Por: Ariel Ávila, Subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Viene la prueba de fuego para las coaliciones alternativas que nacieron en las pasadas elecciones al congreso de la república y la presidencia. Como se sabe en la primera vuelta presidencial, las campañas de Sergio Fajardo y Gustavo Petro, lograron casi el 50% de los votos. Ambas campañas si bien tienen diferencias en aspectos programáticos e ideológicos, coinciden en tres grandes cosas. Por un lado fueron campañas sin maquinarias ni clientelismo. En segundo lugar, el espectro social en que se movían se basaba en población mayoritariamente joven que rechaza la vieja clase política y que pide cambios a gritos. Si bien los ritmos de los cambios varían de una zona a otra o de un estrato a otro, lo cierto es que es población que quiere cambiar el país. Por último, coincidían en que la lucha contra la corrupción, la consolidación de la paz y la educación son los motores de trasformación de la sociedad. Petro ponía más énfasis en la paz y Fajardo en temas de anticorrupción y educación. Ambas campañas lograron hacer una coalición importante. Fajardo con compromiso ciudadano, el Partido Verde y el Polo Democrático crearon la Coalición Colombia, logrando elegir 15 senadores, ganaron en primera vuelta en ciudades como Bogotá, Cali, Armenia, Pereira, Tunja, entre otras capitales y fueron segundos en departamentos como Santander. Por su lado Petro fue muy fuerte en la Costa Atlántica y en todo el pacifico colombiano. Fue un voto de opinión, joven y muy politizado. La pregunta es sencilla: ¿ambas coaliciones, tienen vida para el 2019 o fueron flor de un día? Todo parece indicar que la Coalición Colombia ha echado cimientos más sólidos para consolidar una alianza, tanto el partido Verde como el Polo Democrático han creado una estructura política en todos los departamentos del país. Por los lados del petrismo, la situación parece más compleja, ya que el único que tiene votos es Petro, los demás líderes y partidos tiene un alcance pequeño como la ASI o MAIS. Pero más allá de los niveles de consolidación, estas coaliciones dependen de tres grandes cosas. Unas reglas de juego claras para escoger candidatos y otorgar avales. Para el caso de cargos uninominales el debate será en llevar candidato único cada coalición y sobre todo poner reglas claras, como la consulta o encuesta para que al final la coalición no salga lastimada. Por ejemplo, una regla de oro puede ser que se realice consulta si hay más de un candidato. Para el caso de cuerpos colegiados la situación es más complicada, pero se deben buscar alternativas como encuestas o cuotas por partidos. En este caso es más fuerte la Coalición Colombia que tiene arraigo regional más fuerte y más diverso. En el petrismo todo está por construir. El segundo tema es clarificar en cada coalición un acuerdo programático. Aquí la situación es la contraria al primer punto. Pues en el caso de la Colombia Humana hay más coherencia ideológica y apuestas comunes entre los principales líderes de esta coalición. Mientras que en la Coalición Colombia hay gente de centro derecha, centro y centro izquierda, y aquí son más que necesarios unos mínimos acuerdos programáticos, que den cuentas de situaciones locales y regionales. El tercer tema se refiere al papel que van a asumir las principales figuras de cada coalición a nivel nacional y en temas centrales como la paz o las reformas económicas que va a emprender el nuevo gobierno de Iván Duque. El papel de Petro está mucho más claro, pero  por los lados de la otra coalición la pregunta es sobre el papel de Fajardo y el de la propia Claudia López. Van a tener que calcular muy bien, si juegan en lo local o se reservan para el 2022, con el riesgo de desdibujarse en los próximos cuatro años.

Capítulo del informe Cómo va la paz 2018 Por: Conflicto, paz y postconflicto -Pares Foto: Andrea Aldana, Investigadora-Pares La exguerrilla de las FARC tuvo presencia en 242 municipios del país, esto es, en alrededor del 22% del territorio nacional, de acuerdo con la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Tras su repliegue, producto de las negociaciones con el gobierno y de la firma del Acuerdo de Paz, llegaron a ocupar únicamente 26 zonas veredales a lo largo del país. Sin embargo, su repliegue no significó la llegada de las instituciones estatales en todos los municipios, sino que al contrario de lo que se esperaba, el vacío de poder fue copado por Grupos Armados Organizados (GAO), grupos de desertores, el ELN y también se generó un nuevo fenómeno denominado por Pares Anarquía Criminal. En el marco de la necesidad de interpretar estos fenómenos que, como se dijo anteriormente, no obedecen únicamente a lógicas de conflicto armado sino también a fenómenos de criminalidad, la Fundación Paz y Reconciliación definió cinco tipos de zonas postFARC que de manera descriptiva ilustran los lugares en los cuales uno de estos grupos prevalece sobre los demás. Cabe aclarar que en la mayoría de los territorios priorizados para el postconflicto en donde hay grupos armados ilegales, hay más de uno de ellos, por tanto, esta categorización constituye una mirada general sobre las realidades complejas y diversas de las regiones colombianas. Los cinco tipos de zonas son: Zonas de presencia de expresiones de “disidencias” y “desertores” de las FARC Zonas con ocupación o expansión del ELN Zonas con ocupación o expansión de Grupos Armados Organizados Zonas de anarquía criminal Zonas en proceso de consolidación estatal A continuación, se realizará una breve actualización de la información hasta el 15 de mayo de 2018. Zonas de presencia de expresiones de “disidencias” y “desertores” de las FARC En este sentido, todo indica que quienes han utilizado el argumento de que las denominadas “disidencias” constituyen la retaguardia armada de las Farc, sin incluir ningún tipo de evidencia, estarían utilizando este supuesto vínculo de manera política. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado 57 municipios a nivel nacional con presencia de estructuras armadas compuestas por excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. En total estos grupos tendrían 1600 personas, de las cuales 1200 serían exguerrilleros y los demás nuevos reclutas. Durante el desarrollo de la investigación, la Fundación no evidenció en ningún territorio vínculos entre el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y estos grupos armados ilegales, al contrario, muchos de los excombatientes de las Farc que se encuentran en los Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) consideran a estos grupos como una amenaza para su seguridad y para la reincorporación de sus miembros. Los casos más complejos de ejercicio de violencia por parte de los grupos armados ilegales compuestos por desertores y disidentes de la extinta guerrilla de las Farc han sucedido en el municipio de Tumaco, Nariño. Allí, antiguos “milicianos” de los extintos Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana, se han desdoblado en diversas estructuras armadas que a su vez se disputan el control del narcotráfico, algunos de los grupos armados ilegales son: “Gente de Orden”, “Guerrillas Unidas del Pacífico” y “Frente Óliver Sinisterra”. El fenómeno ha sido de tal magnitud que esta última estructura criminal, autodenominada Frente Óliver Sinisterra, ha tenido fuertes incursiones en Ecuador, frontera con Colombia, cuyo resultado más alarmante ha sido el secuestro y asesinato de dos periodistas del vecino país y de su conductor, a principios del mes de abril de 2018. En este momento, dos ciudadanos ecuatorianos están secuestrados por este grupo, al mando de alias “Guacho”. Por otra parte, los fenómenos varían de manera significativa desde un punto de vista territorial. Como se verá más adelante, los grupos armados ilegales compuestos por exguerrilleros de las Farc que tienen presencia en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés, Vichada y Putumayo, y que aquí hemos denominado “disidencias”, parecen tener motivaciones de acción diversas entre las cuales se encuentran fuertes sincretismos entre intereses predatorios meramente criminales y discursos políticos que reivindican las causas de la extinta guerrilla de las Farc. Como se ve en el siguiente gráfico, el tipo de violencia más recurrente que ejercen estos grupos disidentes y desertores son el homicidio y el combate con otros grupos tanto legales como ilegales. Fuente: Base de datos de la Fundación Paz & Reconciliación con base en fuentes primarias y secundarias. Por otra parte, la mayoría de acciones se concentran los departamentos de Nariño, Cauca y Caquetá, con más del 50% del total de las acciones, en donde el control territorial por parte de estos actores armados se ha incrementado de manera acelerada durante los primeros meses del año 2018. En total se cuentan 22 grupos armados ilegales compuestos por exmiembros de las extintas Farc-ep, ubicados en 57 municipios y compuestos por cerca de 1600 personas, de las cuales cerca de 1200 serían ex guerrilleros y los restantes serían nuevos reclutas.

Por: Santiago Cano, Universidad Externado de Colombia En toda la historia de Colombia no se había hecho una petición tan directa y convocante al sector privado. El Gobierno Nacional, en su estrategia, hace un llamado al sector empresarial en el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ya que ubica a la empresa como un actor clave para la garantía de los derechos de quienes han sido más afectados por el conflicto. Por esto nace la Ruta socioeconómica para la construcción de paz desde la empresa. La Ruta ilustra al empresario el proceso que puede seguir si decide aportar a la construcción de paz con un enfoque socioeconómico. Para esto, se tienen en cuenta los procesos de empleabilidad, los cuales explican la forma en que las empresas pueden participar en la implementación de programas que den empleo a víctimas, excombatientes y miembros de la Fuerza Pública heridos en combate (es decir, la Población Priorizada en el Postconflicto o PPP); estos incluyen la formación para el empleo, la generación de habilidades blandas y el proceso que se debe seguir para la vinculación laboral de estas poblaciones. La Ruta incluye la promoción y el apoyo al emprendimiento, orientado a describir la forma en que las empresas pueden vincular a las PPP  dentro de su cadena de valor, a través de procesos en los que pueden involucrarse como proveedores, distribuidores o consumidores de bienes y servicios. Para entender la estructura de esta ruta, es necesario hacer un recorrido por sus componentes, los cuales están compuestos por una serie de fases, pasos y mecanismos. De esta manera, las fases serán entendidas como las etapas fundamentales del proceso, los pasos definidos como los momentos clave que reflejan el avance de la implementación y los mecanismos como los medios o formas para materializar la ruta, estos muestran al empresario el proceso a seguir cuando decide aportar a la construcción de paz desde la dimensión socioeconómica. Es importante retomar algunos aspectos que se mencionan en la guía y que el empresario debe conocer al implementar iniciativas con este enfoque: ● Como empresario, no está solo, existen varias instituciones gubernamentales a nivel nacional que pueden apoyarlo para que estas iniciativas tengan una mayor sostenibilidad; simplemente es sumarse al ecosistema que está compuesto por el sector público, privado y que cuenta con actores de la sociedad civil. ● No es un trabajo sencillo, pero generará muchos réditos para una sociedad en transformación, en la que la labor del sector empresarial es clave para dar sostenibilidad y/o continuidad a los procesos. ● No es necesario que empiece desde cero, estas instituciones gubernamentales ya tienen un camino trazado con el cual el empresario puede articularse. ● Recuerde que al trabajar en procesos de emprendimiento indirectamente también trabaja en la reconstrucción del tejido social resquebrajado por el conflicto, el cual busca generar confianza en todos los actores que están dentro de los territorios priorizados y no priorizados del conflicto, para construcción de iniciativas relacionadas a la reconciliación, construcción de memoria, entre otras. ● El camino de la construcción de paz apenas comienza y durará mínimo 10 años. Razón por la cual es importante empezar a trabajar en pro de mejores comunidades, mejores vecinos y mejores aliados para los procesos que realizan las empresas en los territorios, ya sea definidos por ser zonas de influencia, o simplemente territorios priorizados por el postconflicto. Para comprender mejor el proceso un ejemplo: la empresa Diageo y la forma en que incorpora estos temas en las políticas de responsabilidad social de la empresa. Esta empresa, con el apoyo de varias fundaciones, el SENA y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, trabajó en el corregimiento Pasacaballos del Municipio de Cartagena, con el fin de generar planes de capacitación relacionados con el emprendimiento para la disminución de la condición de vulnerabilidad y pobreza del corregimiento,y lograr que las personas desarrollaran sus propias iniciativas. La experiencia se conoce como Aprendiendo para el Futuro, y actualmente es un caso de éxito que permite reconocer el trabajo articulado entre sectores. Ahora bien, al presentar esta ruta, es necesario reconocer que este proceso es de largo aliento, y existen algunos factores que se deben tener en cuenta a la hora de dirigir los esfuerzos a la promoción de la inclusión laboral: ● La generación de oportunidades va más allá de la inclusión laboral. En los procesos de empleabilidad, no sólo puede aportar como empresario a través de la vinculación directa de la población, algunas experiencias muestran que es posible apoyar el proceso desde el desarrollo de habilidades blandas para el empleo que usualmente son precarias en las poblaciones priorizadas para el postconflicto. ● Las oportunidades deben ser equitativas. En los casos de vinculaciones laborales, es importante asegurarse que las personas postuladas en las convocatorias de empleo cumplan con unos mínimos que les permitan competir de forma equitativa con los demás candidatos (aspectos como el apoyo en la elaboración de sus hojas de vida y preparación previa para las entrevistas laborales, son indispensables dadas las características de las poblaciones priorizadas en el postconflicto). ● Los compromisos deben venir desde los colaboradores e incluir a las directivas. El proceso de empleabilidad como mecanismo de construcción de paz, debe ser una estrategia en la que estén comprometidos todos los colaboradores de la compañía, incluida la alta gerencia, pues esto reestructura los procesos internos y permea de manera transversal las estrategias de responsabilidad social empresarial o lineamientos estratégicos de la compañía. ● Ajustes organizacionales. El proceso de vinculación a una población específica, en especial población víctima del postconflicto y excombatientes, exige un ajuste en áreas como recursos humanos o talento humano; pues ésta debe llevar a cabo el liderazgo del proceso de perfilación de los cargos acorde con estas poblaciones, búsqueda de perfiles idóneos, vinculación y acompañamiento para el éxito del proceso. Finalmente, desde el mecanismo de apoyo al emprendimiento, son otros los alicientes y puntos a tener en cuenta que es necesario tener en cuenta: ● Los incentivos en la cadena de valor. Es importante generar motivaciones que permitan y aseguren la vinculación y continuidad de las acciones generadas de los emprendimientos, ya que puede generar para las empresas valor compartido. ● Un claro apoyo de aliados con experiencia. El sector empresarial puede apoyarse en los ecosistemas de incubación y aceleración de emprendimientos que existen en Colombia, con el fin de fortalecer los modelos de negocio. ● Beneficios adicionales. Apoyar emprendimientos en el marco de la construcción de paz, puede ayudar a las empresas a encontrar nuevos aliados para su cadena de valor. ● El trabajo con las personas de las comunidades en las que se desee emprender cualquier proyecto tiene un valor agregado, el cual está dado desde la generación de alianzas, acercando las empresas a las comunidades, y a su vez, las incorporando dentro de su cadena de valor proveedores, distribuidores, comercializadores, o cualquier otro relacionado. Para ver en la práctica cómo las empresas, a través de procesos de emprendimiento, pueden generar impactos importantes para las poblaciones priorizadas en el postconflicto, Escuela Taller de Calzado se puede tomar como referencia: es una iniciativa liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y 21 empresas de calzado, con el fin de realizar talleres y capacitaciones a víctimas del conflicto, desmovilizados y excombatientes como auxiliares en la cadena de producción de calzado y,a su vez, generar capacidades como emprendedores para formar su propio negocio. Con lo anterior, se muestra la posibilidad de ampliar las posibilidades de generación de emprendimientos para poder apoyar a las empresas de calzado en diferentes etapas de la cadena de valor, bien sea como proveedores, comercializadores o distribuidores. Por último, es clave resaltar que en este camino, le queda al sector privado entenderse como un actor vital en la construcción de paz en el país y, saber que como empresarios, se ofrece un escenario por excelencia que está llamado a ser parte de esta transformación social sin tener que desdibujar su modelo de negocio, su actividad o sus intereses lucrativos. Foto principal: Continental Gold

Por: León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares A sólo unos días de elegido Duque se sacó de la manga una manera de entorpecer la aprobación del reglamento de la JEP y ganar tiempo para meterle la mano al fondo de la justicia transicional. Les pidió a los parlamentarios de su partido y a sus futuros aliados que dejaran esta decisión para la próxima legislatura argumentando que se necesitaba primero la definición de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria. No le salió la jugada. El presidente de la Corte le dijo que no era necesario esperar este procedimiento. Pero ese fue apenas el primer episodio de una lucha que será larga. Para nadie es un secreto que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido quizás el principal punto de contradicción entre los partidarios del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón y el uribismo. Los uribistas no quieren este mecanismo de justicia transicional, quieren que sólo las FARC concurran a la justicia, quieren que haya cárcel para los jefes de esa fuerza política y por ese camino sacarlos del Congreso y de la participación democrática, no quieren una verdad plena del conflicto, sólo una verdad parcial, la que corresponde a los guerrilleros, no quieren una reparación integral de las víctimas a la que contribuyan todos los que participaron en el conflicto armado. Ya lograron bastante, pero no están contentos con ello. Mediante las presiones en el curso de la negociación sacaron a los expresidentes de la obligación de concurrir a la Comisión de la Verdad y a la JEP, hecho que no tiene ninguna lógica si tenemos en cuenta que los presidentes son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, en los mandatos de Pastrana y Uribe se produjeron el 67% de los más de ocho millones y medio de víctimas del país y algo tendrían que decir ellos de esta dolorosa realidad. Después lograron sacar a los terceros, a todos, a los políticos y empresarios, a los que promovieron a los paramilitares y se aliaron con ellos con el pretexto de contener la amenaza guerrillera. Ahora tienen tres objetivos: sacar también a los militares de la JEP y organizar un tribunal paralelo para ellos; posponer la participación política de los líderes del nuevo partido hasta que concluyan sus procesos en la JEP; y cargar de más condiciones, obligaciones e inhabilidades a los guerrilleros sujetos a la justicia transicional para prolongar e inhibir el ingreso pleno de los desmovilizados a la vida institucional. También restarle legitimidad y proyecciones a la Comisión de la Verdad. Quieren hacerlo mediante triquiñuelas como la que acaban de intentar aplazando la aprobación del reglamento o influyendo en las Cortes y el Congreso apelando a la victoria que obtuvieron en las elecciones; o, en un proceso más largo, deshaciendo mediante reformas lo que ya es ordenamiento constitucional o ley de la República. Es probable que logren cercar a la JEP y reducirla. Es probable que retarden la emergencia de la verdad histórica. Lo que ha ocurrido siempre en Colombia es que el presidente que llega consigue fácilmente unas mayorías parlamentarias mediante la repartija inmediata del poder, los puestos y los recursos, o la promesa de que lo hará tan pronto termine el primer año de gobierno. Entonces la reconciliación del país sufrirá un golpe letal y el postconflicto será especialmente traumático. Pero también cabe la posibilidad de que las mayorías electorales que votaron en primera vuelta por candidatos afines a los acuerdos de paz, los casi 10 millones de ciudadanos que se expresaron por la reconciliación sean un freno a las pretensiones del uribismo y que la oposición consiga, al menos en el tema de la paz, un número de parlamentarios suficiente para impedir que echen al suelo todo el andamiaje jurídico que ha puesto las bases de la reconciliación nacional.

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: a menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, el Fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que existieron irregularidades electorales en los comicios de 2018. La Fundación Paz y Reconciliación denunció (y documentó) irregularidades en las elecciones legislativas y en la primera vuelta presidencial: Sentimos orgullo de haber develado este tipo de irregularidades desde Pares y tristes de haber recibido desde la registraduría y el gobierno las críticas y los ataques indebidos https://t.co/aDEYnkZkoX — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de junio de 2018 Ahora debemos decir que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación estuvieron a lo largo de una tarde en nuestras oficinas y les prestamos toda la colaboración para esclarecer las mafias en la registraduría — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de junio de 2018 Es obligatorio ir al fondo de la corrupción en la Registraduría: cuáles fueron los jurados y funcionarios que le hicieron el fraude al Partido Mira en 2914, cuáles los que alteraron E14 en las elecciones del 11 de marzo de 2018? — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de junio de 2018 Lo que ha visto la Fiscalía de irregularidades electorales y mafias alrededor de la Registraduría es apenas la punta del iceberg de la delincuencia electoral y de las anomalías del sistema — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de junio de 2018 Aída Merlano y Margarita Restrepo en redes de fraude electoral: Fiscalía Miren esto: CD más implicado, PC, CR y PL https://t.co/eOTChT1jRi — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de junio de 2018

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. Donald Trump y la política migratoria de Estados Unidos. B. Iván Duque, el presidente electo de Colombia, sabotea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares En ocasiones los que buscamos fortalecer la democracia nos vemos envueltos en una paradoja, pues quienes pedimos más transparencia, exigimos cero corrupción y denunciamos anomalías en materia electoral, resultamos atacados y señalados de enemigos de la democracia, mientras quienes conviven, justifican la corrupción y los malos procedimientos electorales resultan siendo los demócratas. Pero aun así la batalla hay que continuarla. La situación es la siguiente: Cuando se hace seguimiento a las elecciones, la etapa de estudio se divide en tres grandes periodos. El primero es lo que se llama precampaña y campaña. Allí por ejemplo se denuncian las relaciones entre políticos y criminales o la utilización de recursos públicos para favorecer a diferentes candidatos. El segundo periodo es el día D, o día de las elecciones, allí se hace seguimiento a las denuncias de delitos electorales y temas de violencia política. Por último, el tercer periodo de estudio que corresponde al preconteo y escrutinio, es decir, luego de las 4 de la tarde y hasta que termine el escrutinio. La Fundación Paz y Reconciliación siempre hizo estudios sobre el primer y segundo periodo de análisis electoral, pero luego de la sentencia del Consejo de Estado donde le regresaron al Partido Mira tres curules, ya que se comprobó un fraude en las elecciones legislativas de 2014, la Fundación Paz y Reconciliación comenzó a hacer seguimiento a los escrutinios. El primer informe surgió poco antes de la primera vuelta presidencial, allí se constató que en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018, se produjo un fraude electoral. Más de 3.500 folios de pruebas y cerca de una decena de videos y fotos mostraban una serie de irregularidades sistemáticas: 1. Alteraciones de formularios E-14. 2. Diferencias entre los formularios E-14 y los E-24. 3. Una serie de evidencias que mostraban jurados fantasmas, lo cual coincidió con la denuncia del senador Armando Benedetti. 4. La sistematicidad de las irregularidades, luego de entrevistas, tenía una explicación y era la posible venta de paquetes electorales a candidatos y partidos políticos. Según el estudio hasta el 20 por ciento de la composición del Senado podía cambiar con tales niveles de fraude electoral. Luego de la primera vuelta presidencial a la Fundación llegaron centenares de formularios E-14 alterados, estos eran los que muchos ciudadanos descargaron de la página de la Registraduría y se refería a formularios E-14 de delegados. Hay tres formularios E-14, que en teoría deben ser similares: -transmisión, delegados y claveros-. El registrador nacional ha dicho: A. que es normal que los formularios E-14 de transmisión y delegados están alterados. B. Para él son errores humanos y da a entender que es normal o aceptable que se alteren documentos públicos electorales. C. Los formularios E-14 de claveros, que no son públicos, son los que tiene validez jurídica y que esos formularios no están alterados, entonces las versiones de fraude son injustificadas. La Fundación continuó con la investigación, sobre todo porque había denunciado una situación complicada con el tema de jurados electorales, pues hubo inscripción atípica por parte de empresas privadas en varios departamentos, también muchos contratistas fueron inscritos y al final funcionarios públicos de carrera no fueron llamados a ser jurados electorales. No debe olvidarse que son los jurados de votación los que llenan los E-14. Lo que encontró la Fundación Paz y Reconciliación fue una buena cantidad de alteraciones que no fueron errores humanos, sino intencionales, con la finalidad de sumarles o quitarles votos a candidatos presidenciales. En varios puestos de votación se encontraron situaciones sistemáticas de alteración entre las diferentes mesas. En primer lugar, se contrastaron las denuncias ciudadanas con el sistema de información de la Registraduría para determinar si los formularios correspondían con los que estaban digitalizados. Una vez se constató que la información fuera real, se profundizó en los departamentos que estaban siendo investigados con anterioridad: Atlántico, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Los resultados obtenidos evidencian que de la muestra tomada en 27 departamentos y los Consulados del exterior, hay 300 inconsistencias debidamente identificadas en los formularios E-14 de delegados y, en su mayoría, no están justificadas por los jurados electorales y tampoco en las Actas Generales de Escrutinio. Adicionalmente, estas ‘modificaciones’ están reflejadas en los formularios E-24 con los que fueron cotejados. En segundo lugar, se estima que, de acuerdo con la muestra obtenida, de solo las 300 inconsistencias halladas habría alteraciones que podrían modificar entre 8.000 y 10.000 votos. En cada departamento se encontró, como mínimo, una o varias irregularidades; sin embargo, los casos más preocupantes por la frecuencia y la magnitud en la que se dieron las alteraciones a los formularios E-14 son: Antioquia (31), Boyacá (27), Valle (27), Bogotá (25), Bolívar (22) y Norte de Santander (17). A excepción de Boyacá y Bolívar, el resto son departamentos que coinciden con los de la investigación del 11 de marzo de 2018 realizada por la fundación. También se identificaron las ciudades y municipios con mayor cantidad de modificaciones, entre los cuales están: Cali (22), Cúcuta (17), Medellín (12) y Duitama (11). A raíz de estos indicios, la Fundación encontró patrones dentro de las alteraciones por la forma en la que se marcaron los E-14 y también por la frecuencia en la que se dio en varias mesas de votación. Para este propósito, se procedieron a identificar las mesas dentro de un mismo puesto, zona y municipio, en las cuales se hicieron alteraciones a los E-14, la forma en cómo se hicieron las alteraciones y a quién favorecían. Los resultados sobre este último punto llevaron a identificar que, en 16 de los 28 departamentos donde se registraron denuncias y una o varias alteraciones a los formularios E-14 en favorecimiento de un candidato, existieron patrones de alteraciones en más de una mesa dentro de un mismo puesto y zona de votación. Antes de mostrar los ejemplos se debe decir que aquí el tema no es hablar de un fraude masivo, eso no se puede demostrar con una muestra tan pequeña. Pero lo que sí es cierto, es que lo que se prueba es que hubo jurados de actuaron de mala fe y alteraron a propósito los formularios E-14 en la primera vuelta presidencial. Sobre todo esto y sobre investigación del 11 de marzo de 2018 le pido al registrador y a la Fiscalía que respondan. Antioquia Los municipios de Amalfi, Valdivia y la ciudad de Medellín es donde existen más casos de varias mesas en las que hubo patrones identificados. Se trata de 11 mesas distribuidas en 3 puestos de votación en los que hubo modificaciones de más de 100 votos en favorecimiento del presidente electo Iván Duque. Bogotá Después está la ciudad de Bogotá, en donde se encontraron 8 mesas distribuidas en 4 puestos de votación, en las que hubo alteraciones en favorecimiento del candidato Duque y Fajardo. Sin embargo, conviene subrayar que, de las 8 mesas, solo 2 favorecen a Fajardo. Publicada en Revista Semana

Por: Naryi Vargas, Investigadora Conflictos asociados al desarrollo-Pares Foto: Andrea Aldana, Investigadora-Pares Luego de ser la guerrilla con con mayor presencia a nivel nacional en los años 80 y 90, el recrudecimiento de la guerra que se dio con la actuación paramilitar y la puesta en marcha del Plan Colombia, para la década del 2000 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quedó totalmente reducido e invisibilizado. Durante los siguientes 10 años, la guerrilla invirtió en esfuerzos para recomponer la fuerza y la base social. En el 2010 el ELN reapareció en los territorios como un actor con capacidad de producción de violencia y protagonista en el conflicto armado. Desde ese año se ha mantenido en escalda su crecimiento y la demostración de fuerza. Ha aumentado su repertorio de acción, su incidencia en la opinión pública, y en los territorios ha profundizado sus estrategias de penetración, control social y territorial con distintos grupos sociales y comunidades. Fuente: Elaboración propia Para el 2016 el ELN tenía presencia activa en 96 municipios, y en otros 10 actuaba por medio de reductos o pequeños grupos que intentaban recuperar zonas de incidencia. Actualmente su presencia se ha extendido a 17 municipios más. La expansión se debe a las condiciones de violencia y conflictividad social que se generaron tras la salida de la exguerrilla de las FARC. Esta situación fue aprovechada tanto por el ELN como por otros grupos armados ilegales, los cuales lograron crecer a mayor velocidad en tanto que su existencia y repertorio de acción funciona casi exclusivamente en razón del control de economías ilegales, y no de un relacionamiento profundo con las comunidades y los territorios en el que se busca que prevalezca la legitimidad y no la fuerza. La expansión del ELN se logró en razón de cuatro factores principales: Competencia con otros grupos por el control territorial. Esto especialmente en Antioquia y el Urabá chocoano. De alguna manera se trató de un contexto de supervivencia, pues al no contener el crecimiento y fortalecimiento de otros grupos, su existencia se ve amenazada en el mediano y largo plazo. En estas zonas se ha tratado de una expansión mediada por una alta producción de violencia. Las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para llenar el vacío que dejó la salida de las FARC, especialmente en servicios asociados a la gestión de conflictos vecinales y asuntos de justicia. Las guerrillas han cumplido este rol en zonas de retaguardia, y para las comunidades rurales resultó más eficaz solicitar apoyo al ELN, en lugar de esperar la llegada del Estado. Esto ocurrió particularmente en el oriente colombiano y sur del Chocó. La captación de rentas ilegales, esto también relacionado con el vacío que dejó las FARC les ha permitido disponer de mayores recursos para llevar a cabo sus acciones. El ELN ha aprovechado los diálogos de paz para oxigenar y reformular su táctica y estrategia, y sin duda, el desescalamiento de la confrontación le ha permitido actuar con mayor confianza en los territorios. De tal manera que el fortalecimiento que ha venido experimentando esta guerrilla no sólo se refleja en la expansión territorial, sino en la profundización de sus mecanismos de control social y territorial en viejas zonas de presencia, como Catatumbo, Arauca, Cauca, Nariño y sur de Bolívar.

Por: Carlos Montoya Cely, Coordinador de Conflicto, paz y postconflicto-Pares La tragedia del Monte Vesubio ocurrió en el año 79 d.c y sólo hasta 1738 la ciudad fue redescubierta. Uno de los relatos más impactantes de su historia tiene que ver con que la erupción del volcán fue un imprevisto sin antecedentes. No había forma de saber que la lava que salía de la montaña era letal. La ciudad fue enterrada por la ceniza y los cuerpos encontrados en las posiciones en las que probablemente se encontraban al momento de la erupción. Siempre me ha llamado la atención el valor de la experiencia y el aprendizaje en la conducta humana. Pese a que la ciudad estuvo enterrada por más de 1500 años, los relatos de Plinio el Joven, quien fue testigo de la tragedia y dejó cartas sobre los hechos, sentaron un precedente: los habitantes de la región aprendieron los peligros del volcán. Cuento esta breve historia porque el domingo en la noche, luego de conocer los resultados electorales cuestioné la capacidad de aprendizaje y experiencia que tenemos muchos colombianos. Podrán pensar que la analogía resulta desproporcionada, pero creo que el mensaje es contundente; la guerra nos mata y que la vieja (nueva) política tradicional, amarrada a la ilegalidad, entierra cualquier espacio de renovación y profundización de la democracia. Es decir, entorpecerá las victorias que se han alcanzado. Elegimos a Iván Duque y con él las retardatarias ideas de Alejandro Ordoñez, Andrés Pastrana, César Gaviria, Viviane Morales, Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria y otros tantos que han instigado la democracia desde sus lugares de poder. Tampoco se puede olvidar que en su afán, Duque pactó con la clase política más cuestionada del país: Olga Suárez Mira, Enlise López “La gata”, Jorge Coral Rivas, Samy Merheg, Juan José García, Ramiro Suárez y otros que desde cárceles o la impunidad han sabido mantener sus lugares de poder político. Detrás de Iván Duque, como su jefe, está Álvaro Uribe, quien desde la presidencia de la República compró su reelección, persiguió la oposición, las cortes y cualquier contradictor, anuló la participación de las minorías, y creó un imaginario en el que sólo por medio del reciclaje de la guerra se podría vivir en paz. Quizá Duque, como buen pupilo, aprendió que el secreto del éxito es saber representar aquello que no se es. Duque y Uribe han utilizado la desinformación para fomentar el olvido. Por ejemplo, que el periodo con mayor número de víctimas en la historia de Colombia ocurrió en el mandato, precisamente, de Uribe, el mismo que trajo a Duque para ser senador y hoy lo sentó en la presidencia. Ahora bien, tal como ocurrió con la tragedia de Pompeya, pese a que la ciudad quedó escondida bajo las cenizas por cientos de años, a lo lejos Plinio el Joven se encargó de escribir la historia de lo sucedido. Veo con algo de esperanza que más de 8 millones de colombianos han reconocido desde su experiencia, que regresar al uribismo no era la alternativa adecuada. La tarea de los próximos años será cada vez más aguda en defensa de la paz y la democracia. Un día después de las elecciones, el nuevo gobierno nos demostró que su lucha será a favor de la impunidad y en contra de la paz, la solicitud de aplazar la reglamentación de la JEP hasta la posesión de Duque es sin duda una bofetada a las víctimas del conflicto armado. Cerrada la campaña presidencial, nos alistamos para la nueva contienda electoral, desde lo local tenemos todas las posibilidades de proteger y seguir sumando espacios de representación en favor de la democracia y la paz. No se trata de un triunfo moral, esta vez se ha demostrado que la trasformación es una posibilidad real, nunca antes se había avanzado tanto en materia de ganar lugares de representación política desde los sectores alternativos. No es momento para retroceder. Quienes sabemos que la guerra, al igual que la lava, mata y que la política tradicional, como la ceniza, oculta lo que hemos construido, estamos llamados a proteger la vida y profundizar la democracia.

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares Las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia llevan varios años intentando consolidarse como auténticos focos de conservación de los ecosistemas estratégicos del país. Sin embargo, frente a dicha pretensión, las áreas protegidas se convirtieron en corredores del conflicto armado, particularmente de la insurgencia y las economías de la guerra. En el año de 1992, tras la desmovilización del M-19, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe en el que se precisaba que, de los 42 Parques Naturales que había en esa época, 20 estaban ocupados por insurgencias y narcotraficantes. Además, 16 tenían cultivos ilícitos dentro de su área. Secuestros, amenazas y asesinatos hacen parte de la historia de Parques Nacionales como institución en medio de la guerra. El desarme y agrupamiento territorial de las FARC supondría un alivio en la administración ambiental de las Áreas Protegidas, sin embargo, el panorama es totalmente distinto. Varios Parques Nacionales que cuentan con un amplio historial de escenarios de la guerra, siguen hoy en medio de la zozobra tras los residuos del conflicto armado entre el Estado y las FARC. Además, el desdoblamiento territorial de estructuras armadas como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo), las disidencias de las FARC, entre otras, están configurando una nueva dificultad para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en tanto dentro de los parques y las reservas, además de seguirse librando la confrontación armada, avanzan las mafias regionales y las economías criminales en detrimento de la estabilidad ecológica de los ecosistemas y las especies que habitan allí. Por ejemplo, la serranía de La Macarena, área particularmente biodiversa en donde confluyen distintos Parques Nacionales, fue uno de los epicentros de la guerrilla de las FARC y llegó a albergar cerca de 4000 hombres y mujeres en armas. Además, fue dentro de ésta Área Protegida que vivió muchos años de su secuestro Ingrid Betancourt, y en dónde se llevó a cabo el bombardeo que terminó con la vida del Mono Jojoy. Se podría decir que el conflicto armado convirtió las Áreas Protegidas en escenarios de guerra. Se dieron dos fenómenos, contradictorios a primera vista, pero contradictorios en terreno. Por un lado, la intensidad de la guerra llevó a un fenómeno de migración de población a las zonas de áreas protegidas, las columnas en marcha, la colonización del sur oriente, son muestra de ello. Pero luego, debido a olas de violencia la población de estas zonas fue nuevamente desplazada, y cada vez se fue tumbando monte para huirle a la guerra y sembrar coca. Áreas Protegidas sin gente. El corredor biogeográfico que conectaba al occidente antioqueño, Chocó y Cauca cristalizaron aquel avivamiento de las dinámicas de guerra en las zonas de alto interés ambiental. Así mismo en áreas protegidas ubicadas en el Putumayo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo (Correa, 2004). ¿Por qué la deforestación es un asunto del postconflicto? Las zonas que recibieron el mayor impacto durante las más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, tuvieron algo en común: eran áreas de especial interés para la conservación de especies de fauna y flora del país. Cuando los gobiernos empezaron a reflexionar frente a la urgencia de garantizar la estabilidad ecológica del país y, por ende, se empezó a legislar al respecto, ya la guerra había llegado a los territorios que albergaban buena parte de la biodiversidad colombiana. En 1974, cuando se expedía el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, ya las guerrillas estaban consolidadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los grupos armados ilegales derivaron parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Lo anterior supone que un alto involucramiento de ecosistemas estratégicos en las áreas de influencia de las economías ilegales y de guerra. Las condiciones naturales y geográficas del territorio colombiano jugaron siempre un rol determinante en el sostenimiento y el fortalecimiento de las insurgencias desde los inicios del conflicto armado (Carrizosa, 2008). Las zonas cubiertas por capas de forestales fueron siempre estratégicas para el ocultamiento de las insurgencias y la construcción de campamentos. Es por esto, entre otras, que las guerrillas se consolidaron históricamente en los territorios como agentes de control frente a los fenómenos de acaparamiento de tierras y la tala legal e ilegal de bosques. En palabras del gobierno colombiano, “en buena parte, el escenario geográfico del conflicto armado han sido las regiones que tienen un alto valor ambiental para Colombia” (DNP, 2014, p. 49). Lo anterior quiere decir que, de la misma manera, la construcción de paz territorial, como epílogo del conflicto armado, se jugará buena parte de su estabilidad en las mismas regiones que siempre han sido declaradas de alto valor ambiental para el país por sus mismos gobiernos. La ausencia de las FARC como grupo armado en las zonas, empieza a plantearle retos a la institucionalidad ambiental colombiana antelo que sucede con los antiguos territorios de la insurgencia. La biodiversidad como beneficiaria paradójica del conflicto hoy empieza a sentir el rigor de un postconflicto más complicado de lo esperado. Conforme pasan los meses, la deforestación se expande territorialmente, coincidiendo en muchos casos con los corredores de las FARC durante más de cincuenta años. Los departamentos del Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo albergan buena parte de la debacle ambiental que hoy tiene al sur de Colombia en un punto de no retorno. La deforestación se ha disparado en los últimos dos años coincidiendo en el tiempo con el periodo de desarme y agrupamiento de la guerrilla de las FARC. Algunas zonas se mantienen en el sistema de alertas temprana de deforestación desde antes del desarme de las FARC. Sin embargo, otras, como el Putumayo o el Suroccidente antioqueño son zonas de alerta por deforestación sólo hasta el 2017. El núcleo número 1, es decir, la gran zona roja de la deforestación en Colombia tiene lugar en municipios que durante décadas contaron con la presencia hegemónica de la insurgencia de las FARC. Históricamente el municipio de San Vicente del Caguán fue uno de los bastiones territoriales del Bloque Sur de ésta guerrilla, poder que se potenció tras la Zona de Despeje entre los años de 1999 y 2002, cuando finalmente se rompieron los diálogos con el gobierno Pastrana. Una mirada ampliada del fenómeno permite identificar que el Amazonas colombiano alberga hoy más del 70% de la deforestación nacional, lo cual indica que, aunque hay un cambio de dinámica ambiental y territorial tras la salida de las FARC, no es posible hacer una lectura monocausal del problema en tanto la cifra mencionada no se corresponde con la capacidad de contención que desapareció en los territorios con el desarme de las FARC. La presencia de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en zonas de alta biodiversidad ha permitido que excombatientes de las FARC se involucren voluntariamente con ejercicios de conservación y restauración de ecosistemas, como es el caso de La Macarena, San Vicente del Caguán o San José del Guaviare. Sin embargo, la vulnerabilidad manifiesta de los excombatientes ante los asesinatos selectivos y las condiciones de seguridad en el sur del país  los trabajos en virtud de la biodiversidad en los alrededores de sus Espacios de Reincorporación son muy limitados. Según los datos históricos del IDEAM, entre los años 1990 y 2015, el total de hectáreas deforestadas de bosque estuvo cerca de los 5.5 millones. Es decir que, en promedio, cada año se deforestaron unas 200.000 hectáreas. Sin embargo, comparando los años de la guerra, en que varios actores armados estaban en auge territorial, con los últimos dos años de cese de actividades militares de la insurgencia de las FARC, la cifra no cambia mucho. Entre 1990 y 2014 la Amazonía colombiana concentró un total del 35% de la tasa deforestación nacional y en el 2015, último año de actividades de la insurgencia de las FARC, ésta región concentró el 43% de la tasa anual de deforestación del país (datos IDEAM). Para el año 2017, con insurgencia de las FARC desarmada y en proceso de reincorporación, sin control territorial, la concentración de la deforestación en la Amazonía colombiana respecto a la cifra nacional es de más del 70%, lo cual confirma que muchos municipios y zonas de alto interés ambiental, que fueron beneficiarios paradójicos del conflicto armado, hoy no encuentran quien supla el poder territorial y la administración ambiental que ejercía el Bloque Sur de las FARC. ¿Qué está pasando? Cuatro departamentos del sur del país se ven hoy enfrentados a una nueva dinámica territorial tras el final de las FARC como guerrilla. Las Áreas Protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento son objeto de quemas y talas ilegales por parte de campesinos que ya no encuentran a su paso el freno de un actor armado en la zona y tampoco su regulación. Por ejemplo, los campesinos de La Macarena cuentan como en las épocas de las FARC se dejaba tumbar una hectárea de selva cada tres o seis meses, ahora familias tumban hasta 100 hectáreas de selva en solo un mes. Se está presentando un fenómeno de deforestación sin habitación, es decir que, a diferencia del proceso de colonización en que la deforestación se encuentra relacionada con fenómenos de reasentamiento y ocupación, hoy lo que se vive al sur del país es la remoción de capas forestales para la especulación con la tierra y la potrerización. Mientras las estructuras de Gentil Duarte, comandante de la disidencia del Frente 7mo de las FARC, dio vía libre a los agentes de la deforestación en la región del Guaviare, terratenientes de otras regiones vieron una oportunidad en las zonas que fueron abandonadas por las FARC para el acaparamiento de tierras y la ocupación de baldíos con ganado. En Caquetá las economías criminales están ejerciendo una expansión territorial que, además de la minería y los cultivos ilícitos, se expresa con la tala y venta ilegal de madera. La Fuerza Pública indica que cuando se realizan operativos contra la tala ilegal sólo se llega al primer eslabón, el de los madereros, a sabiendas que hay mafias regionales, estructuras criminales y actores privados tras el negocio del acaparamiento de tierra y la venta de madera. La quema ilegal de bosque ha llegado a cifras de 50 hectáreas deforestadas en una sola quema. Ni siquiera en épocas de bonanza cocalera los grupos ilegales agenciaron tales tamaños de remoción de capa forestal. La unión entre mafias regionales, concepciones desarrollistas locales y complacencia de algunos gobiernos municipales, se dibuja el marco perfecto para que el fenómeno de la deforestación continúe desbocado, mientras el gobierno nacional procura activar la institucionalidad ambiental a pesar de la falta de acciones y respuestas de carácter municipal y local. Particularmente en el Parque Natural Nacional Chiribiquete, una de las áreas protegidas más grandes del país, se agudizó la crisis ambiental en los primeros meses del 2018. La deforestación dentro del parque al margen de los cultivos ilícitos empieza a configurar una realidad alarmante, en dónde las estrategias de militarización, judicialización e incluso ampliación del área protegida no han arrojado los resultados esperados. Las quemas ilegales siguen arrasando con uno de los bastiones de la biodiversidad colombiana. En éste fenómeno de la deforestación se ven afectados varios de los compromisos y acuerdos alcanzados en La Habana entre el gobierno y las FARC: el Plan de Zonificación Ambiental y el freno que hay que ponerle al avance de la frontera agropecuaria hacen parte de lo acordado en La Habana.

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares Muchas especies emblemas de la biodiversidad en Colombia vivieron durante la guerra una doble realidad. Por un lado, los actores armados controlaron en muchas zonas el tráfico ilegal de fauna silvestre, lo que agudizó la amenaza de extinción para muchos animales habitantes de la Amazonía colombiana. Según los registros, hay un solapamiento geográfico entre zonas que habitan especies imprescindibles para la estabilidad ecosistémica con los núcleos de deforestación en el país. En el año 2010, los científicos Marta Bueno, Thomas Defler y Javier García descubrieron una nueva especie de mono tití en las selvas del sur de Colombia. Se trató del Mono Tití del Caquetá (Callicebus caquetensis), una especie endémica de Colombia que en la zona era reconocido como ‘Tití barba roja’. En los bosques de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán se concentra la reducida población del Tití del Caquetá. Durante el conflicto armado, la Columna Teófilo Forero de las FARC circuló por el ecosistema del mono, lo cual contribuyó a que el fenómeno de la tala y la expansión de la frontera agropecuaria no llegara a dimensiones trágicas para esta especie. Hoy, la disidencia del Frente 14 ha dado vía libre a los madereros ilegales, a la par que la minería ilegal se toma los cuerpos hídricos que garantizan la sostenibilidad ecológica del Amazonas colombiano. El hábitat del mono Tití del Caquetá se encuentra fragmentada por la deforestación en áreas protegidas del sur del país, y la población se encuentra disminuida a menos de 250 monos adultos. Estrategias contra la degradación ambiental en ‘zonas postfarc’ El carácter disperso y aparentemente acéfalo de la deforestación en Colombia ha significado que las autoridades ambientales nacionales, regionales y municipales replanteen sus hojas de ruta. Hay varias iniciativas, no todas promovidas desde el gobierno, para hacerle frente a la debacle ambiental en el sur del país desatada con la salida de las FARC. Comunidades, gobierno nacional, Corporaciones Autónomas, excombatientes y empresas han puesto en marcha varios planes en virtud de restaurar ambientalmente varias zonas del país que fueron afectadas ambientalmente por el conflicto, y que actualmente aún se encuentran en vulnerables ante los nuevos rostros de la criminalidad en las regiones. Bosques de paz (Gobierno Nacional) Programa construido por el Ministerio de ambiente como una oportunidad de integrar a las comunidades habitantes de áreas de alto interés ambiental para restaurar ecosistemas y construir un monumento vivo de la paz en territorios de antigua influencia de la guerrilla de las FARC. Monitoreo Biológico ETCR La Macarena (Excombatientes FARC) Iniciativa de excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación en el ETCR Urías Rondón, en dónde se realizó una investigación para identificar las especies de fauna que habitan la zona para ordenar el territorio de acuerdo a los corredores biológicos en el área rural de La Macarena. Burbujas Ambientales (Gobierno Nacional) Esta es una estrategia de focalización, en la cual diferentes sectores del Estado colombiano (Ejército, Min Ambiente, Corporaciones Autónomas, etc.) se articulan departamentalmente para llevar a cabo monitoreo, prevención y control de fenómenos como la deforestación y la contaminación de cuerpos hídricos. Delimitación de páramos (Gobierno Nacional) De los 37 páramos que hay en territorio colombiano ya han sido delimitados. El Ministerio de Ambiente ha venido adelantando una de las tareas comprometidas por el Estado colombiano en La Habana: La zonificación ambiental. Aunque han surgido conflictos con comunidades residentes en los páramos, el gobierno nacional ha actualizado el inventario ecológico del país para renovar técnicamente los planes de manejo ambiental en zonas de antiguo control de la guerrilla de las FARC. ¿Qué está pasando con el Mono Tití del Caquetá? La distribución geográfica del mono Tití del Caquetá es de 100 kilómetros, que coinciden determinantemente con los municipios más deforestados del país. La presencia de cultivos y prados para el ganado, que no existían en la zona hace 2 años, han generado una dispersión peligrosa para el mono Tití ya que debe cruzar cada vez más prados abiertos y alambres de púas para llegar a nuevos fragmentos de bosque. La violencia residual de los desertores de las FARC, junto a la expansión del Clan del Golfo y el fortalecimiento de mafias regionales, ha generado que no sean más de 10 kilómetros cuadrados los que hoy tiene este primate para alimentarse, reproducirse y demás fases de su ciclo vital. En varias ocasiones, el Tití del Caquetá ha sido confundido con el mono churuco, que también habita la zona. El tráfico de fauna silvestre se suma a las amenazas ya mencionadas. Corpoamazonía ha reportado monos Titís en manos de ilegales y dispuestos a ser comercializados en el mercado ilegal. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha declarado esta especie en peligro crítico de extinción.

Por: Colombia Joven y Conflictos asociados al desarrollo-Pares La capital antioqueña ha pasado de la violencia generada por el surgimiento de los carteles del narcotráfico en los 70, a la guerra por la ciudad que desató el Cartel de Medellín en los 80, a la urbanización del conflicto armado de paramilitares y guerrillas en los 90 y principios de los 2000, a la más reciente guerra entre herederos de las estructuras del narcotráfico. En medio de estas violencias, los jóvenes han sido víctimas y victimarios. ¿Cómo reconstruir el tejido social de la población que más ha puesto muertos? Medellín tiene una tradición de organización y movimientos juveniles muy fuerte: fue la primera ciudad en tener una Secretaria de Juventud dentro de la administración municipal. Esto toma un papel protagónico a nivel nacional, ya que incide en lo enunciado en la Ley de Juventud (Ley 375 de 1997) y en la Política pública de Juventud en el año 2000 (actualizada en el 2014). La población joven de la ciudad de Medellín en 2018 representa cerca de una cuarta parte del total de la población. Los jóvenes son un poco más de 540 mil personas, frente a 2,5 millones del total, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).   El universo de organizaciones y grupos juveniles en esta ciudad es bastante extenso, la Secretaria de Juventud tiene un registro de más de 300. La mayoría se concentran en la zona urbana de la ciudad, específicamente en las comunas donde se presentan mayores problemáticas sociales, delincuenciales y de violencia; situación que ha movilizado a la cooperación internacional alrededor de estos procesos, realizando intervenciones y despliegues que han redundado en un fortalecimiento de la asociatividad juvenil. Las comunas a las que se hacen referencia son la 13, 8 y 3. En estas, según datos de la Secretaria de Juventud, la juventud tiene un peso poblacional importante comparado con otras comunas de la ciudad. Muchas de las organizaciones emergen como respuesta al conflicto y las desigualdades sociales de su entorno. Los jóvenes en Medellín realizan incidencia de manera permanente en lo político y en la política, sin embargo se requiere aumentar los mecanismos previstos para la participación efectiva de ellos en la toma de decisiones. Hay victorias importantes alcanzadas por las organizaciones juveniles, pero ello no basta, por lo que se debe procurar la creación de más espacios reales y efectivos de incidencia. En cuanto a logros e impactos que se reconocen a las organizaciones juveniles, se tiene en primera medida el hecho de ser reconocidos como población especial que debe ser tenida en cuenta al momento de formular e implementar acciones de política que les involucren; esto por supuesto se ha logrado gracias a la capacidad de organización y coordinación que tienen los grupos juveniles en la ciudad. Otro logro destacado, es el que tiene que ver con la sostenibilidad que dan a los procesos, independiente de las adversidades, los enfoques coercitivos y policiales, los cambios políticos y la rotación de funcionarios. Aun bajo estas situaciones, las organizaciones logran mantenerse vigentes y seguir demandando la atención de los tomadores de decisión en la ciudad. De hecho, al respecto podría decirse que estas acciones redundan en decisiones administrativas y de política, como por ejemplo, el fortalecimiento de la Secretaria de Juventud, que viene aumentando su presupuesto, sus programas y proyectos. Ahora bien, en el ejercicio de fortalecimiento de las organizaciones juveniles de la ciudad, es preciso mencionar el llamado que se hace, ya que según lo consultado, se reconoce el crecimiento y reconocimiento de algunas organizaciones determinadas, que llevan la vocería y son referentes en muchos temas, pero ello no debe ir en detrimento de desconocer los procesos de organizaciones y grupos más pequeños o que viene emergiendo recientemente, es decir, debe darse cabida, apoyos y recursos al universo de organizaciones y no únicamente a las más consolidadas. Iniciativas juveniles Robledo venga parchemos Ubicación: Comuna Robledo de Medellín Objetivo: Busca convertirse en un agente de cambio del territorio a través del arte. Las acciones que realiza tienen el potencial de generar que los jóvenes construyan vínculos con el territorio y les den un nuevo significado a sus espacios de convivencia. Logros: Este proyecto social lleva funcionando tres años, tiempo durante el cual la organización ha realizado talleres de arte dirigidos a niños y jóvenes. Con estas acciones se ha logrado la adopción del arte como un hábito de intercambio y comunidad, la resignificación de espacios y la realización de talleres dirigidos a niños y jóvenes. Equipo: E stá conformado por 15 jóvenes y dos adultos; entre los integrantes se prioriza el trabajo en equipo por encima de las jerarquías. Este grupo no tiene restricciones para futuros integrantes, se busca poseer conocimientos en arte y cultura y tener deseos por capacitar a otros. Nuevo verano teatral Ubicación: Comuna 80 en el corregimiento San Antonio del Prado de Medellín Objetivo:  Reunir a los jóvenes y alejarlos de la violencia instrumentalizando al teatro como un modo de escape a la guerra y como desarrollador de habilidades para la convivencia.    Logros: Durante seis años ha desarrollado actividades como obras de teatro que abarcan las problemáticas del barrio, y talleres de teatro, para niños propensos a entrar en bandas delincuenciales. Como resultado de dichas acciones, el proyecto ha logrado la recuperación de un espacio en la comuna que se había perdido por la violencia, el reconocimiento de la comunidad, y el desarrollo de actividades y reuniones que ocupan el tiempo libre. Estas labores han sido desarrolladas por un equipo conformado por 16 jóvenes que se plantean este espacio para compartir su cotidianidad.