Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Un nuevo debate se ha abierto paso en un país polarizado y con analistas sesgados. Es como si la campaña presidencial no hubiese terminado, aunque tal vez esta sea la marca de las democracias contemporáneas. Desde hace cuatro semanas nada se sabe de cuatro jefes importantes de la entonces guerrilla de las FARC: Iván Márquez, quien fue el líder negociador, ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y ‘El Zarco’. Estos últimos tres fueron importantes líderes militares. Además, en las últimas horas se supo que otro jefe militar, Albeiro Córdoba, hijo de uno de los fundadores de las FARC, también dejó su esquema de seguridad y, como dice un campesino, “cogió río abajo” en el sureño departamento del Guaviare. Varios políticos del partido de Gobierno, el Centro Democrático, analistas y periodistas de derecha reaccionaron en dos líneas de análisis. Algunos dijeron que era un “conejo” de las FARC, una expresión que se utiliza popularmente y significa que una de las partes incumplió y lo tenía planeado. Este argumento es peligroso. De hecho, en varios periodos de tiempo ha servido para justificar masacres y asesinatos a la oposición política. A esto se le ha llamado la combinación de las formas de lucha, una estrategia de movimientos armados de izquierda que significa que en lo urbano tiene un partido político, participan del juego electoral y en lo rural un brazo armado. Esta estrategia fue utilizada por movimientos de izquierda radicales, pero en la actualidad no hay ninguna evidencia que muestre que esté ocurriendo. Durante muchos años a sectores de la oposición se les acusaba de un doble juego para justificar sus asesinatos: narcotraficantes, paramilitares, políticos y agentes estatales participaron en este baño de sangre. Ahora, se está sugiriendo lo mismo, en un momento en el que en Colombia cada tres días asesinan a un líder social. La segunda línea de reacción sugiere que todo se debe a un problema en la forma en la que se hizo el Acuerdo de Paz. Es decir, que existe un falla de origen, en la cual el Estado perdió su capacidad represiva frente a los ex miembros de las FARC. Se trata de una afirmación igualmente falsa, pues el Acuerdo de Paz no le quitó ninguna capacidad investigativa, represiva o de administración territorial al Estado. Es extraño que esto ocurra en Colombia, un país con tanta experiencia en temas de guerras internas, acuerdos de paz y amnistías. Pero para estos analistas y políticos la explicación es la siguiente. El Acuerdo de Paz se firmó entre un Estado, en este caso Colombia, y una organización guerrillera, las FARC. La conclusión hasta el momento es sencilla: en lo fundamental, las FARC cumplieron, entregaron más de 9.000 armas, el único proceso de paz en el mundo que entregó más armas que combatientes. No debe olvidarse que los guerrilleros en armas fueron cerca de 7.000, los otros 6.000 fueron milicianos y prisioneros. Por ello, el hecho que algún excombatiente reincida no puede significar que la organización como un todo incumplió, incluso si varios de ellos fueron altos mandos. Por los lados del Estado la valoración es más compleja, pues sobre él recaía la mayor parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz. El resultado, después de casi dos años de firmarse el acuerdo, es desalentador. La política de reincorporación es un gran fracaso. En materia de reincorporación física la cifra es que cerca de 70 exguerrilleros han sido asesinados, los excombatientes afirman que los están matando y nadie los protege. En materia de reincorporación socioeconómica, de los 13.000 guerrilleros desmovilizados, apenas 1.000 han resuelto un proyecto de vida. Los demás están sin hacer mucho y desesperados. En materia de reincorporación jurídica, la situación es igualmente compleja, más de 300 exguerrilleros siguen en cárceles pues la ley de amnistía no funciona, y el tema de extradición hacia los Estados Unidos espanta a los jefes guerrilleros. Por otro lado, cuando el 22% de los paramilitares desmovilizados reincidieron luego del proceso de diálogo con el entonces gobierno de Álvaro Uribe, eso no significó que los paramilitares seguían existiendo. Los procesos de reincidencia son normales, pero la cifra depende de lo bien o mal que salga el proceso de reincorporación. Tanto en el proceso con las FARC, como en el de los paramilitares no hubo ningún proceso de reincorporación para mandos medios y todo indica que será un gran dolor de cabeza.

Por: Carol Sánchez. Uno de los debates más álgidos en el trámite de las leyes para la implementación del Acuerdo de Paz fue el de la delimitación de las facultades de la JEP. Durante semanas se debatió si los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que no pertenecen a la fuerza pública) debían o no someterse obligatoriamente al sistema de justicia transicional. La decisión final de la Corte Constitucional llegó en noviembre de 2017: solo debían comparecer a los tribunales de la JEP los civiles que lo quisieran hacer de forma voluntaria. Esto eximió, por ejemplo, de la obligación a expresidentes y funcionarios públicos que tuvieron parte en el conflicto por acción u omisión. Mucho se advirtió sobre el daño que la decisión le haría a los procesos de verdad que se buscan en el postconflicto. Sin embargo, la sentencia quedó en firme y ahora, incluso, sectores políticos hablan de la posibilidad de excluir a miembros y exmiembros de la fuerza pública. Ante esta decisión, el expresidente Ernesto Samper le envió una carta a la doctora Patricia Linares, presidenta del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, y al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. En ella, expresaba su voluntad para atender todos los requerimientos de ambas instituciones en pro de aportar al esclarecimiento de la verdad. Pares habló con el expresidente Samper sobre el tema. ¿Por qué su voluntad de someterse a la JEP? Esta respuesta necesita un contexto. El proceso de paz tiene tres fases bien conocidas y bien delimitadas. La primera es la fase de paz negativa, que es el silencio de los fusiles resultante de la concentración, desmovilización, dejación de armas, conversión en partido político y participación en las elecciones de la FARC. A partir de ese momento comienza la segunda parte: el transito del conflicto al postconflicto, para el cual se ideó la figura de la justicia transicional. La tercera es el postconflicto, es decir la reconstrucción del tejido social, económico e institucional. ¿Por qué se ideó la fase de transición? Porque estos procesos de paz no son cuestiones de noche y día, ni de blanco y negro; siempre hay un escenario intermedio. Ese escenario es el de la justicia transicional, que consiste en un mecanismo reparador de la sociedad civil y combina tres elementos: verdad, justicia y reparación. En este tiempo la sociedad, de alguna manera, elabora el duelo del conflicto, le retribuye a las victimas el daño que se les ha causado y estructura una política de reconciliación sobre la base de la verdad. Es la combinación de esos tres elementos la que crea la posibilidad de que la sociedad se reconcilie. El conflicto no fue un escenario en el cual simplemente se enfrentaron las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares. Fue, esencialmente, una época en la que participaron, además, actores civiles y políticos que deben contribuir a esta tarea de construcción de la verdad para la reconciliación, la reparación de las víctimas y la justicia. Uno de los cortes más duros que recibieron los Acuerdos de La Habana fue la decisión abultada del congreso al excluir de la Jurisdicción Especial para la Paz a toda la sociedad civil, ya que en esta guerra no solo estuvieron militares y guerrilleros, también personas que financiaron las actividades armadas y, dentro de estas personas que se podrían determinar dentro de la sociedad civil, yo le doy particular importancia al caso de los expresidentes. De alguna manera los expresidentes tuvimos el manejo del orden público durante los años que duró el conflicto; tomamos decisiones que pudieron afectar a unos o a otros; tuvimos, sobre todo, acceso a información que tenemos la obligación moral de compartir por medio de los mecanismos de verdad para que esta reconciliación sea lo más plena posible. Los expresidentes no solamente fuimos altos mandos, sino comandantes en jefe de las fuerzas armadas. En esa condición debemos responder y aportar las informaciones que puedan ser útiles. En ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo en eliminar los fueros especiales que existen en Colombia? Depende. Yo creo que hay unos fueros que están justificados. Por ejemplo, los de los militares, pero solamente como se estableció a través del nuevo código penal militar, para aquellos que estuvieron involucrados en actos de servicio o acatamiento de órdenes superiores. La reservación de la identidad militar, de la jerarquía militar, tiene muchísimo que ver con respetar con esos fueros y que sean fueros de juzgamiento exclusivo de los militares. Pero sobre el resto de los delitos no creo que se puedan justificar al margen de esas dos excepciones de actos de servicio y cumplimiento de sobrevivencia. Muchas personas dirían que si usted no es culpable, por qué habría de comparecer frente a la JEP, ¿qué responde? Hay que partir de la base de que todos somos culpables de lo que paso en el conflicto armado, unos por acción y otros por omisión. Lo único que nos va a permitir conseguir una sociedad reconciliada es entender que lo que sucedió en este país es algo que nos concierne a todos, no fue solamente un problema militar, que fue a lo que redujo el Congreso en Colombia. Es un problema de la sociedad civil, los que financiaron, los que patrocinaron y los que ayudaron. ¿Por qué presentar estas verdades en la JEP y no en la justicia ordinaria? Porque en la JEP hay dos procesos: el que va a contribuir a una la ponderación de lo que se aportó en verdad frente en lo que se demanda en justicia; y el que va a aportar a la verdad histórica. Yo creo que esa verdad histórica es muy importante porque, de alguna manera, no es una verdad judicial, lo cual permite que sea más transparente, generosa, rica en fechas y en personas. ¿A qué motivaciones políticas cree que apuntan los cambios que tuvo la JEP? Es el intento de una sociedad cómplice de evadir sus responsabilidades. Eventualmente van a terminar arrepintiéndose los que hoy en día están celebrando con júbilo que no puedan ser llamados a la JEP. La lectura de esa actitud ante la Corte Penal Internacional es de la que no hubo justicia para las víctimas. ¿Sabe de algún otro expresidente que haya querido acogerse? No.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares ¿Quién gobierna en Colombia? Una pregunta sencilla, con una respuesta simple para el colombiano de a pie. Ante este cuestionamiento, la mayoría respondería que gobierna el de Uribe y a renglón seguido mencionarían al presidente Iván Duque. Para los suspicaces, la cosa puede ser un poco más compleja. Varios son los hechos. En primer lugar, la elección del nuevo Contralor dejó claro que quien lideró la negociación por parte del Gobierno fue el senador Uribe. Se logró saber, días después, que la ministra del Interior Nancy Gutiérrez siempre se comunicó con Uribe en las horas de la negociación y no con el presidente Duque. El segundo hecho fue lo ocurrido en la Unidad Nacional de Protección (UNP): luego del fallido nombramiento de una militante del Centro Democrático, quien decía que los líderes sociales eran guerrilleros, se le comunicó al director de la UNP, Diego Mora, que estaría en el cargo hasta el 31 de agosto, pocos minutos después recibió una llamada donde le decían que debía desocupar la oficina de inmediato y dejar en encargo al jefe de escoltas. Obviamente un jefe de escoltas no sabe la complejidad de una institución como la UNP, pero desde Palacio insistían que debía dejar el cargo, la situación se tranquilizó cuando un amigo del senador Uribe se enteró de la situación y logró hablar con el senador, con eso se logró detener la situación y Mora fue ratificado por unos días más. Pero lo más llamativo de todo fue la declaración del Ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, quien dijo que las propuestas de gravar con IVA la canasta familiar y bajarle impuestos a los ricos, algo así como crear un Sisben para ricos, eran propuestas de él, pero no del presidente Duque. Es decir, que todo lo que anunció en la reunión con empresarios no necesariamente debía ser tomado como una propuesta de Gobierno. No olvidemos que el anuncio de una reforma tributaria le costó 12 puntos de imagen positiva en las encuestas al presidente Duque. Todo esto muestra que el arranque del Gobierno ha sido complejo y con grandes errores. De hecho, el nuevo Gobierno ahora intenta pegarse del tema de lucha contra la corrupción para detener la caída en las encuestas y mejorar su imagen. Para muchos miembros del gabinete, el que manda no es el presidente Iván Duque, sino otra persona, o para suavizar se podría decir, que algunos confunden la jefatura del partido con la jefatura del Gobierno. Esto podría ser, o bien un problema cognitivo de algunos militantes del Centro Democrático, o lo que se denomina fuego amigo. Para muchos militantes del partido de Gobierno, el presidente Duque es una persona que no da confianza a los postulados del uribismo. Algunos, como el exministro Londoño, lo tratan de comunista. Las primeras de cambio no han sido fáciles para el presidente Duque. Además, aún no es claro el rumbo de su gobierno, pero lo cierto es que gran parte del éxito de su mandato dependerá de qué tanto lo respalde su grupo político principal o de que tan rápido se desmarque del uribismo. Pues todo parece indicar que mantener un punto medio no es la mejor opción, o al menos así lo indican los hechos en las primeras semanas de su Gobierno.

Por: León Valencia, director – Pares Ya no hay ninguna duda: Iván Márquez, el Paisa y Romaña, han roto la comunicación con Timochenko, la cúpula del partido FARC, el gobierno nacional y también con los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. La pregunta es qué camino tomarán en los próximos meses. Hay dos caminos posibles: uno, esconderse en sitios al interior del país o en el exterior sin auspiciar o realizar acciones armadas, hasta ver cómo se resuelve la situación de Santrich y la de Marlon Marín, y después de saber este desenlace tomar una decisión definitiva sobre el proceso de paz; dos, retirarse en muy corto tiempo de manera pública y abierta de los Acuerdos de la Habana y vincularse a la disidencia que encabeza Gentil Duarte. La captura de Santrich y el destape de Marín, sobrino de Márquez, como colaborador de la DEA, no sólo generaron una gran incertidumbre jurídica y política para una parte de los exjefes de la guerrilla, sino que sembraron una enorme desconfianza entre ellos, especialmente entre el grupo que lidera Timochenko y el que encabeza Márquez. Antes de la intervención de la DEA y la Fiscalía colombiana con las graves acusaciones y el operativo de captura sobre Santrich, las contradicciones entre el grupo de Márquez y el de Timochenko eran importantes y, si se quiere, duras y difíciles, pero se mantenían en el terreno puramente político y se estaban tramitando democráticamente. Eran debates sobre la manera como el Gobierno estaba cumpliendo los Acuerdos y también sobre las características y el futuro del partido creado a partir de la desmovilización y el desarme. El caso de Santrich y Marín generó suspicacias, rompió puentes de comunicación y creó enormes desconfianzas que terminaron en este grave impase para el proceso de paz.  El daño está hecho. Ahora lo único que se puede hacer es limitar el impacto. Reducir los efectos sobre todo el proceso de reconciliación del país que tiene entre sus tareas la reintegración de todos los ex-combatientes de las FARC, las negociaciones con el ELN, la reducción de las demás violencias y las acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición. En las labores para minimizar el daño al proceso de paz debían actuar mancomunadamente el Gobierno, la justicia y el propio partido FARC. Han hecho bien los líderes de las FARC al citar al consejo político nacional y poner en evidencia ante el país que un grupo de sus dirigentes y militantes se está apartando de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. Esta actitud de los exguerrilleros tendría que ser acompañada por el Gobierno y la justicia con estrategias orientadas a superar los escollos que en este momento enfrenta el proceso. Arrojar luz a corto tiempo sobre el caso Santrich y el alcance de las acusaciones de Marín a otros miembros de las FARC; contribuir a la cohesión de quienes se mantienen firmes en los compromisos con la sociedad y con el Estado; acelerar los proyectos para la reintegración; darle alas al proceso de paz con el ELN; empujar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales y poner freno a la grave penetración de los carteles mexicanos en el territorio colombiano. Es mucho y muy complejo lo que hay por delante. No será fácil para el gobierno de Duque deshacerse de la idea de que los problemas de violencia y los retos de la seguridad se enfrentan sólo con la fuerza y la autoridad. Ahora es preciso actuar con cuidado, con finura, con sofisticación, para no permitir que el carro de la paz y la reconciliación se devuelva, para darle un nuevo impulso a lo logrado por Santos. En el gobierno y en sus aliados más cercanos hay personas con mucha experiencia y conocimientos en estos campos, ojalá Duque recurra a ellas.

Por: Mateo Quintero, practicante comunicaciones – Pares La migración venezolana a los países de la región es un tema difuso y complicado. Christian Kruger, director de Migración Colombia, aseguró en la rueda de prensa dada después de la reunión con Perú para afrontar este problema que en Colombia hay aproximadamente un millón de venezolanos. En la misma rueda de prensa, Eduardo Sevilla, Superintendente de Migraciones de Perú, dijo que en su país hay actualmente 440.000 venezolanos. Esta situación podría considerarse una crisis humanitaria, pues día tras día transitan cientos de venezolanos en condiciones complicadas por vías legales e ilegales. Según Winston Martínez, asesor director general de Migración Colombia, se han ejecutado distintas medidas para enfrentar esta problemática. Entre ellas, siete puestos fronterizos para controlar la migración y la expedición de una tarjeta de movilidad llamada Permiso Especial de Permanencia (PEP). Según estimaciones de Migración, 442.000 ciudadanos venezolanos han ingresado de manera ilegal este año y tan solo 112.000 han obtenido el PEP. De tal manera que, los que no han podido conseguirlo, no pueden verse beneficiados por las medidas del gobierno de Colombia. El PEP se creó con el fin de facilitarle al tránsito migratorio a los venezolanos hacia Colombia en los distintos puntos de paso: Villa del Rosario, Cúcuta, Maicao, Arauca, Puerto Inírida y Puerto Carreño. Sin embargo, este tipo de medidas institucionales no son del todo fructíferas, pues se exigen pasaportes a ciudadanos venezolanos, teniendo en cuenta que hace más de tres años el gobierno de Venezuela dejó de expedirlos. Hay otra problemática. Según Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la Guardia Nacional Venezolana pide dineros o roba a los ciudadanos que intenten pasar por las fronteras. Para el investigador, los planes de choque del Gobierno no han sido suficientes. Pues históricamente Colombia no ha sido un país receptor de migrantes, sino expulsor. Según Migración Colombia, diariamente, en Colombia se quedan alrededor de 1500 y 2000 venezolanos que llegan a pie o ‘coyoteados’, es decir, de manera ilegal. Esas cifras difieren con las del Observatorio de Venezuela, pues aquí se calcula que diariamente se quedan entre 2000 y 5000 venezolanos en territorio colombiano. En las fronteras no hay manera de identificar plenamente a los migrantes, lo que impide tener un censo frente a ellos y, así mismo, planes de choque efectivos para ayudarlos. Según Ronal, Colombia no solo es el país más afectado por la migración, al fungir como vecino directo, sino que también actúa como ruta de paso para llegar a otros lugares como Brasil, Perú y Ecuador. Sin embargo, las medidas que han tomado estos países frente al tema migratorio son diferentes. Perú y Ecuador han sido renuentes en pedir el pasaporte y visas a los ciudadanos venezolanos, y Brasil ha militarizado sus fronteras en las últimas semanas. La xenofobia y la violencia crecen, dejando en un limbo a los venezolanos migrantes que desean irse de su país, pero no son bien recibidos en los otros. En los últimos dos años han pasado más de 800.000 venezolanos para el sur del continente, según cifras del Observatorio. Además, Rodríguez dice que estos países podrían retornar a los migrantes hacia Colombia y sería muy mal visto que Colombia los retornara a Venezuela, sin tener en cuenta que atravesamos una crisis humanitaria. El problema migratorio es arduo y largo, pues, según Ronal y el Observatorio, la caída de Nicolás Maduro no implica una transición inmediata, como se ha pensado. Se hacen estimaciones de que se requieren entre 50.000 y 60.000 millones para reactivar la economía venezolana. El sector petrolero necesita de 20.000 millones de dólares anuales para poder recuperarse. Colombia y la región deben prepararse para afrontar esta problemática, pues los planes que se tienen estipulados no son de largo aliento, están pensados para uno o dos años máximo, mientras que esta problemática podría durar mucho más. La falta de experiencia de Colombia en temas migratorios pone al país frente a un reto que debe afrontar, no solo como vecino directo de Venezuela y principal receptor de migrantes, sino como un país que conoce de antemano la situación de desplazados internos.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Como se había anunciado, alertado, avisado, la corruptela se tomó nuevamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). También como se esperaba, una cosa es el discurso y otra la práctica. Varios partidos se desgarran las vestiduras hablando de la lucha contra la corrupción, van a programas de radio, TV y dan entrevistas a diarios, pero por debajo de la mesa apoyan corruptos y amigos al CNE para que no investiguen a partidos políticos: todo esto es lo que hizo el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U. La Ley 1904 de 2018 generó un procedimiento especial que debía aplicar para todas las elecciones del Congreso de la República, es decir, tradicionalmente el Congreso elegía a los magistrados del CNE vía postulación de partidos políticos. Los partidos postulaban y elegían a sus amigos para que los vigilaran y los sancionaran, así las cosas nunca pasaba nada, era un antro de corrupción. Por ejemplo, Yolima Carrillo es la actual presidenta del CNE, era cuota de Cambio Radical y muy cercana al condenado asesino y exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Alexander Vega era cuota de los ñoños y la magistrada Gloria Gómez ni siquiera fue elegida por el Congreso sino que se posesionó en una notaría y entró por la puerta de atrás, era cuota del Centro Democrático. Se tenía previsto que para la elección de 2018 se aplicara la Ley 1904 de 2018, que en lo fundamental dice que se debe hacer una convocatoria pública y un concurso de méritos, lo que algunos llaman meritocracia. Por ende se debía buscar una universidad para que hiciera el examen de conocimientos. Sin embargo, el señor senador Macías, del Centro Democrático, se pasó todo por encima. Los mismos que vociferan lucha contra la corrupción prefieren seguir eligiendo a sus amigos para que no los investiguen. Los mismos con las mismas. Este miércoles, ya en la noche se conoció todo, o mejor, todo fue más claro. La componenda política estaba hecha, y nuevamente se eligió la corruptela, tal vez con excepción de uno, o tal vez uno y medio, todo los demás es más de lo mismo. En una coalición del Centro Democrático, conservadores, fanáticos cristianos y el Partido Liberal pusieron a seis de los nueve magistrados. Entre ellos, por ejemplo, a Jaime Luis Lacouture, cuota conservadora, salpicado en el caso Odebrecht y muy cercano al ‘Ñoño’ Elías.  También los quemados en las pasadas elecciones de marzo lograron un cupo, como Jorge Rozo, quien fue elegido por Cambio Radical. Los conservadores también pusieron a Heriberto Sanabria, quien es amigo de los congresistas y garantizará que no les pasa nada. El CNE se encarga de investigar y sancionar a los partidos políticos, por ende, es absolutamente claro que los magistrados deberían tener experiencia en el tema, idoneidad e independencia. Además de ética comprobada en el ejercicio público. Sin embargo, todo será como antes, no pasará nada y esta será la autoridad electoral que vigile las elecciones locales de 2019, las elecciones nacionales del 2022 y los plebiscitos que surjan. Una verdadera vagabundería. Lo más dramático es que minutos después, los mismo partidos que se pasaron por encima la ley para elegir a sus amigos, fueron al Palacio de Nariño, al famoso Pacto Nacional o el acuerdo de media noche. El objetivo era discutir las medidas de anticorrupción que se presentarían al Congreso. Todos los voceros de partidos dijeron que había sido una reunión productiva y ahora sí a luchar contra la corrupción. Con la hipocresía del caso, el gobierno selló su Pacto Nacional. Lo único que esto genera es indignación, pero lo peor es que a la sociedad la creen boba, piensan que no se dará cuenta de la diferencia entre el discurso y la práctica de los que nos gobiernan. Artículo publicado inicialmente en Semana.com

Por: Naryi Vargas, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Cuando la situación humanitaria y de seguridad vuelve a arder en las fronteras, el Gobierno mantiene la clásica doctrina del réspice polum. Salvo algunas acciones en clave de mitigar los impactos de la crisis migratoria venezolana, la manera de afrontar las problemáticas fronterizas son las mismas viejas recetas, que, por supuesto, no han traído ningún cambio favorable. En 12 de los 32 departamentos de Colombia se comparte frontera terrestre con otros países: Putumayo y Nariño limitan con Ecuador; Vaupés, Guainía y Amazonas con Brasil; Putumayo y Amazonas con Perú; Guajira, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía con Venezuela; y Chocó con Panamá. Esto implica a 54 municipios del país y una extensión de, aproximadamente, 6340 km. Sin duda, esto resulta una potencialidad en materia económica y social, pero el predominio de un sistema político centralista ha conllevado a que esas se consoliden como zonas permeables, frágiles y descuidadas desde una perspectiva política, de seguridad, económica y social. La gravedad de los conflictos que se viven actualmente en esos territorios, y que se han transformado en los últimos 5 años por cuenta de nuevos y diferentes factores que determinan la realidad política, económica, social y de seguridad en las fronteras, no han sido adecuadamente visibilizados. Ahora que el tema fronterizo es nuevamente relevante en la opinión pública, se vuelve la atención a lo que está ocurriendo, particularmente a la situación de los migrantes venezolanos, fenómeno que no se ha logrado cuantificar (OIM afirma que el volumen de venezolanos que a 2017 viven fuera de su país es aproximadamente de 1.622.109 personas). No obstante, los impactos que este desplazamiento puede tener no se han revisado con rigurosidad. Acá presentamos un panorama general de lo que está ocurriendo: Frontera con Venezuela: El proceso de paz con las FARC y la transición de esta guerrilla a la legalidad, ha conllevado a una redistribución de actores armados en las zonas de retaguardia y en las rutas de economías ilegales que esa exguerrilla controlaba. Particularmente, en Norte de Santander el ELN y el EPL están librando una disputa que ha generado una grave crisis humanitaria. Según las cifras de la Unidad de Víctimas, en lo corrido del año 13.846 personas de esa región han sido desplazadas forzosamente, cifra que supera en más del doble la registrada en el 2017. Además, la subregión del Catatumbo concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes en el país durante el presente año. En 2017 este penoso ranking lo encabezaba el departamento de Nariño y en el 2016 Chocó. A esta disputa se suma el fortalecimiento y la aparición de otros grupos criminales que se disputan rutas y rentas de economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de migrantes y la explotación sexual. Entre estos se hallan: (i) los grupos postFARC, que han tenido diferentes manifestaciones de violencia y comienzan a involucrarse en la disputa entre ELN y EPL por el control territorial; (ii) grupos herederos del paramilitarismo, que controlan desde tiempo atrás la zona de Puerto Santander y Cúcuta y mantienen un repertorio de acción diferente basado en la economía de la violencia y la racionalidad económica; y (iii) ‘los Zeta’ y Cartel de Sinaloa, carteles mexicanos cuyo modus operandi ha consistido en la subcontratación de grupos criminales que prestan servicios de seguridad y se encargan de la logística del narcotráfico. El posible pacto de sometimiento del Clan del Golf, la llegada de los grupos postFARC y la decisión que el Gobierno tome al respecto del proceso de paz que se adelanta con el ELN anuncian un nuevo reacomodamiento de las estructuras armadas en el territorio. En Arauca la situación es diferente, pues el hecho de que exista un grupo armado dominante reduce de manera trascendental la producción de violencia. Allí, el ELN también se ha fortalecido producto del desescalamiento de la confrontación en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana. El crecimiento y fortalecimiento se ha extendido hasta el estado Apure y Bolívar en Venezuela, en donde ha habido confrontaciones con grupos armados de Venezuela, no obstante la situación no ha pasado a mayores. Frontera con Panamá: La guerra que se libra en Chocó también tiene como protagonista al ELN, pues esta guerrilla llegó a copar zonas de influencia de las FARC y a disputar el control territorial que ejerce desde hace años el Clan del Golfo. Desde principios de agosto, los combates que tienen lugar en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá han causado el confinamiento de al menos 3.682 indígenas (751 familias) de 14 comunidades, según indicó la oficina local de asuntos humanitarios de la ONU. Esa situación es generalizada en el departamento, pues en la región del Baudó y el San Juan también se han presentado constantes enfrentamientos. Asimismo, el ELN ha minado la zona rural de todo el Urabá Chocano y al menos cuatro jóvenes han sido víctimas de este flagelo. Recientemente, la guerrilla anunció a la comunidad de Santa Marta que el paso por caminos hacia Juradó estaba minado y que iban a sembrar, también, minas antipersonales en los alrededores del casco urbano de ese municipio. Allí se han presentado enfrentamientos entre el ELN y la Armada Nacional. En sus partes de guerra, el ELN ha hecho pública la confrontación que adelanta con el Clan del Golfo en el municipio de Juradó, así como los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Las organizaciones sociales, particularmente la ONIC, han denunciado públicamente la afectación a las comunidades víctimas de amenazas y reclutamiento forzado. Frontera con Brasil, Perú y Ecuador Esta  ha sido copada especialmente por  grupos postFARC. En Nariño, particularmente en Tumaco, es sabida la álgida confrontación que se da entre estos grupos y otros locales interesados en hacerse con el control del cluster del narcotráfico que se ha consolidado en ese municipio. Es posible prever que en esas zonas se presenta una situación de reordenamiento de grupos armados que va a chocar con las estrategias de estabilización del orden público y la lucha contra las drogas por parte del actual Gobierno, anunciando altos niveles de producción de violencia.

Por: Daniel Parra, colaborador – Pares El panorama que han dejado los 3 años de frontera cerrada entre Colombia y Venezuela, decretado por Nicolás Maduro el 18 de agosto de 2015, no es para nada alentador. Con esta medida se esperaba frenar, entre otras cosas, el traspaso masivo de contrabando. Si bien las labores policivas encaminadas a contraatacar estas acciones han dado algunos resultados, el problema de fondo continua. En los tres años de cierre fronterizo, la POLFA ha realizado más de 15.400 procedimientos de aprehensión de mercancía de contrabando avaluada en 47 mil millones de pesos. Además, ha incautado más de 594 mil galones de gasolina y ACPM y 1.000 automotores (entre camiones, camionetas, automóviles y motocicletas) utilizados para el transporte de la mercancía. Aunque en la zona fronteriza lo más visible es el traspaso de combustibles y productos cárnicos, a sombras están los demás productos: alimentos perecederos, insumos industriales, calzado, medicamentos, químicos, autopartes, bisutería, joyería, electrodomésticos, lencería, perfumería, textiles, ganado, celulares, licores y equipos médicos. Pares habló con el Teniente Coronel Carlos Girón, Jefe de la División de Gestión de Control Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera en Cúcuta, quien nos expresó, por un lado, la postura sociocultural con la que se piensan las estrategias de ésta división; y por el otro, la constante ofensiva para atacar los altos eslabones que controlan esa cadena criminal. Girón asegura que el contrabando “es uno de los negocios más lucrativos del siglo XXI. La depreciación de la moneda del vecino país hace altísimamente rentable el contrabando de lo que sea. Por ejemplo, allá un carro tanque de combustible de 11 mil galones cuesta 5’600.000 pesos. Al pasarlo a territorio colombiano se aumenta exponencialmente a 56 millones de pesos, ¿qué estructura criminal no estaría interesada?” Actualmente, en la zona fronteriza son los grupos armados los que tienen el control delictivo del contrabando. Se ha identificado que en la zona tienen presencia Los Pelusos, al mando de alias “Pedro o Pepe”; Los Rastrojos, liderados por alias “Becerro”; El Clan del Golfo, coordinado por alias “Óscar o Napoleón”; y el ELN, que hace presencia en los pasos informales (trochas) de Teorama, Tibú, Cúcuta, Villa del Rosario, Ragonvalia, Herrán y Toledo bajo las órdenes de Gonzalo Satélite, cabecilla del Frente Juan Fernando Porras Martínez; Julián ‘El Rolo’, cabecilla del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar y Ana María, cabecilla del Área Fronteriza. Así mismo, la POLFA tiene identificados 52 pasos informales en 7 municipios del departamento (Teorama, Tibú, Puerto Santander, Cúcuta, Villa del Rosario, Ragonvalia y Herrán), 21 de esos pasos ubicados en Cúcuta.  Frente a esto “hay que salirse del concepto que el paso, en sí mismo, es la trocha. Porque la Policía ha inhabilitado, en coordinación con el Ejército Nacional, las trochas. Y, ¿qué sucede? Cuando la Policía y el Ejercito la inhabilitan, se corren unos metros o le hacen una glorieta y siguen pasando. Bajo esa lógica, se podría decir que trocha son los 479 km de extensión fronteriza” reiteró Girón a Pares. Contrabando, desempleo, informalidad laboral y reconversión socio – laboral En Cúcuta convergen distintas problemáticas que hacen complejo abordar el tema del contrabando sin poner en consideración las oportunidades laborares, la informalidad, la delincuencia común y la presencia de Grupos Armados Organizados. Según cifras del DANE (2018), Cúcuta es la cuarta ciudad con mayor desempleo del país (14.4%). Se ubica debajo de Valledupar, Armenia y Quibdó.  A su vez, ocupa el primer lugar a nivel nacional con mayor informalidad laboral (69,7%). Una de las mercancías más apetecidas por la ciudadanía es la gasolina. Se estimaba que en la ciudad había alrededor de 5.300 “pimpineros” (vendedores informales de gasolina). En vista de esa situación, la Alcaldía, junto a la Gobernación y el Gobierno Nacional, desarrollaron 6 proyectos de reconversión socio-laboral entre los que estaban: un taller de motos y una distribuidora de repuestos; una transformadora de residuos en aceites; una producción de insumos para zapatos; un punto de venta de accesorios para telefonía celular; una recicladora de llantas y plástico; y una cooperativa de transportes. Durante su ejecución, todos los proyectos presentaron inconvenientes. De hecho, el de accesorios para celulares dejó de funcionar. Los restantes siguieron marchando pero con deficiencia. De esos, sólo uno logró ser viable y exitoso: la Cooperativa de Transportes Rapicarga Express. Pares tuvo una charla con  Nelly Flórez, Gerente de la Cooperativa de Transportes Rapicarga Express; para ella, el éxito de la cooperativa se debe al trabajo constante y coordinado de los beneficiarios. Considera que la falla de los demás proyectos obedece a una mala planeación estratégica, pues se están quedando en capacitaciones y no se llevan a la práctica. Actualmente, continua la venta de gasolina informal en Cúcuta y el departamento. Yuleima García, presidenta de Sintragasolina (gremio que agrupa 2.600 pimpineros en Norte de Santander), aseguró a medios locales que el 80% de los beneficiarios abandonaron el proyecto (Motocenter) y volvieron a la informalidad laboral. A causa de esto, cerraron un punto de atención y están próximos a cerrar los talleres restantes. Este proyecto, junto al de producción de calzado, recibirá 50 millones de la Alcaldía para su reactivación, afirmó García. Respecto al proyecto de aceites, el 92% de sus beneficiarios volvieron a la informalidad laboral. Muchos sostienen que ante la falta de recibir ganancias diarias para su sustento se ven en la necesidad de continuar con la informalidad.  La atención crece y más cuando desde el Concejo de Cúcuta, el Concejal Carlos Camero pide al Gobierno Nacional cerrar la frontera en su totalidad, prohibiendo así, el paso peatonal. El Secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco, difiere con esta propuesta y expresa que se debe a razones humanitarias su operatividad.

Por: Sebastián Mora y Esteban Salazar, investigadores de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares El 29 de agosto se dio la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Para esta elección no se tuvieron en cuenta ni la Ley de Equilibrio de Poderes ni el precedente que marcó la reciente elección del Contralor General de la Nación. Tal como PARES y el GIREPO habían advertido, el nombramiento de los nueve magistrados debió seguir un proceso de meritocracia y aplicar por analogía el nuevo sistema de elección. La elección fue, entonces, el resultado del clientelismo, las viejas prácticas políticas y no estuvo exenta de confusiones jurídicas sobre las inhabilidades de los candidatos. Una de ellas se dio en torno a la respuesta que dio la Mesa Directiva del Congreso, en cabeza del senador Ernesto Macías, el 28 de agosto afirmando que las personas que hubieran sido candidatas o hubiesen sido electas como miembros de una corporación popular dos años antes de la elección no podrían presentarse como elegibles al CNE. Esto, en un principio, inhabilitaba a los recién electos magistrados Jorge Rozo de Cambio Radical, Hernán Penagos del Partido de la U, Heriberto Sanabria y Jaime Lacouture Peñaloza del Partido Conservador. Ahora bien, el Departamento para la Función Pública (DAFP) en la mañana del 29 de agosto emitió un concepto sobre el particular contradiciendo a la Mesa Directiva del Congreso y afirmando que tal inhabilidad no existe, debido a que esta debe ser taxativa y estar explícitamente consignada en la Constitución, en este caso en el artículo 267. Cabe aclarar que este concepto no es vinculante. En estas circunstancias se desarrolló la elección desde la 4pm hasta las 8pm del Congreso en pleno para elegir a los 9 magistrados. Como hecho importante, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, AICO y el Consejo Comunitario La Mamuncia presentaron una sola plancha de candidatos, contrario a la idea de que los partidos grandes presentaran planchas separadas. Esto marcó un cambio muy importante en la configuración del CNE, ya que abrió las puertas para que el Partido Conservador tuviera un magistrado más, el más cuestionado de todos: Jaime Luis Lacouture Peñaloza. La plancha coalición del Centro Democrático consiguió 2 magistrados para el partido de gobierno, 2 para el Partido Conservador y 2 para el Partido Liberal. Lo anterior también indica que el Centro Democrático pudo gestionar con esos partidos un contrapeso a la influencia de Cambio Radical y el Partido de la U, quienes esperaban sacar 3 magistrados y se quedaron únicamente con dos. El sacrificado fue Virgilio Almanza, quien era ficha de los Char y además fue públicamente apoyado por 23 congresistas en carta enviada a Aurelio Iragorri, presidente del Partido de la U, certificando, supuestamente, su victoria como candidato por la Coalición U – Cambio Radical por encima de Noralba García, candidata de Dilian Francisca Toro y Abraham Jímenez de Cambio Radical. Por último, se encuentra la coalición de partidos alternativos y de izquierda que integran partidos como el Polo, la Alianza Verde y Decentes que también contará con un magistrado. Jaime Luis Lacouture Peñaloza Abogado. Fue candidato al senado por el Partido Conservador para las elecciones del 11 de marzo de este año, pero se quemó con poco más de 45.000 votos. Además de contar con el aval de los conservadores, está casado con Sharyne Elías Tulena, prima de ‘El Ñoño Elías’, quien estuvo en la UTL del excongresista Dieb Nicolás Maloof Cusé, acusado de tener vínculos con el paramilitarismo. Lacouture fue pieza clave para la entrada del ‘Ñoño’ a la Guajira, esto le permitió convertirse en el director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS-FNC) desde abril de 2016 hasta febrero de 2017. A principios de agosto de 2018 fue señalado responsable por la prórroga de unos cánones de arrendamiento comercial con orígenes irregulares a la multinacional Odebrecht que daban valores depositados por $14.365 millones de pesos. Según una auditoría de la Contraloría General de la República, no se encontraron registros o sustento en la FPS-FNC de los bienes que fueron arrendados. Adicionalmente, se le usar el FPS-FNC en favor del ‘Ñoño Elias’ a través de gastos injustificados en contratación y adeudamiento al sistema de seguridad social en salud. Heriberto Sanabria Astudillo Profesional en Derecho y Ciencias Políticas. Magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Exalcalde del municipio de Florida (1995), diputado y secretario general de la Asamblea de Valle de Cauca (2002-2005), ultraconservador y ultrauribista. Fue elegido representante a la Cámara por el Valle con el partido Conservador en los periodos 2006-2010; 2010-2014 y 2014-2018. En su momento, estuvo de acuerdo con el expresidente del Senado Juan Manuel Corzo cuando propuso revivir la inmunidad parlamentaria y fue el principal promotor del proyecto de ley que convocaba un referendo para abrir la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe. Se ha manifestado en contra de los derechos de la población LGTB, de la despenalización del aborto decretada por la Corte Constitucional en cuatro casos y opositor de la ley de víctimas. En la última legislatura (2014-2018), compartió Comisión primera con Jorge Rozo (Cambio Radical) y Hernán Penagos (la U), desde donde fue ponente del proyecto de Reforma Política del Gobierno y votó para que se eliminara Consejo Nacional Electoral (CNE). Para las elecciones del 11 de marzo de 2018, Sanabria intentó dar el salto al Senado, pero se quemó con 53.718 votos. Adicionalmente, para dichos comicios fue denunciado por el exsenador Mauricio Delgado, del grupo Fuerza Social, debido a presuntos hechos de fraude electoral cometidos por Sanabria. La diferencia entre los dos era de apenas 300 votos: Delgado sumó 54.018 sufragios y Sanabria, 53.718. Según el exsenador Delgado, las irregularidades encontradas en los escrutinios pretendían restarle votos a su campaña y favorecer a Sanabria mediante clonación, enmendaduras, alteraciones numéricas, sumatorias irregulares, entre otras inconsistencias en los formularios E14, mecanismos denunciado por la Fundación Paz & Reconciliación ante la opinión pública en varias campañas. Hernán Penagos Giraldo Abogado, con especialización en Derecho Administrativo de la U. de Caldas y especialista en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia. Ha ocupado varios cargos en el sector público y privado. En el 2010 resultó elegido como representante a la Cámara por Caldas con el partido de la U. Fue reelegido para el periodo 2014-2018 donde ocupó la presidencia de la Cámara y fue el ponente estrella del Gobierno en relación con la implementación del Acuerdo de Paz. Para las elecciones del 11 de marzo de 2018 intentó dar el salto al Senado de la República con el partido de la U, comicios en los que se quemó con 53.718 votos. A pesar de este resultado, Penagos fue el primero en lanzarse a la candidatura como magistrado del CNE por parte de su partido (la U), especialmente con el apoyo del grupo político de Mauricio Lizcano, quien puso a su papá Óscar Tulio como representante por Caldas. Este respaldo estaría encaminado a recibir apoyo en las elecciones locales del 2019 de parte del grupo político de Penagos. Cabe destacar que, en febrero de 2018, la Procuraduría ordenó la apertura de un proceso por presuntos casos de corrupción en el Sena de Caldas al exrepresentante Penagos por sus vínculos con el regional de la entidad. Un caso en el que, según Grupo Élite Anticorrupción, se pudo encontrar pruebas de tráfico de influencias relacionada con la contratación atípica por prestación de servicios y que, además, habría favorecido a familiares de integrantes del partido de la U. Al respecto, en entrevista con RCN Radio, Penagos desmintió tener familiares trabajando en el Sena. Sin embargo, a finales de julio de 2018 la Procuraduría abrió investigación preliminar a Penagos y otros 10 congresistas más por hechos relacionados. Jorge Enrique Rozo Rodríguez Es abogado de la Universidad Libre con especialización en Gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado y Especialización en Gestión de Ambiente y Desarrollo Regional de la Universidad Nueva Granada. Se ha desempeñado en cargos públicos como secretario de la Gobernación de Cundinamarca (2002-2004) y en cargos de elección popular con el partido Cambio Radical como representante a la Cámara por Cundinamarca (2006-2010; 2010-2014; 2014-2018). En su última legislatura hizo parte de la Comisión Primera, desde donde participó en los debates de la reforma política que presentó el gobierno como parte del Acuerdo de Paz con las FARC, en el cual se proponía eliminar el CNE y crear el Consejo Electoral Colombiano. Para ese momento, Cambio Radical no estaba alineado con el Gobierno, por lo cual Jorge Rozo presentó ponencia negativa al proyecto de ley. Al final, salió derrotado y la propuesta fue aprobada en Cámara; sin embargo, el proyecto resultó archivado. Rozo contaba con un proceso formal ante la Corte Suprema de Justicia en el que sus abogados fueron Luis Gustavo Moreno y Gerardo Torres, conocido como ‘Yayo’, ambos involucrados al Cartel de la Toga. Rozo obtuvo una preclusión a su favor en enero 20 de 2017, casualmente cuando Moreno ya se desempeñaba como fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, razón por la cual la Fiscalía indagó la conducta de Moreno y ‘Yayo’ en relación con el resultado de sus procesos ante la Corte Suprema. Según Rozo, ha servido de informante a la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta por alteraciones de los POT de varios municipios de la sabana de Bogotá, caso del que acusan a Moreno de engavetarlo en su paso por la Unidad Anticorrupción. A pesar de dichos cuestionamientos, Rozo buscó reelegirse como representante a la Cámara para el periodo 2018-2018, aspiración que resultó frustrada luego de haberse quemado con apenas 26.953 votos. Ahora, buscando algún cargo político, el partido Cambio Radical postuló su nombre como magistrado ante el CNE. Pedro Felipe Gutiérrez Sierra: Abogado de la Universidad Externado con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Militar. Acérrimo crítico al funcionamiento del CNE. Incluso, fue cabeza de varias demandas contra esta entidad, una de ellas por la negativa a permitir la utilización de la imagen, nombre y figura de Álvaro Uribe para el logo del Centro Democrático. Es hijo del ex consejero de estado y representante a la cámara Amado Gutiérrez Velásquez. En 2009 fue contactado por Luis Guillermo Giraldo para asesorar al Partido de la U cuando era de corte uribista, posteriormente estuvo muy involucrado con la creación del Centro Democrático. Renato Rafael Contreras Ortega Abogado de la universidad Libre, magister en Derecho Administrativo y especialización en Gerencia Pública. Ha tenido gran número de cargos como funcionario en Barranquilla, el primero de ellos como director jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía en 1991. También fue Secretario de Hacienda del municipio de Sabanalarga en el departamento del Atlántico en el 2004. En el 2006 empezó a trabajar como asesor jurídico del CNE. En el 2013 se convirtió en el asesor del magistrado Felipe García Echeverry, ficha del Centro Democrático, quien lo postuló como candidato a magistrado. Cesar Augusto Abreo Méndez Doris Ruth Méndez Cubillos Luis Guillermo Pérez Casas

Por: Sergio Saavedra, practicante comunicaciones – Pares La desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad que más impacto ha tenido en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 80.000 personas fueron desaparecidas forzosamente en el país. Esta cifra supera las de las dictaduras del cono sur. En Chile, por ejemplo, se habla de 40.000 desaparecidos y en Argentina de 30.000. Un delito de trecho complejo para quienes buscan no permitir la impunidad y reivindicar los nombres e historias detrás de las cifras. Ante los demorados procesos de búsqueda y reparación, en 1982 se creó una organización no gubernamental, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos), que ha articulado esfuerzos dirigidos a la denuncia y seguimiento de los casos. La organización genera procesos de acompañamiento para concretar un marco digno de justicia social frente a esta violencia. ASFADDES es liderada por Gloría Gómez, quien conoce pero no cede ante el enorme riesgo que representa exigir verdad, justicia y reparación en este país. Al hermano de Gloria, Leonardo Gómez, lo desaparecieron el 14 de noviembre de 1983. Fue hallado el 18 del mismo mes: había sido asesinado con un disparo de gracia y su cuerpo tenía señales claras de tortura. Leonardo era uno de los lideres de las Marchas de los Claveles. Como respondiéndole a Rubén Blades la pregunta que hace en la canción ‘desapariciones’ “¿Cuándo vuelve el desaparecido?” Gloria dice que los desaparecidos “reviven en la memoria”. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado ASFADDES durante los 36 años de lucha frente al delito de la desaparición forzada? En este largo camino para los familiares de los desaparecidos ha habido varias dificultades que hemos tenido que afrontar. Muchas de esas persisten. Una de ellas es la falta de respuesta del Estado colombiano, específicamente en la búsqueda, en el proceso de dar respuesta a los familiares sobre sus seres queridos. ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? Esa falta de respuesta y de compromiso de su deber constitucional de protección, pero sobre todo de búsqueda, ha generado impunidad. Colombia es uno de los países con los mayores índices de impunidad en el delito de desaparición forzada, porque nadie ha sido castigado por desaparecer. Por ejemplo, hasta el año 2000 se tipifico como delito la desaparición forzada; esa es una de las dificultades que los familiares tenían que afrontar a finales de los 70 y 80. Como no era considerado delito, todos los casos pasaban a ser denunciados por secuestro simple. Otra gran dificultad ha sido la indiferencia. En algún momento de estos 36 años de lucha insistíamos que la indiferencia es la reina de la impunidad. A pesar de que los familiares nos organizamos en 1982 como ASFADDES y salimos a las calles a gritar sus nombres, a mostrar sus rostros, aun así, no fue posible que la sociedad asumiera una actitud de solidaridad y de apoyo a la tragedia que vivíamos los familiares de las personas desaparecidas. La responsabilidad le cabe al Estado por acción directa, acción selectiva, y por omisión al cumplimiento de sus obligaciones de protección. Son 36 años de caminar, de arañar, de buscar en hospitales, en brigadas, en estaciones; luego salimos a los municipios, a las calles, a Medicina Legal, a los anfiteatros municipales buscando esas respuestas que el Estado nunca nos quiso dar. Nos tocó construir en medio de la precariedad, en medio de la persecución, de los señalamientos, construir los diferentes mecanismos para hacerlos visibles a ellos y a ellas. ¿Existen garantías de seguridad para quienes trabajan por conocer la verdad frente a crímenes desaparición forzada? Por supuesto que no. Desde el origen de nuestra lucha como organización, pero inclusive desde el mismo momento en que nuestros familiares se convirtieron en potenciales víctimas, fuimos perseguidos, vigilados, señalados, amenazados y asesinados. La decisión de organizar el surgimiento de ASFADDES conllevó a una intensificación de la persecución y del señalamiento. Somos una organización que se atrevió a salir a las calles a gritar y a exigir la aparición con vida de los desaparecidos. Nos atrevimos a desafiar a un Estado que asumió la negación de la responsabilidad de haber usado la desaparición forzada para eliminar sus opositores, muchos de ellos y ellas militantes de izquierda que soñaban con una Colombia con justicia social, con igualdad de oportunidades. No en vano tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante más de 18 años tuvimos medidas provisionales de la Corte y gracias a la manipulación de este Estado nos quitaron esas medidas, continuamos igual en medio del riesgo y las agresiones constantes. Los medios de comunicación hoy en día ya nombran la desaparición forzada, pero históricamente ha justificado que se los hubieran llevado asumiendo comentarios como: ¿qué estaría haciendo ese muchacho? Por algo sería… eso estaba con malas compañías. ¿Cuáles fueron los avances del anterior gobierno y qué proyecciones tienen con el nuevo? En la mesa de negociación de La Habana fuimos a decirles al Estado colombiano y a la guerrilla de las FARC que, como la Fiscalía General de la Nación no ha tenido la voluntad política que se necesita para poner todas las herramientas al servicio de la búsqueda de los desaparecidos, exigíamos que la mesa de negociación tuviera unas medidas que garantizaran dicha búsqueda. Debían partir del hecho de reconocer ambas partes su responsabilidad; entregar información para poderlos encontrar. Decirles que necesitábamos saber la verdad, que la verdad en sí misma es un mecanismo que nos permitirá mitigar todo este dolor, este daño emocional que cargamos las familias de los desaparecidos. Para ASFADDES, el haber logrado que en el acuerdo final de la mesa de La Habana se diera creación de la unidad especializada de la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas ha sido una esperanza en medio de tanta desesperanza. La unidad que hoy tenemos, creemos, sí cumple con las recomendaciones hechas por parte de los familiares. Es una esperanza para conocer la verdad y las causas estructurales de tanto daño: ¿Quién ordenó?, ¿quién financió?, ¿quién fue cómplice?, ¿por qué lo hicieron? La Comisión de la Verdad tiene que dar cuenta de la responsabilidad a los sectores económicos y políticos. Nuestra proyección frente al nuevo gobierno es seguir hasta donde nos lo permitan, insistiendo. Van a ser cuatro largos años de persecución, de amenazas, pero seguiremos porque nuestra lucha es legítima. Si hemos aguantado 36 años, podemos aguantar cuatro años más. En la configuración de la lucha contra la desaparición forzada ¿qué protagonismo ha tenido el rol de mujer? Las mujeres en la desaparición forzada hemos asumido el rol de buscadoras, el rol de denunciantes. La lucha contra las desapariciones en el mundo ha sido liderada por la mujer. Dejamos la crianza, las ollas, las planchas para convertirnos en Defensoras de Derechos, luchadoras por la dignidad. Somos quienes hemos logrado la visibilización del delito de desaparición. Seguimos estando las 24 horas en búsqueda de la verdad, hablando de ellos y de ellas. Las mujeres desde el amor, desde el dolor, desde el compromiso de luchar, desde la memoria hemos aportado herramientas jurídicas para que los funcionarios las apliquen a favor de nuestros seres queridos. Nuestras formas como mujeres han permitido que en el mundo se conozca que en Colombia hay desaparecidos; un sinnúmero de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos que son seres maravillosos que dejaron huellas en sus hogares. ¿Qué lenguajes permite la memoria para reinventar las luchas frente a la desaparición forzada? La memoria es el pilar desde donde los familiares exigimos los derechos de las víctimas. Sin memoria no puede haber verdad, justicia ni reparación. La memoria es el mecanismo, es la acción espontanea donde volvernos a tenerlos. Es el alimento a ese amor, es el motor de la lucha de los familiares, si no los amaramos tanto, después de 36 años, no hubiésemos sobrevivido a este dolor, a esta tragedia y, por sobre todas las cosas, a ese cumulo de daño emocional. Acabaron con nuestro proyecto de vida cuando se los llevaron, nos convertimos con eso en unas mujeres comprometidas con las causas, defensoras de Derechos Humanos, desde ese amor por ellos. Lo fundamental para la memoria es hacer visibles sus historias de vida, sus luchas, sus proyectos, sus sueños. Es la memoria la que nos da la posibilidad de darlos a conocer, la que hacen que los desaparecidos y desaparecidas permanezcan en el tiempo. La memoria es la conciencia de la sociedad. En ese sentido, la memoria es sanación.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares El nuevo gobierno de Colombia, del derechista partido Centro Democrático, en cabeza del presidente Iván Duque, se enfrenta a una realidad política diferente, muy diferente, incluso algunos analistas aún no la descifran. Esta nueva realidad no se refiere directamente al nuevo partido de la exguerrilla de las FARC, pero se puede ligar a las consecuencias del postconflicto. Hubo tres hechos, en la última semana, que mostraron que algo había cambiado. Por un lado, el partido de gobierno tenía como candidato a Contralor General de la República a José Félix Lafaurie, muy cuestionado por su cercanía con agentes del paramilitarismo y los manejos de recursos económicos cuando fue presidente de FEDEGAN o la Federación de Ganaderos. Sin embargo, era militante uribista pura sangre. Su elección era segura, nadie lo dudaba, pero, faltando algunos días para su elección, hubo una especie de golpe de Estado, pues partidos que se pensaban estaban en la coalición de gobierno colocaron otro candidato y lo lograron elegir, entre esos, el Partido Liberal, Cambio Radical y el partido de la U. El candidato Lafaurie apenas logró 12 votos. Unas horas después, otro hecho se produjo, esta vez el partido de gobierno no logró representación en el Consejo Superior de Política Criminal, un organismo especializado que asesora al gobierno de turno, en el mismo hay cupo para cuatro Representantes a la Cámara y ninguno de ellos era del Centro Democrático. El tercer hecho es aún más llamativo. Según el estatuto de la oposición, los partidos políticos deben tomar una de tres posibilidades: declararse en oposición, declararse en independencia o ser de la coalición de gobierno. En Colombia, popularmente se decía que el partido más grande en el Congreso es el partido de Gobierno. Al menos el 80% terminaban siendo gobernistas. Pero dos de los partidos mayoritarios, que en principio estaban con el gobierno, anunciaron que se declararían independientes: El Partido Liberal y Cambio Radical. Si bien aún quedan algunos días para la fecha límite en que cada partido debe anunciar oficialmente su postura, lo cierto es que hoy la coalición de gobierno solo tiene dos partidos de los grandes: el Centro Democrático y el Partido Conservador. Apenas rozan el 40% del Congreso de la República. Los analistas han tejido una serie de hipótesis. Algunos han dicho que es un tema de inexperiencia, pues el actual mandatario pasó de ser un funcionario medio del BID a senador por cuatro años y, de ahí, saltó a la Presidencia de la mano del expresidente Uribe. Pero la probabilidad de esta hipótesis es bastante baja, pues ya se conoce públicamente que Álvaro Uribe es el que está al frente de la negociación de los temas claves del nuevo gobierno, entre ellos la elección del Contralor. Otros analistas, sobre todo los cercanos al gobierno, han manifestado que esto muestra que el actual presidente Duque no está entregando cargos burocráticos mediante negociación con los partidos políticos, sino que está nombrando tecnócratas. La afirmación es errada, ya que el tema no es si da puestos burocráticos a partidos políticos, es claro que los está dando, la discusión es a cuales partidos les da y a cuáles no. Es notorio que el Centro Democrático, el partido Conservador y los partidos pequeños de los fanáticos cristianos se están llevando los cargos burocráticos importantes. La tercera hipótesis, realizada por analistas independientes, manifiesta que lo más probable es que la dinámica política cambió en Colombia. Ha ocurrido algo que es normal en otros países pero que en Colombia es bastante novedoso. Se refiere a que el rechazo y el odio de la población frente a prácticas corruptas y clientelistas, sumado a la llegada de nuevos liderazgos sociales que están por fuera de la vieja política nacional, más la repolitización de un sector importante de la sociedad, han llevado a que los partidos políticos, incluidos los que en el pasado han tenido prácticas muy corruptas y los más tradicionales, estén pensando en función de posicionar ideas, principios y candidatos en las futuras elecciones y no solo en cargos burocráticos, aunque esto último aún sea muy importante. Lo cierto, más allá de todas las hipótesis, es que las cosas han cambiado. Artículo publicado inicialmente en El País de España

Por: Angélica Gutiérrez, asistente de investigación de la línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares En la región del Urabá Antioqueño la violencia no cesa contra los líderes defensores de Derechos Humanos y los programas de PNIS y de restitución de tierras. La Fundación Paz y Reconciliación, por medio del Observatorio de Violencia Política, registra que entre 2013 y agosto de 2018, se contabilizaron cuatro homicidios a líderes de restitución: uno en Apartadó (2017), dos en Turbo (2014 y 2017) y uno en San Pedro de Urabá (2018). Por su parte, el Instituto Popular de Capacitación afirma que, entre 2008 y 2017, fueron asesinados 73 reclamantes de tierras en Urabá. Somos Defensores denuncia que entre 2009 y 2016 actores armados asesinaron a 24 líderes en esta región. Dos defensores de Derechos Humanos de la Comunidad de San José de Apartadó, que prefirieron ocultar su identidad por problemas de seguridad, denuncian las violencias que viven día a día. Para ellos, «en Urabá todo es posible, hoy hablamos y mañana podemos estar muertos». Y es que hace 8 meses, el 29 de diciembre de 2017, uno de ellos sufrió un atentado que casi le cuesta la vida.  “Alias “Samir”, que pertenecía al Frente 5 de las FARC, hoy está en la Brigada 17 paramilitar acusando a líderes campesinos de antiguos colaboradores de la guerrilla. Hasta hace dos años la guerrilla controlaba la región, incluso tenían subyugados a los paramilitares. Con la firma del Acuerdo todo cambió, mucha gente fariana se fue y ahora el control es paramilitar”, afirma uno de ellos. Como en muchas otras regiones del país, el vacío de poder que dejó la desmovilización de las FARC, y que el Estado no ha podido llenar, está empezando a cobrar factura.  Según Prensa Rural, en este año se ha disparado la violencia y “el 15 de enero en las veredas y el corregimiento hubo presencia masiva de hombres que llevaban insignias de AGC, y estaban reuniendo a pobladores de la región, advirtiéndoles que si no trabajaban con ellos se tenían que ir de la zona o morirían”. Paradójicamente, a pesar de esta situación, la región del Urabá presenta un alto crecimiento económico. Según el informe de la Cámara de Comercio en 2016, esta zona históricamente bananera y platanera “mostró un excelente desempeño durante 2016. La constitución de empresas creció en un 5,4% entre 2015 y 2016; la construcción está en ascenso y la compra de vivienda creció en 16 %,”; pero existe otra cara de estas positivas cifras: el costo de la victimización contra líderes, campesinos e indígenas que se da paralelamente con este desarrollo económico. En esta Comunidad se oponen, además, a la “inversión social” realizada por los grupos ilegales. Por esto han sido acusados de impedir el desarrollo de la región. Sin embargo, “el deseo del progreso está presente pero no bajo la luz de la violencia e ilegalidad”, como afirma uno de los líderes, ellos prefieren que sea el Estado el encargado, ya que las carreteras que tienen son ilegales y son utilizadas para transportar mercancía ilícita. Por el momento, la comunidad sigue esperando, al menos, una retractación efectiva por parte del Estado, pues en el 2005 el expresidente Uribe los tildó de guerrilleros y terroristas. En el gobierno de Santos se dio una retractación que, para la comunidad, no fue satisfactoria ya que no se hizo en la Comunidad de  Paz de San José sino en televisión nacional. Desde ese momento la Comunidad decidió cortar relaciones con el Estado. Las peticiones para reanudar el dialogo son las siguientes: Retractación del expresidente Uribe Evaluar puesto de policía y militares, puesto que desde que han hecho presencia en el territorio, las bases de Carepa controlan el flujo de armas por el territorio, además se ha generado desplazamiento forzado y por ello se fundó San Josecito. Respeto a las Zonas Humanitarias y construcción de Escuela y Centro de Salud Creación de una Comisión de Evaluación a la Justicia “Hay veces en que nos ponemos a pensar, a hacer el recuento de lo que ha pasado en 20 años y no entendemos como aún existimos y estámos vivos. En el gobierno de Uribe, en el año 2005, se emprendió un exterminio contra la comunidad, pero gracias a la presencia internacional y la resistencia se ha podido lograr sobrevivir y resistir”, concluye uno de los líderes.