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Por: Katerin Erazo, Periodista En la región del Pacífico colombiano los grupos armados ilegales continúan generando caos y conflictos, lo que ha generado gran preocupación en las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí, ubicados en el departamento de Chocó. Estas comunidades se ven afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Desde el pasado 25 de febrero el ELN decretó un paro en la subregión del San Juan, que finaliza supuestamente hoy, 01 de marzo. Sin embargo, a causa de esto se han registrado hechos de confinamiento y desplazamiento masivo en las últimas semanas (Ver: Chocó una vez más bajo los efectos de la violencia ). Por esta razón, las autoridades están pidiendo una intervención urgente. Una de las áreas más afectadas es el sur del Chocó, donde la Defensoría del Pueblo solicitó medidas inmediatas por el confinamiento masivo de más de mil de personas. Según explicó Tulio Hurtado, representante del consejo comunitario de Nóvita, en este territorio las personas no se han podido movilizar ni por tierra ni por los ríos, ya que temen sufrir represalias por parte de las estructuras ilegales. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, mencionó que la disputa por el control del territorio para actividades criminales ha dado lugar a un incremento de las violaciones a los derechos humanos en esta zona. El Defensor expresó su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrentan especialmente las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí. A pesar de que las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN priorizaron la zona para los pilotos de alivio humanitario como parte de la construcción de la paz, los resultados no han sido satisfactorios para las poblaciones afectadas. Por el contrario, se agravó la situación, dado que las ayudas no han llegado satisfactoriamente, según comunicó la Defensoría del Pueblo . Además de esto, los habitantes están preocupados por el aumento de la instalación de trampas explosivas y extorsiones a los campesinos que transportan alimentos e insumos. (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito) . Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), informó que durante este año se han registrado cinco incidentes relacionados con minas antipersona en Istmina, Chocó, así como doce homicidios, de los cuales cinco ocurrieron en Quibdó, tres en Istmina, uno en Tadó, uno en Riosucio, uno en Medio San Juan y otro en Carmen Del Darién. Aunque el Clan del Golfo se encuentra en un cese al fuego acordado con el Gobierno, la Defensoría informó que sigue afectando la vida de la población civil, especialmente en el Cauca y zonas fronterizas. Motivo por el cual la Defensoría solicitó medidas urgentes de desescalamiento del conflicto y exhortó al Estado a tomar acciones para proteger y atender a las comunidades, así como para disuadir los riesgos existentes. Otro de los llamados a parar estos hechos violentos lo hizo monseñor Héctor Fabio Henao, quien representa a la Iglesia católica en los diálogos con el ELN. Henao dijo al medio de comunicación Caracol Televisión que: “el llamado es a que se avance en los procesos de búsqueda de la paz con los distintos actores del territorio, porque la paz es el camino, es la salida para poner fin a esas confrontaciones y para que también cese la problemática humanitaria que se vive y la necesidad de que ahora se saque a la comunidad de las confrontaciones que hay en el territorio”. Francisco Daza afirmó que los acuerdos de cese al fuego con el Estado no han resultado completamente efectivos, puesto que los grupos armados aún se enfrentan entre sí. Esta situación ha generado graves consecuencias para la población civil, la cual se ve atrapada en medio de los enfrentamientos y sufre confinamientos, homicidios y desplazamientos forzados. Daza también explicó que existe una falta de claridad sobre el papel que debe desempeñar la Fuerza Pública en estas situaciones, debido a la ausencia de una política de seguridad y defensa definida en el marco de los acuerdos de cese al fuego bilaterales con los grupos armados. En consecuencia, el investigador señaló que existen limitaciones en cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública para prevenir acciones como los paros armados, ya que esto debe hacerse sin necesidad de recurrir a enfrentamientos armados. Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas identificó un aumento en las violaciones a los derechos humanos en los últimos dos años, debido a la disputa entre grupos armados ilegales por el control, con el fin de llevar a cabo actividades criminales. Según la información más reciente, recopilada por la Regional Chocó y el SAT, este paro armado, el quinto registrado en el último año, afectó a 405 familias y 1.357 personas de las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí) (Ver: La grave situación humanitaria en el Chocó ). En un documento publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 23 de diciembre de 2022, se indicó que desde inicios de ese mismo año, se registraron seis emergencias por el confinamiento de al menos 4.232 personas (917 familias) pertenecientes a 15 comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá del municipio de Bojayá. Situación que para ese entonces se daba por la “presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) en el territorio, el riesgo constante de enfrentamientos, las amenazas individuales y colectivas, la instalación de Minas Antipersonal (MAP), los casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes, las Violencias Basadas en Género (VBG) hacia niñas y mujeres, desaparición forzada y restricciones de movilidad”. Una gran incógnita que deja estos datos es el por qué aún continua el conflicto en el Chocó, a pesar de que esta población decidió darle un apoyo al Acuerdo de Paz, con 75.257 votos a favor, el cual fue liderado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santo en 2016. Según datos sacados del informe del Centro de Investigación y Educación Popular ( CINEP ), Chocó cuenta con una “ubicación geoestratégica del departamento y sus condiciones climáticas del mismo hacen que el cultivo de coca sea una problemática de hecho para la región (…) Sin embargo, esta ubicación estratégica del Chocó hace que los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar la coca producida en otras regiones del país”. Por esta razón, hay una fuerte disputa por los territorios entre los diferentes actores ilegales que hacen presencia en la zona, lo que sigue generando vulnerabilidad para la población civil ( Ver: Drama de familias indígenas desplazadas en Chocó) . Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, explicó que Chocó sigue experimentando conflictos por dos razones principales. En primer lugar, debido a la presencia de grupos armados, y en segundo lugar, debido a la falta de presencia del Estado para proteger los derechos fundamentales de la población civil. Esta ausencia del Estado permite a los grupos armados ejercer prácticas de control territorial y aprovecharse de la situación. Finalmente, Daza afirmó que tanto el ELN como el Clan del Golfo han mantenido su presencia en esta región, pero debido al conflicto armado, el Clan del Golfo ha estado extendiendo su dominio territorial, descendiendo desde la zona de Urabá, donde han tenido una presencia destacada, y moviendo hacia el sur del departamento del Chocó al ELN.

Por: Katerin Erazo, Periodista El miércoles primero de marzo, en una carretera en el municipio de Dabeiba, Antioquia, fue hallado sin vida el cuerpo de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, mejor conocido como alias “Siopas”, quien era el subcomandante del grupo ilegal Clan del Golfo. El cadáver fue encontrado con heridas de bala en la cabeza. Su vestimenta consistía en un pantalón militar, un buzo negro y botas de caucho. También se conoció que el cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento, según una publicación que hizo la  Revista Semana . Las agencias de inteligencia indicaron que “Siopas” asistió a una reunión con otros líderes del Clan del Golfo en un campamento en la selva chocoana, después de esto sus familiares perdieron su pista a mediados de febrero. Una llamada interceptada por agencias de inteligencia, en la que se escuchó a su madre preocupada por desconocer su paradero, permitió conocer esta información. El asesinato de alias “Siopas” deja incertidumbres, ya que no se ha confirmado el responsable de este hecho, sin embargo, las autoridades manifestaron que aunque aún se encuentran recopilando evidencias y realizando las respectivas diligencias, no descartan la posibilidad de que el crimen haya sido perpetrado por alguien conocido por la víctima, lo que sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas interno que podría señalar hasta algún integrante de la misma estructura a la que pertenecía. Según el medio de comunicación Caracol Radio , alias “Siopas” no estaba de acuerdo con el proceso de Paz Total del Gobierno, al que parece querer adscribirse el Clan del Golfo. Cabe resaltar que este grupo ilegal comenzó los diálogos exploratorios con el Gobierno en 2022. Como voceros de paz, el Clan del Golfo propuso a “Chiquito Malo”, “Gonzalito”, “Negro Perea” “Flechas”, “Byron”, “Chirimoya”, “Alex Sierra” y “Luis Pérez”. Por tal motivo, al parecer, “Siopas” habría intentado formar un grupo ilegal en el norte de Antioquia, a fin de mostrar su rechazo a las negociaciones que se adelantan con el Gobierno Nacional, utilizando para ello dinero, armas y hombres. No obstante, según algunas fuentes que fueron consultadas por las autoridades, el líder del Clan del Golfo, alias “Chiquito Malo”, habría engañado a “Siopas” para citarlo a una reunión bajo el pretexto de solucionar sus diferencias y trabajar juntos, ya que estos dos criminales fueron los candidatos para asumir el liderazgo de esta estructura ilegal tras la captura y extradición de Otoniel (Ver: La compleja estructura detrás del ‘clan del Golfo’ ). Según León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cada vez que se inicia un proceso de negociación se presentan muchas disputas debido a las facciones de los grupos armados que quieren participar. Este tipo de hechos, según el director de Pares, se podrían aclarar por medio de los diálogos de paz con el Clan del Golfo, con el fin de tener conocimiento de quiénes de los integrantes de esta estructura tendría voluntad de paz y quiénes no. Por esta misma línea, Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, afirmó que el asesinato de alias “Siopas" sí se considera como un conflicto interno. La razón de esto es que su muerte se produjo debido a las diferencias de opinión y visiones que tenía con alias “Chiquito Malo". Alias “Siopas”, cuyo nombre real es Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, nació el 27 de septiembre de 1980 en Apartadó, Antioquia. A los 15 años se unió a la guerrilla de las FARC, en la que militó hasta 2008, cuando decidió desertar para unirse al Clan del Golfo. En la actualidad, “Siopas” era el segundo al mando del grupo armado ilegal y uno de los cuatro miembros de su Estado Mayor. Además, fungía como comandante del bloque Pacífico, que delinque en la zona del litoral, desde el Chocó hasta Nariño, incluyendo el suroeste antioqueño. Entre las acciones violentas atribuidas a “Siopas” se destacan el ataque contra un capitán del Ejército adscrito al Batallón Energético Vial n.° 22 de la Décimo Octava Brigada, el asesinato de “Churrunana”, un exintegrante del Clan del Golfo en junio de 2019, y el homicidio de Arnulfo Córdoba Quinto, un habitante de Itsmina, Chocó sumado a otros casos de hechos violentos. Es por esta razón que el gobierno del expresidente Iván Duque había asignado una recompensa de hasta $5.000 millones por información que llevara a su captura. Al asesinato de alias “Siopas” se suma el fallecimiento de otro integrante del Clan del Golfo, Omar Noguera Camacho, conocido como “Boyaco”, en Sucre, cuya muerte, que se reportó el pasado fin de semana, estaría relacionada con este mismo hecho. Según las investigaciones, Noguera Camacho era buscado por una Corte en los Estados Unidos por el envío de más de 30 toneladas de cocaína, un delito que lo había convertido en uno de los criminales más buscados del país. Las autoridades colombianas habían ofrecido una recompensa de 115 millones de pesos por información que condujera a su captura desde el año 2017, sin embargo, hasta ahora no habían logrado dar con su paradero. No obstante, con su repentina muerte, es posible que las autoridades encuentren más pistas para descubrir a los responsables detrás de su deceso y así poder esclarecer este hecho. Para Mauricio Valencia, investigador nacional de Pares, la presencia de señales de tortura en los asesinatos de alias “Siopas” y “Boyaco”, así como la exhibición pública de sus cuerpos, podría estar enviando un mensaje a los mismos miembros de la organización criminal a la que pertenecían. Este mensaje tendría como objetivo generar miedo y controlar a aquellos que tengan ideas diferentes al líder o que busquen cambiar la estructura de la organización. El investigador Mauricio Valencia también mencionó que con la muerte de alias “Siopas” podría fortalecer la idea y el propósito de alias “Chiquito Malo” de someterse eventualmente a la justicia. Sin embargo, Valencia aclaró que esto no implica necesariamente que el Clan del Golfo tenga una voluntad real de paz. Es posible que “Chiquito Malo” busque ahora construir legitimidad ante los demás miembros de la organización, teniendo en cuenta que algunos de ellos podrían compartir la misma idea que tenía “Siopas” (Ver: ¿Cese al fuego del Clan del Golfo?) . Luego de la muerte de “Siopas” será importante observar la relación entre “Chiquito Malo” y “Gonzalito”, quien ahora sería el segundo líder de la organización criminal según la jerarquía establecida. La dinámica entre estos dos miembros podría ser crucial para comprender el futuro de la organización y sus actividades delictivas. El Clan del Golfo es actualmente el grupo armado con mayor capacidad de violencia y mejor estructurado en Colombia. Según Mauricio Valencia, esta organización cuenta con una amplia presencia en el país, estando presente en 241 municipios, y su influencia es especialmente significativa en zonas como Antioquia, Bajo Cauca, Sucre y Urabá. Dado su poderío, es una de las organizaciones criminales más temidas por la población civil y representa una amenaza constante para la seguridad de los territorios.

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Desde hace unas semanas los mineros del Bajo Cauca habían anunciado un paro indefinido como protesta a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional frente a las actividades mineras realizadas en la subregión, acciones amparadas en el Decreto 2235 que autoriza a la Policía Nacional a realizar la destrucción de maquinaria pesada y sus partes que sean utilizadas en la exploración y/o explotación minera sin autorizaciones y exigencias previstas por la ley. En ese sentido, desde el día 02 de marzo, se dio inicio al Paro Minero en el Bajo Cauca. Los mineros de los municipios de Zaragoza y El Bagre se movilizaron a Caucasia donde se realizó en principio una marcha pacífica que luego concluyó en el bloqueo de las vías principales del municipio. En los municipios de Zaragoza y El Bagre el comercio permanece cerrado desde el primer día del paro. En el caso de Caucasia, en horas de la mañana del día de hoy hombres en moto recorrieron el comercio y dieron la orden de cerrar los locales y establecimientos, lo cual generó una tensa calma hasta que, en horas de la tarde, un grupo de aproximadamente cien personas, según testigos, encapuchadas y sin ningún tipo de identificación irrumpieron en las instalaciones de la alcaldía del municipio y con piedras y palos rompieron vidrios e intentaron prenderle fuego. Ante la situación hizo presencia el ESMAD que a esta hora se encuentra en enfrentamientos con el grupo de personas que intentan ingresar a las instalaciones de la alcaldía. El panorama actual es confuso, pues no es claro si estas personas hacen parte de los manifestantes del paro minero, ya que la Alcaldía Municipal de Caucasia en publicaciones de sus páginas oficiales había manifestado su apoyo a la manifestación pacífica que se estaba realizando hasta el momento. Fotos: cortesía enlace territorial

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2023 Esta semana del 06 al 11 de marzo será la última semana del segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Hay expectativa por los resultados y propuestas que la mesa presente en los temas de participación de la sociedad en la construcción de paz, lo que logren avanzar para establecer un cese bilateral del fuego y hostilidades, con el reto de definir qué asumen las dos partes como hostilidades, y las nuevas medidas humanitarias. Podemos dar por descontado que de este ciclos saldrá la agenda firmada que guiará este proceso. Seguramente, como ya lo hemos dicho, veremos firmada la misma agenda que se firmó el 30 de marzo de 2016 en la ciudad de Caracas entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN. En aquél momento fueron protagonistas de la firma Frank Pearl, José Noé Ríos y el General Eduardo Herrera Berbel por parte de Gobierno, y por parte del ELN, Antonio García, Pablo Beltrán y María Vásquez (Paula), quien falleció de muerte natural en 2018. La agenda que se firmará al cierre de este ciclo, vendrá con énfasis en los temas de género, étnicos, ambientales y de transición energética. Veremos qué otras novedades trae. Es posible que esta semana el ELN libere en Arauca al Sargento Libey Danilo Bravo, quien está en su poder hace dos semanas y que este grupo guerrillero ha anunciado que será liberado. Esta liberación mostrará la voluntad de distensión del ELN y su interés en avanzar en un cese bilateral y de hostilidades. Sobre la semana reportada en esta bitácora vemos los siguientes temas a resaltar: 1. La participación con propuestas de la delegación de diálogo del ELN sobre medidas frente a la población carcelaria. Allí resalta la propuesta presentada por Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN, sobre una reducción del 20% de las penas sin importar el delito, lo cual por supuesto es un tema sensible que debe ser analizado. 2. Desde muchos sectores sociales hay pronunciamientos sobre la importancia de encontrar medidas humanitarias para las comunidades que sufren la continuidad de las violencias. 3. Antonio García, primer comandante del ELN, ha presentado reflexiones sobre el alcance de la acción del gobierno, las posibilidades de avanzar en transformaciones y lo que él considera los límites de una acción reformista. Sin duda consideraciones importantes para este proceso de paz en curso. 4. Dayana Domicó es indígena Emberá y hace parte de la delegación del gobierno colombiano para el proceso de diálogo y negociaciones con el ELN, en esta entrevista con Gloria Castrillón habla de la experiencia y su participación en esta importante iniciativa. 5. El senador Iván Cepeda en entrevista con Caracol Radio se refiere a los desarrollos del segundo ciclo, igualmente se refiere al proceso de construcción del cese bilateral y entre otros asuntos las supuestas amenazas del ELN sobre grandes ciudades. 6. Pablo Beltrán, en entrevista con la agencia EFE, se refiere a la permanencia del ELN en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y la importancia de ser sacados de ella. 7. Pablo Beltrán, en entrevista con RTVC, se refiere a varios temas del desarrollo del segundo ciclo de diálogos y negociaciones y otros temas de interés, entre ellos la caracterización del ELN y las supuestas amenazas sobre las ciudades de las que se ha hablado en las dos últimas semanas. 8. La Unidad para las Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado de Paz construirán ruta de trabajo en ocho regiones para concertar mecanismos de participación de las voces del territorio. 9. En Arauca capital se hizo una movilización por la paz . Arauca es un territorio con importante presencia del ELN y donde el conflicto armado es intenso en las últimas semanas a causa de una confrontación abierta entre el ELN y las estructuras disidentes de las FARC. 10. El padre Jesús Albeiro Parra Solís habla sobre el acompañamiento que ha venido adelantando la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano a la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional. 11. Reporte sobre la situación humanitaria que se vive en los municipios de Novita y Sipí en la región del San Juan, donde se vive una crítica situación. 12. La Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre la situación humanitaria en Nóvita y Sipí. 13. Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN, propone unas consideraciones e iniciativas frente a la política carcelaria. El ELN insiste en medidas no solo frente a sus presas y presos, también lo hace frente al conjunto de la población carcelaria. 14. Bernardo Téllez, de la delegación de diálogo del ELN, presenta consideraciones sobre la situación de la población en situación de reclusión, hace énfasis en las condiciones infrahumanas en las que viven y la importancia de unas transformaciones. 15. Reflexiones de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán e integrante de la delegación de diálogo y negociaciones con el ELN. 16. Un reporte del segundo ciclo en el que se referencian las propuestas presentadas por la delegación del ELN, haciendo énfasis en la presencia de Colombia en la OTAN, los temas de las políticas antidrogas, la situación carcelaria y los mensajes presentados por Pablo Beltrán a una cumbre de paz que sesionó en México, que fue una iniciativa ciudadana. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de seguridad en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, es preocupante debido a la presencia y constante accionar de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Recientemente, la Defensoría del Pueblo denunció que la columna móvil Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC, estaría utilizando este municipio del Cauca como centro de operaciones militares y financieras, y, además, tendrían allí un centro de entrenamiento para niños, niñas y adolescentes que son reclutados para engrosar la fila de estas estructuras (Ver: El reclutamiento de menores: una herida a la que le queda mucho por sanar ). “Luego de un breve entrenamiento, los menores son incorporados a las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), dice que en las escuelas de entrenamiento se entrenan a menores durante tres meses, aproximadamente, para luego “graduarlos como guerrilleros”. El coordinador de Pares explicó que estas escuelas de entrenamiento para menores no son una práctica reciente de las disidencias, sino que han existido durante muchos años. Torres mencionó que esta guerrilla suele reclutar a menores a partir de los 15 años de edad. Gracias a una infiltración de inteligencia militar, Caracol Radio pudo informar, por medio de un reportaje, sobre el reclutamiento y entrenamiento de menores de edad en el Cauca. En diversos videos se muestra que los menores reciben capacitación en la construcción de campamentos, manejo de explosivos, sicariato, manejo de armas, acciones terroristas e inteligencia criminal. Durante estos entrenamientos, la organización ilegal les entrega a los menores una serie de guías para su adoctrinamiento y los divide en grupos según las tareas asignadas. También se les enseña a manejar armas a través de réplicas de madera, a mejorar sus posiciones de combate y las técnicas para evitar la detección. Las disidencias registraban a los menores con nombre, foto y alias en un archivo con el fin de reclutarlos en sus filas. Muchos de estos menores son reportados como desaparecidos por sus familiares. En este sentido, Juan Manuel Torres enfatizó en la importancia de que el Gobierno y el ICBF trabajen con las escuelas para implementar campañas de prevención y crear conciencia sobre esta problemática, la cual ha existido durante muchos años. El reclutamiento forzado de menores de edad en distintas regiones de Colombia es motivo de creciente preocupación para las autoridades del país. En respuesta a esta problemática, Luis Fajardo, vicedefensor de la Defensoría del Pueblo, junto con Vanessa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, y otros funcionarios de la Defensoría Regional Cauca, presentaron una campaña para combatir el reclutamiento forzado de menores en la región del Cauca. La campaña incluye actividades para sensibilizar tanto a los menores como a sus padres, y también se han llevado a cabo diálogos con organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas, organizaciones de cooperación internacional e integrantes del Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento. Ante la difícil situación que viven los menores, cabe recordar que en 2021 el defensor del pueblo, Carlos Camargo, lanzó una estrategia la cual tenía por nombre: “Estrategia defensorial: 2021, año contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”. Esta iniciativa se enfocó en la prevención, promoción, atención y divulgación de la problemática del reclutamiento forzado de menores. Además, se han implementado estrategias ante instancias del Estado para reconocer y buscar soluciones a esta problemática con el fin de garantizar los derechos de los menores de edad. El reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia es una tragedia subestimada en términos de su alcance y consecuencias. En el departamento del Cauca, este fenómeno aumentó en 2021 y 2022. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que: “se presentó un aumento del 23% en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022” (Ver: Los menores de edad también está viviendo la guerra en el Cauca ). El Registro Único de Víctimas en Colombia también informó que entre 2021 y 2022, 68 indígenas y 28 afrocolombianos fueron reclutados por grupos armados y delincuenciales en los departamentos de Antioquia, Chocó y Cauca. Como resultado del reclutamiento se produce desplazamiento forzado y confinamiento en las zonas donde operan los grupos ilegales y las estructuras criminales (Ver: La sombra de la vinculación de menores de edad a la guerra cubre al Cauca ). Según un informe presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, “los grupos armados ilegales siguieron reclutando menores de edad para la guerra. En 2022, la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual”. Luego de conocerse las declaraciones del defensor del pueblo, Carlos Camargo, el pasado jueves, 02 de marzo, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 005 de 2023 debido a la alta probabilidad de riesgo para la población civil, especialmente para los indígenas del pueblo nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, que representan el 96% de los 37.000 habitantes de Toribío, Cauca. La presencia de grupos armados ilegales en la zona ha llevado a la paralización de la vida comunitaria y social, y la imposición de múltiples normas bajo pena de muerte para aquellos que las incumplen. La Defensoría del Pueblo advirtió que todos estos hechos violan los derechos humanos de la población civil y deben ser abordados de manera urgente por el Estado. “Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado, sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas con pena de muerte para quien las incumpla”, informó el defensor Camargo. Un ejemplo de ello es que los grupos armados impusieron varias restricciones a los negocios públicos, incluyendo la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante la semana, la prohibición de estacionar motocicletas frente a los locales y la imposición de un horario de cierre. A esto se le suma que estructuras ilegales envían panfletos intimidatorios a individuos específicos y establecen normas como la prohibición de conducir vehículos con las ventanas cerradas o de usar cascos para los motociclistas. La Defensoría del Pueblo también destacó que han aparecido carteles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados, y se han producido amenazas y ataques constantes contra líderes indígenas del pueblo nasa por su papel en las actividades tradicionales. Juan Manuel Torres afirmó que la imposición de este tipo de reglas por parte de las estructuras ilegales es una forma de control que buscan ejercer en el municipio, debido a la disputa existente con el movimiento indígena y al interés de estos grupos armados en las economías locales. El coordinador de la Oficina Pares Pacífico explicó que en Toribío hay tres sectores que se disputan la gobernabilidad del territorio: los resguardos indígenas, como el resguardo San Francisco, el resguardo Toribío y el resguardo Tacueyó; la administración municipal; y los grupos armados. Estos últimos han cometido masacres contra los indígenas, lo que ha generado una creciente tensión en la zona. Torres sugiere que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones, como por ejemplo que las fuerzas de seguridad se mantengan al margen de estos hechos. Además, considera importante que la administración municipal tome acciones para controlar los establecimientos públicos y el tránsito, y brinde su respaldo al movimiento indígena, el cual es el más afectado. “Requerimos que se respalde el accionar, que se proteja la vida de los líderes y lideresas sociales (…) el movimiento indígena ha venido siendo golpeado por estas estructuras armadas durante mucho tiempo”, recalcó Torres. Según Juan Manuel Torres, Toribío es un municipio clave e histórico. Después de los acuerdos de paz, se convirtió en una de las primeras zonas donde surgió una nueva disidencia, conocida inicialmente como el Nuevo Frente Sexto. Este grupo se originó principalmente en Tacueyó, Toribío y Caloto, creando un triángulo famoso llamado "el triángulo de la marihuana". La topografía de Toribío ha convertido la zona en una ruta de paso para la actividad ilegal, dificultando muchas veces el acceso de las instituciones estatales. Tanto la disidencia Dagoberto Ramos como la disidencia Jaime Martínez surgieron en paralelo del Nuevo Frente Sexto, y se distribuyeron en la zona. La disidencia Jaime Martínez tomó todo el corredor de Buenos Aires y Jamundí, mientras que la disidencia Dagoberto Ramos controló todo el corredor Norte indígena, incluyendo Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló. Ambas estructuras ilegales se están extendiendo, especialmente la disidencia Dagoberto Ramos. En el municipio de Toribío, que ha sido históricamente indígena, se lleva a cabo una lucha constante contra esta grave problemática. Juan Manuel Torres señaló que la Dagoberto Ramos ha abandonado los principios originales de las guerrillas, atacando a los movimientos indígenas e intentando controlar el pueblo para que “no se les escape de las manos”. En el departamento del Cauca, las disputas por el control en el marco del conflicto armado han dejado miles de víctimas y la situación sigue siendo preocupante para los menores de edad. La Defensoría del Pueblo señaló que el reclutamiento forzado de menores sigue creciendo debido al temor de las personas a represalias si denuncian a los grupos armados que los reclutan para la guerra. Finalmente, la Defensoría del Pueblo informó a Pares que emitieron esta alerta temprana para prevenir a la comunidad sobre el control que los grupos ilegales están ejerciendo y su preocupación por el uso del municipio como centro de entrenamiento para menores. Además, la entidad señaló que esta alerta también busca llamar la atención del Estado sobre el riesgo inminente en este territorio y que tome las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se sigan agravando.

Por: Katerin Erazo, Periodista Aunque han pasado ya cuatro meses desde la aprobación de la Ley de Paz Total, el componente de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales sigue generando desacuerdos. El proyecto de ley de sometimiento presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal el pasado 15 de febrero, ha recibido diversas críticas (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades ). Este proyecto está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión . La Procuradora General, Margarita Cabello, expresó su desacuerdo con este proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales en un concepto entregado a la Comisión Nacional de Política Criminal. Según la Procuradora, hay siete puntos que no están claros en el documento que será discutido en el Congreso de la República, y considera que deben revisarse antes de que inicie el trámite en el poder Legislativo. Entre las preocupaciones mencionadas, se encuentran la falta de claridad en el problema que se piensa abordar y solucionar con la aprobación de la ley, así como el presupuesto disponible que se destinará para el sometimiento. También se cuestiona qué grupos se someterán a la justicia y la importancia de que los integrantes de las bandas aporten verdad plena sobre hechos cometidos en el marco de sus actividades ilegales. Además, pide que se aclare si los bienes en posesión del Estado por concepto de extinción de dominio serán contemplados como beneficios económicos para quienes se sometan y se exigen estándares y estrategias para garantizar una reparación adecuada a las víctimas. Por último, se expresa la preocupación de que se pueda dar un tratamiento penal diferente a los sometidos, lo que podría traducirse en beneficios judiciales. El Fiscal General, Francisco Barbosa, también ha manifestado preocupación frente a esta ley y afirmó que su objetivo es evitar que el narcotráfico se incluya en el proyecto de ley. Barbosa mencionó que se deben eliminar algunos artículos que plantean la suspensión de la ejecución de penas a conductas como la de pequeños cultivadores y afirmó que busca el sometimiento de las bandas ante la justicia en lugar de a una unidad especial dentro del organismo. Por esta misma línea, el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió al Gobierno que suspenda cualquier diálogo con grupos criminales y narcotraficantes, ya que estos grupos solo tienen un camino, someterse a la justicia, y no pueden recibir beneficios especiales como las FARC. Por tal motivo propuso que los narcos se sometan a la justicia ordinaria y paguen penas efectivas en la cárcel, Barreras explicó que esta la Ley de Sometimiento se encuentra en trámite y, una vez aprobada, los narcos podrán someterse a ella o ser sometidos por el Estado. “Para que una negociación de paz sea posible, se necesita un Estado fuerte, legítimo, capaz de imponer el Estado de derecho en las mesas de negociación   y, para empezar, con los narcotraficantes no se negocia nada y mucho menos la ley”, agregó Barreras en el medio de comunicación Blu Radio. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), sugiere que es importante analizar si el diálogo con narcotraficantes podría detener la violencia y contribuir a alcanzar la Paz Total que se busca. Sin embargo, Valencia enfatizó que no hay ninguna posibilidad de establecer una negociación política con los narcotraficantes, ya que su accionar no tiene relación con un propósito rebelde, que es el requisito fundamental para negociar con grupos armados. A pesar de ello, es posible ofrecer soluciones que generen un alivio humanitario en los territorios, que es precisamente lo que se busca con la Ley de Sometimiento. El investigador afirmó que otorgar un reconocimiento político a los narcotraficantes sería "complicado". Según Valencia, si los narcotraficantes desean contribuir a la paz, tendrán que hacerlo a través de la justicia ordinaria, en lugar de recurrir a mecanismos de justicia transicional o negociación política. Por otro lado, el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez , ha expresado su descontento con el proyecto de ley de sometimiento, argumentando que permitiría "lavar" hasta el 6% de los bienes adquiridos por estructuras ilegales, lo que podría resultar en el blanqueo de grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales como el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal y el concierto para delinquir. Según Martínez, esto es inaceptable y lo considera inconstitucional. Miembros del Clan del Golfo también expresaron desacuerdos por medio de Ricardo Giraldo, abogado de esta estructura que fue contratado para representar al grupo en posibles negociaciones con el Gobierno en el contexto de un acuerdo de paz integral. Giraldo afirmó que la organización ilegal está en desacuerdo con la propuesta de ley de sometimiento, argumentando que dicha ley no es aplicable a un grupo armado como El Estado Mayor de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ya que este grupo ilegal busca ser reconocido como actor del conflicto armado interno y desea diferenciarse de otras organizaciones criminales. Según Giraldo, el proyecto de ley "no sirve", ya que jurídicamente no se puede mezclar a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una estructura con una organización militar compuesta por alrededor de nueve mil hombres en armas, con estructuras de la delincuencia organizada o llamadas GDO. Además, considera que si se analiza detalladamente la ley de sujeción, no cree que haya una sola persona que se someta a sus requisitos. Finalmente, se conoció que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, envió una carta al presidente Gustavo Petro pidiendo negociación política con el Clan del Golfo y discutir el tema de la extradición en la Ley de Sometimiento.  Mancuso también lanzó críticas al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, acusándolo de actuar de manera ideologizada y de desconocer la historia y el carácter político de las Autodefensas.  “A propósito del proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Gobierno Nacional para trámite parlamentario y, en general, sobre el carácter y las rutas para lograr lo que el gobierno denomina Paz Total, solicito muy respetuosamente a los 16 representantes a la Cámara escogidos para liderar la agenda de paz y de víctimas que, en el marco de sus competencias y compromiso con la paz de Colombia, convoquen a una audiencia pública en el Congreso de la República para que quienes participamos en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano, con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas, para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia", indica en el comunicado.  Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, argumentó que la solicitud de Mancuso no es sorprendente, considerando que él formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El investigador nacional mencionó que es poco probable que el Clan del Golfo sea reconocido como un grupo político debido a las posibles complicaciones que esto podría generar, especialmente porque el Gobierno ya ha reconocido al ELN en el pasado. Esto podría causar problemas adicionales para el Gobierno si reconociera a este grupo con carácter político. Finalmente, señaló que existen ciertos aspectos de la ley de sometimiento que aún no están del todo claros, siendo uno de ellos la falta de claridad sobre los mecanismos para las penas alternativas (Ver: Novedades, debilidades y retos: un análisis del proyecto de ley de sometimiento a la justicia ).

Por: Katerin Erazo, Periodista Después del anuncio del presidente Gustavo Petro de descartar cualquier posibilidad de negociar con el Clan del Golfo en busca de una paz duradera, quedan algunas incertidumbres sobre cómo actuará este grupo ilegal en el futuro. Por esta razón, se consultó a Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien señaló que el presidente no considera al Clan del Golfo como un actor político. Según el investigador, esto podría ser malinterpretado por el grupo ilegal, ya que ellos han presentado al Clan del Golfo como un actor político que tiene influencia y realiza actividades sociales en las zonas donde opera. Según Francisco Daza, esta postura del presidente podría tener implicaciones graves, como posibles retaliaciones armadas por parte del Clan del Golfo para demostrar su fuerza y control social en las zonas donde operan. Esto podría llevar a situaciones similares a las que se vivieron durante el paro armado del Clan del Golfo en mayo del año pasado. Entre el 5 y el 10 de mayo de 2022, el Clan del Golfo llevó a cabo un paro armado en respuesta a la extradición de su líder máximo, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", a Estados Unidos. Según un balance hecho por la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, se registraron un total de 145 afectaciones en nueve departamentos y 77 municipios del país, siendo Antioquia, Córdoba y Chocó los departamentos más afectados. (Ver: Balance del paro armado del Clan del Golfo ) Dentro de las consecuencias del paro, se reportaron 22 homicidios, 21 ataques a establecimientos comerciales, 91 ataques a medios de transporte, tres enfrentamientos armados, cuatro bloqueos de vías y la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en al menos 10 municipios. El paro armado del Clan del Golfo puso en evidencia la extensión de su presencia territorial en el noroeste del país y en la costa atlántica, donde logró consolidarse como el actor armado predominante. Según el investigador nacional de Pares, estas consecuencias podrían repetirse en el futuro para que esta organización criminal muestre su poder en los territorios. Además de las consecuencias mencionadas, también se podría considerar la situación del paro minero en el Bajo Cauca, donde se sospecha que el Clan del Golfo está involucrado. De acuerdo con Daza, esto podría indicar que la organización criminal quiera retomar este tipo de paros armados de manera más amplia, no solo en Bajo Cauca, sino en otras zonas del país en donde tienen presencia como: Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Nariño, Norte de Santander y Sucre. (Ver: Disturbios en Caucasia: así transcurre el Paro Minero en el Bajo Cauca ) Según Francisco Daza, el presidente Petro tomó una posición acertada al descartar la posibilidad de negociar con el Clan del Golfo, ya que, en su opinión, este grupo no tiene una agenda política ni voceros, a diferencia de otros grupos armados como el ELN y las antiguas FARC que tienen una larga historia y trayectoria en la lucha armada. El investigador también se refirió a la Ley de Sometimiento y señaló que está siendo objeto de múltiples modificaciones, y una de ellas es que el Clan del Golfo podría quedar excluido, ya que, según Daza, el presidente Gustavo Petro es quien tiene la última palabra sobre con qué grupos se negocia y con cuáles no, puesto que él define quiénes son los grupos políticos y quiénes los grupos de crimen organizado. Es importante destacar que además del Clan del Golfo, existen otros grupos ilegales que también deben ser considerados en el proceso de Paz Total. En este sentido, el investigador mencionó la importancia de que el Gobierno tenga planes alternativos en caso de que estos grupos armados no quieran someterse a la justicia o no muestren interés en el proceso de paz. Cabe resaltar que todos los grupos que han expresado su interés en participar en el proceso de paz también buscan evitar el sometimiento, ya que desean negociar y obtener un reconocimiento político que les permita acceder a ciertos beneficios y evitar algunas consecuencias, como la prisión. El investigador señaló que existen ciertas exigencias que los grupos armados deben cumplir para entrar en la Paz Total, entre ellas: cesar las hostilidades contra las fuerzas públicas, dirigir sus acciones para detener la violencia contra la sociedad civil y realizar gestos humanitarios como la liberación de secuestrados, como ha hecho el ELN. Francisco Daza señaló que hay varias etapas que deben ser consideradas después de todo lo sucedido. El resultado final dependerá también de lo que ocurra con la ley de sometimiento, los ajustes necesarios que se le haga y los filtros en el Congreso. Asimismo, habrá que esperar hasta junio, cuando finaliza el plazo del cese al fuego, para saber qué sucederá después. Según el investigador, la gran pregunta es qué pasará después de esa fecha límite. Es por esto que para Daza es fundamental que el Gobierno aclare las dudas que la ciudadanía tiene sobre cómo actuará una vez finalizado el plazo del cese al fuego, ya que es una incógnita importante que necesita ser resuelta. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, el Clan del Golfo está presente en aproximadamente 241 municipios. Esta estructura ilegal es el sucesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ha mantenido el control sobre las zonas históricas de la AUC. Actualmente, opera mediante una fuerza de élite conocida como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que está compuesta por hombres fuertemente armados y tiene gran presencia en los departamentos Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Antioquia.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 06 al 12 de marzo del 2023 Ha concluido el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, desarrollado en México entre el 13 de febrero y el 10 de marzo, cuatro semanas de trabajo intenso y productivo. De este segundo ciclo hay que resaltar el buen ambiente de trabajo que han mantenido las partes y la agenda firmada, titulada "Acuerdo de México", en reconocimiento al compromiso y apoyo de este país, siempre solidario y comprometido con una Colombia en Paz. Recordemos que allí se adelantó un intento de paz en 1992, en lo que se conoce como los diálogos de Tlaxcala, en los que participó el ELN, junto a las FARC y una pequeña disidencia del EPL, durante el gobierno del expresidente César Gaviria. Son cuatro los propósitos que se han planteado el Gobierno Colombiano y el ELN al adelantar este proceso de paz: Superar el conflicto armado que ha tenido lugar por seis décadas. Erradicar la violencia para tramitar las contradicciones políticas, económicas y sociales. Pactar transformaciones democratizadoras. Avanzar hacia la reconciliación nacional. En el preámbulo del "Acuerdo de México" se hace énfasis en: El deseo de cambio en la sociedad colombiana. La necesidad de la más amplia participación social: del mundo urbano, rural, de los pueblos afros e indígenas, de las mujeres y los jóvenes. Que el horizonte de este proceso es contribuir a "un acuerdo nacional" que busca ser la síntesis de la participación y las transformaciones a promover, lo cual se liga a "una visión compartida de paz". La participación de las mujeres, los jóvenes, los pueblos afrocolombianos, indígenas, la población LGTBIQ+ y del cuidado de la tierra. Para el desarrollo de estos cuatro propósitos, el Gobierno Colombiano y el ELN estructuraron una agenda sobre los siguientes ejes: La participación de la sociedad en la construcción de la paz: el ELN ha sido consistente desde la década de los 90 en su planteamiento de que un proceso de paz es con la participación y protagonismo de la sociedad. Y ahora tiene un interlocutor en el gobierno del presidente Gustavo Petro que cree y tiene compromiso en que la sociedad en toda su diversidad debe trabajar por las transformaciones pertinentes y pendientes, y ello es perfectamente constitucional y viable. En la participación de la sociedad está la energía para construir un horizonte de transformaciones y lograr una "visión compartida de paz" y "un gran acuerdo nacional". Democracia para la paz: en este punto se hace énfasis en examinar las raíces de los conflictos, cómo abordarlos, trabajar sobre dinámicas que hagan viable y con mayor calidad la participación para afrontar los conflictos y sus procesos de transformación. Transformaciones para la paz: en este punto se busca acordar el cambio que haga viable una "visión compartida de paz" y el "gran acuerdo nacional", es una secuencia de participación de la sociedad, democracia para la paz y transformaciones para la paz. Víctimas: en este punto está el planteamiento de que hay que reconocer a todas las víctimas y todos los responsables, se encuadra en el derecho internacional y en los principios rectores de: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como novedad viene el planteamiento de "la asunción del medio ambiente como víctima". Fin de conflicto: en este punto están los temas de seguridad para los integrantes del ELN, el tema de las armas, que por supuesto está en el horizonte final del proceso y que con claridad establece que una de las finalidades del proceso es superar el conflicto armado y la violencia en la política. Plan general de ejecución de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el ELN: en este punto resaltamos la formulación de que puede haber acuerdos de implementación en el corto, mediano y largo plazo, que es una de las estrategias de la política de Paz Total, clave en este proceso entre el Gobierno y el ELN. Aquí se puede consultar el texto del "Acuerdo de México". Bitácora: 1. La vicepresidenta Francia Márquez, estuvo presente en el cierre del tercer ciclo, tuvo tres intervenciones, aquí la que realizó ante la mesa en pleno con la presencia de la comunidad internacional que acompaña este proceso. 2. Aquí se puede escuchar las presentaciones en el cierre del segundo ciclo, que mantienen ese tono de acción compartida entre el Gobierno y el ELN, y de marcar una ruta de acción con la agenda firmada. 3. De las palabras de Otty Patiño, jefe de la delegación de diálogo del Gobierno Colombiano, resaltar la cita de las palabras de Carlos Pizarro Leongómez, quien lideró el acuerdo de paz del M-19, firmado un 09 de marzo de 1990, hace 33 años, historia plenamente vivida por Otty Patiño y por el presidente Gustavo Petro: "no nos referimos al fugaz cuatrienio de un gobierno, sino a la construcción de un tiempo histórico, que por la dimensión de las búsquedas y por sus objetivos posee la capacidad de seducir la voluntad de la nación. Estamos intentando abrir una pausa en nuestra historia de barbarie para que viva y vibre la inteligencia, en nuestras manos está construir las bases de la nación que asombre el universo ." 4. Pablo Beltrán tituló su texto para la clausura del II Ciclo en México Convocamos a todos a construir la paz . Hace énfasis en la construcción de un acuerdo nacional, en la ruta de las transformaciones, en la importancia de la agenda para que sirva a las mayorías de Colombia. Plantea que este debe ser un esfuerzo democratizador para una vida digna, nadie debe quedar por fuera y todos deben participar. Dice que hay que frenar en seco la pobreza que agobia a dos terceras partes de Colombia y asumir las responsabilidades de todos. Explica que se avanza en la discusión de la participación de la sociedad y en cese bilateral, y que solo la paz hace viable a Colombia. 5. Silvana Guerrerom de la delegación del ELN, leyó el pronunciamiento de la mesa sobre lo avanzado en el punto de participación de la sociedad para la paz: "Las deliberaciones que se desarrollarán en el tercer ciclo, partirán del principio de construir sobre lo construido". "Se retomarán las propuestas expresadas en las audiencias preparatorias realizadas entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre del 2017, en Tocancipá, Bogotá y las realizadas de manera virtual". "Así como lo contenido en el acuerdo Fundamentos de la participación , al que se llegó en junio de 2018". "La participación, como lo reza la nueva agenda, será el corazón de este proceso de paz". "La participación trabajará por establecer un diagnóstico de los problemas de la democracia en el país y con base en ello formular las transformaciones básicas para la paz y los cambios que se requieren". "La participación como lo señala la agenda, será vinculante y transformadora". Aquí la lectura del comunicado por parte de Silvana Guerrero: 6. Hay un texto de lo avanzado en este segundo ciclo sobre cese bilateral, el texto fue leído por Dayana Domicó, integrante de la delegación del Gobierno Colombiano. "Tomando como referencia la nueva agenda, el Gobierno Colombiano y el ELN anunciamos el inicio del tratamiento del cese del fuego en la mesa de diálogos de paz". "El marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral, es el derecho internacional humanitario, esto implica acciones y dinámicas humanitarias, para bajar la intensidad del conflicto". "Facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria". "Es un proceso que se va dando a lo largo del proceso de los diálogos, no se incorpora como una precondición o como un elemento que se aborda al final del proceso". "Toma como referencia el acumulado de experiencias previas, tales como el acuerdo de cese al fuego bilateral temporal y nacional de 101 días llevado a cabo en 2017". "Desde esta perspectiva las partes han identificado puntos coincidentes para un diseño básico de carácter bilateral y nacional: temporal con vocación de continuidad, sujeto a evaluación conjunta, a partir de un cese recíproco de operaciones ofensivas, manteniéndose las defensivas, con mecanismo de veeduría, verificación y monitoreo". Lectura del texto conjunto sobre cese bilateral: 7. Los países garantes y acompañantes que hacen parte de este proceso expresaron su satisfacción por lo avanzado en este segundo ciclo. "A los países garantes se nos otorgó la responsabilidad de defender la perspectiva del derecho a la paz y la no injerencia, apoyando el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos." "Nos congratulamos y reconocemos la determinación del trabajo constructivo de las partes durante estas semanas de trabajo". "Somos testigos de la importancia de la participación social en las negociaciones y en la implementación de los acuerdos para alcanzar la paz en distintas regiones del mundo". "Las buenas prácticas nos han demostrado que cuanto más amplia ha sido esta participación, mayor ha sido la duración, legitimidad y el impacto positivo del resultado de las negociaciones". 8. José Félix Lafaurie, integrante de la delegación de Gobierno para los diálogos y el proceso de paz, hace su balance sobre el segundo ciclo y la participación de la sociedad. "Dejamos México con una agenda para iniciar los temas de la negociación con el ELN, con la participación de la sociedad en la construcción de la paz”en primer lugar, que no es de poca monta, pues involucra la concepción misma de nuestra democracia. En principio me pregunto: si la verdadera paz, no la del cese de la violencia, sino la del bienestar para todos es también responsabilidad de todos, ¿cómo alcanzarla con una total ausencia de cultura de participación?". Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Gustavo Petro anunció este lunes 13 de marzo que el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC establecerán una mesa de conversaciones de paz. El EMC es una disidencia de las FARC liderada por alias “Iván Mordisco”, la cual no firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y que bajo ese argumento mantiene la posibilidad de entablar una negociación política con el Gobierno. El Estado Mayor Central (EMC), anteriormente conocido como la disidencia de la línea de “Gentil Duarte” según informes previos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cuenta con varias comandancias lideradas por importantes figuras de las antiguas FARC, como alias "Iván Mordisco". Dentro del EMC hay diversas comandancias entre las que se encuentra alias “John Mechas”, quien lidera el Frente 33 y alias "El Mocho” quien al parecer está a cargo del Comando Coordinador de Occidente, que es una confederación de diferentes frentes y columnas que operan en el Cauca, incluyendo la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño. Además de las columnas mencionadas anteriormente, hay otros grupos dentro del Estado Mayor Central (EMC). El frente Carolina Ramírez, que opera en Putumayo, y el Frente 10, activo en Arauca. El Frente 33 está presente en el Catatumbo, mientras que los Frentes 36 y 18 operan en el nordeste antioqueño. Estos son considerados los principales grupos dentro del EMC. El anuncio del inicio de las conversaciones con este grupo se dio luego de que la Fiscalía anunciara que se levantaron las órdenes de captura contra 19 miembros del EMC. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó que en virtud de las facultades legales y constitucionales que posee el presidente de la República se anularon las órdenes de captura de estas personas. El fiscal también resaltó que de las 19 personas que se han beneficiado de la anulación de las órdenes de captura, 11 habían firmado el Acuerdo de Paz de La Habana. “Decidí suspender dichas órdenes de captura el día de hoy y es importante destacar que ninguna de esas personas solicitadas en la Resolución 039 (…) tiene órdenes de captura con fines de extradición”, expresó Barbosa en una declaración. Barbosa también puntualizó que en la lista excluye a Alonso Velosa, alias “John Mechas”, el líder principal del Frente 33 que opera en el departamento de Norte de Santander, una región que comparte límites con Venezuela, esto debido a que se señaló a alias “John Mechas” por ser el responsable del ataque armado al helicóptero que transportaba al entonces presidente Iván Duque en junio de 2021. Además, se le atribuye el atentado ocurrido días antes contra un puesto militar de la ciudad. Francisco Daza, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el Estado Mayor Central (EMC) ha adoptado un enfoque político debido a que esta disidencia nunca firmó un Acuerdo de Paz, ya que no estaban de acuerdo con los términos del acuerdo y, por lo tanto, no han participado en ningún proceso de negociación. A pesar de esto, Daza señaló que el EMC, al igual que la Segunda Marquetalia, es heterogéneo, es decir, está compuesto tanto por antiguos miembros de las FARC como por personas que no necesariamente formaban parte del grupo armado, pero que se unieron a la disidencia después del Acuerdo de Paz. El investigador también mencionó que al interior de este grupo hay nuevos reclutados. Daza prevé que esta negociación de paz se llevará a cabo en dos momentos. El primero será “más interno” y consistirá en una cumbre, que al parecer será este fin de semana, entre los diferentes comandantes del EMC, incluyendo alias “Iván Mordisco”, alias “Calarcá”, alias “Antonio Medina” y otros comandantes. En esta reunión, se designarán los delegados para la mesa de diálogo y posiblemente se establezca la agenda que el Estado Mayor Central presentará. El segundo momento se centrará en revisar las hojas de ruta para garantizar un cese al fuego bilateral efectivo. El investigador señaló que existen evidencias de que el EMC no ha cumplido con el cese al fuego acordado el año pasado. Por lo tanto, es importante establecer medidas para asegurar el éxito de la mesa de diálogo y evitar la continuidad de la violencia en el país. El anuncio del pasado lunes supone que el Estado Mayor Central (EMC) será el segundo grupo con el que el gobierno Petro buscará la paz, y se espera que este proceso, a diferencia del que se realiza con el ELN, se haga al interior del país. En medio del anuncio del inicio d elas conversaciones, el presidente de la República dijo: “comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (…) con esta posibilidad que inicia (…) dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el Gobierno”. Frente a este trino, Daza opina que es importante reconocer que las disidencias han crecido gradualmente desde su conformación, especialmente el EMC que ha aumentado en tamaño desde su constitución en 2019. Esto les ha permitido establecer una presencia territorial significativa a nivel nacional. Según investigaciones de Pares, el EMC tiene presencia en 119 municipios del país. Esto indica una importante presencia territorial del grupo armado en diferentes zonas de Colombia, especialmente en departamentos como Cauca, Arauca, Putumayo, Valle, Antioquia y Norte de Santander. De acuerdo con el último reporte de inteligencia citado por Francisco Daza, se estima que el Estado Mayor Central cuenta con al menos 3.400 integrantes en su estructura, de los cuales 2.149 son hombres armados y 1.331 son personas que participaron en redes de apoyo. Esta información demuestra la magnitud del grupo armado. Por tal motivo que el proceso de paz con el EMC, al igual que el proceso de paz con el ELN, representa un paso fundamental hacia la consecución de la Paz Total en Colombia. Esta oportunidad permite que los grupos armados abandonen la violencia y se integren en la vida política del país. Finalmente, según Francisco Daza, investigador nacional de Pares, estas negociaciones tienen un impacto positivo, ya que se espera que se presenten medidas humanitarias para la población civil en las zonas de influencia del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, Daza también señaló que esta mesa de diálogo enfrenta desafíos en términos de sincronización y de definir qué sucederá con la segunda Marquetalia y si se abrirá o no con este último grupo “una pista de negociación”, algo que aún es incierto. De acuerdo con Daza, esta nueva negociación con el Estado Mayor Central (EMC) esclarece la visión de una Paz Total y disipa cualquier ambigüedad en relación con la postura del Gobierno hacia cada grupo armado.

Por: Katerin Erazo, Periodista El líder indígena y concejal Wilson Andrés Bomba Piamba, de 31 años, fue asesinado en el municipio de Caldono, Cauca, en las últimas horas. Según información preliminar, hombres armados habrían atacado una comisión de la Guardia Indígena en la que se encontraba Bomba. En este mismo hecho resultó herido el coordinador de la Guardia, César Peña. Las autoridades ancestrales de Sa’th Thama Kiwe denunciaron que este ataque se dio en el marco de fuertes combates entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el ELN, que iniciaron el día de ayer a las cuatro de la tarde. En los enfrentamientos, comuneros miembros del proceso organizativo fueron atacados con armas de fuego, quedando atrapados en el fuego cruzado. En días anteriores Bomba Piamba había solicitado un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección que se encontraba ahora en etapa de análisis y reevaluación, ya que contaba con algunas medidas debido a la grave crisis humanitaria y de violencia que se vive en este territorio. Situación que ya había sido alertada por la Defensoría del Pueblo, que emitió dos Alertas Tempranas, la 040 de 2020 y la 019 de 2022, las cuales señalan que hay un incremento de la violencia debido a la exacerbación del conflicto armado y la disputa territorial que se viene presentando en el departamento del Cauca. Los grupos armados ilegales buscan incrementar los cultivos de uso ilícito y laboratorios, y ejercer el control sobre rutas para la comercialización de drogas (Ver: Control social y centro de entrenamiento para menores: disidencias de FARC tienen en vilo a Toribío ) El asesinato del concejal del municipio de Caldono generó gran indignación en la sociedad colombiana. Voces de rechazo no se han hecho esperar y líderes políticos e indígenas se han pronunciado al respecto. El representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Óscar Campo, expresó su solidaridad con la familia del concejal y con el Concejo Municipal de Caldono. Campo manifestó su preocupación por la situación de crisis que atraviesa el país en materia de seguridad e hizo un llamado a cambios en el gobierno del presidente Gustavo Petro para lograr la Paz Total en Colombia. Por su parte, el exsenador de la República y líder indígena, Feliciano Valencia, también repudió el asesinato de Wilson Andrés Bomba Piamba y expresó su solidaridad con la familia y la comunidad. Valencia destacó la valentía y visión comunitaria del concejal, quien era una autoridad ancestral del resguardo San Lorenzo de Caldono. Además, hizo un llamado a la sociedad para que no permita que la guerra siga arrebatando vidas en Colombia y para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas del país. La senadora Aida Marina Quilcué afirmó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la situación que se vive en el Cauca es una realidad que ha persistido durante mucho tiempo, tanto en el marco del conflicto armado como en la actualidad en el posacuerdo, pues se ha agravado la lucha por el control territorial (Ver: EMC FARC-EP sigue la guerra en el Cauca, a pesar de cese bilateral con el Estado ). Quilcué destacó que las comunidades indígenas, campesinas y rurales son las más vulnerables y quienes se encuentran en mayor riesgo en esta situación de inseguridad. De acuerdo con el enlace de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) para el norte del Cauca, el municipio de Caldono es un área de gran importancia para el ELN, específicamente para la columna Milton Ortiz, y para el Estado Mayor Central (EMC), a través de la columna móvil Dagoberto Ramos. El enlace de Pares explicó que las dinámicas del conflicto armado han impactado fuertemente este municipio debido a dos razones principales: en primer lugar, su ubicación estratégica, que permite acceder al oriente caucano y al norte del departamento; y en segundo lugar, su ubicación en una zona de cordillera. Las disputas territoriales han dejado a la población civil y a los pueblos étnicos atrapados en medio de los enfrentamientos entre grupos armados. Actualmente, la situación en Caldono es extremadamente difícil, tal como lo explicó la senadora Aida Quilcué. Se ha observado un fuerte control territorial en el norte del Cauca por parte de estructuras del Estado Mayor Central (EMC), lo que se ha traducido en acciones como extorsiones, amenazas y obligación de participar en reuniones bajo amenaza de multas. Además, estas estructuras ilegales están atentas a los recursos de las familias en los territorios y exigen pagos en función de esto. La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) ha monitoreado la situación en zonas como Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono, donde estas prácticas son comunes. Según el enlace de Pares para el norte del Cauca, en el municipio de Argelia los habitantes también están viviendo una situación difícil, ya que se encuentran confinados desde los primeros días de febrero debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como la Segunda Marquetalia y la columna Carlos Patiño del Estado Mayor Central. Como resultado, unos 800 menores de edad no han podido regresar a las aulas ya que no se garantiza la seguridad para hacerlo. La senadora Aida Quilcué informó a Pares que se han presentado denuncias y propuestas para generar procesos de diálogo en los territorios afectados por el conflicto armado, no solo con los grupos armados, sino también con las comunidades afectadas. Según Quilcué, las autoridades y las comunidades se han estado autoprotegiendo y han creado mecanismos de control social y territorial para garantizar su seguridad. La senadora envió un mensaje al Gobierno y fue que “los diálogos de paz deben ser en el marco de lo que esta viviendo la gente en los territorios”. Finalmente, la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares ha informado que el número de líderes asesinados en lo que va del año 2023 ha llegado a 26 con el reciente asesinato de Bomba Piamba. Además, es importante mencionar que en la región de Caldono existen grupos armados ilegales como el ELN, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente-Estado Mayor Central, así como otras bandas de carácter local. La situación de violencia en la zona sigue siendo motivo de preocupación tanto para las comunidades indígenas como para la población en general.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 13 al 19 de marzo del 2023 1. La semana inició con una entrevista a Sergio Jaramillo en W Radio en la que presentó varias críticas a la agenda firmada entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Los puntos críticos que presentó Sergio Jaramillo fueron los siguientes: * Una agenda enorme en la que se discuten temas muy amplios, por ejemplo: modelo de desarrollo y régimen político; tal amplitud hace inviable esa negociación. * Con una agenda tan amplia los tiempos pueden ser demasiado lapsos, eso vuelve inconcretable la agenda. * El planteamiento de pactar un cese bilateral al inicio del proceso es improcedente, esto no genera estímulos para la negociación. * El planteamiento de que se pacta y se implementa es improcedente, esto tampoco ayuda a un cierre de la negociación, esto puede ir al "infinito" (expresión mía). * No queda claramente establecido el tema de las armas, esto puede llevar a "una paz armada", el ELN se queda con las armas y hace una veeduría armada, algo totalmente censurable. * No se ve una secuencia en el proceso. En síntesis, Sergio Jaramillo tiene una crítica a la agenda pactada y no ve viabilidad en este proceso y estas fueron sus críticas a lo que considera que es una agenda totalmente a favor de los intereses del ELN. No comparto las críticas formuladas por Sergio Jaramillo a la agenda firmada, creo que él se mantiene en el formato de que el ELN no ha tomado la decisión de dejar las armas, en lo cual tiene razón, que no han madurado la decisión de salir de su proyecto armado y que eso hace inviable la negociación. Sin decisión tomada de abandonar las armas, ningún proceso es viable, creo que es el planteamiento central de Sergio Jaramillo, y espero no estar colocando argumentos que no ha expresado explícitamente, pero que yo interpreto de sus análisis. Un poco de historia. El expresidente Juan Manuel Santos, desde el momento en que fue elegido, tomó una decisión que fue definitiva para el curso de las negociaciones de paz. Santos decidió buscar un proceso de paz con las FARC, su valoración era que las FARC estaban maduras para un acuerdo viable y tomó otra decisión, esperar a concretar el diseño de un proceso y una agenda con las FARC y luego, si buscar al ELN, consideraba que el ELN no estaba maduro para un proceso de paz viable y eso hacía inconveniente pensar en un proceso simultáneo con las FARC y el ELN, y mucho menos viable pensar en una sola mesa. Las cosas fueron así: una vez firmada en secreto la agenda con las FARC en la Habana en agosto del 2012, el Gobierno designó a Frank Pearl para informarle al ELN que Colombia tenía un proceso y una agenda pactada con las FARC, y que le proponía al ELN iniciar un proceso de diálogos y negociaciones en la perspectiva de construir un acuerdo de paz. El gobierno Santos quería un proceso con el ELN que guardara la misma lógica del que había pactado con las FARC: una agenda concreta y centrada entre el Gobierno y el ELN. En ese momento el ELN tenía otra lógica de proceso: una agenda abierta y centrada en la participación de la sociedad. Yo creo que Frank Pearl batalló con argumentos y persistió en ese propósito, eso se nota en el relato que hace Antonio García, primer comandante del ELN en su libro, y quien negoció con Pearl la construcción de esa agenda entre 2014 y marzo de 2016 cuando se firmó en Caracas, una agenda abierta y centrada en la participación de la sociedad. Hay relatos de personas que han comentado de una reunión en enero de 2016 en el Palacio de Nariño en la que el presidente Santos mostró su insatisfacción por la agenda construida con el ELN y declaró que era una agenda inviable e inconcretable. Las declaraciones que ha dado Sergio Jaramillo frente a la agenda firmada en México, que guarda la misma estructura que la agenda firmada en 2016, con ampliaciones y detalles, guarda la misma lógica de argumentación que tuvo el expresidente Santos y que Sergio Jaramillo mantiene en el análisis. Ante las críticas formuladas por Sergio Jaramillo yo diría que es cierto que el ELN no ha tomado la decisión de abandonar su proyecto de "Resistencia Armada", que solo va a tomar esa decisión si ve un horizonte de transformaciones en marcha y logra construir con el Gobierno y con la más amplia participación de la sociedad una visión compartida de paz y esa visión hace parte de un "Acuerdo Nacional", como lo ha propuesto el mismo Gobierno, y premisa que además ha quedado consignado como propósito en "El Acuerdo de México", como el Gobierno Colombiano y el ELN han nombrado la agenda. Frente a la crítica de que es una agenda abierta y en la que se plantea discutir el modelo de desarrollo y el régimen político, debo afirmar que este Gobierno ha ganado para cambiar el modelo de desarrollo en lo que se considere pertinente y sea viable, al igual que la forma del ejercicio de la política, lo cual, por ejemplo, parte de sacar la violencia de la política. Con respecto a lo de que no es democrático discutir el modelo de desarrollo con una minoría armada como el ELN, lo que daría para una amplia discusión, solo argumentaría que en esta negociación lo central es la participación de la sociedad y veremos qué tan amplia y democrática será esa participación. Sobre la crítica de que es inconveniente pactar un cese bilateral desde el inicio, que esto no estimula la búsqueda de un acuerdo, debo decir que el cese bilateral y de hostilidades —por precisar este universo de hostilidades— es un clamor de las comunidades que hoy sufren la violencia en sus territorios y que si bien ese solo llamado humanitario es importante, tengo que decir que este proceso no se va a desarrollar por la presión militar, sino por construir dinámicas transformadoras, visión compartida de paz y certeza de cumplimiento, en donde entra el tema de pactar e implementar, pues estamos hablando de transformaciones y nuevas realidades que son de interés y necesidad de las comunidades y los territorios, quizás asuntos de interés de amplios sectores. Eso lo veremos en los próximos meses y puede ayudar a darle ritmo y confianza a todos quienes participan de este proceso de paz. A la crítica de que no se ve una secuencia en este proceso, respondería que sí hay una secuencia que va de la participación a las transformaciones y que estas se han categorizado de corto, mediano y largo plazo; de tal forma que es posible y deseable que veamos implementación de transformaciones acordadas este año y que se puedan implementar de manera inmediata, o por lo menos iniciar su implementación este mismo año. Frente a que no está establecido la dejación de armas, diré que uno de los propósitos del proceso según queda establecido en la agenda firmada es la superación del conflicto armado y que el tema del acuerdo sobre las armas está en la agenda, ya su discusión y concreción está por verse, como lo estuvo en el proceso adelantado con las FARC y en el que igualmente había voces que afirmaban que las FARC nunca entregarían las armas al Estado Colombiano, y así fue, no las entregaron, las depusieron ante la ONU. Las anteriores consideraciones pretenden animar el diálogo sobre lo planteado por Sergio Jaramillo, protagonista de primera línea del importante e histórico acuerdo logrado con las FARC y cuyas críticas deben ser valoradas con argumentos. Esta voz crítica debe servir para darle ritmo y concreción a un proceso que está iniciando y que debe mostrar resultados de participación en los próximos meses, tema a abordar en el tercer ciclo a desarrollarse en La Habana en el mes de abril, al igual que el importante punto del cese bilateral de fuego y hostilidades. Aquí se puede escuchar la entrevista a Sergio Jaramillo: Aquí se puede leer la transcripción de la entrevista a Sergio Jaramillo: 2. Inmediatamente terminada la entrevista a Sergio Jaramillo, W Radio entrevistó al senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación negociadora del Gobierno Colombiano para el proceso de paz con el ELN. En esta entrevista Cepeda defiende la agenda pactada, que recoge la agenda firmada por el gobierno del expresidente Santos y el ELN. * Es una agenda con sustancial mejoría. * El punto de las armas está pactado, el punto de llegada del proceso es la superación, la terminación del conflicto armado, el tema de las armas se discutirá en su momento. * El ELN debe terminar sin armas, no es posible un acuerdo de paz con el ELN en armas. Aquí se puede escuchar la entrevista al Senador Iván Cepeda: Aquí se puede leer la transcripción de la entrevista al Senador Iván Cepeda: 3. El mismo lunes 13 de marzo, el senador Humberto De La Calle, quien lideró junto a Sergio Jaramillo el proceso de paz con las FARC, envió una carta pública a José Félix Lafaurie, en la que igualmente señala que en la agenda pactada hay ambigüedad frente al tema de las armas y critica el formato de acordar e implementar sin haber cerrado la negociación de manera global. Igualmente, en la carta el Senador De La Calle señala la abierta oposición que desplegó José Félix Lafaurie al acuerdo con las FARC y cómo ahora sí apoya un proceso que considera mucho más comprometedor por la agenda pactada. Aquí se puede consultar la carta del Senador Humberto De La Calle a José Félix Lafaurie: 4. La carta de Humberto De La Calle fue respondida por José Félix Lafaurie. La respuesta inicia con esta afirmación: "armado de prudencia, confianza y buena fe, y con el ánimo de servirle a la paz de Colombia, aunque fui declarado su enemigo, me he sentado en la mesa de negociaciones con el ELN". Y termina con esta afirmación: "lo invito, doctor De la Calle, a aportar su conocimiento y experiencia, a seguir haciendo comentarios para mostrar caminos y señalar peligros. Lo invito a que miremos hacia delante […] porque allá está la paz". Aquí se puede consultar la carta de respuesta de José Félix Lafaurie. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-19-2023-de-la-calle-miremos-hacia-delante Importante seguir en este intercambio de valoraciones y propuestas frente a un proceso que está iniciando y que debe ganar ritmo de participación de la sociedad luego del tercer ciclo, y en el que hay que aprovechar estas semanas para que diversas dinámicas de sociedad comprometidas con este proceso preparen sus propuestas para el momento en que se abran formalmente las dinámicas de participación que el Gobierno y el ELN deben proponer. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Juan Manuel Rueda, Editor La paz se esconde detrás de una niebla espesa que la memoria histórica ayuda a despejar. Una memoria que debe contemplar contra-relatos a las narrativas oficiales sobre la guerra, impuestas por el gobierno de turno o cualquier grupo de poder. En este sentido, los relatos y memorias de los firmantes de paz son más que relevantes, son fundamentales para ayudar a despejar la niebla. Así lo entiende Joel Stängle, realizador alemán-estadounidense, director del documental La niebla de la paz (2020), que se estrenó en Colombia en febrero de este año. Stängle se adentra –junto a Carolina Campos, socióloga, quien fue la investigadora y productora del filme– durante varios meses a los campamentos de los ahora exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP durante el proceso de negociaciones de paz con el Gobierno Colombiano (2014 – 2016). La película acompaña a Teófilo y a Boris, dos reincorporados cuyas labores al interior de la guerrilla giraron justamente alrededor de la reconstrucción de memoria. Teófilo se dedica a entrevistar a sus compañeros de campamento para recoger sus memorias y Boris hace parte del equipo de comunicaciones de la guerrilla y tiene la tarea de registrar las negociaciones de paz en La Habana. Ambos buscan una caleta llena de imágenes, videos, grabaciones y memorias enterrada en una ubicación desconocida cerca al campamento en el que murió bombardeado Alfonso Cano. Stängle propone un contrapunteo entre las memorias que va recogiendo Teófilo haciendo entrevistas a sus compañeros y compañeras en los campamentos, algunas de las cuales vemos en pantalla; e imágenes inéditas del secretariado guerrillero y el equipo negociador del Gobierno en La Habana. Así, el montaje permite al espectador ir de la historia del hombre que llevaba consigo propaganda de la UP y fue agredido a machetazos por agentes del Estado y luego enterrado vivo, la de la mujer que fue obligada a prostituirse por parte de la policía para infiltrarse en las FARC y que luego confesó y se quedó en la guerrilla, o la de la enamorada que perdió a su compañero combatiente en un ataque del Ejército y que aún lo llora y lee la poesía que él le dedicaba; a los rostros de Timochenko, Jesús Santrich, Iván Márquez, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle o Iván Cepeda reunidos discutiendo, muchas veces preocupados y afanados, intentando construir el tan anhelado Acuerdo de Paz que detendría la guerra en las montañas de Colombia. De esta manera, La niebla de la paz construye su metáfora en distintos escenarios que nos llevan a la reflexión. Que la paz se esconde detrás de la niebla que cubre las montañas llenas de caminos que recorrieron los exguerrilleros y exguerrilleras haciendo sus vidas durante décadas de lucha armada, ahora historias de vida de personas reincorporadas a la vida civil que son memorias fundamentales para entender la historia del país. Que la paz se esconde detrás de la niebla de palabras, abogados y opositores de un proceso de negociación complejo, pero no imposible. Que la paz se esconde detrás de la niebla de la incertidumbre que viven los firmantes de paz intentando sacar adelante sus proyectos productivos, tratando de acostumbrarse a la vida en las grandes ciudades, personas comprometidas con un Acuerdo que abandonó el Estado, y que ahora deben enfrentarse a la pregunta que se plantea Teófilo al final de la película, ya como reincorporado, viviendo en Bogotá: “¿nos van a aceptar o nos van a matar?”. Que la niebla que esconde la paz se espesó aún más en la noche del 02 de octubre de 2016, cuando ganó el ‘No’ en el plebiscito, y vemos imágenes del secretariado de las FARC viendo en vivo los resultados, fumando puros frente a un televisor –un Iván Márquez serio, inexpresivo ante el resultado, nos recuerda que hoy se encuentra en las montañas nuevamente haciendo la guerra–. Así, vemos y sentimos las emociones, los rostros y los anhelos de los combatientes, del secretariado de las FARC y de los negociadores del Acuerdo de Paz desde 2014 hasta la firma en 2016. Transitamos por todas las ilusiones y desilusiones, mientras reflexionamos en los procesos de negociación que hoy se adelantan con el ELN y las disidencias de las FARC; el asesinato selectivo de firmantes del Acuerdo; la guerra con el Clan del Golfo que se atiza, y vemos cómo la niebla baja y se posa sobre el paisaje de Colombia. En la película se proyecta un video de archivo de las FARC, grabado en un año desconocido, que muestra un extraño ritual orquestado por 600 guerrilleros que subieron una alta montaña, llevando una guacamaya, para liberarla en honor a la lucha guerrillera. 600 guerrilleros y una guacamaya nos recuerdan que la vida en los campamentos guerrilleros formó comunidad y cultura para miles de personas que no solo merecen la atención que el Estado les prometió, sino la escucha de una sociedad que a muchos los empujó a la insurgencia y que ahora parece olvidarlos. Una sociedad que no solo debe una aproximación ética a la escucha del contra-relato de los firmantes de paz, sino que la necesita para comprenderse, ahora más que nunca, cuando la niebla desciende de nuevo y la paz vuelve a difuminarse. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.