Por León Valencia, Director-Pares Dice el presidente electo Iván Duque de su visita a Washington, en la entrevista a Sergio Maseri, El Tiempo: “Encontramos respaldo y alineación en temas regionales que nos afectan a todos, como la crisis venezolana”. Dice también que no tendremos embajador en Venezuela, nos limitaremos a relaciones consulares y concurriremos en la denuncia que ha hecho Luis Almagro, secretario de la OEA, contra Nicolás Maduro, en la Corte Penal Internacional. Aclara, eso si, que no es partidario de la intervención militar en el vecino país. El gobierno de Duque va a la confrontación directa y radical con el régimen venezolano, es lógico, es de la esencia del uribismo, que convirtió su crítica y su actitud frente a Chávez y Nicolás Maduro en un asunto de política interna, en un elemento central de sus campañas electorales de los últimos años, endilgándoles a las demás corrientes políticas una adhesión al castro-chavismo y una pretensión de convertir a Colombia en otra Venezuela. Duque ha llegado a la presidencia preso de esa retorica. Mala cosa. Muy mala cosa. Nuestra relación histórica y territorial con Venezuela es completamente distinta a la de Estados Unidos o la de cualquier país de la región. Dos mil seiscientos kilómetros de fronteras porosas y unas economías complementarias y dependientes en estos vastos territorios hacen la diferencia. Eso es elemental. Eso debería ser elemental. Pero no lo es para el debate político colombiano envenenado por una palabrería altisonante. Ya muy poca gente, o ninguna, en Colombia coincide con las políticas de Maduro, la crítica hacia el gobierno de Venezuela es el signo de todas las corrientes políticas colombianas. Pero ese no es el ingrediente de la diplomacia, ese no puede ser el ingrediente de nuestra política exterior, las ideologías dejaron de ser, hace ya bastante rato, la sustancia de las relaciones internacionales. Duque escogió el peor lugar y el peor momento para anunciar una ruptura cabal y total con el gobierno venezolano. Ahora el gobierno de Maduro tiene las manos libres para agudizar como quiera la grave crisis de las migraciones, la protección a las guerrillas, la informalidad del intercambio económico, la tolerancia a todas las ilegalidades que se dan en esa larga línea fronteriza. A los analistas políticos colombianos y a los medios de comunicación les ha parecido una gran cosa este viaje a Washington. Les parece play, hipermegaplay, que en el preciso momento en que, en la prensa norteamericana, aparece la noticia de que Donald Trump le propuso hace ya varios meses a su gabinete una intervención militar en Venezuela, el presidente electo de Colombia anuncie desde la capital gringa la política frente a nuestro vecino y las líneas de lo que será nuestra conducta frente a la región suramericana. Qué tal que en algún momento se convierta en realidad la intervención militar norteamericana en Venezuela. Quiero ver, en ese preciso momento, la cara del presidente Duque. Como dicen en la W Radio: ¿posibilidades de que Colombia se oponga a esa intervención? Ninguna. Pero las consecuencias de esa eventualidad serán gravísimas para la región, el incendio en que nos meteremos será desastroso.

Por: Ariel Ávila, Subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Luego de hacer un análisis minucioso, no se comprueba ninguna inhabilidad por parte de Mockus para ejercer su cargo como senador, y más bien lo que hay es una estructura política con comportamientos mafiosos que va detrás de las curules que pondría los votos de Mockus. Los argumentos son los siguientes. El profesor Mockus no era representante legal al momento de firmarse el convenio entre Corpovisionarios y la Gobernación de Cundinamarca. Si bien aparece nombrado en el convenio, en sentencias del Consejo de Estado queda claro que un ejecutor de proyecto no se inhabilita, el que lo hace es el que firma el convenio. Un buen ejemplo de esto puede ser un convenio firmado por una universidad. El rector es el que firma, pero lo ejecuta un profesor o un grupo de ellos, aquí el que se inhabilita es el rector, no los docentes que intervinieron en su ejecución. Hay dos tipos de procesos que se llevan en el Consejo Nacional Electoral, uno es de revocatoria de inscripción y el otro se le llama revocatoria de la declaración de elección. Este último es una figura que no tiene precedente, no hay una línea jurisprudencial. Pero lo cierto es que hay una figura de “Bloque de Constitucionalidad”. Se refiere a normas y principios que no están en la Constitución Política y se incorporan a la línea constitucional por vías como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido claro en que es un juez y no una autoridad administrativa la que podría revocar una elección. Es decir, el CNE no está facultado para declarar la revocatoria de una elección, eso le corresponde a un juez. Otro de los principios de análisis se refiere a que en materia de inhabilidades las normas hay que interpretarlas de forma restringida, en este caso donde hay una duda razonable, pues Mockus no firmó el convenio, no se puede declarar la inhabilidad. El Consejo de Estado ha sido claro en que la inhabilidad aplica para quien hubiera intervenido en la firma del convenio de forma directa, activa y personal. Esto no se ha comprobado en el caso de Mockus, lo que la ponencia de sentencia dice se basa en supuestos y conjeturas. No hay una sola prueba de que Mockus hubiese participado de forma directa en el lobby del proyecto. No se puede presumir que se intervino en el contrato, toca demostrarlo. Lo que busca este tipo de inhabilidades es que una persona no se aproveche de un contrato para que se haga elegir, o para potenciar su candidatura, bajo la idea de que esto causa una asimetría entre candidatos. Este no fue el caso de Mockus. Luego de profundizar en quiénes están detrás de los votos de Mockus se encontró que es el partido de la parapolítica Opción Ciudadana. En este partido se inscribió el hijo de Kiko Gómez, el exgobernador de La Guajira condenado por múltiples asesinatos. También se inscribió Daira Galvis, la esposa del parapolítico el Tuerto Gil  y hasta herederos de la Gata. Ellos se quemaron en las elecciones de marzo de 2018. Por fin la ciudadanía los castigó. Ahora, mediante manipulaciones quieren volver al Congreso desapareciendo los votos de Mockus. El abogado que lidera el tema se llama José Manuel Abuchaibe Escobar, quien  representó a la exgobernadora de La Guajira y heredera de Kiko Gómez, Oneida Pinto. A continuación se puede ver la foto. Luego, en la siguiente foto se ve a Abuchaibe con Yolima Carrillo, la actual presidenta del CNE, cercana a la estructura política de Kiko Gómez y Oneida Pinto. Esta foto se tomó el día en que Carrillo fue elegida en el CNE, Abuchaibe la llama “nuestra”. Lo que hay detrás de esto es una estructura política con comportamientos mafiosos. Pero además, el ponente, magistrado Bernardo Franco, debe declarase impedido, pues la sentencia se conoció antes de su radicación  y eso no se puede hacer, si se mantiene la línea del CNE, este señor debe declarase impedido. Se podría decir que el CNE es una estructura política elegida por todo tipo de políticos corruptos y cuestionados. Publicado en Revista Semana

Por: Alejandro Jiménez, Investigador-Pares El fin de la guerra entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las FARC prometía ser un escenario de reducción de las violaciones a los Derechos Humanos a nivel nacional; efectivamente la disminución de los secuestros, homicidios, afectaciones por MAP/MUSE ha sido notoria, pero se han visibilizado fenómenos que siguen poniendo en riesgo la paz y la convivencia en los municipios de todo el territorio nacional: la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. El ejercicio realizado por la Fundación Paz & Reconciliación-Pares desde su Observatorio de Violencia Política (OVP), al igual que el de otras organizaciones, es el de contextualizar y develar las posibles causas que motivaron la comisión de crímenes contra líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, reivindicando la urgencia por garantías del ejercicio de derechos de la ciudadanía colombiana, sobre todo en áreas que han vivido afrentadas por el rigor del conflicto armado interno. A su vez, es una exigencia manifiesta al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones de perseguir, investigar y castigar a los responsables de estos crímenes. El actual Gobierno y la Fiscalía General de la Nación están empecinados en negar la sistematicidad de las agresiones contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos aduciendo, sin embargo, avances en la puesta en marcha de algunas acciones institucionales y en las investigaciones de estos crímenes. No ha sido suficiente, la prueba más clara fueron las ocho vidas segadas bajo el fuego de quienes se oponen a: los reclamos de víctimas como la restitución de tierras, la verdad y la reparación; la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y a la resistencia comunitaria ante economías ilegales; la participación política de sectores alternativos; y, en gran parte, al reclamo de derechos colectivos, territoriales y culturales de pueblos étnicos. ¿Qué pasa con las acciones del actual Gobierno? Decretos como el 2124 y el 2252 del 2017 han quedado en letra muerta; estos implementan, por un lado, la reglamentación del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante riesgos y amenazas derivadas de la presencia, acción y actividades de organizaciones criminales, y, por otra parte, se establecen responsabilidades en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos, de parte de gobernaciones y alcaldías con apoyo del Gobierno Nacional. Del mismo modo, desde abril de este año se enunció la implementación de un plan de protección colectiva para líderes sociales, cuya fase de pilotaje territorial apenas está por iniciar en Tumaco, Guapi, San José de Ureña y El Tarra, tal como lo destacó ayer el Ministro del Interior, Guillermo Rivera. Mientras tanto la estela de sangre parece incontenible. De otro lado, aún no es posible reconocer medidas de sanción que se hayan ejecutado contra autoridades gubernamentales ni a funcionarios públicos, como se estipuló en la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación desde junio del año pasado para la “protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen efectivamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. ¿Estaremos asistiendo como nación a una banalización de los asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos? Nuevamente el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en unas declaraciones públicas se refirió a estos crímenes; en esta ocasión, de manera irresponsable y sin pruebas contundentes pareció justificar el asesinato de Ana María Cortés al señalarla como presunta colaboradora de un grupo armado en la región de Antioquia. Una clara revictimización de esta lideresa del municipio de Cáceres. De otro lado, la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático ha manifestado que estos homicidios tienen que ver por el aumento de actividades ligadas al narcotráfico, desconociendo que en algunos casos de esta violencia selectiva se debe a que líderes comunales vienen impulsando los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito derivados del Acuerdo de paz de La Habana, mientras desde la campaña del ahora presidente electo, Iván Duque, y de su plan de gobierno se ha establecido la ‘imperiosa necesidad’ de la erradicación forzosa. Este crítico panorama de victimización de líderes sociales se presenta en un periodo de transición de Gobierno, ad-portas del retorno del uribismo quienes han estigmatizado a defensores de Derechos Humanos y sectores políticos alternativos, y ante el cierne de un torpedeado proceso de implementación de Acuerdos de paz. Si bien la falta de medidas coordinadas de acción institucional para garantizar las labores de los líderes sociales en los municipios y, ante todo, su vida, junto con la banalización discursiva de políticos y funcionarios de alto nivel nos haría caer en un continuum de violencia donde se sigue revictimizando a los líderes sociales.

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares El Gobierno Colombiano ha dado a conocer el informe sobre deforestación en Colombia. La cifra es sencillamente increíble. Fueron deforestadas 219.000 hectáreas de bosque, lo que supone un aumento del 23% con respecto a 2016, año en el que la cifra llegó a poco más de 178.000 hectáreas. Otro de los datos es que al dividir el país en regiones naturales, se observa que en prácticamente todas disminuyó la deforestación, menos en la región amazónica, donde aumento vertiginosamente. En la andina se pasó en 2016 de 45.000 hectáreas deforestadas a poco más de 37.000 en 2017. En la región Pacífica, se pasó 29.000 a 13.000 hectáreas en el mismo periodo. En el Caribe, de 24.0000 a 15.000. En la Orinoquía permaneció estable en poco más de 9.000 hectáreas deforestadas en cada año. Pero la Amazonía pasó de 70.000 hectáreas deforestadas en 2016 a 144.000 en 2017. Una verdadera tragedia. Al desagregar más los datos, se logra ver que solo tres departamentos del país, ubicados en el sur, en lo que se conoce como la puerta de la región amazónica, tienen cerca de 130.000 hectáreas deforestadas en 2017. Además, cuatro municipios de estos departamentos concentran la mayoría de la deforestación del país con poco más de 70.000 hectáreas. A excepción de la Amazonía, en las demás regiones del país, la estrategia del Ministerio del Medio Ambiente y en general del Gobierno nacional, sumado a un proceso de educación social, han permitido disminuir la deforestación y comenzar a contrarrestar los efectos de la misma. Sin embargo, al indagar por la Amazonía y las razones del aumento de la deforestación se encuentran dos grandes respuestas con un trasfondo. Por un lado, miles de hectáreas de selva se destruyen para la praderización y con ello la acumulación de tierras. Durante el proceso de investigación, se encontró que trabajadores foráneos llegan a zonas de frontera agrícola, armados con motosierras, para destruir selva. Luego proceden a cercarla y meten algunas vacas para disimular el acaparamiento de tierras. Una segunda explicación de la deforestación se refiere a la expansión de los cultivos de uso ilícito. Igualmente, cientos de hectáreas han sido destruidas para sembrar coca. La cifra de Naciones Unidas indica que Colombia estaría con poco más de 176.000 hectáreas de hoja de coca, la más alta de la historia. El trasfondo es la corrupción. Todo parece indicar que la mayor deforestación en el 2017 obedece al acaparamiento de tierras. En estas zonas antes dominaba la guerrilla de las FARC. Ellos regulaban, eran como los jueces en estos territorios. Por ejemplo, dentro de las normas sociales que imponían, los foráneos no podían comprar tierras, una familia solo podía tumbar una hectárea de selva cada tres meses, la mitad era para cultivos de pancoger [conforme a la reforma rural] y la otra mitad para sembrar hoja de coca. Ahora, con la dejación de armas de esta guerrilla, el caos se tomó gran parte de la ruralidad colombiana. Campesinos del Guaviare indican: «La semana pasada llegaron 30 trabajadores a tumbar selva y no los conocemos, dicen que vienen de parte de los patrones». En tan solo unos días se alcanzan a destruir hasta 100 hectáreas de selva amazónica. Por esa misma zona, también se destruyó selva para hacer una trocha o carretera no pavimentada. Se le denomina La Trocha multimodal que va del municipio de Calamar hacia el municipio de Miraflores. Al preguntar a los campesinos por la trocha y los patrones, dicen que esa fue una promesa de campaña política y todo indicaría que detrás del acaparamiento de tierras estarían políticos y ganaderos de la región, obviamente con testaferros. Además, las entrevistas y el trabajo en campo también indican una fuerte corrupción por parte de la Fuerza Pública en la región. Las imágenes son desoladoras y las autoridades judiciales poco hacen ante esta tragedia. Publicada en El País

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes. El ABC de las polémicas de esta semana. A. #NosEstánMatando. Se dispara el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos B. Trump quiere invadir Venezuela ¿Cuál es la postura del gobierno colombiano? C. Mockus se queda.Por segunda vez, Antanas Mockus gana su curul en el senado.

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca. El 6 de julio a las 6pm en todas las plazas públicas del país habrá una velatón en conmemoración de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos ¿Qué está pasando? “Después de la firma del acuerdo, hay una avalancha de muertes impresionaste. Algunos marcamos el acuerdo de paz como el punto de partida, y otros toman línea de tiempo distintas” @LeonVaLenciaA @parescolombia — LAUD ESTEREO (@LaudEstereo) 5 de julio de 2018 «Se tiene un sistematicidad en la condición de las víctimas, la actitud crítica, de activismo sociales y mejores condiciones de vida” @LeonVaLenciaA @parescolombia — LAUD ESTEREO (@LaudEstereo) 5 de julio de 2018 «El gobierno ha desvalorado la connotación política y social de estas muertes” @LeonVaLenciaA @parescolombia — LAUD ESTEREO (@LaudEstereo) 5 de julio de 2018 “Hay gente que está contra los cambios, las ideas nuevas, en contra de líderes sociales” @LeonVaLenciaA @parescolombia — LAUD ESTEREO (@LaudEstereo) 5 de julio de 2018 “Este año se ha crecido de una manera bárbara el asesinato. Está la muerte de ayer de la Ana María Cortes, que tiene un significado trágico, una persona que tuvo una posición notable en la campaña pasada” @LeonVaLenciaA @parescolombia — LAUD ESTEREO (@LaudEstereo) 5 de julio de 2018 “Hay una indiferencia social y eso se volvió normal, es muy triste. Es agobiante lo que esta sucediendo” @LeonVaLenciaA @parescolombia — LAUD ESTEREO (@LaudEstereo) 5 de julio de 2018 Se envalentonó aún más la derecha y arreció el asesinato de líderes sociales y políticos — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de julio de 2018 157 líderes sociales han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz, 46 de ellos en lo corrido de este año, un asesinato cada 3 días, ante un Estado incapaz de brindar seguridad y una sociedad indiferente — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de julio de 2018 “El Estado no quiere preguntarse por los móviles, por los actores intelectuales. Al Estado le da miedo enfrentar esa realidad” @LeonVaLenciaA Sobre homicidio de líderes sociales #DebateHora20 de @CaracolRadio https://t.co/1eD9dkVZOF — Hora 20 (@Hora20) 6 de julio de 2018 Sobre homicidio de líderes sociales: “Los primeros interesados en matar a los líderes sociales son los que se ven afectados con la reclamación de tierra” @LeonVaLenciaA #DebateHora20 de @CaracolRadio https://t.co/1eD9dkVZOF — Hora 20 (@Hora20) 6 de julio de 2018 Sobre homicidio de líderes sociales: “Vale más capturar a un actor intelectual que cien sicarios, lamentablemente no hay voluntad del Estado. Hay muchos intereses” @LeonVaLenciaA #DebateHora20 de @CaracolRadio https://t.co/1eD9dkVZOF — Hora 20 (@Hora20) 6 de julio de 2018 Sobre homicidio de líderes sociales: “Me ha llegado información que dice que entre los actores intelectuales hay gente con poder. La información que recibimos es dolorosa” @LeonVaLenciaA #DebateHora20 de @CaracolRadio https://t.co/1eD9dkVZOF — Hora 20 (@Hora20) 6 de julio de 2018

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad-Pares En una puja, más política que judicial, se enfrentaron el partido Opción Ciudadana, representado por el cuestionado abogado José Manuel Abuchaibe Escobar, y el segundo senador más votado en las elecciones del 11 de marzo de 2018, Antanas Mockus. Este caso puso de nuevo al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la palestra pública, teniendo en cuenta que la demanda presentada por el jurista Abuchaibe buscaba quitarle la curul al senador electo Mockus. El magistrado encargado de presentar la ponencia en contra de Mockus fue Luis Bernardo Franco del Partido de la U. Dicha ponencia recibió duras críticas por parte de la ciudadanía, reconocidos juristas y hasta del procurador Fernando Carrillo, quien solicitó al CNE decretar pruebas adicionales que, según el ente de control, no se tuvieron en cuenta para la estructuración de la ponencia y que demostrarían que no existe inhabilidad alguna para que el congresista electo pueda ocupar su curul. En medio de este pulso, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares hizo un recuento sobre el abogado demandante, su cercana relación con el Clan de “La Gran Alianza” de La Guajira, conformado por los exgobernadores Jorge Eliecer Ballesteros Bernier, Francisco “Kiko” Gómez y Oneida Pinto, así como con el representante a la Cámara Antenor Durán Carrillo. Conviene resaltar que, en 2014, Gómez fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, y en 2016 fue condenado por los homicidios de Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz y su escolta Wilfredo Fonseca. En 2016, sin haber terminado su primer año como gobernadora, fue anulada la elección de Oneida Pinto a la Gobernación por doble militancia. Y actualmente, es investigada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos durante su gestión como alcaldesa del municipio de Albania. Sin duda, las relaciones laborales, familiares y de amistad no son motivaciones suficientes para señalar la probidad de una persona. No obstante, lo que sí resultó sospechoso es que los intereses políticos se vieran reflejados en las decisiones judiciales y legislativas. Dentro de los diferentes acercamientos del abogado Abuchaibe con el congresista Antenor Durán Carrillo, existe también una cercanía directa del Clan “La Gran Alianza” con la elección de la actual presidenta del CNE, Yolima Carrillo. La Fundación Paz y Reconciliación había denunciado en el 2016 que la magistrada Carillo está cuestionada por ser sobrina del Representante a la Cámara Antenor Durán Carrillo, y por haber resultado favorecida en la repartija de cargos departamentales dentro de la gobernación de Oneida Pinto. Su esposo, Eugenio Benjumea; y el sobrino del representante Durán, José Alberto Durán Rodríguez, fueron nombrados por Pinto como secretarías Privada y de Hacienda, respectivamente. Justo en el momento en el que el jurista Abuchaibe defendía a Oneida Pinto ante sus cuestionamientos en el cargo. Sin embargo, en una audiencia pública del 4 de julio que no duró más de una hora, la Sala plena del CNE, con seis votos en contra y dos a favor, negó la ponencia del maigstrado Franco. Los magistrados que votaron a favor de la ponencia que inhabilitaba a Mockus fueron Bernardo Franco y Felipe García; mientras que, Yolima Carrillo, Gloria Inés Gómez, Ángela Hernández, Armando Novoa, Héctor Elí Rojas y Alexánder Vega, la rechazaron. Antes de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral, cinco abogados le enviaron una carta al CNE solicitando que declararan nula la elección de Antanas Mockus como Senador de la República, entre los cuales se encontraba el reconocido jurista Abelardo de la Espriella. Al final, la sala plena del CNE no acogió la carta de los cinco abogados, ni la ponencia del magistrado Luis Bernardo Franco ni mucho menos los intereses de Abuchaibe y la magistrada Carrillo. Antanas Mockus, por ahora, se queda. Falta un último paso en que los magistrados deben votar a favor para que Mockus se pueda posesionar como senador el próximo 20 de julio.

Por: Viviana Villa, Investigadora Conflicto, paz y postconflicto-Pares La era de los datos masivos pone en cuestión las formas como construimos narrativas o historias sobre lo que pasa. Fenómenos como Wikileaks o The Panama Papers parten en dos el modo de contarnos. Sin embargo, en Colombia la revolución digital y la implementación de herramientas similares para producir incidencia política que conduzca a la identificación y judicialización de responsables aún está en pañales. La creación de herramientas digitales de información para el análisis de sistemas de complejidad dinámica, como los crímenes de sistema ocurridos en el conflicto armado, aún suena a chino, incluso entre la comunidad más informada cuya solución más común a estos retos son las bases de datos relacionales, como las que pueden encontrarse en el Sistema de Información de Justicia Transicional (SIJT) o el sistema de Estadísticas en Justicia (SEJ), desde las que tradicionalmente se han estructurado los datos a nivel nacional. En el libro Big data, la revolución de los datos masivos, Víktor Schönber­ger junto a Kenneth Cukier escriben.  “Los datos pueden revelar secretos a quienes tengan la humildad, el deseo y las herramientas para escuchar”. La sola idea de indagar en un archivo de Excel con más de mil filas desanimaría al gran porcentaje de la población colombiana. Los datos y las hojas de cálculo funcionan como fichas forenses de la realidad: ofrecen detalles, pero reconstruir las verdades requiere trabajo, requiere construir sistemas de información para el análisis de contexto.  Cuando me acerqué a este tipo de investigación, me identifiqué con una especie de arqueóloga digital que se inventaba formas extrañas para rescatar y relacionar información que de otra forma seguiría sepultada en archivos inconexos. El potencial de los datos despertó millones de preguntas: ¿Qué entendemos por verdad judicial o verdad histórica? y ¿Cómo desarrollar una metodología y un sistema para construirlas?, ¿cómo usar el periodismo de datos y el acceso a herramientas digitales para hacer hablar las tablas en el Excel y traducir su mensaje? Por otra parte, me inquietaba ese asunto de construir “La Verdad” con mayúsculas a partir de un universo de datos estadísticos agregados que no permitían construir hipótesis explicativas o decantarme por una perspectiva que reconociera el papel de las narrativas y los relatos como múltiples versiones de los hechos y que se enfrentaría igualmente, al problema de la recopilación, análisis y contraste de los mismos para establecer patrones. Lo anterior implicó reconocer que por una parte, es imposible construir “la Verdad” con mayúsculas y por otra parte, se hace necesario aceptar que “las verdades” que buscamos emergen solo en la interconexión de estas múltiples versiones de los hechos contrastadas con información sobre los elementos objetivos que interactúan en los mismos y que pueden ser rastreadas en los millones de datos que se recogen diariamente a través de distintos sistemas de información. En este momento la complejidad de la tarea comenzaba a desbordarme. Para esa época tuve la suerte de encontrarme con la voz de León Valencia, quien venía haciendo la tarea desde hace mucho tiempo y con la ayuda de un equipo interdisciplinario de 20 investigadores que combinaron los poderes de las ciencias humanas, las ciencias de comunicación y el periodismo de datos. Con la comunidad lista para el juego nos aliamos en la aventura de desarrollar un sistema de información. Desarrollamos un modelo conceptual que hace posible el acceso a información pública y la construcción de bases de datos nuevas, con información recopilada de diferentes fuentes, para responder a una pregunta que urge en el postacuerdo y en el contexto de justicia transicional ¿Cómo construir análisis de contexto sobre crímenes de sistema ocurridos en el conflicto armado? Los datos permiten contar una historia en un gráfico, representar dinámicas de poblamiento, economías criminales o procesos de control territorial, pero sus formatos habituales en tablas de Excel requieren cavar, relacionar y traducir sus mensajes. Para lograr hacer que hablen los datos hay que modelar el fenómeno complejo con sus distintos elementos, o en otras palabras hay que dibujar un mapa conceptual, una red semántica que permita identificar sus relaciones. El modelo conceptual que desarrollamos conceptualizó los elementos y las relaciones como se muestra en el diagrama 1: Diagrama 1. Modelo conceptual. Sistema de información para el análisis de contexto sobre crímenes de sistema. Fuente: elaboración propia Fundación Paz y Reconciliación -Pares El modelo conceptual contribuye a la construcción de verdad histórica y judicial, ya que; les posibilita a los usuarios finales reconstruir las condiciones de modo, tiempo y lugar que confluyen en la comisión de los HECHOS VICTIMIZANTES (crímenes de sistema) en los que interactúan, AGENTES (personas u organizaciones); tanto participantes directos de las hostilidades  y otros tipos como terceros o agentes del estado. Esta interacción se produce mediante la comisión de un conjunto de actividades en las que se emplean diversos medios logísticos y se despliegan diversos patrones de macro y micro criminalidad y victimización que son desarrollados en CONTEXTOS (un área geográfica, un período de tiempo y unos factores estructurales de vulnerabilidad). Con esta funcionalidad el modelo se constituye como una herramienta digital tanto para jueces, fiscales como investigadores, representantes de víctimas y comisionados podrán basarse en el análisis de casos emblemáticos o cargar en el sistema casos y hechos específicos que están por esclarecerse en procesos de verdad y judicialización. La resistencia narrativa la hemos construido usando las estrategias y técnicas propias de la revolución digital, combinando los saberes de múltiples disciplinas para crear herramientas automatizadas y metodologías que permitan capturar, relacionar, procesar y analizar la información para reconstruir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que operan en la comisión de los hechos victimizantes y los agentes que interactúan en los mismos. Las herramientas con las que se cuenta en la actualidad para la Justicia Transicional (sistemas de información y bases de datos) se encuentran limitadas para construir análisis de contexto e identificar patrones; por dos razones: En primer lugar, frente a la información semiestructurada, almacenada en bases de datos, esta se encuentra fragmentada y a pesar de los esfuerzos institucionales, aún se mantienen bajos niveles de interoperabilidad. A lo sumo es posible acceder a datos agregados para establecer análisis estadísticos.  En segundo lugar, frente a la información no estructurada compuesta por declaraciones, sentencias y versiones libres, entre otros, no existen en el país sistemas de información que permitan capturar, procesar y contrastar este tipo de documentos semi automáticamente. Con el modelo conceptual y el sistema que tenemos entre manos creemos poder solucionar estos problemas porque: El modelo permite construir cartografías sobre las dinámicas de los hechos victimizantes y georreferenciar los territorios a nivel micro territorial a partir del cruce de fuentes estructuradas como las bases de datos del IGAC y fuentes no estructuradas como los relatos compilados en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este es uno de los mapas que produjimos para analizar el caso de la masacre de Bahía Portete, en próximas publicaciones ampliaremos la información sobre las ventajas de construir este tipo de georreferenciación: Mapa 1. reconstrucción de la localización detallada de los Hechos Victimizantes ocurridos en el caso de la Masacre de Bahía Portete. Fuente: elaboración propia El modelo hace posible reconstruir las redes de relaciones de los distintos agentes y organizaciones que interactúan en los hechos y esto permite identificar recurrencias, patrones, alcance e identificar las agrupaciones de distintos actores e intereses en torno a ciertas variables. Como ejemplo de esto presentamos uno de los grafos desarrollados usando las categorías de análisis del modelo conceptual para modelar un fragmento de las redes que interactuaron en la masacre de Bahía Portete solo en torno a uno de los victimarios, Arnulfo Sánchez: Paramilitar, comandante del frente de contrainsurgencia Wayuu. En compañía de 50 paramilitares y uno que otro militar “estatal” o agente del estado, que los dejo transportarse libremente por la zona y no parar en retenes, etc. Entraron a la comunidad Wayuu cuando las mujeres estaban solas y fueron casa por casa realizando lo que hemos conceptualizado como “masacre difusa”. Concepto que por lo demás no existe en el código penal. Es decir que en Colombia aún se siguen juzgando las masacres como homicidios, en el mejor de los casos agravados… pero eso sí. En la sentencia no aparece en ningún lado la referencia a que la tortura fue específicamente sobre mujeres, lideresas de la comunidad. Además, la tortura fue de tipo sexual, atacando sus órganos genitales y mutilándolas. Por otra parte, los cuerpos fueron expuestos, humillados y empalados públicamente para socavar el centro de esta comunidad: la mujer y su sagrada relación con el entierro de los muertos. ¿cómo modelar los niveles de análisis superpuestos en esta narrativa?, las redes semánticas presentan un panorama prometedor. Después de todo que es el lenguaje sino un modelo, una simulación de las distintas relaciones entre entidades, agentes y escenarios (eventos). Red 1. Fragmento de complejidad 1 en torno al nodo (agente < (persona: “Arnulfo Sánchez”). Caso masacre Bahía Portete. Fuente: elaboración propia La complejidad 1 contiene: 19 relaciones. 8 agentes: 2 organizaciones y 16 personas diferenciadas en víctimas, perpetrador grupo paramilitar, perpetradores militares de las fuerzas armadas de Colombia, colaboradores, autores intelectuales y financiadores. A esta red se le puede superponer la capa de contexto territorial para identificar, por ejemplo; cómo estaba concentrada la tierra para ese periodo, cuáles eran las matrículas inmobiliarias, entre muchos otros atributos definidos en el modelo conceptual de datos geográficos. En suma, a las estrategias de resistencia para reescribir la historia del conflicto armado en Colombia, se suma este modelo conceptual que diseñamos en la Fundación.

Por: Mónica Olmedo, Investigadora Conflictos asociados al desarrollo-Pares En Colombia existen 59.311.350 hectáreas de bosque natural que equivalen al 52% de la superficie continental e insular. El país se encuentra en el puesto 10 en el ranking de países con la mayor pérdida de hectáreas de bosques para 2017. El monitoreo evidencia que la región amazónica, que ha concentrado históricamente los parches o zonas de deforestación del mayor tamaño, es la más afectada a nivel nacional. El 58.4% de la deforestación nacional provino del núcleo de deforestación localizado en esta zona, de acuerdo con el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Entre las causas de la deforestación se señala la praderización (Incremento de la superficie de tierra cubierta con pastos con fines ganaderos), la expansión de los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, la ganadería extensiva, la extracción de madera, y también, la extracción ilícita de minerales. De acuerdo con este último reporte, los departamentos con la mayor área deforestada fueron Caquetá, Guaviare y Meta, seguidos por Antioquia, Putumayo y Chocó. En conjunto estos territorios concentran el 81% de la deforestación nacional.  A nivel municipal los más afectados fueron San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare y La Macarena. Para estos municipios, entre 2016 a 2017 se presentó un incremento de la superficie deforestada de más del 100%. Las áreas protegidas no se libran de este fenómeno. El área de bosques también se redujo en territorios que son parte del Sistema de Parques Nacionales. La deforestación en dichas áreas representó el 5% del total nacional, las más afectadas fueron la Sierra de la Macarena, Tinigua y Paramillo. Las quemas como medio de transformación de los bosques en amplios territorios tuvieron un impacto importante en los ecosistemas del país en 2017. Mientras que en 2016 se deforestaron por incendios 72.416 hectáreas, para 2017, hubo un aumento de más del 50%, las quemas generaron la pérdida de 136.633 hectáreas de bosque. ¿Qué se está haciendo para evitar la deforestación? Frente a esta problemática ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente ha emprendido acciones en el marco de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques “Bosques territorios de vida”. Se plantean las siguientes cinco líneas de acción: La gestión sociocultural de los bosques y la conciencia pública El desarrollo de una economía forestal y el cierre de la frontera agropecuaria, a través de la contención de la frontera agropecuaria y de la deforestación La gestión transectorial del ordenamiento territorial y las determinantes ambientales, es decir, planificar la utilización del territorio teniendo en cuenta un manejo diferencial de los diferentes paisajes. Monitoreo y control permanente que permita la administración eficiente de los recursos forestales Generación y fortalecimiento de capacidades legales, institucionales y financieras, para dotar a la administración de instrumentos para la reducción y control de la deforestación. Algunos avances significativos en 2017 son la elaboración de proyectos con comunidades étnicas y campesinas, la organización de mesas forestales departamentales, el desarrollo normativo, el apoyo a unidades forestarías comunitarias, a cadenas productivas con acuerdos de cero desforestaciones, y la creación del Sistema Nacional de Información Forestal, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono y el Inventario Forestal Nacional.  Pese a estas acciones, el nivel de deforestación registrado en 2017 supera los registrados desde 2011. Las proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente, y las alertas tempranas registradas en el año en curso apuntan a un aumento de la afectación de los bosques.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad-Pares Casi 30 años tuvieron que pasar para que el estatuto de oposición que se estipuló en la constitución del 91 se pusiera en práctica. Gustavo Petro y Ángela María Robledo, candidato presidencial y vicepresidencial de la Colombia Humana, serán los primeros en ocupar una curul en el senado y la cámara, respectivamente, como oposición. ¿En que consiste? La historia La Constitución de 1991 dejó expreso en su contenido la necesidad de crear un estatuto de la oposición. El artículo 40 consagra la oposición como un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. El capítulo 3 (Estatuto de la Oposición), artículo 112, establece que “el candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el periodo de la correspondiente corporación”. Sin embargo, el estatuto no había podido ser tramitado en el Congreso luego de 27 años y 11 intentos. Fue gracias al Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y la exguerrilla de las FARC, que se estableció dentro de sus disposiciones la necesidad de que se tramitara. El texto presentado al Congreso del fast-track estuvo fundamentado, además, en las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos que conformaron la Misión Especial Electoral, creada en agosto de 2016. Luego de su paso por Cámara y Senado, el 25 de abril de 2017 el estatuto de la oposición pasó con mayorías, y fue remitido ante la Corte Constitucional, la cual envió recientemente el visto bueno del texto a la Presidencia para su sanción. El único artículo declarado inexequible fue el relacionado con la facultad que tenía la Procuraduría para hacer un balance anual de los derechos de la oposición. Según el concepto de la Corte Constitucional, dicha facultad la tiene exclusivamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). El estatuto se consagra en los principios fundamentales de la paz, la democracia, la libertad de expresión y la diversidad étnica, así como el componente transversal del principio de equidad de género. La oposición reglamentada A manera general, el estatuto aprobado determinó que los candidatos a Presidencia y Vicepresidencia que obtengan el segundo lugar en las elecciones tendrán derecho a ocupar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, con asiento en las comisiones primeras y derecho a ocupar las primeras vicepresidencias. Conviene subrayar que, no solo aplica para comicios presidenciales; también se aplica para Gobernaciones, en donde el que quede de segundo ocupará un asiento en la Asamblea departamental; al igual que en Alcaldías, puesto que, quien quede de segundo, ocupará un puesto en el Concejo. De hecho, los partidos y movimientos políticos con personería que decidan declararse en oposición, podrán hacerlo en cualquiera de los diferentes niveles de gobierno. Es decir, mientras una fuerza política en el Congreso sea oposición del Gobierno nacional, al mismo tiempo puede ser gobierno en lo local y regional con oposición del partido de gobierno nacional. Así pues, “las que tengan representación en el Congreso de la República lo podrán hacer frente al Gobierno nacional. Las que tengan representación en las asambleas departamentales lo podrán hacer frente a la respectiva administración departamental. Las que ostenten representación en los concejos municipales y distritales lo podrán hacer frente a la respectiva administración municipal o distrital”. Este último punto tendrá como prueba de fuego las elecciones locales del 2019, puesto que los problemas de gobernabilidad serán cada vez más complejos debido a las negociaciones entre las corporaciones nacionales y locales, sus relaciones con los diferentes niveles de gobierno, y el talante en el que se declaren los movimientos y partidos políticos para cada caso. ¿Quiénes pueden ser oposición? En ese sentido, son sujetos aplicables del estatuto de la oposición los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular. Si bien el estatuto plantea que dichas organizaciones políticas “deberán modificar sus estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración política antes del veinte (20) de julio de 2018”, los partidos y movimientos tendrán hasta un mes después de posicionado el nuevo gobierno para declararse en oposición, como independientes o como organización de gobierno. En suma, desde el 7 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2018 los partidos y movimientos estarán obligados a realizar una declaración pública sobre su condición. Dicha declaración deberá realizarse en todo nivel territorial (departamental, distrital y municipal) ante el Consejo Nacional Electoral, o en su defecto, ante la Registraduría Distrital o Municipal, según corresponda, para que se les liquide un 5% de financiación adicional y se les dé derecho a tener espacios en los medios de comunicación contemplados para comentar las acciones del Gobierno que consideren. Sin embargo, “de presentarse modificación a la declaratoria de oposición al Gobierno nacional por parte de alguna organización política, la misma deberá devolver los dineros no ejecutados al Fondo Nacional de Financiación Política”, así como no “podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los doce (12) meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición (o independientes) quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales (…) y quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no”. Por ejemplo, si el excandidato a la presidencia Sergio Fajardo, avalado por el partido Alianza Verde, buscara hacer parte del gabinete de Gobierno del presidente electo Iván Duque, no podría hacerlo en el caso de que el partido Verde decidiera declararse en oposición o independencia del Gobierno. Para ello, tendría que retirarse de la Coalición Colombia y esperar 12 meses como mínimo para posicionarse en un cargo de gobierno. Otro caso ejemplarizante, es el que sucedió con la excandidata vicepresidencial y exministra de trabajo Clara López. En su momento, al pertenecer al Polo Democrático, López no podría haber participado del Gobierno nacional teniendo en cuenta que su partido hacía parte de la oposición del gobierno de Juan Manuel Santos. Esto, si el estatuto hubiera entrado a regir en el 2014. Por su parte, las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. Lo que significa que, mientras dure su mandato, no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes. Asimismo, quienes se declaren en oposición o independientes podrán cambiar de posición por una sola vez ante la Autoridad Electoral, lo que definirá, por ejemplo, la posibilidad de ocupar cargos públicos. El estatuto prohíbe al Gobierno la cooptación de los integrantes de la oposición mediante ofrecimientos a ocupar espacios oficiales. En razón de lo anterior, se establecieron sanciones para miembros de esos partidos que pretendan ser nombrados en cargos estatales. ¿Qué busca el estatuto? El objetivo general del estatuto está en garantizar a los partidos políticos contradictores del gobierno su plena participación ante las decisiones del ejecutivo. El Estado será el encargado de garantizar a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. Los miembros de la oposición podrán comunicar, publicitar, y determinar o controlar las acciones de gobierno. Podrán proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control a la gestión de gobierno. Según el estatuto, sus derechos son: 1) Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. 2) Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético. 3) Acceso a la información y a la documentación oficial. 4) Derecho de réplica. 5) Participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular. 6) Participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas. 7) Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos. 8) Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores. 9) Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular. 10) Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto. El estatuto establece un parágrafo adicional en el que también “se promoverán garantías y mecanismos de acciones afirmativas para que los partidos y movimientos sociales de los pueblos indígenas y afrodescendientes accedan a los derechos reconocidos”. Por ejemplo, cuando el presidente haga alocuciones oficiales en medios de comunicación que usan el espectro electromagnético (como televisión, radio), las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán en el transcurso de las siguientes 48 horas (en los mismos medios, con igual tiempo y horario) espacios para controvertirlo. Sin embargo, solo podrán hacerlo tres veces por  año. Las agrupaciones que se declaren independientes también de tres de los diez derechos garantizados a la oposición: 1) acceso a herramientas de comunicación de las corporaciones públicas; 2) participación en la comisión asesora de relaciones exteriores y 3) conformación de mesas directivas de los cuerpos colegiados, no obstante, solo a través de la postulación de candidatos. Los mecanismos contemplados para la implementación del estatuto son: 1) la acción de protección, de carácter judicial, ante la autoridad electoral, que comprende la toma de medidas cautelares para restablecer derechos vulnerados, la sanción administrativa para las entidades públicas o toda persona natural o jurídica que no permitan concretar las garantías establecidas, entre otras medidas; 2) disposiciones para evitar que el gobierno coopte a políticos que hayan pertenecido a grupos de oposición en el último año y 3) un esquema de seguridad para directivos y miembros, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Actualmente, la oposición estaría conformada en el Senado por la Alianza Verde (9), Decentes (3), Polo Democrático (5) y FARC (5). Además de los que obtengan las comunidades indígenas. Aún está pendiente por confirmar curules asignadas. A su vez, existen zonas grises. Se tendrán que precisar temas que generaron inquietudes como el derecho de réplica y el rol que tendrán que jugar los medios de comunicación privados, entre otros. Pero sobre todo, será clave la manera en que se lleguen a complementar las disposiciones del estatuto con las reformas que se tendrán que realizar a partir de las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE) en la próxima legislatura.

Por: Ariel Ávila, Subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares El tsunami electoral de 2018 sigue en América Latina, ya pasamos por Costa Rica, Colombia, hace algunas horas México y nos falta Brasil. En todos estos comicios hay dos temas que parecen transversales en la política del continente, son como dos fantasmas que están atravesando de norte a sur: el fantasma de Venezuela y el fantasma del radicalismo evangélico o iglesias Cristianas protestantes. En todos estos países ha sido común ver escándalos de corrupción cuyos principales exponentes han sido las élites gobernantes o lo que se podría denominar el establecimiento: Odebrecht en casi todo el continente, el cartel del SIDA en Colombia, el exgobernador Duarte de Veracruz en México, son ejemplos de esta situación. Además situaciones de inequidad social, violencia y crimen permanente han hecho que buena parte de la sociedad pida cambios a gritos. Esta crisis en los sistemas políticos ha provocado pavor en las élites gobernantes, que han utilizado dos tipos de aliados para mantenerse en el poder, por un lado el fantasma de Venezuela y el castro-chavismo, y por otro, han agitado los cimientos morales de la sociedad judeocristiana, para llamar a defender valores  religiosos en contra de todo aquel que sea diferente. Con respeto al castro-chavismo la idea es de una simplicidad impresionante, pero terriblemente eficaz: todo político, líder social que ose cuestionar el statu quo es castro-chavismo y su fin es volver a cualquier país como Venezuela. Es de tal magnitud esta campaña negra, que a cualquier reforma política, agraria o social le acusan de ser populismo de izquierda y la bloquean, cualquier reforma incluso las más capitalistas. En el tema de los valores morales, la lógica es un poco más complicada, pero funciona bastante bien: la idea es que los mayores derechos a minorías sociales son causantes de lo que varios pastores cristianos llaman “libertinaje”, de tal forma que cualquier garantía de derechos a la mujer o minorías sexuales provocará que los niños y las niñas por arte de magia se vuelvan homosexuales y por ende lo mejor es restringir derechos y que todo se maneje bajo la mano dura. En últimas las dos estrategias se basan en que la sociedad viva con miedo, muertos de pánico y que voten con ese sentimiento. Sin embargo, a medida que se suceden los hechos, lo que se comprueba, es que la amenaza para las democracias del continente no necesariamente son los outsiders, sino más bien es el propio establecimiento, que ante su inmovilidad social, política y económica, pone el riesgo el sistema político en general. Así por ejemplo, en Costa Rica, en la primera vuelta ganó un  pastor fanático cristiano con un discurso del miedo, pero luego perdió en segunda vuelta, cuando mucha población salió a votar contra este político. La población rápidamente entendió que sus propuestas eran desquiciadas, incluso llegó a hablar de centros para “reformar” a los gay. Menos mal la población despertó. En México a Andrés Manuel López Obrador o AMLO, le aplicaron la misma dosis desde 2006, cuando aspiró por primera vez a la presidencia, lo acusaban de ser populista de izquierda y castro-chavista. Sin embargo, esta vez no funcionó. La sociedad Mexicana despertó, y a diferencia de 2006 y 2012, esta vez no votó con miedo sino con rabia contra la vieja clase política que la representa el PAN y el PRI. Con más de 20 puntos de ventaja, y con al menos 5 de las nueve gubernaturas en disputa, AMLO y su coalición liderada por el partido Morena logró una votación increíble, se quedaron incluso con el estado de Veracruz, el tercero más poblado de México y debido a su potencial turístico y empresarial lo han denominado la joya de la corona. Para muchos analistas el sentimiento no es rabia, sino deseo de cambio, pero lo cierto es que en México se respiraba un odio a la vieja clase política y un rechazo inmenso a las viejas prácticas clientelistas del PRI y del PAN. Y contra eso salió a votar la población. En Colombia la gente votó con miedo, el fantasma del castro-chavismo logró su objetivo e igualmente el voto cristiano llegó unido en las presidenciales. En el 2022, sabremos si el miedo sigue ganando, o nos vamos a votar con rabia, como en México; o la otra opción poco probable, es que las élites lideren un proceso de reforma agraria, política y social y logren controlar el descontento. Amanecerá y veremos.

Por León Valencia, Director de la Fundación paz y reconciliación-Pares La izquierda tiene el reto de darle a la derecha uribista una lección civilizatoria, una lección democrática, una lección de lealtad a las instituciones. Qué aprendan como se hace oposición leal y legal. Qué aprendan como se hace oposición sin puñaladas traperas. Que aprendan como se hace oposición respetando y alentando la reconciliación, la defensa del país en el exterior, la causa de la paz y la seguridad. Por ahí derecho la izquierda le mostrará al país como será un eventual gobierno suyo. Porque hay una ley de hierro en la política: una fuerza se comporta en el gobierno como lo hace en la oposición. Se me revuelve todo por dentro, en el corazón y en la conciencia, cuando oigo a los uribistas hablando de unidad del país, de respeto a las reglas, de legalidad, del que la hace la paga, de la verdadera paz, de doblar la página de la polarización. Me tengo qué decir calma… Serena el espíritu… No puedes ser como ellos. Los uribistas transgredieron todas las normas de la oposición democrática. En la política exterior, revolviendo las aguas cuando estábamos en el grave litigio con Nicaragua, con el miedo a perder San Andrés y Providencia; o deambulando en los foros internacionales tratando de poner freno a la inversión económica o a la cooperación con toda clase de argumentos desproporcionados e injustos; o envenenando aún más las difíciles relaciones que hemos tenido con Venezuela en los últimos años. En la búsqueda de la paz y la conquista de la seguridad interna. No hablo de las críticas a las negociaciones de la Habana, no hablo de la necesaria controversia que debía despertar la compleja tarea de terminar una guerra de más de cincuenta años. Hablo de la conformación de aparatos clandestinos para capturar información reservada de las conversaciones y difundirla, de la filtración de coordenadas secretas cuando el traslado de los negociadores de la guerrilla, de las mentiras descaradas sobre el proceso. Hablo de algo que nadie había hecho… El intento de dividir a las Fuerzas Armadas, estableciendo relaciones indebidas con algunos mandos y alentando la confrontación a su interior entre sectores retirados opuestos a la paz que hablaron en algún momento de darle un golpe de estado a Santos y la cúpula en ejercicio que, en medio de las dificultades, respetó la negociación y cumplió a cabalidad con el desescalamiento del conflicto. En el respeto a las tareas humanitarias en medio de un conflicto desgarrador. Quizás la labor más noble, la más justa, fue la de empezar el reconocimiento y la reparación de las víctimas y, ni en esta causa, hubo lealtad de los uribistas. No tuvieron la más mínima consideración con la ley de víctimas y restitución de tierras. Se fueron a lugares clave, donde paramilitares y grandes propietarios se habían aliado para arrebatarles la tierra a sangre y fuego a los campesinos pobres, se fueron a manifestaciones para defender a los despojadores y fue en ese momento donde Uribe proclamó a voz en cuello “La resistencia civil”. No digo más para no cansarlos. En contraste con ese tipo de oposición, la izquierda tiene que ponerse bajo el paraguas del Estatuto de Oposición y reclamar su derecho a la réplica en cada episodio de controversia, hacer un férreo control político desde el Congreso, acudir a la Comisión de Relaciones Exteriores a plantear sus ideas sobre la marcha de nuestra política externa y actuar hacia el exterior como nación. Tiene que tratar con toda responsabilidad y respeto a las Fuerzas Militares y de policía en su díficil tránsito a la reconciliación, defender la paz apegándose al ordenamiento jurídico y obligando a que los uribistas recorran el camino de la constitución y de la ley para deshacer los acuerdos, algunos de ellos convertidos en artículos de la constitución o en obligaciones legales tramitadas con celo ante la comunidad internacional. Tiene que acudir a la protesta ciudadana pacífica sin las grandilocuencias de la “Resistencia Civil” sólo para buscar justicia, sólo para que se cumplan las obligaciones del Estado, sólo para fortalecer la democracia con una presencia de los ciudadanos en las calles y en la vida pública. Veremos si el presidente Duque y el uribismo respetan la oposición democrática o se comportan de la manera ilegal y tramposa como se comportaron cuando estaban en la orilla de la oposición al gobierno de Santos.