Por: Sergio Saavedra, pasante de comunicaciones – Pares “Todos nacimos con un rostro y a todos nos dieron un nombre y un apellido”, esa frase es la bandera de lucha de Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, desaparecido en enero de 2007 y encontrado muerto 8 meses después en Ocaña, Norte de Santander. Fair fue presentado como guerrillero dado de baja en combate, a pesar de nunca haber pertenecido a un grupo armado. Fue víctima de una ejecución extrajudicial. Según la Real Academia de la Lengua Española, falso significa contrario a la ‘verdad’ y ‘fingido’.  Por su parte, positivo indica una definición de ‘veracidad’ y ‘no ofrece duda’. En Colombia, esa conjunción del lenguaje fue la que la prensa escogió para hablar del asesinato de más 10.000 jóvenes que fueron disfrazados de guerrilleros y posteriormente asesinados. Pares habló con Luz Marina Bernal sobre la lucha que ha emprendido por esclarecer el asesinato de los jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo fue la relación con el gobierno Santos en su lucha por encontrar la verdad de las ejecuciones extrajudiciales? Regular. Entrando al Gobierno, el expresidente crea la Ley de Víctimas para tapar el estigma y señalamiento que traía de haber sido el Ministro de Defensa responsable de los ‘falsos positivos’. Desvía la atención a la Ley de Víctimas, la cual iba a cobijar la restitución de tierras.  Pero, con el tiempo, vemos que es una Ley incumplida y revictimizante para la mayoría de víctimas a lo largo y ancho del país. Más adelante, en su mandato, amplía el fuero penal militar. Para nuestro criterio, eso generó un beneficio a los militares. Nosotras, como víctimas de las ejecuciones extrajudiciales tumbamos dos años la ley, hasta que en el 2015 perdemos. Cuando lo postulan para el Nobel de Paz, estando yo también nominada, sentía que la vida me estaba jugando una mala pasada. Estar parada al lado de Juan Manuel Santos, quien debió haberse negado a recibirlo por haber sido Ministro de Defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, gobierno responsable de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué considera que mejoraría las garantías de seguridad de los defensores de Derechos Humanos? Esperamos mover los aportes internacionales de nuevo, porque Juan Manuel Santos jugó un papel fundamental en cerrar las ayudas internacionales diciendo en el 2012 que en Colombia ya no había violaciones a los Derechos Humanos. Como lo he dicho en todos los países a los que he ido: es una gran mentira, sencillamente porque estas organizaciones se mojan, se asolean, se embarran para ir a los territorios donde están siendo afectadas las víctimas y se ha acrecentado la violación a los Derechos Humanos en todos los territorios. ¿Cuál fue su papel durante el proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC? Fundamentalmente, fue ser elegida para ir a la primera delegación a La Habana a llevar las propuestas que se recogieron dentro de las cinco mesas regionales en Colombia. Sabíamos que esos diálogos iban a traer una represión mucho más fuerte, sobre todo a aquellos líderes y lideresas que se estaban conformando para recuperar sus territorios, para que los indígenas volvieran a sus raíces de origen, para que la comunidad afro retomase sus territorios, sus sitios palenqueros. Eso era una preocupación muy grande. Se dejó un precedente de advertencia de lo que viene ocurriendo por el incumplimiento del anterior Gobierno. Nosotros los colombianos habíamos aportado una cuota demasiado alta a lo largo de más de cincuenta años de guerra… ¿Cuál era la cuota que tenían que pagar para un proceso de paz en Colombia? ¿Qué opinión tiene respecto a la Comisión de la Verdad? Estoy preocupada porque cuando pedimos la veeduría internacional se negaron, aun habiendo jugado un papel fundamental dentro de la mesa de los Acuerdos en Cuba. Esa negación no brinda garantía para evitar la violación a los Derechos Humanos que suceden en Colombia. El exterminio ha afectado la confianza de las víctimas a la implementación. ¿Qué cree que le espera a la JEP? Como se había estructurado, inicialmente, todos los actores tendrían que comparecer: guerrilla, Ejército, grandes empresas (transnacionales) y demás. Es decir, implicados y aportantes a esta guerra absurda. Al ser reestructurada dos veces, nos hace perder totalmente la confianza que teníamos. También se había dicho de cinco grandes temas que no eran competencia de la JEP. Los falsos positivos ya habían sido declarados Crímenes de Lesa Humanidad, teniendo como primer caso condenado el de mi hijo Fair Leonardo, adoptando los otros casos bajo esa decisión. Todo Crimen de Lesa Humanidad no puede entrar a la JEP: violación sexual, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de niños. Por otro lado, ¿quién va a olvidar lo que hemos tenido que vivir? ¡Nadie! El perdón y la reconciliación es meramente personal, nadie nos lo tiene que imponer. El perdón no puede ser impuesto por un juez, es frío, mecánico y calculador, lo que sería revictimizante. ¿Cómo volver a confiar en el sistema de aplicación de justicia? Para ello, las ejecuciones extrajudiciales no deben ser competencia de la JEP. No queremos que suceda lo pasó con el modelo de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe, en el cual no se supo las causas de los hechos. La verdad se debe saber, ¿quién ordeno? Ahí están los nombres de fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores y ministros en las violaciones de los Derechos Humanos. Además, el modelo de justicia debe responsabilizar al perpetrador directo e indirecto, pues en el indirecto está la responsabilidad del que fragua, construye y ordena. El otro incluso está entre conservar su vida o cumplir ordenes. Eso permitirá que los bajos mandos nombraran a sus medios mandos, sus medios mandos a los altos mandos, éstos nombrar a su ministro y el ministro nombrar al presidente de la República. Aquí el responsable es el presidente, porque él es el máximo responsable de toda la parte castrense. Sin embargo, a mí me gustaría soñar con una verdad contada. Yo invito a los militares a que cuenten ese daño a hijos, esposas, madres, hermanos. Que les pidan disculpas, también, a sus familias, porque ellos también fueron víctimas, pues cumplieron unas órdenes que venían de más arriba. No como los hijos nuestros porque ellos fueron asesinados, pero en alguna medida son víctimas de este complejo conflicto. ¿Qué vendrá para Luz Marina? A pesar de las dilaciones del proceso, a pesar que me amedranten, mantener la decisión del delito de mi hijo como de Lesa Humanidad. Mi lucha es por la continuidad de un país. La promesa que yo le hice a mi hijo el día que supuestamente lo encontré, porque lastimosamente tengo que decir que tengo unos restos que no son de mi hijo; él aún sigue desaparecido: Yo cogí su rostro y le dije que le prometía que lo que resta de vida es para aquellas familias que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. ¿Qué armas empuñará para trabajar por Colombia? No cabrá la idea de que yo deje de trabajar por las víctimas del delito de las ejecuciones extrajudiciales, por medio del teatro como denuncia, poesía, música, pintura, grafiti, bordado, tejido, documentales, películas, tesis universitarias. Hasta el día que Dios me permita levantarme a luchar por un mejor país

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Lo sé, la historia se ha repetido muchas veces, pero vale la pena mencionarlo de nuevo, nunca sobra: en campaña dicen una cosa y en el gobierno otra. Tal vez la Consulta Anticorrupción sea el mejor ejemplo. Vean el siguiente video: Luego vean este otro video: Sí, así como le ven y escuchan, el Centro Democrático durante la campaña aprobó y promocionó la Consulta Anticorrupción, solo pidieron que esa votación no se hiciera antes del calendario electoral ordinario. Se pidió que fuera luego de la segunda vuelta presidencial. El argumento del Uribismo, en ese momento, era que esa consulta podría ser utilizada políticamente para promover otros candidatos presidenciales como Fajardo o Petro. Una buena cantidad de analistas, entre esos yo, dijimos que era una estrategia del uribismo para evitar la consulta, sin embargo, los promotores de la misma confiaron en la palabra del Centro Democrático. Así como lo leen, confiaron en su palabra. Una vez ganaron, el mismo día de la posesión, se fueron lanza en ristre contra la consulta. Al final esto no sorprendió a nadie, se sabía que el uribismo haría eso. Lo que sí es muy cuestionable es la estrategia negra que han utilizado por WhatsApp, Twitter y Facebook muchos militantes del CD, literalmente solo expanden mentiras, que rápidamente son esparcidas por todas las redes sociales. Entre otras cosas dicen que Claudia López y, en particular el Partido Verde, se volverán millonarios por el tema de reposición de votos. Eso es una gran mentira, las consultas populares no tienen reposición de votos. La otra mentira es que la consulta tendría un impacto en el salario mínimo. Nuevamente falso, ningún impacto, solo aplica a los altos funcionarios. Luego han dicho que esa consulta es una catapulta para Claudia López en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. Algo nuevamente falso, de hecho, la consulta no impulsa o hace famosa a Claudia López, es al contrario,  la consulta se beneficia de Claudia López y de su fama. Pero además, estamos a más de un año de las elecciones locales, que serán en octubre de 2019, es imposible decir que esa consulta es un trampolín para una determinada persona. En el fondo, lo que busca el Uribismo es no afectar las relaciones con la clase política tradicional. Como ya se sabe, la estrategia del CD, es desangrar al Partido de la U y a Cambio Radical, quitándoles las élites regionales y locales, y utilizarlas para ganar alcaldías y gobernaciones el próximo año. Por ello no van a entrar a quitarles sus privilegios. Por otro lado, como lo expresó el senador Macías, presidente del Congreso, sencillamente el modelo de sociedad en la que cree el Centro Democrático no es el que promueve la Consulta,  para ellos los senadores ganan lo normal y no se les debería bajar el sueldo. Y dicen abiertamente que de pasar la Consulta no tendrá ningún efecto. Lo llamativo es que el CD mostró claramente sus postulados políticos, muy rápido, creía que iba a mantener una apariencia por más tiempo, pues a este tema de la consulta se le suma la reforma económica que anunciaron. Aunque para muchos ingenuos que pensaban que no sería así, aplicaría la frase de que “pelaron el cobre”.

Por: Mateo Quintero, pasante de comunicaciones – Pares El Chocó es el departamento con la tasa más alta de necesidades básicas insatisfechas en todo el país. Tiene problemas históricos que nunca se han resuelto: el desempleo, la falta de infraestructura y la violencia. Rio Quito fue creado como municipio mediante la ordenanza N° 004 del 25 de abril de 1999, proferida por la Asamblea departamental de ese entonces. Dicha norma lo dispuso contando con una extensión territorial de 70 Km2, ubicado en el centro del departamento del Chocó en la denominada subregión del Atrato a 30km de la capital del departamento por vía fluvial. El municipio tiene una extensión de 69.914 hectáreas, de las cuales 60.966 corresponden a las comunidades negras, con el 95% de los habitantes, y 9.034 a los resguardos indígenas. La población total es de 7.559 personas. Río Quito es el municipio es el más pobre todo el país. Según datos del DANE, el 98 % de la población se encuentra en condición de necesidades básicas insatisfechas, tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales. Al ser una zona de paso, el municipio ha sufrido afectaciones de violencia desde el año 1995; se ha visto afectado por el EPL, las AUC, el ELN y las Bacrim. Sus principales fuentes de ocupación son la minería, la agricultura, la pesca y explotación maderera. En el municipio se cultivan distintos productos agrícolas de pancoger que son comercializados en la plaza de mercado de Quibdó. Debido a la cantidad de metales extraídos de la cuenca del río Quito, la explotación minera es considerada como la actividad económica más importante para el municipio, debido a que también genera otra serie de empleos no formales y de manera indirecta beneficia el sector del comercio. Sin embargo, pese a que la explotación minera es provechosa, según la Defensoría del Pueblo, esta actividad ha generado un cambio negativo en el orden socioeconómico del municipio, pueseste tipo de dinámicas ha traído descomposición social. Los entables mineros y el flujo de foráneos han aumentado la prostitución y el alcoholismo; y, a su vez, han generado riñas, disputas, trabajo infantil y desescolarización. Además de esto, la llegada de embarcaciones mineras provenientes de Brasil ha contaminado el río Quito con descargas de mercurio y Acpm. Las comunidades de esta región no solo dependen de la afluenza del río para su movilidad, sino también para el abastecimiento de alimentos y de agua para el consumo. La actividad minera, además de ocasionar daños irreversibles a la biodiversidad del territorio, ha generado una problemática de sanidad en la zona. Sumado a estas problemáticas, también se encuentra la poca cobertura en materia educativa que existe en la zona. A partir del diagnóstico proveído por el Plan de Desarrollo del municipio, se puede establecer que existen algunas causas que explican la situación actual del sistema educativo: la insuficiente infraestructura física y dotación educativa, los limitados cupos en las instituciones educativas del municipio, las dificultades en cuanto a movilidad de los jóvenes de la zona rural a los centros poblados y el inicio temprano de actividades productivas por los niños. Sumado al tema de insuficiencias en la estructura física del municipio, se suma la falta de recursos para escenarios culturales y artísticos en el territorio. Además de esto, no existen establecimientos de salud para la población. Según las autoridades locales, la falta de recursos imposibilita la construcción, el mantenimiento y dotación de la infraestructura. En este sentido, los principales problemas que afectan a la población de Río Quito son: Crecimiento y auge de la minería ilegal Violencia repartida entre grupos guerrilleros y paramilitares Afectación ambiental en ríos y flora Baja cobertura en educación secundaria y media Pocos espacios para el desarrollo de la cultura Gestión nula de proyectos deportivos Pocos establecimientos de salud Las iniciativas juveniles en Río Quito   Sin embargo, pese a todas las problemáticas con las que tiene que cargar Río Quito, hay una luz de esperanza en el municipio. Según cifras del DANE, éste ha sido catalogado como un municipio embrionario, pues el 27,63% de su población oscila entre los 0 y 29 años, lo que hace que los jóvenes constituyan una parte fundamental del territorio. Esto ha sido determinante en el municipio, pues ha ayudado a que exista un gran número de iniciativas juveniles. El Programa de Oportunidades Rurales, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, ayudó a fomentar las iniciativas juveniles en el municipio. Pues ésta otorgaba ayudas con el fin de promover la organización y la asociatividad en la región, lo que permitió que se creara un fuerte tejido de organizaciones juveniles. En Rio Quito, la mayoría de las organizaciones juveniles se enfocan en temas productivos, incluyendo además temas sociales, de Derechos Humanos, ambientales, trabajo con niños y niñas, así como con la tercera edad. Dentro de las organizaciones juveniles que se pueden destacar, se encuentran la Asociación de Jóvenes Luceros Azules, el Grupo Juvenil Cultural Canalete de Oro, Asociación de Jóvenes Visionarios. Todas ellas trabajan temas sociales, han promovido espacios de participación, y han realizado encuentros municipales de juventud, logrando concentrar a gran parte de los jóvenes del municipio.  Grupo de Danza Canalete de Oro de Villa Conto Esta iniciativa se lleva a cabo en Villa Conto y de ella se benefician 200 jóvenes mayores de 12 años. Surgió como un proyecto social que tiene como objetivo formar y fortalecer a jóvenes en ámbitos referentes a la recreación y al rescate de valores culturales, vinculando a la juventud del municipio. También busca fortalecer procesos étnico-culturales, enseñando saberes ancestrales como estrategia de transformación de realidades mediante el rescate cultural, el aprovechamiento del tiempo libre y la sana convivencia. La iniciativa ha ayudado a los jóvenes a alejarse de prácticas ilegales, grupos al margen de la ley y consumo de sustancias psicoactivas. Asociación de Jóvenes Luceros Azules del municipio de Río Quito (AJOLAR) – Liderazgo e inclusión juvenil en procesos comunitarios. La Asociación Jóvenes Luceros Azules, mediante un proyecto social, tiene como objetivo hacer incidencia para la generación de espacios de formación que permitan crear y proyectar iniciativas que tengan impacto social en los jóvenes. La asociación pretende generar y mantener espacios de formación y de proyectos juveniles efectivos para fomentar oportunidades reales a los jóvenes a través del trabajo con otros actores. Asimismo, el proyecto busca formar a los jóvenes del municipio en la formulación, presentación y ejecución de proyectos que incluyan enfoques diferenciales (género, étnicos, territoriales, etarios) para sus comunidades. La Asociación, a través de sus proyectos, ha potenciado las habilidades comunicativas de los niños y niñas; adicionalmente, han realizado actividades con niños, jornadas ambientales, campeonatos deportivos y charlas de salud sexual y reproductiva. En el año 2015, presentaron una propuesta a la Alcaldía municipal sobre caracterización de la población en condición de discapacidad del Río Pato, que tenía como objetivo identificar las personas que tenían discapacidad y qué tipo de discapacidad. En cuanto a trabajo en el ámbito comunitario, implementó Cine al Parque en Villa Conto. La organización apoya actividades e iniciativas sociales de organizaciones de base en el territorio como las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Comunitarios y la Alcaldía Municipal, mediante la realización de actividades lúdico-recreativas de ambientación y acompañamiento a los jóvenes de Río Pató, Villa Conto y Boca de Paimadó. La organización también ha participado en la creación de semilleros de trabajo juveniles, a partir de la formación que Luceros Azules logró realizar a otros jóvenes del municipio. La importancia de las iniciativas juveniles en Río Quito radica en que genera espacios de apropiación de toma de decisiones y fomenta, a su vez, la participación política y social de los y las jóvenes de la región, además de que les permite poder pensar en alternativas, no solo de ocio, sino económicas para enfrentar la difícil situación del municipio. Por otro lado, su importancia también radica en que sirve para, como dicen los habitantes de la región, “darles otro pensamiento a los muchachos”, a entender que no están condenados a vivir de la minería, ni a vivir con la minería.

Por: León Valencia, director – Pares Este domingo 26 de agosto libraremos una batalla más contra la corrupción. Dura batalla para llegar a doce millones de votantes en la consulta y para alcanzar mayorías por el sí. Es una de tantas batallas democráticas. Esta lucha es larga, sin final quizás, porque la política es un campo a la vez envenenado y virtuoso, un lugar donde se producen con sinigual regularidad lo noble y lo ruin. Fue Antanas Mockus quien le dio un matiz ético y cultural a la política hablando de desterrar la trampa y el atajo de nuestras costumbres, señalando que los recursos son sagrados, buscando en el alma ciudadana la vergüenza, promoviendo sin cesar el control social. No es menor este aporte en la construcción de un nuevo país. Continuar a Mockus es un reto. Pero está visto que no basta, que otras batallas son políticas y judiciales y estas suelen ser duras, sinuosas, bárbaras si se quiere.  Algunos pensamos que había sido pura ingenuidad la de Claudia López y el Partido Verde llegar a un acuerdo con el Centro Democrático para aplazar la consulta ciudadana para una fecha después de las elecciones presidenciales. Alguna trampa le harán en el camino, decíamos. Pero quizás no lo fue. Con esa actitud garantizaban que el llamado a las urnas fuera realidad. Ya habían acudido en ocho o nueve oportunidades a un trámite de una ley en el Congreso y habían fracasado, tenían que intentar el recurso de la convocatoria ciudadana. Lo lograron. Este domingo los ciudadanos tendrán la oportunidad de decirle sí a la protección de los recursos del Estado, sí al castigo a los corruptos, sí a perfeccionar los mecanismos de transparencia, sí al endurecimiento de penas para los malversadores y tramposos. Pero el engaño también se dio. Uribe, el Centro Democrático y sus aliados, han terminado, como era de esperarse, en un doble discurso. El presidente Duque apoya públicamente la consulta, pero presentó proyectos de ley contra la corrupción para ser tramitados en el Congreso, con esto habilitó a los parlamentarios de su partido para que digan que la jornada del 26 es innecesaria y costosa, que lo mejor es darle curso a una decisión exclusiva en el ámbito parlamentario. Algunos, entre ellos el expresidente Uribe, ya abjuraron abiertamente de la consulta. Cualesquiera sea el resultado del domingo será una señal para la clase política. Colombia está despertando. Viene otra batalla: vigilar si se convierte en verdad, o es una mentira más, la promesa de Duque de gobernar sin mermelada, de cambiar las relaciones con el Congreso y con los partidos. Vamos a ver. La prueba es inmediata, tanto en el trámite de su paquete legislativo como en las relaciones con los políticos de cara a las elecciones locales de 2019. Las presiones de su propio partido y de sus aliados más cercanos se multiplicarán. No se quedarán quietos y apelarán a todas las artimañas para obtener recursos para apalancar a candidatos a gobernaciones y alcaldías. Será muy apasionante ver este pulso. Y las dos batallas judiciales y de opinión de los próximos meses serán:  primero, el caso Odebrecht y grupo AVAL con sus múltiples ramificaciones políticas y empresariales; y segundo, la trama de corrupción que va de Saludcoop a Medimas pasando por Cafesalud. La prensa y la sociedad civil tienen aquí un gran papel, de estas instancias depende en gran medida que estos casos no languidezcan. La investigación sobre Odebrecht no empezó bien y difícilmente irá al fondo del asunto. No fue aquí donde se originó la investigación, fue a partir de los hallazgos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2016 que en América Latina se iniciaron las pesquisas. Pero en otros países ya se han ido presidentes al suelo, en cambio, en Colombia el Consejo Nacional Electoral se apresuró a archivar las primeras indagaciones sobre las campañas presidenciales. Lo demás está en veremos y no tiene buenos signos. Sólo han llegado a la cárcel personajes de segunda línea, tampoco se han involucrado de verdad a otros grupos empresariales distintos a la empresa brasilera que participaron en la trama de sobornos y, para colmo, Odebrecht ha pasado a la ofensiva interponiendo en España una demanda contra nuestro país. La tendencia en los círculos gubernamentales -los de antes y quizás los de ahora- y también en los judiciales, es a echarle tierra a la enorme olla podrida del desfalco en la salud. Hacerse pasito. Ir poco a poco paliando la crisis por el temor a que meter el bisturí al fondo significaría destapar un cáncer que ya ha hecho metástasis en todo el organismo. No podemos permitir que se siga contando a medias lo que allí ocurre. Ahí está otra batalla.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares ¿Qué tan posible es que la antigua guerrilla se rearme? Desde hace dos semanas no aparecen cuatro exmandos importantes de las FARC: Iván Márquez, El Paisa, Romaña y el Zarco. Por otro lado, muchos exguerrilleros que le apuestan a la reincorporación piensan que los están matando y nadie los protege. Seis ataques coordinados en el norte del departamento del Cauca; incremento de las extorsiones en Guaviare, sur del departamento del Meta y algunas veredas del Caquetá; secuestro de militares y policías en Arauca y Chocó y una masacre en El Tarra, todo esto en cuestión de días. En casi todos estos hechos, a excepción de lo ocurrido en Chocó, hay excombatientes de la exguerrilla de la FARC, ya sea como víctimas o como victimarios. La cereza que le faltaba al ponqué, es que desde hace dos semanas no aparecen cuatro exmandos importantes de las FARC: Iván Márquez, El Paisa, Romaña y el Zarco. Para el caso de Márquez y el Paisa, horas antes de la posesión del nuevo Congreso, en la zona de Miravalle, hubo un operativo militar, algunos campesinos avisaron al Paisa que había tropa de combate en la zona, los dos mandos del partido FARC salieron de sus casas sobre las 11 de la noche y a las 2 de la mañana llegaron los militares. Las Fuerzas Militares niegan el operativo, pero versiones en terreno lo confirman. Por su lado, el Zarco dejo sus escoltas y no apareció más, y de Romaña lo único que se sabe es que ya no está en la Julia en el Meta y hay rumores que lo han visto por Arauca. Hay versiones de todo tipo, se dice que están escondidos esperando entablar un diálogo con el nuevo gobierno para que les den tranquilidad jurídica y también para mirar como se desenvuelve la situación de Santrich, se habla de que algunos estarían en Venezuela y otros hablan de que ya estarían en la disidencia. Lo cierto es que es una situación bastante complicada. La Fundación Paz y Reconciliación durante los primeros siete meses del año realizó un diagnostico profundo sobre los grupos de desertores y disidentes de las FARC y la realidad territorial de los mismos. Los resultados son los siguientes: El diagnostico La primera conclusión es de tipo geográfico. La entonces guerrilla de las Farc operó en 242 municipios de los 1122 que tiene el país. Actualmente los grupos de desertores de las Farc operan en 57 municipios. Tal como se ve en el siguiente mapa. La segunda conclusión es que, en sentido estricto, se puede decir que la única disidencia de las FARC es la que se formó en el sur oriente, al mando de Gentil Duarte, los demás son grupos de desertores. Una disidencia, se refiere a que no se compartió políticamente la decisión de paz de la dirección y, por ende, un grupo de personas se apartan. La disidencia de Gentil Duarte se creó antes de la firma de los acuerdos, al mando de Iván Mordisco, luego se fue uniendo una serie de mandos medios de la entonces guerrilla de las FARC. Además, se han dado estatutos, reglamentos internos y hasta un himno. Por ello se le considera disidencias, los demás son grupos de desertores de las FARC, es decir, personas que reincidieron debido al acaparamiento de economías ilegales, pero están lejos de ser una disidencia política. En tercer lugar, el total de los grupos de disidentes y desertores lo conforman cerca de 1600 personas, de los cuales alrededor de 1080 fueron miembros de la entonces guerrilla de las FARC y los demás son nuevos reclutas. Por ejemplo en la costa pacífica nariñense los grupos de desertores han reclutado nueva gente. En Ituango, el grupo de desertores ha vinculado delincuencia común a su estructura y la ha hecho crecer vertiginosamente para el cobro de extorsiones. A continuación se muestra el mapa de los grupos de desertores y disidencias de las FARC. La cuarta conclusión no se puede hacer de forma tajante, ya que puede variar en el tiempo. Se trata sobre la alianza y cohesión de estos grupos de disidencias y desertores. Es claro que los grupos del sur del Meta, el Guaviare, Vaupés y un par de Caquetá, están unidos y forman la disidencia al mando de Gentil Duarte. Ha sido un proceso relativamente organizado que, en principio, al mando de alias “Iván Mordisco”, perteneciente al Frente 1, único frente en declarase en disidencia seis meses antes de la firma definitiva del Acuerdo, no lograba consolidarse políticamente sino más bien como un grupo armado cuyos intereses eran predatorios y meramente económicos. Sin embargo, la entrada del comandante del Frente Séptimo, alias “Gentil Duarte”, desertor del proceso de paz que incluso participó en los diálogos de La Habana, dotó de contenido político, aunque sea de manera discursiva, el accionar de la llamada disidencia. De hecho, después de ser Iván Mordisco el líder de la “disidencia”, hoy se encuentra subordinado a las órdenes de Gentil, razón por la cual la figura del exintegrante de las FARC se vuelve más carismática. Algunas versiones en territorio han asegurado que actualmente la denominada disidencia de las FARC cuenta con alrededor de 700 hombres con armamento de guerra sofisticado únicamente para el departamento del Guaviare, sin embargo, tienen zonas de influencia, especialmente rurales, en los departamentos de Vichada, Vaupés, Guainía, Putumayo, Caquetá y Meta. En varias zonas a través de misiones compuestas por mandos medios sin gran formación política, por lo cual, se conoce de un plan de consolidación política antes que de expansión. Una persona entrevistada afirma que “la disidencia no ha crecido porque no ha querido”, es decir, todo indica que tienen planes de construcción de proyecto político y de expansión militar. Pero la ausencia de mandos ha impedido su crecimiento, por ello el temor de que una posible unión de Romaña o el Paisa causaría un crecimiento de estas estructuras. Las demás disidencias están dispersas. Por ejemplo, las de la Costa pacífica nariñense están agrupadas en dos organizaciones criminales. Por un lado, el Frente Oliver Sinisterra y por otro lado, en el grupo denominado Guerrillas Unida del Pacífico. Durante el proceso de investigación, se logró comprobar que Gentil Duarte ha enviado emisario y mensajes a varias zonas del país para lograr una unificación, sin embargo los resultados son bajos, tal vez en Putumayo se ha dado el avance más significativo, en otras zonas sencillamente el mensaje es recibido y de contesta “vamos hablando”. En Antioquia la estructura de Cabuyo y Diomedes ha logrado aglutinar la otra disidencia y en Cauca de dos grupos de desertores han llegado a acuerdos para operar conjuntamente. Todo parece indicar que la probabilidad de crear unas nuevas FARC es baja hasta el momento. Según lo que se ve en el corto plazo, lo máximo que se lograría es crear una especie de federación de algunas de estas organizaciones, pero difícilmente una estructura jerárquica. Aunque esto puede variar si algunos mandos de la antigua guerrilla de las FARC reincidieran en el futuro. Las causas de la reincidencia Hay dos preguntas que siguen al panorama descrito anteriormente. La primera se refiere a las causas de que los exmiembros de una guerrilla reincidan y la otra es sobre las probabilidades de que la situación se siga complicando. Sobre las causas hay dos grandes explicaciones: por un lado, lo que se podría denominar el fracaso de la política de reincorporación de los ex miembros de las FARC y la otra explicación es la gran oferta criminal que existe en varias regiones del país. Sobre la política de reincorporación se puede decir que muy poco ha salido bien. Esta política tiene cuatro pilares. La reincorporación física, jurídica, socioeconómica y política. La reincorporación física se refiere a la seguridad de los excombatientes, y los datos son dramáticos, más de 60 exguerrilleros y 12 familiares de ellos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Varias de ellos han sido amenazados y hay zonas donde no pueden moverse. Muchos exguerrilleros entrevistados para la investigación tienen la visión de que los están matando y que nadie los protege. Con respecto a la reincorporación jurídica la situación es igualmente compleja. Casi dos años después de la ley de Amnistía, aún más de 300 exguerrilleros siguen en la cárcel y, para ellos, el tema Santrich es un complot. Puede ser que para la sociedad colombiana sea culpable, pero para muchos exguerrilleros todo se trata de una persecución. En materia de reincorporación socioeconómica la situación sí que es dramática. Son cerca de 13.000 exguerrilleros en proceso de reincorporación y hasta el día de hoy solo dos proyectos productivos que vinculan apenas a 300 exguerrilleros han sido probados. En temas individuales, ya sea como escoltas o en el proyecto Humanicemos de desminado, la cifra de beneficiados ni siquiera llega a 1.000. Es decir, más de 10.000 exguerrilleros no saben qué pasará con ellos, no tienen un proyecto productivo y están sin hace nada. Hay excomandantes o ahora dirigentes del partido FARC que no pueden viajar a Bogotá porque no tiene para el trasporte o para un tiquete aéreo. En materia de reincorporación política, es tal vez el pilar que mejor avanza, pero con los recientes anuncios del nuevo gobierno sobre sacar a la FARC de la política, se termina de cerrar el ciclo de una muy mala gestión de la reincorporación. De hecho, el nuevo gobierno cae en un error monumental en decir que garantizará la reincorporación de la base guerrillera, pero de ahí para arriba, es decir, para los mandos medios y altos, la situación no es tan clara. El nuevo gobierno debe entender que los ejércitos los hacen sus comandantes y los soldados rasos, pero la espina dorsal es lo que en los ejércitos regulares se llama oficialidad y suboficialidad y en los ejércitos irregulares se los llama Altos Mandos y Mandos Medios, siempre es así, siempre ha sido así en la historia de las guerras. Lo que comprobó la desmovilización paramilitar es que el gran problema fue la reincidencia de los mandos medios, nunca hubo un programa complementario para ellos, y lo que se espera es que no se sigan cometiendo los mismos errores. El segundo factor de la reincidencia se refiere a la oferta criminal en el territorio, según se logró rastrear por parte de la Fundación Paz y Reconciliación, a ex guerrilleros rasos expertos en explosivos las organizaciones de narcotraficantes y criminales les ofrecen dos millones de pesos mensuales, a mandos medios entre 5 y 8 millones y a mandos importantes hasta 20.000 millones de pesos. De hecho, varios de los asesinatos a exguerrilleros se han dado por la negativa de reincidencia de estas personas. A nivel internacional la reincidencia de 1080 personas está dentro de los estándares normales, es decir, en un proceso de paz siempre reincide entre el 10 y el 15%, para el caso de los paramilitares la reincidencia llegó al 22%. Así que con la FARC se están por debajo del diez por ciento aún, la gran pregunta es si esta cifra seguirá creciendo y si altos mandos como Márquez terminarán rearmandose. Artículo inicialmente publicado en El Espectador

Por: Sebastián Mora – Línea Democracia & Gobernabilidad. Por años la clase política colombiana ha prometido implementar una reforma política que responda a las falencias de la democracia colombiana. Pero todos los intentos por una reforma política integral han sido saboteados o cooptados por intereses politiqueros, y todas las iniciativas que se han implementado se han quedado cortas. Por otro lado, por más de una década la sociedad civil organizada ha venido trabajando arduamente para generar una propuesta integral que sea contundente con las necesidades del país frente a la participación política, las instancias que regulan la política, y la organización electoral. Frente a esta necesidad nació el Grupo de Interés en la Reforma Política (GIREPO), una iniciativa de más de una decena de organizaciones de la sociedad civil que desde su primera aparición hasta la actualidad, son articulados alrededor de una mesa técnica coordinada por la MOE, la cual se encarga de convocar y guiar el desarrollo de las reuniones. En 2008 GIREPO reunió a varias organizaciones de investigación, analistas políticos, líderes de opinión, universidades, constitucionalistas, constituyentes, entre otros actores con el fin de crear un documento de análisis de la reforma política propuesta en ese entonces por el gobierno de Álvaro Uribe. Posteriormente el GIREPO estudió varios proyectos de reforma importante tales como: la reforma a la justicia que el mismo gobierno Uribe presentó en el 2009 y que finalmente fue sancionada en el 2011; la reforma que se convirtió en la Ley de Equilibrio de Poderes; la reforma a la justicia del segundo período de gobierno de Juan Manuel Santos; y en últimas la reforma política producto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Por el GIREPO han pasado más de 60 personas representando distintas organizaciones como Transparencia por Colombia, Viva la Ciudadanía, PARES, Casa de la Mujer, Congreso Visible y CODHES, así como representantes de universidades como la Universidad Javeriana, Universidad Externado o Los Andes; también distintas Embajadas, Agencia de Cooperación y analistas políticos. Su objetivo desde su creación es incidir en los tomadores de decisiones y la opinión pública, alertar ante posibles inconveniencias en las reformas y aumentar la calidad del debate público en torno a los temas político-electorales de Colombia y por lo tanto a todas las propuestas de reforma que se presenten ante el legislativo. La forma en que el grupo logra mayor incidencia es mediante la solicitud al Congreso de audiencias públicas cuando este órgano está discutiendo el articulado de una reforma política o electoral. En estas audiencias los integrantes del GIREPO presentan su diagnóstico y análisis realizado por la mesa de trabajo sobre los proyectos de ley o actos legislativos que se están proponiendo en el Congreso. Vale la pena subrayar que el documento presentado no es una propuesta formal que se intenta pasar por medio de algún mecanismo de participación ciudadana o mediante lobby a través de algún congresista. Otra forma de incidencia son las reuniones con representantes del gobierno nacional para dialogar y presentar documentos de análisis al Congreso, para que se tenga en cuenta en el desarrollo legislativo de la reforma. Balance de la labor realizada y actualidad: El balance frente a la receptividad institucional hacia las recomendaciones del grupo es positivo en estos últimos  10 años, tanto en el legislativo, como con el ejecutivo, especialmente el ministerio del interior. GIREPO ha logrado influir en los debates sobre las propuestas de los tres últimos gobiernos debelando los «micos» y poniendo adelante propuestas modernas. Por tal razón, se espera que con la nueva administración de Iván Duque, al igual que el nuevo Congreso, abran puertas y espacios de diálogo para las nuevas reformas que se vienen. De este modo, el GIREPO ha empezado a reunirse desde hace algunas semanas para empezar la convocatoria de grupos interesados en analizar las nuevas propuestas de reforma política, y en parte electoral, del gobierno Duque y de algunos congresistas y bancadas en el Congreso, junto con las reformas a la justicia. Frente al primer tipo de reformas ya se realizó el primer encuentro del GIREPO que se centró en la pertinencia de la aplicación de listas cerradas,  al igual que la importancia que en estas se piense incluir los conceptos de paridad (Hombre-Mujer) en su conformación y universalidad. Todo lo anterior de la mano con el mejoramiento de los procesos democráticos internos de los partidos. Mediante avancen las reformas en su trámite legislativo el GIREPO continuará su análisis para nuevamente incidir en el desarrollo de un mejor sistema político.

Foto: Manuela Botero Por: Manuela Botero, oficina Pacífico – Pares Corría el mes de febrero del año 2014 cuando el país entero volvió los ojos a una región olvidada: Buenaventura. Las noticias eran aterradoras y un diario titulaba “Realidades Brutales”. Lastimosamente, solo se hablaba de los escenarios atroces asociados a la inseguridad, el contrabando, la droga y la muerte, que por años han construido la reputación del olvidado “Distrito Especial”. Sin embargo, nadie vuelve los ojos a la Buenaventura con otras realidades brutales, como lo es su gente, que lleva en esa misma sangre la melodía y la inspiración, la cadencia y la valiente tradición que traspasa regiones, pero que es olvidada y víctima, que no tiene una vida digna. El puerto de Buenaventura mueve gran parte de la economía de Colombia, es uno de los más importantes del continente americano por su conexión con el mercado asiático, y, hasta el año 2017, recibía cerca de un 52% de la carga que ingresa al país. Pero los dineros entran, salen y sus gentes solo pueden mirar de lejos cómo pasa la bonanza y la riqueza, pero desde su pobreza económica y la práctica de actividades ancestrales, se encuentra abundancia de cultura y gastronomía exquisita basada en los frutos del mar, uno de los factores claves para el sostenimiento de familias numerosas. Este Distrito Especial no solo es cuna de mega proyectos asociados al avance económico y la inequidad social, pues la corrupción azota con mayor fuerza a esta parte olvidada de Colombia. Desde el año 2007, más de cuatro alcaldes han sido investigados por  malversación de fondos. Además, un alcalde fue asesinado y otro exiliado por amenazas de muerte. Por si fuera poco, el actual alcalde, Éliecer Arboleda Torres, estuvo envuelto en escándalos por presuntas irregularidades en el erario destinado para el Hospital Luis Ablanque de la Plata, el único público en el municipio. Por el momento, en Buenaventura la violencia y la desigualdad continuan. Desde el 2015, el desplazamiento forzado ha venido en aumento, reportándose cerca de 74.000 víctimas de este fenómeno. La mayoría, mujeres entre los 20 y 30 años. En este municipio a diario es negado el mínimo vital de agua a sus pobladores. En promedio, solamente 6 horas al día circula el agua con normalidad en los hogares. Los ciudadanos mueren por la poca contingencia en la recolección de basuras y el desarrollo de enfermedades que esto causa. Es evidente que Buenaventura parece estar condenada al olvido. Sin embargo, y según Jairo*, oriundo de Medellín pero considerado persona afro, Buenaventura tiene la capacidad de romper cadenas y “mostrar la cara amable a la problemática”. Para él, el municipio es cuna de lugares asombrosos golpeados por la pobreza, como la Reserva Natural San Cipriano o las playas de la Punta San Pedro, donde Jairo tiene la labor de resguardar la memoria histórica que por años ha construido junto a los ancestros. Es por esto, que Jairo y cientos de porteños decidieron que mencionar Buenaventura también es hablar de los ciudadanos que han luchado por tener un municipio sano y alegre, de personas que crecieron frente a los bellos ojos de este puerto del mar, vendado, atado. Es hablar de la unión de gente que no destruye y mata, por el contrario, que trabaja por una mejor ciudad cada día al son de los tambores y la marimba. Es hablar de la familia Aramburo, de los Cuenú, de los Angulo, que juntos salieron a las calles y en una sola voz replicaron “El pueblo no se rinde, Carajo”.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares José Félix Lafaurie ya se cree el nuevo Contralor de Colombia. Sin ninguna vergüenza, el Centro Democrático le hizo una serie de disposiciones jurídicas a su acomodo, algo así como leyes con nombre propio. No les han importado las evidentes contradicciones con su discurso, no debe olvidarse que su campaña presidencial y al Congreso la montaron con la promesa de combatir lo que ellos llamaban el castrochavismo, el populismo y la concentración de poderes. Sin embargo, están repitiendo las mismas prácticas de los gobiernos que ellos dicen combatir. Además del ejecutivo, tienen el control del Poder Judicial, han entablado una pelea para arrinconar al Poder Judicial, de hecho amenazan con reformarlo, y ahora con abierto descaro y manipulación modifican resoluciones del Congreso de la República para favorecer su candidato a contralor, es decir, nombrar a amigos para que no los fiscalice. Incluso, es tal el descaro, que el congresista Samuel Hoyos dijo que estaban buscando un contralor que no le pusiera pereque el nuevo gobierno, es decir, abiertamente reconocen la manipulación para elegir a su amigo Lafaurie. Pero José Félix Lafaurie no es un aparecido en estos temas políticos, tiene una larga tradición. Siendo presidente de Fedegan tuvo entre sus asesores a José Miguel Narváez, quien hace unas horas fue condenado por ser uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Además, Narváez es acusado de ser uno de los cerebros de la brutal expansión paramilitar que, entre otros datos macabros, dejó más de mil masacres con descuartizamientos de personas. Siempre que se le cuestionaba por ese asesor, Lafaurie decía que Narváez era un simple ideólogo de derecha y que eso no era delito. Además, Lafaurie reemplazó en Fedegan al parapolítico Visbal Martelo, quien fue condenado hace algunos días a nueve años de prisión por vínculos con las AUC. En trabajos de investigación realizados por la Fundación Paz y Reconciliación varios testimonios dicen que el puesto de Narváez en Fedegan se derivaba en que él era el enlace entre las AUC y el gremio de ganaderos. Sin embargo, sobre esto no hay investigaciones ni condenas. Por si fuera poco, Lafaurie desconoce el asesinato de líderes sociales y el despojo de tierras en Colombia. De hecho, ha sugerido que los líderes sociales reclamantes de tierras son criminales camuflados. Pero nada de esto ha importado para el Centro Democrático y la coalición de gobierno. Se rasgaron las vestiduras hablando de meritocracia, de evitar la concentración de poder, y aun así están torciéndole el cuello a la ley y la institucionalidad. La torcida del cuello se hizo, como siempre, a las escondidas y liderada por el señor Macías, actual presidente del Senado de la República. La historia es la siguiente: el texto constitucional decía que el Congreso en pleno elegía al Contralor de una terna presentada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; esto se modificó en 2015, dejando la competencia de elección del controlar al Congreso, pero no había terna de las altas cortes, sino por lista de elegibles hecha a partir de una convocatoria pública. Luego, el 19 de julio de 2018, mediante resolución 007, la mesa directiva del Congreso acordó las reglas de juego para la elección del Contralor, en la sección de causales de inadmisión o exclusión de la convocatoria se decía que tener vínculos dentro del cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto a los miembros el Congreso que participen en la elección por mandato constitucional, era meritorio para excluir al candidato. Además, se decía que la prueba de conocimiento tenía un valor del 70 por ciento y los factores de ponderación de un 30 por ciento. Ya para el 26 de julio, con Macías como presidente del Congreso, se expidió la resolución 009 del 26 de julio de 2018, donde se modificaba la del 19 de julio. Por arte de magia ya no había inhabilidad para el candidato a Contralor por el hecho de tener a su esposa en el Congreso. Es algo así como si la inhabilidad fuera para la congresista, pero no para el candidato. Las cifras de calificación fueron modificadas. Todo armado para elegir a Lafaurie. Por si fuera poco, hoy jueves, están citados todos los partidos a Palacio, aunque el tema es agenda legislativa se cree que el presidente hará el guiño para favorecer a Lafaurie. Colima inicialmente publicada en Semana.com

Por: Redacción Pares En la búsqueda por investigaciones profundas, contundentes y necesarias sobre la corrupción en Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación ha sumado un nuevo apoyo a su equipo de trabajo. Se trata de José Roberto Acosta, economista, abogado, docente universitario y columnista del diario El Espectador, desde donde ha logrado posicionarse como uno de los opinadores más contundentes con algunas de las denuncias más importantes sobre casos de corrupción como Odebretch, Navelena, la venta de Iságen, entre otras. Acosta trabajó más de 20 años en el sector bursátil y financiero. Hace seis se empezó a involucrar en el sector público. Según afirma, ese paso le ha servido para descifrar la interconexión que existe entre la legislación y el sector financiero, que va, muchas veces, en contra de los intereses generales. Durante más de 25 años ha sido docente de pregrado, posgrado y MBA, lo que le confiere un sustento teórico para poder ser hacer análisis profundos y sustentados. Como economista, tiene una visión clara: es muy amigo de la autonomía del banco central y de la ortodoxia fiscal. El equipo de redacción de Pares entrevistó a Acosta, quien cuenta de qué forma se articulará a la Fundación y cuáles son sus expectativas. ¿Qué lo motivó a empezar una colaboración con la Fundación Paz y Reconciliación? Yo creo que hay que unir esfuerzos, desde diferentes puntos de vista, que estén orientados a construir una mejor Colombia. Concibo en Pares gente muy interesada en que el país sea más tolerante, más plural, más diverso, más equitativo y en que se mantengan esos principios básicos. Encuentro, además, buena dirección, rigor académico y muchas fortalezas en las investigaciones que adelantan, lo que va en línea con mi trabajo, pues soy dado a la denuncia con rigor y argumentación sólida. ¿De qué forma se articulará su trabajo con el de la Fundación Paz y Reconciliación? Hemos venido adelantando una colaboración de recursos humanos. Pares cuenta con un equipo de alta categoría de investigación y rigor en la estructuración de proyectos. De mi parte, la experiencia que he venido acumulando en estos últimos años en el seguimiento de casos específicos de lo que he denominado ‘corrupción técnica’. Casos como el de Pacific Rubiales, Odebrecht, Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, Isagen, entre otros, han sido procesos en los que la colaboración de otros grupos ha sido muy útil y creo que, de aquí en adelante, involucrarme con Pares implicaría una sinergia muy satisfactoria para las dos partes. ¿Por qué es necesario unir esfuerzos y sumar agendas en la coyuntura actual del país? La unión hace la fuerza, esa ha sido una máxima histórica. Sobre todo en un gobierno que busca, desafortunadamente, unanimidad para silenciar las voces que contradigan sus políticas. De tal suerte que uno se tiene que alinear con quiénes, de alguna manera, tienen la capacidad y el rigor de contraponerles argumentos para ver lo público de una manera distinta, nutriendo la pluralidad, la diferencia y un intercambio de ideas que debe ser un proceso dialectico constructivo y no una búsqueda de unanimidad castrante, que es lo que muchas veces los gobiernos quieren. Desde Pares decimos: bienvenido José Roberto Acosta

Por: Naryi Vargas, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares En el 2017, el Gobierno Nacional se trazó la meta de reducir los cultivos de uso ilícito por medio de la sustitución voluntaria de 50.000 hectáreas de coca y la erradicación forzosa de 50.000 más. De tal manera que, al finalizar el año, se pudiera disminuir a más de la mitad la cifra de 146.000 hectáreas cultivadas reportadas por la UNODC en el 2016. Si bien por la vía forzada se cumplió la meta, con el objetivo general de reducir los cultivos no pasó lo mismo: la medición del SIMCI para 2017 reporta que las hectáreas de coca se aproximan a 179.000, un incremento del 18% con respecto a 2016. El narcotráfico es, de nuevo, el tema central de la relación entre Colombia y EEUU. En la primera semana del gobierno de Iván Duque se anunció que se volverá a la mano dura y se eliminará la sustitución voluntaria. Todo lo contrario a lo propuesto por el gobierno del expresidente Santos, quien no solo habló de rediseñar la fallida política criminal contra las drogas, sino también de la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana y cocaína como parte de un consenso mundial. La estrategia del gobierno anterior se basó en reconocer las diferencias en cada eslabón del narcotráfico. Por eso, centró sus esfuerzos en apoyar los programas de desarrollo rural dirigidos a los campesinos, en brindar tratamiento médico a las personas con dependencia a los narcóticos y en una ofensiva punitiva a nivel global contra los grandes narcotraficantes. Bajo esa estos principios se firmó el punto 4 del Acuerdo Final, que, además, contempla tres ámbitos para atacar el problema del narcotráfico: (i) programas de Prevención del Consumo y Salud Pública, (ii) solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos y (iii) el asunto de los cultivos de uso ilícito. Respecto a este último, el Gobierno se comprometió a diseñar e implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) Sin esperar una evaluación profunda del Punto 4, para reconocer tanto avances como problemas, el actual gobierno pretende desmontar de tajo los avances logrados y apelar a la vieja fórmula del Plan Colombia. Fórmula que ha sido catalogada por todo tipo de expertos y entidades gubernamentales nacionales e internacionales como un rotundo fracaso, pues si bien resultó ser eficaz en el combate a las guerrillas, los resultados respecto a los cultivos, producción y comercialización de narcóticos fueron inocuos y “actualmente las drogas son más baratas, más puras y es más fácil acceder a ellas”[1]. ¿Qué pasó con el PNIS? El PNIS fue presentado en febrero de 2017 con un planteamiento de fondo: asume que el problema de cultivos de coca no es exclusivamente un asunto de seguridad, sino que integra factores complejos de tipo económico, social y otros elementos que tienen que ver con la precaria presencia institucional, los bajos niveles de titulación de la tierra y demás elementos relativos a su acceso y uso. Todo esto, sin olvidar el accionar de los grupos nacionales y transnacionales dedicados a la comercialización de narcóticos. Por eso le atribuyeron las siguientes características: Principios: 1. Integración a la Reforma Rural Integral (RRI), lo que le da una dimensión territorial y no individual 2. Construcción conjunta participativa y concertada. 3. Enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio: 4. Respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana. 5. Sustitución voluntaria Además, el PNIS tiene dos grandes componentes para su implementación: (i) Los Planes de Atención inmediata – PAI, que tienen dos dimensiones: familiar y comunitaria. El PAI familiar comprende las acciones y recursos que ejecutará el Gobierno de manera urgente para garantizar los ingresos de las familias que sustituirán cultivos de uso ilícito. El PAI comunitario es para la comunidad en general, y conllevan a que el Estado garantice una serie de servicios básicos en el territorio en el plazo más inmediato (ii) Los Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo- PISDA son el resultado de un proceso de construcción comunitaria, participativa y concertada para la transformación integral del territorio en materia de desarrollo y se vincularán a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, a partir de los cuales se garantizará su implementación. Sin embargo, una cosa es la que está en el papel, y otra lo que ha ocurrido en la realidad. La implementación del PNIS reprodujo errores cometidos en el pasado y, por ende, los resultados no son los esperados. Algunas cifras evidencian esto: –  De las 135.000 familias que han suscrito acuerdo de sustitución, solo se han logrado vincular 77.569 familias que dicen sembrar 63.899 hectáreas. – De ese total, sólo 41.476 familias que dicen sembrar han recibido el pago mensual de $1.000.000 por sustituir, esto con serios incumplimientos. – Sólo 6.623 del total de familias vinculadas al Programa cuentan con el apoyo a programas de auto sostenimiento y seguridad alimentaria (que corresponde al pago de $1.800.000 por núcleo familiar para un proyecto productivo de corto plazo) –  Sólo 6.538 familias cuentan con apoyo de asistencia técnica para llevar a cabo sus proyectos productivos. A pesar de los incumplimientos, UNODC ha verificado, hasta mayo de 2018, 18.000 hectáreas libres de cultivos de coca, lo que demuestra la voluntad de los campesinos para vincularse a la legalidad. ¿Qué se puede corregir? Los tiempos para ver los resultados de una política pública tan compleja no pueden esperarse a corto plazo. Sin embargo, a más de un año de la prueba del PNIS, es posible una evaluación que permita corregir errores cometidos: –  El enfoque territorial se quedó en el discurso, mientras que la acción institucional adoptó un enfoque familiar de corto plazo, tal y como ha ocurrido con otros programas en el marco del Plan Colombia y el Plan Consolidación. El PNIS se ha reducido al pago mensual a las familias inscritas en el programa. Sin embargo, el apoyo a proyectos productivos de mediano plazo, la asistencia técnica, el plan de atención comunitario y la inversión territorial para el desarrollo económico y social de las comunidades, no han avanzado de manera sustancial. Se trata de un planteamiento básico, y es que si los campesinos no logran encontrar alternativas económicas, comercializar sus productos y si sus condiciones de vida no mejoran, van a regresar a los cultivos de coca. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre en Guaviare, donde ya se cumplió el año de vigencia de los pagos por cuenta del PNIS, pero nunca llegó la asistencia técnica para que diseñaran e implementaran los proyectos productivos de corto y mediano plazo.  Allí, muy seguramente, se volverá a sembrar y los recursos invertidos en las familias que se vincularon al programa se van a perder del todo. – La Reforma Rural Integral y otras medidas para mejorar las condiciones del campo colombiano no han avanzado. – La fragilidad institucional con la que se ha querido implementar el programa es otro factor que ha impedido que se obtengan los resultados esperados. Se trabaja con pocos funcionarios en territorio, los procedimientos para procesar información son lentos, hay incertidumbre financiera y falta articulación institucional. Es apenas obvio que con la erradicación forzada se cumpliera la meta de las 50.000 hectáreas, pues esta no implica ningún proceso de concertación ni procesamiento de datos, además tiene más de 8.000 funcionarios de la fuerza pública dedicados a esta labor. Sin embargo, los resultados de esta estrategia son engañosos, en tanto que sólo funcionan al corto plazo, pues porcentaje de resiembra es del 20% según las cifras de la Policía Nacional. – Los procesos participativos que se pactaron implican demasiado tiempo, lo que contrasta con la incapacidad institucional para actuar de manera ágil en los territorios y con las comunidades para que estos sean vinculados a alternativas económicas legales. Si bien es importante ampliar los mecanismos de participación, para el caso de la sustitución de cultivos, las comunidades requieren medidas expeditas que les demuestren en la cotidianidad cambios en el territorio favorables a la legalidad: vías de comunicación para la comercialización de productos, bancarización, alianzas con gremios, electrificación, entre otras que ya no sucedieron. – Las condiciones de inseguridad en las comunidades que están sustituyendo, pues muchos líderes han sido amenazado y asesinados por promover el programa. Desde la firma del Acuerdo de paz han sido asesinados  29 líderes de sustitución voluntaria de cultivos. Los departamentos más peligrosos son: Córdoba, Antioquia, Cauca y Nariño. A esta situación de seguridad se le suman las amenazas por parte de grupos armados que no han permitido la sustitución y que han amenazado a los campesinos que se inscribieron al programa – Desconfianza e incertidumbre en las comunidades, pues se está implementado de manera paralela la sustitución voluntaria y la erradicación forzada. Cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. La política sobre drogas está basada en narrativas que tienen intereses muy complejos y, generalmente, se respaldan en análisis sesgados en cifras y datos. Por ello puede ser relativamente fácil que haya cambios profundos entre un gobierno y otro para afrontar este problema. Esto ocurre incluso Estado Unidos, país que es la voz principal al respecto de esa lucha y se evidencia en el cambio de perspectiva que ha habido desde Obama a Trump. El reciente anuncio del Ministro de Defensa al respecto de eliminar la sustitución voluntaria de cultivos, a pesar de que la violencia aumente, anuncia que el actual Gobierno se va alinear con el de Trump, muy a pesar de la ineficacia que ha demostrado la política de mano dura para reducir los cultivos de uso ilícito.  Sin embargo, es muy temprano para afirmar que esto será así, pues como es sabido, más allá de los discursos, son las partidas presupuestales las que demuestran el compromiso de los gobiernos por una u otra causa. Hasta el momento, el presupuesto del PNIS está asegurado y depende directamente de presidencia y no del Ministerio de Defensa. Además, tiene el respaldo normativo y administrativo que proviene de la protección de los Acuerdo de Paz y los Decretos que se expidieron para implementarlo. Desmontarlo puede que no sea tan sencillo.  Lo que probablemente ocurra es un incremento acelerado en la partida presupuestal para la erradicación forzada en el sector defensa. En este sentido, es importante recordar que en años anteriores esta se desarrolló gracias al apoyo económico de EEUU, que destinó más de US$9.940 millones en el marco del Plan Colombia. Actualmente, Colombia no cuenta con ese apoyo. Por otro lado, la fuerza pública, el Gobierno colombiano, e incluso organizaciones multilaterales, guardan silencio sobre los debates de fondo sobre el narcotráfico: nuevas dinámicas, dónde se han creado experticias, nuevos actores y repertorios de acción. Mientras que con Santos se había logrado avanzar hacia una lucha frontal en los otros eslabones del narcotráfico, el gobierno Duque retrocede la discusión al afirmar que el problema se halla únicamente en los cultivos y que estos son parte de un problema de seguridad, y no una relación más compleja en la que tienen que ver las condiciones del entorno e infraestructura que permitan superar la producción de los cultivos de uso ilícito como única alternativa [1] Bagley, B.; Aguayo, S. y Aguilar, L. (2010). “Nuevos enfoques y políticas para el estudio de la relación México Estados Unidos”, Seminario de Seguridad, El Colegio de La Frontera Norte. México.  8 de julio de 2010.

Por: Sebastián Mora, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares Hace unos años, el Contralor General de la República era elegido por el Congreso de una terna nominada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; pero eso cambió el 27 de junio de 2018, día en que se sancionó la Ley 1904, que reglamenta la convocatoria y elección de Contralor. Como novedad, se definió que una universidad (en este caso fue la Universidad Industrial de Santander) aplicara un sistema de evaluación que permitiera medir el mérito de los candidatos. En él, se debe ponderar el nivel académico, la experiencia profesional y la producción académica de cada postulante, con el fin de servir de filtro antes de la elección final por parte del Congreso, lo que le dio un carácter clasificatorio. La prueba de conocimiento era eliminatoria y solo pasaban quienes hubieran sacado como mínimo 75 puntos de 100. Así, de todos los candidatos, la Universidad seleccionaría al menos 20. Después, una comisión accidental del Congreso eligiría 10 para ser puestos a consideración de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Hasta este punto todo parece un proceso objetivo. Sin embargo, desde el Congreso se empezó la aplicación de maniobras políticas que benefició a los candidatos del Centro Democrático, siendo José Felix Lafaurie su abanderado principal. Como primera medida, el 19 de julio sancionaron una resolución que modificaba la Ley 1904 y excluía el numeral 6 del artículo 4 que reza: “(…) En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección de Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.” Días después, el 26 de julio, fue modificada la calificación mínima del examen de conocimiento, bajando de 75 puntos a 60. Lo anterior fue una habilitación expresa para José Felix Lafaurie, ya que su esposa es María Fernanda Cabal, actual senadora del Centro Democrático. Con Lafaurie, son cuatro los opcionados a Contralor del Centro Democrático. Dos de ellos, Alonso Pío Fernández y Marco Antonio Velilla, no hubiesen podido estar entre el grupo de 10 inicialmente, pues sus puntajes en la prueba académica fueron menores a 75 puntos. De hecho, el único candidato del partido de Uribe que cumplía con las reglas iniciales de elección es Carlos Felipe Córdoba. Todo esto deja en evidencia que, aunque la nueva forma de elección se basa en un proceso más objetivo y técnico, el Gobierno y la mesa directiva del Congreso siguen teniendo una potestad importante para controlar la elección del Contralor, ya que pueden cambiar las reglas de juego a medida que avanza el proceso. Si José Felix Lafaurie es elegido como Contralor General de la República, será claro que fue beneficiado por la mesa directiva del Congreso. Esto resulta preocupante teniendo en cuenta que sería el encargado de hacer control fiscal a un Congreso y Gobierno cuyos presidentes, e incluso miembros de su familia, hacen parte de su mismo partido: el Centro Democrático. Adicionalmente, Lafaurie ha sido mencionado en casos de corrupción privada en Fedegan y ha tenido como asesor a José Miguel Narváez, recientemente condenado por el crimen de Jaime Garzón, lo que restaría legitimidad a la Institución y sus actuaciones.

Por: Redacción Pares El 7 de agosto, Iván Duque, nuevo presidente de la República, anunció que se daría un plazo de 30 días para evaluar la viabilidad de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Una semana después, el martes 14 de agosto, se dio a conocer ante la opinión pública que se iniciarán los protocolos de liberación de las nueve personas secuestradas por el ELN. Tres de ellos, los soldados Eduardo Cano Baño, Orlando Yair Vega Díaz y Juan Pablo Rojas Osvaldo, fueron secuestrados el pasado 9 de agosto en las cercanías al municipio de Tame, en el departamento de Arauca. A las otras seis personas, el militar Jesús Alberto Ramírez Silva, los policías Yemilson Leandro Gómez Correa, Wilber Rentería y Luis Carlos López Montoya; y dos civiles no identificados, la guerrilla los secuestró el 3 de agosto en Tagachí, Quibdó. En la activación del protocolo se precisan las coordenadas, las condiciones y los monitoreos previstos. El Ministerio de Defensa publicó un comunicado sobre dicha activación conjunta con el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario. A pesar de esto, sigue existiendo expectativa sobre los treinta días que señaló el presidente Iván Duque sobre la continuidad de las negociaciones con el ELN. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que hay una fuerte disposición por parte de la guerrilla, quienes en La Habana están esperando la delegación que envíe el nuevo gobierno. Lo que concuerda con las declaraciones de Pablo Beltrán, miembro del Comité Central del ELN, a los medios de comunicación, donde expresa que ya se han dado contactos preliminares con el nuevo gobierno y que ellos cumplen lo que firman. Las acciones del ELN han generado incertidumbre y desconfianza en las negociaciones. Para Luis Eduardo Celis, analista del Proceso Nacional de Paz con el ELN, hay que mantener las condiciones humanitarias acordadas por las partes y las disposiciones legales de negociación. Esto implica el levantamiento de las órdenes de captura para los integrantes del ELN, el cese de hostilidades y acabar con la práctica del secuestro a civiles y activos de las Fuerzas Armadas. Este marco de condiciones lo resaltó también Pablo Beltrán en sus declaraciones del pasado martes, cuando reiteró en varias ocasiones la disposición de sacar la violencia de la política. Sin embargo, expresó preocupación por el asesinato de miembros del ELN a los que, según dice, les cambiaron la orden de captura por una orden de muerte. Para Jorge Tovar, coordinador Nacional de la Red Prodepaz, la negociación con el ELN es una negociación de largo aliento, hay que quitarle el afán y el pragmatismo. Sin embargo, evidencia un problema, al no haber encontrado un mecanismo para dar unos avances más claros y contundentes en el quinto ciclo, adelantado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN. Para Tovar, faltó llegar a consensos en cuanto al cese al fuego, al acuerdo humanitario por el Chocó y al inicio del proceso de participación, pues esto facilitaría el empalme con el nuevo Gobierno. León Valencia asegura que entre Santos y el ELN existía una lógica sustentada en un cese bilateral de hostilidades y una agenda de temas de participación ciudadana. Para él, “el balón está en la cancha de Duque”. A esto se le suma la visión de Jorge Tovar, según la cual se necesita con urgencia una sociedad civil empoderada de la paz, que ejerza presión para la continuidad de las negociaciones. “Esta es una negociación sin rating, a la sociedad colombiana le ha importado muy poco las negociaciones”, afirma Tovar.