Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca. A menos de un mes de que el presidente electo, Iván Duque, se posesione, qué podemos vislumbrar de lo que será su gobierno: El verdadero reto del presidente Iván Duque es no pasar del anonimato al desprestigio — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 20 de junio de 2018 Se ve que el gobierno de Duque va a arrancar con una oposición más allá de la Izquierda, que por lo menos Santos y algunos de sus amigos van a estar en la orilla de la controversia; y otra cosa: Duque ha permitido que en el Congreso los duros del uribismo tengan la iniciativa — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de junio de 2018 No me parece nada inteligente que el presidente Duque fuera a Washington a anunciar desde allá la política frente a Venezuela y la región latinoamericana — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de julio de 2018 Tampoco me parecen inteligentes las reticencias de Duque en la entrevista a El Tiempo sobre nuestro ingreso a la OCDE — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de julio de 2018 Preocupante no fue nadie de Duque a la reunión del comité de garantías para los lideres sociales — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 10 de julio de 2018 Dice Duque que llega una nueva generación pero todos los ministros que suenan son de vieja generación — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 12 de julio de 2018 Estoy a la espera de una persona de nueva generación en el gabinete de Duque, aunque sea una, después de repetir y repetir que con él llegaba una nueva generación al gobierno — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 13 de julio de 2018

Por: Colombia joven y Conflictos asociados al desarrollo-Pares El Chocó es el departamento con la tasa más alta de necesidades básicas insatisfechas en todo el país. Las principales problemáticas que históricamente han afectado a este departamento son: el desempleo, la falta de infraestructura, falta de hospitales, violencia, desnutrición, contaminación ambiental y corrupción. Río Quito, específicamente, fue creado como municipio mediante la ordenanza N° 004 del 25 de abril de 1999, proferida por la Asamblea departamental de ese entonces. Dicha norma dispuso contando con una extensión territorial de 70 Km2, ubicado en el centro del departamento del Chocó en la denominada subregión del Atrato a 30km de la capital del departamento por vía fluvial. Este municipio es el más pobre todo el país. Según datos del DANE, el 98 % de la población se encuentra en condición de necesidades básicas insatisfechas, tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales. Al ser una zona de paso, el municipio ha sufrido afectaciones de violencia desde el año 1995. Debido a la conexión con Alto Baudó, Atrato, Cértegui y Cantón de San Pablo, Río Quito se ha visto afectada por el Ejército Popular de Liberación (EPL), las AUC, el ELN y otros Grupos Armados Organizados (GAO). Este último grupo, en la actualidad, ha potenciado su accionar en la cuenca del río Quito por lo la rentabilidad de la minera ilegal. Río Quito tiene una extensión de 69.914 hectáreas, de las cuales 60.966 corresponden a las comunidades negras y 9.034 a los resguardos indígenas, la población total es de 7.559 habitantes, de los cuales 94.9 % son de comunidades negras y el 5.1 % de comunidades indígenas. Pese a las problemáticas del municipio sus principales fuentes de ocupación son la minería, la agricultura y la pesca y explotación maderera. En el municipio se cultiva borojó, chontaduro, arroz, plátano, yuca, cacao, maíz y otros productos agrícolas de pancoger que son comercializados en la plaza de mercado de Quibdó. Debido al usufructo y a la cantidad de metales extraídos de la cuenca del río Quito, la explotación minera es considerada como la actividad económica más importante para el municipio debido a que también genera otra serie de empleos no formales, y de manera indirecta beneficia el sector del comercio. Según algunos de los pobladores, “no hay más nada para hacer” porque no hay condiciones ni estrategias productivas que trasciendan la oferta de puestos de trabajo en la administración municipal y la vocación productiva del uso del suelo ha cambiado con ocasión de la ‘fiebre minera’. Sin embargo, pese a que la explotación minera es provechosa, según la Defensoría del pueblo, esta actividad ha generado un cambio negativo en el orden socioeconómico del municipio, pues, este tipo de dinámicas ha traído descomposición social al municipio. Los entables mineros y el flujo de neocolonos ha aumentado la prostitución, el alcoholismo, riñas, disputas, trabajo infantil y desescolarización. Además de esto, la llegada de embarcaciones mineras provenientes de Brasil ha contaminado el río Quito con descargas de mercurio y Acpm; las comunidades de esta región no solo dependen de la afluenza del río para su movilidad, sino también para el abastecimiento de alimentos y de agua para el consumo. Actualmente, las condiciones sociales y ambientales en Río Quito son alarmantes. La actividad minera, además de ocasionar daños irreversibles a la biodiversidad del territorio, ha generado una problemática de sanidad en la zona. Además de estas problemáticas, se suma la poca cobertura en materia educativa, a partir del diagnóstico del Plan de Desarrollo del municipio, se puede establecer que existen algunas causas que explican la situación actual del sistema educativo: la insuficiente infraestructura física y dotación educativa, los limitados cupos en las instituciones educativas del municipio, las dificultades en cuanto a movilidad de los jóvenes de la zona rural a los centros poblados y el inicio temprano de actividades productivas por los niños. Al tema de insuficiencias en la estructura física del municipio, se suma la falta de recursos para escenarios culturales y artísticos en el territorio. Además de esto, no existen establecimientos de salud para la población según las autoridades locales, la falta de recursos imposibilita la construcción, el mantenimiento y dotación de la infraestructura. Las autoridades del municipio mencionan la existencia de 5 centros de salud en mal estado en: Villaconto, Palmadó, San Isidro, La Loma y Boca de Apartadó. En este sentido, los principales problemas que afectan a la población de Río Quito son: Crecimiento y auge de la minería ilegal Violencia repartida entre grupos guerrilleros y paramilitares Afectación ambiental en ríos y flora Baja cobertura en educación secundaria y media Pocos espacios para el desarrollo de la cultura Gestión nula de proyectos deportivos Pocos establecimientos de salud ¿Con qué herramientas cuentan los jóvenes para abordar estas problemáticas? En el municipio de Río Quito se da un fenómeno particular en cuanto a organizaciones juveniles, ya que existen un gran número. Esto se explica básicamente por los programas de apoyos e incentivos que ha llevado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que promueven la organización y asociatividad como requisito para otorgar las ayudas, creándose a su alrededor un tejido de organizaciones juveniles. El programa específico al que se hace referencia es el de Oportunidades Rurales, el cual entregaba un incentivo de 40 millones de pesos a cada iniciativa productiva. La mayoría de estos proyectos se concentran en temas de siembra de plátano, yuca y piña; y cría de cerdos y aves. Dentro de las organizaciones juveniles que se pueden destacar, se encuentran la Asociación de Jóvenes Luceros Azules, el Grupo Juvenil Cultural Canalete de Oro, Asociación de jóvenes visionarios Asojovi, que trabajan temas sociales y ha promovido espacios de participación, y realizado encuentros municipales de juventud, logrando concentrar a gran parte de los jóvenes del municipio. Iniciativas juveniles Sin embargo, pese a todas las problemáticas con las que tiene que cargar Río Quito, hay una luz de esperanza en el municipio. Según cifras del DANE, éste ha sido catalogado como un municipio embrionario, pues el 27,63% de su población oscila entre los 0 y 29 años, lo que hace que los jóvenes constituyan una parte fundamental en el territorio. Grupo de Danza Canalete de Oro de Villa Conto Ubicación: Villa Conto, Río Quito Objetivo: formar y fortalecer a jóvenes en ámbitos referentes a la recreación y al rescate de valores culturales, vinculando a la juventud del municipio. Asimismo, busca fortalecer procesos étnico-culturales, transversalizando saberes como estrategia de transformación de realidades mediante el rescate cultural, el aprovechamiento del tiempo libre y la sana convivencia, situación que aleja a los jóvenes de las prácticas ilegales, grupos al margen de la ley, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Logros: Gestionar uniformes para el equipo de danzas, Obtener un certificado como grupo de baile en Quibdó por parte del ‘Señor Borojó’, Vincular un instructor de danzas del SENA, Reconocimiento en el municipio como grupo de danzas de Villa Conto Vincular para el presente año a 50 jóvenes, creciendo como grupo de danza. Equipo: cuenta con un instructor de danzas del SENA y un grupo de 50 jóvenes. Asociación de Jóvenes Luceros Azules del municipio de Río Quito (AJOLAR) – Liderazgo e inclusión juvenil en procesos comunitarios. Objetivos: incidir en la generación de espacios de formación que permitan crear y proyectar iniciativas que tengan impacto social en los jóvenes. La asociación, pretende generar y mantener espacios de formación y de proyectos juveniles efectivos para la generación de oportunidades reales a los jóvenes a través del encadenamiento con otros actores. Asimismo, el proyecto busca formar a los jóvenes del municipio en la formulación, presentación y ejecución de proyectos que incluyan enfoques diferenciales (género, étnicos, territoriales, etarios) para sus comunidades. Logros: participación en proyectos de potenciamiento de habilidades comunicativas financiado por Plan y operado por Chocó Joven, participación en el programa de clubes juveniles de Bienestar Familiar; adicionalmente, han realizado actividades con niños, jornadas ambientales, campeonatos deportivos y charlas de salud sexual y reproductiva. En el año 2015, presentaron una propuesta a la Alcaldía municipal sobre caracterización de la población en condición de discapacidad del Río Pató, que tenía como objetivo identificar las personas que tenían discapacidad y qué tipo de discapacidad. En cuanto a trabajo en el ámbito comunitario, implementó Cine al Parque en Villa Conto en alianza con Asojovi. La organización apoya actividades e iniciativas sociales de organizaciones de base en el territorio como las Juntas de Acción Comunal (JAC), los Consejos Comunitarios (principalmente el de Villa Conto) y la Alcaldía Municipal, mediante la realización de actividades lúdico-recreativas de ambientación y acompañamiento a los jóvenes de Río Pató, Villa Conto y Boca de Paimadó. La organización también ha participado en la creación de semilleros de trabajo juveniles. Equipo: se conformará de la siguiente manera: Colaboradores/apoyo, Interlocución y seguimiento con Colombia Joven por parte de los tres referenciados, Relaciones externas, Tesorería y secretario general.

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes. El ABC de las polémicas de esta semana. A. #NosEstánMatando: De Iván Duque depende el futuro de los líderes sociales. B. Ley de sometimiento a la justicia. C. Duque se está acercando más a Donald Trump:

Por: Redacción Pares Por segunda vez en dos meses, la Fundación Paz & Reconciliación – Pares, haciendo cumplimiento al fallo de la tutela 057_2018 que viola el derecho fundamental de expresión y libertad de información, por decisión del Juez Carlos Julio Caviedes Hernández, reiteramos lo establecido en la respuesta pública del 24 de mayo de 2018: En la tradición del trabajo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación – Pares, el día 12 de marzo de 2018 publicamos un informe que presentaba una lista de 42 candidatos electos al Congreso 2018-2022, que tienen serios cuestionamientos por sus alianzas con clanes políticos que se han beneficiado por sus vínculos con la ilegalidad, que han sido mencionados en los escándalos de corrupción (como Odebrecht y el Cartel de la Toga, entre otros), o que tienen cuentas pendientes con la justicia y entes de control. Sobre este informe, como en años anteriores, Pares ha sido reprochado públicamente e intimidado con denuncias, por el hecho de mencionar con nombres y apellidos, cómo estos clanes políticos operan para elegir a personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados y que no tienen procesos judiciales, pero que cuyo triunfo electoral está ligado al apoyo de esos clanes políticos y familiares; lo cual se denomina un gobierno en “cuerpo ajeno”. Sobre esto Pares siempre ha señalado que no existen delitos de sangre, sin embargo, si los votos mediante los cuales fueron elegidos se derivan del poder de esos nexos familiares y/o políticos, eso significa que gobernarán o estarán influenciados cuando ocupen los cargos por estos apoyos. Es así como reiteramos que: En el informe del 12 de marzo de 2018, no se puede interpretar que el electo Senador del Valle del Cauca José Ritter López tiene vínculos con paramilitares, lo que dice el informe es que pertenece al denominado Clan político de Dilian Francisca Toro quien fue objeto de investigaciones previas por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La decisión del Juez Carlos Julio Caviedes Hernández no frenará las investigaciones académicas en las que seguimos avanzando sobre la relación de nuevos políticos con clanes políticos cuestionados. Seguiremos denunciando para fortalecer la democracia en Colombia. Juan Diego Castro Coordinador de Comunicaciones Pares ——————————————————————————————————————— Respuesta de rectificación donde se aclara dicha mención del señor Ritter López: Bogotá, 24 de mayo de 2018 La Fundación Paz & Reconciliación – Pares Señor, En el mes de abril, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares recibió una solicitud de rectificación por parte de José Ritter López, senador electo en los comicios del 11 de marzo de 2018 por el Partido Social de la Unidad Nacional, a raíz de un informe electoral denominado “los 42 congresistas de la ilegalidad 2018-2022”. En el informe se entregó una primera lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con importantes cuestionamientos, pero que a pesar de esto alcanzaron una curul en las elecciones legislativas (2018-2022). La mayoría pertenecen a clanes políticos que tienen un gran control de la política regional y una influencia decisiva en la política nacional. Cabe resaltar que, para las investigaciones académicas de Pares, la palabra Clan tiene una larga historia, hunde sus raíces en la antigua Suecia y ha saltado de una cultura a otra denominando siempre a grupos bajo la influencia de familias con poder político o territorial. En Colombia, es quizás la palabra más adecuada para definir entramados de poder que en los últimos treinta años han dominado la política regional y que, con pocas excepciones, se han nutrido de dineros ilegales, tráfico de influencias y manejo clientelista de las instituciones del Estado local, regional y nacional. Los escándalos de corrupción o violencia en que se ven inmersos estos grupos son cada vez más frecuentes. En la coyuntura resaltan los ligados a los sobornos de la empresa Odebrecht y los vinculados al “Cartel de la toga”. Se le ha reprochado a la Fundación cada vez que se presentan estas listas, en las cuales se incluyen personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados o no tienen procesos judiciales, pero que su triunfo electoral está ligado al apoyo de sus clanes políticos y familiares. Es lo que se denomina un gobierno en “cuerpo ajeno”. Globalmente, se le ha señalado a Pares el hecho de que no hay delitos de sangre. Sin embargo, si los votos mediante los cuales fueron elegidos se derivan del poder de esos nexos familiares, eso significa que gobernarán o estarán influenciados cuando ocupen los cargos por estos apoyos. Conviene subrayar que Pares no pretenden ni ejerce ningún papel de policía judicial, sólo aspira poner información transparente y oportuna sobre las alertas y riesgos ante la opinión pública. El párrafo en el que se menciona específicamente al senador Ritter en el informe decía lo siguiente: “candidato al senado por el partido de la U. Aliado político de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle y objeto de sendas investigaciones preliminares por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Fiscalía formuló recientemente cargos a López por delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades”. En efecto, la aclaración que concierne en este caso, sobre la solicitud de rectificación, se refiere a la interpretación que se le da a la manera como está redactado el párrafo pero no en el fondo en la cita textual sobre el senador Ritter López. Se estipula en el párrafo que el candidato es “aliado político de Dilian Francisca Toro, (quien es) Gobernadora del Valle y Objeto de Sendas investigaciones preliminares con grupos paramilitares y por lavado de activos”. A lo que se refiere la cita sobre las investigaciones de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro y no de José Ritter López. Por lo tanto, lo que resalta su cuestionamiento para hacer parte del listado es su alianza con la gobernadora del Valle del Cauca, lo cual no es un error y merece estar en ese listado. Cuestionamiento sobre Dilian Francisca Toro El departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos con mayor índice de corrupción en el país. Adicionalmente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha sido investigada por presuntos nexos con paramilitares y lavado de activos. Sin embargo, pese a lo anterior, cuenta con el poder político y económico suficiente para mantenerse y apoyar a sus aliados en las elecciones, entre estos al senador electo José Ritter López.

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Lo que les voy a narrar a continuación, lo hago porque sencillamente no aguanto, o mejor, no aguantamos más. Es un ciclo de hechos que causan desazón, tristeza y preocupación. Todo comenzó en 2017, en ese momento, por causalidad, el ingeniero electrónico de la Fundación Paz y Reconciliación, encontró conectado un computador al servidor de la Fundación. Inmediatamente nos comunicamos con la Policía y la Fiscalía, y si bien la investigación ha avanzado poco, ya se sabe que toda la información de la fundación fue robada, desde las bases de datos, pasando por informes secretos y hasta la lista de investigadores en las regiones. Muchos de ellos trabajan con la fundación hace varios años, pero casi nadie lo sabe, pues serían objeto de atentados. A toda la información le sacaron copias, se la llevaron. Luego vinieron una serie de amenazas. A nuestro investigador en el Magdalena lo han extorsionando y hasta le robaron el computador. La investigadora en Antioquia igualmente está amenazada, e incluso la han llamado para decirle que es mejor que se vaya de la ciudad de Medellín. Recientemente, en marzo, luego de una publicación sobre la casa política de los Suárez Mira, llegó una  amenaza de la Oficina de Envigado, decían que si Ariel Ávila seguía hablando “lo iban a encontrar picado en una bolsa y con la jeta llena de moscas”. Por si fuera poco, el equipo en Nariño también ha recibido intimidaciones. El cierre de este ciclo de censura se dio desde hace algunas semanas. La historia es increíble, parece de locos. Es la siguiente: Luego de las elecciones de marzo de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe sobre los políticos cuestionados que fueron electos como senadores y representantes a la Cámara. El texto se tituló ‘Los 42 congresistas de la ilegalidad’. Allí están los vinculados al escándalo de Odebrecht, los del escándalo del cartel de la hemofilia, los herederos de los políticos vinculados con organizaciones criminales y, claro, los políticos que abiertamente fueron financiados por alcaldías y gobernaciones en su campaña, es decir, que fueron financiados con recursos públicos. Entre los nombrados está José Ritter López, senador electo de La U. Ritter fue apoyado por la hoy gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El informe dice que el señor Ritter fue apoyado por la gobernadora y que Dilian Francisca tuvo y tiene diferentes investigaciones por diversos temas, incluso el de lavado de activos. Es decir, Ritter es algo así como el fenómeno de gobierno en “cuerpo ajeno”. Este señor, como muchos otros políticos, nos demandó por injuria y calumnia, todos los procesos los ha ganado la Fundación Paz y Reconciliación.Pero el de Ritter es un caso aparte, ya que el juez Carlos Julio Caviedes Hernández, para atender una tutela ordenó que la Fundación debía rectificarse porque el informe dice que Ritter tiene nexos con grupos paramilitares, cosa que no dice el informe, pero nos ordena rectificarnos. La fundación sacó un comunicado a manera de retractación donde aclara que eso nunca lo dijo. Aun así el juez envía una comunicación, dice que hace un segundo requerimiento y que ya es un incidente de desacato. Una cosa absurda, que realmente no entiendo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que la democracia tiene tres grandes pilares: el respeto a la vida,  la propiedad, y la libertad de expresión. Estos derechos, bajo ninguna circunstancia, se pueden restringir, ni vulnerar. El juez, además de no saber leer muy bien, parece que desconoce los conceptos de “Clan”, “herederos políticos” y el de “Estructura Política”. Así por ejemplo muchos políticos envueltos en los escándalos de Odebrecht, o el cartel de la toga, la parapolítica, entre otros, ponen a sus amigos, hijos, esposas a que compitan en política. Aquí el tema no es que existan delitos de sangre, de lo que se trata es que estos “nuevos” candidatos heredan los concejales, líderes barriales, alcaldes y en general la red del político preso, por eso se les llama gobierno en “cuerpo ajeno”. Los votos que obtuvieron fueron producto de los nexos y relaciones mafiosas que construyó el político que está en la cárcel. Robo de información, amenazas, censuras y persecución, así es difícil construir democracia en Colombia.  A veces pienso que es mejor tirar la toalla y dejarle todo a los corruptos, al fin y al cabo eso es lo que eligen los colombianos. Votan por los mismos políticos de siempre. Los alcaldes, gobernadores o senadores envueltos en escándalos de corrupción siempre son elegidos. Parece ser que a los colombianos les gusta que los gobiernen bandidos. Publicado en Revista Semana

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares La salida de las FARC en el departamento de Caquetá produjo una reconfiguración de actores armados ilegales y múltiples conflictividades sociales cuyas raíces se remontan a la configuración territorial del departamento. En la construcción de la historia del Caquetá, además de ser protagonistas los colonos, las organizaciones y movimientos sociales, han tenido una significativa participación, por un lado, las FARC y por el otro, los grupos paramilitares. Las FARC han hecho presencia en esta región a través de los frentes 3, 14, 15 y 49. Además de la Columna Teófilo Forero que ha tenido un marcado protagonismo por acciones como el secuestro del político Jorge Eduardo Géchem y la toma del Edificio Miraflores en el centro de Neiva. Otros frentes que también han tenido un presencia esporádica han sido el 13, 32, 48, 60 y 61 provenientes de los departamentos del Huila, Putumayo y Nariño. El proceso de paz permitió que cerca del 95% de los guerrilleros pertenecientes a estas estructuras que tenían presencia en el Caquetá se acogieran al proceso y decidieran deponer sus armas y caminar hacia la vida civil. Sin embargo, un pequeño reducto de este grupo decidió no sumarse a este proceso y hoy hacen parte de la llamada “disidencia”. Según fuentes locales, en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán opera un grupo armado ilegal compuesto por excombatientes de las Farc pertenecientes al extinto frente 14 que estuvo al mando de Wilson Peña Maje, alias “Alexander Mojoso”. Sin embargo, luego de un enfrentamiento con la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán, en el que cayó su compañera sentimental, se entregó al Ejército en marzo 2017, con algunos de sus hombres. Actualmente, quien se encuentra al mando de esta estructura es alias “Colacho”. En los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Montañita, El Paujil y El Doncello, operan excombatientes del extinto Frente 1 al mando de alias “Gentil Duarte” y “Rodrigo Cadete”. Según habitantes del territorio, esta estructura se fortaleció luego de la entrega de alias “Mojoso”, pues miembros del extinto frente 14 fueron acogidos por esta estructura. Según el comandante de la Fuerza Aérea, alias “Rodrigo Cadete” resultó herido tras un bombardero realizado a un campamento ubicado en Piñuña Blanco, departamento del Putumayo. Pese a esto no se conocen nuevos reportes que confirmen esto. A principios del mes de mayo de este año circuló un video en donde se amenazaba al gerente de la Electrificadora de Caquetá y al alcalde de Florencia debido a cobros injustificados en las tarifas de energía a la población. El grupo se autodenominó Comando Conjunto Manuel Marulanda Vélez, perteneciente al extinto Frente 7 y al mando de alias “Edwin”. En varios enfrentamientos presentados en el caserío Miramar, zona rural del municipio de La Montañita, el pasado 27 de mayo de 2018, se estima que una de las personas abatidas fue alias “Edwin”. También se tiene conocimiento de la presencia de excombatientes armados del extinto Frente 1, al mando de alias “Iván Mordisco”, especialmente en el municipio de San Vicente del Caguán. Según fuentes locales, este grupo desarrolla actividades de extorsión, reclutamiento forzado, amenazas, fabricación y tráfico de estupefacientes, entre otros. A pesar de que en el departamento existen varias estructuras pertenecientes a la “disidencia” de las FARC, actualmente, versiones en territorio plantean una unificación de las estructuras compuestas por excombatientes de las Farc, encabezada por Gentil Duarte e Iván Mordisco. Una de las fuentes en la Montañita dice que «han ido conformando una agrupación, y están tratando de hacer un proyecto unificado. Se han ido moviendo por Guaviare, Caquetá y Meta. Y como están tratando de crear lo que había antes, entonces a cualquiera que aparece y dice que va a trabajar, lo dejan encargado y se van por todos lados creando estructuras, y cada vez que van orbitando, esas estructuras están entre el degenero y el papel propiamente de guerrilla y mucha de esa gente es gente que sacaron de la guerrilla por descompuestos». La discusión acerca del componente político que reivindican las disidencias, en oposición de grupos armados ilegales compuestos por desertores de las Farc, cuyo único interés parece ser predatorio y económico, se difumina en la medida en que se configuran nuevas realidades territoriales. Al igual que en los departamentos del Guaviare, Meta, Vichada, Vaupés y Putumayo, en Caquetá también se plantean reivindicaciones sociales, aunque a manera de discurso, tal y como fue planteado para el caso del “Comando Conjunto Manuel Marulanda Vélez”, en donde fueron amenazados funcionarios debido a “injusticias en los cobros” de las tarifas. No obstante, todo parece indicar que, si bien los “comandantes” tradicionales como Gentil Duarte, Rodrigo Cadete e Iván Mordisco tienen una amplia trayectoria política y militar, este no es el caso de los mandos medios que se están configurando en el marco del reclutamiento y fortalecimiento de la estructura. Según un habitante del municipio de La Montañita este es el panorama que refleja las tensiones organizativas del grupo armado ilegal: «En el fondo está la disidencia ―que es guerrilla― luego están las personas en las que ellos se están apoyando, que son personas cercanas a ellos, que no están por principios y por convicción, sino que están por intereses. De ahí para allá aparecen las bandas de delincuentes, por un lado los que se dedican a estar pendientes de cómo se ganan cualquier platica traficando, la otra banda que no solamente hace eso sino que también quiere generar un control territorial mediante el robo, el asesinato, la amenaza y otros que son propiamente degradados». Otra expresión de estas tensiones se encuentra en el caso de alias “Edwin”, supuesto comandante del Comando Conjunto Manuel Marulanda Vélez, quien, según fuentes locales, había desertado de las Farc hace más de 10 años y era el jefe de la banda delincuencial “chichelimpios” que operó en la región durante un tiempo. En efecto, más allá de las tensiones propias de una reconfiguración de actores armados, el vacío que dejó la guerrilla de las Farc en el territorio ha tenido consecuencias concretas. No solamente en el aumento de homicidios y de acciones delincuenciales de todo tipo, sino también en asuntos de convivencia por la entrada de “nuevos pobladores”. Desde el año 2013, cuando empieza el desescalamiento de las acciones bélicas entre las Farc y el Estado, se presenta una disminución constante en los homicidios del departamento hasta el año 2016, cuando las Farc se repliegan en las zonas veredales. Se pasa de 287 homicidios en 2013 a 142 en 2016, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional. Por otra parte, pobladores, líderes comunitarios y sociales afirman que actualmente tienen presencia en todos los municipios priorizados grupos “paramilitares”, como los denominan en territorio, pertenecientes a las Águilas Negras y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta situación ha sido negada en reiteradas ocasiones por las autoridades debido a que, según éstas, las Águilas Negras fueron desarticuladas en el año 2009 y las AUC dejaron de existir en el 2006, por esta razón la naturaleza de estos grupos todavía no han sido esclarecidas. Sin el control ejercido por las Farc en los territorios, la Anarquía Criminal se hizo presente en el territorio, y esto incrementó los homicidios, los robos, las extorsiones y la venta y consumo de sustancias psicoactivas que hacen evidente la inseguridad que impera en la zona y que genera temor en la población. Según un habitante de Cartagena de Chaira “hay grupos delincuenciales que están haciendo presión en la comunidad, y que no son Farc y no están como Farc y están en medio de nosotros, están en medio de ellos, y no sabemos quiénes son, pero ellos si saben quiénes somos”.

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares 159 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz en Colombia, es decir, desde el 24 de noviembre de 2016. Eso significa que cada tres días asesinan un líder social en el país. Se contabilizan cerca de 500 victimizaciones, entre las que están, además de los homicidios, amenazas, secuestros y atentados, lo que se traduce en poco más de una victimización diaria. En la última semana casi ha sido asesinado un líder social por día. Si se toma como fecha de arranque el 1 de enero de 2016, la cifra de homicidios está cercana a los 250. También vale la pena mencionar que se han presentado tres picos en esta victimización. El primer pico se presentó previó al plebiscito por la paz en octubre de 2016. Entre agosto y septiembre de ese año, muchos líderes que apoyaban el proceso de paz e hicieron abierta campaña por el sí fueron asesinados. El siguiente pico se presentó entre la segunda mitad de enero y febrero de 2018, antes de las elecciones legislativas. La última semana de agresiones es el tercer pico de esta gran masacre. Si bien la diversidad de líderes asesinados es amplia -hay ambientalistas, líderes comunales, de organizaciones de víctimas, gobernadores de resguardos indígenas y miembros de comunidad negras- es importante resaltar que casi el 65% se enmarca en tres perfiles. El primer perfil es el de líderes de organizaciones de víctimas que buscaban verdad en los crímenes que sufrieron o eran reclamantes de tierras. No debe olvidarse que entre 1997 y 2003 cerca de seis millones de hectáreas fueron despojadas a campesinos en el marco de la violenta ofensiva paramilitar y esa tierra terminó, en su mayoría, en prestantes empresarios y políticos del país. El segundo perfil es el de líderes que querían participar en política y que al manifestar este deseo fueron asesinados. En tercer lugar, están los líderes comunales, es decir, que pertenecen a organizaciones de base denominadas Juntas de Acción Comunal. Estos últimos son asesinados porque denuncian o se oponen a economías ilegales. Parece que sí hay una sistematicidad en estos homicidios desde el perfil de la víctima. Sin embargo, el Gobierno nacional ha dicho que no existe sistematicidad en estos casos, e incluso el ministro de Defensa en su momento dijo que eran “líos de faldas”, un concepto machista, pero bastante popular, para describir problemas de relaciones de pareja. La tesis del Gobierno se basa en que no hay una sola estructura criminal que esté asesinando los líderes sociales, como si la había en la época más violenta del paramilitarismo. Efectivamente, en estos asesinados hay grupos posdesmovilización paramilitar como el Clan del Golfo, grupos de disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Entre los tres podrían sumar un 30% de los asesinatos. Pero el otro 70% se encuentra tipificado en actor desconocido, es decir, son sicarios o pequeños grupos delincuenciales que son contratados por agentes supuestamente legales. Esto significa que sí hay agentes legales detrás de los homicidios. Por ejemplo, según las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, los crímenes en la región del Urabá, al noroccidente del país, estarían determinados por supuestos empresarios que se beneficiaron del despojo de tierras. Lo mismo, en el sur del departamento del Meta y el Guaviare. El Gobierno nacional ha realizado diferentes acciones para contener esta masacre. Por ejemplo, creó el Cuerpo Élite de la Policía para que investigue esta victimización, además se puso en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, creó un grupo especializado para estos temas y la Unidad Nacional de Protección hoy presta servicios de seguridad para centenares de líderes sociales. Aun así, la masacre no se detiene. Tal vez el secreto está en que únicamente se ha capturado, en algunos casos, a los actores materiales, pero no se sabe nada de los autores intelectuales. Mientras no se identifiquen y se capturen los que están detrás de estos crímenes, la victimización no parará. Y muchos de ellos se sienten envalentonados con los niveles de impunidad tan grandes. Publicado en El País

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares En Agua Bonita, municipio de La Montañita, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Héctor Ramírez. Este es uno de los dos espacios que existen en Caquetá. Cuenta con aproximadamente 200 excombatientes que se han organizado alrededor de la figura de la Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá. Con este proyecto los exguerrilleros buscan asegurar su reincorporación y demostrarle al país que es posible desarrollar modelos y relaciones de producción más equitativos y que beneficien a la colectividad. Infraestructura ETCR El ETCR fue construido de manera colectiva. Es un lugar colorido, lleno de imágenes que dan vida al lugar; cada figura, cada trazo, cada color, es el resultado de un trabajo mancomunado que se hizo para hacer más acogedor el lugar. Educación Con relación a los procesos de educación, cultura, recreación y deportes, en el ETCR Héctor Ramírez se ha adelantado la nivelación académica, que ha sido apoyada por el Consejo Noruego y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). El Gobierno Nacional, lejos de participar de manera activa en estos procesos, incluso, lejos de cumplir con la adecuación de los Espacios Territoriales donde estos procesos se puedan adelantar “no ha puesto un solo peso para el tema de educación. Por el contrario, han puesto trabas, porque era responsabilidad del Gobierno en el marco de la construcción de los Espacios Territoriales crear la infraestructura para la educación y no se creó, porque creían que no era pertinente pues en 6 meses teníamos que salir, pero se les olvidó que el proceso de reincorporación en las mismas zonas implicaba no solamente el ejercicio de dejación, sino empezar el proceso de nivelación académica”, dice uno de los habitantes. Además de las nivelaciones, se han desarrollado capacitaciones certificadas por el SENA, cuya duración ha tenido una variación entre las 24, 48 y 72 horas. La comunidad del ETCR también ha contado con las becas otorgadas por el gobierno cubano y con las becas que ofreció La Universidad del Valle, sin embargo, según un habitante de La Montañita “esas no dependen de la voluntad del Gobierno, sino que son de iniciativas que nacen entre el partido y las mismas instituciones”. La Biblioteca Popular Alfonso Cano también hace parte del ETCR y presta servicio no sólo a los integrantes del Espacio, sino a la comunidad en general. Allí se pueden encontrar diversos libros que dan cuenta de la historia de la agrupación guerrillera, libros sobre historia de Colombia, informes de diferentes organizaciones sobre las dinámicas del conflicto armado, y el libro “Una Guerrilla por Dentro, Memorias de Resistencia” publicación hecha por los exguerrilleros que por años cargaron los fusiles y ahora decidieron construir la memoria de sus luchas. Proyectos productivos Para lograr la constitución de la Cooperativa que articula los esfuerzos de reincersión, los excombatientes bancarizados destinaron parte de su primer subsidio de normalización para la inversión en los proyectos piscícolas, agrícolas y comerciales. Además, todo el que trabaja en la Cooperativa lo hace voluntariamente. Todos los integrantes comparten las responsabilidades de cada uno de los proyectos que se desarrollan, con roles definidos y compromisos específicos. Piscícola El proyecto piscícola está en su tercera producción. Actualmente cuenta con 4 tanques, cada uno con capacidad promedio de 8.000 peces alevinos. Agrícola Los proyectos agrícolas que se desarrollan en este ETCR se enfocan en el cultivo de piña, con una producción promedio de 250 toneladas, además de contar con otros cultivos de yuca, plátano y maracuyá. Estos últimos van para su segunda cosecha. El ETCR también cuenta con huertas para el autoabastecimiento. Comercio Con relación a los proyectos comerciales, se establecieron distintos negocios para incentivar la economía del lugar. Entre estos se encuentran: una fritanguería, panadería, miscelánea, carpintería y zapatería. Actualmente tienen proyectado un supermercado, que se surtiría con los productos agrícolas y piscícolas del ETCR. Panadería del ETCR. Foto suministrada por los integrantes La otra Cooperativa en la que se encuentran los integrantes del nuevo partido FARC, es la Cooperativa Economías Sociales del Común (Ecomún) que se constituyó legalmente. En este momento tiene el gran reto de fundarse y empezar a posicionarse. Respecto a esto, uno de los habitantes del ETCR comenta que “sin lugar a dudas una de las mejores propuestas que ha podido presentar las Farc, es haber apelado a la figura del cooperativismo, porque eso permite llevar a la vida práctica los criterios y visiones de lo que puede ser un modelo de producción en un país como Colombia. Modelos de producción incluyentes y equitativos, esos de los que se habló en los tiempos de lucha armada”. Actualmente Ecomún está desarrollando un proyecto productivo en el Espacio territorial de Agua Bonita; se están instalando viveros de cacao, con el apoyo de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao). Este es un proyecto de prestación de servicios, donde, a través de Ecomún, se contrata la mano de obra calificada de excombatientes. Sin embargo, no todo es éxito. Tres personas adscritas a este ETCR han sido asesinadas. Una en Puerto Asis, otra en Piamonte Cauca, y otra en Meta. Esto ha generado temor en la población, pues su sentimiento de vulnerabilidad aumenta. También, desde hace aproximadamente 3 o 4 meses, fue advertida la presencia de un grupo de personas armadas no identificadas.  Este tipo de respuestas militares aumenta el accionar en las cercanías del ETCR. En el caso de La Montañita, el enfrentamiento más reciente se presentó el pasado 27 de mayo en la vereda Miramar. Este enfrentamiento dio como resultado la baja de alias Edwin, y con él, dos habitantes de la vereda, en hechos confusos. Además de todo esto se suma la respuesta estatal. Pues, según otro habitante del ETCR, el Estado “está llegando con el componente militar a todo el territorio, con operativos contra algunas estructuras de la disidencia, pero exactamente es lo que no debían hacer, porque la firma del acuerdo iba a generar un ambiente donde los vacíos de autoridad que dejaba las Farc los asumía el Estado a través de su institucionalidad por medio de la inversión social. De lo contrario es seguir replicando el mismo modelo. Si el Estado hubiera llegado con inversión social, la gente estaría pensando que el Estado sí está cumpliendo y eso que están diciendo de los que se mantienen en el monte es mentira”, dice.

Por: Daniela Gómez, Coordinadora Democracia y gobernabilidad-Pares En su primer discurso como presidente electo, Iván Duque aseguró haber obtenido la más alta votación en la historia de Colombia. Aunque esto ha pasado desapercibido por la opinión pública, tal vez por su evidente imprecisión y relatividad, resulta revelador para los pronósticos de lo que será el próximo gobierno. Y es que como asegura Maquiavelo, “los hombres se complacen tanto en sus propias obras, de tal modo se engañan, que no atinan a defenderse de aquella calamidad”. La adulación por parte de los miembros del Centro Democrático hacia Uribe y sus políticas ha sido unánime; el partido se ha edificado alrededor de su figura y a aquel que osa criticarlo o ponerlo en duda, parece convertirlo en su enemigo. No obstante, algunas de las cifras presentadas en sus gobiernos, por lo general de forma parcial,  dejan mucho que desear al ponerse en perspectiva. Por poner un ejemplo, en el informe del ministro de defensa al congreso del año 2007, se aseguraba que desde el inicio de la implementación de la seguridad democrática el número de miembros de la guerrilla había pasado de más de 20 mil a 16 mil, a partir de la puesta fuera de combate de más de 41 mil de sus miembros.Número total de miembros de las guerrillas a 200220.600Número total de miembros de las guerrillas a 200716.000Guerrilleros capturados entre 2002 y 200725.486Guerrilleros abatidos  entre 2002 y 20078.799Guerrilleros desmovilizados entre 2002 y 20077.988Total de guerrilleros puestos fuera de combate41.252 Cifras más cifras menos, esto significa que en dicho periodo las FARC y el ELN, guerrillas que el gobierno presentaba como diezmadas y replegadas a sus zonas de retaguardia, tuvieron la capacidad de reclutar 25 personas al día… lo cual resulta difícil de creer.  Con las AUC sucede algo muy similar. Al inicio del gobierno de Uribe este reportaba aproximadamente 12.000 miembros de dicha organización; del 2002 al 2006 se reportaron 17.992 miembros abatidos, capturados o desmovilizados individualmente, no obstante, al finalizar el proceso de desmovilizaciones colectivas, este grupo resultó con 31.671 miembros, 10 mil más que las FARC y el ELN juntos en su momento de mayor apogeo (2002), ¿cómo pudo ser esto posible?. La cifra de cultivos ilícitos es otro de los muchos ejemplos, pues mientras en el 2006 los Estados Unidos reportaban un alza sin precedentes en los cultivos de coca (misma fuente que registra la cifra del actual gobierno que tiene alarmada a la opinión pública), el gobierno aseguraba que estos habían disminuido. Y aunque lo pasado ya pasó y quisiera suponer que un gobierno técnico, incluyente y joven como el que pretende proyectar el presidente electo permitirá evaluar los éxitos y retos reales de políticas y enfoques anteriores, la enfermedad de la adulación que manifiesta él y  su bancada parece no tener cura y por tanto, me lleva a suponer que será la marca del expresidente Uribe la que dejará el próximo gobierno, como ya lo demuestra la continuación de su estrategia comunicativa: presentar cifras a medias y sin contexto. Haz lo mismo y obtendrás los mismos resultados, pensará Duque, yo le agregaría, haz lo mismo en el mismo contexto y obtendrás los mismos resultados. La Colombia de hoy, claramente, no es la misma del 2002, incluso no es la misma de hace cuatro años; las preferencias de los colombianos cada vez son más diversas, más opuestas a las tendencias extremistas y la información corre de forma libre por la web, empoderando cada día a más ciudadanos. Con una simple búsqueda en google se puede por ejemplo comprobar que en realidad la más alta votación en la historia reciente de Colombia (1982-2018) la obtuvo Juan Manuel Santos en el 2010, apoyado por el 30% de las personas habilitadas para votar, seguido por Andrés Pastrana e Iván Duque con 29%. También, que el plebiscito para refrendar el proceso de paz apenas tuvo una participación del 37% del censo y la diferencia entre el No y el Sí fue de 0,43%, es decir en el país no ganó el No, ganó la deslegitimación del sistema político y el desinterés de los ciudadanos en la materia.  Otra búsqueda simple me permite saber que la movilización social va en aumento desde que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC e incluso desde antes (FIP; 2016) y que lo hace a la par que el asesinato de líderes sociales y el repudio masivo de estos actos por parte del pueblo colombiano. Las masacres hoy no se esconden, e incluso se hacen virales las viles amenazas que sufren comunidades en territorios tradicionalmente aislados del país. Es decir, aunque no votamos, los colombianos si nos movilizamos y accedemos a los datos. Duque ganó, pero es probable que sus votantes e incluso los partidos que adhirieron no apoyen todas sus propuestas. El ejemplo de algunas de las capitales del eje cafetero es paradigmático: Fajardo, defensor del proceso de paz y la lucha anticorrupción, dobló en votación a Duque en primera vuelta (donde se supone la gente elige el candidato que más le convence), pero para la segunda vuelta (donde se elige el “menos peor”), Duque derrotó a Petro con un amplio margen. Uribe representa un ala extrema de la política de derecha, está pues en manos del presidente electo continuar su enfoque o implantar uno propio y progresista. No obstante, como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y creo que a estas alturas el uribismo no solo maquilla y saca de contexto las cifras sino que a la larga, se las terminó creyendo.

Por: Óscar Iván Pérez Hoyos, Investigador Conflictos asociados al desarrollo-Pares La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hace referencia a una forma voluntaria y ética de hacer negocios en la cual las empresas buscan integrar en su gestión y sus prácticas asuntos prioritarios de orden económico, social y ambiental, así como generar beneficios a personas y grupos que van más allá de sus accionistas y propietarios. En un sentido amplio, la RSE se caracteriza por: Ser voluntaria, en el sentido de que no está obligada por la ley. En muchos casos, sin embargo, la RSE se da en respuesta a las exigencias establecidas por diferentes grupos de presión. Basarse en un comportamiento ético y transparente. El primer paso para que una empresa sea socialmente responsable es cumplir con la ley y hacerlo sin trampas ni atajos. En el ámbito de la RSE, la cultura del todo vale no es aceptada. Por ello se promueve la socialización amplia y permanente de sus avances y obstáculos. Incorporar un enfoque de sostenibilidad, ya que promueve la creación de riqueza en armonía con la inclusión social y la preservación ambiental. Mitigar los impactos de la operación, en el sentido de que procura que su aporte intencional o no intencional a las dimensiones económica, social y ambiental sea, como mínimo, no negativo. Beneficiar a sus grupos de interés, como lo son los propietarios, directivos, trabajadores, proveedores, distribuidores, clientes, comunidades locales y Estado. Es decir, socializar los beneficios generados por la empresa entre grupos que están dentro y fuera de la empresa. Con la evolución de las prácticas de la responsabilidad social empresarial, parte de lo que en un inicio era voluntario se ha vuelto obligatorio. Esto ocurre, por ejemplo, con algunas de las exigencias impuestas por el Estado a las empresas del sector extractivo en materia de contratación de mano de obra local (calificad y no calificada) y de acciones mínimas para mitigar o compensar el daño ambiental. Las empresas concentran sus esfuerzos en materia de responsabilidad social en torno a los asuntos que son materiales, es decir, aquellos temas económicos, sociales y ambientales que son importantes (o muy importantes) tanto para la empresa como para sus grupos de interés internos y externos. Más exactamente, Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, así como los aspectos que influirían notablemente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés (GRI 2013, Parte I). Para definir cuáles son los asuntos materiales y qué hacer al respecto, las empresas suelen identificar quiénes son sus grupos de interés prioritarios y luego abrir espacios de diálogo permanente para conocer sus preocupaciones, intereses y necesidades más acuciantes. El resultado de este ejercicio suele formalizarse en una política de responsabilidad social y sostenibilidad, cuyos avances se socializan cada uno o dos años por medio de las llamadas memorias de sostenibilidad. Los asuntos materiales que son más frecuentes en las políticas de responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas del sector minero-energético son: Económica Desarrollo de proveedores: Apoyo a pequeñas y medianas empresas para que puedan ofrecer productos y servicios de calidad. Compromiso con el trabajo en la zona de operación: Vinculación laboral de personas pertenecientes a las comunidades radicadas en las zonas de influencia de la operación de las empresas del sector. Planes locales de desarrollo: Apoyo a la administración local y a la sociedad civil para la formulación participativa de los planes de desarrollo local. Social Salud y seguridad en el trabajo: Implementación de programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se aplique a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad relacionados con enfermedades graves. Debida diligencia en derechos humanos: Utilización de una estrategia de relacionamiento con grupos de interés, y de mecanismos de respeto a los derechos humanos. Inversión en comunidades locales: Desembolso de recursos para apoyar iniciativas relacionadas principalmente con educación, arte, cultura, salud, infraestructura y proyectos productivos a favor de las comunidades locales. Transparencia y lucha contra la corrupción: Implementación de medidas anticorrupción y rendición de cuentas. Fortalecimiento institucional: Generación de alianzas estratégicas con la institucionalidad local, el apoyo a la conformación de veedurías ciudadanas, el acompañamiento a iniciativas locales gubernamentales y el fomento de espacios de participación. Reconstrucción del tejido social: Establecimiento concertado de mecanismos de diálogo y resolución de conflictos con los grupos de interés, así como la promoción de discusiones y relacionamiento entre diferentes tipos de actores. Ambiental Gestión del agua: Cálculo y comprensión de la escala general de los impactos y los riesgos potenciales asociados con la captación total de agua, las fuentes que han sido o pueden ser afectadas significativamente por la actividad, y propensión por el esfuerzo continuo en la monitorización y mejora en el manejo del recurso, como la reutilización y el reciclaje del mismo. Cuidado y conservación de la biodiversidad: Identificación de los riesgos asociados con la biodiversidad, reporte acerca de los impactos potenciales sobre terrenos que son cercanos a áreas bajo protección legal o de alta diversidad biológica, descripción de los impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad y desarrollo de estrategias para su mitigación, asegurando la integridad de los hábitats naturales. Calidad del aire: Búsqueda del control del volumen y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el rediseño de procesos, la conversión y adaptación de equipos, la sustitución de combustibles y el cambio de conducta de los empleados, entre otros. Gestión de residuos: Reducción del impacto ecológico mediante actividades como la mejora progresiva de la calidad de agua vertida o la reducción de su volumen, el tratamiento correcto de los efluentes, así como la implementación de diferentes tipos de métodos y tratamientos de los residuos, como reciclar, clasificar y gestionar los residuos peligrosos o incrementar esfuerzos para evitar derrames, entre otros. En síntesis, la RSE impone a las empresas de todos los sectores económicos –incluyendo el minero-energético¬– altos estándares en materia económica, social y ambiental, con el fin de que los negocios pueden hacer aportes efectivos y medibles al desarrollo sostenible. De hecho, en respuesta a la presión de diferentes grupos de interés, el aumento en las exigencias de la legislación y la mayor concientización de los altos directivos, en Colombia las empresas del sector minero-energético son líderes y referentes en materia de sostenibilidad.

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares El debate sobre el narcotráfico y el aumento de los cultivos de uso ilícito ha caído en una simplicidad y tergiversación pocas veces vista, incluso analistas serios caen en lugares comunes. Para sectores detractores del gobierno el aumento de los cultivos fue producto del proceso de paz y de lo que ellos llaman la mano blanda del gobierno Santos, sin embargo, al profundizar en el análisis y estudio de los datos, la realidad es muchos más compleja y lo cierto es que el mercado del narcotráfico se rige bajo las reglas de cualquier otro mercado y los factores que potencian su crecimiento no los controla Colombia. Hay tres grandes explicaciones. Por un lado, las dinámicas de la minería criminal están asociadas al mercado del narcotráfico. En varias zonas del país, como en el corredor pacífico, una gran cantidad de población fluctúa entre ambas economías, de tal forma  que cuando el precio del oro cae se van a sembrar coca o a la inversa. Así por ejemplo, la onza de oro para 2007 estaba en 845,46 dólares, se incrementó progresivamente hasta llegar en 2012 a 1796,1 dólares la onza, y cayó desde 2013, hasta que en 2018 llegó a 1365,1 dólares la onza. Si se compara con la dinámica de los cultivos de coca es impresionante la coincidencia. El punto más bajo de los cultivos de coca llegó en 2012 cuando se estuvo en poco más de 40.000 hectáreas de coca y desde ahí comenzó a incrementarse lo cual coincide con la caída de los precios del oro. La otra explicación es la demanda, la cual ha aumentado desde 2014, nuevamente Estados Unidos aumentó su consumo, aunque no tan pronunciadamente, pero el gran tema se refiere a  que Brasil es prácticamente el segundo consumidor de cocaína en el mundo, Argentina también ha aumentado, al igual que varios países europeos. Obviamente al aumentar la demanda aumenta la oferta. Pero el tercer factor que ha tenido un impacto fuerte en esta economía se refiere a la revaluación de dólar. Hace seis años un dólar costaba 1800 pesos y actualmente está en 2800, como era de esperarse esto impactó fuertemente el crecimiento de los cultivos de coca. Putumayo, tal vez sea el mejor ejemplo, ya que en 2013 el precio del gramo de pasta base de coca se pagó a 1.300 pesos y actualmente se paga a 1.900 pesos. Luego de estos tres factores, hay otros dinamizadores del mercado pero con menor impacto, como por ejemplo el aumento del consumo interno, el cual ha sido alto, pero aún es muy bajo al compararlo internacionalmente. Igualmente la ausencia de controles a los insumos ha hecho que el precio de estos no se incremente sustancialmente y claro, tal vez el proceso de paz tuvo un impacto negativo en algunas zonas. Adicionalmente es importante destacar que la política represiva del gobierno Santos ha sido exactamente la misma a la de Uribe, que es la criminalización del pequeño cultivador, la erradicación forzosa y llenar las cárceles de personas vinculada a este mercado. Por ello la teoría de que durante la era Santos hubo una mano blanda es, por lo menos, ridícula. Las fumigaciones no van a solucionar nada, tal vez la única esperanza en el corto plazo, es que las calles de las ciudades norteamericanas están inundadas de cocaína, y el gramo perdió, entre finales 2016 y principios de 2018, casi un 20% de valor, ello podría contraer la producción de pasta base de coca en Colombia. El tema del narcotráfico es lo suficientemente complejo como para volverlo una discusión política simple que solo provocan agitación en las barras extremistas e ignorantes, pero que en nada ayudan a solucionar el problema. La discusión debe ser un poco más seria.

Por: Colombia Joven y Conflictos asociados al desarrollo- Pares Buenaventura es una ciudad de contrastes y de altas asimetrías. Por un lado, cuenta con el potencial portuario y una infraestructura moderna para potenciar su economía. Pese a esto, tres décadas de conflicto armado han producido en Buenaventura las cifras más altas del país en temas de víctimas; en especial en desplazamiento forzado, pues el 50% de sus pobladores se encuentra en esta condición. Esta situación ha dejado a su paso las peores condiciones humanitarias para la mayoría de los pobladores, tanto urbanos como rurales, con una fuerte afectación a la juventud. El contexto generalizado de violencia no ha sido estático. La prueba de esta evolución se refleja en la existencia de varias economías ilegales y criminales, que han agudizado la difícil situación socioeconómica de los pobladores. El mayor número de hechos violentos los ha registrado la Red Nacional de Información (RNI) que documenta sucesos entre 1985 y 2016, atribuidos, en su mayoría, a  grupos ilegales como la guerrilla de las FARC-EP, paramilitares del Bloque Calima y grupos rearmados posteriores a la desmovilización paramilitar. En cifras, Buenaventura es el municipio del Valle del Cauca con la mayor cantidad de personas afectadas por la guerra en relación con el total de la población. El 51% se reconoce como víctima. De alrededor de 400 mil habitantes, 197.352. Además de las afectaciones psicológicas, culturales, materiales y físicas que ha ocasionado el conflicto armado, se profundizaron las problemáticas sociales y económicas existentes en el territorio, un clima de miedo y terror, de despojo y pérdida territorial. A nivel nacional, Buenaventura es una de las ciudades más importantes y estratégicas. Por un lado, concentra la mayor población étnica afro-descendiente e indígena asentada en un territorio legítimamente constituido (98%). Y por el otro, posee la mayor biodiversidad del planeta, cualidad otorgada por estar en la franja entre el mar y las montañas de la cordillera. A nivel internacional, es considerada de manera estratégica la capital de la Alianza Pacífico, proyecto que une al continente suramericano con el norte y el oriente medio en materia en comercio exterior. A pesar de estas características, solo hasta hace 4 años es parte de los 5 distritos especiales a nivel nacional. Ingresó al grupo en condición de “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico”. Según el programa de nuevas ciudades liderado por del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la ciudad se encuentra, desde hace muchos años, en una situación crítica respecto al sector de producción local y de empleo; según la entidad, el 62 % de la población  se encuentra en condición de desempleo y el empleo informal llega al 90.3 %. La esperanza de vida de la población de Buenaventura es la más baja del departamento. Según lo señala el Informe Regional de Desarrollo Humano del Valle del Cauca 2008, la esperanza de vida de los bonaverenses era de 63,4 años en 2005; cuando la del Valle del Cauca en su conjunto era de 70,7 y la del país de 72,3. (Fedesarrollo-CERAC, 2013). La precariedad de la situación social en la que viven los habitantes de Buenaventura facilita el desarrollo de actividades  ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas, la movilización de insumos para procesamiento de drogas ilícitas, contrabando, extracción ilegal de crudo del Poliducto del Pacífico y más recientemente el establecimiento de cultivos de uso ilícito. En este contexto, Buenaventura cuenta con un segmento poblacional joven que viene en crecimiento. La población joven en el Distrito de Buenaventura representa un 27,6% del total de la población, es decir, 117 mil personas en el 2018, frente a un total de 424 mil habitantes, según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo del Distrito 2016-2019, en cuanto a la situación de la juventud en el municipio, se identificaron los siguientes problemas: Enfermedades de transmisión sexual en jóvenes de la zona urbana y rural Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de la zona urbana y rural Violación de derechos humanos y el posconflicto Embarazos prematuros en jóvenes del distrito entre los 11 y 15 años Dotación para los espacios y el desarrollo de la cultura A esto se suma que el analfabetismo en la población mayor de 15 años es del 17% en la zona urbana y 22% en la rural, frente a un promedio nacional de 9%.  El 25% de los niños(as) y el 48% de los jóvenes en edad escolar están por fuera del sistema educativo. En 2016, Buenaventura registró una tasa de 15.94 homicidios por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa departamental que se ubicó en 52.44. Del total de homicidios el 47% de las víctimas correspondieron a jóvenes entre los 15 y 29 años. Esta situación de vulnerabilidad de la población joven y de los niños se refleja en el reclutamiento y utilización de esta población por parte de grupos ilegales (desde guerrillas, paramilitares, hasta grupos de las comunas). Pese a que el municipio no presenta información clara acerca de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en grupos armados, sí se resalta como un problema importante el riesgo de reclutamiento. En 2016, se reclutaron 12 menores según la Unidad de Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Mientras que, según el acumulado histórico elaborado por la Unidad de Víctimas, a marzo de 2018 se han reportado 23 casos. Es evidente que existe un subregistro, debido a que Buenaventura es un municipio profundamente afectado por el conflicto y las dinámicas de los grupos armados. ¿Con qué herramientas cuentan los jóvenes para salir del círculo de la guerra? La ciudad cuenta con una Política Pública en ajuste, adoptada mediante el acuerdo Nº 12 de 2015, para la adopción de Política Pública de Juventud en el Distrito de Buenaventura. En planes de atención y protección cuenta con un centro de atención integral a la juventud- CAIJU- que se encuentra funcionando. Para este año ha sido lugar de vivienda de los indígenas desplazados del río San Juan, por situaciones de enfrentamiento de grupos armados. Hasta el momento la alcaldía no cuenta con los recursos para realizar el retorno y garantizarles seguridad en sus territorios. Esto quiere decir, que no se está usando para los jóvenes. Iniciativas juveniles Jóvenes Metodistas de Paz Ubicación: barrios Isla de la paz y La Cima (comuna 6), en el Distrito de Buenaventura Objetivo: mediante su proyecto social, busca fomentar el desarrollo de capacidades, acciones de liderazgo y empoderamiento juvenil para la construcción de paz mediante actividades dirigidas a los jóvenes a través del arte, la cultura y la producción audiovisual. Logros: la organización funciona desde hace dos años, pero la iniciativa que busca fortalecer el liderazgo de los jóvenes inició a finales de 2017. En este tiempo se han realizado actividades como: prevención al reclutamiento ilícito, jornadas de sensibilización comunitaria, semilleros de paz (reuniones de capacitación en ecosistemas de paz) y escuelas culturales de paz (Bellas Artes – Gobernación del Valle). Asimismo, la organización ha logrado que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tengan mayores alternativas sociales, hagan un uso permanente de espacios comunitarios, y aprovechen el uso de su tiempo libre fortaleciendo un entorno de paz en el territorio. Equipo: está conformado por un líder, que organiza y define las líneas de acción, una persona encargada del tema administrativo y cumplimiento de las acciones; dos dinamizadores encargados de convocar y llevar a cabo el trabajo social con los jóvenes participantes o beneficiarios, un licenciado en pedagogía infantil para atender a los niños y niñas de la comunidad y un coordinador de danza urbana que desarrolla talleres de prevención y reflexión a través del arte. Colectivo vida Descripción de la organización Ubicación: comuna 12, corregimiento de Citronella, del Distrito de Buenaventura Objetivo: busca generar oportunidades laborales para los jóvenes a través de la producción permanente de Tilapia Roja y Cachama, y su respectiva comercialización en Buenaventura con el fin de evitar la vinculación a bandas criminales. Logros: el proyecto se ha venido ejecutando desde hace cuatro meses, en los que se ha realizado trabajo social constantemente y proyectos productivos con la comunidad rural en el caso particular del criadero de Tilapia. La iniciativa espera beneficiar 11 familias de los jóvenes participantes. Con la realización de estas acciones se busca que la iniciativa tenga la aceptación de la población joven. Equipo: está conformado por 11 integrantes entre 14 y 28 años organizados por tareas en los siguientes grupos: grupo de crianza, grupo de vigilancia y un grupo de mercadeo, que se benefician de las ventas. La meta en cuatro meses es lograr la producción permanente de Tilapia y Cachama generando ingresos constantes para los afiliados.