Por: Maria Fernanda Galindo, investigadora Línea Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares El modelo neoliberal implementado en Colombia prioriza los intereses particulares sobre los colectivos. Esto genera varios inconvenientes en la sociedad, uno de ellos, el deterioro del medio ambiente. Las políticas sociales, en particular los servicios de seguridad social y la educación, así como las políticas ecológicas de conservación de la naturaleza, quedan subordinadas al criterio del mercado, fomentando el consumo desenfrenado de los recursos naturales y prácticas de producción altamente contaminantes. Desde sus inicios, el modelo neoliberal dejó por fuera al medio ambiente. Al parecer, la economía carece de principios ecológicos y lo que es bueno para el mercado es casi siempre malo para la naturaleza. La liberalización y la privatización como bases del comercio capitalista se han convertido en un sistema de producción y distribución que no tienen en cuenta la vida biológica. El sistema económico dominante se ha convertido en una maquinaria dispuesta a destruir el planeta, aumentar las desigualdades y a anteponer el beneficio económico por encima de todo, incluso de las personas. La realidad una vez mas nos muestra la necesidad de una visión integral que sepa mantener en armonía el crecimiento y la sostenibilidad. La globalización económica significa crear valor y crecimiento, sin embargo, eso contrasta con una mirada más amplia hacia el futuro. Ante este hecho nacen y se desarrollan diferentes tipos y formas de concebir la economía, las relaciones entre las personas y la ecología. Desde hace varios años, los ecologistas y científicos buscan y defienden el desarrollo de una nueva ciencia que tenga en cuenta al medio ambiente en su totalidad. Según Passet (1996) “la Bioeconomía es el nuevo paradigma de la ciencia económica, ha surgido como consecuencia de la alerta ecológica que descubrió al proceso económico como una extensión de la evolución biológica”. Su finalidad es integrar las actividades económicas en los sistemas naturales. Passet propone que la economía sea observada en su justa dimensión temporal, lo que generará una toma de consciencia sobre lo limitado de los recursos del planeta y la necesidad de un cambio de rumbo que evite la catástrofe medioambiental y propicie una reducción de las desigualdades sociales. Actualmente, las personas somos más conscientes de los problemas ambientales, hemos visto una evolución de paradigmas, nuevas corrientes de estudio y una conciencia global generalizada. Pero estos esfuerzos no son suficientes, es indispensable darse cuenta de que la única manera de detener el calentamiento global y otras formas de degradación ambiental es uniéndonos en un único esfuerzo. Es tiempo de que las empresas, la sociedad civil y el gobierno trabajen conjuntamente y pongan su granito de arena frente a esta problemática mundial que estamos viviendo. Debemos cambiar la mentalidad de consumo, gran parte de la sociedad aún se mueve al vaivén del mercado y piensa todavía en términos económicos (el auge de las tarjetas de crédito, shopping, la difusión y acumulación de bienes materiales, etc…), debemos procurar pensar en el mejoramiento del bienestar humano e igualdad social mientras se reducen significativamente los riesgos ambientales. Urge la necesidad de un cambio real de paradigma, donde el consumidor aprenda a optimizar los recursos energéticos y a consumir con consciencia. Un consumidor responsable es el mejor amigo del medio ambiente, castiga a las compañías que contaminan sus zonas aledañas y presionan al gobierno para que revise las leyes sobre contaminación y las haga cumplir. La misma situación se plantea a las empresas, ellas pueden contribuir a la sociedad por medio de sus acciones de Responsabilidad Social, mientras satisfacen los intereses de sus stakeholders y generan prácticas que contribuyen al bienestar humano. En materia medioambiental, las empresas deben evolucionar, incorporando acciones que vayan mas allá del mero cumplimiento del marco legal hasta la inclusión del tema a su estrategia de negocio. Dado que la sociedad civil no se posiciona como un fuerte actor de presión, queda en manos del gobierno el rol preponderante de la defensa del medio ambiente ya sea como regulador, promotor, sensibilizador o líder en el emprendimiento de acciones. Actualmente vivimos la falta de políticas públicas que ayuden a la realización de esta gestión. El gobierno debe asumir un rol mas protagonista, tanto en la gestión ambiental de sus actividades como en la adopción de instrumentos más eficientes. La adopción de estas medidas permitirá fortalecer la institucionalidad ambiental y así contar con políticas ambientales mas fuertes.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares En un año estaremos en plena campaña de los comicios locales y regionales en Colombia. Las elecciones para escoger alcaldes y gobernadores se realizarán los primeros días del mes de octubre de 2019. Como era de esperarse, la batalla será a muerte. Se podrían identificar tres grandes fuerzas políticas: 1. La derecha, compuesta por el Centro Democrático, el Partido Conservador y los partidos de los fanáticos cristianos 2. El Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U. Está coalición es dispar y son enemigos políticos en municipios y departamentos; sin embargo, es posible que hagan coaliciones potentes en zonas donde son débiles, como en Bogotá o Antioquia 3. Una coalición conformada, en teoría, por el Partido Verde, el Polo, los Decentes y partidos más pequeños como MAIS. Sobre esta última se concentra el análisis. Las estrategias de las coaliciones están claras. Por un lado el Centro Democrático tiene dos grandes estrategias. La primera es desangrar a la U, Cambio Radical y al Liberal quitándoles las élites regionales y locales, substraer materia. La segunda estrategia es armar uno o dos plebiscitos para modificar los Acuerdos de Paz. La idea de ellos es hacerlos o hacerlo un día antes de las elecciones locales y regionales. La campaña del plebiscito será sencilla como estrategia de marketing: a todo aquel que defienda el proceso de paz, la justicia transicional y las reformas sociales derivado del mismo, lo acusarán de defender violadores de niños. Lo que se ha logrado saber es que la estrategia ya está diseñada, solo falta la implementación. La estrategia de la U, Cambio Radical y EL Liberal aún no es clara. Lo cierto es que han logrado algunos acuerdos en el Congreso de la República; además, se cree que será muy difícil que funcionen como alianza en varios departamentos y ciudades del país. Pero el debate de fondo está en la tercera coalición, allí aún no hay estrategia. De hecho, ni siquiera hay coalición. La ruta es clara, los objetivos también, pero el cómo lograr hacer confluir estos liderazgos es bastante complicado. Es claro que esta coalición debe concentrarse en 8 grandes ciudades y 5 departamentos, además de algunas ciudades intermedias donde hay posibilidades de ganar. El resto está perdido. También es claro que esta coalición, en varias zonas del país, pero no en todas, debe incluir a los sectores pretristas. Y al contrario, los sectores petristas deben incluir a la Coalición Colombia. En todo caso, la forma de llegar a candidaturas únicas a alcaldías y gobernaciones para esta coalición progresista, y la posibilidad de conformar listas únicas en los cuerpos colegiados, tiene bastantes enemigos. El principal enemigo no son los egos políticos de sus líderes, lo cual ya complica la situación. El problema central está en los liderazgos locales y regionales de estos sectores políticos: son intransigentes, agresivos y sin visión política. El mejor ejemplo de esta situación se da en Cali: en donde los petristas y la Coalición Colombia no se pueden ni ver. Tal vez reglas claras podrían solucionar el tema. Por ejemplo, que las consultas interpartidistas sean obligatorias para la selección de un candidato único. Lo cierto es que estas reglas de juego deberían estar claras a más tardar en diciembre, para que en enero de 2019 se arranquen las precampañas y por el camino ir seleccionando los candidatos y candidatas. La meta es que a junio estén ya definidas las listas. Veremos si se logra el objetivo.

Por: Mateo Córdoba, Colaborador – Pares La deforestación en Colombia se coló en la lista de los problemas más graves del país cuando su medición se hizo más precisa, constante y mediática. En pocos años, la rápida remoción de capas de bosque en áreas de interés ambiental tomó las dimensiones de un verdadero problema nacional. No sólo tiene que ver con la escandalosa cifra de hectáreas deforestadas que, en los últimos años, viene aumentando constantemente y que ya llegó a 220.000, sino también con el vacío de control territorial y armado que la desmovilización de las FARC dejó en todas las regiones del país y que el Estado no ha podido solventar. La transición a un sistema de monitoreo satelital, la concentración y el desarme de las FARC y el dramatismo de las imágenes que dejaba la deforestación a su paso, fueron los tres factores fundamentales que permitieron una evaluación conjunta entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el nuevo gobierno de Iván Duque. El pasado 7 de agosto, Luis Gilberto Murillo dejaba el Ministerio de Ambiente lamentándose por no haber reducido la cifra de hectáreas deforestadas, mientras Ricardo Lozano se estrenaba como nuevo encargado de la cartera ambiental anunciando que su prioridad es dar resultados contra la deforestación desde la próxima medición, que saldrá a finales del 2018. El conflicto armado con las FARC generó una paradoja ambiental: a la par de acciones de guerra y la afectación a población civil, se veía una alta conservación de áreas de interés ambiental y de las estructuras ecológicas regionales. En muchas zonas, las guerrillas se consolidaron en los territorios como agentes de control frente a los fenómenos de acaparamiento de tierras y la tala legal e ilegal de bosques. Aunque este control no significaba gestión ambiental en los territorios, es innegable que la conservación de biodiversidad durante décadas estuvo determinada por la presencia de actores armados en las áreas de alto valor ecológico. Según los datos históricos del IDEAM, entre los años 1990 y 2015, el total de hectáreas deforestadas de bosque estuvo cerca de los 5.5 millones. Es decir que, en promedio, cada año se deforestaron unas 200.000 hectáreas. Del 90 al 2014, la Amazonía colombiana concentró un total del 35% de la tasa deforestación nacional y, en el 2015, último año de actividades armadas de las FARC, alcanzó el 43% (datos IDEAM). Para el año 2017, con la guerrilla de las FARC desarmada y en proceso de reincorporación, la concentración de la deforestación en la Amazonía colombiana fue de más del 70%, lo cual confirma que muchos municipios y zonas de alto interés ambiental, que fueron beneficiarios paradójicos del conflicto armado, hoy no encuentran quien supla el poder territorial y la administración. Siendo el territorio amazónico el que sufre con más rigor el fenómeno de la deforestación, el rol de las disidencias es evidente en el aumento estrepitoso de hectáreas de bosque removidas al sur del país. Gentil Duarte, líder de la disidencia del Frente 7, ha autorizado a colonos de la región tumbar bosque sin ningún tipo de control, en miras de disputar el negocio de acaparamiento y venta de tierras con las mafias y el gran latifundio del país. Así mismo, la participación por acción u omisión de administraciones municipales se está configurando como una piedra angular para entender la deforestación en departamentos como el Guaviare y el Caquetá. Por último, las constantes largas para implementar el capítulo rural del Acuerdo de La Habana están frenando programas tan urgentes para el sur del país como la restitución y titulación de tierras o el cierre definitivo de la frontera agropecuaria. Por lo anterior, evaluando cifras y dinámicas regionales, el gobierno de Iván Duque tiene por delante el reto de atender la deforestación siguiendo –en principio– cuatro líneas de maniobra: Enfrentar grupos armados con influencia comprobada en acaparamiento de tierras y deforestación. Interlocución y no criminalización con los campesinos en programas de sustitución de cultivos ilícitos y manejo ambiental de áreas protegidas. Identificación y judicialización de funcionarios públicos y administraciones municipales que están participando de manera activa o despreocupada respecto a la deforestación. Implementación de la Reforma Rural Integral y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para detener definitivamente el avance de la frontera agropecuaria en detrimento de la biodiversidad colombiana.

Por: León Valencia, director – Pares Todo el mundo se le vino encima a la magistrada Stella Conto ponente de la sentencia en la que el Consejo de Estado condena a la nación por el grave y ominoso atentado de las FARC al club El Nogal en febrero de 2003. ¡Absurdo! Fue la palabra más utilizada por los periodistas y los líderes políticos. Hasta el presidente Duque se fue lanza en ristre contra el alto tribunal y señaló de incongruente el fallo. Es muy probable que, si hicieran una encuesta sobre la sentencia, la inmensa mayoría de los encuestados estuvieran en desacuerdo con la magistrada Conto y, en cambio, aprobaran las apasionadas voces que se han oído contra el fallo. En la superficie de este doloroso acontecimiento está la agresión de una guerrilla que despierta una gran animadversión en la ciudadanía y el clamor de los familiares de 36 personas muertas y doscientas heridas por el estallido del criminal artefacto. Pero en el fondo de los hechos está una decisión de un gobierno, una extraña visión de un presidente, que negaba el conflicto armado del país y por eso no tenía en cuenta las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y no se detenía a pensar en separar y proteger a la población civil en los escenarios de la confrontación. Era en todo caso una posición contradictoria de un presidente que en algunos casos le daba la espalda a la realidad negando el conflicto, pero en otros casos arremetía de manera temeraria contra la crudeza de ese litigio armado. Uribe, como pocos, le había visto la cara a la guerra en su desempeño como gobernador de Antioquía, cuando Medellín y el departamento ardían en los fuegos cruzados de las guerrillas, las Fuerzas Militares y los paramilitares; y se la vio en la amargura de su posesión cuando un comando guerrillero activó una carga explosiva que fue a dar un alero del capitolio nacional. Al poco tiempo decretó el “Estado de conmoción interior” que reconocía en toda su magnitud la gravedad de la situación. No era para menos. Las FARC tenían en Cundinamarca, alrededor de Bogotá, 11 frentes guerrilleros y uno de ellos, el Antonio Nariño, en la propia Capital. La guerrilla estaba envalentonada y dispuesta a hacer sentir el peso de su accionar armado en el corazón del país, por eso acometió esta acción que ahora, después de haber firmado al Acuerdo de Paz, ya en la vida civil, califican como uno de los más grandes errores. La magistrada Stella Conto deja ver todo este fondo en su fallo. Dice que el gobierno sabía de las amenazas que acechaban al Club el Nogal y no tomó precauciones para conjurar esos riesgos y, además, los agravó utilizando las instalaciones del Club para diversas actividades de funcionarios que tenían que ver de manera directa con el conflicto armado como el Ministro del Interior y la Ministra de Defensa. Es así de simple. Es así de absurdo. Haciendo caso omiso de que estábamos en un conflicto armado se transgredieron todas y cada una de las normas del Derecho Internacional Humanitario y se arriesgo de manera irresponsable a la población civil. Algunos comentaristas para mostrar lo absurdo de la sentencia acudieron a la comparación entre el atentado en pleno centro de Nueva York contra las Torres Gemelas y lo acaecido en el Club el Nogal. La comparación cojea por todos los lados. Aquella sí fue una sorpresa en toda la línea, un hecho tan insólito que aún deja atónitos a los analistas. Estados Unidos estaba en todas las guerras del mundo, pero en su patio no había conflicto interno ni conmoción interior. Las alusiones a la responsabilidad de las FARC y del propio Club el Nogal abundaron. Tienen toda la razón quienes ponen de primera a la guerrilla, eso ya lo saben las propias FARC, que se aprestan a un largo calvario en la Justicia Especial para la Paz. Pero eso no exime al Estado de sus responsabilidades. Fallos como este, debates como este, abundarán el futuro próximo si el país decide ponerle la cara a la verdad. Quienes tomaron decisiones en el Estado pensando que la historia no examinaría sus absurdos se equivocaron de cabo a rabo. Todos esos fantasmas los perseguirán hasta la tumba.

Por: Sebastián Mora, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares El 29 de agosto en el Congreso empezará la carrera para la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, el cual termina su período de 4 años. A partir de este momento se abre la posibilidad de que, por primera vez, esta elección tenga elementos meritocráticos debido a dos precedentes la Ley de Equilibrio de Poderes y la reciente elección del Contralor General de la Nación. Hasta ahora, la elección se regula por medio del sistema de cifra repartidora: a mayor cantidad de votos, mayor cantidad de cupos en el CNE. Esta regla se aplica a los candidatos a magistrados presentados por los mismos partidos. Bajo esa lógica, desde el comienzo de la elección los partidos con mayor número de congresistas son los más beneficiados. Es decir son quienes podrían llegar a obtener el control del organismo que debe vigilar su comportamiento electoral. El CNE es el máximo responsable de toda actividad electoral en el país, esto incluye la veeduría a campañas, revocatorias de mandato, certificación de la elección de cualquiera que se presente a un cargo de elección popular y el reconocimiento o revocatoria de la personería jurídica de partidos y movimientos políticos, solo por nombrar algunas de sus funciones. De allí la importancia de que la elección de los nueve magistrados sea transparente. La Oportunidad: La ventana de oportunidad que se abre para tecnificar esta elección empezó con la Ley de Equilibrio de Poderes (acto legislativo 02 de 2018) el cual modificó el artículo 126 de la constitución que dice “(…) la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. Lo anterior significa que como el Congreso es una corporación pública y tiene en su potestad la elección de los magistrados del CNE, que son servidores públicos, es obligatorio surtir un proceso de convocatoria meritocrática con participación ciudadana y respondiendo a criterios de equidad de género. Para hacerlo, el Congreso debe recurrir a un ejercicio que se realizó hace poco y que ya está regulado: la Ley 1904 del 27 de 2018, la cual reglamentó la elección del Contralor General de la Nación y que en el parágrafo transitorio del artículo 12 afirma: “Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicas atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el (…) artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley se aplicará por analogía”. Actualmente no hay norma que hable únicamente de la elección del CNE, por lo tanto, esta ley debería de ser la hoja de ruta para la elección de los 9 magistrados del CNE que puede ser seguida al pie de la letra como mínimo en cuatro componentes: convocatoria pública, cumplimiento de requisitos para postularse al cargo, evaluación de hojas de vida y prueba de conocimientos eliminatoria por una universidad. Por otro lado, existe una diferencia sustancial entre los dos procesos:  la elección de Contralor es un cargo uninominal. Además, los candidatos recibieron y trabajaron por el apoyo de un partido al llegar al proceso de entrevistas en el Congreso, pero no fueron postulados por los mismos. Por el contrario, para el CNE se elige un cuerpo colegiado y son los partidos o movimientos los que presentan candidatos, quienes deben estar en sus listas. Otra diferencia: en la elección de Contralor se decretó que debía haber una preselección de mínimo 20 candidatos por parte de la universidad. Luego, esos seleccionados debían ser evaluados por una comisión accidental del Congreso que cercaría la elección a 10 candidatos, de los cuales saldría finalmente el Contralor General de la Nación. Para el CNE no hay claridad sobre el filtro mínimo que haría la universidad o sobre cuántos candidatos deberían ponerse a disposición de la plenaria del Congreso para elegir cada uno de los 9 puestos en juego. Una última diferencia que habría que considerar se basa en cómo reconciliar el buen resultado en la prueba de conocimientos y el sistema de cifra repartidora. Por ejemplo, si los candidatos de un partido minoritario tienen los puntajes más altos en la prueba de conocimientos, que es de carácter eliminatorio, y los candidatos de un partido mayoritario obtienen los peores resultados, ¿quiénes pasarían a entrevistas con el Congreso? Si es por cuota repartidora, seguramente los partidos mayoritarios tendrían más candidatos, así estos no hubiesen sido los mejores de las pruebas. Clarificar este tipo de disyuntivas puede ser el obstáculo más grande de esta nueva elección que en últimas puede tomar tres caminos: Aplazar la elección del CNE mientras se regula específicamente con una ley propia. La Ley de elección del Contralor tardó 3 meses en tramitarse, pero esta se acompañó con mensaje de urgencia de parte del Gobierno Nacional y no hay que olvidar era legalmente necesario que su período coincidiera con el del presidente de la República. El segundo, empezar el proceso de elección del CNE con las equivalencias a la elección de Contralor y dejar en manos de la mesa directiva del Congreso la resolución de disyuntivas entre ambas. Ya se vio en la elección de Contralor la capacidad de intervención de la mesa directiva a través de resoluciones. Tercero, dejar de lado las leyes creadas que pueden regular la elección y mantener practica tradicional, cosa que por cierto parece ser la intención del presidente del Senado y del Congreso, Ernesto Macías, quien ya citó al 29 de agosto a la elección; a diferencia del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, quién remitió al Ministerio del Interior sus dudas sobre cómo proceder ante la elección del CNE para que este último a su vez las remitiera al Consejo de Estado.

Por: Sergio Saavedra, pasante comunicaciones – Pares José Roberto Acosta, economista, abogado y columnista, hace un análisis de la corrupción en Colombia y en la región. En esta entrevista exclusiva a Pares toca temas sobre el nuevo gobierno, el modelo contra la impunidad en Guatemala como hoja de ruta y la próxima consulta anticorrupción que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de agosto en el país. ¿Por qué hay corrupción en Colombia? Por debilidad institucional y debilidad humana. La debilidad institucional la podemos ver en materia jurídica, la justicia aquí no solo cojea, sino que nunca llega. Esta debilidad es, por ejemplo, selectiva en manos de un fiscal general como el que hoy en día tiene Colombia, el cual, estando repleto de impedimentos, no se declaró impedido para un caso tan icónico como Odebrecht. Ahí radica muestra debilidad institucional. En la debilidad humana existen factores de índole personal y éticos, no acepto que digan que hace parte del ADN. La cultura traqueta, por ejemplo, ha debilitado especialmente las capas superiores del poder económico, social y político donde se anida la debilidad ética. Si quieren hablar de la lucha de clases, la clase alta es más porosa y más débil en lo ético que la clase baja. Además, en Colombia hay un Estado corporativista, concepto sociológico que refiere a un Estado comprometido con los grupos de poder, especialmente la relación del poder económico con las grandes corporaciones. Lo vemos con la integración del gabinete ministerial del presidente Iván Duque y los gremios económicos, quienes están en su legitimo derecho de defender sus intereses, pero nos hacen creer que es un gobierno comprometido con los intereses generales, cuando en realidad es un gobierno comprometido con intereses particulares. ¿La corrupción actual en Colombia es la misma que la de décadas anteriores? Hoy la corrupción en Colombia es muy distinta a la de hace 20 años, ya no es sólo la tajada en el contrato, sino es la trampa metida en la ley. Por ejemplo, acaba de emitirse el pasado 6 de agosto año el decreto 1486 el cual permite que, con plata de los ahorros pensionales administrados por Porvenir del Grupo Aval, se le compren acciones a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la junta administrativa del Grupo Aval. Es decir, la plata pasa de un bolsillo al otro, pero no es plata de él, sino de los afiliados. Este es un ejemplo muy técnico de fondos de capital privado, valoraciones a precios de mercado y conceptos que, al ser técnicos, le hacen perder la pista al ciudadano de a pie que sobre la forma en que terminan socializándose riesgos financieros. Esta socialización de los riesgos financieros es el nuevo escalón en el que ha evolucionado la corrupción. ¿Cómo se configuran las luchas contra la corrupción? Anteriormente el acceso a la información sobre los negocios de las multinacionales estaba muy restringido para cierto circulo académico, de poder o empresarial. En estos tiempos, ya cualquier persona en Transmilenio al acercarse a su celular se da cuenta de los negocios que hace Odebrecht, que hace McDonald´s, Apple; se conocen los patrimonios de estas empresas. Por ejemplo, ahora se puede saber cual es la información que las empresas le suministran a la bolsa de valores, a la bolsa de Nueva York, la bolsa de Colombia. Esto permite hace que nos demos cuenta que los negocios privados dependen mucho de lo publico y al ver ese “matrimonio” nos damos cuenta que no es un matrimonio perfecto, que no es una relación absolutamente transparente sino bastante opaca. A pesar de que nos decían que no que eran dos mundos distintos, ahora nos damos cuenta de que están absolutamente imbricados, de que son dos caras de la misma moneda. Hay sinergias negativas entre lo privado y publico que cualquier colombiano de a pie empieza a entender. ¿Colombia podría considerarse la más corrupta de la región? No, somos igual de corruptos a Perú, a Brasil, a Panamá; solo que sí han caído presidentes en esos tres países, en Colombia no. Acá los corruptos son elegidos, tienen el poder, se amenazan entre ellos para generar pactos de silencio como pasaba entre mafiosos. También, Colombia debe entender que algo legal también puede ser corrupto; así nos daremos cuenta de la necesidad que tenemos de revisar muy bien cómo se legisla, quienes están detrás de las normas y cuáles son los intereses corporativistas o generales que se benefician de cada una de las normas que salen del congreso y de los órganos ejecutivos del Estado. ¿Qué opinión tiene sobre la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala? Muy útil, además en cabeza de un magistrado colombiano, Iván Velásquez, ha avanzado muchísimo para depurar mafias internas enquistadas en el poder y en el empresariado. Eso le da objetividad a lo que es el proceso de juzgamiento en una justicia como la nuestra que esta tan coaptada por lo poderes económicos. Sería una herramienta o un ensayo interesante. Fijémonos que aquí el tema de Odebrecht fue sacado por la justicia norteamericana, no fue Néstor Humberto Martínez Neira, como también ocurrió con el tema del fiscal anticorrupción. Esto demuestra que aquí nos hace falta de entidades internacionales que nos apoyen dado que los que manejan el control judicial y fiscal en Colombia no están cumpliendo su labor. ¿Cómo considera la consulta anticorrupción que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto? Es una señal positiva votar, mientras que no votar es una señal negativa. Cualquier reproche que se haga de fondo y de forma al proceso o a las preguntas no es más que accesorio. Yo creo que lo sustancial es tomar una actitud publica generalizada contra algo que nos esta afectando a todos y todas: el flagelo de la corrupción en las altas esferas del poder. Esta es una oportunidad que tiene Colombia de meter su votico este domingo 26, hacerlo es la única forma de hacer ese gritico o pellizquito a los grandes poderes que han manejado la corrupción en Colombia.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Desde que comenzaron los diálogos de paz, y al menos hasta 2016 y parte de 2017, la tasa de homicidio se redujo fuertemente en Colombia. Se pasó de 34 por 100.000 habitantes en 2012 a 24 por 100.000 en 2017, una reducción increíble. Sin embargo, las buenas noticias se estancaron desde 2017 y, particularmente, en el segundo semestre de ese año. La siguiente gráfica muestra la evolución de la tasa de homicidio en Colombia. El estancamiento del homicidio en el año 2017 y el aumento, leve al parecer, que se dará en 2018 es impulsado por una serie de municipios que tienen aumentos dramáticos en sus tasas de homicidios. Es decir, una gran cantidad de municipios están estables o descienden el número de homicidios, pero hay un grupo relativamente pequeño donde el aumento es vertiginoso. Son algo así como los “tumacos”, zonas donde, literalmente se vive una guerra civil o está a punto de estallar, son una olla a presión. Sin embargo, los contextos varían de un municipio a otro. A continuación se presenta el cuadro con las variaciones más dramáticas por municipio: Se podría decir que en estas zonas la paz se vivió con intensidad durante uno o dos años. Por ejemplo, Ituango tuvo 5 homicidios en 2016 y en los primeros siete meses de 2018 se suman más homicidios que en los tres años anteriores. En Tarazá pasa algo similar. El siguiente cuadro muestra la evolución del homicidio entre 2010 y 2017, compárese entre años y luego entre el primer y segundo cuadro. Todo indica que durante el segundo semestre de 2017 la situación se complicó sustancialmente y en 2018 la tendencia fue a empeorar. Tres cosas han pasado en estos municipios: primero, en un grupo de ellos se vive una “guerra civil” por la disputa de economías ilegales. En Tumaco hay 12 grupos disputándose metro a metro el control territorial de la zona. En Ituango hay cinco estructuras criminales disputándose el poder; en Tarazá, cuatro estructuras y en Tierralta, tres.  Esta disputa criminal afecta un grupo de 80 municipios. Son zonas que concentran casi toda la cadena de una economía ilegal en un territorio relativamente pequeño. En Tumaco, hay 27.000 hectáreas de hoja de coca, a unos kilómetros están los laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína, y a otros pocos kilómetros está la costa para embarcar los cargamentos de droga. Todo en un radio menor a 40 kilómetros cuadrados. Como era de esperarse, apenas salieron las FARC estalló la guerra. Este proceso de reorganización criminal en todo caso no será eterno, en algunos meses una de las estructuras se impondrá sobre el resto. La disputa criminal dura entre 18 Y 24 meses, ya vamos por 12, falta la mitad de esa guerra. En ese momento, cuando alguien gane, bajarán los indicadores de violencia, no por la respuesta del Estado, sino porque una de las organizaciones criminales ganó la guerra. En otro grupo de municipios el aumento de la violencia obedece a una situación de anarquía criminal. Es decir, municipios en los cuales apenas salieron las FARC no se produjo un copamiento criminal, sino que se disparó la delincuencia común. Los atracos en carretera, el robo de gallinas y el abigeato también aumentaron. El problema es que no hay un servicio de justicia estable en zonas rurales y las comunidades o se autorregulan o acuden a ilegales para resolver líos vecinales. Hay un tercer grupo de municipios, como en Caquetá, donde ocurren ambas situaciones. Lo complicado de este asunto es que así como está Ituango y Tumaco, puede estar otro grupo importante de municipios en cuestión de semanas. La explicación es muy sencilla, el problema no es el ELN, o las denominadas disidencias de las FARC, ni siquiera el Clan del Golfo. El problema es que cárteles mexicanos están financiando fuertemente esta reorganización criminal. Un caso es la costa Pacífica, que está llena de dinero y armas de mexicanos. Popularmente se cree que las disidencias  se armaron con caletas no entregadas por las antiguas FARC, y si bien esto pudo pasar en algunos casos, lo cierto es que hoy las disidencias tienen armamento nuevo, los M-24 ya pululan en la región de la costa Pacífica nariñense. La situación es mucho más compleja de lo que parece. Artículo publicado inicialmente en Semana.com

Por: Redacción Pares León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, opina en La FM sobre el tema político de la semana. La consulta anticorrupción tiene un mensaje simbólico y real de la ciudadanía con la clase política. #7VecesSí.

Por: Alejandro Jiménez, Línea de Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares En Chocó se vive la maldición de la abundancia: la riqueza producto de la explotación de recursos naturales no llega a la vida de quienes habitan el territorio sino de quienes lo explotan; fenómeno expresado desde la época de la colonia y que hoy, además, cuenta con manifestaciones ilícitas como la minería ilegal en las cuencas de los ríos. Una de las comunidades más afectadas por esta situación es el municipio de Río Quito. Para llegar a Río Quito la forma más sencilla, o la única, es desde Quibdó, donde hay que tomar un bote o una panga (lancha rápida) a medio día para embarcarse Atrato arriba. Según como haya estado la lluvia durante los últimos dos o tres días, puede determinarse el tiempo de viaje que se va a tardar durante el trayecto, ya que la navegabilidad se hace más fácil en la medida en la que el afluente hídrico sea más abundante. Sobre Río Quito se sabe que el 98% de los más de 9.300 habitantes vive con sus necesidades básicas insatisfechas, que fue nombrado municipio hace tan solo 18 años y que la repercusión en materia social y ambiental que ha dejado la minería ilegal es muy grande. Los métodos de extracción ilegal utilizan sustancias prohibidas por sus altos niveles de contaminación, como el mercurio. Durante el recorrido por Río Quito es notoria la gran transformación del medio ambiente debido a la escalonada e imparable actividad minera que se vale de dragas o dragones, máquinas rudimentarias construidas sobre estructuras similares a planchones. Estas dragas empiezan a ser visibles luego de avanzar durante más de veinte minutos, tras pasar el corregimiento de San Isidro. Sin embargo, muchas de ellas ya no están en funcionamiento por la acción estatal de las brigadas contra la minería ilegal, que no han logrado erradicar esta actividad del territorio y simplemente han hecho que cese por cortos períodos o se trasladen. Además de la pesca y la agricultura, la minería artesanal era una de las principales actividades económicas por medio de la cual los pobladores solventaban sus necesidades básicas, hasta que llegó la primera maquinaria. Sobre este acontecimiento, la memoria colectiva de los pobladores no tiene una versión unánime de la fecha en la que inició a cambiarse el almocafre, el totumo, la batea, la pala y matracas por motobombas, ‘tapetes’ y las enunciadas dragas que trabajan día y noche extrayendo material de río y expulsando de sus fauces traseras los cascajos de ‘material lavado’; sobre esto es común escuchar que la primera máquina la trajo un argentino, posteriormente llegaron los dragueros brasileros y luego algunos del Bajo Cauca antioqueño. Su objetivo: aprovechar del gran potencial aurífero de esta región, lo cual resultó más óptimo a partir del dragado del fondo del río y del lavado de ese material para la extracción del tan codiciado oro.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Cuando se trata de temas políticos siempre hay distancias grandes entre el discurso y la práctica: los mandatarios más corruptos en el continente se han hecho elegir con discursos de lucha contra la corrupción. Las guerras en nombre de religiones o modelos de gobierno como la democracia generalmente cubren intenciones de conquistar recursos de diferentes naciones, y ni que decir, de los discursos moralistas de líderes políticos y religiosos que esconden la violencia sistemática en sus hogares. De todo esto hay ejemplos que pululan en el mundo. Con el tiempo se terminan derrumbando las mentiras. Tal vez esto sea lo que sucede en Colombia con el partido Centro Democrático, que es la estructura política del expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Iván Duque. La historia es la siguiente. Durante 2016 el partido del exmandatario promovió el No en el plebiscito por la paz. El argumento era sencillo: para este partido el modelo de Justicia Transicional traía impunidad y por ende los criminales debían ser castigados fuertemente. Sin embargo, una vez ganaron, lo primero que pidieron es sacar o evitar que los expresidentes, entre ellos Álvaro Uribe, pasaran por la JEP o Jurisdicción Especial para Paz. La pregunta era sencilla: ¿si el sistema traía tanta impunidad, no era mejor para el uribismo dejar al expresidente ahí y así garantizar que no le pasará nada judicialmente en sus múltiples investigaciones derivadas de acciones que sucedieron en el marco del conflicto armado?. En 2017, pasó exactamente lo mismo, en medio de las eliminatorias al mundial de futbol, momento en el que el país se paraliza, y durante la reforma constitucional que creaba la JEP, entre el partido Cambio Radical y el Centro Democrático aprobaron una proposición según la cual los políticos y empresarios que fueron determinadores de acciones en el marco del conflicto armado saldrían de la JEP. Es decir, el modelo de justicia transicional no los podría ni investigar, ni requerir en ninguna diligencia. Nuevamente había una duda, pues decían que la JEP traía impunidad y mientras decían eso en público, por debajo de la mesa y en la euforia futbolística, excluían determinadores de la guerra. Una vez el uribismo logró la presidencia, hace algunos días, el primer acto fue emprenderla contra la JEP y la Comisión de la Verdad. Pero la semana pasada destaparon las cartas abiertamente, los representantes a la Cámara del Cetro Democrático presentaron un proyecto de reforma constitucional, que busca adicionarle un artículo a la Constitución colombiana, que dice lo siguiente: “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz, y cualquier otro mecanismo que forme parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplan o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, información sometida a reserva…” Más adelante dicen que el desconocimiento constituirá una falta gravísima para el que solicite o suministre la información, y en la sección de exposición de motivos de la reforma constitucional dice textualmente que en la Comisión “existen matices ideológicos, donde la mayoría de sus miembros son de una tendencia de izquierda”. El uribismo ha destapado sus cartas. Si la JEP y la Comisión de la Verdad traen mucha justicia se privilegia la verdad y sobre todo se garantiza el derecho a la no repetición. Muchos sectores que se beneficiaron de la guerra están muertos de pánico por la posibilidad de que la justicia los requiera. También se debe recordar que la guerra en Colombia dejo tres grandes botines: la tierra; el poder político local y el mapa de la producción regional. Sobre el primer tema, más de seis millones de hectáreas fueron despojadas, en su mayoría a pequeños campesinos, la mayoría de esa tierra terminó en manos de políticos, empresarios e incluso miembros de las altas Cortes de Justicia en Colombia. Los sectores que nos gobiernan ganaron la guerra y ellos saben que si hay paz y justicia tendrán que devolver lo que robaron, por eso quieren destruir el sistema de Justicia Transicional. Mientras esto ocurre, la sociedad civil se organiza. Tal vez logren destruir este sistema jurídico, pero muchas ONGs están recopilando información con la esperanza de que la justicia algún día llegue para todos los actores de la guerra y no solo para una parte. Artículo publicado inicialmente por El País de España

Foto: Marisol Córdoba, Oficina Pacífico – Pares Por: Marisol Córdoba, Oficina Pacífico – Pares La Oficina Local de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que, desde principios del mes de agosto, los combates que tienen lugar en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá han causado el confinamiento de 751 familias de 14 comunidades indígenas en el Chocó. Desde enero de este año, las constantes amenazas y riesgos de confrontaciones armadas entre el ELN y y el Clan del Golfo, o AGC, llevaron a la Defensoría del Pueblo a declarar alerta temprana en los municipios de Medio Atrato y Bojayá, en Chocó, y Vigía del Fuerte, en Antioquia. La Defensoría argumentó que esta decisión estaba basada en «la persistencia de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario» que se presenta en los territorios. Además, según información del Sistema de Alertas Tempranas, en un comunicado emitido el pasado viernes 17 de agosto, cerca de 3.700 indígenas han sido forzados a estar confinados por los enfrentamientos entre narcotraficantes del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el noroeste de Colombia. Sumado a esta situación, las comunidades de los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, y Bojayá, en Chocó, se encuentran en riesgo inminente de destierro. Un caso concreto es el de la comunidad de Pogue en Bojayá, en la cual grupos armados ilegales asesinaron al joven Juan David Hurtado ante la mirada impotente de su familia y habitantes. Después de este hecho, las amenazas de desplazamiento contra del resto de la población se intensificaron. En estos municipios, la comunicación y la movilización son controlados por el ELN y las AGC. Los últimos acontecimientos violentos que han tenido lugar en estos territorios, intimida a las familias, lo que las lleva a no denunciar estos hechos. Por lo tanto, han optado por prepararse para su desplazamiento a comunidades cercanas donde puedan resguardar sus vidas. Habitantes de la comunidad, que por su seguridad piden no ser reveladas, afirman que se encuentran confinados en sus casas sin poder salir por temor a ser retenidos a la fuerza. Esta situación ha causado el desabastecimiento de alimentos, pues los habitantes no pueden ir a sus fincas y parcelas a recoger los cultivos. Pues, aseguran, sus tierras se encuentran contaminadas de minas antipersonales, lo que representa un factor más de riesgo que se suma a la zozobra de estas comunidades.

Groelfi Rodríguez (Ramiro Cortés) – Delegado del CNR-FARC al Concejo Permanente de Dirección del PNIS. Sobre el artículo “Naufraga la sustitución de cultivos de uso ilícito”, publicado el 16 de agosto de 2018 en la página web de PARES, y en aras de contribuir a la discusión constructiva a favor de los acuerdos y su implementación, me permito señalar unas precisiones: Dista de la realidad la afirmación que el actual Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fuera política de anterior gobierno. En los considerandos del punto 4 del Acuerdo se lee que lo allí expuesto es el resultado del Acuerdo de las dos partes: “Sobre la base de lo anterior el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran: […] Que como consecuencia de todo lo anterior es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”. Insisto: si bien es cierto que en dicho punto dice “el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”, no fue un logro o un planteamiento de gobierno Santos durante la Mesa de Conversaciones, las FARC-EP presentamos alrededor de 50 propuestas en ese sentido. Estas se basaron en el reconocimiento de la lucha histórica de los cultivadores. Las organizaciones sociales y los cultivadores de base tuvieron voz y fueron tenidos en cuenta en la definición de los componentes del Punto 4 a través de los foros realizados a instancias de la ONU y la Universidad Nacional. Para entender la situación actual, la intervención del PNIS y los riesgos, se debe reconocer lo que sucedía en el territorio nacional y no solo durante los años de las conversaciones sino históricamente. Hablar de una nueva política del Presidente Duque cuyos primeros anuncios han sido “eliminar la sustitución voluntaria de cultivos, a pesar de que la violencia aumente, anuncia que el actual Gobierno se va alinear con el de Trump, muy a pesar de la ineficacia que ha demostrado la política de mano dura para reducir los cultivos de uso ilícito” durante los últimos 30 años. Debe analizarse desde las marchas cocaleras de 1996 contra la erradicación forzada y con planteamientos de sustitución por parte de los campesinos y el paro agrario del 2013 cuyos compromisos el gobierno aún no ha cumplido. Por otra parte, en el texto dice “El PNIS fue presentado en febrero de 2017 con un planteamiento de fondo: asume que el problema de cultivos de coca no es exclusivamente un asunto de seguridad, sino que integra factores complejos de tipo económico, social y otros elementos que tienen que ver con la precaria presencia institucional, los bajos niveles de titulación de la tierra y demás elementos relativos a su acceso y uso. Todo esto, sin olvidar el accionar de los grupos nacionales y transnacionales dedicados a la comercialización de narcóticos”. Pero debemos agregar: el punto cuarto prevé al abordar el asunto desde tres aspectos de los cuales dos aún no se han empezado a implementar además de la articulación con el punto 1 Reforma Rural Integral: PRODUCCION (Cultivos Coca, Marihuana y Amapola) 4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, CONSUMO 4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y COMERCIALIZACION (Narcotráfico) 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Hay que tener en cuenta que las bases centrales del PNIS fueron presentadas en mayo de 2014 cuando las partes aprobaron el llamado borrador del Punto 4. Así, las fallas del PNIS no se limitan a las que enumeran sino a la falta de inversión en los proyectos productivos y en la transformación estructural de los territorios afectados. A agosto de 2018 ningún campesino ha recibido los recursos correspondientes al PAI (aparte del $1 millón mensual de subsistencia). Aunque la afirmación que hacen: “Sólo 6.623 del total de familias vinculadas al Programa cuentan con el apoyo a programas de auto sostenimiento y seguridad alimentaria (que corresponde al pago de $1.800.000 por núcleo familiar para un proyecto productivo de corto plazo)” corresponde a un comentario de Eduardo Díaz en una entrevista en julio, no lo conocemos en territorio, a no ser que este redondeando el número de familias que están en proceso de instalación de la asistencia técnica el cual es un proceso engorroso de selección de aperadores. Como señalé en una entrevista en julio de 2018: “La implementación ha sido demorada, obstaculizada, y eso es lo que genera las dificultades. O sea, el programa de sustitución no ha fallado porque aún no se implementa. A lo que nosotros aspiramos es generar un ambiente propicio para que se avance y la implementación del programa sea integral, es decir, que los componentes vayan llegando uno tras de otro, como está establecido en la hoja de ruta”. Para el momento en el que estamos, lo más importante es cumplir con el desarrollo territorial y el mejoramiento de condiciones para la gente. “La materialización tiene otros componentes como por ejemplo los planes integrales de sustitución con desarrollo alternativo, -PISDA- que tienen que ver con saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con esas regiones sometidas a cultivar coca. Eso significa obras de infraestructura rápida, llámese carreteras, puentes, puestos de salud, en eso estamos lentos. La gente ya recibió uno, dos pagos, pero no ha llegado la asistencia técnica y sin eso es difícil pensar en proyectos productivos viables y rentables para el campesino. Porque no se trata de contar hectáreas de coca, eso no tiene sentido, eso lo hemos hecho durante 30 años y no ha funcionado. Lo que nosotros decimos es, contemos cuántas familias lograron hacer sustitución y cuántas pudieron hacer su vida en lo económico, social y político, eso es lo que cuenta, pero nada que arranca. Esperamos que eso se agilice porque no tiene sentido hacer una sustitución a medias con un programa de atención inmediata”. Esa afirmación que hice en una entrevista en enero de 2018, lamentablemente sigue siendo válida en agosto de 2018. Y eso preocupa. Adicionalmente, señalan que el porcentaje de resiembra es del 20% (con base en una entrevista del General Mendoza a Caracol), los datos de UNODC (SIMCI 2017) señalan que la resiembra fue del 28% de erradicación manual en 2016, pero “la erradicación forzada, que es una política errada desde los años 80, nos arroja un margen de resiembra de más del 70 % por la resistencia de las personas a las que les erradican forzada y violentamente” (entrevista en julio 2018). Más allá del porcentaje, el error acá es caer en las cifras de hectáreas cuando de lo que se trata es de las personas. La dificultad de la erradicación es que es forzosa, en ocasiones violenta, deja a la gente sin sustento de un día para otro, y eso ha hecho que se generen enfrentamientos porque la gente defiende su fuente de ingresos. Es por eso que frente a la respuesta de tantas familias expresando su interés y compromisos para sustituir voluntariamente, y así hacer parte de la transformación de sus territorios, lo que se requiere es continuidad y cumplimento de los compromisos por parte del Estado, que hasta el momento es precario y con las políticas que empieza a promover Duque tiende a ser peor. Como señalé en una entrevista en julio de 2018: “[El] Programa de sustitución de cultivos no ha fracasado”. Y aún no naufraga.