Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Colombia tiene nuevo presidente. Con poco más de diez millones de votos, Iván Duque, el candidato de la derecha radical, se impuso en los comicios, contra poco más de ocho millones de votos del candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Las conclusiones podrían resumirse en ocho líneas de análisis. 1. La primera conclusión es más bien una paradoja: fueron las elecciones más pacíficas en la historia de Colombia gracias a la política de paz del presidente Juan Manuel Santos, pero ganó la estructura política que más se opuso a esa política de paz. Ni una sola mesa, ni un solo puesto de votación fue trasladado por razones de orden público. La paz le cumplió a Colombia. Hace algunos años se contaban por centenares los traslados de puestos de votación. Ganó la campaña que prometió reformas estructurales a esta política. 2. Luego de la primera vuelta presidencial, pasaron a la segunda los dos extremos del espectro político y ello puso en aprietos a varios líderes políticos del centro. Muchos anunciaron su voto en blanco, otros lo promovieron activamente, pero al final la población escogió entre las dos opciones. El voto en blanco subió algunos miles de votos que apenas movieron los porcentajes electorales, es decir, no tuvo ningún impacto político. 3. Conectado con lo anterior, los líderes del voto en blanco, como el excandidato presidencial Sergio Fajardo o el senador Jorge Robledo, o los hermanos Galán, hijos del asesinado jefe del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán, perdieron. Todos ellos anunciaron el voto en blanco y no lograron convencer. Su indecisión le dio el liderazgo de la oposición a Gustavo Petro y Claudia López. 4. Lograron ganar Iván Duque y el Centro Democrático, porque posicionaron a un candidato joven. El expresidente Álvaro Uribe y su partido lograron lavar su imagen de corrupción y política tradicional, además, lograron unir un espectro político amplio desde la primera vuelta presidencial, que fue desde el centro-derecha hasta la extrema derecha colombiana. Ello le permitió lograr en primera vuelta más de siete millones de votos y lograr diez millones en segunda. 5. Gustavo Petro perdió. En los sistemas presidenciales una elección significa todo o nada. Pero decantando las emociones de la jornada, Petro a pesar de perder logró al menos dos cosas. La primera es la votación más alta de la izquierda en Colombia. Por primera vez, la izquierda es una opción real de ganar. La segunda fue aglutinar o congregar un movimiento fuerte, principalmente conformado por jóvenes, que pide cambios a gritos en una sociedad gobernada por un pequeño grupo de familias en los últimos 100 años. 6. Colombia está dividida en tres grandes bloques. Un bloque del statu quo, que no quiere ningún cambio, no quieren reformas y tienen miedo a cualquier posibilidad de transformación. Este bloque le tiene miedo a los cambios de la paz, cree que la homosexualidad es una enfermedad y rechaza cualquier reforma agraria y no quieren que se toque el modelo de desarrollo. Al otro extremo hay otro bloque, compuesto por jóvenes mayoritariamente, que quiere muchos cambios y de forma rápida, desprecia la corrupción, odia a los viejos políticos y tiene una conexión impresionante con temas de medioambiente, desarrollo sostenible, y paz. En el medio hay otro grupo social, que también quiere cambios, pero de forma lenta o quieren algunos cambios, pero otros no. 7. Perdieron las grandes estructuras clientelistas regionales, lo que algunos llaman las maquinarias. Estos caciques políticos generalmente determinaban la votación de los departamentos y con un buen flujo de dinero ponían y quitaban presidentes, pero esta vez, a pesar de pagar el voto a 50.000 pesos o 20 dólares, mucha población recibió la plata y votó por el candidato que quería. En el Atlántico, departamento ubicado al norte de Colombia, ganó Petro y todos los caciques unidos no lograron voltear la votación a favor de Duque. Hay varios ejemplos más. 8. Las reformas estructurales que se prometieron con el proceso de paz quedan sepultadas. No habrá reforma agraria, los sectores conservadores se han opuesto a ella por años. También, las minorías y los derechos de la mujer podrían tener retrocesos. No debe olvidarse que los sectores más fanáticos y radicales de las iglesias cristinas y la católica se unieron a Duque con la promesa de detener el avance de estos derechos. Publicado por El País

Por: Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia El IV informe sobre Cómo va la paz, preparado por la Fundación Paz y Reconciliación- Pares y La Iniciativa: Unión por la paz arroja un balance de luces y sombras que debe ser ponderado y contrastado después de las elecciones presidenciales. Durante la campaña, los pronunciamientos de los candidatos presidenciales sobre la paz se limitaron a emitir opiniones alrededor de la coyuntura. A excepción de Humberto de la Calle, del Partido Liberal, no hubo pronunciamientos integrales de los protagonistas de las elecciones sobre la sostenibilidad real de los acuerdos de La Habana hacia el futuro, o los modelos de manejo del postconflicto que podrían asegurar la permanencia del proceso. Las declaraciones sobre la continuación de las negociaciones con el ELN, que vivieron en estos meses un proceso de reacomodamiento –después de haberse reiniciado al comenzar el año y ser trasladadas de lugar-, tampoco estuvieron afortunadas. Fueron, por decir lo menos, tácitamente agresivas y sin opiniones sustantivas –a favor o en contra- de la continuación de los diálogos. Aunque obstáculos de distinta índole, vividos por el proceso durante el periodo electoral, pudieron ser superados, es claro que pasadas las elecciones se requiere hacer un balance tranquilo y mesurado sobre el “estado del arte” en materia de paz, que proporcione al nuevo presidente un panorama objetivo sobre lo que ha sucedido, lo que está ocurriendo y lo que podría seguir aconteciendo con el proceso, de cara a los retos que enfrenta en el inmediato futuro. Este balance pretende presentar elementos de juicio que, sin caer en ideologismos ni exageraciones sobre la coyuntura, ayuden al nuevo Gobierno a diseñar la hoja de ruta para la paz que debe poner en marcha si está de acuerdo, por su puesto, en que así sea. El fin del conflicto El fin del conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, pactado en La Habana, funcionó bien en los términos que fueron acordados. En efecto, en el curso de los últimos dos años, se produjo la desmovilización de los efectivos armados de esa exguerrilla, su concentración en varias zonas veredales, la dejación de sus armas, el trámite de los beneficios en materia de libertad y movilidad, conversión en partido político y el difícil comienzo de su reinserción a la vida civil. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, en materia de fin del conflicto, las FARC cumplieron lo pactado. Veamos, por ejemplo, el caso de la entrega de armas: 6.800 de exguerrilleros dieron sus armas, a razón de 1,32 por excombatiente, una de las cifras más altas de procesos recientes de desarme para la paz en el mundo. Y, aunque en el proceso mismo se presentaron obstáculos que debieron ser previstos y evitados, como el equipamiento de las zonas veredales, la tramitación de amnistías individuales, la liberación de exguerrilleros presos en las cárceles (a marzo del 2018 permanecían 600 de ellos en prisión) y la dificultad para concretar proyectos productivos para garantizar la subsistencia de los movilizados, al final se consiguió el propósito de desactivación de la violencia armada. Estos beneficios ya se habían comenzado a sentir desde el momento en que se iniciaron las negociaciones en La Habana y se acordó el cese bilateral del fuego de forma permanente. Durante el tiempo que duraron las negociaciones los homicidios pasaron de 15.968 (en 2012) a 12.076 (en 2016), reduciéndose así en 3.892; los secuestros, por su parte, pasaron de 305 (en 2012) y 598 en su pico más alto (en 2013) a 207 (en 2016). Además, desapareció el impacto de minas antipersonas: de un promedio anual de 1.200 personas afectadas por la explosión de las mismas, se pasó a 57 casos en 2017. Este saldo humanitario de la época de las negociaciones en La Habana habría justificado su apertura, así hubiera fracasado. Sin embargo, el gran lunar de esta primera etapa de la paz fue –y sigue siendo- el asesinato de líderes sociales. Como muestra el informe que presentamos, en 2012 diferentes organizaciones sociales denunciaron la muerte de 69 líderes sociales y en 2017 la Fundación Paz y Reconciliación reportó 102 homicidios contra esta población. En 2018 se han registrado 36 casos. Se trata de un alto costo en vidas inocentes de personas que lideran en sus regiones procesos de transición local hacia el postconflicto; que han estado canalizando, de manera pacífica, las demandas sociales de las poblaciones afectadas por el conflicto armado y que actúan como garantes de salidas políticas de la violencia que no les interesan a los señores de la guerra. Estos mártires de la paz son quienes están avalando la presencia del Estado en programas como la sustitución social de cultivos ilícitos, que plantean una amenaza para quienes –en dichas zonas críticas- quieren seguir narcotraficando. También serían quienes, a nombre de las víctimas, podrían ocupar las curules para la paz que, a pesar de haber sido convenidas en La Habana, fueron rechazadas por el Congreso de Colombia en un acto de egoísmo histórico, animado por mezquinas motivaciones electorales. Vinculados entre sí, por una forma sistémica de victimización pasiva, estos luchadores sociales han sido las primeras víctimas de la actitud intransigente de quienes se oponen a la construcción de una nueva normalidad social que se contrapone a su pretensión de mantener el río revuelto de la violencia armada para sostener sus actividades criminales. El puente entre el conflicto y el postconflicto Para muchos dirigentes, el proceso de paz terminó con la dejación de las armas por parte de los combatientes de las FARC, que marcó el comienzo del silencio de los fusiles que el país había buscado –sin lograrlo- durante medio siglo. El éxito de esta paz negativa no es, sin embargo, la paz definitiva, que solo se conseguirá cuando cambien las condiciones objetivas que generaron y alimentaron durante muchos años y en muchos sitios de nuestra geografía el conflicto. Esta visión recortada de la paz, como desarme, dificultó la búsqueda posterior del entendimiento institucional necesario para construir, como parte de una política de Estado, los puentes transicionales que asegurarán el paso del conflicto a una sociedad reconciliada. Distintos agentes públicos del propio Gobierno, las ramas legislativa y judicial y organismos de control no entendieron –algunos siguen sin hacerlo- que los compromisos de La Habana, fundamentados en el derecho internacional humanitario, incluidos en el núcleo duro de la Constitución y legitimados a través de tratados internacionales, no son una opción sino una obligación para el Estado colombiano. A la luz de esta coercitividad normativa (Kelsen) resulta insólita la pretensión de algunos agentes estatales de introducir modificaciones estructurales a los acuerdos, que solo desvirtúan su esencia y coherencia. Veamos algunos ejemplos. Aunque se aprobó la columna medular de la justicia transicional, que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después se consiguió –y hasta se presentó como un gran logro político- que fueran excluidos de esta todos los miembros de la sociedad civil distintos a los actores armados. Como si el conflicto colombiano de 50 años hubiera sido el simple resultado de un enfrentamiento armado entre fuerzas regulares del Estado y actores ilegales, se exoneró la responsabilidad de todos los ciudadanos que, de una u otra manera, habían contribuido a financiar o estimular el enfrentamiento militar. No menos desconcertante fue el hundimiento legislativo de las circunscripciones territoriales acordadas en La Habana para recompensar a las víctimas de la violencia con unas curules desde las cuales pudieran ser interlocutores de la sociedad, que los privó de sus derechos fundamentales a la vida y la libertad. De igual forma, ha sido impertinente la insistencia de algunos entes de control por desatar una persecución mediática de los compromisos económicos y políticos asumidos por los miembros de las FARC para su reinserción. Estos hubieran podido conseguirse, de manera más efectiva, a través de políticas de acompañamiento que aseguraran el paso de la ilegalidad de varias décadas a la formalidad, en unos pocos meses. Tal vez si no hubieran coincidido el periodo de implementación institucional de los acuerdos con los tiempos propios de la campaña electoral a la Presidencia, el cumplimiento de aquellos hubiera sido menos traumático. Por fortuna, con la aprobación y confirmación de la JEP y la Comisión de la verdad y de sus respectivos reglamentos, la columna vertebral de la transición está garantizada, así como la aplicación de la regla de oro de la justicia transicional como una mezcla virtuosa de verdad, justicia y reparación, que asegura el paso del conflicto a la reconciliación. Queda, sin embargo, una agenda legislativa de iniciativas pendientes para la cual haremos referencia más adelante. Hacia el postconflicto Si el conflicto armado fue nacional y debía resolverse como se hizo, a nivel nacional, el posconflicto es una realidad eminentemente local que debe solucionarse a escala territorial. Sin duda, su manejo ha sido la pieza más débil del ajedrez de la paz. El gobierno nacional, ciertamente, no estaba preparado para asumir los inmensos desafíos que plantea el logro de pasar de una sociedad que ha vivido en medio de la guerra durante medio siglo, a una más incluyente y reconciliada. Tal vez eso explique por qué muchos sectores donde la guerra no se sintió, como las grandes ciudades capitales, han sido los más refractarios a aceptar los acuerdos e, inclusive, votaron contra ellos en el plebiscito, que no fue una voz contra la paz sino el resultado de un sindicato de odios diversos –contra el Gobierno, los impuestos, la inseguridad ciudadana- que encontraron en el NO a la paz la forma de desfogarse. Así ocurrió con el Brexit europeo o la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Ahora, el lenguaje en que se siguen expresando estos mismos sectores, a través de las redes, refleja una actitud muy peligrosa de venganza y revancha. Mientras no haya perdón y verdad, la sociedad colombiana y los siete millones de víctimas que produjo la guerra no podrán elaborar el duelo de su dolor y reconciliarse. Por ello, el proceso de reincorporación de las FARC, como punto de partida del postconflicto, ha sido tan lento y doloroso. Más de 36 exmiembros de las FARC y 11 de sus familiares han sido asesinados desde la firma de los acuerdos. Además, una buena parte de los guerrilleros desmovilizados que se habían concentrado de buena fe en las zonas veredales desertaron (al menos el 55%, de los 8.000 que se acogieron al acuerdo de paz, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault). Muchos de ellos se fueron porque no llegaron los prometidos apoyos para acometer proyectos productivos con los que hubieran podido reinsertarse en la sociedad civil de manera definitiva. Tampoco se contempló la posibilidad de haber empezado sus nuevas vidas en las zonas veredales, que hubieran podido volverse permanentes, como bases para la paz. A pesar de este desorden, y como muestra de lo que puede llegar a ser una política más sistemática, es justo reconocer el empeño puesto en algunos proyectos puntuales que muestran el interés por parte de muchos exfarc por encontrar una actividad productiva en qué ocuparse después de haber dejado las armas. Estos son recogidos en el presente informe. Criaderos de aves de corral, sembrados de piña y cacao, programas educativos y deportivos, planes de desminado, protección de parques naturales. Es toda una constelación de iniciativas concretas y loables financiadas, la mayor parte, con recursos de cooperación internacional de países que entendieron, como no lo hizo de forma cabal el Gobierno, que la paz hay que sembrarla. De otro lado, el tema del postconflicto, como parte de un proyecto de país, no fue materia de discusión durante la campaña Presidencial. Los candidatos, atendiendo quizás el llamado de una opinión cansada de los debates circunstanciales sobre el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, no se preocuparon por ofrecer alternativas de manejo del postconflicto para la inversión de US 135.000 millones en que ha sido estimado, por algunos estudios, el costo de la reconciliación en los próximos diez años. Mientras tanto, los programas bandera del posconflicto, como la Ley de Tierras, los planes de protección y reivindicación de las víctimas y la sustitución social de cultivos caminan a paso lento y pausado. Quienes afirman, hablando de estos últimos, con malévola intención, que las negociaciones en La Habana abrieron un compás de espera aprovechado por los narcotraficantes para inundar de cultivos ilícitos en el país, ignoran que durante estos años la devaluación del peso produjo un relanzamiento de la actividad exportadora en la cual también estaban incluidas las drogas ilícitas. Ignoran, también, que los efectos colaterales del Plan Colombia, diseñado para llevar apoyo social a las comunidades afectadas por el conflicto armado, terminó convertido en un programa de destrucción forzosa de cultivos ilícitos que aumentó su presencia de tres a 23 departamentos. Ignoran, además, que durante esta misma época, la caída de los precios internacionales del oro avivó el interés por otras fuentes de enriquecimiento ilícito, como los cultivos de coca. Por fortuna, en La Habana se adoptó, como política oficial, la sustitución social de cultivos, ofreciendo garantías para su reemplazo a los campesinos en la forma de subsidios, apoyos para nuevas actividades productivas y asistencia técnica. El programa empezó a marchar de manera lenta dentro de los parámetros pactados, hasta que el afán de Estados Unidos por erradicar en un año lo que se había acumulado en cinco obligó al Gobierno a utilizar el Ejército para la destrucción militar de los sembrados ilegales. Esta última estrategia está condenada, de antemano, al fracaso. Las cifras muestran con claridad que las resiembras de cultivos ilícitos representan el 60% de lo erradicado de manera forzosa, según datos de la Vicepresidencia de la República. Esta situación no se presenta cuando los sembradíos son sustituidos de forma voluntaria y los procesos se acompañan con apoyos para otro tipo de cultivos de carácter permanente. La pretensión de implementar, simultáneamente, dos políticas de signo contrario para conseguir el mismo objetivo terminó creando choques institucionales y conflictos sociales en sitios como Tumaco, donde los erradicadores forzosos del Ejército encontraron el rechazo de comunidades que se habían embarcado, de buena fe, en proyectos de sustitución voluntaria de mediano plazo. Casos parecidos se están viviendo en zonas como el Guaviare, donde a pesar de haber logrado convencer a más de 8.200 familias para que se acogieran a los programas de sustitución voluntaria, la falta de celeridad en el cumplimiento de lo pactado con las comunidades ha fortalecido la opción de la erradicación violenta. La metástasis ¿Existe la posibilidad de que los focos de violencia que quedaron vivos después del cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y desarme generen un fenómeno de metástasis social que haga renacer el conflicto armado a nivel nacional? La respuesta es sí. Y es muy alta. Según Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, las estadísticas internacionales muestran que en el último siglo hubo nueve postconflictos que se parecen al colombiano. Sin embargo, solo uno de ellos (el de Sierra Leona) ha salido porque todos –como en este caso- tienen una economía de guerra muy fuerte que los financia. Así las cosas, la posibilidad de que Colombia sea uno de esos ocho países en los que el postconflicto fracasó es muy alta –debido al factor del narcotráfico- y, por lo tanto, su éxito depende de la voluntad de los firmantes de los acuerdos de La Habana y del ELN. También, el apoyo de la sociedad civil para sostener los compromisos en el largo plazo es fundamental. Como se ha demostrado en otros informes sobre ‘Cómo va la paz’, las dinámicas de la violencia que caracterizaron el conflicto armado, que hoy creemos superado, se siguen manifestando en algunas regiones del país como Tumaco, Chocó, Catatumbo y Arauca. Y podrían extenderse a 62 municipios donde existió una fuerte presencia armada de las FARC y aún no se ha hecho presente, de manera efectiva, la presencia emergente del Estado colombiano. En estas mismas zonas se ha ido fortaleciendo la presencia de disidencias de las FARC, que aunque poco significativas en su número se han aprovechado de la huella de la presencia histórica de la organización en la zona. En unas pocas regiones estas estructuras se podrían reforzar con el ingreso de combatientes desertores desencantados por el incumplimiento, anteriormente comentado, de los acuerdos para su reinserción en la vida civil en las zonas veredales. En estos focos regionales de violencia es clara, además, la presencia emergente de nuevas bandas criminales vinculadas a la actividad del narcotráfico de manera directa, a través de asociaciones delictivas con carteles internacionales de las drogas. Estas estructuras incluso utilizan una novedosa figura en la que conceden franquicias a mercenarios y sicarios para actuar en su nombre. Aunque está claro que muchas de estas nuevas organizaciones vienen de las antiguas autodefensas paramilitares, aún están a tiempo de ser desmovilizadas con políticas de sometimiento a la ley, que no conllevan a una negociación política que, en estos momentos, sería inaceptable. Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, según este informe, pueden tener alrededor de 2.600 hombres y una presencia activa en más de 129 municipios, de los 281 en los cuales estaban las FARC. Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha venido cooptando más de 80 municipios que pertenecían a las FARC. Esta guerrilla seguirá ocupando esas zonas en la medida en que se demoren o no prosperen los acuerdos que se están negociando hoy en Cuba, particularmente, los que tienen que ver con un cese bilateral y permanente de acciones y hostilidades humanitarias que haría irreversible el proceso. En algunos casos, como el de la frontera de Ecuador con Colombia, se han registrado el aparecimiento de nuevas bandas conectadas con organizaciones internacionales de la droga que, aprovechando el conocimiento de la zona, están desafiando a las autoridades a través de métodos de violencia y terror de una crudeza nunca antes vista en nuestro país. Es el caso de alias ‘Guacho’. Está claro que el común denominador de estas dinámicas de la violencia es el poder financiador del narcotráfico, cuya fortaleza se puede deducir del hecho de que solo en diez municipios afectados se concentra el 50% de los cultivos ilícitos del país. En Tumaco está el 16% de estos. Facilidades locativas para el procesamiento industrial y corredores de acceso y salida de nuevos embarques completan este panorama preocupante de la capacidad que tienen los señores de la guerra para alimentar esta metástasis del conflicto armado que les interesa. Así lo demuestran, también, las cifras contenidas en este informe, de las cuales se concluye que existe un número creciente de municipios exfarc en los que está creciendo la tasa histórica de homicidios y algunas zonas de protección ecológica, como parques nacionales (20 de 40 parques declarados zonas de reserva estaban ocupados por las FARC), donde se han intensificado las actividades depredadoras para extender los cultivos ilegales. En conclusión, si el nuevo Gobierno y las propias FARC no toman en serio la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los acuerdos de La Habana, no debe descartarse que en un plazo no muy largo, por cuenta de esta metástasis, regresemos a la situación del conflicto armado nacional que hemos tenido durante los últimos cincuenta años. No serán, seguramente, todos los integrantes de las FARC, convertidos en partido político, quienes, después de haber dejado sus armas para desmovilizarse, protagonicen este nuevo y lamentable cuadro de regreso al pasado. Y habrá más señores de la guerra quienes, con los nuevos combatientes, confirmarán la maldición de nuestro destino manifiesto, como nación, hacia la violencia. Salvemos la paz Es posible que los vientos polarizantes de la campaña electoral que termina hayan impedido tener aproximaciones más integrales, objetivas y positivas frente al evidente deterioro en el proceso de cumplimiento de los acuerdos de La Habana y las dificultades conocidas para avanzar en los diálogos con el ELN. Pareciera que los sentimientos de revancha, venganza y desquite no hubieran abandonado algunos sectores de la opinión nacional y que la voluntad de paz y el apoyo a una salida política del conflicto armado no fueran aún suficientes para contrarrestarlos. Pero no debemos dejar que esa actitud negativa frente a las posibilidades de una sociedad reconciliada nos contamine. Calmadas las aguas tormentosas de la confrontación electoral, el nuevo Gobierno tiene que tomar la decisión de avanzar en la paz o regresar a la guerra. Para hacerlo, tiene que partir de la base de que los acuerdos de La Habana, firmados por el Gobierno –a nombre del Estado colombiano, como lo refrendó el Congreso, lo avaló la Corte Constitucional y lo determina el carácter de los tratados internacionales que fueron consignados- establecen el carácter obligatorio del cumplimiento de los mismos. Cumplir los acuerdos de paz, repetimos, no es una opción sino una obligación para el Gobierno colombiano. Por eso, la nueva Administración debe, en consecuencia, empezar por renovar el fuerte apoyo que ha venido recibiendo el proceso por parte de la comunidad internacional. Asimismo, debe reconocer el carácter de política de Estado de los compromisos que se suscribieron en La Habana. Tampoco debería dejar a un lado lo que se logre avanzar en las negociaciones que hoy se adelantan en Cuba con el ELN, particularmente en lo que se refiere a un cese permanente bilateral del fuego y las hostilidades. La prioridad en este momento es reconstruir la confianza alrededor de lo acordado y mantener la legitimidad de los mecanismos de justicia transicional que asegurarán un tránsito pacífico hacia una etapa de posconflicto. Este último debe ser abordado como un desafío gerencial a partir de un modelo de país que debe quedar consignado en el nuevo Plan de Desarrollo, un plan que abarca varias generaciones y muchos desarrollos sectoriales. Así las cosas, como columna vertebral del Plan de Desarrollo, la propuesta de postconflicto debe reordenar prioridades presupuestales en función de las víctimas del conflicto, el nuevo régimen de tierras, proyectos de infraestructura física y social acordados para los municipios identificados como parte el mapa del postconflicto y el desarrollo ordenado de los proyectos de emprendimiento productivo que hoy están congelados. Será la mejor manera de sembrar la paz. La nueva voluntad de paz debería consignarse también en una agenda legislativa que incluya temas pendientes como la legislación de tierras, el estatuto procesal para la nueva justicia transicional, una ley de sometimiento a la justicia de las nuevas organizaciones criminales y la aprobación de las nuevas circunscripciones electorales para las víctimas del conflicto armado. Nuestro objetivo como sociedad es reemplazar el enfrentamiento por el diálogo como un camino para solucionar nuestras diferencias fundamentales, aprender a reconocernos en el otro y no contra el otro y convertir la verdad y la reparación en las mejores vacunas contra nuevas expresiones de violencia armada. Después de medio siglo de guerra nos merecemos, por lo menos, un siglo de paz.

Por: Conflictos asociados al desarrollo-Pares En el postconflicto es indispensable el acompañamiento y la participación del Gobierno –nacional, departamental y municipal– en los planes, las estrategias, los programas, los proyectos o las acciones de construcción de paz que las empresas quieran implementar. A continuación se presenta un listado –más ilustrativo que exhaustivo– con instituciones del Gobierno nacional que tendrán un rol protagónico durante el postconflicto y que, sin lugar a dudas, serán los socios más importantes para los empresarios que quieran construir paz. El listado incluye aquellas instituciones que comparten algunas o varias de las siguientes características: Liderazgo y protagonismo en materia de postconflicto, pues la construcción de paz es un objetivo de tal magnitud que requiere la participación de todo el Estado; sin embargo, el liderazgo sobre ciertos temas específicos recae en algunas instituciones. 1. La Alta Consejería para el Posconflicto (ACPC): Tiene un rol articulador entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, la sociedad civil, la cooperación y el sector empresarial. Se trata de un aliado que le permite al empresario coordinarse con las estrategias del Gobierno nacional. Al estar ubicada a la cabeza del ejecutivo, una entidad como esta permite al empresario identificar múltiples socios para sus iniciativas de paz. Sin embargo, este tipo de instituciones no tienen a su cargo la implementación de políticas públicas en temas concretos, por lo cual los recursos económicos de los que disponen no son muchos. Ahora bien, es una institución catalizadora que puede hacer converger intereses y recursos de distintas organizaciones. 2. La recién creada Agencia de Renovación del Territorio (ART) esta entidad será la encargada de diseñar de manera concertada lo que será una nueva política de desarrollo rural con enfoque territorial. Retos como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito estarán a su cargo. 3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto (UARIV) tiene a su cargo la coordinación de la implementación de la Ley 1448 de 2011, una de las tareas claves para el postconflicto. Experiencia de trabajo en alianza con el sector privado. Muchas entidades del Gobierno cuentan con experiencia de trabajo en alianza con el sector privado para adelantar sus funciones y objetivos. Algunas de ellas son: 4. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR): El país tiene más de treinta años de experiencia en la reintegración de los excombatientes a la vida civil en distintos procesos y el apoyo del sector empresarial en todos ellos ha sido importante. La ACR cuenta con un área dedicada a establecer alianzas estratégicas con diferentes actores, incluidas las empresas. De acuerdo con la entidad, para el año pasado 650 empresas del país apoyaban el proceso de reintegración. 5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): Es una entidad clave pues ofrece formación gratuita en programas técnicos, tecnológicos y complementarios que buscan satisfacer las necesidades del mercado laboral del país. En el marco de sus funciones, el SENA ha venido implementando desde hace varios años la estrategia de “Alianzas para el trabajo”, que busca garantizar la pertinencia de los programas de formación a través de un proceso que incluye la caracterización económica de un territorio. Entonces, el SENA regional invita a empresarios, a gremios y a autoridades locales para conocer las necesidades de talento humano. Finalmente, el SENA regional diseña sus programas de formación para atender esta demanda del sector productivo. 6. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): Juega un rol fundamental para la reconciliación al generar nuevas narrativas que pongan a dialogar las distintas historias acerca de la violencia en el país; y también para la reparación en tanto que da voz a las víctimas en la reconstrucción de la memoria. Ecopetrol y su sindicado, buscaron el apoyo del CNMH para la planeación y construcción de un centro de memoria para el Magdalena Medio como aporte a la construcción de paz en una de las regiones más afectadas por la violencia. 7. El Departamento para la Prosperidad Social es la entidad que se encarga del sector de inclusión social y reconciliación. Se trata de una entidad con gran despliegue y presencia en las regiones que cuenta con mucha información sobre las poblaciones vulnerables en el país. Desarrolla varios programas primordiales para la agenda del postconflicto, entre los cuales vale la pena mencionar: Paz, Desarrollo y Estabilización • Inclusión productiva • Más Familias en Acción • Estrategia de acompañamiento social y comunitario 8. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), coordinado por la UARIV, tiene presencia territorial en el país a partir de las instancias territoriales creadas en el marco de la Ley 1448 de 2011 y de las entidades del Ministerio Público a nivel territorial.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares De los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial se pueden hacer muchos análisis, pero hay uno particularmente interesante. La pregunta es sencilla, varias de las principales ciudades del país le votaron a Gustavo Petro, y en cambio los municipios pequeños y ciudades intermedias le votaron a Iván Duque. Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta le votaron mayoritariamente a Petro. Duque, por su parte, logró Medellín, y algunas otras capitales departamentales importantes. A continuación se ve el mapa. La pregunta de por qué sucedió esto, tiene varias explicaciones pero quisiera centrarme en dos de ellas. La primera explicación es que con la elección presidencial, se comprobó que Colombia está dividida en tres grandes bloques. Un primer bloque es el sector conservador de la sociedad Colombiana. El statu quo es lo que lo marca. Este sector le tiene miedo a los cambios de la paz, cree que la homesexualidad es una enfermedad o al menos algo no deseable para un ser humano. Cree que ampliar los derechos de la mujer es libertinaje y en general, piensa que falta mano dura para todo, para lo que sea. Además piensa, que no hay que hacer ningún tipo de reforma al sistema de desarrollo y se cree que el pobre es pobre por una decisión personal y no por una estructura social que lo condiciona. La mayoría de los votos que sacó Iván duque estaban en este sector. Al otro lado hay un extremo que piensa que todo debe cambiar: odia la corrupción, odia la vieja clase política, quiere que se amplíen los derechos para las mujeres y las minorías sexuales, confía en la paz como motor de cambio social y político. Plantea una evaluación al modelo de desarrollo basado en los límites ambientales del planeta. Pero sobre todo, es una sociedad cansada de la desigualdad y la inequidad. Luego hay un bloque en el medio, que quiere cambios lentos, sin mucho afán o quieren algunos cambios pero otros no. Ese es el famoso centro. En las principales ciudades la convergencia del segundo y tercer bloque, donde hay una sociedad joven, progresista y con una capacidad de autodeterminación más amplia votó a favor del cambio, en el interior del país, votaron a favor del statu quo. Claro, esta es una reducción simple, la realidad es un poco más compleja. La segunda explicación es bastante sencilla, es la globalización: en las principales ciudades del país, confluyen una posibilidad de acceso a información e interrelación de ideas de forma fácil, es una sociedad del conocimiento en ebullición. Que se potencia con las redes sociales y las redes de contactos. Por otro lado, al ser metrópolis, las ciudades permiten una mirada amplia de la realidad nacional y no local o regional como las ciudades pequeñas. Las ciudades te dan la posibilidad de abstraer y simplificar la realidad para poder analizarla. A nivel local se vive una realidad simple o al menos se ve solo pequeñas parte de una película. A continuación se ve el mapa nacional de las preferencias electorales de la segunda vuelta presidencial.

Por: Redacción Pares La opinión de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, en la FM  (94.9): ¿A quiénes mencionó y a quiénes omitió Iván Duque en su discurso? ¿Qué adelanta esto sobre cómo gobernará?

Por: Redacción Pares El futuro presidente de Colombia será Iván Duque. Los 10 millones de votos que le aseguraron el triunfo en segunda vuelta reúnen a la maquinaria y a la clase política tradicional. Del otro lado, en segundo puesto, Gustavo Petro, consolida su oposición con 8 millones de votos. Gobierno de derecha y oposición de izquierda, esto inaugura el siglo XXI en la política colombiana. Estas son las 6 conclusiones de la jornada electoral: Se consolida la oposición. Aunque Iván Duque, candidato del Centro Democrático, ganó con el 54% de la votación; la otra mitad del país le dijo no a Duque y a su padrino político, Álvaro Uribe Vélez. La paz le cumplió al país: ni un puesto de votación trasladado por situación de orden público. Perdieron las maquinarias políticas del siglo XX. El Clan Char, con influencia en el Atlántico, no pudo asegurarle la victoria a Iván Duque. El departamento lo ganó Gustavo Petro con 440 mil votos. Las maquinarias también perdieron Sucre y por poco pierden Córdoba. Es decir, el voto de opinión ganó. Ganó el centro. La movida política de Gustavo Petro de aliarse con Claudia López y Antanas Mockus, le permitió crecer 3 millones de votos con respecto a la votación que obtuvo en primera vuelta. Perdió el voto en blanco. Los líderes del voto en blanco, como Sergio Fajardo (candidato presidencial por la Coalición Colombia y quien en primera vuelta obtuvo más de 4 millones de votos), no influyeron en el porcentaje de votos en blanco. Ganó la izquierda. Triplicó la votación que en su mejor momento tuvo Carlos Gaviria (Gustavo Petro obtuvo 8.034.189 votos, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría) y se ve como la fuerza política de más proyecciones a futuro.

Este informe fue posible gracias a la información enviada por cientos de ciudadanos que denunciaron alteraciones de los formularios E-14 a la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias a todos ellos. Por: Ariel Ávila y Esteban Salazar Giraldo, Investigadores Pares La Fundación Paz y Reconciliación – Pares realizó una investigación en la que se analizó cómo operó la alteración de formularios E-14 durante la primera vuelta presidencial. En todo caso antes de entrar a analizar las conclusiones se hacen dos aclaraciones. El análisis que hace Pares se basa sobre formularios E-14 de Delegados, no se hace sobre el de Claveros, en la medida que no se tiene acceso a estos últimos. El Registrador Nacional en comunicados y diferentes entrevistas ha dicho. A. que es normal que los formularios E-14 de Trasmisión y Delegados estén alterados. B. Para el Registrador son errores humanos y da a entender que es normal o aceptable que se alteren documentos públicos electorales. C. Que los formularios E-14 de claveros, que no son públicos, son los que tienen validez jurídica y que esos formularios no están alterados, entonces las versiones de fraude son injustificadas. La metodología construida por el equipo de investigación nacional estuvo fundamentada en la sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, mediante la cual se demostraron problemas con el funcionamiento del software, alteraciones en los formularios E-14 y E-24 y sistematicidad en el fraude para las elecciones de 2014, razón por la cual tuvieron que regresarle al partido Mira 3 curules. Estos problemas, según las pruebas recaudadas por la Fundación, se siguen presentando en las elecciones del 2018. En un primer informe sobre las elecciones al congreso de la republica del 11 de marzo de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación encontró más de 3500 folios de pruebas de alteraciones sistemáticas en formularios E14 y E24, también casi una decena de videos y fotos en la cual se logró vislumbrar una red de corrupción electoral que vendía paquetes de votos a candidatos, por medio de la estrategia del Canguro y del Anillo. Además se demostró una red de jurados fantasmas, situación que coincidió con una denuncia del Senador Armando Benedetti sobre centenares de jurados fantasmas en la Costa Atlántica. A pesar de haber alertado a las autoridades electorales, los partidos y la opinión pública, para los comicios presidenciales del 27 de mayo de 2018 continuaron las denuncias. A la Fundación llegaron centenares de Formularios E-14 alterados que ciudadanos descargaron de la página de la Registraduría y se referían a formularios E-14 de delegados. El Registrador dijo que las alteraciones eran normales, que eran errores humanos y sobre todo que la validez jurídica la tenían los formatos E-14 de claveros. En todo caso, la Fundación continúo con la investigación, sobre todo porque había denunciado una situación complicada con el tema de jurados electorales, pues hubo inscripción atípica por parte de empresas privadas en varios departamentos, también muchos contratistas fueron inscritos y al final muchos funcionarios públicos de carrera no fueron llamados a ser jurados electorales. No debe olvidarse que son los jurados de votación los que llenan los E-14. Y lo que encontró la Fundación Paz y Reconciliación fue que una buena cantidad de las alteraciones no fueron errores humanos, sino intencionales, con la finalidad de sumarle o quitarle votos a candidatos presidenciales. Y en varios puestos de votación se encontraron situaciones sistemáticas de alteración entre las diferentes mesas de votación. En primer lugar, se contrastaron las denuncias ciudadanas con el sistema de información de la Registraduría para determinar si los formularios correspondían con los que estaban digitalizados. Una vez se constató que la información fuera real, se profundizó en los departamentos que estaban siendo investigados con anterioridad: Atlántico, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Los resultados obtenidos evidencian que de la muestra tomada en 27 departamentos y los Consulados del exterior, hay 300 inconsistencias debidamente identificadas en los formularios E-14 de Delegados y, en su mayoría, no están justificadas por los jurados electorales y tampoco en las Actas Generales de Escrutinio. Adicionalmente, estas modificaciones están reflejadas en los formularios E-24 con los que fueron cotejados. En segundo lugar, se estima que, de acuerdo con la muestra obtenida, de solo las 300 inconsistencias halladas habría alteraciones que podrían modificar entre 8 mil y 10 mil votos, en su mayoría a favor del candidato Iván Duque, pero no únicamente a él. En cada departamento se encontró, como mínimo, una o varias irregularidades; sin embargo, los casos más preocupantes por la frecuencia y la magnitud en la que se dieron las alteraciones a los formularios E-14 son: Antioquia (31), Boyacá (27), Valle (27), Bogotá (25), Bolívar (22) y Norte de Santander (17). En suma, estos 6 departamentos congregan el 52% de las alteraciones encontradas como se observa en la Gráfica 1. A excepción de Boyacá y Bolívar, el resto son departamentos que coinciden con los de la investigación del 11 de marzo de 2018 realizada por la Fundación. También se identificaron las ciudades y municipios con mayor cantidad de modificaciones, entre los cuales están: Cali (22), Cúcuta (17), Medellín (12) y Duitama (11). Gráfica 1. Departamentos vs % de Alteraciones. Fuente: Elaboración Propia Fundación Paz & Reconciliación Patrones y sistematicidad A raíz de estos indicios, la Fundación encontró patrones dentro de las alteraciones por la forma en la que se marcaron los E-14 y también por la frecuencia en la que se dio en varias mesas de votación. Para este propósito, se procedieron a identificar las mesas dentro de un mismo puesto, zona y municipio, en las cuales se hicieron alteraciones a los E-14, la forma en cómo se hicieron las alteraciones y a quién favorecían. Los resultados sobre este último punto llevaron a identificar que, en 16 de los 28 departamentos donde se registraron denuncias y una o varias alteraciones a los formularios E-14 en favorecimiento de un candidato, existieron patrones de alteraciones en más de una mesa dentro de un mismo puesto y zona de votación. Las modificaciones de los formularios E-14 favorecían a un candidato en específico. Los departamentos con mayor porcentaje de patrones de alteración encontrados fueron: Antioquia (16%), Bogotá (14%) y Valle del Cauca (12%), los cuales concentran el 42% de patrones de alteración identificados, como se observa en la Gráfica 2. Sobre los candidatos favorecidos, en 57 de los 69 patrones encontrados favorecen al candidato Duque; 1 a Vargas Lleras y Duque; 10 al candidato Fajardo; y 1 a Fajardo y Trujillo. Gráfica 2. Departamentos vs % de Patrones de Alteración. Fuente: Elaboración Propia Fundación Paz & Reconciliación Antes de mostrar los ejemplos se debe decir, que el tema no es hablar de un fraude masivo, eso no se puede mostrar con una muestra tan pequeña. Pero lo que sí es cierto, es que lo que se demuestra es que hubo jurados que actuaron de mala fe y alteraron a propósito los formularios E-14. Por tanto no deberían ser jurados para la segunda vuelta presidencial y sobre todo la Fiscalía debe investigarlos y determinar las motivaciones de sus actuaciones. Los casos más representativos en los que hubo patrones en las alteraciones son: Antioquia Los municipios de Amalfi, Valdivia y la ciudad de Medellín es donde existen más casos de varias mesas en las que hubo patrones identificados. Se trata de 11 mesas distribuidas en 3 puestos de votación en los que hubo modificaciones de más de 100 votos en favorecimiento del candidato Duque.DepartamentoMunicipioZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoAntioquiaAmalfi0022AMA-Z00-P00-M22DUQUEAntioquiaAmalfi0023AMA-Z00-P00-M23DUQUEAntioquiaAmalfi0012AMA-Z00-P00-M12DUQUE DepartamentoMunicipioZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoAntioquiaValdivia99512AV-Z99-P5-M12DUQUEAntioquiaValdivia99510AV-Z99-P5-M10DUQUEAntioquiaValdivia9959AV-Z99-P5-M9DUQUE DepartamentoMunicipioZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoAntioquiaMedellín1223AM-Z1-P2-M23DUQUEAntioquiaMedellín1246AM-Z1-P2-M46DUQUEAntioquiaMedellín1219AM-Z1-P2-M19DUQUEAntioquiaMedellín1217AM-Z1-P2-M17DUQUEAntioquiaMedellín1213AM-Z1-P2-M13DUQUE Bogotá Después, está la ciudad de Bogotá, en donde se encontraron 8 mesas distribuidas en 4 puestos de votación, en las que encontraron alteraciones en favorecimiento del candidato Duque y Fajardo. Sin embargo, conviene subrayar que, de las 8 mesas, solo 2 favorecen a Fajardo.DepartamentoLocalidadZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoBogotáSanta librada551B-SL-Z5-P5-M1DUQUEBogotáSanta librada5533B-SL-Z5-P5-M33DUQUEBogotáSanta Marta544B-SM-Z5-P4-M4DUQUEBogotáSanta Marta5419B-SM-Z5-P4-M19DUQUE DepartamentoLocalidadZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoBogotáSan vicente ferrer6815B-SV-Z6-P8-M15DUQUEBogotáSan vicente ferrer6833B-SV-Z6-P8-M33DUQUE DepartamentoLocalidadZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoBogotáLa concordia17127B-LCO-Z17-P1-M27FAJARDOBogotáLa concordia17118B-LCO-Z7-P1-M18FAJARDO Valle del Cauca Posteriormente, se encuentra el departamento de Valle, donde dentro de 8 mesas de votación distribuidas en 4 puestos de votación en Cali y Palmira, se encontraron alteraciones parecidas en los formatos E-14 en favorecimiento del candidato Duque.DepartamentoMunicipioZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoValleCali213VC-Z2-P1-M3DUQUEValleCali2153VC-Z2-P1-M53DUQUE DepartamentoMunicipioZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoValleCali4316VC-Z4-P3-M16DUQUEValleCali4327VC-Z4-P3-M27DUQUE DepartamentoMunicipioZonaPuestoMesaCódigo PDFFavorecidoVallePalmira245VP-Z2-P4-M5DUQUEVallePalmira249VP-Z2-P4-M9DUQUE

Por: Gonzalo Duarte, Investigador Conflictos asociados al desarrollo- Pares 1929, hace casi 90 años, el reconocido filósofo antioqueño Fernando González escribió: “Consideremos, pues, al hombre en sus tres aspectos de hambriento, amante y miedoso. Toda invención y toda ideología humana caben aquí, en estas tres casillas”. Estos tres aspectos están presentes en toda la vida del hombre, pero al parecer también pueden estar presentes en la vida de una Nación. En las últimas semanas es notable como las palabras de González, que nació y murió durante la república de Núñez, bajo los mandatos de la Constitución de 1886, aún hoy siguen vigentes. Esto con mayor claridad, una vez se advierte que para la segunda vuelta presidencial el país se encuentra ante dos opciones para elegir su futuro, y tal binarismo ha conllevado al enfrentamiento de dos proyectos opuestos. En primer lugar, está el país del hambre. El país del hambre consiste en ese gran mancomunado de personas que año tras año viven con la incertidumbre del futuro. Son una gran masa de ciudadanos que gustosamente reciben dinero, comida o alcohol a cambio de su voto por algún candidato, el cual probablemente no estará interesado en mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas, ya que allí encuentran una constante base de votos que le aseguran un futuro en los cargos públicos. Este es un país que da un paso al costado, ante los problemas colectivos que se avecinan, es un país que piensa desde el individuo y la solución inmediata de las necesidades del día. Es el arquetipo del interés individual. En segundo lugar, está el país del miedo. El país del miedo se compone de una forma bastante particular, pues a este no le interesan los cambios o las transformaciones, en esencia son un conjunto de ciudadanos aliados de la resignación que consideran que un mejor país, junto a mejores condiciones de vida, no son posibles, y que la única forma de transformar la realidad es desde el plano individual. Para este país se ha presentado una opción retardataria, que ofrece regresar a la Colombia de comienzos del milenio. Es decir, un país donde la vida no era respetada, ni mayor motivo para la indignación. En cambio, el disfrute de la propiedad era el máximo estandarte la época. Y es allí donde se encuentra el miedo. Este país tiene un gran temor frente a la posibilidad de perder los objetos que han adquirido en su vida, lo cual es sumamente respetable en tanto muchos colombianos han trabajado arduamente para contar con una vivienda propia, un negocio propio o un vehículo que le brinda la posibilidad de trabajar. Pero es tal temor el que alimenta este proyecto político retardatario, es allí donde tiene su imperio, ya que aboga por presentarse como el único capaz de defender estas posesiones, aunque para ello la población colombiana deba seguir soportando los atropellos del mal manejo de los recursos fiscales, la violación de los derechos humanos más básicos como la vida, la educación y la salud. Es el país del miedo el que se retrae alrededor de la autoridad, de quien se presenta como ejecutor de la ley, pese a querer ignorarla de manera sistemática desde hace décadas. Además, este país del miedo también cuenta con otro componente adicional: el miedo al otro. El otro como negro, como homosexual, como joven resiliente, como mujer utópica, como indígena y como ambientalista. Este otro resulta indeseado para el país del miedo, ya que le recuerda continuamente la existencia de la desigualdad, del racismo, el machismo, la degradación ambiental y demás aspectos que no se solucionan desde el plano de lo individual, sino de lo colectivo. Allí es donde el país del miedo prefiere solo cerrar los ojos e ignorar su entorno, tapar sus oídos para acallar los gritos y tapar su boca porque no tiene nada bueno que decir. En tercer lugar, está el país del amor. González señalaba el amor como el sentimiento preponderante durante la juventud, esa juventud que se guía principalmente por los valores positivos, los del triunfo, los de la transformación, los del sueño a futuro. Esta es la condición del tercer país, el que más allá del miedo ve esperanza, y en el que se espera construir un país en el que caben todos. Acá nadie anhela violentar los derechos y creencias del país del miedo, sino que se aspira en algún momento incluirle en esta proyección, donde se les demuestre que no es despreciable exigir el respeto a la vida, el respeto a los derechos de las personas, a la libre opinión o la tranquilidad pese al disentimiento. Este es el país que percibe su entorno, que entiende lo injustificable que es seguir por la misma senda y que pese a no tener certezas frente al nuevo camino por recorrer, sabe que el de ahora no lo llevará a ningún lado. Ahora bien, quizás el mayor defecto de este país es el de a veces caer en la ingenuidad, y que suele soñar más allá de lo que en realidad llegar a la presidencia le permitiría. Pero este es un defecto que solo se logrará solventar una vez quienes nunca han gobernado, quienes nunca han decidido, quienes nunca han sido tenidos en cuenta, logren gobernar, decidir y hacerse notar. Esta es la opción de la democracia participativa y de la discusión pública, donde por fin el país no peleará sobre la paz o la guerra, sino sobre cómo llegar a construir un mejor futuro. Estos son los tres países, más allá de los candidatos. Pensé incluir a los votantes en blanco, pero estos quizás son los únicos que no entran dentro de las palabras de Fernando González, ya que parece que no sienten hambre, miedo ni amor.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Ahora que la campaña de Iván Duque no quiere asistir a los debates y que ha sido imposible ver a los candidatos contrastando ideas, la campaña de la derecha ha radicalizado sus discursos en tarima y en reuniones privadas. Inicialmente dijeron que harían trizas los acuerdos de paz, luego manifestaron que harían trasformaciones estructurales y en las últimas horas hablan de modificaciones sustanciales. Estas palabras guardan la intención de no avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y en demoler lo que hasta ahora se ha avanzado. Con esto, los afectados no serán las Farc, como piensa un gran sector de la sociedad, sino que los grandes afectados serán todas y todos los colombianos. Sé que muchos no creerán esto, por ello argumentaré en dos grandes ideas el postulado. En primer lugar, luego del asesinato de los dos periodistas ecuatorianos y su conductor en la frontera entre Colombia y Ecuador, y sobre todo luego del paro armado en el Catatumbo, se dijo que la paz había fracasado y que Colombia había regresado a los años del presidente Pastrana. Pero eso no es cierto, es una gran mentira. Por ejemplo, en el año 2017 se produjeron 180 secuestros en Colombia, la cifra más baja en décadas, en el peor momento de la guerra hubo más de 3.000 secuestros. También los afectados por minas antipersonal se han reducido sustancialmente, en su peor momento, en el año 2006, 1.231 personas fueron heridas por estos artefactos, en el año 2017 la cifra cayó a 56. De hecho, el pabellón del Hospital Militar que atiende a los afectados está a punto de cerrar, pues el número de heridos es bajo. Ni qué decir, de los desplazamientos y las desapariciones forzadas, que  se han reducido fuertemente. Incluso, en términos de jornadas electorales, Colombia ha vivido las más pacíficas de su historia reciente. El 27 de mayo, en primera vuelta presidencial, no fue trasladada una sola mesa y puesto de votación por temas de orden público, hace 12 años se contaban por centenares. Esto último es increíble, en un país que en las jornadas electorales tenía en promedio 300 municipios en riesgo. Los beneficios del proceso de la paz son inmensos, es inadmisible que aún exista gente que diga que esto no sirvió. Obviamente hay problemas delicados de seguridad en algunas zonas, pero estamos hablando de 78 municipios de 1.122 que tiene el país. En segundo lugar, el proceso de paz está diseñado para beneficiar a la sociedad colombiana y no a las Farc o las Fuerzas Militares. El acuerdo crea 143 medidas, ya sean programas, proyectos o planes. De ellas, 14 están diseñadas para beneficiar a los actores que estuvieron en el conflicto, las otras 129 medidas son para todos los colombianos: El plan nacional de vías terciarias, o el plan nacional de conectividad o el plan de educación rural. La idea con todas estas medidas es mitigar las causas estructurales de la violencia. De los más de 200 años de vida republicana del país, la mayoría se han vivido en medio de guerras civiles, olas de violencia y fuertes autoritarismos. Han sido pocos los años de paz y democracia.Colombia se independizó en 1810, luego vino una serie de disputas y guerras civiles, años después se dio la campaña libertadora, luego Bolívar trajo algo de estabilidad y nuevamente en medio de la disolución de la Gran Colombia estallaron brotes de violencia en todo el país. Más tarde se desarrolló un pequeño periodo de tranquilidad y nuevamente se dieron una serie de guerras civiles entre federalistas y centralistas, luego la república conservadora y con ello un fuerte autoritarismo y represión, ya para 1930 llegó Olaya Herrera y con él comenzó la venganza liberal, en 1948 asesinaron a Gaitán y nos metimos en la actual ola de violencia. Una historia de violencia y represión. En los acuerdos de La Habana se dijo que esa violencia cíclica se debía a unas causas estructurales y se determinó que eran tres: 1. Uso y acceso a la tierra. 2. Participación política y democracia social. 3. Economías ilegales, principalmente narcotráfico. Como se sabe los primeros tres puntos del acuerdos se refieren a estos temas, para eso son las 129 medidas. El riesgo de hacer trizas los acuerdos de paz no está en que las Farc regresen a las armas, eso difícilmente ocurrirá. El riesgo está en que en la medida que no se haga una transformación del campo, no se profundice la democracia y se siga en la política errada de lucha contra el narcotráfico de los últimos 20 años, Colombia está condenada a vivir una nueva ola de violencia, tal vez ya no política, si no más criminal. Por ello, la implementación del acuerdo es fundamental para que Colombia avance como una sociedad y supere la violencia que parece repetirse cada cierto tiempo. La votación del 17 de junio será entre el pasado y la posibilidad de avanzar, y allí los colombianos escogeremos entre consolidar la paz o quedarnos anclados al pasado de las violencias cíclicas. Publicado en Revista Semana

Por: Juan Diego Castro León, Coordinador comunicaciones-Pares La Fundación Paz & Reconciliación cumple 5 años, y esta es una ocasión para innovar. En el mes de mayo la Fundación Paz & Reconciliación, realizó el lanzamiento de su nueva marca constituida como Pares, un nombre que es recordable, sencillo, y amigable. Se podría describir de la siguiente manera: “Somos el amigo que te mantiene al tanto de lo que ocurre en Colombia y en la región. Nosotros te damos los datos más actualizados sobre los temas de interés; seguridad, democracia, postconflicto, desarrollo, y lo más reciente sobre la Fundación”. Queremos poder llegar a un público más amplio, poder informar sobre estudios e investigaciones. Queremos compartir nuestro análisis y recomendaciones. Entendemos la problemática del país; conocemos los territorios, y hablamos con todos los actores. Nuestra credibilidad como centro de pensamiento tiene que trascender para que nuestros estudios académicos estén más cercanos a la opinión pública y a tomadores de decisiones. En este momento en el país no existe una organización que tenga el enfoque que tiene Pares, ni tiene la fortuna de tener calidad de investigadores ni la ética de trabajo con la cual participamos en los hechos políticos que impactan el país. Es por eso que Pares debe mantenerse a la vanguardia con el lanzamiento de una serie de herramientas digitales donde el público podrá mantenerse informado del día a día de la coyuntura nacional, al igual que funcionar como una fuente de investigación importante con herramientas tecnológicas interactivas. Es así como en nuestro 5to aniversario hacemos el lanzamiento de nuestro nuevo portal web el cual le apuesta al futuro de la información digital. En nuestro nuevo sitio web, que mantiene la misma dirección www.pares.com.co podrán encontrar los siguientes elementos: Un nuevo “look”. Actualizamos nuestra imagen y la arquitectura de nuestro sitio para hacerlo más amigable para la lectura de nuestros visitantes. Las imágenes y lectura se adaptan de dispositivos de escritorio a dispositivos móviles con facilidad. Por otro lado, cada ventana de artículo cuenta con una barra para compartir fácilmente en todas las redes sociales al igual que por whatsapp. Hemos creado secciones de contenido temático, que van más allá de las investigaciones actuales de Pares.  La sección Democracia recoge los siguientes temas: Política, Clanes políticos, Elecciones, Las regiones, Delitos electorales, Corrupción, Participación política, Institucionalidad, Sistema electoral, Movilización social; En la sección Seguridad encontrarán: Delitos urbanos y delitos rurales, Pandillas, Microtráfico, Extorsión, Seguridad en los colegios, Policía, Grupos Armados Organizados (GAO), Fronteras, Narcotráfico; La sección Postconflicto contiene: Territorios del postconflicto, Reincorporación, Violencia política (líderes sociales), Comisión de la Verdad, JEP, Víctimas, ELN, Procesos de paz, Disidencia de las FARC; La sección Desarrollo recoge los siguientes temas: Sector privado, Sostenibilidad, Responsabilidad social, Minería ilegal, Sector extractivo (minería, hidrocarburos), Sector turismo, Empresas y paz; La sección Jóvenes es una sección específica sobre juventud: Vinculación a economías ilegales, Iniciativas juveniles, Participación política; Y por supuesto la sección Opinión tendrá como exclusiva la columna de opinión de nuestro director León Valencia, al igual que de nuestro subdirector Ariel Ávila, y de todos nuestros coordinadores e investigadores. Por otro lado, queremos irrumpir en el área de producción audiovisual. La apuesta de Pares es poder generar contenido audiovisual dirigible para nuestros visitantes, de tal manera que con videos cortos podamos explicar de la manera articulada los análisis y recomendaciones que generamos en nuestros estudios. Como parte de esta apuesta audiovisual creamos #PorElOjoDeLaChapa un programa semanal, donde nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos de la semana. Por otro lado, tenemos la serie de videos biográficos llamado Personas, donde podrán encontrar las historias de la gente que trabaja por la paz y la reconciliación en Colombia. Uno de los componentes más importantes es la sección Herramientas, donde encontraran las cinco herramientas tecnológicas interactivas accesibles a todos los visitantes, y que funcionan para el análisis de la información recolectada por Pares. Entre ellas encontramos: Observatorio de Violencia Política, el cual funciona como un mapa interactivo que registra la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; Conflictos Sociales Minero- Energético el cual registra los conflictos sociales relacionados con la explotación de Recursos Naturales No Renovables (petróleo, oro, carbón, acuíferos, cobre, hierro, plata, molibdeno y níquel) en Colombia; El Observatorio de la Democracia, una herramienta de análisis electoral. Permite acceder de manera simple a información sobre políticos electos, su trayectoria y posibles irregularidades en el desempeño de su función; Empresas y paz, una guía interactiva para construir paz desde el sector empresarial. Insumos paso a paso y cartillas pedagógicas; Por último, encontraran la gran apuesta digital de Pares, SI Pares, un Sistema de información y análisis sobre dinámicas de seguridad, fenómenos de violencia, economías ilegales y conflictos relacionados al medio ambiente. Esta última herramienta estará disponible en el mes de octubre 2018. Otro de los componentes de nuestro nuevo sitio web es la sección Vida Pares, en la cual encontrarán la información institucional de nuestra fundación, así como las líneas de investigación, nuestro equipo y los servicios que ofrecemos. En la subsección Biblioteca podrán encontrar todos los informes publicados por Pares en los últimos 5 años. Un componente importante es la subsección Transparencia, donde encontraran la lista de aliados y cooperantes que nos apoyan, así como los proyectos actuales que desarrollamos y las convocatorias laborales. Todo nuestro contenido web estará articulado en nuestras redes sociales con el nombre unificado @parescolombia, de esa manera es más fácil que nos encuentren en Twitter, Facebook, e Instagram. Nuestra apuesta a futuro es poder informar a la mayor cantidad de personas desde nuestros estudios, desde nuestro análisis, desde nuestra experiencia de la manera más rigurosa, pedagógica e imparcial, para generar conciencia e influir en la opinión publica y con tomadores de decisiones. No pretendemos competir con los medios noticiosos de larga trayectoria, pero sí queremos mostrar que desde un centro de pensamiento podemos ser una fuente confiable de información para la construcción de un país más democrático y en paz.

Capítulo del informe Cómo va la paz Antioquia 2018 Por Conflicto, paz y postconflicto-Pares Foto: Andrea Aldana, Investigadora-Pares En Ituango, Norte de Antioquia, se presenta una situación delicada de seguridad. Hasta el momento tres integrantes del partido político FARC, dos de ellos sujetos de amnistía e indulto, y todos en proceso de reincorporación, fueron asesinados en el municipio. Desde la firma del Acuerdo de paz, hasta mayo de 2018, habían asesinado 43 excombatientes de las FARC en todo el territorio nacional. Llama la atención que en Ituango, un municipio de 20 mil habitantes, hayan ocurrido casi el 10% de estos incidentes. El modus operandi de los homicidios en el municipio es el mismo: todos fueron perpetrados con arma de fuego y ocurrieron cuando se terminaron las Zonas Veredales, y se dispuso la libre movilidad de los excombatientes de las FARC. El 12 de julio de 2017, cerca de las 4 de la tarde, Juan Fernando Amaya, Indultado de las Farc y en proceso de reincorporación, fue interceptado y asesinado en la trocha que conduce del casco urbano de Ituango a la vereda Ceniza. El 14 de agosto de 2017, en horas de la noche y mientras estaba en la casa que habitaba en la vereda Santa Lucía —vereda donde está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) —, Jesús Adán Mazo García, miembro de Farc en proceso de reincorporación, fue asesinado con arma de fuego luego de que alguien llamara a la puerta de su casa. El 11 de noviembre de 2017, a las 8 de la noche, dos sujetos armados dispararon contra Daladier Ortiz Vázquez, miembro de las Farc, amnistiado el 22 de noviembre de 2016 —bajo ley 1820 de 2016 y decreto 277 de 2017— y en proceso de reincorporación, mientras estaba en la tienda La Mejor Esquina, ubicado en una vía peatonal y en pleno centro de la cabecera municipal de Ituango. En el asesinato de Daladier también resultaron seis personas heridas. Es sorprende, por ejemplo, que los tres eventos se hayan concentrado en el último semestre de 2017 y la facilidad con que se perpetró el asesinato de Jesús Adán Mazo, en la vereda Santa Lucía, ya que supuestamente los ETCR son territorios especiales que cuentan con vigilancia por parte de la fuerza pública. Por otro lado, el último asesinato reseñado en 2017, que además del asesinato del excombatiente, dejó seis personas heridas, los habitantes no se explican cómo, en un casco urbano pequeño, los agresores se escaparon de las autoridades. Era predecible, aun cuando la firma de paz permitiera que todos los indicadores relacionados con la violencia disminuyera de manera sostenida; homicidios,  desplazamiento forzado, desaparición forzada, víctimas por MAP o MUSE, reclutamiento forzado, etc. Los retos en materia de implementación del acuerdo no serían ajenos a la posibilidad de que se reanudaran o intensificaran en algunas regiones del país expresiones de violencia que fueran en contravía de las tendencias nacionales. Dieciocho meses después de implementado el acuerdo de paz, podemos afirmar de manera categórica que pasamos de tener más de 250 municipios con altos niveles de violencia a un conjunto de 70 municipios que concentran diversas actividades que han hecho que las expresiones de criminalidad se reciclen. El Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño presentan características similares a las que se han observado en regiones como el pacifico nariñense, el Catatumbo o la región del Urabá;  las economías ilegales siguen siendo el motor que permite la permanencia de las violencias; cultivos de uso ilícito, minería al servicio de la criminalidad, rutas estratégicas para el transporte y comercialización de drogas y armas y una precaria capacidad institucional para mitigar los efectos de expansión de organizaciones ilegales han hecho de esta región, uno de los nuevos epicentros de violencia en el país. Las dinámicas de violencia sugieren unas nuevas relaciones entre los actores que tienen presencia en el territorio, la población y las actividades que hasta hace poco tuvo control las FARC. Si bien, no se trata de la aparición de nuevos fenómenos de ilegalidad, las acciones institucionales concentradas en los planes de implementación del acuerdo de paz, la reincorporación a la vida civil de excombatientes de la FARC, y la expansión de viejas estructuras y emergencia de otras organizaciones ilegales, hace que los procesos que se adelantan en estas regiones del país sean de la mayor complejidad y deban ser estudiados desde un enfoque que resalte la experiencia de cada uno de los territorios.

Por: León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación A lo largo de mi vida no había asistido a una campaña electoral más apasionante y más decisiva para la historia colombiana. Pase lo que pase este domingo 17 de junio habrá cambiado la política. Si gana Petro será la primera vez que la izquierda llega a la presidencia del país. Si gana Duque será la primera vez que la izquierda será, de facto, la gran fuerza de oposición. Es el resultado de un enorme cansancio con la clase política, con su clientelismo inveterado, con su corrupción rampante. Es el resultado del proceso de paz con las FARC que disipó el miedo a votar por la izquierda. Es también el resultado de la maduración de fuerzas en la izquierda y en el centro-izquierda que han tenido la oportunidad de gobernar en grandes ciudades y de realizar una destacada labor parlamentaria aún con bancadas ostensiblemente minoritarias. La sorpresa vino en la primera vuelta. Las élites políticas tradicionales creían que se repetiría la situación de 2014 y pasarían a segunda vuelta dos opciones de derecha. Ocurrió algo extraordinario: pasó Duque en representación de la derecha más dura y también Petro de la izquierda más caracterizada, pero el tercero fue Fajardo de una centro-izquierda manifiesta. La mayoría de los votos se fue hacia estas dos opciones de izquierda. Cundió el miedo en las viejas maquinarias. Al otro día de la primera vuelta toda la política tradicional se había agrupado bajo el paraguas de Duque. Era un espectáculo lamentable ver entrar y salir de la sede del candidato uribista a todos los jefes políticos que semanas antes hacían parte de la llamada Unidad Nacional de Santos y eran objeto de la más dura oposición por parte del uribismo. Más lamentable aun el alborozo con que eran recibidos en las huestes uribistas personajes que ayer eran vilipendiados como vendidos a las FARC, personeros del castro-chavismo, corruptos, derrochones. A qué le temen. Al cambio, a la modernización del país, a la paz, al pluralismo político. Pero, sobre todo, le temen a perder privilegios clientelistas, el acceso a los recursos del Estado para amasar grandes fortunas a costa de los contribuyentes. Eso los volvió a juntar. Es una alianza deplorable para la democracia. Si pierden se vendrá al suelo con gran estruendo una vieja clase política y emergerán nuevos partidos y grupos, empezará tardíamente el siglo XXI. Si ganan será el último grito de las élites que gobernaron a lo largo del siglo veinte. Ya están quebradas moralmente y se quebraran políticamente en los próximos cuatro años. Entre tanto si gana la izquierda le tocará probar que son distintos, verdaderamente distintos, a los que han desalojado del poder. Respetuosos del estado de derecho, de los recursos públicos, del pluralismo, comprometidos con los más necesitados, generosos en la victoria. Realistas, especialmente realistas, en la apreciación de un país fracturado, infestado por odios y venganzas, necesitado de una gran gesta de perdón y reconciliación.