Por: Alexander Riaño, coordinador de la Línea de Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares Prevenir conflictos socioambientales, proteger el medio ambiente y cuidar la salud de los colombianos. Esas son las tres principales razones que llevaron a un grupo de cerca de 30 congresistas de diversas bancadas (Partido Verde, Polo Democrático, Decentes, Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y la Fuerza Alternativa  Revolucionaria del Común) a poner en trámite un proyecto de ley que busca prohibir “[…] la exploración y/o explotación de los Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos” (YCN), más conocidos por el nombre de la técnica que se utiliza para explotarlos: el Fracking. Se trata de una iniciativa liderada por la Alianza Colombia Libre de Fracking y apoyada por este diverso grupo de senadores y representantes. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hasta el 30 de julio de 2018 en el país se habían suscrito 13 contratos para YNC entre 2010 y 2018. A cuatro de ellos las empresas renunciaron, los otros ocho se encuentran en ejecución actualmente. Según varios expertos, el mayor potencial para extracción se encuentra en lo que se conoce como la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena, lugar donde se ha dado explotación de hidrocarburos desde hace un siglo. En efecto, de los 13 contratos que registra la ANH, seis están ubicados en el Magdalena Medio. Las razones para promover el uso de esta técnica tienen que ver con la disminución de las reservas del país. La gran mayoría de pozos en yacimientos convencionales ya son maduros y tienen poca capacidad de producción. Se trata de uno de los debates más álgidos que le esperan al gobierno entrante, pues la técnica de estimulación hidráulica genera gran rechazo social por sus posibles impactos ambientales. En particular, las principales preocupaciones son la generación de fracturas en el subsuelo, sus efectos sobre sismicidad inducida y la utilización de grandes cantidades de agua a presión con elementos tóxicos que pueden contaminar acuíferos superficiales y subterráneos. Al respecto, Iván Duque expresó durante la campaña presidencial que no le decía “no radical” a esta técnica, pero que consideraba que en primer lugar se deberían agotar todas las posibilidades de explotar yacimientos convencionales. Desde el sector ambiental, el actual ministro Luis Gilberto Murillo expresó en agosto de 2017 que, de acuerdo a su criterio, el sector no estaba completamente listo para realizar la explotación de este tipo de yacimientos y que se requería contar con: i) Un estudio detallado de aguas subterráneas e inventario de acuíferos (especialmente en la zona del Valle Medio del Magdalena); ii) un estudio sismológico y su correspondiente cartografía; iii) lineamientos y metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y de una evaluación ambiental estratégica de la región del Valle del Magdalena Medio; iv) un sistema de registro, verificación, control y vigilancia de los fluidos que serían utilizados en esta tecnología; v) Un proceso de fortalecimiento institucional del SINA y el sector minas y energía. De esta manera, se posiciona la agenda ambiental como centro del debate político y, seguramente, hará parte fundamental de las próximas campañas para gobiernos departamentales y locales.

Por: León Valencia, director – Pares Si nos atenemos al tipo de oposición que le hizo el uribismo al gobierno de Santos, a lo que el presidente Iván Duque anunció en la campaña electoral y a la composición del gobierno que se inicia, en los próximos cuatro años tendríamos continuidades macroeconómicas y fiscales, en la inversión social y en la distribución de recursos vía mermelada, aunque en este campo habría destinatarios distintos. Pero tendríamos rupturas en los Acuerdos de Paz, en las relaciones con la región latinoamericana, en las líneas de la lucha contra el narcotráfico y en la actitud ante las cortes. Estas son, desde luego, cábalas donde no es posible tener completa certeza, la realidad política es siempre muy fluida en Colombia y las cosas pueden cambiar mucho con el paso del tiempo, pero corro el riesgo con estos pronósticos. Las audacias de Santos no fueron de carácter económico y social, allí mantuvo con rigor la ortodoxia y cumplió a cabalidad la regla fiscal que rige al país hace ya muchos años. Nada de aventuras reformistas y de grandes esfuerzos en la redistribución del ingreso. De Alberto Carrasquilla, nuevo ministro de hacienda, y del equipo económico nombrado, no se puede esperar algo distinto, los primeros anuncios de reforma tributaria así lo confirman. Pese a las reiteradas declaraciones de que no habrá mermelada, las necesidades de los grupos políticos que componen el gobierno empujarán a Duque en esa dirección, aunque el destino de los recursos sea distinto. El Centro Democrático, la facción conservadora de Marta Lucía Ramírez y las iglesias evangélicas que están en el corazón de la coalición, tienen muy poca representación en las regiones. De hecho, el uribismo sólo alcanzó en las elecciones de 2015 cincuenta y una de las 1122 alcaldías y una de las 32 gobernaciones. Para cambiar esta situación en el 2019, los uribistas utilizarán todas las palancas del gobierno nacional en detrimento de los partidos que acompañaron a Santos y de la oposición de izquierdas, de eso no quepa la menor duda. El esfuerzo por cambiar la relación de fuerzas políticas en los departamentos y municipios será enorme. Las rupturas vendrán por los lados de la seguridad y la paz. En los últimos veinte años, en Colombia han competido con ardor dos mitos: el de la seguridad y el de la paz. Esa competencia no ha cesado. Con Santos el mito de la paz con sus emblemas de negociación, verdad, reconciliación, convivencia, diversidad, ganó batallas decisivas, pero perdió un plebiscito clave y luego unas elecciones definitivas. Ahora regresa el mito de la seguridad con sus emblemas de mano dura, justicia, orden y autoridad. Sólo que en Colombia estas consignas no necesariamente están ligadas al cumplimiento estricto del estado de derecho, pueden estar asociadas a preocupantes fenómenos de ilegalidad y a trampas perversas en la trama política. Cuán profunda será la ruptura, está por verse; pero la posible extradición de Santrich, ligada a una probable renuncia definitiva de Iván Márquez a entrar en la política, el crecimiento de las disidencias de las FARC, la revisión de las negociaciones con el ELN y alguna suspensión de estas conversaciones, el asedio a la Justicia Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, la amenaza a la protesta, la continuidad de los asesinatos a los líderes sociales y la vuelta a las fumigaciones y a la represión sobre los campesinos cocaleros, no anuncian nada bueno. La tensión con las cortes será otro signo de ruptura.  Empezó con el anuncio de una sola Corte que muy pronto perdió fuerza, pero continuó con las graves presiones a la Suprema por el llamado a indagatoria del expresidente Uribe y con los cuestionamientos y consejas sobre la JEP. Santos había logrado una mayor armonía con los tribunales con la excepción de la Procuraduría en los tiempos de Alejandro Ordoñez, pero esa no parece ser la perspectiva en los años que vienen. El otro campo seguro de cambio será la actitud frente a Latinoamérica y los Estados Unidos. Tanto por la variación del mapa político en la región como por la alineación de Duque con la administración de Donald Trump, tendremos nuevas tormentas con los vecinos. Estamos volviendo a narcotizar las relaciones con el norte y a profundizar las tensiones con Venezuela y Ecuador, estamos en el camino a liquidar los pocos avances logrados en la integración con el sur del continente. Alguna intervención militar en Venezuela puede generar un gran incendio que perjudicará sobre todo a Colombia.

Por: Redacción PARES «Las armas son pa’ usarlas y pa’ defender lo que es de uno. Yo por mi barrio me hago matar». Dice Julián*, un joven de 18 años, mientras se refiere a la Comuna 13 de Medellín. Según cuenta, creció viendo armas y por eso ya no les teme. Tal vez esa falta de temor, y tanto tiempo libre, como afirma, lo llevaron a unirse a uno de los ‘combos’ de microtráfico de su barrio. «Acá hay ‘combos’, uno crece con ellos porque son los vecinos. Uno les hace favores y ellos lo van ligando a uno. Después, se va viendo la platica y uno va queriendo más y más». Para él, la principal razón de que los jóvenes se metan a este negocio es la pobreza. Por eso, muchas veces, la forma de atraer a los jóvenes es con regalos o dinero para que resuelvan problemas familiares, cuenta Julián. Afirma que después de que se ve la plata ya se no puede parar. En su caso, su lucha personal es por ayudar a su mamá a separarse de su padrastro, pues la maltrata constantemente. Aquí, la regla es responder a la violencia con más violencia. A los jefes de los ‘combos’ casi ni se les ve por el barrio, cuenta Julián. Pero cuando llegan, llegan en carros de alta gama y viven de dar órdenes. Son ellos quienes deciden a quién o a quién no matar. Dónde se puede robar y dónde no. Dónde se arrojan los cuerpos y dónde está prohibido. Lo que diga el patrón se hace, no hay matices. Julián lo sabe, por eso, sin titubear, afirma delante de uno de sus amigos: «Hoy soy amigo de este man, pero si mañana los jefes dicen que hay guerra entre nosotros, con el dolor del alma, hay que matarnos». El patrón justifica su poder en que es él quién le consigue el trabajo a los jóvenes. Sin embargo, Julián dice que ellos también buscan hacer un ‘cascao’ por su cuenta. ¿Qué es un ‘cascao’? Asesinar o cobrarle a alguien lo que debe, “depende del muñeco”. En la Comuna 13 son los jóvenes los que le ponen la cara a la violencia. Según cifras del periódico El Colombiano, el 50% de asesinatos cometidos en la ciudad de Medellín son contra jóvenes. Antes de esta vida, Julián trabajaba entre la plaza de mercado y la tienda del barrio. Cuenta que su antiguo jefe lo maltrataba y no le pagaba a tiempo. Hoy, ese antiguo tiene que pagarle el ‘impuesto de vigilancia’, así es como Julián le llama a la vacuna que cobra. Es una espiral de violencia que nunca termina. «Es que esta es la vida de uno, yo no sé hacer nada más. Si uno es bandido, es bandido». *Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

Por: Sebastián Mora, investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad – Pares Aida Merlano Rebolledo se convirtió en una figura política reconocida por ser la cabeza de todo un entramado de compra de votos que la llevaron a ser senadora electa. En un allanamiento a su sede de campaña, la Fiscalía General de la Nación encontró armas, dinero en efectivo, certificados electorales y hasta fotocopias de cédulas de ciudadanía. Por estos hechos la Fiscalía compulsó copias contra Merlano ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Merlano se entregó el 9 de abril y la CSJ le impuso medida de aseguramiento mientras avanza su investigación. A pesar de esto, el 16 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme su elección como senadora y afirmó que se encontraba habilitada para asumir su curul en el Congreso. Sin embargo, para que un senador pueda posesionarse debe estar presente en el Congreso el 20 de julio, o presentarse en un plazo de 8 días para asumir su curul, cosa que en el caso de Merlano no sucedió. La senadora electa envió una solicitud para que el presidente del Senado la posesionara en la cárcel el Buen Pastor, esta petición fue negada y el 1 de agosto se cumplió el plazo que tenía para posesionarse. Ahora su caso pasó del Congreso al Consejo de Estado para que decida sobre la perdida de investidura. La silla vacía: La respuesta de si es aplicable o no la figura de la silla vacía tiene que revisarse desde el artículo 4 del acto legislativo 02 de 2015, que dice: “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos (…) contra los mecanismos de participación democrática…”. Aunque los delitos que se le acusan pueden considerarse dentro de esta categoría, Merlano aún no ha sido condenada y, sin condena, no hay silla vacía1. El Partido Conservador, entonces, aún no pierde definitivamente una curul sin posibilidad de reemplazo. Por otro lado, ese artículo tiene un parágrafo transitorio: “Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la pérdida de investidura…” En cuanto a la declaración de nulidad, el CNE ya avaló la elección de Merlano. Sin embargo, el Consejo de Estado es quien evaluará la perdida de investidura y, si esta se declara y el proceso en la Corte Suprema no avanza, se aplicaría reemplazo de la curul de Merlano, Aquí hay dos puntos fundamentales a evaluar. El primero es que si la pérdida de investidura se declara antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, esta última podría perder su competencia para juzgarla y, por lo tanto, no habría forma de aplicar la silla vacía. El segundo elemento es la velocidad de la justicia en temas electorales2 lo que también mandaría al proceso a un limbo jurídico. PARES, en su ejercicio de seguimiento al nuevo Congreso, consiguió algunas de las listas de la conformación de las comisiones constitucionales permanentes y Aida Merlano aparece inscrita en la comisión sexta del Senado de la República. Al parecer, esto se debe a que cuando se realizaron las conformaciones de las comisiones, Merlano aún estaba dentro del plazo de 8 días para posesionarse, lo que podría permitir buscar cupo en alguna comisión. La pregunta es: ¿Quién intervino para que Merlano estuviera en esa comisión? ¿Quién mantiene contacto con Merlano cuando son claras las pruebas que la inculpan? ¿Podría ser una jugarreta del Partido Conservador para que mientras se resuelve el proceso de Merlano, mantengan fichas en esa comisión, sin importarles éticamente el comportamiento de sus candidatos?

Foto: Andrea Aldana Por: Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto El Catatumbo se encuentra en medio de una confrontación entre el ELN  y el EPL, el cual, según el Ministerio de Defensa, sería el Grupo Armado Organizado (GAO) ‘Los Pelusos’. Sumado a esta tensión, un grupo compuesto por exguerrilleros desertores del proceso de paz del extinto Frente 33, ha iniciado acciones armadas a través de antiguas prácticas de las FARC para hacerse al control del territorio. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) afirmó que el recrudecimiento de la violencia en Norte de Santander, en 2018, ha perjudicado a más de veinte mil personas. Desde marzo se han presentado una serie de hechos violentos, entre ellos la masacre de El Tarra, que tienen a la región en emergencia humanitaria. En esta línea del tiempo repasamos esos hechos uno a uno. Las disputas entre grupos armados por el territorio han derivado en el aumento de la violencia en la región. Según datos de la Policía Nacional, en cinco de los diez municipios que componen el Catatumbo aumentaron los homicidios entre 2016 y 2017, siendo los más significativos Tibú, El Carmen y Ocaña. Entre enero y abril de 2018 las cifras de homicidio no han aumentado considerablemente respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no deja de llamar la atención el municipio de Tibú, en donde se incrementaron los homicidios cuando ya el año anterior se había presentado un aumento. La violencia homicida va creciendo en este municipio. Esto expresa importantes tensiones armadas en el territorio que obedecen, principalmente, a la disputa entre el ELN y el EPL. Tibú, además, es el municipio con mayor concentración de hectáreas sembradas con coca. Este fenómeno ha sido histórico ya que es, en su mayoría, un territorio de relieve plano donde la presencia estatal nunca se consolidó. Por ahora, se ve muy poco interés por parte del ELN y EPL de llegar a un acuerdo para acabar la disputa por el narcotráfico. Además, ahora se cuenta también la presencia de las disidencias del frente 33. Si bien fuentes locales aseguran que este grupo tiene una influencia marginal en comparación con el ELN y ‘Pelusos’, esta situación podría cambiar con el paso del tiempo.

Por: Esteban Salazar, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares Nelson Javier García Castellanos, tras un periodo de 2 años y 7 meses de mandato, se convirtió en el primer alcalde en ser revocado en la historia del país. Si bien desde hace 26 años se activó esta posibilidad para los votantes, Tasco, Boyacá, fue el primer municipio en hacerlo efectivo. El pasado 29 de julio de 2018 salieron a votar 1.658 personas, de las cuales, 1.609 apoyaron la revocatoria del mandatario. Hubo 19 tarjetones no marcados, 9 votos nulos y tan solo 21 apoyos para que el alcalde se quedara. Las razones que llevaron a los habitantes del municipio a revocar con mayorías contundentes, según los habitantes del municipio, están relacionadas con su ausencia en la alcaldía y el incumplimiento de su plan de gobierno. A esto se le suman las constantes manifestaciones de campesinos, mineros y transportadores, pues el alcalde no los tuvo en cuenta en su periodo de gobierno. García Castellanos fue candidato de la Alianza Verde en la contienda de 2015 por la alcaldía de este municipio, cuando ganó por un margen estrecho a Edwin Manrique Guerrero de Cambio Radical. García se impuso apenas por 65 votos: 1,123 contra 1,058 votos de Manrique. Lo que sigue para Tasco es que partir del 29 de julio, durante los siguientes 30 días de la revocatoria, se convocarán elecciones atípicas para elegir al sucesor de García Castellanos. Mientras llega ese día, el partido Alianza Verde deberá proponer una terna para que el Gobernador del departamento escoja un mandatario provisional. Conviene señalar que no es la primera vez que se convoca a los colombianos para revocar un alcalde en un municipio, pero sí es la primera que tiene efectos. Lo que se había manifestado eran convocatorias a votar, pero que no habían alcanzado el umbral. El evento más próximo a la revocatoria fue en 2011 cuando triunfó el voto en blanco en Bello, Antioquia, por encima del único candidato: Germán Londoño, quien pertenecía al Clan de los Suárez Mira. La ley 1757 de 2015 exige que para las revocatorias debe haber una mayoría del 50% más 1 de quienes voten, a favor o en contra, para que haya una decisión. Aunado a ello, el total de sufragios no deben ser inferiores al 40% de la votación total registrada en los comicios en los que se eligió al alcalde. Para el caso de Tasco: 1382. Esta revocatoria hace parte de los 114 procesos en marcha que se rencuentran en la Registraduría en su página oficial. Se trata de más de una centena de comités de revocatoria distribuidos en 26 departamentos y 95 municipios del país, de los cuales hay una revocatoria archivada, 5 convocadas, 4 realizadas, 1 suspendida y 89 en recolección de apoyos. Hasta este punto, es un hecho que la diáspora de revocatorias en el país puede dar resultados, siempre y cuando se alcance el umbral y no haya intervención política en los procesos electorales.

Caricatura: Ignacio Villamil Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares Resulta algo paradójico, extraño y, diría, hasta increíble, pero en la época de la postmodernidad la previsibilidad en política es algo que está en vías de extinción. El presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos, se va con un bajo nivel de popularidad, muy bajo para todo lo que hizo en sus dos periodos presidenciales –2010-2014 y 2014-2018-. Colombia hoy, aunque con muchos problemas, es un país diferente, está saliendo de un letargo de más de 50 años. Para muchos, este cambio es lento, lo quisieran más rápido y vertiginoso. Para otros, el cambio es su peor enemigo y quieren que se mantenga el statu quo. La popularidad internacional de Santos contrasta con su impopularidad en Colombia. El presidente Santos ha sido liberal en todo el sentido de la palabra. Ese talante le ha permitido avanzar en reformas importantes para el país, lentas o graduales, pero necesarias. Pasará a la historia como uno de los tres presidentes más importantes en la vida republicana de Colombia, después de Simón Bolívar y antes de López Pumarejo. Se ha ganado un lugar en la historia. Tal vez será recordado por cinco grandes logros, cuyos frutos se verán en el futuro, pese a no ser los logros inmediatos, esos que provocan aplausos y entretienen a los despistados. Tampoco son logros que dejan charcos de sangre o aquellos que con la disculpa de combatir fantasmas acaban con miles de vidas. Sus logros son la paz, la infraestructura, la educación, la vivienda y la lucha contra la pobreza. En esta columna abordaremos dos de esos logros y en la próxima columna los restantes tres. Obviamente, la paz es el primer logro. Se podría definir como algo impresionante, impensable hasta hace algunos años y, como todo proceso trasformador, la paz tenía muchos enemigos, pues durante las más de cinco décadas que se desarrolló la guerra, se reconfiguró el modelo social, económico, productivo y político en vastas regiones del país. Al final se llegó a un acuerdo y se puso fin a un conflicto de 54 años, que dejo, cerca de 8.000.000 de víctimas, entre ellas, alrededor de 7.000.000 de desplazados, al menos 230.000 homicidios, 80.000 desapariciones forzadas y cerca de 30.000 secuestros. Como telón de fondo, se despojaron casi 6.000.000 de hectáreas de tierra a pequeños campesinos, se asesinaron alcaldes, gobernadores, militantes de partidos políticos, periodistas, se cometieron más de mil masacres y claro, en medio de la degradación, la violencia sexual fue un arma de guerra. Seguramente, si el presidente Santos hubiese dicho que iba a continuar la guerra, a matar a todos los comunistas y guerrilleros, que iba a reprimir la protesta social, impedir las movilizaciones y paros de sindicatos y campesinos, hoy su popularidad estaría alrededor del 80%. La explicación es sencilla, la guerra une y la paz divide. La primera une, porque en una guerra se permite todo, se pueden trasgredir todos los límites, se deshumaniza al otro y se puede exterminar lo diferente. La paz divide, porque en ella hay límites, se debe soportar la diferencia, se humaniza al que piensa diferente y sobre todo, se crea la otredad. Pero, para la sociedad colombiana, la guerra comienza a menguar y la paz parece tener un horizonte, los secuestros están a punto de desaparecer en Colombia, los afectados por minas antipersonal han caído más de 90%, ya no se ven esas imágenes tenebrosas de soldados y guerrilleros sin piernas, brazos, testículos, sin ojos. Las desapariciones forzadas han disminuido, la tasa de homicidios descendió casi 10 puntos en 6 años, los desplazamientos forzados han caído. Las armas comienzan a salir de la política. Pero además de la paz, hay avances importantes en materia de educación, Por ejemplo, desde 2012 hay gratuidad en preescolar, primaria y secundaria Además, se creó la política “de cero a siempre”, para la atención integral a la primera infancia, se construyeron más de 30.000 aulas escolares y se le dio un fuerte impulso a la educación técnica y tecnológica. Durante estos años se avanzó en no reprimir las protestas estudiantiles, muchos liderazgos de izquierda y centro hoy son producto de las movilizaciones estudiantiles de hace algunos años. Pero tal vez en materia de educación la herencia más importante es que se echaron los cimientos para la construcción de una modelo de educación rural, una de las deudas históricas del establecimiento colombiano con los sectores rurales más pobres. Artículo inicialmente publicado en El País: https://elpais.com/internacional/2018/07/31/colombia/1532994814_405009.html

Foto: Tomada de El Colombiano Por: Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto y Andrea Aldana, investigadora – Pares El Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste antioqueño, es una de las cuatro zonas más complejas en materia de seguridad después de la dejación de armas de las FARC. En las últimas semanas se denunció que grupos armados ilegales están haciendo censos en zonas rurales de Ituango con el objetivo de limitar la libre movilidad de la población. Además, la tasa de homicidio es la más alta de los últimos cinco años, tal como se ve en la siguiente gráfica. El proceso de paz trajo una tranquilidad de pocos meses al norte de Antioquia. Desde 2012 se vio una tendencia a la baja en el número de homicidios, llegando al punto más bajo en el 2016. Sin embargo, desde finales de ese mismo año en la zona se vive un proceso de reorganización criminal. Hoy, son varias estructuras las que se disputan metro a metro el poder en la zona. A los pocos días de la concentración de las FARC, las condiciones de seguridad comenzaron a deteriorarse. El punto más crítico llegó en este primer semestre de 2018, donde se han reportado 41 homicidios y múltiples amenazas contra la población. Las causas están relacionadas con la expansión del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (como se autodenominan), la llegada de los Pachelly desde Medellín y la emergencia de grupos desertores de las FARC. De acuerdo con la información recolectada en territorio, los hombres que están detrás de la expansión del Clan del Golfo son los desertores de las FARC alias ‘Carnitas’ y ‘Jeringa’. Ambos trabajaron con el Clan del Golfo y habrían servido de enlace a los Pachelly de Medellín, quienes le compraron una franquicia territorial al Clan del Golfo. Alias ‘Carnitas’, después de abandonar el proceso de paz, tomó el control de las veredas Pascuitá, El Cedral y la Hundida, además de los corregimientos de El Aro y Santa Rita. En este último se le conoció por la detonación de un artefacto explosivo y la amenaza a 20 maestros en medio del paro convocado por Fecode, en mayo de 2017. Durante el 2017, Carnitas’ y ‘Jeringa’, en representación de las AGC, facilitaron la compra de droga a los Pachelly y trabajaron en una alianza con esta banda, integrada al Cartel del Norte del Valle de Aburrá que, además, venía ingresando al norte antioqueño para gestionar actividades netamente relacionadas con el narcotráfico. Como se ven la siguiente, desde el 2016 empezaron a aumentar los cultivos de uso ilícito en la región. Sin embargo, alias ‘Carnitas’ y ‘Jeringa’ no son los únicos que están sembrando terror en el territorio. En los últimos meses se ha conocido de la aparición de alias “Cabuyo”, otro exintegrante de FARC que, aun cuando hizo el proceso de dejación de armas, se estaría rearmando para liderar una estructura que las autoridades llaman “disidencias” del Frente 36. Sobre estos supuestos disidentes se debe advertir que el trabajo desarrollado ha logrado establecer que no todos sus integrantes son exguerrilleros. También hay miembros de la delincuencia común que se han sumado a las actividades de alias “Cabuyo” en función de capturar rentas del narcotráfico. Según información obtenida en entrevistas, los “disidentes” de las FARC que estarían liderando nuevos grupos en Antioquia son: alias ‘El Burro’ por el frente 5, operando en el Norte antioqueño y Urabá; alias ‘El Pájaro’ y ‘Mauro Ratón’ por el frente 34, operando en Urrao; alias ‘Segundo’ por el frente 58, operando en Urabá; alias ‘Ramiro’ por el frente 18, operando en Ituango y Briceño; alias ‘Cabuyo’ y ‘Diomedez’ por el frente 36, operando en Ituango, Briceño, Anorí, Valdivia y apareciendo por algunas zonas de Bajo Cauca. La aparición de “Cabuyo”, las alianzas de “Carnitas” y la presencia de las AGC y los Pachelly por la disputa del territorio podrían explicar el aumento de la violencia en el último año. Luego del anuncio de la ley de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales se generaron tensiones entre las AGC y los Pachelly. Además, existe también tensión entre “Cabuyo” y ‘Carnitas’. Todo esto hace prever un 2018 muy difícil para el Norte de Antioquia y sobre todo para Ituango.

Por: Daniel Parra, colaborador – Pares La ola de violencia en el país no cesa. El pasado 29 de julio la muerte se vistió de masacre en el casco urbano de El Tarra, Norte de Santander: nueve personas fueron asesinadas y dos más heridas. Las víctimas se encontraban en un establecimiento público cuando hombres armados ingresaron y empezaron a disparar indiscriminadamente. Entre las personas asesinadas se encuentra Frederman Quintero, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Km 84, quien a su vez era Coordinador de Comité Veredal de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y delegado a la Audiencia Popular Regional que se realizaría el próximo 3 y 4 de agosto en el casco urbano de San Calixto. Entre las víctimas también se encuentran tres exmilitantes de las FARC que hacían parte del proceso de paz. Dos de ellos muertos y otro herido. En primeras declaraciones, el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció que se desconocían los móviles y autores de la masacre. Sin embargo, aseguró que se podría tratar de los enfrentamientos que sostienen el ELN y el EPL en la región. No obstante, fue enfático al señalar que no se adelantaría en sus afirmaciones hasta no tener una versión oficial de los hechos. Para el Coordinador General de Ascamcat, Jhonny Abril, en los últimos meses han surgido nuevas violencias en contra de los movimientos sociales y de las personas que están impulsando una futura paz. “Lo que pasó da un mensaje desalentador, desmoralizador. Hemos vuelto a las masacres que se presentaron en 1999, en el 2000, en esa época del paramilitarismo en que se realizaban masacres a diario”, le aseguró Abril a Pares. Después de un Consejo de Seguridad Extraordinario en la Alcaldía de El Tarra, se concluyó que la Policía Nacional asignará un cuerpo élite a la zona que, en conjunto con la Fiscalía, iniciará inmediatamente la investigación de lo sucedido. Además, se reforzará la estación de Policía con un grupo especial de hombres y se llevará un componente del Gaula e inteligencia inscrito a la Operación Esparta.  El Ejército Nacional incrementará el número de efectivos en la zona y, en compañía de la Policía Nacional, realizarán un plan de contingencia en el casco urbano. Ante esto, el docente investigador en temas sociales de la Universidad Libre, Mario Zambrano, afirma que no es suficiente resolver el conflicto tratándolo como un problema militar, pues la transición hacia la paz implica voluntad política por parte del Estado y, sobre todo, inversión social. Para Zambrano, “si no hay un acompañamiento en el tema de sustitución de cultivos y un acompañamiento en la estabilidad económica de las poblaciones difícilmente la gente va a dejar de cultivar coca”. Frente al recrudecimiento de la violencia afirma que “pueden desmovilizarse las FARC y vendrán otros grupos a ocupar los territorios, como ha ocurrido con el caso de el Clan del Golfo o la expansión del EPL”. La expectativa para todos crece, en especial para estas regiones que palpan lo duro de la guerra.

Por: Redacción Pares Hace 8 años fue sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448, ¿cuál es el balance que deja a puertas de acabar el gobierno de Juan Manuel Santos? Esta publicación de Forjando Futuros entrega las principales cifras en lo que corresponde a la restitución de tierras.

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares La mejor forma de protección de una democracia es que sus instituciones sean más fuertes que las personas que las administran. Hay tres reglas básicas de las democracias liberales. La primera se basa en un equilibrio de poderes, en donde el legislativo, el ejecutivo y el judicial se controlan unos a otros. De esta forma, se evita que una sola persona o grupo logre administrar los tres poderes a la vez y se convierta en un régimen autoritario. Por ello fue que en Colombia todo se desbalanceo con la reelección presidencial, pues el ejecutivo logró interferir de forma fuerte en el nombramiento de magistrados en la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La segunda regla es que las democracias liberales están hechas para proteger a la minoría de la mayoría. Cuando se gana una elección los ganadores tienden a ser apabullantes y la emprenden contra los que perdieron, las democracias los deben proteger. Ello a su vez significa que la oposición debe contar con garantías para su ejercicio y que se debe garantizar, también, la libertad de expresión y de movilización. Por último, según las teorías sobre la formación de los Estados actuales, estos se constituyeron para proteger la vida, la propiedad privada y, más recientemente, se ha dicho que el tercer pilar fundamental de una democracia es la libertad de expresión. Es decir, aun en los peores momentos de una democracia, se pueden limitar varios derechos, menos lo tres mencionados anteriormente. Todo esto lo escribo, entre otras cosas, por el llamado a indagatoria del senador Uribe Vélez. Nótese como la estrategia de la derecha y del uribismo se ha basado en varios supuestos. Lo primero que hicieron fue irse lanza en ristre contra el periodismo. En lugar de explicar lo que se escucha en las grabaciones, enfilaron baterías contra Daniel Coronell y cuestionaban el acceso a las grabaciones que obtuvo el periodista. Incluso, han dicho que debido a la filtración de algunas grabaciones el proceso judicial ya no es válido. A medida que avanzan en su plan de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia y la prensa, el uribismo utiliza otra “trampa caza-bobos”, esa es para agitar sus bases. El argumento es que les parece increíble que miembros de la ex guerrilla de las FARC estén en el congreso y Uribe esté a punto de ir a la cárcel. El tema aquí es que voluntariamente el uribismo confunde la Justicia Transicional con la Justicia Ordinaria, y además confunde las condiciones de la participación política del partido FARC con los líos judiciales del expresidente. Por ejemplo, la simultaneidad entre participación política y justicia transicional se da siempre y cuando exista verdad, restauración, perdón y garantías de no repetición, si no colabora o se colabora parcialmente habrá cárcel. Así las cosas, se le debería recomendar al expresidente Uribe que se acoja a la JEP y que diga la verdad, restaure, pida perdón y de garantías de no repetición, y así puede acceder a beneficios jurídicos y a la fórmula de simultaneidad. La tercera estrategia la dicen en pasillos y en restaurantes. Como se sabe varios magistrados de la Corte Suprema serán relevados en los próximos meses. Algunos uribistas dicen que ellos cambiarán el equilibrio en la Corte logrando entrar personas cercanas a su ideología. Es decir, al mejor estilo de los populistas autoritarios, el uribismo aspira a controlar el ejecutivo, el legislativo y ahora el poder judicial. Así que en los próximos días veremos la fortaleza de la institucionalidad Colombia. Será una oportunidad ideal para ver qué tan demócratas son los colombianos, o en otras palabras, ¿los colombianos saldrán a defender su democracia o saldrán a alabar héroes de barro?

Por: León Valencia, director -Pares Dario Acevedo, columnista de El Espectador, en un debate en la FM de RCN, a propósito del llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, decía que la pretensión de la izquierda colombiana era llevar a Uribe a la condición de Alberto Fujimore o de otros gobernantes del sur del continente que terminaron en cárceles juzgados por crímenes cometidos en ejercicio de sus mandatos. Pero lo que ha ocurrido en Colombia es muy diferente a lo acontecido en Perú o en las dictaduras de Cono Sur y por eso ofrece oportunidades distintas tanto para las guerrillas como para los agentes del Estado. El conflicto colombiano está terminando en acuerdos de paz con una rigurosa vigilancia internacional y unos exigentes pero generosos tribunales de verdad y de justicia transicional. Se equivoca Acevedo. La izquierda, quizás con algunas excepciones, quisiera que tanto Uribe como todos los funcionarios de Estado que fueron protagonistas de primer orden en conflicto colombiano aceptaran la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad y se dispusieran para la reconciliación del país. En vez de carcel, penas alternativas; en vez de escarnio, un llamado a iniciar una nueva convivencia con respeto por la pluralidad y la diversidad del país. Son los uribistas los que deben cambiar de ideas. Deben reconocer el conflicto y la paz negociada como una realidad, reconocer que no hubo vencedores ni vencidos como en otros países de la region, reconocer que en medio de la guerra se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario de todos los lados y se transgredieron las obligaciones estatales con los derechos humanos. Son hechos evidentes para todo el mundo. Negarlos es aplazar innecesariamente la reconciliación nacional. En el caso que nos ocupa en estos días se puede ver con claridad esa actitud tozuda del expresidente Uribe y sus seguidores. Para no poner la cara ante la justicia por graves acusaciones de conformación de grupos paramilitares y de crímenes cometidos por estos grupos, Uribe prefiere acudir a la manipulación de testigos y por ese camino se mete en un lío judicial del cual es difícil que salga victorioso. Quizás en el desarrollo de este episodio se de cuenta que lo mejor es acudir de una vez por todas a la JEP, puede hacerlo de manera voluntaria como lo ha hecho el general Montoya quien fue el puntal de Uribe cuando fungía como mandatario regional y como Presidente de la República en la aplicación de la política de seguridad democrática. Sería una contribución enorme a la compresión de lo que ocurrió en el periodo más duro y más doloroso de la guerra colombiana. Entre 1995 y 2010 años en que Uribe ejerció como gobernador de Antioquia y como presidente de Colombia se produjo el setenta por ciento de los más de ocho millones de víctimas tal como ha quedado registrado en el Registro Único que llevan las instituciones del Estado. Mucho tiene que decir y explicar una persona que ejerció el papel de comandante en jefe de las Fuerzas Militares durante los años donde se escaló el conflicto armado. Desde luego Uribe no es el único responsable político de la situación ni la persona que debe responder judicialmente por todos los acontecimientos. La guerrilla es actor principal, los militares por supuesto, otros agentes del Estado y miles de particulares implicados en una pavorosa guerra irregular. Ya el expresidente Ernesto Samper ha manifestado en carta dirigida a la JEP y a la Comisión de la Verdad su disposición a concurrir a estas instancias para responder por lo ocurrido en su mandato. Es un gesto que lo honra. Una decisión de Uribe en este sentido marcaría el camino de encumbrados miembros de las élites políticas y sociales y produciría un quiebre virtuoso de la historia colombiana. Esperamos que más temprano que tarde el expresidente tome esta decisión. El otro camino es mantenerse en el choque y en el desafío a la justicia ordinaria con el peligro cierto de que una parte de los agentes del Estado que jugaron un papel protagónico en el conflicto terminen respondiendo ante tribunales internacionales.