Por: Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares De las 280 personas que se posesionaron este 20 de julio para ocupar curules en el Congreso, 59 tienen cuestionamientos que van desde investigaciones por crímenes de lesa humanidad, corrupción electoral y administrativa, hasta la herencia del capital político de personas condenadas por brindar apoyo a grupos paramilitares o por corrupción. Frente a estos últimos, PARES ha sostenido que aun cuando no existen delitos de sangre, nuestra investigación constante en las regiones, especialmente en la época electoral, nos permite saber a ciencia cierta que dichos congresistas lograron su votación a partir de maquinarias pertenecientes a políticos condenados y que, por tanto, estos últimos tienen influencia sobre el congresista electo, por lo cual los consideramos dentro del grupo de cuestionados. En términos de partidos políticos la lista la encabeza el Cambio Radical con 13 congresistas cuestionados, lo siguen el Partido de la U con 10, FARC con 10, Conservador con 9, Centro Democrático con 8, Partido Liberal con 7 y finalmente Opción Ciudadana con 2. Cabe resaltar que dichos partidos, con excepción de la FARC, son quienes conforman la bancada de gobierno. Cambio Radical Partido de La U Partido Conservador Centro Democrático Partido Liberal Partido FARC Opción Ciudadana

Por: Ariel Ávila – Pares Lo habíamos advertido, la paz tiene muchos enemigos, mucha gente quiere que el proceso no se consolide, y esto no es producto de alguna diferencia ideológica, es más bien el intento de un gran sector de la sociedad de esconder su participación en la guerra y los crímenes que promovieron. Durante meses y años armaron toda una estrategia para destruir la paz, primero dijeron que Santos le entregaría el país a las Farc, luego cuando esta mentira se les desbarató, manifestaron que las Farc nunca dejarían las armas, cuando lo hicieron, acudieron al cuento de la ideología de género y al final terminaron causando pánico con el cuento de la venezolanización. Pero ahora, que estos sectores ganaron la presidencia, han destapado las cartas y los defensores de una parte del establecimiento han salido por decenas a impedir la justicia transicional. Su primer objetivo fue deslegitimar la JEP y hasta ya planean un referendo para destruirla. Los últimos días, se logró determinar su segundo objetivo: la Comisión de la Verdad. La situación es muy sencilla. En el año 2016, promovido por el Partido Cambio Radical y el Centro Democrático, en la discusión del acto legislativo que creaba la Jurisdicción Espacial para la Paz o JEP, se sacaron a los terceros, es decir, políticos y empresarios que participaron o fueron determinadores de acciones en el marco del conflicto armado. Ahora plantean sacar a los militares y dejar la JEP solo para que procese a las Farc. Esto último, según la senadora Paloma Valencia, se hará mediante referendo. Sin embargo, la Comisión de la Verdad sí podrá conocer de los relatos sobre la verdad de todos los sectores que participaron en la guerra: de las Farc, las FFMM y los terceros. Ante esta realidad los ataques contra la comisión han comenzado y los argumentos que han esgrimido son burdos, absurdos y bajos.Hoy nadie duda de que las Farc cometieron crímenes, absolutamente nadie lo duda, pero lo cierto es que en mis muchos años de investigación en esta materia me he dado cuenta de que ellos no fueron los únicos. En esta guerra, que dejó 230.000 muertos, más de 6 millones de desplazados, 80.000 desapariciones forzadas, y cerca de 30.000 secuestros participó mucha gente. No debe olvidarse que además 6 millones de hectáreas fueron despojadas, la mayoría a pequeños campesinos y al final casi toda esa tierra terminó en manos de prósperos empresarios y políticos. El exmagistrado Pretelt o el Fondo Ganadero de Córdoba son buenos ejemplos. Publicada inicialmente en: https://www.semana.com/opinion/articulo/por-que-defender-la-comision-de-la-verdad-por-ariel-avila/575862

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, analiza los hechos políticos más importantes. El ABC de las polémicas de esta semana. A. Montaje a Francisco de Roux: ¿Por qué quieren desprestigiar a la Comisión de la Verdad? B. Supuesto rearme de las FARC: «La portada de la Revista Semana no puede ser más desafortunada» C. Duque y Venezuela: 10 países firmaron una carta advirtiendo los peligros de la relación entre la futura relación de Colombia y Venezuela.

Por: Redacción Pares La Opinión de León en la FM. La portada de la Revista Semana del 15 de junio, afirma que las disidencias de las Farc tienen un plan para refundar a la guerrilla desmovilizada. ¿Es esto verdadero? León Valencia opina:

Por: Colombia joven y Conflictos asociados al desarrollo-Pares Chocó es quizás uno de los departamentos de Colombia donde la violencia, tanto política, como social y hasta económica ha tenido mayor incidencia en la población durante años. Uno de los hitos que define la situación de violencia en Riosucio fue la incursión armada del Bloque Élmer Cárdenas en el Bajo Atrato y del desarrollo de la Operación Génesis en diciembre de 1996. Estas incursiones bélicas generaron el desplazamiento de cientos de familias campesinas, de comunidades negras e indígenas, así como desapariciones forzadas de miembros de la comunidad. A partir de este hecho, la presencia de los comandos paramilitares se mantuvo constante hasta la retoma del municipio realizada por la guerrilla de las FARC, luego de la desmovilización de las distintas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la primera década del siglo XXI. A raíz de los diferentes ataques paramilitares hubo una fuerte ruptura en el tejido social y supresión de procesos organizativos comunitarios con el desarraigo del territorio que produjo principalmente el desplazamiento forzado, además de los hechos más deplorables de tortura, mutilación, violencia sexual y homicidio. Aún hoy la violencia y la sevicia de los actores armados se conmemora y se recuerda con dolor por las comunidades. El municipio de Riosucio no cuenta con un sistema de información sobre seguridad y convivencia ciudadana que permita registrar de manera cuantitativa los incidentes que tengan relación con delitos de alto impacto, hechos de victimización con ocasión del conflicto armado, manifestación de violencias basadas en género, incidentes por lesiones personales, entre otros, lo cual obstaculiza la definición de diagnósticos actualizados sobre la situación violenta del municipio y tampoco permite realizar respuestas institucionales ni de monitoreo a estas problemáticas. Pese a esto, el municipio de Riosucio tiene una fuerte actividad de explotación forestal, lo que se convierte en la principal fuente económica para el territorio. Esta actividad económica se ha desarrollado en el municipio desde hace aproximadamente cuatro décadas debido al valor comercial que tienen especies arbóreas como el cativo, el guino, el pino amarillo, el abarco, el roble, el cedro, el caracolí, entre otros. Estos maderables son transportados en barcazas a través del río Atrato para ser comercializadas como madera en bruto y aserrada en Turbo, Apartadó, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Y, aunque el municipio es productor de la materia prima, no existe una empresa en el territorio que pueda transformar esta madera en muebles para su posterior comercialización; es por este motivo que la madera es llevada a los puertos de Turbo y Cartagena. Sin embargo, pese a que los suelos del municipio de Riosucio permiten cosechar diversos alimentos como arroz, maíz, frijoles, ajonjolí, ñame, plátano, yuca y cacao; la finalidad de estos es principalmente el consumo local, más que su posterior comercio. Actualmente, las únicas dos formas de acceso al municipio son mediante el río Atrato y a través de una carretera en proceso de pavimentación que conecta con los municipios de Mutatá y Chigorodó que permite la comercialización de productos en el Urabá antioqueño. Es por ello que la arteria de movilidad en el Urabá chocoano es el río Atrato y sus distintos afluentes. Los servicios públicos en el municipio de Riosucio es precaria, no hay un sistema de alcantarillado y las afluentes del río son la principal vía de drenaje de los desechos sanitarios de cada uno de los hogares. Tampoco hay un sistema de acueducto que capte y distribuya el agua en las debidas condiciones para los residentes, entonces el abastecimiento se realiza a partir de las aguas lluvias almacenadas en tanques en cada una de las casas. Además, la inexistencia de un alcantarillado municipal que permita el desagüe de aguas residuales es un foco de contaminación y de proliferación de enfermedades, al quedarse estancadas en las diferentes calles de la cabecera. Según la información del DANE, el municipio cuenta con 28.923 habitantes distribuidos a lo largo de los 7.046 km2 con una densidad poblacional de 4,09 y el equivalente al 5,7% del total de la población departamental. En la cabecera se ubican 8.592 personas, frente a las 20.331 de la zona rural.  El volumen más significativo de la población se encuentra en la infancia, la adolescencia y la juventud. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que Riosucio es especialmente un municipio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; con un acento significativo especialmente en la infancia lo que lo ubica, según la clasificación establecida por el Departamento de Planeación Nacional de acuerdo con su estructura poblacional, como un municipio embrionario. En ese sentido, según el DNP, los municipios embrionarios son aquellos que “no han iniciado el bono demográfico. Tienen altas tasas de dependencia de menores. Su desempeño en derechos y condiciones sociales es muy precario y no alcanzan las metas mínimas. Y requieren: alcanzar metas mínimas de universalidad del desarrollo social (salud, educación, vivienda, servicios públicos), hasta llegar a promedios urbanos de hoy. Inversión importante en primera infancia, educación y servicios públicos. La población joven en el municipio de Riosucio, Chocó, representa un 32,4% del total de la población, siendo ésta, un poco más de nueve mil trescientas personas, frente a veintiocho mil novecientas, que según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) viven en el municipio. Similar a lo que se observa en el municipio de Río Quito , Chocó; en Riosucio, la población joven representa una mayoría importante, por encima de la media nacional, situación que debe orientar la política pública y la atención de los diferentes actores sociales, obligándolos a pensar el territorio, como un territorio joven, en el que se brinden todas las oportunidades. Ser joven en Ríosucio / ¿Con qué herramientas cuentan los jóvenes para abordar estas problemáticas? Las trayectorias de vida de la gran mayoría de los jóvenes de Riosucio no dan cuenta de una experiencia de juventud como se ha definido desde las distintas disciplinas que hablan de esta condición. Se ha planteado que la experiencia de ser joven se caracteriza por el hecho de ser una persona principalmente protegida por su familia, que se encuentra inmerso en una experiencia educativa mediante la cual adquiere conocimientos que le permitirán, en un futuro no muy lejano, vincularse a un tipo de trabajo que le permita aplicar los conocimientos adquiridos. A su vez, en el momento de ser joven la persona se encuentra en un proceso de afirmación de su identidad lo que la conlleva a explorar situaciones y establecer relaciones de afecto, confianza y solidaridad con sus pares, haciendo de la socialización una experiencia que va más allá de la simple asociación basada en la amistad. No obstante, en Riosucio los jóvenes experimentan dichas situaciones de maneras heterogéneas a la mencionada en las líneas anteriores. Son varios los factores que conllevan a que las personas jóvenes vivan su experiencia de juventud en ocasiones contraria a la situación ideal ya señalada, o dislocada a esta, o simplemente no la experimenten. Unos factores para que eso suceda son los factores territoriales y comunitarios; otros obedecen a factores económicos y otros a las debilidades institucionales, entre otros. La cobertura realizada por parte de los 16 centros educativos se realiza mediante 111 sedes distribuidas en microterritorios. Las condiciones de la infraestructura educativa son precarias, dado que la gran mayoría de las sedes están construidas en madera a modo de palafitos, madera que ha sido corroída y tampoco se cuentan con los implementos básicos tales como escritorios, baños, aulas, entre otros. El municipio de Riosucio no cuenta con instituciones de educación superior. En algunas zonas rurales se han venido implementando programas técnicos agropecuarios del SENA, sin embargo, no cubre a toda la población de las zonas rurales y se encuentran de manera focalizada en algunos territorios, lo que hace que sea necesario el desplazamiento desde las diferentes comunidades teniendo en cuenta las largas distancias que algunos tienen que recorrer para cumplir con estas actividades de educación formal. El nivel de empleo en Riosucio está relacionado con actividades productivas, con la oferta del Estado y con el sector turístico. El empleo productivo se refiere al empleo generado por actividades agrícolas, forestales y pecuarias, esta categoría tiene mayor presencia en la zona rural y es desarrollado por épocas de manera no tecnificada.  En estas actividades se emplea por lo general, mano de obra familiar. Este sector es el responsable de la mayor demanda de fuerza laboral en el municipio. Entre el cultivo de plátano, el cultivo de cacao y la explotación de la madera en total se demandan 51.679 empleos. En este sentido, los principales problemas que afectan al municipio son: Dificultad de movilización entre el departamento Nula prestación de servicios públicos Propagación de enfermedades por aguas estancadas Sistema educativo precario Condiciones precarias de infraestructura Iniciativas juveniles La Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil del Municipio de Riosucio La Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil del Municipio de Riosucio es una experiencia de participación juvenil en la que confluyen diversas formas de ser y reconocerse como jóvenes. Es sin duda un espacio intercultural en el que los y las jóvenes que convergen en ella gestionan, en cada encuentro, una idea intercultural de lo juvenil atada y contrapuesta por las distintas historias, creencias y posibilidades de dichos jóvenes construidas a partir de sus propias experiencias, necesidades y expectativas resultado de sus propias interacciones con su contexto social, espacial y comunitario cotidiano. En esta escuela los y las jóvenes, además de participar de una experiencia de socialización que les permite reconocerse y reconocer al otro, también es un escenario de lucha entre el mantenimiento o recuperación de determinadas costumbres culturales con la idea de cambio.

Por: Ariel Ávila – Pares El Gobierno colombiano ha aprobado la ley de sometimiento a la justicia para desarticular al Clan del Golfo. Hace apenas unos días el Gobierno colombiano sancionó la ley de sometimiento a la justicia, la cual busca, al menos inicialmente, someter al Clan del Golfo. Se trata de la organización criminal más fuerte del país, contaría con cerca de 3.000 miembros, opera en 18 departamentos y en poco más de 250 municipios de 1.122. Como era de esperarse, en Colombia, se armó un gran debate, ya que para muchos analistas la norma suponía abrir la puerta para que miles de criminales recibieran beneficios judiciales. Además, manifestaban que las experiencias previas del país mostraban debilidades a la hora de someter judicialmente a este tipo de bandas. Sin embargo, las voces a favor fueron mayoritarias, pues hay una conciencia entre expertos en materia de seguridad, funcionarios públicos y analistas en que la guerra contra el crimen en Colombia difícilmente se ganará solo con represión. El sometimiento a la justicia es un modelo que se utiliza en muchos países, pero se les da otro nombre. En Estados Unidos, por ejemplo. Los narcotraficantes colombianos ahora prefieren que los extraditen, porque el Gobierno norteamericano les ofrece un mecanismo de negociación que se basa en cuatro grandes elementos. El primero, que el narcotraficante o criminal facilite toda la información que tenga en materia de rutas de tráfico de drogas, enlaces o cómplices y estrategias de lavado de activos. A cambio de entregar a sus socios, y como segunda instancia, recibe una pena en cárcel relativamente baja, entre 5 y 7 años si colabora eficientemente. También, el criminal, como tercer paso, entrega los bienes que hubiese logrado a lo largo de su carrera delictiva. El Estado lo toma y al final de la pena le devuelve al criminal un mínimo porcentaje de su dinero. Por último, si su colaboración fue efectiva logra tener visa de residencia y se convierte en testigo protegido. Para el caso colombiano, la nueva ley estipula que podrán desarrollarse sometimientos colectivos de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados a cambio de información. El Estado les entrega beneficios jurídicos que consisten en rebajas de penas de hasta el 50% para crímenes comunes y para crímenes Internacionales como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra del 30%. Se establece, además, la posibilidad de reclusión en granjas agrícolas, que podrán ser de máxima, mediana o mínima seguridad. La ley es un muy buen modelo de sometimiento. No debe olvidarse que este es uno de varios intentos que ha hecho el país. Tal vez el más recordado y que se ha convertido en uno de los favoritos de las series de televisión es el caso de Pablo Escobar y su reclusión en la cárcel denominada La Catedral. El ensayo fue desastroso, al final el capo escapó, desde la cárcel siguió dirigiendo sus negocios y nunca se entregaron ni bienes, ni contactos, ni nada. Pero después de casi tres décadas de este intento, Colombia ha recorrido un largo camino y los aprendizajes son inmensos. Ahora, el Estado tiene las condiciones y fortalezas institucionales necesarias para lograr armar un buen modelo de sometimiento y, sobre todo, tiene la experiencia necesaria para no cometer los mismos errores. En Colombia existen cinco organizaciones criminales que podrían someterse. En primer lugar, el Clan del Golfo, que ya ha manifestado su intención de hacerlo. Luego está un grupo denominado los Pelusos o EPL, también un grupo en el suroriente del país denominado Los Puntilleros, la famosa Oficina, antes llamada Oficina de Envigado que existe desde las épocas de Escobar y, por último, los grupos de desertores de las FARC. Los mayores opositores al sometimiento a la justicia de estas organizaciones criminales son agentes legales, tales como algunos miembros de la Fuerza Pública, empresarios y políticos que han entablado alianzas con estos criminales durante décadas, y ahora saben que en el proceso de delación pueden salir sus nombres a relucir. Por ello critican con tanta dureza este modelo de justicia. Sin embargo, estos procesos de deslegitimización no deben borrar la intención de que los Estados puedan tomar medidas tendientes a la reducción de la violencia y el crimen sin afectar al Estado de derecho y este es el camino que comienza a recorrer Colombia.

Por: Conflicto, Paz y Posconflicto – Pares Durante una ronda de control y vigilancia en Puerto Valdivia, corregimiento del municipio de Valdivia, una patrulla de la policía fue atacada con ráfagas de fusil disparadas desde lo alto de una montaña. En el atentado murieron el subintendente Rafer Stith Valdovino Muñoz y el intendente Alexánder de Jesús Hernández Álvarez, el patrullero Jheberson Alfonso Pérez Gaviria también iba en el vehículo y, aunque fue herido, sobrevivió al ataque. Según las autoridades, los integrantes de la policía apoyaban la evacuación de Puerto Valdivia, luego de la emergencia de Hidroituango, cuando fueron hostigados por miembros de la Compañía Héroes y Mártires de Tarazá del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el sector también hacen presencia los frentes José Antonio Galán y Héroes de Anorí del ELN. Fuentes de la población civil indican que en el corregimiento también actúan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Zorros, grupo criminal respaldado por las AGC.  Ambos grupos se encuentran en confrontación con el ELN y con una disidencia de las AGC conocida como Caparrapos. Esto significa que hay, al menos, tres organizaciones armadas disputándose el territorio. Según testimonios de algunos campesinos que solicitan la reserva de su nombre por razones de seguridad, en esta guerra tanto la fuerza pública como la población civil han sido víctimas de amenazas e intimidaciones, bajo acusaciones de supuesta colaboración con un bando para desfavorecer al otro. Manifiestan que es imposible señalar culpables desde ya, sobre todo porque “Valdivia, por ser limítrofe, viene sufriendo el coletazo de la guerra en el Bajo Cauca antioqueño”. A la zona ya se desplazó la Policía de Antioquia para hacer un consejo extraordinario de seguridad. Sin embargo, integrantes de organizaciones campesinas solicitan que se envíe personal que garantice la protección de los derechos humanos ya que “en este momento se encuentra cerrada la troncal y están haciendo operativos, pero esta zona es llena monte y los campesinos trabajamos allí. Algunos ni sabrán lo que pasó y deben estar trabajando, ¿y si disparan desde arriba indiscriminadamente para arrasar con lo que sea?”. Por el momento hay tristeza y preocupación tanto de parte de las autoridades como de las organizaciones de campesinos. No obstante, estos últimos insisten en que la violencia que sufre Valdivia no debe mirarse aislada de la que padece el Bajo Cauca antioqueño.

Por: Ariel Ávila, subdirector Fundación Paz y Reconciliación – Pares En el último siglo cerca de cincuenta procesos de paz se han firmado y los resultados de los postconflictos han variado entre escenarios positivos, muy positivos y otros han significado un retroceso para el país firmante. De todos estos postconflictos hay un grupo de nueve que se parecen al colombiano, es decir, que se desarrollan en medio de economías ilegales o economías de guerra. Los conflictos armados prolongados por décadas, como el colombiano, generalmente se desarrollan porque crean una economía que los dinamiza. Es como si la confrontación tomara vida propia y los agentes que intervienen fueran reemplazables y variantes en el tiempo. Por ejemplo, cuando se firmó la paz en Irlanda del Norte, el país no estaba lleno de cultivos de hoja de coca o minería criminal, tampoco eso sucedió en Centro América. En cambio, en Colombia, la República Democrática del Congo o Sierra Leona, los postconflictos se desarrollaron en medio de economías de guerra boyantes. De los 9 postconflictos que se parecen al colombiano, solo uno ha salido relativamente bien, que es el de Sierra Leona. Los otros, si bien en el largo plazo han significado un avance en materia de fortalecimiento institucional, los resultados en materia de seguridad son complicados e igual en el tema de democracia. Por esta razón es que, según estándares internacionales, es previsible que entre un 10 y un 15% del total de reincorporados reincida en la criminalidad. Por ejemplo, en el caso de la desmovilización paramilitar, el 22% de la tropa reincidió, aunque a niveles de mandos medios la reincidencia fue superior al 50%. Para el caso de las FARC, se desmovilizaron poco más de 13.000 personas, entre guerrilleros en armas, milicianos y presos. Actualmente, en los grupos de desertores de las FARC se cuentan cerca de 1.400 personas, es decir, la reincidencia está cercana al 11%, en otras palabras, está en los niveles esperados o “normales”. Así las cosas, el problema no es la reincidencia es sí misma, lo cual estaba en los planes, sino la estrategia del Estado para controlar las zonas donde antes operaban las FARC y, sobre todo, los nuevos reclutas de estos grupos. Sobre el primer tema, se puede decir que el Plan Victoria comenzó seis meses después de la concentración de las FARC y el Plan Orus un año después, es decir, hubo zonas donde el crimen cogió ventaja y el Estado no logró desarrollar una estrategia inmediata de copamiento territorial. Si bien estos planes ya arrancaron y comienzan a dar resultados, hay zonas donde la estabilización durará un buen tiempo. El crimen lleva una ventaja importante. Sobre el tema de los nuevos reclutas la situación es más compleja. Por ejemplo, muchos de los paramilitares que reincidieron fueron capturados o dados de baja en operativos, pero hoy, más de una década después de la desmovilización, los grupos que surgieron siguen alimentando su estructura con gente nueva. Este es el reto con las disidencias de las FARC en zonas como Tumaco: detener la vinculación de jóvenes en estas economías ilegales. Pues, si bien varios de ellos son ex integrantes de la guerrilla, otro gran grupo son nuevos reclutas. El reto en materia de seguridad no solo es combatir las organizaciones criminales, es, también, destruir o debilitar las economías de guerra. Mientras eso no se haga estamos en una especie de círculo vicioso, donde los agentes varían pero la violencia tiene vida propia. Esto además es una recomendación para el nuevo gobierno, no es lo mismo una política de lucha contra las economías ilegales a una política de lucha contra las organizaciones criminales.

Por: Conflicto, Paz y Posconflicto La nueva ley de sometimiento a la justicia podría desarmar a más de 4.000 personas que operan en poco menos de 300 municipios. Los grupos armados organizados que podrían someterse son el ‘clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’ o Epl, ‘los Puntilleros’ y los grupos desertores de las Farc. Quizás ‘la Oficina’ –antigua ‘oficina de Envigado’– podría entrar también en el modelo de sometimiento. El ‘clan del Golfo’ es tal vez la estructura clave de todo el engranaje criminal del momento. Por su poder, su forma de funcionamiento y su despliegue territorial, se ha convertido en la organización criminal más importante de Colombia. Desde el cartel del norte del Valle no había una organización tan poderosa.El ‘clan del Golfo’ nació ligado a la desmovilización paramilitar que se dio entre 2003 y 2006. En el 2007, ‘don Mario’, quien había comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas huyó hacía el Urabá antioqueño con aproximadamente 150 hombres, con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico. Bajo el nombre de ‘héroes de Castaño’ nació lo que hoy conocemos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o ‘clan del Golfo’. En cuatro años, el ‘clan del Golfo’ logró vencer a ‘los Rastrojos’, hoy hace presencia en 257 municipios de los 1.122 del país, su máximo jefe es alias Otoniel, quién asumió el mando de la organización luego de que ‘don Mario’ fue capturado en el 2009 y Geovanny, hermano de ‘Otoniel’, fue dado de baja en un operativo militar. El ‘clan del Golfo’ es una organización de tercera generación, es decir, funciona en red, con nodos territoriales y los mandos son reemplazables fácilmente. La primera generación es la tipo piramidal como los carteles: el cartel de Medellín es el mejor ejemplo. La segunda generación son las estructuras armadas como los paramilitares, donde los comandantes militares asumen el control de los mercados ilegales. La academia ha denominado la tercera generación como organizaciones criminales “rueda de bicicleta”: en el ‘clan del Golfo’, hay una mesa directiva de la organización, se compone de cinco personas. Cada una de ellas tiene asignado un territorio amplio. Luego viene una especie de figura que podría denominarse como socios, compuesto por cerca de 50 mandos. Cada mando tiene un territorio asignado y el territorio es el que determina su jefe en la mesa directiva. Estos mandos contribuyen con dinero para la fuerza élite de la organización, a la que se le denomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este ‘grupo de élite’ se encarga de la seguridad de los jefes y de las operaciones armadas en zonas de colonización o en disputa, como el caso del Chocó, en donde se encuentran en confrontación armada con el Eln. En las zonas rurales donde se mueven los jefes operan como una estructura de tipo piramidal, así como en aquellas donde se enfrentan con el Eln. Allí los miembros de las Autodefensas Gaitanistas suelen ser vistos portando uniformes con la insignia de la organización y armas largas, mientras en las cascos urbanos, centros poblados y carreteras transitadas operan a través de los llamados ‘puntos’, quienes alertan la presencia de la Fuerza Pública, otros grupos, personas ajenas a la zona, entre otros. En el último año, las poblaciones de estas zonas aseguran que los ‘puntos’ o ‘campaneros’ están cambiando su forma de operar, asumiendo labores de relacionamiento con la comunidad y cobro de extorsiones. Además, cada mando regional y subregional puede tener un ejército propio, generalmente compuesto de grupos juveniles violentos o pandillas. A estas personas se les llama ‘Urabeños’; son como un ejército de segunda, es el que utilizan en las operaciones territoriales de mercadeo y control de economías ilegales al menudeo. A esto se le denomina subcontratación criminal. El ‘clan del Golfo’ a estos grupos juveniles violentos los atrae de dos formas. La primera es que asesinan al jefe de una pandilla y les envían un mensaje al resto de la banda para que comiencen a trabajar con la organización. La otra forma es que coopta tres o cuatro personas con historial delictivo y forman un grupo con vocación de expansión. Obviamente algunos de ellos ganan un sueldo: en el Pacífico colombiano se ofrece de 1’000.000 hasta 2’000.000 de pesos por persona que se vincula. Un buen resumen de esto es lo que se vive en el bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño. Estas regiones junto al Urabá se convirtieron en un importante bastión para la organización criminal. El accionar de las Agc se ha centrado en el control de las minas de oro; Segovia es ejemplo de esto, mientras que en las cabeceras municipales han subcontratado combos y pandillas locales, como el caso de ‘los Zorros’ en Valdivia. En la misma región, las Agc han otorgado franquicias criminales para controlar territorios, este es el caso de ‘los Pachelly’, una banda criminal de Medellín perteneciente a ‘la Oficina’, presente en Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquía. Según fuentes locales, ‘los Pachelly’ también facilitaron la alianza entre Agc y carteles mexicanos, pues con su ayuda concretaron el negocio de la venta de una franquicia con la intermediación de alias Chepe a los mexicanos por 8.000 millones de pesos. Tanto el cartel de Sinaloa como el de Jalisco Nueva Generación tienen negocios con esta estructura. Esta forma de funcionar les permite absorber los golpes de la Fuerza Púbica y adaptarse al territorio. Además, les permite cooptar narcotraficantes y criminales, asimilándolos en la estructura y así evitar guerras largas. El ‘clan del Golfo’ ha logrado establecerse como un nodo dentro del mercado ilegal del narcotráfico. Trabaja con Sinaloa y con la competencia: el cartel Jalisco Nueva Generación, tal vez el más violento de México. De hecho, con la dejación de armas de las Farc, y ante la posibilidad de un vacío de poder en la parte baja de la cadena del narcotráfico, los dos carteles mexicanos pactaron con el ‘clan del Golfo’ y la ‘oficina de Envigado’ para que pudieran entrar a zonas colombianas y comprar tierras de cultivos de coca, enviar cargamentos directamente y servir de mediadores en disputas criminales, además de dos franquicias. Su portafolio criminal es amplio: la extorsión, minería ilegal, apuestas, producción y control de toda la cadena del narcotráfico, entre otras actividades, son su fuente de financiación, economías que se mezclan con economías legales. Su accionar delictivo varía de acuerdo al territorio. Ahora bien, sus nexos con algunos políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública le han permitido permanecer y crecer en muchas zonas. Activos del ‘clan del Golfo’ se ufanan de que en realidad su fortaleza mayor es la relación con gente de peso en las regiones donde están y se ha extendido la leyenda de que los operativos diseñados y enviados desde Bogotá se conocen en Urabá cuando apenas van en Medellín, a medio trayecto entre la capital y la región. Esto desde luego no es nuevo, las generaciones anteriores de grandes grupos del crimen organizado tenían esta característica, y fueron los paramilitares los que la llevaron a su máxima expresión con la ‘parapolítica’. Pero la discreción y la oscuridad en la que ahora se dan estas relaciones serán un reto de las autoridades a la hora del sometimiento a la justicia. Hay un último punto por destacar. En las zonas donde opera la cúpula, las Agc han instaurado un sistema de justicia propio. Este se compone de dos instancias: una conformada por el comandante político de la zona y otra conformada por el comandante general de la zona. Las comunidades acuden al político para presentar su caso, quien les informa el material probatorio que deben aportar para que su caso sea tramitado; posteriormente, estos citan a las partes implicadas y abren un proceso de conciliación o enjuiciamiento, dependiendo la gravedad, a discreción del grupo y de los hechos. Los procesos conciliatorios acarrean sanciones económicas, mientras los de enjuiciamiento acarrean penas propias que van desde prestar trabajo social a los afectados hasta la sentencia a muerte del implicado. Una vez el político emite su decisión las partes pueden apelar ante el comandante de la zona, quien suele citar un comité conformado por miembros del grupo para que revisen el acervo probatorio presentado y los testimonios adicionales que se den en la comparecencia ante el grupo. Finalmente este dicta la sentencia final. Aquí se resuelven desde problemas de linderos, hasta agresiones sexuales y hasta temas de deudas e infidelidades. En el último año, la Fuerza Pública ha dado duros golpes a esta estructura, en septiembre del 2017 fue abatido alias Gavilán, segundo al mando de las Agc; en noviembre, alias Inglaterra, tercero en la cadena de mando y, en marzo del 2018, fue abatido alias el Indio, otro integrante de la cúpula. Versiones cercanas a la organización, en todo caso, manifiestan que ‘Gavilán’ fue entregado a las autoridades pues se oponía al sometimiento. Los dos mandos fuertes ahora son ‘Otoniel’ y Nicolás, quienes han logrado cohesionar el grupo para un posible sometimiento, aunque hay mandos medios que se resisten. En septiembre del 2017 alias Otoniel apareció en un video afirmando su “voluntad de paz”, luego las Agc reafirmaron esto mediante dos comunicados en su sitio web oficial. Otros acontecimientos importantes fueron la terminación del ‘plan pistola’ para ese mismo periodo de tiempo, la declaración de un cese del fuego unilateral para las fiestas de Navidad del 2017, y un cese en época electoral.

Por:  León Valencia Agudelo En una carta abierta a la opinión pública Iván Márquez anuncia que no asumirá su curul -producto del acuerdo de paz- en el Senado. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando empecé a leer el escrito de Márquez fue: triunfó el uribismo. Ese ha sido una de las apuestas de esta corriente política contra los acuerdos de paz, que los dirigentes del nuevo partido creado a partir de la desmovilización de las FARC no asuman la representación en Congreso de la República hasta que no paguen las condenas que les imponga el tribunal de la Justicia Especial para la Paz. Pero los argumentos de Márquez no apuntan al uribismo. Dice que el montaje judicial contra Santrich, la desfiguración de la JEP y la falta de voluntad para cumplir con la reforma política y con las transformaciones agrarias acordadas en La Habana, son las tres circunstancias que se interponen en su vinculación al Congreso de la República. No obstante, afirma que seguirá luchando por la paz y que está comprometido con la gesta de la reconciliación. Aún con estas explicaciones del principal jefe del nuevo partido me quedó el sabor de que, después del plebiscito, este es el triunfo político más grande del uribismo contra los acuerdos de paz. Porque de ahí para adelante pueden ocurrir cosas aún más graves. La Corte Suprema de Justicia y Duque tendrán, seguramente, en sus manos la extradición de Santrich y no es descartable que tomen esta decisión en los próximos meses.  ¿Qué hará Márquez?, ¿volverá a la guerra? No quiero pensar en ese escenario. El proceso de paz fracasaría. Las disidencias, ahí sí, dejarían de ser fuerzas marginales, condenadas a convertirse en simples organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y tendrían un nuevo impulso; la negociación con el ELN sería mil veces más difícil; y el gobierno de Venezuela tomaría un protagonismo impresionante en el conflicto colombiano. Iván Márquez debería hacer un alto en su camino y volver al cauce de las negociaciones con el Estado y, para ello, es clave que asuma la vocería de las FARC en el Congreso. No debería darle el gusto al uribismo. Desde siempre se ha sabido que en Colombia la paz es la suma de mil batallas políticas, una tras otra, algunas se ganan, otras se pierden. Es cierto que en este momento la reconciliación atraviesa un sendero muy oscuro. Es impresionante como se ha enrarecido el ambiente en estos meses de elecciones. Las amenazas han retornado con una fuerza increíble, al igual que el asesinato de líderes sociales y la ofensiva contra los acuerdos. Pero también hay una nueva realidad política para las fuerzas de izquierda y de centro izquierda: las enormes votaciones que obtuvieron en primera y segunda vuelta, la conformación de una gran bancada parlamentaria y las grandes expresiones que se vieron en las plazas y en las calles clamando por la paz y por los cambios, nos dicen que hoy las fuerzas que persisten en cerrar el ciclo de las guerras y las violencias no están solas, tienen un apoyo interno y un respaldo internacional indudable. En los próximos meses el forcejeo entre las fuerzas de la paz y de la guerra será intenso -si se quiere dramático- y lo mejor que podría hacer Iván Márquez es llegar a Bogotá a asumir sus responsabilidades políticas en la reunificación del nuevo partido, que está bastante fracturado por las circunstancias expuestas en la carta pública y por las vicisitudes de la transición a la contienda democrática. En vez de refugiarse en las montañas, Márquez tendría que refugiarse en las bancadas parlamentarias comprometidas con la paz, en la opinión pública que ha favorecido el proceso y en las organizaciones sociales que a pesar de las agresiones persisten en sus luchas. Seguramente vendrán mejores momentos para la paz. No es el momento de retroceder a épocas dolorosas.

Por: Colombia joven y Conflictos asociados al desarrollo-Pares Tumaco acumula una larga historia de ciclos de economías extractivas e ilegales que conllevan a que las medidas que impulsan el desarrollo productivo legal no tengan fuerza y amplitud. Lo anterior se suma al traslado del conflicto armado hacia el Pacífico sur, a la ausencia de políticas efectivas, al despilfarro de recursos, y sobre todo, a la posición geopolítica que ha provocado que en este territorio se lleven a cabo a plenitud los tres eslabones del narcotráfico: producción, transformación y exportación. Ante la diversificación de esta economía ilegal, las actividades son realizadas en su mayoría por jóvenes y generaciones enteras que se encuentran íntimamente ligados con el negocio. Además, la geografía de Tumaco es apropiada para el auge de cada faceta del narcotráfico:  sus esteros, ríos, bocanas, montes, fincas, planicies y manglares ayudan a propiciar este negocio ilegal. Precisamente es esta configuración de condiciones adversas la que incentiva a que los jóvenes del casco urbano y sector rural se dediquen parcial o totalmente a la cadena de valor del narcotráfico. Aunque las modalidades de participación y de incentivos son diversas, las economías ilegales siempre encuentran en los jóvenes “ejércitos de reserva”. El plan de desarrollo establece que la pirámide poblacional de Tumaco indica que la existencia de una población con altas tasas de natalidad, migración y mortalidad, implica que existen grandes presiones sobre el sector educativo, el sistema de salud, la prestación de bienes y servicios, la demanda de oportunidades recreativas y culturales, y el mercado laboral, entre otros. Se calcula que la tasa de desempleo municipal sobrepasa el índice del 60% (AMDI, 2016), lo cual, de acuerdo a las proyecciones de la pirámide poblacional, afectaría principalmente a los hombres y mujeres jóvenes del municipio, quienes en su mayoría se encontrarían dedicados a actividades de economía ilegal e informal de Tumaco. La población joven en el municipio de Tumaco, Nariño, representa un 28% del total de la población, siendo ésta, de más de 59 mil personas, frente a un total de 212 mil, que según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) viven en el municipio. Según las cifras del DANE, en 2014 y 2016, la mayoría de las madres que dieron a luz se encontraron entre los 15 y 29 años más del 70% en ambos casos. Dentro de este grupo de edades, hay una concentración constante de nacimientos en las madres que tienen entre 15 y 24 años. Y un gran volumen reportado de embarazos en madres entre los 11 y 15 años. El Índice de Pobreza Multidimensional – IPM total es de 84,50%, con una incidencia urbana del 74% y una incidencia rural del 96,30% (Cálculo DNP – SPSCV con datos del Censo 2005). De acuerdo con las cifras del Censo Nacional Agropecuario (citado por Alcaldía de Tumaco, 2017) para las comunidades étnicas el IPM es de 69,4% y para no étnicos de 54,5%. Según el plan de desarrollo 2017, debido a las condiciones precarias de los servicios básicos en el municipio, las condiciones de salubridad no son las más adecuadas, esto hace que predominen enfermedades diarreicas, parasitismo, paludismo, desnutrición y enfermedades del sistema respiratorio. Estas enfermedades afectan sobre todo a los menores de edad. La ciudad de Tumaco, al igual que otros municipios del departamento de Nariño, y en general de la región Pacífico, carece de una infraestructura vial para interconectar las diferentes áreas del municipio. Los tiempos de desplazamiento hasta las ciudades capitales supera las cinco horas y en su mayoría se encuentra en un rango de entre diez a doce horas. Esto es un gran obstáculo a la hora de recibir servicios básicos. Respecto a la educación superior las cifras son más precarias. El 93,82% de la población entre 17-21 años se encuentra por fuera del sistema de educación superior (Alcaldía de Tumaco, 2016). Seguridad En el puerto se presume la existencia de cerca de once grupos criminales que, en su mayoría, se fortalecieron después del acuerdo de paz. Estos se encuentran esparcidos en el área urbana, rural e insular de Tumaco; la finalidad de estos grupos es ejercer control territorial para desarrollar todo tipo de actividades ilegales. Se tiene conocimiento de que varios de ellos están conformados por sicarios provenientes de otras ciudades del país que han llegado a esta ciudad bajo promesas monetarias derivadas del crimen. Las tres estructuras más grandes son i) “Gente del Orden”, ii) “Clan del Golfo” y iii) “Guerrillas Unidas del Pacífico”. Por otra parte, varios disidentes de las Farc controlan distintos barrios de Tumaco como el sector de los puentes y el Polvorín, mientras que grupos más pequeños como “la gente de Matamba”, “Negritos”, “Gaula” y “Renacer” promueven el crimen en distintos barrios de Tumaco. Este último grupo, “Renacer” se ha especializado en extorsiones marítimas. Para 2015, la tasa de homicidios del municipio cuadriplicó la tasa departamental. Tumaco registró 74.52 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el departamento tiene una tasa de 18.46. El 43,8% de los homicidios en Tumaco tuvo como víctima a una persona entre 15 y 29 años, y dentro de este grupo 66 casos correspondieron a víctimas entre 24 y 29 años. En 2016, hubo un aumento del número total de homicidios del municipio y también de la proporción de víctimas entre 15 y 29 años, el 58.5% de las víctimas pertenecía a este grupo. De la misma forma que en 2015, hubo una concentración de casos en el grupo entre los 24 y 29 años. Según cifras de la Unidad de Víctimas al 2017, Tumaco registró un total de 87.953 víctimas, de las cuales 84.598 son víctimas del conflicto armado. Entre los diversos hechos victimizantes, el que es más relevante es el desplazamiento forzado. En 2015, fueron expulsadas un total de 15.898 personas, una de las cifras más altas desde el año 2000. Iniciativas juveniles La organización juvenil del municipio se destaca por su alta voluntad de trabajo. Esto a pesar de las dificultades de seguridad a las que se enfrentan, como por ejemplo la existencia de barreras invisibles en las comunas y barrios de Tumaco. En el municipio se reconoce la importancia estratégica de los procesos asociativos juveniles, razón por la cual, en los últimos años, las organizaciones han logrado ser partícipes y proponentes de las diferentes proyectos e iniciativas que adelanta la administración municipal. Se reconoce además la importancia de la Plataforma Municipal de Juventud, espacio que ha permitido convocar a las diferentes organizaciones y ha generado un mayor relacionamiento de los jóvenes con las instituciones, ayudando a su vez a una mayor incidencia juvenil en el territorio. Entre estas iniciativas se encuentran: Fundación Maestros Del Entretenimiento Ubicación: opera en el municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño Objetivo: está legalmente constituida hace 4 años pero han realizado acciones comunitarias desde hace 18. En este tiempo, la fundación ha fortalecido los grupos juveniles que se enfocan en derechos sexuales, reproductivos y de construcción de paz a través de la red “Esto es pa’ vos también». Logros:  la fundación tiene un proceso radial a través del programa «El Mentidero», emitido por la emisora local, social y cultural Tumaco Estéreo 104.1 FM. En la emisora se genera un espacio de encuentro intergeneracional para el rescate de las prácticas ancestrales del Pacífico colombiano sur. Dentro de sus procesos la organización ha logrado: i) Conformar un grupo de aproximadamente 200 personas entre niños, adolescentes y jóvenes formados en temáticas de paz y convivencia pacífica, a través de herramientas teatrales y audiovisuales, brindando así, una sana ocupación del tiempo libre que los aleja de situaciones de conflicto. ii) Formar a 15 jóvenes como líderes de los procesos de la fundación, capacitados en temas como la producción audiovisual y el teatro; como herramienta de arte social para el cambio del comportamiento, derechos sexuales y reproductivos, construcción de paz, medio ambiente, derechos humanos y participación en espacios de toma de decisiones en temas de juventud, iii) La realización de obras teatrales. Con ellas se ha sensibilizado a más de 5000 personas. Iv)  Han realizado tres documentales: «Siguiendo el rastro de la cultura de Tumaco», «Siguiendo el rastro de la historia de Tumaco» y «Una vista a los procesos juveniles en Tumaco». Tres cortometrajes: “Haciendo democracia», «las Chanclas» y «Sentimientos escondidos», con los cuales se han realizado video foros, que han permitido estructurar procesos de sensibilización. Equipo: En su estructura organizacional, la fundación cuenta con: presidente, tesorero, secretario, dos vocales y un fiscal, además de un equipo de 4 personas los cuales apoyan el desarrollo de los procesos, todos ellos, jóvenes líderes. Fundación Construyendo Paz y Medio Ambiente  Ubicación: la comunidad del municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño. Objetivo: La fundación trabaja hace dos años en dos componentes fundamentales: ambiente y paz. Dentro del componente de ambiente, la fundación realiza jornadas de sensibilización, aseo, ferias, manualidades, foros, visitas ecológicas, visitas en instituciones educativas y en las diferentes comunas del municipio de Tumaco. Por otro lado, en el componente de Paz, la fundación realiza jornadas de charlas sobre convivencia ciudadana, jornadas deportivas, intercambio de jóvenes que han estado constantemente en situaciones de conflicto, cine al barrio, entre otros. Logros: Actualmente la fundación tiene un proyecto ejecutado y dos en proceso. El proyecto ejecutado se dio en el marco de la iniciativa de Redepaz, «Rompiendo las cadenas de la indiferencia y tejiendo lazos de paz», que consistió en brindar charlas ambientales, culturales y artísticas en el barrio Unión Victoria. Equipo: En su equipo de trabajo la fundación está constituida por: presidente, vicepresidenta, secretaria, fiscal, tesorero y voceros. Los miembros son en su mayoría estudiantes de ingenierías, docencia y trabajo social, con experiencia en proyectos de voluntariado de carácter social, ambiental y cultural.

Fotos: Diana Rey, periodista Jet-set La Fundación Paz y Reconciliación-Pares celebró su cumpleaños número cinco con un coctel que albergó a diferentes personajes de la política y la sociedad bogotana. Música, champaña y muchas historias hicieron de esta una velada entre amigos.