Por Óscar Iván Pérez H, Investigador de Conflictos asociados al desarrollo-Pares La historia de La Macarena ha estado marcada por la violencia. En diciembre de 1954 un reducido número de colonos compuesto inicialmente por una sola familia, los González, llegó a la región en busca de refugio contra la violencia desatada por el enfrentamiento entre conservadores y liberales. A mediados de la década de 1970, cuando el municipio había crecido en habitantes por el impulso que dieron el comercio de pieles de tigrillos y jaguares y el turismo con grupos pequeños de extranjeros, llegó la bonanza de la economía cocalera y, una década después, el auge maderero. Más adelante, en la presidencia de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), La Macarena hizo parte del corazón de la zona de distensión cedida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante las negociaciones de paz, decisión que permitió el aumento de los cultivos de coca y la victimización de sus habitantes. En este periodo, a los visitantes no se les permitía ingresar a la región sin un permiso previo de la guerrilla, la nueva autoridad, so pena de ser secuestrados o asesinados. Hoy, aunque el orden público se ha normalizado y la economía ha virado hacia actividades legales, el municipio sigue estando aislado. Recorrer los 224 km que separan a La Macarena de Villavicencio, la capital del departamento del Meta, toma 1 hora, si es por aire, o 15 horas, si es por tierra, debido al mal estado de las carreteras y a la inexistencia de un vía que los conecte directamente. El aeropuerto de La Macarena carece de una torre de control moderna y es poco más que una pista en el centro del municipio. Al bajar del avión, vehículos de tracción animal esperan a los visitantes para cargar sus maletas y llevarlas hasta los hoteles. La mayoría de sus calles son destapadas, en polvo amarillo, más transitadas por motos que por carros. De acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la pobreza del municipio atrapa al 80% de sus habitantes. “Al bajar del avión, vehículos de tracción animal esperan a los visitantes para cargar sus maletas y llevarlas hasta los hoteles”. Foto: @oscarivanperezfoto Actualmente, la economía de La Macarena se basa principalmente en la ganadería, la agricultura (arroz, sorgo, maíz, yuca y plátano, entre otros) y, sobre todo, el turismo, cuyo auge le está generando un despertar económico y social al municipio. Entre el 2012 y el 2017 el número de visitantes anuales del municipio pasó de 3.847 a 15.907, lo cual significó un crecimiento de 313,5%. Esta es una cifra bastante importante, si tenemos en cuenta que La Macarena cuenta con un total de 27.040 habitantes, 4.056 de los cuales reside en la cabecera. Desde luego, el despegue del turismo en la región se ha impulsado en las mejoras de seguridad logradas a partir del programa de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la implementación de iniciativas públicas como la estrategia de Turismo y Paz, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los visitantes llegan buscando principalmente Caño Cristales, más conocido como “el río de los cinco colores”, “el río más hermoso del mundo” o “el río que se escapó del paraíso”. Un poeta incluso lo llamó “el arco iris que se derritió”. De acuerdo con Lonely Planet –la editorial de viajes número uno a nivel internacional–, Caño Cristales es una de las 20 experiencias imperdibles en Colombia, país al que también catalogó en el 2017 como el segundo mejor destino para viajar en el mundo. Los visitantes llegan buscando principalmente Caño Cristales, más conocido como “el río de los cinco colores”, “el río más hermoso del mundo” o “el río que se escapó del paraíso”. Un poeta incluso lo llamó “el arco iris que se derritió”. Foto: @ungabrielmas. Las aguas cristalinas y poco profundas de Caño Cristales deben sus intensos colores amarillos, azules, verdes, negros y rojos a la macarenia clavigera, una planta acuática endémica que resurge en invierno, época en que el caudal de sus aguas aumenta. El río no alcanza los 100 km de longitud ni sobrepasa los 20 m de ancho, y es una sucesión continua de rápidos, cascadas, correones y pocetas que desembocan en el río Guayabero. En La Macarena las lluvias por lo general van de junio a noviembre, periodo que corresponde al lapso en que son permitidas las visitas a sus aguas. En “verano” (es decir, el resto de los meses del año), Caño Cristales está cerrado para evitar que el ecosistema sea deteriorado, así que sus habitantes se dedican a otras actividades, como la agricultura y la ganadería, y a prepararse para la próxima temporada turística. Aparte de apreciar su belleza, el plan en Caño Cristales consiste en realizar caminatas por cinco circuitos de piedra y plantas, que van de los 3 a los 15 km de extensión, lo que le permite satisfacer todo tipo de gustos y capacidades. Las caminatas en pequeños grupos son dirigidas por guías locales y llegan a puntos que concentran cantidades importantes de algas multicolor o en donde se forman piscinas o cascadas naturales que permiten al turista refrescarse del calor generado por una temperatura promedio de 29ºC. Estos sitios son ideales para comerse el fiambre que ha sido empacado en hojas de plátano para el almuerzo y que suele consistir en una porción de carne o pollo, acompañada de plátano, arroz y papa. Los residuos son guardados en las mochilas de los visitantes para ser botados en los hoteles, pues en los alrededores del río no se permite la disposición de basura orgánica ni mucho menos inorgánica. “El plan en Caño Cristales consiste en realizar caminatas por cinco circuitos de piedra y plantas, que van de los 3 a los 15 km de extensión, lo que le permite satisfacer todo tipo de gustos y capacidades”. Foto: @oscarivanperezfoto A fin de preservar el ecosistema, al visitante no se le permite utilizar cremas o bloqueadores para proteger su piel de los rayos del sol, razón por la cual deben ir con el vestuario adecuado: pantalones deportivos, camisetas manga larga y gorras o sombreros de ala ancha. De hecho, antes de iniciar cualquier actividad turística, a los visitantes se los lleva a la oficina de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA) para recibir una charla ambiental, que incluye una descripción de la fauna y la flora de la región y una explicación acerca de cómo cuidarla durante la visita. La belleza de Caño Cristales es innegable, claro está, pero no es la única en la Sierra de La Macarena. A su lado se encuentran otros destinos únicos, como lo son la Laguna del Silencio –depósito natural de agua dulce que, según los macareños, alberga boas gigantes en sus profundidades mudas–, el Raudal de Angostura –petroglifos precolombinos tallados sobre rocas en bajo relieve que narran la historia de los indígenas Tinigua–, y Ciudad de Piedra –enormes formaciones de rocas grises talladas durante siglos por la fuerza del agua–. Este último atractivo se abrió al público en 2017, gracias a la seguridad y el acceso a territorios antes vetados que ha traído el Acuerdo de paz. Ciudad de Piedra –enormes formaciones de rocas grises talladas durante siglos por la fuerza del agua–. Foto: @oscarivanperezfoto. A estos atractivos se llega aguas arriba o aguas abajo por el río Guayabero, que se erige como la avenida fluvial por donde los visitantes radicados en el casco urbano se mueven por la zona. Las canoas de un solo motor con capacidad para movilizar grupos de hasta 12 personas son piloteados por lugareños que, al igual que los guías turísticos, se han organizado en cooperativas para distribuirse de forma equitativa las oportunidades de negocio. Los desplazamientos por el río son acompañados por las mascotas de los motoristas que voltean sus cabezas de lado y lado para observar, junto con los turistas, la fauna del lugar: garzas, tortugas, monos, reptiles y, con un poco de suerte, delfines rosados. En cada atractivo turístico, los grupos de turistas son dirigidos por macareños que se han formado para desempeñarse como guías o expertos locales y recorren territorios en donde se ofrecen servicios complementarios, como lo son el alquiler de caballos para los desplazamientos o la venta de bebidas, mecato y almuerzos, como el sancocho de gallina en leña que ofrecen en la Laguna del Silencio. Por si fuera poco, en las noches los visitantes pueden apreciar atardeceres naranjas y morados, ver estrellas alumbrar en sus cielos despejados o disfrutar de una noche llanera, esto es, una fiesta amenizada con joropo en vivo, demostración de danza y aguardiente llanero, y alimentada con un plato de mamona con yuca, papa, plátano y guacamole. Los guías turísticos hablan de otros destinos hermosos que, aunque han sido frecuentados durante años por los locales, todavía no se abren al público, pues están siendo preparados para el turismo regular. Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORMACARENA –las autoridades turísticas y ambientales de la zona– son los encargados de adecuar los destinos para minimizar los riesgos de seguridad física y los impactos ambientales, y son quienes deben hacer respetar la capacidad de carga que se ha establecido para el municipio –es decir, la cantidad máxima de personas que se pueden recibir en un periodo de tiempo, sin que se generen daños irreparables al ecosistema–. En la Sierra de La Macarena, la capacidad de carga se estima en cerca de 500 personas por día, distribuidas en pequeños grupos que visitan de forma paralela y escalonada sus distintos destinos. “Antiguos cultivadores de coca, por ejemplo, están ingresando a programas de sustitución de cultivos o tomando cursos de capacitación con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para ser guías certificados y poder cambiar la actividad agrícola por la turística”. Foto: @oscarivanperezfoto. Las agencias de viaje y los operadores logísticos son los actores clave para garantizar que el sector de turismo incluya a las comunidades locales. Esto ocurre así porque concentran a los viajeros que en su mayoría llegan por aire y los distribuyen en grupos pequeños entre las cooperativas y las empresas locales para visitar en paralelo los distintos atractivos abiertos al público. Al proceder así, se procura que los prestadores de servicios de hospedaje, alimentación y transporte –terrestre y fluvial– participen de forma rotativa en el negocio, de tal forma que, al final de la semana o el mes, todos se hayan podido beneficiar de la actividad turística. Todos, incluso los agricultores, que venden sus productos como insumo para alimentar a los turistas, y la administración local, cuyas finanzas se ven fortalecidas por los impuestos que se pagan al ingresar al municipio. En el casco urbano los puestos de comercio al detal, los bares y los billares también son dinamizados por la billetera de los visitantes, quienes hacen compras antes de salir a recorrer la región o recorren sus calles por las noches. «Los desplazamientos por el río son acompañados por las mascotas de los motoristas que voltean sus cabezas de lado y lado para observar, junto con los turistas, la fauna del lugar: garzas, tortugas, monos, reptiles y, con un poco de suerte, delfines rosados». Foto: @oscarivanperezfoto El sector de turismo está generando una integración de iniciativas económicas de diverso tipo que permiten que las comunidades locales se inserten en la actividad y que encuentren, no solo una fuente de generación de ingresos y empleo, sino también una alternativa económica a los cultivos ilícitos y la extracción de petróleo. Antiguos cultivadores de coca, por ejemplo, están ingresando a programas de sustitución de cultivos o tomando cursos de capacitación con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para ser guías certificados y poder cambiar la actividad agrícola por la turística. “En cada atractivo turístico, los grupos de turistas son dirigidos por macareños que se han formado para desempeñarse como guías o expertos locales y recorren territorios en donde se ofrecen servicios complementarios, como lo son el alquiler de caballos para los desplazamientos o la venta de bebidas, mecato y almuerzos”. Foto: @ungabrielmas En La Macarena, desde luego, no todo es un “arco iris”. Hoy en día existe una dependencia marcada del turismo a Caño Cristales –a pesar de que cuenta con destinos y planes turísticos cuya belleza y posibilidad de disfrute son independientes de las lluvias estacionales–, y existe el riesgo de generarse daños ambientales si el control y la regulación estatal y comunitaria languidece o el lugar se abre al turismo masivo y de alto presupuesto. La salida de las FARC del territorio, además de seguridad a los habitantes y visitantes, ha dejado un vacío de autoridad en la zonas rurales que algunas personas están aprovechando para hacer negocio a costa de la preservación del medio ambiente. Finalmente, el destino debe fortalecer el bilingüismo principalmente de sus guías turísticos y realizar inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones, de manera que se reduzcan los costos del viaje y se mejore la conectividad con el mundo. Con todo y eso, la Sierra de La Macarena es un ejemplo que ilustra cómo el turismo comunitario puede promover el desarrollo sostenible y contribuir a la construcción de paz a nivel local, toda vez que articula la prosperidad económica, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental alrededor de una actividad emprendida por la comunidad y lo hace en un territorio con altos niveles de pobreza y una afectación histórica por el conflicto armado. En La Macarena, el turismo es una promesa que se está haciendo realidad. “El río no alcanza los 100 km de longitud ni sobrepasa los 20 m de ancho, y es una sucesión continua de rápidos, cascadas, correones y pocetas que desembocan en el río Guayabero”. Foto: @oscarivanperezfoto

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: ¿Qué pasará con la JEP? Ahí tienen Duque, con el objetivo de entorpecer, se había inventado que era necesario primero el pronunciamiento de la Corte sobre acto legislativo y ley Estatutaria de Jep para proceder a aprobar el reglamento y la Corte le dice que no es así, que dirán ahora los congresistas? — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de junio de 2018 Centro Democrático rechazó petición de ONU de darle trámite a ley de procedimiento de la JEP https://t.co/3mqS59Bpmd vía @elespectador — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 26 de junio de 2018 «El uribismo nunca ha estado de acuerdo con la justicia transicional, porque la justicia transicional lleva a todos los autores del conflicto a rendir cuentas» @LeonVaLenciaA #SemanaDebatePaz — Semana En Vivo (@Semanaenvivo) 27 de junio de 2018 La obsesión por acabar con la JEP ha llevado al uribismo a intentar perjudicar a los militares implicados en violaciones a lis derechos humanos y al DIH en medio del conflicto — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 27 de junio de 2018 Duque debe pensarlo mucho, debe aprender de la historia, si rompe el proceso de paz con el ELN, reduce a la JEP, impide la participación de los lideres de las Farc en el Congreso y extradita a Santrich como ha empezado a hacerlo puede incendiar de nuevo el país — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 28 de junio de 2018 Quienes piensan que en el gobierno de Duque se impondrán los sectores moderados del uribismo se han llevado quizás su primer desengaño, ayer Paloma Valencia le propinó un duro golpe a la Jep desafiando incluso a los comandantes de las Fuerzas Militares — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 28 de junio de 2018 Triste, muy triste, esta caricatura, en medio de la gran alegría con la selección pic.twitter.com/zLVdpUQqbA — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 28 de junio de 2018 Se ve que el gobierno de Duque va a arrancar con una oposición más allá de la Izquierda, que por lo menos Santos y algunos de sus amigos van a estar en la orilla de la controversia; y otra cosa: Duque ha permitido que en el Congreso los duros del uribismo tengan la iniciativa — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de junio de 2018

Por: Ariel Ávila, Subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Ha salido el último informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la situación de los cultivos de uso ilícito en Colombia, la cifra es histórica, cerca de 209.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el país. Una vez conocidos los datos, se han dado todo tipo de interpretaciones y análisis, como siempre han primado los análisis ideológicos y simples. Pero la realidad es muchos más compleja. A continuación se mostrarán las cifras. Son cinco las causas que explican el aumento de los cultivos de hoja de coca en Colombia. La primera se refiere a la fluctuación del precio de la onza del oro. La situación es sencilla: mucha población fluctúa entre la minería ilegal del oro y los cultivos de coca, de tal forma que cuando el precio del oro cae, se van a sembrar coca y a la inversa. Véase en la siguiente gráfica la evolución del precio de la onza de oro. Para 2012 se llegó a la cifra más baja en materia de cultivos de hoja de coca, lo que coincide con el aumento acelerado de los precios del oro y con el incremento de la minería criminal en el país. Luego, en 2013,  el precio del oro se contrae y es el año en que comienzan a subir los cultivos de hoja de coca en las zonas de minería criminal en varias zonas de Colombia. La segunda explicación es la revaluación del dólar, hace algunos años el precio del dólar estaba en 1.800 pesos, actualmente está cerca a los 2.900 pesos, como en cualquier mercado, esto tuvo un impacto dinamizador en esta economía ilegal. Sumado a lo anterior, coincidió con esta revaluación un tercer factor y es que se dio un aumento del consumo de cocaína en varios países. Estados Unidos volvió a aumentar el consumo, Brasil es hoy el segundo consumidor de mundo, Argentina y varios países europeos han elevado la demanda de cocaína, de hecho, el gramo de cocaína en calle aumentó el precio en los años 2012 y 2013. Por ejemplo, según la UNODC, la cocaína cortada, o sin pureza, costaba 84 dólares el gramo en 2011 y en 2013 pasó a 91 dólares. Actualmente estaría en 93 dólares. La cocaína sin cortar o con grados altos de pureza estaba en 2011 en 179 dólares el gramo en calle, para 2013 pasó a 190 dólares y actualmente estaría en 165 dólares. Tanto la revaluación del dólar como el aumento de los precios en Estados Unidos dinamizaron el mercado. De hecho, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares el precio de la pasta base de coca llegó a estar a 1.200 pesos en zonas como el Putumayo y desde 2013 comenzó a aumentar el precio, actualmente está cercano a los 1.900 pesos, incluso en zonas como Guaviare en 2017 se pagó a 2.400 pesos el gramo de pasta base de coca. Era obvio esperar un aumento de los cultivos con esta dinámica en el mercado. La economía del narcotráfico funciona bajo las reglas de cualquier mercado mundial. Una cuarta explicación es el vacío de poder que se generó con la salida de las Farc de sus zonas de operación y ello llevó al surgimiento y llegada de diferentes estructuras criminales, quienes aumentaron la presión para que los campesinos sembraran más hoja de coca. Sumado a ello, en varias regiones del país, pero no en todas, familias de cocaleros aumentaron la siembra ante la expectativa de recibir beneficios en el marco del acuerdo de paz. Como se ve, las razones son múltiples, pero resulta claro que mientras los precios estén altos y la demanda aumente, será difícil doblegar este mercado ilegal. Otra de las hipótesis que sonó bastante en las últimas horas es que la fuerza pública y el gobierno en general bajaron la guardia en materia de lucha contra las drogas. Lo cual también es absolutamente falso, el siguiente mapa muestra las incautaciones de cocaína por distribución geográfica en el año 2017. El siguiente mapa muestra la destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína en 2017. Los datos son sencillamente increíbles. Cerca de 435 toneladas de cocaína incautadas en 2017 y 323 laboratorios de clorhidrato de cocaína destruidos en el mismo año. México apenas si llega al 10 por ciento de esa cifra de incautaciones. Pero otra de las situaciones que llama la atención es que de las cerca de 200.000 hectáreas de hoja de coca, el 49 por ciento  se concentra en 10 municipios de los 1.122 que tiene el país. Estos municipios, en los últimos años, han estado en los primeros lugares con hectáreas de coca, lo que varía es el número de hectáreas, pero el bajo Putumayo y el Pacífico nariñense siempre han punteado. La conclusión es también simple: a pesar del Plan Colombia, el Plan Consolidación y las últimas estrategias como el PNIS, la situación no ha cambiado. El siguiente cuadro muestra los 10 municipios con mayor concentración de cultivos de hoja de coca. Aquellos que creen que la fumigación es la solución están equivocados, la situación es mucho más compleja y el reto es crear una estrategia de lucha contra las drogas que involucre la persecución y seguimiento al lavado de activos, al tráfico de insumos para el procesamiento de la cocaína y a los agentes estatales corruptos, pero fumigar y encarcelar campesinos lo hemos hecho los últimos 20 años y no ha funcionado. Como lo muestra la siguiente gráfica, en los últimos años se han fumigado más de 1 millón de hectáreas, se han erradicado cerca de 500.000 hectáreas de hoja de coca y estamos casi en el mismo punto que hace 20 años en materia de cultivos de coca. Publicado en Revista Semana

Por: Democracia y gobernabilidad-Pares El último caso que pone al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la palestra pública es la demanda que busca quitarle la curul al senador electo Antanas Mockus. El magistrado encargado de presentar la ponencia, a favor del demandante y en contra de Mockus, es Luis Bernardo Franco del Partido de la U. Dicha ponencia ha recibido duras críticas por parte de la ciudadanía, reconocidos juristas y hasta del procurador Fernando Carrillo, quien solicitó al CNE decretar pruebas adicionales que, según el ente de control, no se tuvieron en cuenta para la estructuración de la ponencia y que demostrarían que no existe inhabilidad alguna para que el congresista electo pueda ocupar su curul; no obstante, por las filiaciones políticas de los magistrados que conforman el CNE todo parece indicar que la ponencia a favor del demandante podría prosperar. En medio de este pulso, que más que jurídico se pinta político, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares hace un recuento sobre el abogado demandante José Manuel Abuchaibe, su cercana relación con políticos cuestionados y condenados de la Guajira, así como con la actual presidenta del CNE, Yolima Carrillo. José Manuel Abuchaibe Escobar: el abogado y el político Abuchaibe Escobar es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, exconcejal de Riohacha en tres periodos consecutivos y presidente de éste en varias ocasiones. Se desempeñó como litigante durante 20 años en procesos administrativos; fue asesor jurídico (1984-1990) de la Universidad de La Guajira; Secretario de Hacienda Departamental y gobernador encargado de la Guajira en varias ocasiones durante 2003. Ha trabajado en temas de derecho electoral y regalías en este departamento. Es reconocido en La Guajira por su cercanía con los exgobernadores Jorge Eliecer Ballesteros Bernier, Francisco “Kiko” Gómez y Oneida Pinto, así como con el representante a la Cámara Antenor Durán Carrillo. A Ballesteros y a Pinto los ha representado jurídicamente en varios procesos contra la administración pública. En sus redes sociales, Abuchaibe ha manifestado su admiración, amistad y familiaridad con el exgobernador de la Guajira condenado por tres homicidios “Kiko” Gómez. En sus publicaciones lo exculpa de los delitos y antepone la voluntad y el apoyo popular a las decisiones judiciales. Las alianzas políticas en la Guajira Conviene subrayar que, en términos políticos, La Guajira se ha caracterizado por una constante inestabilidad en la elección de gobernadores. En el último cuarto de siglo el departamento ha tenido 14 gobernadores distintos, es decir, en promedio uno cada año y medio y no cada cuatro años, como en el resto del país. De los últimos 10 gobernadores, 6 han tenido problemas legales y han sido destituidos e inhabilitados. Entre estos, dos amigos cercanos de Abuchaibe Escobar: “Kiko” Gómez y Oneida Pinto. En 2014, Gómez fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, y en 2016 fue condenado por los homicidios de Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz y su escolta Wilfredo Fonseca. En 2016, sin haber terminado su primer año como gobernadora, fue anulada la elección de Oneida Pinto a la Gobernación por doble militancia. Actualmente, es investigada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos durante su gestión como alcaldesa del municipio de Albania. De acuerdo con investigaciones previas de Pares, esta ingobernabilidad se explica a partir de la existencia de dos casas políticas que se han enfrentado por el control de la administración departamental. Se trata de los movimientos: “La Gran Alianza”, en cabeza del exsenador Jorge Ballesteros y el exgobernador “Kiko Gómez”, quienes apoyaron la candidatura de Oneida Pinto, junto con el representante Antenor Durán Carrillo y el rector cuestionado de Uniguajira, Carlos Robles. Y, por otro lado, el movimiento “Nueva Fuerza Guajira”, dirigido por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, en compañía del cónsul en Atlanta Bladimiro Cuello y el representante Alfredo Deluque, del partido de la U. De izquierda a derecha están Oneida Pinto y José Manuel Abuchaibe en citación ante el Consejo de Estado. Fuente: Diario del Norte En varias entrevistas para medios regionales de La Guajira, cuando actuó como apoderado de la exgobernadora Pinto, Abuchaibe planteó que en cualquier decisión del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado debía primar, antes que todo, la voluntad popular. La trayectoria política Paralelo a su trabajo como abogado de importantes políticos de La Guajira, Abuchaibe Escobar no ha dejado de lado sus propias aspiraciones: cercano al clan La Gran Alianza, en 2014 fue candidato del partido de la U a la Cámara de Representantes, pero al final apoyó y participó en la campaña del liberal Jimmy Sierra Palacio. Esta imagen fue tomada de una de las entrevistas que se le hicieron a Abuchaibe en su aspiración al Congreso en 2014. Después de quemarse, realizó una solicitud ante el Consejo de Estado para retirarle la investidura al representante a la Cámara Alfredo Deluque Zuleta, perteneciente al movimiento “Nueva Fuerza Guajira”. Una de sus acciones jurídicas acostumbradas para favorecer al Clan “La Gran Alianza”. Sin embargo, esta demanda fue negada por la Sala Plena del Consejo de Estado. Para el Plebiscito especial para la paz de 2016, Abuchaibe Escobar hizo campaña a favor del Sí con Oneida Pinto. En la foto se observa al abogado en la plana mayor con la exgobernadora, a pesar de que en las elecciones del 2018 apoyó a Iván Duque, el candidato presidencial que abiertamente estaba en contra de los acuerdos de La Habana. De izquierda a derecha están José Manuel Abuchaibe y Oneida Pinto en reunión de apoyo al plebiscito en 2016. Fuente: Tomado del perfil personal de facebook del agobado José Manuel Abuchaibe Escolar. 2016. Abuchaibe en compañía de Alicia Arango durante la visita de Iván Duque a Riohacha. Junio 2018 Como todo un camaleón político, Abuchaibe se reacomodó para apoyar a José Durán a la Cámara en 2018 del partido Liberal. Un apoyo que secundó Antenor Durán Carrillo y que le dio a la campaña de Durán un importante caudal electoral a través del fortín político de Oneida Pinto: el municipio de Albania. De izquierda a derecha están Antenor Durán Carrillo (camisa blanca), José Durán (camiseta y gorra roja) y José Manuel Abuchaibe en marcha de apoyo al candidato Durán en Albania, La Guajira. 2018. Fuente: Diario regional La Guajira Hoy. En este camino, Abuchaibe ha sabido aprovechar su cercanía con los congresistas Jimmy Sierra y Antenor Durán Carrillo, con quienes ha manejado una agenda legislativa paralela y ha trabajado mancomunadamente. En las siguientes fotos se observan las fructuosas reuniones que tuvieron en su trabajo en el Congreso. De izquierda a derecha Jimmy Sierra Palacio, Antenor Durán Carrillo y José Manuel Abuchaibe en reunión en el Congreso de la República. Fuente: Tomado del perfil personal de facebook del agobado José Manuel Abuchaibe Escolar. 2017 Y su relación no solo parece laboral, también guardan una cercanía amistosa, pues en reuniones privadas también han registrado sus encuentros. De izquierda a derecha Jimmy Sierra Palacio, José Manuel Abuchaibe y Antenor Durán Carrillo. Fuente: Tomado del perfil personal de facebook del agobado José Manuel Abuchaibe Escolar. 2017 Sin duda, las relaciones laborales, familiares y de amistad no son motivaciones suficientes para señalar la probidad de una persona. No obstante, lo que sí resulta sospechoso es que los intereses políticos se vean reflejados en las decisiones judiciales y legislativas. Dentro de los diferentes acercamientos del abogado Abuchaibe con el congresista Antenor Durán Carrillo, existe también una cercanía directa del Clan “La Gran Alianza” con la elección de la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yolima Carrillo. La Fundación Paz y Reconciliación había denunciado en el 2016 que la magistrada Carillo está cuestionada por ser sobrina del Representante a la Cámara Antenor Durán Carrillo, y por haber resultado favorecida en la repartija de cargos departamentales dentro de la gobernación de Oneida Pinto. Su esposo, Eugenio Benjumea; y el sobrino del representante Durán, José Alberto Durán Rodríguez, fueron nombrados por Pinto como secretarías Privada y de Hacienda, respectivamente. En efecto, la imparcialidad de Carrillo en el proceso de Oneida Pinto no solo estuvo viciado por sus favorecimientos personales en cargos burocráticos y su relación familiar con Antenor Durán Carrillo, sino por ser cercana al abogado representante de Oneida en el proceso: José Manuel Abuchaibe Escobar. Esta es la razón por la cual, todas las reuniones, cercanía política y amistosa de Abuchaibe con el clan de “La Gran Alianza” resulta perjudicial en las decisiones que pueda tomar la magistrada Carrillo en el caso de Antanas Mockus. De izquierda a derecha Yolima Carrillo y José Manuel Abuchaibe el día de su elección como magistrada ante del CNE. A continuación, se observa en la foto al abogado Abuchaibe el día que resultó elegida Carrillo como magistrada del CNE, en una publicación sobre la cual denominan a la magistrada Carrillo como “nuestra” y en donde aparece en primera plana el abogado Abuchaibe junto a ella. Abuchaibe es más político que abogado, y sus servicios están a la orden del mejor postor. Pasó de apoyar la paz con Oneida Pinto a representar jurídicamente al excandidato ultra radical cristiano Oswaldo Ortíz, avalado por el Centro Democrático, quien está peleando una curul ante el CNE. De izquierda a derecha Oswaldo Ortiz y José Manuel Abuchaibe. Fuente: Tomado del perfil personal de facebook del agobado José Manuel Abuchaibe Escolar. Junio de 2018. Además, en sus redes sociales y en sus publicaciones, Abuchaibe manifestó su apoyo incondicional al presidente electo Iván Duque en segunda vuelta presidencial. En ese orden de ideas, cabe preguntarse si para los procesos en favorecimiento de Oswaldo Ortiz y en detrimento de Antanas Mockus, la magistrada Carrillo reconocerá su cercanía innegable con una de las partes y, sobre todo, si actuará en derecho o en conveniencia.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad –Pares Desde antes de la constitución de 1991 se hablaba de “auxilios parlamentarios”, entiendo así a todos los recursos gestionados por los congresistas para llevar desarrollo a sus regiones. Luego, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, para eliminar los desequilibrios en las asignaciones de los auxilios, así como la corrupción en los mismos, Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda se inventó los denominados “cupos indicativos”. Estos últimos, se reconocen como partidas presupuestales que son asignadas a cada uno de los congresistas, dependiendo su caudal electoral y afiliación política, para recibir en contraprestación una aprobación generalizada en el trámite de los proyectos de ley que exige el Gobierno nacional. Esto es: la gobernabilidad comprada. De hecho, estos cupos indicativos han desarrollado mercados de segundo piso. Según los congresistas, existen transacciones secundarias de cupos indicativos a cambio de votos y puestos en las entidades del Gobierno nacional. Una vez comprendido lo anterior, es evidente que este fenómeno no es solo del Gobierno Santos, como se ha querido poner ante la opinión pública. Al expresidente Álvaro Uribe se le olvida que en su mandato se repartieron 19 billones de pesos (pero pudieron ser más porque solo se estudiaron 6, de 8 años que duraron sus gobiernos), según la revelación que hizo el contralor Edgardo Mayo a mediados de junio de 2018. Santos alcanzó a repartir 37 billones en los 8 años. Pero sea cual sea el caso, la mermelada no la va a acabar el presidente electo Iván Duque. A continuación, las razones. A pesar de que ha pasado desapercibido por la coyuntura, el exsenador Musa Besaile, detenido por el llamado “cartel de la toga”, prendió recientemente el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia sobre lo que se denominó “la ruta de la mermelada”. Desde la negociación del primer presupuesto del Gobierno Santos, se repartieron, a través de cupos indicativos, dineros para ser ejecutados por las redes de contratistas y financiadores de campaña de los congresistas electos. Estos dineros eran canalizados desde el ministerio de Hacienda, Interior y Minas. Adicionalmente, se dio una repartija de entidades del Gobierno nacional con presencia en las regiones a cada uno de los caciques políticos. Cada congresista estaba cotizado según su caudal electoral y la comisión a la que perteneciera. Por ejemplo, los congresistas que pertenecen a las Comisiones tercera y cuarta son más valiosos para el Gobierno nacional, debido a que son comisiones encargadas de conocer los proyectos de ley relacionados con hacienda, impuestos y el entorno tributario del país; así como presupuesto, control fiscal financiero y contratación administrativa, respectivamente.  Las entidades también, dependiendo de su importancia, estaban categorizadas de clase A (ICBF), B (Incoder, ICA) y C (Dian, Aeronáutica). Así pues, en las declaraciones de Besaile aparecieron los senadores Hernán Andrade, José David Name, Roberto Gerlein y Efraín Cepeda, y los representantes Sara Piedrahita Lyons, David Barguil, Nicolás Guerrero y Julián Bedoya. Curiosamente, todos (excepto Julián Bedoya) adhirieron a la campaña de Iván Duque en segunda vuelta. Conviene subrayar que, Gerlein no aspiró de nuevo al Congreso, pero su heredera, la corrupta Aída Merlano, se encuentra capturada por el fraude electoral en la Costa Atlántica; Andrade, quien no buscó su reelección, puso a su hermana Esperanza en el Senado, trasladándole sus votos y apoyo; y por su parte, Guerrero se quemó buscando dar el salto al Senado. En efecto, Duque tiene 5 senadores y una representante a la cámara elegidos y vinculados a la ruta de la mermelada. Todos le dieron su apoyo en segunda vuelta, y aún faltan declaraciones de Besaile para seguir destapando el frasco que desangra al país entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República. Duque no solo tendrá que seguir negociando con los viejos adictos a la mermelada sino también con los nuevos. El apoyo de los partidos que se han beneficiado tradicionalmente de los cupos indicativos no es gratis, y si quiere gobernabilidad en el Congreso y el país, la única solución que tiene es negociar los cupos indicativos de siempre, o sencillamente poner el presupuesto sobre la mesa, negociarlo de forma transparente con el Congreso y, si es necesario, implementar la solución que ha dado frutos en Alemania: dar un porcentaje de maniobrabilidad o “comisión” a los congresistas que gestionan el recurso con la única condición de que no sean ellos quienes lo ejecuten ni sus redes clientelares corruptas.

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes. El ABC de las polémicas de esta semana. A. El uribismo quiere destruir la JEP. B. Estrategia fallida contra el narcotráfico. C. Saboteo contra la elección de Antanas Mockus. (Y la ñapa) D. León regresó con su columna cada domingo en pares.com.co

Capítulo del informe Cómo va la paz 2018 Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares En el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, se han presentado una serie de enfrentamientos entre un grupo armado ilegal compuesto por desertores de las Farc que se autodenominan “Frente 36” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Estos enfrentamientos se han presentado desde el mes de febrero del 2018 y han dejado más de cinco personas muertas, entre ellas, una niña de tres años que resultó afectada por la explosión de una granada de fragmentación en el sector conocido como Cuatro Esquinas, en la zona urbana del municipio. Según fuentes locales, el accionar de este grupo armado ilegal denominado “Frente 36” es caracterizado por una relación hostil con la población debido a su supuesta complicidad con el Clan del Golfo. En el municipio de Ituango, el Frente 18 de las Farc fue el que más tuvo control a través del denominado “impuesto de guerra” que se imponía a la minería legal e ilegal y a toda la cadena de producción de la cocaína. Actualmente, algunas personas afirman que se trata de una guerra por el control del negocio del narcotráfico, la minería ilegal y  la población, con el único objetivo de extorsionar a campesinos, mineros artesanales y comerciantes. De este modo, el accionar de la extinta guerrilla de las Farc y los exmiembros armados que hoy afectan a la población, se diferencia de un modo radical. En primer lugar, aunque aluden a un interés político “antiparamilitar” en el municipio, las poblaciones no reconocen ninguna motivación política sino un interés económico de apoderarse del territorio a través de la violencia, lo cual implica disputarle al actor armado dominante, Clan del Golfo, el botín de las economías ilegales. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo ha lanzado varias alertas en las cuales se destaca la gran vulnerabilidad de las organizaciones comunitarias quienes han sido amenazadas por estos grupos armados ilegales. En tercer lugar, existe un interés marcado, según fuentes locales, por apoderarse de cultivos de uso ilícito, laboratorios y todo tipo de rentas ilegales, mientras que, en el caso de las guerrilla de las Farc, como se dijo anteriormente, se cobraba un “impuesto de guerra” sobre estas actividades en el territorio. Por otra parte, también se registra presencia de esta estructura criminal en los municipios de El Bagre y Briceño, en donde mantienen un accionar coherente con lo sucedido en el municipio de Ituango. El denominado Frente 36 está al mando de alias “Cabuyo”. La disputa por el territorio tras el repliegue por las FARC ha sido llamado por la Fundación Anarquía criminal. Este fenómeno ha sido caracterizado como la situación en la cual aumentan distintas variables asociadas a delitos de alto impacto, preponderantemente el homicidio y el abigeato, pero no obedecen necesariamente al accionar de una estructura armada sino a la denominada delincuencia común. De acuerdo con lo anterior, la Fundación Paz & Reconciliación ha identificado 46 municipios en los cuales aumentó el homicidio y el abigeato en los territorios postfarc. Asimismo, en 35 municipios de los 46 identificados, el hurto a personas aumentó considerablemente. Foto principal tomada de El Colombiano

Por: Colombia joven y Conflictos asociados al desarrollo-Pares El pasado violento y su relación con las economías ilegales tienen sus orígenes en diferentes momentos coyunturales del distrito turístico de Santa Marta: la bonanza de la marihuana, las guerrillas, la bonanza cocalera, el paramilitarismo y los falsos positivos. A esto se suma la escasa presencia del Estado y la carencia de los productos básicos en salud, educación y servicios públicos. De esta guerra, de acuerdo con las autoridades locales, la población víctima entre los 13 y 26 años equivale al 27.8% del total de víctimas registradas. La radiografía del conflicto armado en el distrito la componen las organizaciones guerrilleras, que coparon las zonas bajas y altas del Magdalena. El distrito de Santa Marta y su zona rural fue el principal corredor de movilidad entre los años 80 y 90, posteriormente empezaron a movilizarse hacia las zonas altas por la constante aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como consecuencia de estas disputas territoriales la población civil sufrió con sevicia la capacidad ofensiva de los actores armados y su lucha constante por posesionarse y ejercer el control. Situación que desembocó en masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, secuestros y expropiaciones. El distrito de Santa Marta tiene como particularidad, que es camino y zona de abastecimiento obligado para paso hacia otros departamentos, ciudades y poblaciones. Las AUC, por su parte, aparecen como estructuras al servicio del Estado y la protección de los terratenientes, comerciantes y finqueros. En 2006, después de la última desmovilización del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, la presencia de grupos armados ilegales organizados se complejizó. Diferentes grupos y estructuras han intentado permanecer y consolidarse como actor dominante en la región. Además de las estructuras armadas reconocidas a nivel nacional, como los Rastrojos, el Clan del Golfo, las Águilas Negras, en Santa Marta nacieron dos grupos tras ese proceso de dejación de armas: el bloque Cacique Arhuaco y el Bloque Nevado; estos no tienen expresión en otras regiones del país, pero heredaron buena parte de la estructura de lo que era el paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Finalmente está el tema de los falsos positivos militares, que, aunque no hay datos estadísticos precisos, según el portal Vidas Silenciadas, entre el 2000 y el 2007, se reporta en el distrito 4 muertes asociadas a esta práctica; sin embargo, el número es mayor porque no existe un registro acertado. Por ejemplo, los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz han relacionado a más de 20 personas víctimas en esta zona. Las dinámicas de conflicto siguen en el territorio. En 2016, la tasa promedio nacional de homicidios fue de 23.62, Santa Marta se ubicó por debajo de ese promedio y del de Medellín con una tasa de 17.90. En este periodo se redujo el número de homicidios de 39 reportados en 2015 a 33 en 2016, pero se mantuvo la tendencia del grupo entre 20 y 24 años como el más afectado. ¿Cómo apartar a la población joven de esto? En el Distrito Turístico de Santa Marta se identifica una asociatividad juvenil con fortaleza. Se destaca la Plataforma Municipal de Juventud, que fue creada en el marco del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que reúne a un amplio número de organizaciones del territorio y que permite desarrollar y discutir los temas relevantes para la juventud. Este distrito también tiene la Política Pública de Juventud de Santa Marta, instrumento que permite dinamizar las temáticas juveniles, y garantizar los derechos de los jóvenes. Esta política se gestó con un importante aporte y protagonismo de los jóvenes del distrito. Dentro de los procesos organizativos juveniles más destacados se encuentran los que están agrupados en torno a la Universidad del Magdalena; así como los que se encuentran dentro de los Scouts, que se destacan por su conocimiento y organización; y la Asociación de Juventud de Santa Marta (Asojuventud), entre otras. Las organizaciones juveniles de Santa Marta se ubican sobre todo en la zona urbana del Distrito, por ser la que concentra la mayor parte de población joven y población estudiantil que hace parte de los procesos y practicas organizativas. Iniciativas juveniles Guardianes de la Sierra Ubicación: Minca, Santa Marta Objetivo:  proteger la tierra y generar conciencia ambiental. Logros:  desarrolla actividades hace tres años.  Realiza jornadas de limpieza, talleres de reciclaje y jornadas de reforestación. Asimismo, la organización logró en la primera jornada de limpieza dejar la calle del parque sin ningún tipo de residuo sólido; realizar murales con conciencia ambiental y apoyar el control de incendios. Regalando sonrisas Ubicación: localidad 3 de Santa Marta, en los barrios La Paz, Circacia, Bellavista, Torre 15, El Socorro, Puerto Mosquito, La Quinina y Gaira. Objetivo: nace hace cuatro años de la necesidad de regalarle un momento diferente, una sonrisa, a muchos niños que no han vivido los mejores comienzos. el objetivo de este proyecto social es aportar al progreso de la comunidad samaria y espera en los próximos 4 meses, fortalecer la formación intrapersonal en la comunidad y crear un semillero de liderazgo. Logros:  la organización ha evitado la vinculación de niños en el narcotráfico, un ambiente de trabajo intergeneracional y afianzamiento. Ha realizado de talleres de afianzamiento, la creación de la Escuela líderes padres de familia, prácticas deportivas con la comunidad y la iniciativa “Regala una sonrisa a la navidad”. Equipo El equipo que desarrolla esta iniciativa se encuentra compuesto por cuatro miembros líderes entre los 20 y 23 años, y quince voluntarios.

Por: Ariel Ávila, Subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Pelar el cobre es una expresión bastante popular en Colombia, se utiliza para indicar, una o varias personas, que después de algunos hechos demuestran sus verdaderas posiciones e intenciones. Tal vez es la mejor frase para describir las primeras movidas del presidente electo Iván Duque y de su partido el Centro Democrático. Hace poco más de una semana fue electo con poco más de diez millones de votos y si bien el presidente se muestra moderado y de centro, lo que sucede en el interior de su coalición es un pulso que lo va ganado el radicalismo. Para entender la posición del actual presidente electo valdría la pena mencionar dos ejemplos. Por un lado, el empalme entre el Gobierno saliente y el entrante comenzó y, como era de esperarse, el tema de la paz ha sido el más álgido. Actualmente el Congreso de la República cursa una ley ordinaria de procedimiento de la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque se trata de una ley ordinaria que no tiene nada de fondo, puesto que solo repercute en los tiempos y procedimientos, el partido del Centro Democrático se opuso a la misma y ha bloqueado su avance en el Congreso. En la reunión de la semana pasada tanto el presidente Juan Manuel Santos como el mandarario electo, Iván Duque, decidieron llamar al presidente de la Corte Constitucional, máximo tribunal de justicia en Colombia, con el objetivo de aclarar las dudas del nuevo Gobierno frente a esa ley. Varias fuentes manifestaron que la Congresista Paloma Valencia, una de las más activas del partido del expresidente Álvaro Uribe, al conocer que Duque daba vía libre a una reunión de bancadas, inmediatamente tomó su teléfono y al parecer, llamo a Uribe, no a Iván Duque, y como era de esperarse Uribe condicionó la decisión del electo presidente Duque. Como trasfondo, dos consideraciones. Por un lado, la independencia de Iván Duque va a ser bastante complicada, y el temor de que se parezca más a un títere que a un presidente comienza a rondar en los pasillos políticos. Sería algo así como la relación entre Vladimir Putin y Dmitri Medvédev en Rusia. Pero por otro lado, todo parece indicar que la idea es destruir todo el legado del presidente Santos y obviamente la paz es su primer objetivo y el más importante. En segundo lugar, también ocurrió que una congresista del Centro Democrático, quien, frente a algunas autoridades judiciales, manifestó que la idea era, mediante referendo, modificar la JEP. En él, se prohibiría a los mandos de la exguerrilla de las FARC participar en política y además sacar a los militares de la JEP, es decir, impedir que el sistema de justicia transicional juzgue los militares, o lo que es lo mismo, que la justicia solo aplique para las FARC. La misma congresista en la reunión manifestó que si bien esto no lo había hablado con Duque, ya se lo habían consultado al expresidente Uribe. Esto, no solo viola la promesa del presidente electo de no demoler el proceso de paz, sino que están abriendo el camino para que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe en el país. La campaña de la extrema derecha se basó en manifestar que la Justicia Transicional era un golpe para el honor militar y que era una corte que perseguiría a la Fuerza Pública colombiana. Lograron convencer a los militares, pero en la vida real esto va a hacer que la CPI intervenga en Colombia y pida en extradición a los militares. Pues es inconcebible que en un sistema de justicia transicional una de las parte concurra a la justica y la otra salga impune. Lo que el presidente Duque debe entender es que, si no logra controlar a los sectores más radicales de su coalición de extrema derecha, su Gobierno se desgastará en unas batallas sin sentido y erróneas y no logrará hacer un Ejecutivo con sello propio. Los extremistas son buenos en apretar el cuello de su líder y hacerle parecer que ellos representan toda una sociedad, pero en la vida real son solo un pequeño sector que puede mandar al abismo a un Gobierno. Ejemplos de esto hay por todo el mundo. Publicado en El País

Por: Redacción Pares DESCARGUE AQUÍ TODO EL INFORME Dieciocho meses después de implementado el acuerdo de paz, podemos afirmar de manera categórica que pasamos de tener más de 250 municipios con altos niveles de violencia a un conjunto de 70 municipios que concentran diversas actividades que han hecho que las expresiones de criminalidad se reciclen. El Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño presentan características similares a las que se han observado en regiones como el pacifico nariñense, el Catatumbo o la región del Urabá; las economías ilegales siguen siendo el motor que permite la permanencia de as violencias; cultivos de uso ilícito, minería al servicio de la criminalidad, rutas estratégicas para el transporte y comercialización de drogas y armas y una precaria capacidad institucional para mitigar los efectos de expansión de organizaciones ilegales han hecho de esta región, uno de los nuevos epicentros de violencia en el país. Las dinámicas de violencia sugieren unas nuevas relaciones entre los actores que tienen presencia en el territorio, la población y las actividades que hasta hace poco tuvo control las FARC. Si bien, no se trata de la aparición de nuevos fenómenos de ilegalidad, las acciones institucionales concentradas en los planes de implementación del acuerdo de paz, la reincorporación a la vida civil de excombatientes de la FARC, y la expansión de viejas estructuras y emergencia de otras organizaciones ilegales, hace que los procesos que se adelantan en estas regiones del país sean de la mayor complejidad y deban ser estudiados desde un enfoque que resalte la experiencia de cada uno de los territorios. Es por esta razón, que el texto a continuación es el resultado del trabajo de campo y análisis del contexto de los territorios, desde una perspectiva que permite captar las principales transformaciones de la realidad desde el inició de las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Los textos hace especial énfasis en las dinámicas vinculadas con la seguridad y la identificación de las organizaciones criminales que mantienen el control de la ilegalidad, este ejercicio se hace sin desconocer los esfuerzos institucionales y los programas que como resultado del acuerdo de paz se han puesto en marcha en los últimos dieciocho meses de implementación. Foto: Andrea Aldana, Investigadora -Pares

Capítulo del informe Cómo va la paz 2018 Por: Conflicto, paz y postconflicto -Pares En el departamento del Guaviare tienen presencia grupos armados ilegales compuestos por exmiembros de los extintos Frente 1 y 7 de las FARC. Actualmente, se estima que la disidencia en el Guaviare ha logrado agruparse, estructurarse y conectarse con otros grupos disidentes del Meta y Caquetá, permitiéndoles sumar unos 700 integrantes, quienes hacen presencia en el 80% del territorio del Guaviare. La disidencia ha realizado actos terroristas con artefactos explosivos en los cuatro municipios del departamento, también se adjudicaron el secuestro de Herley López, funcionario de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC)  el 4 de mayo del 2017 en la vereda Barranquillita, municipio de Miraflores, Guaviare. En el mes de septiembre de 2017 asesinaron al joven de 22 años Iván Torres Acosta, funcionario de la Alcaldía de Miraflores en Barranquillita y también al joven indígena proveniente de Mitú, Vaupés, William Alexander Guerrero de 26 años, asesinado en la vereda Puerto Zancudo también de Miraflores; estos jóvenes fueron acusados por la disidencia de las FARC de ser informantes del ejército. De igual forma, este grupo ha prohibido el ingreso de Instituciones del Estado, Agencias Internacionales, ONGs, como también  la entrada de programas como el Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en sectores del departamento como la zona del Río Guaviare de Charras hacia el sur, Barranquillita, en el municipio de Miraflores, y el Río Inírida, desde la vereda la Paz, Tomachipan hacia el sur. Por su parte, la Fuerza Pública ha desarrollado acciones en el departamento en las que han resultado muertos algunos integrantes de la disidencia. A finales de mayo de 2017 fue dado de baja Ismael Muela de Grillo, jefe de finanzas, junto a Giovanny 56, jefe de la seguridad de Ismael. En el mes de agosto de 2017 fue neutralizado alias “Miller”, tercero al mando del frente 1. El más reciente caso contra esta disidencia fue la operación en la que neutralizaron a alias Euclides Mora en la inmediación del Río Itilla en el municipio de Calamar; Euclides Mora había desertado de las FARC junto a Gentil Duarte y ejercía presencia en el Guayabero hasta los llanos del Yarí en el Caquetá. Aproximación a la estructura organizativa de la disidencia Gentil Duarte: según fuentes de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares en el territorio, la zona de influencia de este disidente es el sector conocido como El Guayabero, en San José del Guaviare; Puerto Concordia, Meta; la parte del alta del Río Itilla, en el municipio de Calamar, Guaviare, y la Zona del Yarí en el departamento del Caquetá y, por su experiencia como exmiembro del Bloque Oriental de las FARC, es considerado el comandante principal de la disidencia en esta zona del País. Gentil Duarte, coordina acciones con el Negro Edward en la zona del Guayabero (Vereda Cachicamo, Guaviare), con el Flaco 25 en la parte alta del Corregimiento del Capricho en San José del Guaviare (veredas de Manavires, Choapal, Caño Nilo, Caño Pescado, Caño Flauta, Picalojo, la Rompida, Puerto Nuevo, la Tigra, Nueva Colombia, Caño Lajas cerca al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de las FARC antigua Zonas Veredales Transitorias de Normalización), el Yarí en el Caquetá y en Puerto Concordia Meta con Alias Orejas. Así como la coordinación con Alias Calarcá y Alias Benjamín frontera con La Macarena, Mesetas y la Uribe en el departamento del Meta. Con la presencia de Rodrigo Cadete se ha logrado la coordinación en áreas de los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras, Vista hermosa y Mesetas. Iván Mordisco: es el comandante que más territorio tiene a su cargo, ocupa los municipios de Miraflores, Calamar, el Retorno y el suroriente del municipio de San José del Guaviare, donde fue visto en el mes de noviembre de 2017, según versiones de los campesinos de la vereda Arawato, ubicada en la parte baja del Río Guaviare, área estratégica que comunica con el sur del departamento del Meta, el departamento del Vichada, el departamento del Guainía y por trochas en medio de la selva desde la vereda Arawato, llegan a Caño Vina, el cual los comunica con el Rio Inírida y desde allí a Tomachipan, vereda Salto Gloria y a la Vereda la Paz, por el Río Inírida en el Retorno, Guaviare, y desde estas dos últimas veredas por corredores dentro de la selva se comunican con la Vereda la Unión o puerto Zancudo y Barranquillita en intermediaciones de los municipios de Calamar y Miraflores sobre el Rio Vaupés, en el departamento del Guaviare. Este recorrido le permite a Iván Mordisco coordinar acciones en la vereda La Paz y Salto Gloria con alias Alex y Gavilán; con alias Jhonnier en la vereda Tomachipan; en San José del Guaviare, con alias Aldemar Congo; en el municipio de Calamar; con alias Carolina en Miraflores, Guaviare (Esta área era comandaba Euclides Mora, quien fue dado de baja por el Ejército Nacional en septiembre 2017, aún se desconoce el nombre de su reemplazo) y con Jhon 40, en la zona baja del Río Guaviare y el Río Inírida; con alias Giovanny Chuspas (Controla el Territorio de Mapiripan, Caño Jabón, sur de San Martín, sur de Puerto Gaita y en el Vichada por la margen izquierda del río Guaviare, y Julián Chollo quien controla territorio del Guainía y frontera con Venezuela. Desde esta estructura controla el negocio del narcotráfico, ejerce control del territorio y genera influencia en el campesinado y la población en general. Jhon 40: conocido por ser el comandante del extinto frente 44 de las FARC y por sus excentricidades, controla desde el municipio de Mapiripán en el Meta, el Río Guaviare, hasta el departamento del Guainía, incluyendo el Río Inírida, hasta la frontera con Venezuela. Sus principales colaboradores son Giovanny Chuspas y Julián Chollo con quien controla el antiguo Frente Acacio Medina. La función principal de Jhon 40 es el control de la ruta del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil y el control de la minería ilegal del oro y el coltán. Rodrigo Cadete: fue comandante del Frente 27 de las FARC cuyo territorio eran los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa, Puerto Lleras y Mesetas en el departamento del Meta, desde donde ejerció poder y control en esta zona. Desertó a principios del mes de septiembre en el departamento del Caquetá y se unió a la disidencia. Los principales colaboradores de Rodrigo Cadete serían alias Calarcá y alias Benjamín, también desertores del proceso de paz.  Según la fuerza pública, estos hombres serían responsables de varios asesinatos de civiles y de extorsiones a los pobladores. Coordinan acciones en las veredas de Mesetas, la Uribe y la Macarena y con alias el Costeño y alias el Boyaco, en el municipio de Puerto Rico, Meta. Según fuentes locales, Cadete viene coordinando acciones con Gentil Duarte y con Iván Mordisco con quienes reforzaría las disidencias en los departamentos del Guaviare, Meta, Vaupés y una franja amplia del territorio del Caquetá.

Por: Redacción Pares ¿Cuáles son las conclusiones y el camino a seguir que deja el V ciclo de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano? Luis Eduardo Celis, asesor en temas de paz con el ELN; Naryi Vargas, investigadora Pares y Segio Guarín, director del área de postconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz  (FIP), hablaron sobre el tema. De acuerdo con Naryi Vargas, por ejemplo, en el caso de que el proceso de paz con el ELN se estanque, con la llegada del nuevo gobierno, la dinámica de la violencia de la guerrilla se reanudaría pero no llegaría a los picos que tuvo hace uno década.