipal que permita el desagüe de aguas residuales ha hecho que las aguas lluvias y las servidas representen focos de contaminación y de proliferación de enfermedades, al quedarse estancadas en las diferentes calles de la cabecera. Actualmente, las únicas dos formas de acceso al municipio son mediante el río Atrato y a través de una carretera en proceso de pavimentación que conecta con los municipios de Mutatá y Chigorodó permitiendo la comercialización de productos en el Urabá antioqueño. Es por ello que la arteria de movilidad en el Urabá chocoano es el río Atrato y sus distintos afluentes. Según la información del DANE, el municipio cuenta con 28.923 habitantes distribuidos a lo largo de los 7.046 km2 con una densidad poblacional de 4,09 y el equivalente al 5,7% del total de la población departamental. En la cabecera se ubican 8.592 personas y en la zona rural 20.331 más. El volumen más significativo de la población se encuentra en la infancia, la adolescencia y la juventud. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que Riosucio es especialmente un municipio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; con un acento significativo especialmente en la infancia, lo que lo ubica según la clasificación establecida por el Departamento de Planeación Nacional de acuerdo con su estructura poblacional, como un municipio embrionario. En ese sentido, según el DNP, los municipios embrionarios son aquellos que no han iniciado el bono demográfico. Tienen altas tasas de dependencia de menores y su desempeño en derechos y condiciones sociales es muy precario. Requieren alcanzar metas mínimas de universalidad del desarrollo social (salud, educación, vivienda, servicios públicos), hasta llegar a promedios urbanos de hoy. Inversión importante en primera infancia, educación y servicios públicos. Ser joven en Riosucio / ¿Con qué herramientas cuentan los jóvenes para abordar estas problemáticas? Las trayectorias de vida de la gran mayoría de los y las jóvenes de Riosucio no dan cuenta de una experiencia de juventud como se ha definido desde las distintas disciplinas que hablan de esta condición. Se nos ha planteado que la experiencia de ser joven se caracteriza por el hecho de ser una persona principalmente protegida por su familia, que se encuentra inmerso en una experiencia educativa mediante la cual adquiere conocimientos que le permitirán, en un futuro no muy lejano, vincularse a un tipo de trabajo para aplicar los conocimientos adquiridos. A su vez, en el momento de ser joven la persona se encuentra en un proceso de afirmación de su identidad lo que la conlleva a explorar situaciones y establecer relaciones de afecto, confianza y solidaridad con sus pares, haciendo de la socialización una experiencia que va más allá de la simple asociación basada en la amistad. No obstante, en Riosucio los jóvenes experimentan de dichas situaciones de maneras heterogéneas a la mencionada en las líneas anteriores. Son varios los factores que conllevan a que las personas jóvenes vivan su experiencia de juventud en ocasiones contraria a la situación ideal ya señalada, o dislocada a esta, o simplemente no la experimenten. Unos factores para que eso esté sucediendo están asociados a factores territoriales y comunitarios; otros obedecen a factores económicos y otros a las debilidades institucionales, entre otros. La cobertura realizada por parte de los 16 centros educativos se realiza mediante 111 sedes distribuidas en microterritorios. Las condiciones de la infraestructura educativa son precarias, dado que la gran mayoría de las sedes están construidas en madera a modo de palafitos, madera que ha sido corroída y tampoco se cuentan con los implementos básicos tales como escritorios, baños, aulas adecuadas, entre otros. El municipio de Riosucio no cuenta con instituciones de educación superior. En algunas zonas rurales se ha venido implementando programas técnicos agropecuarios del SENA, sin embargo, no cubre a toda la población de las zonas rurales y se encuentran de manera focalizada en algunos territorios, lo que hace que sea necesario el desplazamiento desde las diferentes comunidades teniendo en cuenta las largas distancias que algunos tienen que recorrer para cumplir con estas actividades de educación formal. La población joven en el municipio de Riosucio, Chocó, representa un 32,4% del total de la población, siendo ésta, un poco más nueve mil trescientas personas, frente a veintiocho mil novecientas, que según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) viven en el municipio. Similar a lo que se observa en el municipio de Rio Quito, Chocó; en Riosucio, la población joven representa una mayoría importante, por encima de la media nacional, situación que debe orientar la política pública y la atención de los diferentes actores sociales, obligándolos a pensar el territorio, como un territorio joven, en el que se brinden todas las oportunidades. El nivel de empleo en Riosucio está relacionado con actividades productivas, con la oferta del Estado y con el sector turístico. El empleo productivo se refiere al empleo generado por actividades agrícolas, forestales y pecuarias, esta categoría tiene mayor presencia en la zona rural y es desarrollado por épocas de manera no tecnificada. En estas actividades se emplea por lo general, mano de obra familiar. Este sector es el responsable de la mayor demanda de fuerza laboral en el municipio. Entre el cultivo de plátano, el cultivo de cacao y la explotación de la madera en total se demandan 51.679 empleos. En este sentido, los principales problemas que afectan al municipio son: • Dificultad de movilización entre el departamento • Nula prestación de servicios públicos • Propagación de enfermedades por aguas estancadas • Sistema educativo precario • Condiciones precarias de infraestructura Iniciativas juveniles La Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil del Municipio de Riosucio La Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil del Municipio de Riosucio es una experiencia de participación juvenil en la que confluyen diversas formas de ser y reconocerse como jóvenes. Es sin duda un espacio intercultural en el que los y las jóvenes que convergen en ella gestionan, en cada encuentro, una idea intercultural de lo juvenil atada y contrapuesta por las distintas historias, creencias y posibilidades de dichos jóvenes construidas a partir de sus propias experiencias, necesidades y expectativas resultado de sus propias interacciones con su contexto social, espacial y comunitario cotidiano. En esta escuela los y las jóvenes, además de participar de una experiencia de socialización que les permite reconocerse y reconocer al otro, también es un escenario de lucha entre el mantenimiento o recuperación de determinadas costumbres culturales con la idea de cambio.

Por: Redacción Pares Hace un año, el 2 de septiembre de 2017, el partido de la Fuerza Revolucionaria del Común (FARC) entregaba la lista de las 26 mujeres y 85 hombres que constituirían la dirección colegiada del naciente partido. Desde el pasado viernes 31 de agosto hasta el domingo 2 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el segundo Pleno del Consejo Nacional de los Comunes en la ciudad de Bogotá. De la lista de 111 miembros del Consejo Nacional de los Comunes, según Pablo Catatumbo, llegaron 90, es decir más del 81%. En entrevista con Pares, Catatumbo habló de la inasistencia de varios delegados por razones de salud con excusas médicas como Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, quienes enviaron documentos donde expresaban opiniones que se iban a considerar en el congreso del partido. Se refirió, a su vez, al caso de Iván Márquez, Romaña y El Paisa, los cuales no enviaron ninguna notificación. Sin embargo, enfatizó que Márquez ya había advertido tiempo atrás, por medio de una carta, las precarias condiciones de seguridad que impedían tanto su presencia en el espacio territorial como el cumplimiento de sus funciones políticas. El panorama en materia de garantias de seguridad después de la entrada en vigencia del partido es complicado. Aunque continúa el mecanismo de verificación tripartito, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia —como lo afirma en el último informe trimestral entregado— esperaba que la presencia de la fuerza pública en los ETCR tuviese un efecto disuasorio de la violencia en las zonas. Sin embargo, según la FARC, 75 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Pablo Catatumbo habló con Pares sobre la asistencia del consejo, de las renuncias, los temas que se tocaron y las proyecciones de la implementación con el nuevo gobierno. ¿Qué balance general dejó el Pleno del Consejo Nacional de los Comunes? Este fue el segundo Pleno de Consejo Nacional de los Comunes, que es como una especie de comité central. Dentro del congreso se informó que 5 de sus integrantes habían renunciado a su condición de militantes por diversos motivos; unos por desencanto, otros por querían dedicarse a diferentes actividades, pero ninguno lo hizo porque no compartiera la línea política. En general, consideramos que asistió una inmensa mayoría de integrantes del consejo político nacional, donde se escucharon observaciones y criterios de algunas políticas a la conducción del partido y algunas críticas al estado de la implementación del Acuerdo. El balance es positivo y sirvió para conocer mejor la situación interna nuestra, como también para fortalecer la unidad el partido. Definimos el carácter del gobierno de Duque como un gobierno de derecha, en lo económico, político y social. En general, su política económica va dirigida a descargar todo el peso de la crisis en la gente más desprotegida y de sectores populares. De hecho, se ha conocido el desconocimiento a las madres comunitarias de su derecho a la pensión, reforma tributaria, entre otras disposiciones. Dijimos, en el pleno, que íbamos a hacer una oposición, pero no una irracional ni obtusa; sino razonada. Nuestra disposición no nace de manera irracional porque es Duque, o porque es el uribismo, es en razón de anuncios y los programas de gobierno. La otra conclusión es que el partido, con muchísimas dificultades, se ha ido consolidando a nivel nacional, tenemos entre 14 y 17 comités departamentales ya oficialmente constituidos. Hicimos el balance de la implementación de los Acuerdos, donde en una proporción elevada ha habido incumplimientos, Pero no todo es negativo, pues hay unos compañeros que han salido de la cárcel, se ha constituido en aproximadamente 1200 escoltas contratados y hay unos 800 esquemas de seguridad funcionando. No obstante, hay cosas muy preocupantes: no hay ni un solo PDET funcionando, ni los proyectos productivos que permitan una reincorporación de los guerrilleros a la vida normal. El hecho de que no haya proyectos productivos, el hecho de que el gobierno no haya resuelto el problema de las tierras, la cual es la base fundamental para existan dichos proyectos productivos es muy preocupante. El gobierno se ha negado sistemáticamente a otorgar tierras y los pocos proyectos que están funcionando han sido por iniciativa de los mismos guerrilleros que, con sus esfuerzos y bancarización y con ayudas de la comunidad internacional, han puesto en marcha. ¿Cuál es la estrategia de Farc para afrontar la falta de implementación? La organización y la lucha de las masas, porque el acuerdo de La Habana no solo pide tierras para la reincorporación de los guerrilleros, pide la Reforma Rural Integral que concebimos para beneficiar a todo el campesinado, pero eso tampoco lo han puesto en práctica. En La Habana se acordó que se iban a incorporar más de 3 millones de hectáreas a la actividad productiva y que, aproximadamente, unas 7 millones que ya están en manos de los campesinos se iban a legalizar. Pero ni lo uno, ni lo otro se ha podido hacer porque aquí cualquier reforma que tenga que ver con cambios con la estructura de la tenencia de la tierra, siempre, históricamente ha tenido dificultades mayúsculas. La única manera de que eso se cumpla es por medio de la organización de las masas y la lucha. Seguramente, todas estas medidas antipopulares y antidemocráticas del presidente Duque van a incrementar esa protesta popular, esas luchas de la gente para que los Acuerdos se cumplan. Específicamente, ¿qué temas sobre el proceso de implementación se profundizaron más? Se analizó a fondo la sustitución de los cultivos, el problema del crecimiento de las matas de coca. Lo que encontramos es que el estado colombiano ha privilegiado la erradicación sobre la sustitución. Ya se han se han escuchado manifestaciones de varios departamentos, en donde la gente ha dicho que no se permite el glifosato y que la salida es la sustitución de cultivo, no únicamente erradicación. Que el Estado llegue no solo con sus fuerzas militares, no solamente con la represión, sino que llegue con todo el aparato del Estado para la implementación. Otro tema que se discutió mucho fue la preocupación y la indignación que ha causado el asesinato sistemático de los líderes populares. Históricamente, una de las formas de dominación de la clase dirigente en Colombia ha sido el asesinato de quienes reclaman sus derechos. La disculpa del señor ministro, de la Fiscalía de que no encuentran sistematicidad, ya está sonando a carreta; porque hay otra sistematicidad, porque los que mueren son líderes reclamantes de tierras, son defensores de Derechos Humanos, son indígenas, son afro que defienden su territorio y esos son a los que matan. Eso no es un lio de faldas como lo ha dicho el ministro anterior, ya es hora de que la fiscalía responda y que las fuerzas militares respondan con las garantías. También, se habló sobre las Águilas Negras, ya es hora de que el Estado dé una respuesta de quienes son las ‘tales Águilas Negras’, quienes son los del Ejército Antirestitución de Tierras, porque es imposible que el Estado no haya aclarado quiénes son las figuras visibles de un fenómeno que tiene más de 20 años en Colombia. Esto nos hace recordar de la guerra sucia contra la Unión Patriótica, donde proliferaban nombres como el MAS y Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, es decir, diversas siglas que pululaban pero que detrás tenían alianza con poderes mafiosos y sectores de la inteligencia militar.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El gobierno del presidente Iván Duque ha anunciado un decreto que, basado en el Código de Policía, dará facultades a la Policía Nacional para confiscar alucinógenos a los consumidores. La iniciativa intenta responder a propuestas de la campaña electoral, pero en la vida real no servirá de mucho y parece que el nuevo gobierno desconoce cómo funciona el narcomenudeo en la actualidad. Hay cuatro datos claves en esto. 1. En 2015 se realizó la encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá, se aplicó a más de 150.000 estudiantes en Bogotá. Es la encuesta más grande sobre esta temática que se ha hecho en Latinoamérica. Allí, entre los más de 14 millones de datos que se logran recopilar, hay varios interesantes. Lo primero, es que cerca de un 9% de los estudiantes de colegios en Bogotá manifestaron que consumían algún tipo de alucinógeno. Cifra que ha sido estable en el tiempo, a veces sube un poco, a veces baja otro tanto. De esta cifra, solo la mitad lo hacía de forma recurrente, la otra mitad lo hacía de forma esporádica, de esta segunda parte se podría decir que lo hacía de forma experimental y en determinados contextos sociales. Esto lo que significa es que los jóvenes consumen alucinógenos que podrían provocar una dependencia psicológica y no física. Por ende, lo hacen de forma esporádica y en determinados contextos: en rumbas se consume LSD, Popper o combinación de pastillas, pero el consumo de cocaína, bazuco es muy bajo. De hecho, la mayoría de pastillas que se utilizan son legales, el pegante es legal, no será tan fácil confiscar esas sustancias. 2. Lo anterior nos lleva al segundo dato interesante y es que las mayores ollas o zonas de consumo en la actualidad en Bogotá se ubican en bares, discotecas y moteles y no, como se cree popularmente, en sitios como el Bronx o la zona de San Bernardo. Si bien estos sitios aún son importantes, lo cierto es que cada vez ceden más terreno a las nuevas dinámicas del mercado. Una zona como el Bronx es para habitantes de calle y personas con un nivel de drogodependencia alto. Incluso, Bogotá hasta hace unos años tenía una serie de ‘ollas’ de venta de droga ubicada en casas, en las cuales además de comprar la droga, era posible consumirla pagando 500 o 1.000 pesos. Eran cuartos o habitaciones donde había 15 0 20 personas consumiendo a la vez. Obviamente ese ambiente traía todo tipo de situaciones, desde violaciones hasta desapariciones forzadas. Estas casas eran para personas que habían roto sus lazos sociales cercanos, habitantes de calle es un buen ejemplo. Desde hace 10 años estas casas comenzaron a desaparecer y es cierto que el consumo se trasladó hacia los denominados parques de bolsillo, que son esos parques pequeños ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Ahora, con el decreto, lo que va a pasar es que las casas de consumo se volverán a crear y la droga será más costosa, al final habrá más ganancia para el jíbaro y el jefe de ‘olla’. 3. Lo tercero, y tal vez más importante, es que dentro de los datos de ingreso a las UPJ o de capturas, los pobres y los habitantes de calle son los más afectados por requisas o agresiones por parte de la Policía. Esta medida tendrá un efecto sobre esta población, pero para nada afectará a los ricos o clase media. 4. Además, lo que podría traer esta medida es un aumento de la corrupción: los consumidores entregarán dinero para que no les confisquen la droga, pero no afectará al mercado, ni el flujo de droga hacia la ciudad. En otras palabras, se va a desgastar a la Policía en una medida sin impacto real sobre el mercado de la droga. Además, a las personas drogodependientes en la actualidad el Estado les ofrece cárcel o plomo, pero casi no hay opciones, además de fundaciones cristianas, para ayudar a que una persona se rehabilite. En fin, una medida que no tendrá ningún efecto sobre el mercado, bastante populista y no trae nada nuevo, más de lo mismo y fracaso seguro. Artículo publicado inicialmente en Semana.com

Por: Juan Diego Castro León – Coordinador de Comunicaciones – Pares Pares presenta la primera parte de una serie de artículos que llamamos la #MexicanizaciónDelConflicto. Este concepto de la «mexicanización del conflicto», aunque no es nuevo, es más relevante que nunca, dado el crecimiento de rol que juegan los Carteles mexicanos en la guerra por el pacifico colombiano y su trascendental influencia en todo el país. A continuación les presentamos el perfil de los dos Carteles Mexicanos más poderosos y violentos que tienen presencia estable en Colombia. “Deberíamos analizar la presencia de los mexicanos no solo en el litoral Pacífico, sino en todo el país. Todo el mundo sabe que los mexicanos están por todo el país” Así describen algunas fuentes de terreno en el pacifico caucano, el crecimiento de la presencia de los Carteles Mexicanos en el territorio colombiano.  Para los pobladores de los municipios del pacifico colombiano, la presencia de miembros de los Carteles Mexicanos no es una novedad. Vienen conviviendo con estas organizaciones por años, y han visto su crecimiento, particularmente desde de la dejación de armas de las FARC. En tiempos en que las FARC dominaban 242 municipios del país, y prácticamente todos los municipios del litoral Pacífico, las organizaciones del crimen organizado mexicanas, particularmente el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo mexicano, mantenían emisarios en diferentes partes del país[1], entre el Urabá, Buenaventura, Medellín, Pereira, y Tumaco. Para ese entonces, entre el 2012 y 2015, los mexicanos eran observadores activos, que mediaban en líos entre combos colombianos, pagaban por cargamentos y realizaban logística. También debían rendir cuentas a las FARC, quienes regulaban los territorios de donde salía la droga, cobraban un impuesto al gramaje y garantizaban que los campesinos cocaleros obtuvieran el precio justo por la hoja de coca. Un ex combatiente de las FARC le contó a Pares de un hecho que ocurrió, donde el Bloque Occidental tuvo que repeler el fortalecimiento de un grupo armado en Chocó financiado por el Cartel de Sinaloa. Este grupo quería controlar parte de los ríos que servían de rutas para la salida al pacífico y a su paso cometieron desplazamientos. Las FARC realizaron un operativo militar que acabó con el grupo emergente, enviando un mensaje a los mexicanos de que no se toleraría un reto a su hegemonía territorial. Pero tras la salida de las FARC de los 242 municipios para ubicarse en 28 zonas y puntos de veredales, los Carteles aprovecharon para extender su presencia y ubicar operaciones estables en gran parte del territorio colombiano para controlar de cerca el flujo de la droga. Hasta hace unos meses, en mayo del presente año, la Policía Nacional frustro una reunión en Cali entre La Oficina, el Cartel de Sinaloa y  Caliche, lugarteniente de alias ‘David’, quien lidera el grupo armado Gente del Orden, que tenía como fin consolidar una alianza para derrotar a alias ‘Guacho’, quien comanda el Frente Oliver Sinisterra[2] y con quien tienen una guerra que ha dejado decenas de muertos y desplazamientos[3]. Según una fuente en reserva, la guerra que se viene dando en los últimos meses entre ‘Guacho’ y ‘David’ tiene un componente transnacional que radica en la guerra entre los dos Carteles mexicanos más grandes y peligrosos: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Según la fuente, el Cartel de Sinaloa actualmente estaría aliado con alias ‘David’, para competir las rutas de narcotráfico del Pacifico colombiano que controla ‘Guacho’, quien por su parte estaría aliado con el Cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de mayor crecimiento en México y principal rival del Cartel de Sinaloa. Se conoce de varias fuentes que ‘Guacho’ se encuentra en el Cauca, huyendo de la arremetida de la Fuerza Pública y defendiéndose de ‘David’ y sus aliados. Es así como se presenta una rápida “mexicanización” del conflicto armado en el litoral Pacífico, donde el dinero e influencia de los carteles mexicanos van a fomentar la violencia como herramienta de control territorial. Conozca los Carteles que están financiando el conflicto armado: Cartel Jalisco Nueva Generación – CJNG Es el más reciente de los seis grandes Carteles Mexicanos, pero ha sido el Cartel de más rápido crecimiento y mayor poder después del Cartel de Sinaloa, quienes son su principal rival en el mundo de la mafia mexicana. El Cartel es liderado por Nemesio Oseguera-Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fundó esta organización que se consolidó tras su separación del Cartel del Milenio en 2010. El CJNG rápidamente se extendió a varios territorios de manera violenta y se alió con el Cartel de Sinaloa-CDS. Tras la ruptura de esa alianza en 2015, el CJNG empezó a generar alianzas con los Carteles que estaban en decrecimiento, como los Caballeros Templarios, los Zetas, La Familia Michoacana entre otras, y peleando los territorios del Cartel de Sinaloa. La organización siguió creciendo desbordadamente en los últimos años llegando a tener presencia en 17 Estados de México, incluyendo la Ciudad de México, convirtiéndolo en la organización más importante que solo compara al Cartel de Sinaloa. Cartel de Sinaloa – CDS El Cartel de Sinaloa es uno de los más antiguos y grandes Carteles de México. Es principalmente conocido por su antiguo líder, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quien fue extraditado a los Estados Unidos en 2017. ‘El Chapo’, junto su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada, hicieron del Cartel de Sinaloa el más grande cartel del narcotráfico del mundo, llegando a tener presencia en 54 países[4]. Hoy en día, el poder del Cartel de Sinaloa es solo competido por su rival el CJNG. El Cartel es hoy en día liderado por ‘El Mayo’ y los hijos y hermanos de ‘El Chapo’. Durante la guerra que se fungió entre Carteles, para la consolidación del poder del Cartel de Sinaloa, México sufrió más de 100.000 homicidios y más de 40.000 desaparecidos[5]. [1] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/narcoajustes-mexicanos-en-colombia-articulo-738385 [2] https://noticias.caracoltv.com/cali/alquilaron-este-apartamento-en-cali-para-cumbre-de-capos-pero-asi-la-frustraron-autoridades-ie214 [3] http://caracol.com.co/emisora/2018/07/09/pasto/1531167277_231408.html [4] https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/07/24/cartel-de-sinaloa-con-mas-presencia-en-el-mundo-que-empresas-de-slim.html [5] http://www.milenio.com/policia/narcoviolencia-rebasa-los-100-mil-ejecutados

Por: Redacción Pares Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre del 2016, Pares ha logrado determinar que 184 líderes sociales han sido asesinados en todo el país. Además, hasta el 14 de agosto de 2018 se habían registrado 489 violaciones de Derechos Humanos. En los siguientes mapas se puede evidenciar cuáles son las zonas más afectadas por esta situación y las modalidades de violencia que se dan en cada departamento. Las muertes de los líderes han llenado las páginas de los diarios nacionales, las agendas de los canales de televisión y llevaron a que miles de personas se congregaran en las plazas públicas de Colombia como protesta. Sin embargo, la sangre no para. En menos de un mes, desde la llegada a la presidencia de Iván Duque, han sido asesinados 21 líderes más. Estos son sus nombres e historias: Uriel Rodríguez Uriel Rodríguez fue asesinado la noche del 7 de agosto, horas después de la posesión del presidente Iván Duque, mientras se encontraba departiendo en una tienda de la vereda Altamira, corregimiento El Carmelo, en Cajibío, Cauca. El líder era reconocido en la zona por su actividad y trabajo con campesinos en pro de movilizar el proceso de sustitución de cultivos de coca, señalando al mismo tiempo la necesidad de evitar la erradicación forzosa. Hacía parte, además, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, al movimiento político Marcha Patriótica y al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano. Testigos y habitantes de la zona dicen que el líder fue abordado por dos hombres armados en moto mientras se encontraba en la tienda. Según estas personas, en la región hacen presencia los grupos paramilitares armados y el Clan del Golfo. En el Cauca también hay presencia de los llamados grupos disidentes de las extintas FARC. Alejandro Jacanamijoy Alejandro Jacanamijoy era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Paz en Puerto Leguizamo, Putumayo. Además, era defensor de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC y hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Fue asesinado en la comunidad de Pinuña Negra dos días después de la posesión del presidente Iván Duque. Según investigaciones de Pares, en Putumayo hacen presencia grupos conformados por exmiembros Frente 32 y la columna móvil Teófilo Forero de las extintas FARC. Hasta el momento, no han sido identificados los responsables del asesinato. Emiliano Trochez Trochez era un líder indígena del cabildo nasa Guadualito, ubicado en el occidente de Santander de Quilichao, del que fue gobernador hasta 2011. Era considerado una autoridad ancestral y al momento de su asesinato, el 10 de agosto, era el coordinador de educación del resguardo. En su comunidad se cree que lo asesinaron por haber sido una de las autoridades que ordenó la quema de dos armas encontradas en el territorio. Según la Comunidad de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), desde el 2013 312 líderes indígenas han sido amenazados y 17 han sido víctimas de atentados contra sus vidas. Este año, han recibido 42 panfletos intimidantes firmados, en su mayoría, por las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En Santander de Quilichao hacen presencia el ELN, el Clan del Golfo y los llamados grupos desertores de las FARC. Alfredo Manuel Palacio Alfredo Palacio fue asesinado en la madrugada del 12 de agosto en el barrio Pasadizo de Aracataca, Magdalena. Palacio se movilizaba con su esposa en una moto cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon. Por los hechos, la gobernadora del departamento, Rosa Cotes, llamó a un consejo de seguridad extraordinario. Palacio pertenecía a la Junta de Acción Comunal del barrio 2 de Febrero. Según la Defensoría Nacional del Pueblo, cinco líderes sociales han asesinados en el departamento del Magdalena desde enero del 2016. En Aracataca, varios líderes sociales y hasta el personero municipal han sido amenazados por medio de panfletos. Jorge Eliecer Roa Jorge Eliecer Roa era el exalcalde del municipio de Miraflores en Guaviare. Fue asesinado el 13 de agosto. Según la organización Reiniciar para la Defensa de los Derechos Humanos, Jorge Eliecer Roa había sufrido una constante persecución por parte de grupos paramilitares. Roa Patiño era sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica sucedido en los años 80. En el departamento del Guaviare actualmente tienen una fuerte presencia las llamadas disidencias de las FARC, quienes, en reiteradas ocasiones, han cometido ataques contra la fuerza pública y la población civil. Allí también tienen presencia grupos paramilitares. Luis Henry Vera Gamboa Luis Henry Vera era presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda el Desengaño de Piedras Blancas. Hacía parte del proceso de la Asociación Mesa Regional Campesina del Perijá, la cual trabajaba conjuntamente con las comunidades campesinas de Chiriguaná, Curumaní, Pailitas y la que Luis lideraba: Chimichagua, municipio donde fue asesinado el 15 de agosto. El objetivo de la Mesa Regional es el de constituir la Zona de Reserva Campesina del Perijá (ZRCP). Su papel como presidente era de vital importancia para la defensa de los derechos de los campesinos a partir de la construcción de alternativas económicas diferentes al extractivismo, generación de soberanías alimentarias, seguridad jurídica de formalización y acceso a tierras. Fundamentalmente, trabajaba con comunidades campesinas víctimas de desplazamiento forzado. Históricamente, según el Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, el Departamento de César, a raíz de su extensión, la economía interna y los recursos naturales que lo constituyen, ha generado dinámicas de conflicto por parte actores armados como el ELN, FARC y paramilitares. Actualmente, hay una disputa territorial que ha confirmado la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, quien a lo largo del año ha advertido sobre la difícil situación departamental. José Vicente García Amariles José era representante de las víctimas de minas antipersonal en la mesa municipal de víctimas de Valdivia. A su casa llegaron hombres que le dispararon en repetidas ocasiones asesinando al defensor de derechos humanos a los 61 años de edad. Según el Proceso Social de garantías, en lo que va corrido del años han asesinado 33 líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Antioquia. La Fundación Sumapaz y Corpades han alzado la voz sobre la situación de violación a las garantías de seguridad. María Ana Josefa Mosquera María Ana Josefa Mosquera se desempeñaba como líder social en la Comuna 13 de Medellín. Tenía 73 años. Fue asesinada a causa de asfixia mecánica y con ataques de arma blanca. Después de observar a dos hombres cometiendo un hurto, estos entraron a su vivienda para cometer el asesinato. La mujer, conocida como ‘La tía Juana’ era reconocida en la Comuna por trabajar constantemente por los más necesitados. Luis Joaquín Yandi Luis Joaquín Yandi fue asesinado el 18 de agosto de este año en medio de un intento de hurto en el municipio de Totoró, Cauca. Ante la reacción por parte de la comunidad se realizaron varios disparos que le quitaron la vida a Yandi. Al parecer un uniformado le quitó la vida, pues la comunidad indígena de la que hacía parte Yandi, decidió llevar al uniformado a la justicia indígena. Luis Joaquín Yandi hacía parte del resguardo indígena Paniquitá. Huber Hoyos Asesinado el 21 de agosto de este año. Huber Hoyos era un líder social y agrario del municipio de Almaguer, Cauca. Le dispararon en cinco ocasiones y también hirieron a su esposa. Hoyos era un reconocido líder social del municipio y hacía parte del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer. Las autoridades siguen investigando si tenía amenazas de muerte. Actualmente, en el Cauca tienen una fuerte presencia las Guerillas Unidas del Pacífico, el EPL y el ELN. Estos grupos armados ilegales se disputan los territorios de la extinta guerrilla FARC. Jefferson Andrés Arévalo Jefferson Arévalo era militante del partido político Unión Patriótica y hacía parte de parte de la Corporación Reiniciar capítulo Meta. Fue secuestrado el 21 de agosto por hombres armados que llegaron a su finca «Las Cruces», ubicada en el caserío Danubio, de Puerto Rico, Meta. Los atacantes también abusaron sexualmente de Gladys Tirado, esposa de Arévalo y la hirieron gravemente en el cuello. El 23 de agosto el cuerpo de Tirado fue encontrado muy cerca al lugar del que fue raptado. Según Reiniciar, “momentos antes de los hechos tropas de la Séptima Brigada del Ejército estuvieron en la finca mencionada y desplegados en la Vereda El Danubio”. En el Meta actúan las llamadas disidencias de las FARC. Fabiola Fajardo Asesinada el 22 de agosto del presente año en su propia finca de residencia. A metros de su cuerpo se encontró otro cadáver sin identificar. Fabiola Fajardo estuvo durante 6 años vinculada como tesorera a la Junta de Acción Comunal de la vereda La Colorada en el municipio El Carmen de Chucurí. La Policía y el Ejército afirmaron que Fajardo no tenía amenazas de muerte. Freddy Julián Conda Fue asesinado el 23 de agosto en un operativo del Esmad de la Policía para desalojar a indígenas que ocupan predios privados que para ellos son territorios ancestrales. El líder indígena fue atacado con un arma de fuego en la cabeza, lo que obligó su traslado a un centro médico en Cali, donde después perdería la vida debido a las heridas en el cerebro. En Caloto, tienen presencia desertores de la extinta guerrilla de las FARC y el ELN. Mary Florelia Cana Meza Mary Florelia Cana Meza fue asesinada en El Tambo, Cauca. Pese a que los hechos ocurrieron el 24 de agosto, su caso fue denunciado hasta el 27 de agosto por la Organización Regional Indígena del Valle (Ovirac). Cana Meza era fundadora del Cabildo Nasa Nuevo Despertar de Dagua y se desempeñaba como líder social. Había sido desplazada de su territorio recientemente. Actualmente en el Cauca se encuentran las Guerrillas Unidas del Pacífico, ELN y EPL. Héctor Fabio Montoya Orjuela Héctor Fabio Montoya Orjuela fue asesinado el 24 de agosto mientras se movilizaba en un vehículo particular junto a su esposa Yudi Paola García, en la vía Florencia – Morelia. Montoya era cofundador de la Fundación Nuevo Amanecer, donde fungía como coordinador en el departamento del Caquetá. Además, trabajó como defensor de los derechos de las familias desplazadas en el Valle y el Caquetá. Actualmente, según investigaciones de Pares, en Caquetá se encuentran disidencias de los Frentes 1, 7 y 14 de las FARC. Además, hay presencia de estructuras paramilitares y se ha configurado lo que denominamos una Anarquía Criminal. José Enrique Monsalve Giraldo José Enrique Monsalve Giraldo fue asesinado el 25 de agosto. Desempeñaba labores como líder campesino y era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio de San José de Uré en Córdoba. Monsalve también lideraba el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en su vereda. En esta zona de Antioquia tienen presencia, principalmente, el Clan del Golfo, ‘Los Caparrapos’ y las llamadas disidencias de las FARC. James Escobar Escobar era miembro de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y de la Junta Veredal de Miras Palmas. Fue asesinado mientras se movilizaba por el río Mira, Tumaco, la tarde del 29 de agosto. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en una de las playas del río. En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había resuelto favorablemente la solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de los líderes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. La Defensoría advertía sobre el alto nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los integrantes de la organización por su defensa al Acuerdo de Paz. Sin embargo, varios de sus líderes siguen siendo amenazados y los pedidos de protección colectiva no han sido atendidos. Oliver Herrera Camacho Oliver Herrera Camacho fue asesinado el viernes 31 de agosto en la vereda Brisas del Guayabero, en el municipio de La Macarena. Hombres armados le dispararon en cuatro ocasiones mientras jugaba billar en su propio negocio. En el pasado, Herrera había sido presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda y era reconocido por sus labores sociales e importantes denuncias. La Confederación Comunal de Colombia se manifestó al respecto y destacó la importante labor política y social de Herrera. No se conocían amenazas contra el líder social. En esta región hay presencia de las llamadas disidencias de las FARC. Alirio Antonio Arenas Gómez Alirio Antonio Arenas Gómez fue asesinado en la madrugada del 2 de septiembre. El ataque fue perpetrado en el barrio Belén en Ocaña, Norte de Santander. Arenas era concejal electo por el partido del MAIS, también presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda San Isidro y pertenecía al Movimiento por la Constituyente Popular del Catatumbo. El líder había denunciado amenazas de muerte en su contra y, a pesar de que la UNP había aprobado medidas de protección a su favor desde el 31 de julio, estas no le habían sido asignadas. En Ocaña tienen presencia el ELN y se ha configurado lo que Pares denomina Anarquía Criminal. Norberto Jaramillo Norberto Jaramillo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Envidia (corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá) y hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. Fue asesinado el 2 de septiembre cuando hombres armados ingresaron a su casa y le dispararon en varias ocasiones. El teniente coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía en el Bajo Cauca, afirmó que “esa es una vereda que está aproximadamente a cinco horas del corregimiento la Caucana en carro. En este momento hay una disputa entre las subestructuras del Clan del Golfo, la Virgilio Peralta Arenas, también conocida como “Los Caparrapos”, y está la Julio Cesar Vargas en ese sector”. Amparo Fabiola Rodríguez Amparo Fabiola Rodríguez fue asesinada junto a su esposo el 2 de septiembre de este año. Tras el ataque, su hija se encuentra desaparecida. Varios desconocidos llegaron a su lugar de residencia para perpetrar el asesinato. El homicidio ocurrió en el municipio de Villagarzón. Fabiola Rodríguez era una docente indígena y pertenecía al cabildo indígena Camentzá. En Putumayo tienen presencia, sobre todo, las llamadas disidencias de las FARC. Allí estaban los frentes 32, 48 y 49 de la extinta guerrilla y el grupo paramilitar Bloque Sur de Putumayo.

Por: Esteban Andrés Tello Fernández, investigador Universidad Católica de Cali. Basta un acercamiento a la población de los centros urbanos del Alto y Medio San Juan, en Chocó, para reconocer la carencia de economías alternativas a la minería en el departamento. Las actividades extractivas y el aumento repentino de los ingresos han eclipsado el desarrollo de otros sectores económicos como la agricultura y la industria. Ahora que la renta de la minería empezó a descender, queda en evidencia la falta de planeación y construcción de políticas claras para sacar de la pobreza al Chocó. Para entender el salto que tiene que dar el departamento, debemos observar las dimensiones de la minería, pues representa el 17% de su economía según cifras del DANE para el 2017. Las exportaciones departamentales en un 70% son de oro, sin embargo, hasta mayo del 2018 habían disminuido 88% frente al año anterior. Estas cifras, que reflejan la grave disminución de la producción aurífera, permiten mostrar la situación que afecta a la zona del Alto y Medio San Juan, cuya economía aún depende de este sector explotado. Según el DANE, la explotación de minas y canteras representa los siguientes porcentajes del valor agregado municipal por grandes ramas de actividad económica en la región: en Condoto el 40%, en Istmina el 47%, en Medio San Juan el 0.94%, en Novita el 63%, en Río Iró el 88%, en San José del Palmar el 8%, en Sipí el 44%, en Tadó el 28% y en Unión Panamericana el 66%. Esa preponderancia explica que hoy la principal preocupación de los habitantes de estos municipios sea encontrar alternativas económicas viables que les permita reemplazar los ingresos que genera la minería y disminuir el impacto ambiental de esta. La búsqueda de alternativas económicas del Alto y Medio San Juan también surge debido a los males que aquejan al sector. Uno de ellos es la disminución de la producción, el mineral ya no lo encuentran en muchos ríos que por décadas han sido trabajados: todos sus rincones, sus vueltas y revueltas fueron dragadas y lavadas. “Hoy el mineral se agotó” dicen comunidades cercanas a Istmina y Tadó. Los lugares donde están encontrando oro no son los tradicionales. Esto amplía el impacto ambiental en la región, que se agravó desde que esta práctica mecanizada apareció y se hizo común el uso de mercurio. Otro mal que identifican las comunidades es la política del gobierno: dragas y dragones, retroexcavadoras, motobombas y motores, entre otros, han sido quemados a lo largo y ancho del territorio para llevar adelante la guerra contra la minería ilegal. Las comunidades han expresado su preocupación por práctica. Argumentan que la quema de la maquinaria afecta no sólo a quienes señalan de ser los empresarios de la minería ilegal mecanizada -gente de otras regiones o extranjeros-, o a los actores armados ilegales que cobran extorsiones a muchos entables mineros, sino, también, a comunidades afrodescendientes, indígenas y a personas de las zonas urbanas y rurales que participan en la extracción como única opción de ingresos. Por ahora, hay pequeños emprendimientos que ya señalan algunos caminos alternos, como la producción de cacao y achiote que se procesa y se comercializa desde Tadó. En Istmina, por ejemplo, hablan de la necesidad de hacer énfasis en la transformación de las “pepitas” de oro, más que en la extracción y comercialización. En todo caso, es indispensable una participación activa y directa del Estado en la generación de políticas claras para encontrar alternativas económicas frente a la minería en el Alto y Medio San Juan.

Foto: Andrea Aldana, investigadora – Pares Por: Naryi Vargas, investigadora de la línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares El próximo 7 de septiembre se cumple el plazo de 30 días que el presidente Iván Duque decretó para evaluar el proceso de paz que se adelanta con el ELN y decidir sobre su continuidad. Para desarrollar esa labor pidió el apoyo de la Iglesia Católica, que ha tenido un rol central en la mediación, el de los países garantes y el de Naciones Unidas; además, designó a Miguel Ceballos, actual consejero para la paz. En este término de tiempo se ha llevado de manera pública un pulso con el ELN respecto al secuestro. No es la primera vez que este tema se presenta como un obstáculo en las negociaciones con esta guerrilla; esta vez, por el reciente secuestro de dos civiles y cuatro integrantes de la fuerza pública en Chocó y dos más en Arauca. El pasado 3 de septiembre el Frente de Guerra Oriental dejó en libertad a dos menores de edad, sin embargo, no se ha logrado pactar un protocolo conjunto para la liberación de los demás secuestrados. Duque afirmó que la liberación de estas personas es un gesto de paz necesario para dar continuidad al proceso, por lo cual no aceptó la condición de la guerrilla de contar con la presencia de garantes internacionales (Cuba y Noruega) como parte del protocolo para la liberación de los secuestrados. Ante esta negativa, en la mañana del 4 de agosto, desde la cuenta de Twitter de @ELN_PAZ, ‘Aureliano Carbonell’ afirmó que la guerrilla decidió realizar las liberaciones por cuenta propia, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas. “Responsabilizamos a las Fuerzas Armadas estatales por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. De nuestra parte haremos todos los esfuerzos para que ello no ocurra”, afirmó. Horas después, alias ‘Uriel’, comandante del ELN en Chocó, le dijo a LA FM “nosotros en el corto plazo no vemos condiciones de realizar liberaciones unilaterales, estamos en un fuerte operativo, se pone en riesgo a nuestras unidades y no pensamos hacerlo así. Estamos buscando posibilidades pero con el intenso operativo en el que nos estamos moviendo no hay condiciones para liberaciones unilaterales en el corto plazo en Chocó”. A pesar de esta tensión, varios actores nacionales e internacionales han manifestado la importancia de darle continuidad a la Mesa. Por ejemplo, Pedro Sánchez, presidente de España, se ofreció como facilitador. Naciones Unidas, por su parte, presentó el 26 de julio un documento de recomendaciones a Duque en materia de paz, en el que pide no dejar a un lado las negociaciones con el ELN y profundizar el esfuerzo para “lograr un acuerdo mejorado de cese al fuego y diseñar la participación comunitaria en el proceso”. La Comisión de Paz de la Iglesia católica incluso planteó la posibilidad de que la sede de las conversaciones fuera en Colombia. Además, las comisiones de paz de Senado y Cámara se ofrecieron como mediadoras y resaltaron la importancia de buscar una salida negociada al conflicto. Y es que los beneficios que ha traído este proceso de paz no son menores: desde 2016 a hoy, se ha presentado una reducción de cerca del 65% del accionar bélico del ELN. Esto, sin duda, ha impactado de manera positiva a las comunidades y a los actores que comparten el territorio con esta guerrilla, como las empresas petroleras, quienes han sido un blanco histórico de la insurgencia. Por ejemplo, los ataques a la infraestructura petrolera se han reducido en un 72% con respecto al 2016, situación que beneficia no sólo a las empresas, sino también a la Nación en general, pues sólo en 2016 Ecopetrol tuvo que gastar $40.400 millones de pesos en reparaciones a oleoductos con ocasión de los explosivos detonados por esa guerrilla. Es necesario reconocer que en algunas regiones, especialmente Catatumbo y Chocó (Urabá y la región del San Juan), el ELN es protagonista del escenario de violencia por cuenta de los enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, lo cual ha victimizado de manera profunda la población que allí habita. Acabar los combates es otra de las razones que refuerzan la importancia de esa negociación. Por otro lado, los retos en materia de seguridad para el país son gigantes: los grupos criminales han reformulado y sofisticado su modus operandi y su repertorio de acción. Durante muchos años el discurso de seguridad nacional ha opacado la necesidad de que la fuerza pública se enfoque en una política pública seria en materia de seguridad ciudadana. La estrategia de exterminar las guerrillas por vía armada ya mostró su fracaso. El ELN es la última guerrilla del país y ha demostrado que puede mantenerse otros años en armas implementando diferentes tácticas de guerra y justificando la violencia en la política.