Foto: Andrea Aldana Por: Mateo Quintero, practicante de Comunicaciones – Pares Cristian* tiene 24 años y vive en una de las veredas que colindan con el río Mira. Desde que es niño ha estado vinculado a las distintas etapas de fabricación de cocaína. Según él, toda persona que haya nacido en Tumaco en los últimos treinta años ha estado voluntaria o involuntariamente ligada a la economía ilegal. En su vereda, la producción de coca ha estado siempre presente en la vida cotidiana del pueblo. Recuerda que fue en el colegio donde recibió mayor influencia para involucrarse con la producción de coca. Pese a que su edad y la de sus compañeros estaba entre los 12 y 14 años, ya estaban acostumbrados a manejar gruesas sumas de dinero y a usar armas. Además, conocían a la perfección cada paso del cultivo y frecuentaban bares y billares donde, además de comerciar cocaína, también se consumía. Pero todo esto tiene una razón de fondo. Hoy en día, el principal puerto de exportación de cocaína en Colombia es Tumaco. Desde allí, según datos de la Dijin, salen unas 315 toneladas de coca al año. Además, Tumaco registra uno de los índices de pobreza más altos de toda la región. Cristian fue creciendo entre ese ambiente, lo que ocasionó que abandonara los estudios y se dedicara de lleno a la producción de coca, tanto en el sembrío, como en el raspe y las actividades de intermediario.  Según él, el narcotráfico de la zona siempre estuvo controlado por las FARC, quienes cobraban el “gramaje”. En la vereda siempre existieron “reglas de juego”. Había formas específicas de comportarse y de convivir. Sin embargo, Cristian cuenta que todas estas costumbres han cambiado con los años. Cuando era niño, eran los adultos mayores los que tenían el control de los cultivos y quienes ejercían la autoridad máxima. Pese a esto, con el pasar de los años, han sido influencias externas que han adquirido un protagonismo cada vez mayor. Estas influencias han generado mella en los jóvenes que ahora piensan que el narcotráfico puede brindarles prestigio y estatus. Sin embargo, el auge del narcotráfico en Tumaco ha traído consigo una ola de asesinatos y violencia en la región. Según la Personería Municipal de Tumaco, en el año 2016 hubo 137 asesinatos, en el 2017, 190; y en lo que va corrido de este año ha habido 42. Cristian dice que, al no existir mayores posibilidades de empleo, es inevitable que el narcotráfico sea aceptado sin ser juzgado, pues se presenta como una oportunidad económica. Esta situación diluye las ideas que se tienen allí sobre lo legítimo y lo ilegítimo. Además de esto, Cristian recalcó que, en Tumaco, al ser joven, se está casi que “condenado” para participar en las actividades vinculadas con el narcotráfico. La rentabilidad del negocio, la adrenalina que produce y la aceptación social hacen parte de las razones por las cuales los jóvenes se involucran en esta actividad. El panorama respecto al narcotráfico es agridulce en Tumaco. Por un lado, hay grandes estructuras que cautivan a los jóvenes para que ingresen al negocio. Por otro, debido a la falta de oportunidades laborales y económicas, parece una opción viable para algunos pobladores de la región. Sin embargo, este negocio trae de la mano olas de violencia y homicidios que impiden que la región progrese socialmente y desarrolle proyectos para sus habitantes. *Nombre cambiado por protección de la fuente

Foto: Manuela Botero Por: Diana Santamaría Suarez* y Manuela Botero Montoya, Oficina Pacífico – Pares El Naya vive. Vive en su río, ese mismo que nace y crece ajeno al color de su gente y donde, no hace mucho, convivían en paz comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas. Un paisaje que se tiñe de rojo: testigo de dolor, desalojo, desarraigo y del que huyeron más de 3.000 personas luego de la masacre de El Naya, perpetrada entre el 10 y 13 de abril por el Bloque Calima de las AUC. Uno de los lugares en donde se asentaron algunos de tantos desplazados fue Puente Nayero, ubicado a la orilla del mar en Buenaventura y vigilado permanentemente por la Policía y la Armada Nacional. Bajo el lema “protegiendo el territorio, construyendo la paz”, en Puente Nayero se creó en el año 2014 un Espacio Humanitario que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Este lugar ha acogido a más de 1.000 ciudadanos victimas de desplazamiento forzado que llegan del Río Naya, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. El Espacio Humanitario está en el barrio La Playita, zona conocida como “Baja Mar”, y linda con la calle “Piedras Cantan”, donde actualmente, y según indicaciones del creador del Puente, Orlando Castillo, funciona una base paramilitar. La primera vez que se visita el lugar es imposible apartar los ojos de las construcciones en madera: arquitecturas palafíticas propias del pacífico, coloridas y de puertas y ventanas grandes, como queriendo decir ”aquí todos somos bienvenidos”. Bajo el término “territorio extendido”, creado e implementado por los líderes del Espacio Humanitario, se ha conseguido resguardar no solo personas, sino también toda clase de prácticas y actividades ancestrales, expresiones culturales y un esquema productivo que nace a partir de la manipulación maderera, la recolección de piangua debajo de los manglares, el cultivo de coco, la pesca y la fabricación de bebidas alcohólicas tradicionales del pacífico a base de la caña. Su calle principal trae al presente. El camino de piedras y arena evoca el paso del río entre los poblados. Se ven mujeres cuidando sus hijos y los hijos de las vecinas, mientras estos corren entre sus puentes de tablones de madera y se refrescan cinco o diez minutos en las cálidas aguas del mar. Los hombres, tejen y enlazan las redes con las cuales salen desde temprano a pescar, trayendo el producto que venden en el mercado del Puente “El Piñal” del municipio. Foto: Manuela Botero Puente Nayero tiene reglas de convivencia. Principios creados en medio de un espacio donde confluyen miles de personas aturdidas por el sonido de las balas y el despojo. Entre estos principios se encuentra el de la igualdad y la protección del espacio, pues en sus calles saben que “todo mundo se queda con su territorio o se muere con él”. Pero no siempre fue así. En este territorio protegido hubo, entre el 2013 y 2014, presencia paramilitar y hasta una casa de pique. Las familias que llegaron buscando refugio lo que encontraron fue violencia. Mediante el reclutamiento forzado, abuso sexual, violencia física, verbal y hasta un asesinato en público, los paramilitares sembraron el terror y la zozobra. Pero entramar de nuevo tejido social que fue desagarrado e infestado por la violencia no es tarea fácil. Solo la tenacidad y el esfuerzo colectivo podrán lograr la reconstrucción y recuperación del conocimiento o saber ancestral, la resolución pacífica de los conflictos y las prácticas tradicionales de producción. Ellos lo saben, pero confían en que el etnodesarrollo, una propuesta que nace desde la comunidad hacia Buenaventura, les permita impulsar su territorio y rescatarlo de la barbarie y el olvido. Su objetivo es evitar, a toda costa, que Puente Nayero sea nuevamente desplazado, esta vez, por el crecimiento turístico y comercial de la región pacífica, que propone mega obras y un desarrollo no incluyente con la comunidad. El Espacio Humanitario está en constante lucha sin perder la esperanza. Junto a algunas instituciones nacionales e internacionales, quienes acompañan y asesoran a las familias que allí viven, siguen alimentando la confianza, la ilusión, el trabajo en equipo y el amor por el territorio, porque “Puente Nayero tiene muchos hijos, muchos hijos tiene puente Nayero, yo soy uno, tú también y entre hermanos resistiremos”. *Investigadora Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Por: Alexander Riaño, coordinador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares En la Victoria reina la pausa, el tiempo está detenido. Es un pequeño lugar en el Estado de Apure, Venezuela, que limita con el municipio de Arauquita en Colombia. Aquí, se siente una quietud propia de un pueblo casi fantasma. En una de las varias tiendas, abiertas más por costumbre que por provecho, hay algo que rompe el silencio: Un televisor LG de 21 pulgadas que muestra el titular ¡Última hora! Lo veo y no lo creo. De inmediato busco mi celular para corroborar en los principales medios y redes sociales: sí, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación y citó a indagatoria al expresidente de la República y senador electo Alvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno. Una más entre casi tres centenares, solo que, esta vez, Uribe tomó la decisión de renunciar a su curúl. Respiro profundo, me tomo la cabeza con las manos y digo: ¡Algo está cambiando! Al cabo de unas horas, no logro sacar de mi cabeza un interrogante angustioso: ¿Qué es lo mejor para el país? Si el eterno presidente, como hasta ayer le decía Duque, termina condenado y tras las rejas, existe la posibilidad de que, en medio de una fuerte tensión, el país reviente y se produzcan nuevas oleadas de violencia. Ante los ojos de millones de colombianos que confían ciegamente en Uribe, la decisión de la justicia seria politizada. Se vería como la jugada final de Santos y las FARC que confirma la tesis de que los acuerdos de la Habana fueron un pacto por la impunidad de la guerrilla y la persecución del jefe del Centro Democrático. Paradójicamente, de todas las fuertes acusaciones asechan al expresidente, las que lo tiene en la cuerda floja son por delitos que podrían considerarse menos graves. Esta investigación particular es sobre soborno y fraude procesal. En caso de que Uribe sea condenado por estos delitos, es muy probable que perdamos la oportunidad de conocer la verdad sobre otros hechos relacionados con el conflicto. Pero, si esta termina siendo una mas de las investigaciones archivadas en su expediente –que de acuerdo al criterio de varios periodistas y columnistas es poco probable– el mensaje será demoledor para quienes esperan un cambio real en la sociedad colombiana. Indicará que la justicia no es para todo el mundo y que la verdad sobre lo que ha ocurrido en el país seguirá siendo apenas una ficción que oculta las responsabilidades de ciertos actores. Hoy, las pruebas contra Uribe son muy consistentes, tanto así que es la primera vez que una alta corte abre investigación contra un expresidente. Veremos que pasa. Hay otra posibilidad: que ante una inminente condena, Uribe decida de una vez por todas hacerle frente a los colombianos y contar la verdad sobre su relación con múltiples hechos del conflicto armado en Colombia. Al hacerlo, Uribe estaría abriendo la puerta para una verdadera reconciliación nacional. El mismo ‘Pablo Catatumbo’, a través de su cuenta de Twitter, lo invitó a “aportar justicia, verdad a las víctimas y reconciliación” en el escenario de la JEP. Sí, esa misma JEP sobre la cual Uribe y su séquito han creado una sarta de mentiras con el fin de deslegitimarla y evitar que los actores del conflicto confluyan para contar la verdad. Conociendo la vanidad y testarudez del gran colombiano, es bastante improbable que esto suceda, aun cuando es quizás el mejor camino para los y las colombianas. Sea como sea, lo que queda claro es que Uribe no pasará a la historia como el mesías que salvó a Colombia de la guerrilla y del castrochavismo. Le apostó a la guerra y quiso la paz, pero fue Santos quien realmente logró hacerla algo tangible. Es ese hijo de la élite, de quien nadie esperaba nada, del que hablarán en los libros de historia.

Por: Andrea Aldana, Investigadora – Pares La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Como respuesta, Uribe renunció a su curul de senador en el Congreso y, en teoría, su caso pasaría a la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la norma es susceptible a varias interpretaciones y hoy se presenta el dilema del fuero procesal: ¿quién conservaría la competencia sobre el caso? Pares entrevistó al exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo. Pinilla fue el primer magistrado en ordenar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al expresidente por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. En la entrevista se despejan algunas dudas desde el punto de vista jurídico. Pinilla señala que el proceso por el cual la Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria a Uribe Vélez no es el mismo que se cerró a favor del senador Iván Cepeda —en el que la Corte concluyó que era el expresidente y no Cepeda quien debía ser investigado «por su presunta participación en la manipulación de testigos«—, sino que es una investigación nueva que se origina a partir de hechos ocurridos luego del 26 de febrero de 2008 y que involucra a “allegados” del expresidente y no directamente al mismo. El exmagistrado, además, da luces frente a las implicaciones del fuero procesal y señala los antecedentes de quienes han abandonado el fuero para ser juzgados por la Fiscalía. Para Pinilla, este conflicto de competencias que se genera en torno al caso de Álvaro Uribe Vélez —y dependiendo del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia— podría llegar a ser dirimido por la Corte Constitucional. A continuación, la entrevista completa.

Foto: Carol Sánchez Por: Esteban Salazar, Línea Democracia y Gobierno – Pares El Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la exguerrilla de las FARC-EP dispuso la creación de 16 circunscripciones especiales de paz. Pero el propósito fue frustrado en noviembre de 2017, cuando el Congreso negó su aprobación. Este hecho derivó en una serie de demandas y tutelas por parte del Gobierno y organizaciones de víctimas, quienes están a la espera del tránsito en Congreso de un nuevo proyecto presentado en abril de 2018 para revivirlas. Las 16 subregiones planteadas para este propósito están en 19 departamentos y congregan 172 municipios. Poco y nada se ha estudiado la razón por la cual fueron escogidos, los procesos que han tenido lugar en estos territorios y el balance histórico sobre la gestión gubernamental. Lo primero que hay que decir es que lo propuesto en los Acuerdos para participación política y los instrumentos que los acompañan (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, Programas de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, entre otros) no son nada nuevo. No se trata de una renovación profunda a nivel institucional ni mucho menos de algo innovador. Estos 172 municipios de las Circunscripciones de Paz son calcados de los planes para llevar Estado desde 1960. Es decir, se trata de 16 territorios que, luego de 60 años, a pesar de todas las intervenciones hechas en diferentes gobiernos, siguen igual. En 1985, bajo el gobierno de Belisario Betancur se desarrolló el Plan Nacional de Rehabilitación -PNR- como una política de Estado para llevar desarrollo, servicios públicos e institucionalidad a los 172 municipios de hoy, más otros 120 que fueron adicionados en el transcurso de 12 años. Con la constituyente, César Gaviria creyó que ya no era necesario el PNR y dispuso una serie de programas que fueron mutando en las administraciones posteriores hacia los Planes Nacionales de Consolidación, bajo el mandato de Uribe, y luego, a lo que hoy se conoce como Departamento de Prosperidad Social -DPS- en la presidencia de Santos. El hecho fundamental es que, aunque ha habido una inversión de decenas de billones de pesos en diferentes programas y periodos hacia estos territorios, la situación se mantiene igual: desigualdad, violencia, pobreza y desconfianza institucional. Un acercamiento a las diferentes razones para explicar este fenómeno lo he construido a partir del trabajo con las comunidades y entendiendo el accionar histórico estatal en estos temas. Lo que he reflexionado es que estas 16 subregiones se han mantenido igual porque la violencia y el conflicto no surge solamente desde los territorios, el Estado también ha sido responsable. Un claro ejemplo está en los artificios normativos para dividir las comunidades. Los indígenas, campesinos y afro que antes vivían en armonía, ahora se enfrentan por quién es dueño de la tierra. Ya no se trata de conflictos por arraigos ancestrales, sino por divisiones normativas arbitrarias que llegan desde afuera y configuran una relación jurídica conflictiva con la propiedad de la tierra. Aunado a lo anterior, la consolidación de grupos armados también ha sido, parcialmente, producto del Estado. Las guerras recicladas en estos territorios no se explican por una interpretación vaga y limitada de narcotraficantes puros, sino también por el auspicio y complicidad del Ejército, las notarías, los empresarios, los clanes políticos y la corrupción rampante. No se entiende cómo es posible que luego de la desmovilización de tantas guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, persista en el país una securitización de la agenda pública para rearmar de la guerra durante la implementación del Acuerdo de Paz. Gran parte de las víctimas con las que me he entrevistado, así como comunidades y líderes sociales, reclaman que los avances hacia la paz que hereda hoy el nuevo Gobierno deben servir también para desarmar al Estado, des-escalar el lenguaje y reducir los excesos de la Fuerza Pública. No hay muertos aplazados ni buenos muertos. La atomización de los grupos armados deja una violencia huérfana que se debe resolver integralmente. Y las circunscripciones de paz son apenas un paso necesario, pero no suficiente para ello. No es sólo darles voz y voto a las víctimas, sino también el respaldo económico, técnico y social. Aunque las viudas, lisiados y la ruptura del tejido social son irreparables, la guerra no hay que humanizarla, hay que acabarla.

Por: Redacción Pares La renuncia de Uribe al Senado ha suscitado múltiples opiniones de los distintos sectores políticos del país. Para León Valencia hay dos planos en este problema. El primero, gira en torno a la acusación de soborno y manipulación de testigos contra el expresidente. El segundo, y mucho más grave, el hecho de que estas acusaciones desvíen el foco del proceso de paramilitarismo y violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que sucedieron mientras Uribe era gobernador o presidente. Según Valencia, la renuncia de Uribe al Senado le abre dos posibilidades: ser juzgado por la justicia ordinaria, aunque esto aún está en duda, o someterse a la JEP, como el General (r) Montoya. Cualquiera de estas posibilidades no debe verse como una venganza hacia el expresidente, como lo explica Valencia, sino como una posibilidad de acercarnos a la verdad, la justicia y el cierre del conflicto armado.

Foto: Carol Sánchez Por: Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea Paz, Conflicto y Postconflicto – Pares La inmediatez y rapidez con las que narramos los sucesos de la cotidianidad nos han limitado la capacidad de reconocer aquello que es realmente trascendental. El hecho más novedoso de hoy es el olvido de mañana. Los acontecimientos son cada vez más fugaces y, aun siendo recurrentes, su valoración es tan pobre que siguen siendo efímeros. La paz, a mi juicio, es una de sus más recientes víctimas. La noticia más resaltada en titulares y retratada de este siglo fue, sin duda, la firma del Acuerdo de Paz. No era para menos, fuimos testigos del hecho más importante de los últimos cincuenta años y hemos sido miopes ante estos acontecimientos, no hemos logrado visibilizar los aciertos de la paz. Por eso, su defensa ha sufrido tantos tropiezos, se permitió que los contradictores manosearan el Acuerdo a su propia conveniencia. La promesa de la apertura democrática fue cerrada una vez más. Desde hace tres décadas los sectores sociales, minorías y alternativos han pagado con su vida la búsqueda permanente de espacios de representación política. Cuando se abrió la posibilidad real de llevar al Congreso a los representantes de las víctimas del conflicto armado, la mayoría de los congresistas respondieron de la manera más mezquina y vieron en ellos nuevos competidores electorales. La decisión fue la de  cerrarle la puerta de la participación de estos sectores. Pese a esa cachetada a la democracia, los resultados electorales del 9 de marzo permitieron que se instalara el Congreso más plural de la historia de Colombia. Sin embargo, las 16 voces de las víctimas y de los lugares más excluidos del país harán falta a la hora de sumar voces alrededor de defender y profundizar la democracia. El otro golpe proporcionado por aquellos que desde la legalidad han instrumentado la violencia, y se han beneficiado de la guerra, fue el de influir para limitar las acciones y competencias de la Jurisdicción Especial de Paz. El mecanismo creado para garantizar justicia ha sido bombardeado una y otra vez desde un falso discurso de impunidad. Un espacio pensado para conocer y juzgar a todos los actores del conflicto armado quiere ser reducido a tal punto que estaremos condenados a conocer solo una parte de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de Colombia. Nada que decir de los planes y programas en favor del desarrollo de las zonas rurales que ha sido invisibles. Las expectativas de miles de campesinos se diluyen, mientras en los territorios se ven desfiles de chaquetas que representan la institucionalidad y que, difícilmente, lograron articularse para responder a las demandas de las zonas más afectadas por el conflicto. Como si fuera poco, se aísla el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el regreso del glifosato y la erradicación forzada son una realidad. No basta con eso, entonces, el nuevo gobierno vocifera que el futuro de la organización y movilización social estará marcado por la regulación de la protesta social. Sin pudor, se advierte del regreso de las muertes aplazadas y de los jóvenes que tendrán que reciclar la guerra. La trascendencia de la paz y la oportunidad de transformar el país no ha sido percibida por nosotros. Decía Borges que el problema de los hechos trascendentes en la humanidad era que no se sabía de antemano cuáles eran. Señalaba, por ejemplo, que la crucifixión de Cristo fue importante después, no cuándo ocurrió. Quizá los miles de muertos que se han evitado gracias al Acuerdo, o los centenares de colombianos que no se han visto obligados a desplazarse por cuenta de la guerra, o los miles de kilómetros que se han logrado desminar y hoy son espacios de libre tránsito, sean los hechos que, con el tiempo, nos permitan valorar de manera contundente los aciertos de la paz. El problema es que mientras los nostálgicos de la guerra sigan avanzando, señalen la idea de las FARC rearmada, y manden al traste los esfuerzos de paz con el ELN, estaremos valorando la paz y su trascendencia una vez hayamos regresado a la guerra. Los veinte meses de implementación de los Acuerdos debían ser el comienzo de un proceso de mediano y largo plazo que permitiría acabar con las condiciones estructurales de la guerra, era el inicio del cambio, y estamos siendo acorralados para que este proceso sea sólo un suspiro antes de regresar la guerra. Tenemos una breve posibilidad de revertir el orden que por décadas ha condenado a la pobreza, a la marginalidad y al olvido a millones de colombianos. El llamado es a defender la paz y dignificar a cada líder y defensor de Derechos Humanos que, desde la vulnerabilidad, sigue construyendo un mejor país. Que sus legados no sean fugaces ante los sucesos que narramos en nuestra cotidianidad.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares El pasado 20 de julio, día de la fiesta nacional de independencia, se instauró el nuevo Congreso de la República. Las imágenes en televisión o fotografías que se observaban eran sencillamente increíbles, la de una Colombia que seguramente hace unos pocos años era impensable. Por un lado, la antigua guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, llegaba al Congreso, con cinco senadores y cinco representantes a la Cámara. En el mismo salón y a un lado, estaba la bancada del Centro Democrático, con 19 senadores y liderada por el expresidente Álvaro Uribe, quien en los últimos 20 años armó su plataforma política a partir del odio a las FARC. En sus dos períodos, entre 2002 y 2010, se le perdonó todo a su gobierno con la promesa de ganar una guerra contra las FARC, al final fracasó en su empeño. También en el Congreso de la República estaba Gustavo Petro, quien fue segundo en las elecciones presidenciales del pasado mes de junio, con ocho millones de votos se convierte uno de los jefes más importantes de la oposición. De hecho, por primera vez en el país se logra posesionar la bancada más grande de fuerzas de centro y centro izquierda, con poco más de veinte senadores. Pero además de Petro, en esta bancada existen otros pesos pesados de la oposición. Por un lado Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y quien se inauguró en el congreso bajándose los pantalones y mostrando su cola a los demás congresistas en señal de protesta ante la falta de silencio en el hemiciclo. Allí también está el que hasta ahora ha sido catalogado como el mejor senador de la república, Jorge Robledo, quien ya ha anunciado una oposición férrea al uribismo, y para cerrar la senadora Angélica Lozano, quien representa las nuevas ciudadanías y ha logrado catapultarse como una de las líderes de esta bancada. Pero al otro lado también hay sorpresas, pues la bancada de ultraderecha es muy fuerte y hay un grupo que podría ser catalogado de fanáticos. Tal vez el Partido Justa Libres, de pastores cristianos radicales, es un buen ejemplo: luego de una reñida disputa judicial, y de que miles de votos aparecieran casi que por arte de magia, tres miembros de este partido lograron posesionarse como senadores, entre ellos pastores radicales homofóbicos. Por si le faltara un ingrediente a todo lo anterior, también en la foto de los congresistas aparecieron los de siempre, aquellos camaleónicos que van cambiando de color partidista según lo digan los cargos burocráticos y el clientelismo. Pero esta vez había algo diferente, pues el gobierno se vio en aprietos para lograr mayorías, todo parece indicar que el partido de la U y Cambio Radical venderán muy caro su voto y los jefes políticos de estos partidos, como el exvicepresidente Vargas Lleras, le intentarán hacer la vida un poco difícil al nuevo presidente Iván Duque. Este último se caracteriza por ser el heredero del expresidente Uribe y tener una alta inexperiencia a la hora de gobernar. Vale la pena aclarar que el nuevo congreso, además de las personalidades que lo componen, tiene dos novedades. Por primera vez, luego de años y miles de muertos, se logró aprobar un estatuto de la oposición, que le da garantías estables a los partidos que se declaren contrarios al gobierno de turno, entre otras: acceso a recursos económicos, posibilidades de modificar la agenda de discusión legislativa, y acceso a mesas directivas. Lo otro, es que es el primer congreso del posconflicto, y como buen país en trasformación, parece que lo que va a vivir Colombia es una democracia plebiscitaria. Ya la bancada del nuevo gobierno ha anunciado al menos dos referendos, el más delicado es el que busca boicotear la justicia transicional que trajo el acuerdo de paz. Además, seguramente, intentarán hacer coincidir estos referendos con el calendario de las elecciones locales del próximo año. La idea del uribismo es armar una estrategia que les lleve a ganar las grandes ciudades del país, donde perdieron en las elecciones presidenciales, entre ellas Bogotá, Cali y Barranquilla. Columna de opinión publicada inicialmente en El País: https://elpais.com/internacional/2018/07/24/colombia/1532447835_671057.html

Por: Angélica Gutiérrez, asistente de investigación – Pares En la sociedad rural de Colombia, permeada por el conflicto armado, hay hombres y mujeres que se organizan para evitar violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de los líderes y lideresas sociales, personas que por años han construido relaciones de confianza con las comunidades, sufriendo un alto riesgo de ser victimizadas por estructuras criminales. Con la firma del Acuerdo de Paz, a finales del 2016, los defensores tenían la esperanza de poder llevar su liderazgo públicamente sin correr los peligros del pasado. Sin embargo, esta ilusión se está viendo minimizada por el exterminio del que están siendo víctimas. Y, aunque no es un fenómeno nuevo, si ha sido más visible en los medios de comunicación y ámbitos académicos en los últimos meses. La USAID, el CNC, y el DHES hicieron una prueba piloto para caracterizar el liderazgo en Colombia. Los resultados mostraron que el 76% de los líderes son hombres y el 24% mujeres. A partir de esto vale la pena preguntarse, ¿por qué tan baja la participación femenina? Según este informe, las mujeres respondieron que, aunque tienen una alta participación en las organizaciones, su papel “no es de liderazgo”, pues creen que no son lo suficientemente escuchadas. Además, la mitad de ellas consideran que no tienen oportunidad de liderar y que, cuando lo logran, es porque han tenido que esforzarse más que sus compañeros. El asesinato de las lideresas difiere del fenómeno general contra líderes sociales por la relación público-privada que se teje alrededor de lo femenino. Salir de la esfera familiar (privada) a expresarse de manera pública implica dificultades, pues en el imaginario de la sociedad, sobre todo en zonas rurales, la mujer debe desempeñar sus labores en casa o espacios privados. Las mujeres, entonces, tienen menos oportunidades de representar a sus comunidades, pues su trascendencia en la esfera pública aún es limitada. Y, cuando lo hacen, corren el riesgo de sufrir homicidios, amenazas, violaciones sexuales y desplazamientos, lo que desincentiva el surgimiento de nuevas mujeres líderes. Del total de defensores asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz, más de 300 según Indepaz, el 20% ha sido contra lideresas. Uno de los asesinatos más dolorosos y recientes fue el de Ana María Cortés Mena. Cortés trabajó en la Personería de Cáceres, municipio del bajo Cauca antioqueño, por la defensa de los Derechos Humanos, la evacuación de las comunidades en riesgo por la crisis de la represa Hidroituango y, desde el pasado mes de abril, fue la secretaria y coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Cáceres. Ana María fue asesinada por actores armados no identificados el pasado cuatro de julio. Las declaraciones del Ministro de Defensa indicaron que el Gobierno tenía conocimiento sobre la vinculación de su hijo con Clan del Golfo. La Fiscalía afirmó el 18 de julio que él era conocido como alias “Camilo”, insinuando que por “confrontación de bandas criminales (Ana María Cortés) fue asesinada”. Estas declaraciones la revictimizan y desenfocan el problema social de la violencia y del exterminio contra líderes. Ana María Cortés, y otras 30 mujeres de las que se tiene registro en PARES, fueron asesinadas desde noviembre de 2016 y ejercían su liderazgo en departamentos fuertemente afectados por el conflicto armado, como Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Dentro de este grupo también se encuentran dos mujeres afrocolombianas, dos mujeres indígenas y una mujer perteneciente a la población LGBTI. Vale la pena recordar que, en el marco del conflicto armado, se han presentado violencias específicas dirigidas a las mujeres y sectores pertenecientes a la población LGBTI. El mejor ejemplo de este fenómeno es la violencia sexual, que signa una relación de poder entre el perpetrador y la víctima. Estas 31 mujeres tienen nombre, historias y causas. En Pares queremos recordarlas:

Foto: Carol Sánchez Por: Ariel Avila – Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Esto que van a leer lo he escrito por lo menos una decena de veces los últimos tres años, y no soy el único, somos varios los que hemos hablado del tema. Pero parece que la gran parte de la sociedad no lo ha entendido, por ello, intentaré ser un poco más pedagógico: el conflicto colombiano dejó más de 8.000.000 millones de víctimas, entre ellas, más de 6.000.000 millones de desplazados, por lo menos 230.000 homicidios, se calcula que cerca de 80.000 desapariciones forzadas, alrededor de 30.000 secuestros, entre otras cifras desastrosas para el país. Esto significa que casi el 20% de la población colombiana fue víctima del conflicto armado. Dentro de toda esta victimización, al menos pasaron tres cosas. Por un lado, se modificó sustancialmente el mapa político en las regiones. Por ejemplo, muchos alcaldes, gobernadores y congresistas se hicieron elegir con el apoyo de criminales, tal vez, la parapolítica es el mejor ejemplo. Pero más allá del show mediático de ver algunos senadores o representantes a la cámara en la cárcel, lo cierto es que en la regiones del país esta alianza entre algunos políticos y criminales significó la destrucción de la oposición. Todo el que fuera en contra de esa estructura política criminalizada moría, además, se pulverizo la organización social de base y, sobre todo, se crearon verdaderas dictaduras regionales. Lo otro que sucedió en este baño de sangre fue un cambio del modelo productivo en regiones enteras del país. Seis millones de hectáreas de tierra fueron despojadas, la mayoría a pequeños campesinos que tenían menos de 10 hectáreas. Además, en muchas de estas zonas, por culpa de la violencia, entraron cultivos de tardía duración como la palma africana. Hubo zonas, como el Urabá chocoano, en donde el despojo paramilitar sembró de palma hasta los cementerios de pueblos que desaparecieron luego de las ofensivas paramilitares. Lo tercero que trajo la violencia fue la creación de fantasmas para entretener al pueblo. En lo fundamental, las élites colombianas agrandaron a las FARC y, con la disculpa de combatirlos, justificaban todo. Cualquier tema de corrupción, de violencia o de autoritarismo, se hacía con la disculpa de combatir a la guerrilla y parar la “violencia”. Recuerden como hace algunos años cada vez que salía una marcha de estudiantes o campesinos a las calles, se les acusaba de estar infiltrada por las FARC. Con ello, deslegitimaban la protesta y justificaban el encarcelamiento de liderazgos estudiantiles o campesinos, logrando desbaratar movimientos sociales enteros. Así que los grandes beneficiados de la guerra fueron los empresarios y políticos; nótese como las FARC y los militares, que fueron actores directos no son los vencedores de la guerra, pues hay miles de procesos judiciales y muchos de ellos deben pasar por la justicia para lograr los beneficios jurídicos. Los únicos que han pasado impunes son los políticos y los supuestos empresarios, que los han llamado los Terceros. Por eso a estos Terceros no les gusta la Jurisdicción Especial para la Paz, tampoco la Comisión de la Verdad. El tema es que engañan al pueblo colombiano con noticias falsas para que tampoco apoyen la JEP, y el pueblo cae en ese juego.

Por: María Isabel Loaiza Cordero En el marco del postconflicto y del largo proceso de construcción de paz que viene para Colombia, la articulación de los diferentes actores de la sociedad es fundamental. La coordinación entre el sector público, la academia y el sector privado debe generar puntos de trabajo en común en miras a obtener mejores resultados para quienes se vieron afectados por el conflicto armado. Por esta razón, desde la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, en alianza con la Universidad Externado de Colombia, se desarrolló un trabajo que definió dos rutas para el sector privado en el proceso de construcción de paz: una socioeconómica y otra de tejido social y cultura de paz. Estas rutas muestran los pasos a seguir para las empresas que quieran aportar desde su quehacer a la construcción de paz y a la transformación del país. Además, están relacionadas con la inclusión económica, por un lado, y la inclusión social, por otro. Específicamente, la ruta empresarial para fortalecer el tejido social y la cultura de paz hace énfasis en la importancia de las relaciones al interior de la comunidad y de la empresa con su entorno. Una empresa con unas buenas relaciones con sus grupos de interés, seguramente, logrará mejores resultados que aquellas que no las tienen. Es por ello que el trabajo de la empresa debe integrarse con la comunidad y lograr procesos de transformación desde el trabajo con sus integrantes. Esta ruta también hace referencia a la importancia de desarrollar diagnósticos participativos con las comunidades para que la implementación de proyectos tenga mayor impacto, mayor sostenibilidad en el tiempo y especialmente ayude al restablecimiento y co-construcción del tejido social. Con tejido social nos referimos a la necesidad de reivindicar las relaciones en las comunidades en las que se desarrollan las empresas, para lograr un mejor impulso tanto de los negocios de la empresa como de los procesos con las comunidades. Proceso en tres fases: Fase 1 – Planeación: hace referencia a la determinación de los aspectos materiales de la empresa, a la elaboración de un diagnóstico participativo de la comunidad y, finalmente, a la construcción de la propuesta de trabajo. Fase 2 – Implementación: En esta fase se hace mención a cinco mecanismos que se pueden llevar a cabo con base en los tres pasos que componen la Fase 1. Busca desarrollar procesos relacionados a las necesidades de las comunidades y que tengan relación con: Los procesos de atención directa la población prioritaria para el posconflicto (PPP). Procesos de construcción de memoria. Promoción de la comprensión de la empresa. Creación de mecanismos de resolución de conflictos. Creación y fortalecimiento de entornos protectores. Fase 3 – Seguimiento y control: Esta es una fase transversal del proceso y da cuenta de la necesidad de sistematizar y registrar toda la información desde la Fase 1.  Este registro le permitirá a la empresa, y a la misma comunidad, trabajar sobre estos en futuras intervenciones con las comunidades. En esta Fase se hace referencia a la definición de indicadores, aplicación de mediciones periódicas y al análisis de resultados para la toma de decisiones. Este trabajo tiene en cuenta la estrategia de construcción de paz del gobierno nacional dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se hace un llamado al sector privado y a la empresa como uno de los grandes actores clave para generar desarrollo y garantizar los derechos de las personas más afectadas por el conflicto armado. La ruta de tejido social y cultura de paz hace una invitación al sector privado a desarrollar proyectos comunitarios que vayan más allá de lo económico. Con esto, se llegará a procesos más profundos de transformación social con base en el re-establecimiento de relaciones entre la misma comunidad. El resultado se verá reflejado en mejores vecinos, mejores aliados y, por qué no, mejores sociedades para la construcción de una paz estable y duradera.

Por: León Valencia – Pares La gran paradoja está a la vista de todo el país: Uribe, Duque y el Centro Democrático ganaron la presidencia de la república apelando a una crítica feroz -y muchas veces sustentada en acciones en el lindero de la ilegalidad- al gobierno de Santos, pero en la coalición que armaron para dirigir el Congreso, y se supone para gobernar el país, están todos los partidos que fueron puntales del presidente saliente. Todos: el Conservador, el liberal, Cambio Radical y la U. La paradoja era evidente y patética en el momento del discurso de despedida de Juan Manuel Santos. Mientras el presidente hacía un recuento de sus logros, en especial el acuerdo de paz con las FARC, Uribe enhebraba más de sesenta trinos hablando del país en ruinas que dejaban los ocho años de Santos, sobre todo por ese pacto de reconciliación. A la vez, los voceros de los partidos tildados durante ocho años por los uribistas como santistas, enmermelados, corruptos, se aprestaban a repartirse las dignidades de las dos cámaras y preparaban mentalmente los discursos con que presentarían su nuevo acuerdo. Para justificar esta coalición, Ernesto Macías, del Centro Democrático, elegido presidente del Congreso para el primer año, dice en entrevista a El Tiempo que “Se constituyó sin comprometer ni un solo cargo del gobierno, ni un solo contrato, ningún tipo de clientelismo”. Cree bobos a todos los colombianos. Allí, en el Congreso, lo único que había para repartir eran dignidades y se repartieron milimétricamente, al viejo estilo. Después vendrá la labor legislativa y las iniciativas del gobierno y allí empezará la presión para distribuir los puestos y los recursos del Estado a cambio del respaldo a las propuestas. Ya Germán Vargas Lleras, Cambio Radical y la U les enviaron las primeras señales a los uribistas. En el trámite de la coalición mostraron los dientes. Hubo un momento en el que a estos partidos no les satisfacían las ofertas de Uribe y el Centro Democrático y entonces empezaron a mover la candidatura de Germán Varón Cotrino para la presidencia del Senado y obligaron a una nueva actitud del uribismo y a un cambio en las ofertas. Señalaron que ningún apoyo será gratis. El uribismo sabe que ni Germán Vargas Lleras ni los dirigentes del partido de la U van de caña. Está lejano, pero no olvidado, el episodio en el que Vargas Lleras y Varón Cotrino se le tiraron la segunda reelección a Uribe. Los uribistas tenían las mayorías en Cámara, pero Varón Cotrino era el presidente de esa corporación y al momento de la aprobación de la ley que autorizaba el tercer mandato le dio largas a procedimientos claramente viciados que fueron advertidos luego por el presidente de la Corte Constitucional de ese entonces también de filiación Vargas-llerista. Santos le puso el nombre de Unidad Nacional a la coalición que armó con los mismos partidos. Qué nombre le pondrá Duque?  La cosas están tan viches que aún no atinan a proponer una denominación. Podrían ponerle el mismo nombre para hacer honor a la verdad. Ahora bien, lo que no se puede descartar es que logren convencer a una parte importante de los colombianos que de verdad están haciendo algo nuevo, algo distinto, que están poniendo en practica una manera diferente de gobernar. Si ganaron la presidencia envenenando con mentiras a la opinión pública sobre el proceso de paz, es posible que logren gobernar haciéndole creer a la gente que hubo un cambio generacional y que habrá un estilo radicalmente distinto de conducir el país. No les quedará fácil en todo caso; el mapa político del país ha cambiado y ahora en el Congreso hay una bancada de izquierdas con más de cincuenta parlamentarios en las dos cámaras y con ocho millones de votantes que estarán haciendo control político permanente y quizás movilizándose en las calles para mostrar las inconsistencias del nuevo gobierno y hacer visibles las paradojas de los uribistas.