Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Como se esperaba, el concepto de seguridad es uno de los tres pilares fundamentales del Gobierno del presidente Iván Duque. Apenas a unas horas de posesionarse se dirigió a Tumaco, una de las zonas con mayores desafíos criminales. Desde allí anunció una serie de medidas, que también, como se esperaba, eran más de lo mismo. Es decir, lo mismo que se ha hecho en los últimos años, pero con un tono y un vocabulario más agresivo. No debe olvidarse que el expresidente Álvaro Uribe montó su popularidad sobre su gestión en la seguridad y que armaron la campaña presidencial del actual presidente Duque manifestando que el expresidente Santos era débil y le había entregado el país al crimen. Ahora en el Gobierno, el partido del Centro Democrático tiene su prueba de fuego para resolver algunos asuntos de seguridad y mostrar nuevamente su mano dura, con lo cual aspiran a subir en popularidad rápidamente. En todo caso los primeros anuncios no dicen nada nuevo: dan ultimatos a criminales, anuncian incremento de pie de fuerza y mayor prolongación de las operaciones a profundidad. Pero lo cierto es que los retos son variados, complejos, y utilizar las mismas recetas no va a solucionar los problemas. Se podría hablar de cinco grandes retos en materia de seguridad. En primer lugar, hay un reto en cerca de 80 municipios de los 1.122 que tiene el país, donde grupos armados organizados y la guerrilla del ELN tienen sus mayores fortines. Estas zonas fueron copadas por estas organizaciones criminales una vez la entonces guerrilla de las FARC dejó las armas. El temor es que Colombia no avance en la estabilización y nos adentremos a una nueva ola de violencia. El segundo reto, conectado con el anterior, se refiere a la lucha contra las economías ilegales, más de 170.000 hectáreas de hoja de coca, cerca de 200 municipios con minería criminal y 80 municipalidades con rutas de contrabando y trata de personas, hacen de muchas regiones del país un verdadero polvorín. Aquí es importante diferenciar una política de lucha contra organizaciones criminales, de las políticas de lucha contra las economías ilegales. Muchos estados, como México o Colombia, siempre confunden ambos tipos de políticas, pero lo cierto es que son bastante diferentes. Por ejemplo, la estrategia de los Objetivos de Alto Valor, o capturar y capturar jefes de organizaciones criminales no tiene un impacto grande sobre el flujo de una economía ilegal, pero sí sobre las organizaciones criminales. El tercer objetivo es la inseguridad urbana. En Colombia todos los indicadores asociados a la guerra han caído, el homicidio se redujo de una tasa de 34 por cada 100.000 habitantes al 24% en seis años, el desplazamiento forzado cayó, las desapariciones forzadas están en su nivel más bajo en décadas. Pero a medida que esto indicadores caen, en las ciudades la población cada día se siente más insegura. El hurto de celulares, a locales comerciales y el callejero son los principales problemas. El tema en este punto, es que esto no se resuelve con Fuerzas Militares o mayor represión, la problemática es compleja, se requiere mejorar el servicio de justicia, incrementar cuerpos de inteligencia policial en las ciudades y sobre todo desestructurar los flujos económicos de estos mercados. Es decir, se debe pasar del concepto de defensa al de seguridad ciudadana. El cuarto reto se refiere a la necesidad de crear una orden coherente en la institucionalidad encargada de la seguridad. Hoy en Colombia, seis instituciones del orden nacional dan directrices en materia de seguridad ciudadana, todas invierten recursos, no hay lineamientos claros de la política pública, y todos los alcaldes creen que la seguridad se reduce a pie de fuerza de la Policía Nacional. Esto debe acabarse y crear una jerarquía institucional clara. El último, debe ser la creación de una política criminal, hoy Colombia no la tiene. El sistema penitenciario es un desastre, y no solo por el hacinamiento. Además, el sistema de responsabilidad penal adolescente está en crisis e incluso, los ciudadanos para poner una denuncia por robo fácilmente tardan dos días. Habrá que esperar si el nuevo gobierno se dedicará al discurso y la mano dura en las calles, o pasará a solucionar los temas de fondo. Columna publicada inicialmente en El País de España: https://elpais.com/internacional/2018/08/14/colombia/1534263815_957810.html

Por: Gonzalo Duarte, investigador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares Hoy en día podemos considerar el auge de la masividad. Todo aquello que es masivo cuenta con un sentido, un objetivo, porque parece hacerse oír; mientras el resto se queda en las sombras, la insonoridad. Estamos en la época de los medios masivos, las redes masivas, los movimientos masivos, los eventos masivos e, incluso, los razonamientos masivos. Esta idea de la masividad no es gratuita. Es un elemento que configura nuestro mundo y le brinda al número, al dígito, el carácter de piedra angular de la estructura, de dador de legitimidad: no es el derecho de sangre, ni la imposición del más fuerte, sino el mayor número de personas. Por lo cual, -sería lógico pensarlo– parte de las sociedades occidentalizadas, como la nuestra, han logrado brindar legitimidad hasta a los proyectos políticos más polémicos, casi ridículos. Nos hallamos ante la época de la democracia masiva, que se mide haciendo uso de mecanismos electorales que señalan al ganador como representante de la masa más grande, fundado por el mayor número de seguidores. Algo que, de entrada, parece suponer la existencia de un lenguaje y una valoración común, sin importar procedencias ni creencias. ¿Lenguaje y valor común? Ese es el elemento necesario al vivir en sociedades que toman decisiones conjuntas frente a una necesidad. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín no sería sorprendente que buena parte de sus habitantes consideren positivo el aumento de producción de energía eléctrica si este trae réditos económicos a EPM, pero quizás para territorios afectados por grandes proyectos hidroeléctricos los beneficios pueden ser pocos, e, incluso, estar acompañados de grandes afectaciones. Ahora bien, en buena parte del país, quizás podríamos considerar que esta es una situación de gestión de beneficios. Es decir, el descontento de la población afectada se debe a que los beneficios recibidos son insuficientes. Este sería uno de los escenarios en los que fácilmente podemos encontrar el diálogo como una buena opción para encontrar puntos comunes entre lenguajes y valores diferenciados en el territorio. Quizás, aspectos como la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades locales, o la llegada de mayor inversión social, lograría dar sentido a la presencia de proyectos de minero-energéticos. Y repito, siempre y cuando se garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios. Y es este, el mejoramiento de las condiciones de vida, uno de los puntos esenciales de buena parte de los conflictos ambientales presentes alrededor del país. Las afectaciones pueden ser mucho más grandes que los beneficios: los actores no cuentan con los mecanismos de comunicación bilateral que les permita conocer lo que su contraparte está experimentando; los beneficios pueden llegar a ser efímeros, pues se tiende a ignorar el fortalecimiento de otros sectores de la economía o la sociedad, lo que genera dependencia hacia economías extractivas; incluso, se puede incrementar la llegada de mercados ilegales que afectan el ya debilitado tejido social. Todos estos son elementos que pueden llegar a ser sorteados por medio de ejercicios de diálogo incluyentes que reconozcan la diversidad de actores territoriales, sus condiciones, opiniones, saberes y visiones de futuro. Allí, en función de enaltecer el principio de la justicia, el diálogo brinda las condiciones necesarias para que los actores se encuentren como iguales, con el mismo derecho a la participación, la misma posibilidad de expresar y alzar su voz, e, incluso, la posibilidad de hacer parte de la construcción conjunta de una agenda de desarrollo. Entonces sí, ante la hipotética pregunta de si el diálogo puede mejorar las condiciones de vida de muchas regiones de nuestro país, la respuesta es sí. Sin embargo, el diálogo no es una formula universal que fácilmente pueda ser aplicada en todos los conflictos y territorios del país, como si indiscriminadamente fuera posible disponer de todos los actores como actores dialogantes frente a escenarios tan complejos como un proyecto minero-energético, o incluso la delimitación de ecosistemas estratégicos. Considerar que es siquiera posible unificar todos los lenguajes y las valoraciones de los territorios -¡Cuál utopía totalitaria!-, no es nada más que un funesto sueño. Y es allí donde se debe tener cuidado, ya que es imperativo el reconocimiento de la diferencia, mas no su negación o anulación, y esto debe ser acordado entre las partes, por medio del intercambio de saberes. Si esto no se tiene en cuenta, no estaremos frente a un escenario de diálogo, sino al de una trágica conversación.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Parece algo increíble, no solo porque dijeron que no lo harían, o porque dijeron que no mirarían el retrovisor, sino, además, porque dijeron que se iba a construir sobre lo construido. Pero también parece increíble, porque se quiere destruir una institucionalidad de años, que no era de la pasada administración. Todo parece indicar que el nuevo gobierno de Iván Duque hará dos cambios sustanciales en la institucionalidad del país. Por un lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pasaría a llamarse Alto Comisionado para la Legalidad. Por otro lado, la alta Consejería para el Postconflicto se pasará a llamar la Alta Consejería para la Estabilización. Comencemos: la Alta Consejería para la Paz, por sus siglas, OACP, es una institución tradicional que cumple las funciones de consolidar la construcción de la paz en Colombia. No nació con Santos o derivado del Acuerdo de Paz con las FARC, fue una institución creada para liderar los asuntos de construcción de paz y finalización del conflicto armado que vive el país hace años. De hecho, durante los dos gobiernos Uribe, esta Oficina fue la que lideró el proceso de desmovilización paramilitar y Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, fue en su momento el Alto Comisionado. Colombia, actualmente, está saliendo de un conflicto con las FARC, pero aún nos queda el reto del ELN, e incluso, esta Oficina debería jugar un papel importante en el posible sometimiento de los Grupos Armados Organizados como el Clan del Golfo o la antigua Oficina de Envigado, ahora denominada Oficina. Hay un punto importante, y es que todas las instituciones del Estado deben actuar bajo la legalidad, no hay que crear una oficina para ello. Además, ante al sistema Interamericano de Derechos Humanos o la CPI, esta Oficina es la llamada a acompañar a la Cancillería, la Institucionalidad y al propio presidente, a explicar las medidas que se tomaron a través del tiempo en el marco del conflicto armado Colombia. Es casi una de las instituciones que debería llevar las memorias de las acciones institucionales en temas de paz y conflicto armado. Cada presidente le da un uso o matiz distinto a esta Oficina, también hasta entiendo que algunos en el Centro Democrático odien las palabras paz, justicia y postconflicto. Pero lo que debe tener en cuenta el presidente Duque, es que va a necesitar esta Oficina unos años más, y solo cuando acabe esta tragedia se podría eliminar, o en otras palabras, si acaba la OACP, el presidente debe saber que alguien deberá cumplir esa función. El otro cambio que se quiere hacer es limitar la Alta Consejería para el Postconflicto, la convertirán el Alta Consejería para la Estabilización, y esto sí que es problemático. La explicación es sencilla. A lo que se le denomina postconflicto, en la vida real, es un periodo de tiempo de transición que puede durar 10 a 20 años, varía de país a país. Esta institucionalidad se crea para salir de una guerra y transitar de esa situación a una situación mejor. Cuando se sale de una guerra no necesariamente se va a un escenario mejor, es relativo, hay países que retroceden en lugar de avanzar. Por ello la coherencia institucional es clave. La literatura internacional divide en dos ese periodo de transición denominado postconflicto: la estabilización y la normalización. El primero, en lo fundamental, es controlar los factores violentos y evitar que los indicadores de violencia vayan al alza. La normalización, por su lado, se refiere a la construcción de la nueva sociedad, a las reformas de largo plazo y a la reconciliación, que son los que hacen que el país no vuelva a vivir una tragedia como esta. Es necesario enfocarse en la estabilización, pero eso por sí solo no transforma las causas estructurales de la guerra. Es estúpido pensar que la estrategia militar lleva a la paz por sí sola.

Por: Redacción Pares Ángel* llegó a trabajar a Buenaventura como policía antinarcóticos en el año 2001. Su deber era estar en el puerto para vigilar toda la mercancía que entraba y salía para el comercio nacional e internacional. Estando allí, muy rápido aprendió que en el puerto “hay personas que todo el día están pensando en cómo ocultar la droga”. A la mayoría de los policías que enviaban a zonas como Buenaventura los enviaban como castigo, dice Ángel. Pues se sabía que por la presencia de grupos armados ilegales peligraba la vida de los uniformados. De hecho, el mismo año de su llegada al municipio, la noche del 5 marzo, ocurrió la Masacre de Citronela, perpetrada por un grupo de paramilitares del Bloque Pacífico. En ella, cuatro personas fueron asesinadas, entre las que se encontraba el presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda. Según Rutas del Conflicto, desde el año 2000 hasta el 2005, los ‘paras’ del Bloque Pacífico tuvieron una influencia casi total en Buenaventura, en esos 5 años fueron perpetradas 22 masacres en el municipio.  Además, allí también tenía presencia el Bloque Alfonso Cano de las FARC, que por ese entonces estaba fortaleciéndose. “Estaban entrando ‘los paracos’ y la guerrilla siempre le daba duro a los policías, bombas en algunos barrios y en la vía, era complicado todo”, asegura Ángel. El policía recuerda que cuando llegó a la ciudad tenía buenas intenciones. Sin embargo, “en ese tiempo fueron muchos policías que se fueron en 4 velas a sus casas” y eso lo desmotivaba. Según El País de Cali, el año más violento que se ha vivido en Buenaventura fue el 2000, con 576 muertes violentas. Esto ocurrió a la par de la aparición de las AUC, Bloques Calima y Pacífico. Fue por este motivo que decidió entrar ‘al negocio’. Todos los días, los mismos policías le decían Ángel que entrara, que era una buena idea, que esa oportunidad no se veía todos los días. Esta es una práctica vieja y que sigue usándose, de hecho, el 14 de junio de este año fueron capturados en la ciudad de Barranquilla 14 policías por estar envueltos en negocios relacionados al narcotráfico. La situación se ha repetido también en Antioquia. Entre la presión y depresión que le produjo que en la ciudad nada funcionara y que las instituciones estuvieran compradas, Ángel decidió vincularse al negocio. Dice que no era propiamente un ‘narco’, pues su labor, como la de otros policías, era hacer como si no viesen lo que está ocurriendo. Según Pacífico Colombia, por los 2000 en Buenaventura se vivían los resquicios y legados de lo que antes había sido el Cartel de Cali. Fue ese año en que empezó la etapa del mayor tráfico de drogas en el municipio. Dada la arremetida del paramilitarismo, el negocio se fortaleció. Para el 2005, después del proceso de Justicia y Paz, los enfrentamientos entre grupos armados empezaron a acrecentarse. La pelea, según el Centro de Memoria Histórica, se daba sobre todo entre Urabeños, la Empresa y los Rastrojos. Ángel se mantuvo un tiempo en el negocio, tiempo que se tradujo en dinero, dinero venidero porque llegó el momento en que el negocio cayó. Un día se envió un cargamento con droga directo para México. Ángel lo sabía, sin embargo, se hizo, como suele hacerse en las situaciones de ‘calentura’, el que no vio nada. El cargamento se cayó en otro puerto y descubrieron a Ángel. Actualmente, tiene una investigación con la Policía y la Fiscalía. Pasó dos años y medio en la cárcel y está esperando que su caso avance. *Nombre cambiado a petición de la fuente

Por: León Valencia, director – Pares Hay una expresión que quizás nos permite aclarar, sin apasionamientos, lo que ha cambiado con la llegada de Iván Duque y el Uribismo a la presidencia de la República, esa es: pasamos de la paz a la seguridad como emblema de gobierno. En Europa se habla -ahora menos- del movimiento del péndulo de la derecha a la izquierda, o viceversa, cuando se producen giros de gobierno y el poder pasa a un partido de distinto signo. Si examinamos lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos treinta años podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el péndulo se ha movido de la paz a la seguridad, dado que la polaridad derecha e izquierda -que ahora parece empezar- en realidad no existía. En los años noventa del siglo pasado la paz fue el signo de tres gobiernos. Luego fue Uribe quien, de manera inteligente y audaz, se montó en la palabra seguridad y ganó en dos oportunidades la presidencia. Vino Santos y, cuando nadie lo esperaba, retomó la palabra paz y le dio sentido y oportunidad en unas negociaciones difíciles y traumáticas con la guerrilla. Ahora, tanto en la campaña electoral como en los discursos de posesión y en la composición del gobierno, ha sido evidente que Duque y el uribismo le apuestan a reinstalar la seguridad como propósito central del mandato. Los vocablos asociados a la paz son el conflicto, la reconciliación, la convivencia, la justicia transicional, el postconflicto, la verdad, la reparación, la diversidad, la pluralidad y otras más; en cambio, las palabras asociadas a la seguridad son la autoridad, el orden, la legalidad, la justicia, el combate a la impunidad, la cohesión y otras más. Ahora bien, en política no se puede hablar de cosas absolutas, se habla de énfasis, de fundamentos, de líneas rojas, en fin. Por eso cuando a Santos se le decía que su propósito era la impunidad el contestaba que la justicia estaba claramente articulada a la paz; o cuando a los uribistas se les tildaba de enemigos de la paz señalaban que no era cierto, que ellos hablaban de una paz sin impunidad, una paz claramente articulada a la justicia y a la seguridad. En estos días los medios de comunicación, los analistas y los políticos han hablado de las notorias diferencias entre el discurso de Ernesto Macías, presidente del congreso, y de Iván Duque, presidente del país, el siete de agosto. Pero si se examinan en detalle y desde la perspectiva de la seguridad, los discursos tienen una misma esencia. Macías pintó un país en un enorme deterioro, pero el énfasis estaba en la inseguridad y el discurso de Duque se movió en el plano positivo del hacer, pero su énfasis estaba en la seguridad. El uno era la línea de base del otro. Tampoco es gratuito que Duque en la primera semana de su mandato haya decidido ir en compañía de su ministro de defensa, Guillermo Botero, al Catatumbo, en la convulsionada frontera con Venezuela y a Nariño en la no menos difícil frontera con Ecuador y el Pacífico; o que en las primeras de cambio haya rebautizado la oficina del Alto Comisionado de Paz como Consejería para la Legalidad y el ministerio del postconflicto como Consejería para la Estabilización. Es probable que Duque no sea capaz de reinstalar el mito de la seguridad como el leitmotiv de la política colombiana. Las circunstancias son bastante distintas a las que se vivían en 2002 cuando llegó el presidente Uribe. La idea de la paz y la reconciliación ha tomado un gran vuelo con motivo del acuerdo de paz con las FARC. No estamos tampoco en medio de la cruzada antiterrorista mundial que encabezó Bush y la comunidad internacional en pleno le ha apostado a la paz de Colombia. De otro lado, en el mapa político Colombia ha aparecido de súbito una enorme oposición de izquierdas que, con mayor convicción y autenticidad que quienes acompañaron a Santos, enarbolará las banderas de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero, precisamente, por la enorme dificultad que tendrá Duque para echar para atrás lo realizado por Santos, la confrontación entre quienes se aferran al mito de la paz y quienes se la juegan al mito de la seguridad, será muy dura y constante, así en algunos momentos se realice de manera abierta, discursiva y radical y en otros se tramite de manera sutil y tranquila.

Por: Línea Democracia & Gobernabilidad y Redacción Pares. El nuevo gabinete ministerial y de altos cargos del gobierno se termina de consolidar y desde ya se puede evidenciar distintas características de la administración entrante. Por un lado, encontramos una amplia cuota proveniente del empresariado, con diferentes tendencias pero con el principal objetivo de crear una imagen de confianza para la inversión privada. Uno de los “huevitos” que Álvaro Uribe le heredó a Juan Manuel Santos fue el concepto neoliberal de la “confianza inversionista”. Bajo esta premisa, los gobiernos le brindan incentivos únicamente al sector privado con la esperanza de que, como contraprestación, las empresas trabajen de manera más diligente en sus planes de responsabilidad social. Esto, por supuesto, implementado bajo la lógica de la flexibilización laboral, la cual implica la reducción de derechos para los trabajadores. Para Uribe, esta era la fórmula para una transformación productiva y laboral en el país. El nuevo gobierno recicla esta idea. Por eso no es de extrañar que varios de los integrantes del nuevo gabinete hayan ocupado anteriormente altos cargos de los últimos gobiernos o provengan del sector empresarial, como Jonathan Malagón (Min Vivienda), Guillermo Botero (Min Defensa), Andrés Valencia (Min Agricultura), José Manuel Restrepo (Min Comercio, Industria y Turismo), Ricardo Lozano (Min Ambiente y Desarrollo), Alberto Carrasquilla (Min Hacienda) y Carlos Enrique Moreno (Consejero Presidencial). Por otro lado, encontramos que los “Uribistas de Cepa” controlan de las carteras más importantes e influyentes. Aunque no todo el gabinete del gobierno de Duque es cercano a Uribe, cuatro de los ministros son de cepa Uribista y, como era de esperarse, están ubicados estratégicamente en los ministerios con más poder e influencia en el ejecutivo y su proyección. Estos son el Ministerio del Interior, con Nancy Patricia Gutiérrez; el Ministerio de Defensa, con Guillermo Botero; el Ministerio de Hacienda, con Alberto Carrasquilla y el Ministerio de Relaciones Exteriores con Carlos Holmes Trujillo. Estos por su parte, son algunos de los nombramientos más cuestionados de esta administración por ser mencionados en algunos de los escándalos de corrupción más grandes del país, al igual que en el caso de la nueva Ministra del Interior, pues fue investigada por sus presuntos vínculos con la ilegalidad. Adicionalmente a los ministros, se encuentran los nombramientos de Jorge Mario Eastman en la Secretaría General de Presidencia, Rafael Guarín como Alto Consejero para la Seguridad, y el exsenador Jaime Amín en la Alta Consejería para Asuntos Políticos. Todos con mencionados en varios escándalos políticos y de corrupción. Amín fue uno de los congresistas investigados por el carrusel de las notarías que beneficiaron la reelección de Uribe, aunque su investigación fue rápidamente archivada. Eastman, por su parte, fue investigado por la Fiscalía por su participación en una reunión a la que asistieron funcionarios de la Presidencia de Álvaro Uribe para ver y recibir información que el DAS había recolectado ilegalmente. Estos ministerios y altos consejerías son fundamentales para empujar en el Congreso el paquete legislativo de Duque, ya que el primer año es fundamental para pasar proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, la repartición del Sistema Nacional de Regalías y todos los cambios constitucionales que pueden ir desde reforma a la justicia hasta modificación de los Acuerdos de Paz. Otra de las características de este gabinete es el contrapeso que hace Martha Lucía Ramirez con algunos nombramientos  y la soledad de Iván Duque con tan solo algunos aliados cercanos. Analizando el nuevo gabinete se podría interpretar que Martha Lucía quiere desmarcarse del uribismo, en especial del Centro Democrático. La vicepresidenta tiene influencia y cercanía con cinco altos cargos, pero su peso político es mínimo en comparación con los nombramientos del Uribismo. Las cuotas de Martha Lucía son Emilio Archila (Alta Consejería para el Posconflicto), Ángela María Orozco (Min Transporte), Juan Pablo Uribe (Min Salud). Además, comparte cercanía con Andrés Valencia (Min Agricultura) y Carolina Constaín (Min TIC’s). Pero si la influencia de Martha Lucía es reducida, el presidente Duque se encuentra aún más aislado. De 30 personajes que muestra este especial del nuevo gabinete entre altos funcionarios y ministerios, apenas tres tienen una cercanía individual con el presidente electo, lo que demuestra su reducido nivel de autonomía. Solo Francisco Barbosa (Alta Consejería en Asuntos Internacionales), Felipe Buitrago (Consejero en Asuntos Estratégicos y Temas Transversales) y Carmén Inés Vásquez (Ministerio de Cultura) se podrían interpretar como fichas directas de Iván Duque. Otro punto que sale a relucir en estos nombramientos es la capacidad de influencia de Enrique Peñalosa para plantar a dos fichas cercanas; María Victoria Angulo, quien ocupó el cargo de Secretaria de Educación de Bogotá de Peñalosa por tan solo 18 meses, antes de ser nombrada Ministra de Educación de Bogotá; y la de su primo, Emilio Archila Peñalosa. Es evidente que las propuestas de renovación de la política y cambio en el estilo de gobierno que Iván Duque alegaba en campaña se quedan cortas frente a los nombramientos de su gabinete, ya que la mayoría de los personajes de este especial no son más que reencauches de los gobiernos de Uribe y Santos, con algunas nuevas caras. Este es el gabinete de Iván Duque:

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Luego de la posesión del presidente Iván Duque, al menos, quedan tres cosas bastante claras. Por un lado, el Centro Democrático aplicó la misma fórmula de siempre: una de las personas hace un discurso incendiario, violento, lleno de odio; y luego el otro suaviza, habla de unidad, de no mirar el retrovisor y de reconciliación. Lo hicieron por años en el Congreso de la República, por un lado el senador Uribe hablaba duro y el ahora presidente Duque suavizaba. Paloma Valencia arremetía y María del Rosario Guerra hablaba más suave. Pero para quienes conocen la política y han estudiado al Centro Democrático, esto no fue una cosa inesperada o del azar, fue algo planeado. El senador Uribe, máximo dirigente de esta colectividad, conocía el discurso de Macías y nada fue cosa del azar. Algunos analistas han dicho que este hecho confirma un secreto a voces, y es que en el Centro Democrático hay dos líneas, una radical de ultraderecha y otras más moderada de centro derecha. Por tanto esto fue lo que se vio en la posesión presidencial, dos discursos diametralmente opuestos. En todo caso, estos análisis son equivocados. En la vida real este partido funciona con la famosa “disciplina para perros”, allá se hace lo que diga Uribe. No hay tal división. Así las cosas, la tensión no se vive dentro del partido, sino dentro de la coalición de gobierno. Es decir, el sector moderado lo representa la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que necesita dejar sello propio y crear un camino para su candidatura presidencial en 2022, por ende, debe desmarcarse del Centro Democrático, quienes también aspiran a la presidencia en el 2022. Todo parece indicar que Paloma Valencia es la nominada hasta el momento. Es decir, la disputa no es dentro del Centro Democrático, sino entre este partido y una línea de los conservadores. Lo segundo que queda claro son las líneas generales del gobierno, donde, como se esperaba, van por el Acuerdo de Paz, se enfocarán en seguridad y seguramente en dar algunos golpes a jefes de disidencias o de Grupos Armados Organizados para subir la popularidad del gobierno. También además del tema paz y seguridad, están los asuntos de justicia. Lo que no se sabe es si la reforma a la justicia se hará en la parte de abajo, donde en realidad se necesita, o se tocarán las altas cortes y la parte alta de esta rama. Aún hay dudas. Pero tal vez el tercer hecho notorio se refiere a la consulta anticorrupción. Por un lado, el presidente Duque habló del tema de la corrupción, hubo cosas que dijo que son similares a las que hay en la consulta, pero no se refirió a ella directamente. Además, en el video de Noticias Uno, filtrado en el momento de la celebración, el propio senador Uribe manifestó que “siquiera el presidente Duque no se metió en eso de la consulta anticorrupción” y a reglón seguido la senadora María del Rosario Guerra criticó la actitud de la senadora Angélica Lozano cuando le reclamó al presidente Duque el no haber nombrado la consulta. Este hecho confirma lo que ya era un secreto a voces, y es que el Centro Democrático se opone a la consulta anticorrupción. Algunos analistas cercanos al nuevo gobierno dicen que no es nada raro que eso ocurra, simplemente, el nuevo gobierno quiere pasar las mismas reformas que la consulta pero llevándose el crédito de las reformas. Pero la realidad es un poco más complicada. Hay una mezcla entre mezquindad política y cálculo electoral. La mezquindad se basa en que el Centro Democrático tiene la visión de que la consulta anticorrupción favorecería al Partido Verde y a Claudia López, una de las principales críticas del expresidente Uribe. Por ende, prefieren no apoyar la consulta. Pero lo que hay de fondo es el cálculo político. En lo fundamental el Centro Democrático no tiene alcaldías ni gobernaciones, su participación política en 2015 les dejó un saldo negativo, apenas una gobernación y unas cuantas alcaldías. Hace unos días se supo de una reunión del senador Uribe con dirigentes políticos del Valle del Cauca, en la cual se dijo: “Le vamos a meter toda a las locales”, para ello necesitan alianzas con algunas élites regionales, por ello no las pueden atacar con temas de anticorrupción. De hecho, esta alianza avanza a pasos agigantados en varias regiones del país y la idea es destruir al Partido de la U y Cambio Radical. Es decir, arrebatarles estas élites regionales. Por ende, es mejor tolerar la corrupción pero ganando alcaldías y gobernaciones. Columna inicialmente publicada en Semana.com: https://www.semana.com/opinion/articulo/lo-que-dejo-el-discurso-de-posesion-de-ivan-duque-por-ariel-avila/578809

Por: Esteban Salazar, investigador Línea Democracia y Gobernabilidad, Pares Con la entrada en vigor del Acuerdo de Paz y las leyes aprobadas por fast-track —entre ellas el Estatuto de la Oposición y la participación de la FARC en política—, se hicieron cambios importantes a la Ley 5 de 1992, que establece el reglamento interno del Congreso de la República. El cambio más importante, tal vez, gira en torno al aumento de seis curules en cada corporación: cinco de FARC y una por Estatuto de Oposición. Con esto, el Senado pasó de tener 102 legisladores a 108 y la Cámara de Representantes, pasó de 166 a 172. Todos los miembros del Congreso, según la Ley 5, tienen la obligación de pertenecer a una de las siete Comisiones Constitucionales Permanentes que se establecen en cada periodo legislativo. Estas comisiones son de mayor importancia, pues son las encargadas de discutir, aprobar y modificar en primer debate los proyectos de acto legislativo y de ley, que luego serán debatidos en plenarias. Los partidos ponen cuotas en cada una de ellas, dependiendo del número de integrantes por bancada, y se reparten por cociente electoral. Cada Comisión tiene una mesa directiva, integrada por un presidente y un vicepresidente elegidos por periodos de un año, quienes no podrán ser reelegidos y son los encargados de repartir los ponentes de cada proyecto de ley que llega. Además, definen el orden en que se debaten las iniciativas. Las comisiones están planteadas de la siguiente manera: la Primera debate modificaciones constitucionales; la Segunda política internacional, defensa nacional y fuerza pública; la Tercera sobre política fiscal; la Cuarta, presupuesto; tierras y medio ambiente son debatidos en la Comisión Quinta; en la Sexta se habla de comunicaciones y en la Séptima de los estatutos para trabajadores públicos y privados. Solo para mencionar un par de ejemplos, el excongresista Bernardo Elías, actualmente preso por el escándalo de Odebrecht y señalado por beneficiarse de la “mermelada”, hacía parte de la Comisión Tercera. A su vez, su aliado político, Musa Besaile, quien está siendo investigado por el “Cartel de la Toga”, pertenecía a la Comisión Cuarta, desde donde se han venido dando declaraciones sobre cómo funcionaba la “ruta de la mermelada” y cómo se repartían los cupos en mercados de “segundo piso” en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la Ley 5 no estimó cómo se debían repartir los seis nuevos congresistas por Senado y Cámara en las comisiones. Lo que derivó, el 28 de junio, en la aprobación por parte del Congreso de una ampliación dentro de las comisiones primera, tercera y quinta del Senado y la Cámara de Representantes. Esto no significó que las curules adicionales ocupadas en el Congreso por FARC, Gustavo Petro y Angela María Robledo, tenían que circunscribirse a estos espacios, pues existen comisiones estratégicas en las que los partidos compiten por poner cuotas. De un solo voto depende que un proyecto como el de presupuesto, prohibición del fracking e implementación del Acuerdo de Paz viva o muera. No obstante, en el caso de Petro, como segundo en la competencia a la Presidencia, se estipuló que fuera a la Comisión Primera del Senado y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, a la Comisión Primera de la Cámara. También quedó claro que, en ningún caso, los nuevos congresistas del partido FARC podrán hacer parte de las comisiones segundas de las dos corporaciones, pues son estas las que conocen de defensa nacional, fuerza pública, comercio exterior, entre otras, y tienen sesiones reservadas para la aprobación del presupuesto de las Fuerzas Militares. En ese escenario, las comisiones quedaron con las siguientes cuotas:Comisión # Senadores# CámaraPrimera2238Segunda1319Tercera1731Cuarta1527Quinta1420Sexta1318Séptima1419Total108172 El nuevo Congreso 2018-2022 conformó las comisiones a partir de acuerdos políticos que se concretaron hasta último momento, y que, evidentemente, tuvieron relación con las estrategias de los partidos de Gobierno como Centro Democrático, Partido Conservador y Liberal, Justa Libres y Mira, para acaparar las comisiones que más les convienen a su proyecto político. Como se observa en la anterior gráfica, la coalición de Gobierno es mayoría en la Comisión Tercera en Senado. Esto les asegura las votaciones para pasar a la plenaria las reformas fiscales y tributarias que tiene en su plan de gobierno el presidente Duque. Además, la coalición de Gobierno también es mayoría en la Comisión Cuarta en Senado, con lo que no habrá ningún contrapeso para pasar a las plenarias, donde también son mayorías, la ley de presupuesto que soportará el plan de gobierno de Duque. De hecho, es aquí donde también se reparten los cupos indicativos o “mermelada”. Para dar un ejemplo más, que es preocupante por la afectación que puede tener en la implementación del Acuerdo de Paz, los temas de tierras y la agenda extractivista, hablaremos de la Comisión Quinta de Senado. Si bien esta Comisión tiene una mayoría parcial de la Coalición de Gobierno, los proyectos de ley tendrán un contrapeso que puede ser más fuerte que en otras comisiones, pues los independientes y opositores suman más de la mitad de los votos para aprobar o modificar proyectos de ley.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Como en casi todo el continente, la polarización es la característica de la política contemporánea, y Colombia no es ajena a esta dinámica. Además, a América Latina, la recorre un tsunami electoral durante 2018: Costa Rica, Colombia, México, Brasil han entrado en la dinámica de cambio de gobierno. Juan Manuel Santos, que hasta el día de hoy fue presidente de Colombia, encarna a un político extraño, pues logró iniciar cambios importantes a nivel nacional, a pesar del Establecimiento que él representa. En la columna anterior se expuso el tema de paz y educación. Esta vez el balance se enfocará en temas de pobreza, equidad, y derechos políticos, así como temas de infraestructura. El propio presidente Juan Manuel Santos, de forma irónica, se define como un conservador en términos económicos y como un hombre progresista, casi de izquierda, en términos políticos y sociales. Efectivamente, durante su gobierno se apoyó la garantía de derechos para minorías sexuales y para las mujeres, por primera vez en años fue legítimo y no solo legal hacer protesta social, e incluso, hay una resolución, firmada en los últimos días, que oficializa el protocolo para la protesta social. Además, gracias al Acuerdo de Paz, por primera vez Colombia tiene un Estatuto de la Oposición, un logro increíble, si se tiene en cuenta toda “la sangre que ha corrido debajo del puente” cuando de hacer oposición política se trata. Por ejemplo, en reducción de pobreza se dieron avances importantes. En materia de Índice de Pobreza Multidimensional se pasó de un 34% de población en esta condición en 2010, a un 17% para 2017. La pobreza monetaria extrema se redujo en 7,4% y sobre todo en materia económica se logró por primera vez en la historia que el desempleo bajará a un dígito, actualmente está en el 9%. Algo histórico para Colombia, donde con frecuencia se rozaba el 20%. Todo esto se logró sin un incremento sustancial de la inflación y a pesar de la crisis económica que generó la ciada de los precios de las materias primas. Otro de los avances importantes se refiere a la infraestructura. Cerca de 1.400 kilómetros en dobles calzadas, varios proyectos en vías de cuarta generación, modernización de aeropuertos y la construcción de la red secundaria de vías. Cualquier viajero que pase por los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Santa Marta se dará cuenta de que fueron remodelados y ampliados o están en ese proceso. Es un cambio inmenso lo que Colombia ha experimentado en los últimos años. En materia de derechos políticos se avanzó de forma importante, más que en leyes, decretos o presupuesto, el avance se dio en la forma como se gestionaron varios conflictos sociales. Tradicionalmente en el país cada marcha estudiantil, paro campesino o sindical era deslegitimado acusándolo de estar infiltrados por las guerrillas y se acudía de inmediato a la represión. Durante las administraciones de Santos la situación cambió; el gobierno permitió la protesta social y cambió la estrategia, se acudía al diálogo y la concertación y no tanto a la represión. Obviamente, hubo saldos en rojo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos. Los temas de implementación de los Acuerdos de Paz marchan con muchas dificultades, hay asuntos realmente estancados como la política de reincorporación de los exmiembros de la guerrilla de las FARC. También varios escándalos de corrupción salpicaron la administración, como el caso de Odebrecht. En todo caso, tanto la pasada columna como esta han causado un gran debate. Los odios y amores que genera Santos difícilmente permiten hacer un análisis objetivo de su gobierno. Pero para tranquilidad de todos, será la historia la que lo juzgue. En todo caso, todos los datos que he mostrado permiten ver que la Colombia de hoy no es el país de hace algunos años. Columna publicada inicialmente en El País de España: https://elpais.com/internacional/2018/08/07/colombia/1533596668_258075.html

Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares La realidad que se presenta en el municipio de Nóvita, ubicado en la subregión de San Juan en el departamento del Chocó, es motivo de alarma debido al alcance que han tenido las diferentes amenazas que intimidan a la población civil y a la fuerza pública. Entre el 27 de julio y primero de agosto, aparecieron en las paredes de la cabecera municipal mensajes alusivos al regreso del ELN y al respectivo control que pretenden ejercer en este territorio. Los mensajes hacen referencia a un ‘toque de queda’ en el que ningún poblador puede estar por fuera de su hogar pasadas las 8:00 pm, creando un ambiente de miedo y zozobra. Además, líderes sociales que vienen adelantado gestiones para el desarrollo comunitario han sido amenazados utilizando el calificativo de “sapos”. Otra de las maneras en las que el ELN intimida a los noviteños es por medio de panfletos que cuelan por debajo de las puertas de establecimientos comerciales y hogares, en los cuales piden colaboración económica para continuar con ‘la causa’ guerrillera. En estos panfletos se lee: “Hola Señores comerciantes del municipio de Nóvita, reciban un cordial saludo por parte del ejército de liberación Nacional ELN. Señores negociantes, necesitamos que ustedes aporten a la lucha por que su aporte es de gran importancia para nosotros combatir el imperio norte americano. Me escriben por Whatsapp” Ante los hechos mencionados hay que precisar que la fuerza pública del municipio es precaria para enfrentar a una arremetida de la guerrilla. Los efectivos no superan las 10 personas y ante la ausencia del Estado, la población civil queda a merced de los grupos armados. Además, la cabecera municipal se encuentra a una hora de Condoto, el municipio vecino más cercano, pero la vía que los comunica se encuentra en condiciones poco óptimas para el tránsito. Nóvita es uno de los tantos pueblos del Sur Chocoano en que las guerrillas y las bandas criminales tienen la capacidad de ‘plantar bandera’ y establecer una especie de república independiente.

Por: Alexander Riaño, coordinador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo La historia puede entenderse en dos sentidos. Por un lado, se trata de una serie de acontecimientos de diversa naturaleza que rodean y condicionan el devenir de los sujetos en sociedad; por otro, es el sentido e interpretación que se le da, colectivamente, a dichos acontecimientos. La historia es, de manera simultánea, trayectoria y relato. Otto Von Bismarck, el famoso político alemán del siglo XIX, decía que “no podemos hacer historia, sino solo esperar a que se desarrolle”, como si la historia fuera una fuerza natural inalterable e incontestable, que resulta del desarrollo azaroso de múltiples acontecimientos. Una tragedia. Si dicha afirmación fuera cierta, no habría ningún sentido en la existencia de los humanos, no valdría la pena asumir ninguna lucha política o social. Pero la historia, más que una trayectoria inmodificable, es un escenario de constante disputa. Construir un relato sobre el pasado es fundamental para entender y evaluar las características del presente y, sobre todo, para pensar y transformar el futuro. Hoy, en Colombia, la historia se encuentra en una fuerte disputa entre múltiples actores de todas las regiones del país. Por cuestiones de espacio, apenas me referiré a una disputa en particular: la narración sobre el conflicto y la paz. De manera sorpresiva, en su primer discurso como presidente de la república, el 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos dijo “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”. Sobre la base de esa afirmación se desarrollaron los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, que se concretaron en lo que todos conocemos como los Acuerdos de la Habana. Para poder llevar a cabo estos diálogos, el Estado colombiano tuvo que reconocer que en el país había un conflicto armado interno y no una lucha contra el terrorismo, como lo planteó e hizo creer Álvaro Uribe durante su gobierno. No es cualquier bobadita. La versión maniquea del terrorismo vino acompañada de estigmatización, persecución y violencia a los líderes sociales del país. Durante el gobierno Uribe en Colombia se posicionó la idea de que ser de izquierdas era sinónimo ser guerrillero. Reconocer que en el país había conflicto armado implicó reconocer, de paso, que había razones consistentes para que un grupo de colombianos empuñara las armas por más de medio siglo y que, por tanto, la violencia no iba a detenerse a punta de esfuerzo militar. Se reconoció el carácter político de las guerrillas. Gracias a este cambio en el discurso, logramos culminar una guerra de décadas con una negociación que duro cerca de 6 años y que produjo unos acuerdos que apuntaron a la terminación de la confrontación violenta, a la profundización y apertura democrática, y también, al fortalecimiento del campo y el campesinado colombiano. Un logro sin igual en la historia reciente del país. La gran pregunta que surge tras el regreso del uribismo al poder es si Duque tiene la capacidad de desligarse del discurso de su mentor. Durante la ceremonia de posesión presidencial, el Centro Democrático apuntó a marcar el territorio y poner la agenda de gobierno. A través de Ernesto Macías, Uribe no perdió la oportunidad de irse en contra del gobierno previo, llegando a hacer aseveraciones temerarias como que “en Colombia no ha existido una guerra civil o conflicto armado”, tan solo terrorismo. La narración del proceso de paz también está en disputa. Durante los últimos 8 años, el uribismo ejerció por primera vez en Colombia una oposición feroz y tremendamente efectiva. Mientras millones de colombianos que viven en los territorios alejados y fuertemente golpeados por la violencia celebraban el silencio de los fusiles, la derecha radical del país se dedicó de lleno a intentar deslegitimar los Acuerdos y su importancia para el país. De manera descarada reconocieron que buscaron movilizar a una ciudadanía emberracada para que votara no en el plebiscito por la paz, lo que obligó al gobierno anterior a modificar los Acuerdos. La realidad, sin embargo, fue dándonos muchas pistas para reconocer el valor de lo pactado. La tasa de homicidios cayó a sus niveles históricos más bajos, disminuyeron los secuestros, las victimas de minas antipersonales, se vaciaron los hospitales militares, las FARC entregaron las armas y de manera decidida apostaron por cambiar las balas por palabras. Acá, la disputa se encuentra en la valoración que le damos como sociedad a estos hechos. Muchos colombianos evalúan como nefastos los Acuerdos y no tendrían ningún problema con que el nuevo gobierno los desconociera o modificara irrespetando la palabra empeñada no de Santos, sino del país entero. Por último, miremos otro ejemplo de la disputa en la que nos encontramos actualmente. Tiene que ver con el narcotráfico y la lucha contra las drogas. Se trata de una problemática fundamental para entender la historia reciente del país y, en particular, para explicar la profundización y degradación de la guerra. Durante sus años de gobierno, Santos fue reiterativo en mencionar que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso. Hoy el mundo consume más drogas. En su último discurso para inaugurar el nuevo Congreso, Juan Manuel Santos invitó al nuevo gobierno a no echar para atrás en esta materia, es decir, entender que los campesinos y consumidores más que criminales son víctimas y enfermos. Pensar la producción y consumo de sustancias psicoactivas como un problema de desarrollo y salud pública es fundamental para mitigar la violencia y los efectos nocivos del consumo de estas sustancias. Durante la campaña, el ahora presidente Duque, retomó un discurso retrogrado, moralista y desinformado sobre este tema. Una de sus banderas de campaña fue arreciar contra los ´jibaros´ y el aumento de los cultivos de uso ilícito, como si repetir lo que se ha hecho siempre nos fuera a llevar a otro lado. Estos tres, entre muchos otros, son elementos de disputa en los cuales se definirá un relato colectivo sobre nuestra historia que nos permita mirar el futuro de la sociedad colombiana. Si gana el relato de la guerra, del terrorismo y de la lucha contra las drogas, es muy probable que el país vuelva a una senda de violencia. Si por el contrario, como sociedad asignamos el valor que se merece la paz, el diálogo y la justicia social, es posible que Colombia logre consolidar una senda de cambio que nos lleve a ser, finalmente, una sociedad pacífica.

Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares “Somos dos líderes que defienden la vida en el territorio, la flora, la fauna. Somos las personas que viven allí y estamos fuertemente amenazados por actores armados. Nos oponemos radicalmente a todos los grupos con armas ya sean legales o ilegales, y por ello necesitamos urgentemente la intervención del gobierno colombiano porque en este lugar no llegan los dineros del posconflicto”. Así comenzó la conversación que hace algunas semanas sostuvimos con dos representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Probablemente, muchas cosas han cambiado para esta comunidad del Urabá en sus 21 años de resistencia pacífica. Sin embargo, tal como advierten los pobladores, hay otras que parece que nunca se van a transformar. Los representantes denuncian la precariedad del Estado y la continua amenaza de estructuras armadas ilegales con presencia en la región. Según ellos, son los mismos que desde hace dos décadas han sembrado la violencia y el terror. Para los habitantes de la Comunidad de Paz, los ‘paras’ nunca se fueron. El espacio humanitario se creó en marzo de 1997 como consecuencia del desplazamiento masivo de San José de Apartadó, causado por las masacres de septiembre de 1996 y febrero de 1997. Fue allí cuando algunas familias decidieron refundar el pueblo y prohibir la entrada a los grupos armados. Hoy, son cerca de 600 personas las que viven en el espacio humanitario, quienes desde la resistencia pacífica siguen denunciando la presencia de grupos armados que tienen el interés de controlar las rutas para el narcotráfico y acaparar las tierras. Durante el tiempo de existencia de la Comunidad, sus líderes han sido objeto de todo tipo de agresiones contra su integridad. Además, la población ha sufrido incontables señalamientos que estigmatizan la decisión de declararse como espacio humanitario en neutralidad frente a la guerra. En 2005, por ejemplo, fueron acusados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de ser colaboradores de las FARC. En febrero de ese mismo año sucedió la masacre de Mulatos y La Resbalosa, donde 8 civiles, en su mayoría niños, fueron degollados, descuartizados y asesinados. Además, fueron asesinados Alfonso Bolívar y Jorge Luis Salgado, lideres reconocidos de la región. Por esta masacre el coronel Néstor Iván Duque y el Capitán Armando Gordillo fueron condenados a 20 años de prisión. Este hecho fue prueba de la perversa alianza que algunos sectores de la fuerza pública hicieron con paramilitares que operaron en la región. Ni las agresiones ni la estigmatización han logrado que este espacio humanitario desista en su propósito de construir paz y rechazar cualquier acción de los grupos armados. En 2012, mientras se comenzaba a gestar el proceso de paz con las FARC, la Corte Constitucional, por medio del Auto 164 de 2012, falló de manera contundente a favor de la Comunidad de Paz y exigió al Gobierno Nacional retractarse públicamente por los señalamientos que habían hecho contra la población. También le exigió establecer rutas y procedimientos para evitar señalamientos futuros. El auto también obligó al Estado colombiano a cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear medidas provisionales de protección del derecho a la vida de la comunidad. Hasta el momento, las medidas adoptadas por el Gobierno no han sido suficientes. Si bien existió acto de retractación sobre los señalamientos, este no ha tenido el carácter reparador que demandan los líderes de la comunidad. Además, las acciones sobre protección y garantía de derechos no ha sido posible, en tanto la población sigue siendo objeto de amenazas y agresiones. Según la Comunidad, la salida de las FARC ha tenido como única consecuencia el fortalecimiento de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los hombres al mando de Otoniel han iniciado un proceso de expansión territorial hacia las zonas que fueron controladas por la extinta guerrilla. Con ello, han iniciado acciones de reclutamiento forzado y despojo de tierras, esta ultima practica ha sido constante en el Urabá antioqueño, región en la existe el mayor número de victimización contra líderes de restitución de tierras. En medio de la constante violencia, la Comunidad de Paz vive bajo estrictas y especificas normas de convivencia. Por ejemplo, no se vende ni se consume licor, se rechaza sembrar y procesar coca, se promueven cultivos legales y se demanda infraestructura apropiada para que estos cultivos sean rentables. El principio de acción de la comunidad no ha sido nunca el de remplazar la institucionalidad, sino de exigir acciones que permitan la garantía de derechos y desarrollo de las regiones. El espacio humanitario no acepta que la base militar, ubicada en el casco urbano de San José, este a escasos metros de la escuela. Tampoco celebra las acciones y regulación que pretenden los grupos armados ilegales sobre la vida de los pobladores de la comunidad. Exigen Estado y, pese a la constante vulnerabilidad, no desisten en su propósito de expulsar a los armados de su territorio. El pasado 29 de diciembre se registró el más reciente atentado contra uno de los líderes de la Comunidad de Paz. La violencia sigue latente en este territorio disputado entre armados. En medio de la confrontación, cientos de hombres y mujeres se resisten en seguir entregando hijos a la guerra.