Por Gonzalo Duarte, Investigador línea de Conflictos Asociados al Desarrollo – Pares Desde la configuración del primer Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, en 2010, el Gobierno Nacional impuso como objetivo capital en la agenda de protección del medio ambiente, la delimitación de los sistemas de páramo existentes en el territorio nacional, que son cerca del 50% de la totalidad de los páramos del mundo y son primordiales dentro de la regulación hídrica y climática del país, pese a solo ocupar el 2.5% del territorio. Por ello, se considera de gran importancia garantizar su protección ante actividades que afecten negativamente la armonía ecológica de estos espacios. Al momento de delimitar un páramo se está iniciando un proceso que debe tener en cuenta la gran complejidad del territorio, no solo en términos ambientales, sino también socioeconómicos. El Instituto Alexander von Humboldt, el proceso de delimitación de los páramos obedece a tres aspectos esenciales (Rivera & Rodríguez; 2011): Componente biogeofísico: Identifica el límite del páramo según las características ecosistémicas de alta montaña y procesos bióticos y abióticos. Componente sociocultural: Señala los factores socio-culturales que permiten entender a los páramos como ecosistemas que coexisten con comunidades paramunas, las cuales pueden ser las mejores aliadas al momento de asegurar la conservación del ecosistema. Componente integralidad ecológica: Comprende la manera en la que los servicios ecosistémicos del páramo requieren, para su conservación, de una conectividad con el bosque alto andino, conectividad que es variable gracias a que la franja no suele ser estática. En el último año, la línea de Conflictos Asociados al Desarrollo de la Fundación Paz y Reconciliación–Pares se ha embarcado en el proceso de construcción de diálogos territoriales efectivos en función del desarrollo territorial y la resolución pacífica de conflictos ambientales. Una de las regiones en las que se ha procurado el impulso de esta iniciativa es la región de Soto Norte en Santander, donde la delimitación del páramo, producto de la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS ha dado lugar a un fuerte conflicto entre las comunidades con presencia en el territorio y las autoridades nacionales, encarnadas en el MADS. Este conflicto, como toda historia, cuenta con un inicio y un desarrollo, pero hasta el momento no se sabe cuál será el final. Páramo de Saturbán. Foto: Gonzalo Duarte El inicio de esta historia fue hace cerca de 400 años, antes de la existencia de la República colombiana, cuando los habitantes de la zona garantizaban su subsistencia por medio de la explotación del cuantioso oro de las montañas paramunas de Santander. Esta es una práctica ancestral que tiene gran arraigo en las comunidades mineras de Santander, las cuales no ven un futuro sin este elemento que configura su identidad como habitantes del páramo. Esta identificación es tanto colectiva como individual, tal y como nos relataron algunos habitantes de la zona, las personas se se llaman a sí mismos una comunidad minera. Sus figuras religiosas, como San Antonio de Padua, protegen a quienes ocupan esa labor y sus parques principales cuentan con esculturas en honor a la minería; adicionalmente, como individuos, desde edades tempranas veían cómo su familia se dedicaba a la actividad de una u otra manera, ya fuera el padre extrayendo el metal de la mina o la madre con una batea en el río más cercano. A esto se le agrega la existencia de territorios más agrícolas, como los de Berlín, Santander, donde su oro es la cebolla, la que siembran de manera extensiva en las laderas del páramo gracias a la fertilidad de sus suelos y su abundante recurso hídrico. que allí pueden hallar. Estas comunidades, al igual que las mineras, no conciben un futuro sin su actividad tradicional. Luego, en el desarrollo de la historia, el Ministerio, cumpliendo sus funciones de autoridad competente para la delimitación de páramos en el país, presenta la Resolución 2090, tomando como base el estudio biofísico desarrollado por el Instituto Alexander von Humboldt, tal y como lo señala la ley. Pero tal delimitación se encontraba incompleta, ya que carecía de su componente socio-cultural, el cual solo se puede desarrollar de la mano de los mismos habitantes del páramo, que son los que tienen el conocimiento preciso de las actividades desarrolladas en el territorio, las necesidades del mismo y las maneras de relacionamiento con el páramo. Por lo que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-361, determinó que se había incumplido con el derecho a la participación de las comunidades afectadas, de manera que el MADS debe iniciar un proceso de concertación de la línea con las comunidades allí presentes. Todo esto en el plazo de un año. El final de la historia es sumamente incierto. En la última visita de Pares a la zona, en la que se realizaron una serie de talleres, se encontró que buena parte de los habitantes de municipios como Tona, Vetas y Charta, Santander, consideran que si el Gobierno Nacional estipula que es necesario aumentar la protección del ecosistema, el cual siempre ha sido protegido por la comunidad, pues es imperativo brindar a los habitantes del páramo condiciones básicas de diálogo y transformación, que les permita imaginar el futuro de su territorio de manera autonóma y les brinde la asistencia técnica necesaria. Es decir, si toca mejorar las prácticas, pues existe la disposición de hacerlo, pero solo si se respeta la soberanía territorial en la toma de decisiones, junto a un acompañamiento técnico de las instituciones del Estado, con objetivos, planes y propuestas de transformación claras. Sin embargo, la gran brecha de gobernanza determina que la toma de decisiones aún se encuentra lejos de estar del lado de las comunidades, las cuales manifestaron nunca haber sido consultadas para este tipo de procesos y, cuando se supone que lo son, deben enfrentarse a funcionarios provenientes de Bogotá y Bucaramanga que poco o nada saben de relacionarse con comunidades. Es necesaria la construcción de espacios de diálogo efectivos, donde los funcionarios del nivel nacional trabajen de la mano de las comunidades en la construcción de agendas territoriales de diálogo, en lugar de imponer visiones técnicas que desconocen la realidad social existente en Santurbán y hacen prevalecer la importancia de los tiempos administrativos, políticos y jurídicos sobre los tiempos de los territorios. Una tradición ancestral no se transforma en 10 años. Pero, de otro lado, también se debe contar con comunidades abiertas al diálogo que reconozcan las actividades o los métodos que afectan los ecosistemas y que requieren de un mejoramiento efectivo o reconversión. Un proceso de delimitación de los páramos solo se puede hacer de la mano de las comunidades, y las numerosas fallas institucionales hacen que cada vez sea más díficil ganar la confianza del territorio, el cual tiene toda la disposición de diálogar, y con ello mejorar sus condiciones de vida y las condiciones de conservación del páramo. Sin esto, la delimitación no será más que una débil línea de preservación.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Han pasado más de 18 meses desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. Un centro de investigación, la Fundación Paz y Reconciliación, ha dado a conocer el balance de la implementación de los acuerdos. Son más de 200 páginas en las que se puede ver de forma territorial cómo avanza la paz. En todo caso, existen varias temáticas de interés y que han sido objeto de debates en los últimos meses de campaña electoral. Tres hechos marcaron durante el presente año las discusiones alrededor de la paz. Por un lado, el secuestro y posterior asesinato de dos periodistas y su conductor, los tres de nacionalidad ecuatoriana, situación que se produjo en la frontera sur colombiana. El segundo hecho, fue la aparición de unas supuestas pruebas en las cuales se involucraba a un exjefe de las FARC en temas de delitos de narcotráfico luego de la firma de los acuerdos. De hecho, en las últimas horas llegó un pedido de extradición de la justicia norteamericana. El tercer hecho, fue un paro armado que desarrolló la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo, frontera entre Colombia y Venezuela. Estos hechos llevaron a que la imagen de la paz se deteriorara y a que fuera acorralada políticamente. Por eso los balances son importantes. Las conclusiones del informe se podrían agrupar en tres grandes categorías. La primera se refiere al balance del fin de la guerra, cuyos resultados son positivos, increíblemente positivos. Por ejemplo, el secuestro en Colombia está a punto de desaparecer, en el año 2017 se produjeron 180, mientras que en el peor momento de la guerra se llegó a estar por encima de los tres mil secuestros. La mayoría de los secuestros del año 2017 se produjeron por la delincuencia común y la guerrilla del ELN. Igualmente, los afectados por minas antipersonal cayeron a sus niveles más bajos en décadas. En el año 2017 se produjeron 56 hechos, en lo que va del 2018 se han presentado 18 casos, y en su peor momento, que fue el año 2006, se estuvo por encima de las 1200 personas afectadas. Las desapariciones forzadas han disminuido fuertemente y el desplazamiento cayó en casi todos los municipios donde antes operaban las FARC. El balance del fin del conflicto es impresionantemente positivo. Incluso el balance de la dejación de armas es el más alto del mundo, más de un arma por guerrillero desmovilizado. En el informe hay datos para cada uno de los indicadores de violencia asociados al conflicto. El segundo grupo de conclusiones se refiere a los riesgos del postconflicto, y en esta materia hay temas preocupantes. Valdría la pena mencionar tres. El primero se refiere a brotes de violencia en algunas zonas del país luego de la salida de las FARC. La entonces guerrilla operó en 242 municipios de los 1122 que tiene Colombia. Hay un deterioro complicado de seguridad en 78 municipios, allí diferentes grupos armados ilegales y organizaciones criminales han copado los espacios que antes eran de las FARC. El segundo tema, es la violencia contra líderes sociales de base: 153 han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. En otras palabras, cada cuatro días asesinan un líder social en Colombia, no hay democracia que aguante eso. Por último, comienza a preocupar el asesinato de exguerrilleros, casi medio centenar en diferentes zonas del país. El tercer grupo de conclusiones se refiere a la implementación territorial de los acuerdos de paz. Es decir, todas aquellas medidas que se diseñaron para mitigar las causas estructurales del conflicto armado. El balance aquí es más negativo que positivo, pues si bien varios planes han arrancado, aun su impacto territorial es mínimo, hay desarticulación institucional, poco presupuesto y problemas de planificación. Un sector importante de la sociedad rural de Colombia esperaba un poco más, tenía expectativas altas, pero ahora se siente defraudado. A todo esto se le suma la gran incertidumbre electoral, ya que el candidato de la derecha radical, que puntea en las encuestas, ha dicho que hará cambios estructurales a la paz, lo que para muchos significa que la demolerá. Publicado en El País

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares Con base en los datos recopilados de las investigaciones y seguimientos hechos desde el 2006 hasta el 2018 por la Misión de Observación Electoral (MOE) a las elecciones nacionales y locales en Colombia, se observa que:  el pasado 11 de marzo en las elecciones legislativas, se vivieron las elecciones más pacíficas en décadas, sólo dos municipios afectados con hechos de violencia. Muy por debajo de los años anteriores. El 27 de mayo, en primera vuelta presidencial, no hubo afectaciones violentas en el marco de la contienda electoral. Se presentaron 6 hechos violentos (como una bomba panfletaria en una oficina de Medimas), pero no hubo quema de urnas ni traslado de mesas por orden público. En segundo lugar, desde el 2006 los municipios con riesgo por factores de violencia consolidada, disminuyeron de 576 en 2006 a 306 en 2018, la cifra más baja desde la conformación de la MOE. Esto también se ve reflejado en que, a comparación con 2014 donde se registraron varios hechos violentos, en las elecciones del 11 de marzo de 2018 se registraron apenas 2 hechos violentos y no estuvieron relacionados con grupos armados. Es decir, el día de las elecciones apenas dos municipios se vieron afectados con hechos de violencia. En tercer lugar, los municipios con riesgo de violencia política han tenido comportamientos erráticos. Las cifras suben y bajan período a período. Factores como el asesinato de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, presiones a candidatos, así como hechos de violencia contra partidos políticos, siguen estando latentes en 2018, aunque en menor medida que en 2014. La buena noticia respecto a este punto es que ya no figuran las FARC como los actores armados relacionados con factores de riesgo de violencia política. En su mayoría se trata de acciones del ELN, GAO y delincuencia común. Finalmente, las mesas trasladadas en elecciones presidenciales muestran una tendencia a disminuir, con lo cual las situaciones de orden público dejan de ser un problema para llevar a cabo comicios electorales y con ello los grupos armados ilegales disminuyeron el sabotaje a las elecciones. En efecto, ahora son los políticos corruptos y asociados con mafias criminales los que figuran como el factor de mayor riesgo electoral. El pasado 27 de mayo se trasladaron 53 puestos de votación y un total de 223 mesas, pero esto ocurrió por factores climáticos. No hubo un solo traslado por temas de orden público. Elecciones 2006 De acuerdo con El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) , “a diferencia de las elecciones de 1997, 1998 y 2002, cuando se presentaron altos índices de violencia electoral” en los comicios del 2006 “se produjo un importante descenso de las acciones violentas contra el proceso democrático electoral” 1. Las cifras revelaron que en 2006 hubo una disminución importante de la violencia política. Mientras en 1998 y 2002 hubo 507 y 210 secuestros de políticos, respectivamente, sólo ocurrieron siete en 2006. Los homicidios de políticos también descendieron, pues mientras que en el 98 se identificaron 150 y en 2002, 125, en el 2006 solamente hubo 37. Las FARC encabezaron en los 3 períodos los secuestros. En el 98 realizaron 224 (44% del total) y en el 2002 bajaron en términos absolutos, pues registraron 110, pero subieron su participación al 52%. En 2006 sólo realizaron 2. El ELN ocupó el segundo lugar en los dos primeros períodos. En el 98 realizó 167 (33%), en 2002, 49 (23%) y en 2006 se descolgó a solo uno. Los paramilitares, por el contrario, subieron de 2 en 1998, a 28 en 2002 (cuando concentraron el 13%) y bajaron de nuevo a sólo dos en el tercero. Sin embargo, cabe destacar que durante el periodo 1998-2006 los grupos paramilitares tuvieron su mayor ascenso en masacres cometidas. Mientras el ELN y las FARC también aumentaron, pero en comparación porcentual con los grupos paramilitares, no fue significativo. Por su parte, la investigación de la MOE para el 2006 estableció 11 sub-variables para identificar factores de riesgo electoral a nivel nacional. El resultado inicial para las elecciones de 2006 es que el 86% (950) municipios fueron nombrados en al menos una de las sub-variables. De ahí, se priorizaron 328 municipios a nivel nacional con mayor riesgo electoral, de los cuales 273 habían tenido anomalías recurrentes desde el 2000 hasta el 2006. Solo 7 municipios se encontraban en un nivel de riesgo alto. De acuerdo a esa investigación, en el 2006 la geografía de los municipios que se encontraban en un riesgo alto, se distribuían mayoritariamente hacia el norte del país. En ese momento, los municipios con mayor riesgo (30% del total) se encontraban en los departamentos de Antioquia (32), Boyacá (35) y Santander. La premisa más importante en términos de violencia para la época electoral del 2006 estuvo enmarcada sobre el proceso de cooptación del Estado por parte de grupos paramilitares que estaban en proceso de desmovilización. De hecho, la hipótesis se constató en las atipicidades electorales en las que candidatos obtenían votaciones excepcionalmente altas, votaciones del 70% u 80% por un solo candidato en un municipio. Un hecho asociado a actos de violencia, constreñimiento electoral y clientelismo arraigado en las prácticas paramilitares para imponer sus candidatos. Por otro lado, otro factor importante de análisis de violencia fue el número de mesas trasladadas para elecciones a Congreso en 2006 por razones de orden público: 563 en 123 municipios. En contraste con elecciones presidenciales para el mismo año, el traslado de mesas por el mismo factor se efectuó en 205 municipios, con un total de 885 mesas trasladadas y 191 mil potenciales electores afectados. Los departamentos con mayor número de mesas trasladadas fueron Norte de Santander, Antioquia y Valle. Sin embargo, es evidente que las elecciones presidenciales de 2006 fueron más intervenidas por los actores violentos que las elecciones para Congreso de la República. Contrario a la lógica de quienes estudiaban la violencia electoral en la época, los grupos armados intervinieron más en las elecciones presidenciales que en las locales anteriores y en las de Congreso. Elecciones 2010 En las elecciones presidenciales de 2010 la MOE registró que las regiones Caribe y Oriental fueron consistentemente las de mayor riesgo electoral del país, en total fueron 291 municipios en los que hubo un consolidado de riesgo electoral. Para las elecciones al Congreso de la República se identificaron 420 municipios en riesgo por factores de violencia. Una disminución del 27% en términos porcentuales. En las elecciones de 2010 el actor armado con mayor relevancia en términos violentos fue la guerrilla de las FARC, seguido por el ELN y Bacrim. 15 de los 32 departamentos del país tuvieron por lo menos la mitad de sus municipios en riesgo electoral por factores de violencia. De acuerdo con el informe de riesgos electorales del 2010, las FARC tenían presencia en 268 municipios, de los cuales 144 tenían riesgos de violencia y saboteo a las elecciones. Nueve departamentos (Arauca, Guaviare, Caquetá, Cauca, Putumayo, Quindío, Tolima, La Guajira y Chocó) registraron presencia violenta de grupos guerrilleros en más de la mitad de sus municipios. Aunque el nivel de riesgo por presencia de guerrillas disminuyó en los departamentos donde se ejecutaron acciones de la Fuerza Pública, específicamente en Caquetá, Putumayo, Guaviare y parte del Meta y Arauca, creció sobre los departamentos de la Costa Pacífica. En lo referente a la intensidad de conflicto armado, dos Bloques de las FARC sumaban más de 60% del total de las acciones del grupo guerrillero en todo el país. Para las elecciones de 2010 la estructura que más acciones había desarrollado en las FARC era el Comando Conjunto de Occidente. El Bloque Oriental que había ocupado tradicionalmente este lugar pasó a ocupar el segundo puesto. Por su parte, el Bloque Caribe registró pocas acciones armadas debido a que había casi desaparecido. La investigación de la MOE en 2010 también encontró que en 5 departamentos se presentó algún tipo de riesgo por presencia del ELN y en un total de 25 municipios hubo algún grado de riesgo por acciones o posibles acciones de interferencia electoral de este grupo armado ilegal. Sólo el departamento de Córdoba registró presencia violenta de grupos Bacrim en más de la mitad de sus municipios. Sin embargo, también los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Santander registraron un alto número de municipios en riesgo. Aunque el nivel de riesgo por presencia de grupos Bacrim disminuyó sustancialmente con la desmovilización de las AUC, en particular en la Costa Caribe, creció sustancialmente en los departamentos de la Costa Pacífica, y en los municipios del eje transversal desde el Urabá chocoano y antioqueño, pasando por el sur de Bolívar, Santander, hasta la frontera con Venezuela en Norte de Santander. La estrategia de las Bacrim de sabotaje a las elecciones estuvo liderada por nuevos grupos que surgieron para esas elecciones conocidos como los Urabeños, los Paisas, los Rastrojos, las Águilas Negras, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC), entre otros. Estas Bacrim contaban con la ventaja de encontrarse en departamentos y municipios en los cuales la influencia del paramilitarismo fue contundente por lo que tenían terreno abonado para replicar la misma estrategia en época electoral. Para las elecciones presidenciales, en 5 departamentos, 170 mesas fueron trasladadas, principalmente por acciones de la guerrilla de las FARC. Dichos departamentos fueron: Norte de Santander, Antioquia, Valle, Arauca, Cauca, Nariño, Caldas, Caquetá. De nuevo, los 4 primeros departamentos coincidieron con los riesgos electorales de 2006. Elecciones 2014 De acuerdo con la MOE, el número de municipios en riesgo para las elecciones de Senado se incrementó en 40% pasando de 291 municipios en riesgo en 2010 a 410 municipios en 2014; de hecho, con relación al 2006 incrementó un 24%. El mapa de riesgo electoral de las elecciones de 2014 da un fuerte giro. La tendencia de incremento de riesgo electoral evidenció que los grupos armados ilegales no son los principales generadores de riesgo. En profundidad se planteó la hipótesis de que son los políticos los que en el territorio están generando la mayor cantidad de riesgos electorales. En otras palabras, el cambio de lógica de vigilancia electoral viró hacia la necesidad de más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces de prevenir y castigar el fraude electoral, sin aumentar la fuerza pública sino manteniéndola. Con el análisis de los comicios electorales se avanzó en la lucha contra los factores de violencia de actores armados ilegales, pero se vislumbró el problema real de los políticos corruptos. Si bien para las elecciones de 2006 había una alta cantidad de acciones violentas por grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, así como grupos paramilitares, la disminución en estas acciones armadas llevó a complejizar el problema de los riesgos electorales, teniendo en cuenta que las políticas clientelares ya no responden a un factor coercitivo violento sino a una práctica corrupta de élites sub-nacionales. La MOE también resaltó que las elecciones de 2014 fueron hasta ese momento las que más reflejaban un menor número de municipios en riesgo asociados a factores de violencia y orden público. Se presentó una reducción frente a 2010 de 7% y frente a 2011 del 13%, si se compara el número de municipios en riesgo de 2006 se dio una disminución del 32%. Del total de los 389 municipios en riesgo por factores por violencia el 47% (182 municipios) tenía riesgo medio, el 38% (147 municipios) tuvo riesgo alto y el 15% (60 municipios) tuvo riesgo extremo. La razón principal para que se redujera el riesgo por factores de violencia frente a las elecciones de 2010, según la MOE, es la disminución del riesgo por presencia y acciones de actores armados ilegales. Mientras que en 2010 el número de municipios en riesgo por presencia guerrillera fue de 337 para el 2014 fue de 203, una reducción  del 40%. Por otro lado, la reducción de municipios en riesgo por presencia de Bacrim fue mayor, pasando de 173 municipios en riesgo en 2010 a 82 municipios en 2011; es decir, una reducción del 53%. Sin embargo, en el 35% de los municipios del país se presentaron riesgos por factores de violencia. Otro dato interesante es que únicamente en el 31% de los municipios con hechos de violencia política en 2014 coincidió con presencia de actores ilegales. Este fenómeno se explica por un sub-registro en los datos oficiales de la presencia violenta de los grupos armados o porque estos hechos fueron perpetrados por delincuencia común orientados a intimidar a candidatos. Respecto al traslado de mesas en 2014 se trasladaron 200 mesas en la jornada electoral de presidenciales. Lo que significa un aumento de mesas trasladadas en relación con el 2010 (170) del 18%, pero una disminución con relación al 2006 (885) del 77%. Elecciones 2018 El informe la MOE para el 2018 señaló 170 municipios identificados con riesgo electoral, de los cuales 64 están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 41 en riesgo medio. Antioquia (13), Norte de Santander (8), Chocó (7), Nariño (6) y Córdoba (4) son los departamentos con más municipios en los que coinciden las dos categorías y en los que el riesgo es extremo. Hayuna disminución del 34% de riesgos electorales combinados. La disminución más importante está en los riesgos altos, en donde hay una disminución de 58% de los municipios. En contraste, se registra un incremento de 14 municipios en riesgo extremo por presencia de grupos ilegales en algunas regiones, mientras que 90 municipios disminuyen el nivel de riesgo en comparación con los datos observados en 2014. Adicionalmente se registraron 81 municipios nuevos que aparacen en el mapa de riesgo y que están concentrados en la zona caribe, Urabá, zona del Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia, zona de Guaviare (disidencia de las FARC), Meta, y la frontera entre el Valle del Cauca y Cauca. Finalmente, en el reporte de la MOE de las elecciones de 2018 al Congreso de la República, se resalta que solo hubo inconvenientes para abrir los puestos de votación del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. Se registraron más de una decena de capturas por parte de la Fiscalía por delitos durante los comicios electorales y solo 2 hechos violentos durante la jornada electoral. Es decir, unas elecciones prácticamente pacíficas. DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ

Por: Naryi Vargas, Investigadora Conflictos asociados al desarrollo-Pares Los jóvenes han sido, sin lugar a dudas, los protagonistas del conflicto armado en Colombia como víctimas y victimarios. Las economías y mercados de la ilegalidad son uno de los elementos que explican por qué la guerra en Colombia –en los términos de la periodista María Teresa Ronderos– se ha reciclado en distintas ocasiones, entre otras razones, porque no se han generado alternativas que permitan superar las condiciones de exclusión social, económica y política sobre las cuales se sostienen. Desde mediados de los ochenta, las rentas ilegales se convirtieron en el combustible (económico y cultural) que incendió el país al escalar, agudizar y degradar la guerra. En medio de esta tragedia, los jóvenes colombianos se han jugado la vida, construyendo su identidad en medio de situaciones complejas de violencia, debilidad del Estado y pocas oportunidades económicas. Esta no es una preocupación exclusiva de Colombia. Para 2010, la OCDE señaló que en el mundo 200 millones de jóvenes viven con menos de 1 dólar al día, 130 millones son analfabetos, y 74 millones están desempleados[1]. La criminalidad encuentra en estos jóvenes excluidos un ejército de reserva como fuente inagotable de mano de obra fácilmente reemplazable. Señala además que esta exclusión es uno de los factores que marca las tendencias de la violencia global. En este orden de ideas, pensar el problema de la ilegalidad con un enfoque de juventud es fundamental para ofrecer respuesta a una de las grandes dudas del postconflicto: ¿Cómo desmontar las estructuras sociales e incentivos económicos que sustentan la proliferación de la ilegalidad? Desempleo. Partimos de un contexto preocupante: un Estado con grandes debilidades en su capacidad de respuesta institucional, tanto a nivel nacional como en los territorios, que no logra controlar la criminalidad; esto produce entornos violentos en los cuales los jóvenes deben desarrollarse y buscar oportunidades de vida. De acuerdo con la ley 1622 de 2013, se define como joven a la población entre 14 y 28 de años de edad: esta franja poblacional suma un total 12.5 millones de habitantes (cerca de la cuarta parte de la población de Colombia). Para 2017 el desempleo juvenil fue 16.9 por ciento[2], casi el doble de la tasa general nacional (9.4%). Entre 2010 y 2015 se redujo del 20 al 15%, sin embargo, en los últimos meses ha aumentado. A esto se suma que cerca del 50% de los empleos en Colombia son informales. Educación superior. En educación superior, el país experimenta algunas mejorías en los últimos años en cuanto a cobertura.  De acuerdo con la información oficial, para 2016 la tasa de cobertura en educación superior en Colombia fue del 51.5 por ciento, lo cual equivale a 2,23 millones de jóvenes entre los 17 y 21 años, aproximadamente. En 2010 apenas 1.58 millones de jóvenes se matriculaban en algún programa de educación superior. Sin embargo, la población de este rango de edad que se queda por fuera del sistema educativo asciende a los 2,1 millones. Pese a esto, el ingreso a la educación por lo general no es inmediato para la mayoría de jóvenes, lo que deja un espacio para que la criminalidad los atraiga. Para 2016, el Departamento Nacional de Planeación indica que anualmente se gradúan 472.000 bachilleres tanto en colegios públicos como en privados, pero tan solo un 25% entra a las universidades, es decir, 117.500 alumnos. La criminalidad aprovecha este contexto, utiliza a los jóvenes en las distintas partes de la cadena de valor de las economías ilegales. Es entonces necesario preguntarse por la vinculación de los jóvenes a las economías ilegales como estrategia de supervivencia, en un ambiente de carencias y necesidades, sabiendo que la vinculación de los jóvenes a estos mercados se realiza bajo una lógica racional en cierta medida, relacionada con el tema económico. Los sujetos en contextos de exclusión y violencia se adaptan a su entorno y toman decisiones con base a sus restricciones. Existen diferentes factores que influyen en los procesos y condiciones de vinculación, permanencia y salida de jóvenes a mercados ilegales: las condiciones del entorno familiar y escolar, las trayectorias de vida, las capacidades y oferta institucional en cada territorio, específica para esta población, la construcción de subjetividades juveniles, la construcción colectiva de las nociones de legitimidad, legalidad, acción colectiva, entre otros. Entender ese contexto de carencias lleva a pensar que parte de la estrategia de lucha contra el crimen y la ilegalidad debe tener un componente que se encargue de entender la estructura de incentivos que hace que los jóvenes tomen ese tipo de decisiones, para así formular alternativas de generación de ingresos que permitan un camino a la legalidad como estilo de vida. Sobre este planteamiento se han diseñado diferentes estrategias para el mantenimiento de la seguridad y el orden público, y en todos los casos se ha fracasado. No obstante, sobre el resto de factores que inciden en la vinculación a mercados o estructuras ilegales, la política pública implementada ha sido más débil, especialmente a aquella que se dedica a la transformación de la cultura de la violencia y la ilegalidad que ha logrado arraigarse en los territorios más conflictivos del país. No obstante, comunidades enteras han dedicado su vida a esta labor. Actualmente existen organizaciones de víctimas, mujeres, LGTBI, y por supuesto de jóvenes que le apuestan a la reconciliación y a la construcción de nuevas culturas de paz, a través de diferentes repertorios de acción. Entre esas se encuentran 12 iniciativas juveniles, concentradas en seis territorios, en los que se  implementará la estrategia de fortalecimiento de iniciativas juveniles que se encuentran en contextos de economías ilegales: Ríosucio y Ríoquito en el departamento de Chocó: Medellín, en Antioquia; Buenaventura, en el Valle del Cauca; Tumaco, en Nariño, y Santa Marta, en Magdalena.

Este artículo sintetiza las principales ideas expuestas por la Fundación Paz y Reconciliación-Pares y la Universidad Externado de Colombia en el Suplemento de construcción de paz para el sector de extractivo. Por Ingrid Espitia, profesional en Negocios Internacionales y estudiante de la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, de la Universidad Externado de Colombia. Durante las últimas dos décadas, el sector extractivo ha sido una de las principales fuentes de crecimiento económico en el país, con importantes aportes a las finanzas públicas, las exportaciones y la inversión extranjera directa. Sin embargo, también ha sido un sector altamente afectado por diferentes conflictos que van desde la resistencia social a su operación en el territorio hasta la vinculación de grupos armados ilegales en sus actividades, sobre todo en la extracción de oro. En 2017, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares publicó un informe en el que analizó los conflictos sociales en torno al sector extractivo, en el periodo 2000-2016. Se menciona que de 179 conflictos sociales desatados; de ellos, el 87,2% pertenecían a conflictos relacionados con la explotación de petróleo, oro y carbón; y el 43% de estos conflictos se desataron en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Cauca y Meta, en algunos municipios que hoy hacen parte de los territorios más vulnerables frente al postconflicto. Al mismo tiempo, Pares identificó que las causas detonantes de estos conflictos son principalmente sociales (83,2%), económicas (70,4%), ambientales (57,5%), de gobernabilidad de los recursos (57,0%) y conflicto armado (21,8%). En gran parte por su relevancia como actores sociales dentro del territorio, las empresas del sector extractivo han realizado un ejercicio de identificación de asuntos materiales que reflejan los impactos económicos, sociales y ambientales significativos para el sector, que influyen en las decisiones de sus grupos de interés y que, por tanto, se consideran verdaderamente críticos para cumplir sus objetivos y gestionar su actividad. En términos de paz, los asuntos que resultan de alta relevancia para las empresas extractivas y sus grupos de interés son: Compromiso con los Derechos Humanos: Vela por los principios de Derechos Humanos para empresas de las Naciones Unidas. Gestión de inversión en las comunidades: Garantiza la contribución al desarrollo socioeconómico de las comunidades en torno a la operación de la empresa. Lucha contra la corrupción: Vela por el fortalecimiento institucional para el manejo de la finanzas públicas. Fortalecimiento de la gobernabilidad local: Cuenta con aliados estratégicos de los municipios en los que se encuentra y procura por la presencia del Estado. Compromiso con el trabajo en la zona de operación: Dada la naturaleza del sector, este tiene el potencial de generar empleo directo e indirecto para la población local, y generar un ambiente de estabilidad que beneficie la distribución equitativa de los ingresos. Reconstrucción del tejido social e institucional: El sector promueve las discusiones y el relacionamiento entre diferentes tipos de actores, lo cual permite reducir tensiones y reconstruir la confianza en una población o territorio. A pesar de esto, el sector sigue teniendo grandes desafíos sobre el impacto en la dinámica económica dentro de los territorios de su operación, pues sus encadenamientos productivos son débiles, lo cual hace que su actividad propia jalone relativamente poco la actividad económica de otros sectores y otros departamentos. Sin embargo, el sector también ha sido pionero en el desarrollo de estrategias de responsabilidad social a través de las cuales se han generado una importante inversión en las comunidades radicadas en la zonas de influencia, con lo cual ha contribuido al desarrollo de los territorios y las comunidades. En el Suplemento de construcción de paz desde el sector extractivo, Pares, en alianza con la Universidad Externado de Colombia, propone una ruta clara de estrategias que se enmarcan en sus políticas de responsabilidad social y sostenibilidad del sector y que pueden significar un aporte a la paz. Estas son algunas de ellas: Programas de Responsabilidad social consolidados para la paz: Los programas y estrategias de responsabilidad social pueden desarrollarse en clave de paz, teniendo en cuenta la aplicación de estrategias y análisis de asuntos materiales de paz y buenos canales de relacionamiento con las comunidades en los territorios. Inversión en programas de capacitación y empleabilidad para las poblaciones priorizadas en el postconflicto: Gestionar programas que vinculen a la población priorizada en el postconflicto, a través de capacitación idónea y generando vinculación laboral, las empresas pueden generar recursos para la zona de influencia y fortalecer los vínculos con la comunidad. Sinergias para la paz: La empresa puede vincularse o articularse desde diferentes roles, para apoyar a nivel logístico la promoción de espacios y discusiones multi stakeholder, también por medio de financiación o de facilitación de espacios o de equipos para el desarrollo de actividades en pro del fortalecimiento del tejido social y la cultura de paz. Impulsando el emprendimiento local: Esta estrategia invita a desarrollar esta acción con miras a mejorar y fortalecer su relación e interacción con la economía local y por consiguiente con las comunidades. a través de la identificación de negocios locales, emprendimientos y vocaciones de negocio con potencial de crecimiento que puedan eventualmente involucrarse a la cadena de valor, principalmente como proveedores y/o distribuidores de algunos de los productos y/o servicios que requiere para su operación. Fortalecimiento local en la construcción de paz: Con esta estrategia se espera realizar ejercicios de fortalecimiento de la economía del territorio, con actividades que no necesariamente estén ligadas a la operación de la empresa, es decir que estén encaminadas a responder con las necesidades y la vocación de los territorios y de las poblaciones presentes, la empresa se puede presentar como facilitador para incentivar la creación o el fortalecimiento de negocios locales, industrias pequeñas fuera del sector extractivo. Un ejemplo del sector es “Restaurando Sueños” de Terpel; este programa ofrece alternativas de empleo a exguerrilleros y exparamilitares, con los cual les permite hacer posible el sueño de empezar una nueva vida en compañía de sus familias y la economía legal, lejos del conflicto armado. Terpel promueve procesos de reconciliación por medio de emprendimientos, proyectos productivos, contratación laboral y giras de sensibilización.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Han pasado poco más de 18 meses de la firma de los acuerdo de paz de La Habana y llegó la hora de hacer balances, más aun, en plena campaña electoral y donde la paz ha ocupado un espacio central del debate. De hecho, luego del paro armado en el Catatumbo y del secuestro y asesinato de los dos periodistas ecuatorianos y su conductor, muchos políticos y analistas salieron a decir que Colombia había regresado a finales de los años noventa del siglo XX o al gobierno Pastrana, y que el postconflicto era peor que la paz. Pero el informe Cómo va la paz, lanzado en las últimas horas clarifica el debate. Con más de 30 personas en terreno y durante meses de trabajo, la Fundación Paz y Reconciliación, ha realizado un balance sobre 17 ítems de la implementación de los acuerdos. Entre todas las conclusiones hay dos de ellas que llaman fuertemente la atención. La primera es que hay una caída fuerte de los indicadores de violencia asociados a la confrontación armada. El desplazamiento disminuyó ostensiblemente entre 2016 y 2017, pasó de poco más de 120.000 mil desplazamientos en 2016 a 75.000 en 2017. Pero si se observa desde 2012, cuando se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, la reducción es impresionante, en ese año se llegó a la cifra de 272.000 desplazamientos. En los 281 municipios priorizados para el postconflicto, el desplazamiento cayó en 246 municipios tal como se observa en el siguiente mapa. Otro de los datos impresionantes es la reducción de personas afectadas por minas anti-persona. En su peor momento, que fue 2006, se pasó de más de 1.200 personas afectadas, a 56 en 2017. Los secuestros están a punto de desaparecer. En 2017 se cometieron 180 secuestros, en su peor momento, a finales de los años noventa del siglo XX, se superaron los 3.300 secuestros. Las desapariciones forzadas igualmente han descendido de forma importante. Pero sobre todo, lo que se vivió el 11 de marzo de 2018 y el 27 de mayo pasado, muestran los impactos positivos de la paz: durante las jornadas electorales, ningún puesto de votación fue trasladado por temas de orden público. Hace 12 años se contaban por decenas los traslados de mesas y puestos. Esta vez Colombia votó en paz. Adicional a lo anterior, de los municipios del postconflicto, hay un grupo de 78 de ellos con problemas delicados en materia de seguridad. Allí se ha presentado un copamiento criminal que se ha dividido en tres categorías: 1. Disidencias-desertores de las FARC  2. Expansión ELN 3. Expansión Grupos Armados Organizados. Estos municipios, se ubican en su mayoría en cuatro subregiones del país: – Pacífico nariñense y caucano: Allí se vive una verdadera guerra civil. – Bajo Cauca antioqueño y nordeste de Antioquia. – Sur de Meta y Guaviare – Catatumbo. De estos 78 municipios, 57 tienen presencia de grupos de desertores de las Farc, en estas zonas se cuentan 22 grupos, compuestos por cerca de 1.600 personas, de las cuales 1.200 fueron guerrilleros y los demás son nuevos reclutas. Por su parte, el ELN se ha expandido en 18 municipios donde antes estaban las FARC y los Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo. En algunos municipios pueden hacer presencia dos o tres estructuras, por ello al final se contabilizan 78 municipios de 1.122 que tiene el país. De estos 78 municipios, en 55 ha aumentado el homicidio. Hubo zonas como en Arauca donde el copamiento no significó aumento de la violencia homicida, debido a que no hubo disputa criminal. El siguiente mapa muestra la distribución de estos municipios. Como era de esperarse la mayoría de estos municipios hacen parte de los cinturones o corredores de las economías ilegales. El informe de la Fundación Paz y Reconciliación llama la atención sobre el pacífico colombiano, pues la tendencia indica que esta zonas seguirán viviendo un deterioro de la seguridad. Al final se concluye que los problemas en materia de seguridad son preocupantes, pero el país está lejos de volver a los años noventa del siglo XX, al final se ve que es mejor una Colombia en paz que un país en guerra. DESCARGUE EL INFORME COMPLETO AQUÍ

Por: Línea Conflicto, paz y postconflicto DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ El Pacífico colombiano es uno de los territorios que experimenta los más grandes desafíos para el postconflicto en Colombia. Desde la perspectiva de seguridad, múltiples grupos armados se encuentran en disputa producto del vacío de poder dejado por las Farc durante su repliegue y posterior transformación en Partido Político. Esta realidad se experimenta especialmente en la costa pacífica nariñense y caucana, en donde sucesores de paramilitarismo, grupos armados compuestos por desertores de las Farc y el crimen organizado, luchan metro a metro en los barrios y las zonas rurales por hacerse al control de los principales mercados ilegales de la región, lo que ha ocasionado que la población civil sufra las consecuencias del fuego cruzado. #CómoVaLaPaz

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: a una semana de la segunda vuelta presidencial, las jugadas políticas se precipitan… Las maquinarias políticas clientelistas y corruptas están heridas de muerte, los votos mayoritarios de Petro y Fajardo en primera vuelta mostraron su ocaso, el miedo a desaparecer hizo que se juntaran bajo el paraguas de Duque — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de junio de 2018 En la segunda vuelta de 2014 se disputaron la presidencia dos opciones de derecha ahora en 2018 se enfrentarán la derecha y la izquierda, gran cambio en la política colombiana. Uribe, Pastrana, Gaviria, todo el pasado se reunió bajo el paraguas de Duque para detener el cambio — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de junio de 2018 El país entró por fin en la dinámica gobierno-oposición. A Uribe y al Centro Democrático les fue muy bien en los últimos años haciendo una oposición tenaz. La izquierda tiene el reto en estos días de prefigurar un gobierno si es que gana Petro o en su defecto una gran oposición — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 6 de junio de 2018 Petro asegura que Duque está evitando asistir a los debates https://t.co/if70pqQw6S vía @elespectador — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 7 de junio de 2018 El Consejo Gremial declara el apoye a Duque, en Medellín no dejan entrar a almorzar a Petro en un distinguido Club, del otro lado Petro recibe el respaldo de la centrales obreras y de la Federación de Educadores, ahí están vivitas las diferencias de clase que se esmeran en negar — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018 El voto en blanco se va desdibujando en las encuestas quizás fue un error de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Jorge Enrique Robledo optar por este camino, quizás sus electores necesitaban su decisión heroica de apoyar a un candidato de izquierdas a pesar de las diferencias — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018 Faltan 9 días para la gran elección las encuestas se estrechan #DuqueEsDerrotable si el voto en blanco se va al piso — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018 Ahora que se estrechan las encuestas quizás Duque acepte ir a uno o dos debates como demanda la democracia — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018 El empujón que le darán @ClaudiaLopez y @AntanasMockus a Petro puede ser enorme, es la lucha de verdad contra la corrupción, el no todo vale, además de una posición más al centro del espectro político, muy bien por estos dos líderes políticos — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018 El centro y la izquierda unidos pic.twitter.com/sIYigw1lNQ — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018 El contraste es enorme mientras desde las cárceles parapoliticos se unen a Duque en el corazón de Bogotá Claudia López y Antanas Mockus, símbolos de la decencia, se unen con Petro — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 8 de junio de 2018

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares En algunos años, cuando llegue el momento de las preguntas y los interrogantes por el país que le hemos dejado a nuestros hijos, sobrinos y nietos, quiero poder mirarlos a los ojos y decirles, sin ninguna vergüenza, que hice todo lo que pude, hasta lo imposible para dejarles un mejor país. Un país, en el cual pensar diferente no sea un crimen, que a alguien no lo maten por discrepar en algunas ideas, un país donde las armas no sean un mecanismo más de competencia política, un país más equitativo y más transparente. Por ello apoyé, por ejemplo, el acuerdo de paz de La Habana, porque dicho acuerdo contiene las reformas fundamentales para construir un mejor país. En total hay 143 medidas, como programas, proyectos, iniciativas legislativas. De ellas, 14 son para los actores que estuvieron en la guerra, como la JEP, o la Ley de Amnistía. Pero las otras 129 son para la sociedad: el Plan Nacional de Vías Terciarias, que es construir infraestructura vial para que los campesinos mejoren la competitividad de sus productos, o el Plan Nacional de Educación Rural, o la reforma política. Estas 129 medidas se hacen con la lógica de que Colombia no viva una nueva ola de violencia en el futuro, evitar una nueva guerra, que ha sido la historia de nuestro país en su vida republicana. En el marco de las negociaciones se dijo que las causas estructurales de la guerra eran tres: uso y acceso a la tierra, participación política y economías ilegales. Esas 129 medidas están hechas para atacar estas causas estructurales. Es por esto que yo apoyo el proceso de paz, lo apoyo no por las Farc, sino porque no quiero más masacres, no quiero más Tumacos llenos de coca, no quiero ríos llenos de mercurio, quiero un país que supere la violencia, quiero un mejor país para mis hijos y nietos. Los réditos de la paz se verán en algunos años, eso no se ve inmediatamente. Yo no actúo de forma egoísta y en el hoy, actúo para las próximas generaciones y para el mañana. Con el tiempo he entendido que la guerra ha sido un instrumento necesario para la construcción de las élites nacionales y regionales. La guerra les ha servido como excusa para engañar a la sociedad colombiana, la idea es que la sociedad les perdona todo a cambio de que combatan supuestos enemigos. Es gracias a estas guerras que las élites se repartieron desde hace más de un siglo la administración del poder y sobre todo, crearon toda una estructura para desangrar la institucionalidad.La cosa es tan vergonzosa  que el pasado 27 de mayo el voto de opinión logró casi el 50 por ciento. La votación de Fajardo y Petro, más allá de sus diferencias ideológicas y políticas, representa una sociedad cansada de las maquinarias y la politiquería. El susto para las élites fue  tan grande, que salieron corriendo despavoridos para donde Iván Duque, allá llegó el Partido Conservador, el gavirismo, Cambio Radical y parte de La U, todos los políticos que se han aliado con criminales, que han desangrado a Colombia se arroparon en el uribismo. Allí llegaron los carteles de Odebrecht, del sida, de la hemofilia, los kikos Gómez, los ñoños, entre otros. Lo único que estos políticos piden es que no los toquen y al parecer Duque les garantizó eso. En verdad estoy cansado, o como se dice popularmente, mamado, de que los mismos corruptos y politiqueros de siempre nos gobiernen. Me cansé de que la gente no tenga qué comer, me cansé de la corrupción, me cansé del arribismo político, me cansé de que maten jóvenes y los disfracen de guerrilleros, me cansé de la injusticia. Y eso es lo que quiero cambiar. El próximo 17 de junio el voto es entre el cambio y el statu quo. Por ello votaré por la paz y el cambio. A las próximas generaciones les quiero decir que hice todo lo que estuvo a mi alcance para dejarles un país mejor, y eso me lleva a votar por la paz. Por eso voto por Gustavo Petro. Con Petro no comparto muchas cosas, habría preferido en segunda vuelta votar por Fajardo, pero no logró pasar. Por ello debo tomar partido entre las dos opciones que nos quedan y voy a votar por la paz y sin miedos.

Visión general Realiza investigaciones en asuntos electorales, corrupción, redes y clanes políticos, descentralización y ordenamiento territorial, procesos de participación política; desarrollo de escuelas de formación para la democracia y la ciudadanía participativa; consultoría en contextos políticos y electorales locales y regionales. Proyectos en curso Monitoreo de procesos políticos y electorales en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba- National Endowment for Democracy (NED) Balance de la descentralización territorial en Colombia e incidencia en la agenda pública del nuevo gobierno (2018-2022)- USAID Monitoreo permanente de las elecciones para Congreso y Presidencia de la República (2018) con énfasis en clanes y redes políticas, candidatos cuestionados, interpretación de resultados y transparencia de las competencias electorales. Consultoría. Recolección y análisis de información a nivel regional (municipal – departamental) y nacional de actores, conflictividad y movilización social en temas relevantes para las operaciones de Parex- Parex Resources Colombia Ltd. Servicios Monografías políticas y electorales. Informes que contienen un diagnóstico de la situación política y electoral en una localidad o región determinada para construir análisis en época preelectoral y/o poselectoral. Se asesora a empresas y entidades con una caracterización de los municipios en los que desarrollan su actividad, se desarrolla un mapa de riesgos y un análisis de las variables políticas y sociales de la(s) zona(s). Escuela de Formación para la Democracia. Se brindan coordenadas teóricas y prácticas que promuevan y consoliden la participación de los ciudadanos en la política de apertura democrática diseñada en la Constitución Política de 1991 y en las reformas políticas y electorales. Se trata de profundizar la formación política de jóvenes, ciudadanos, mujeres y miembros de organizaciones sociales. Investigación y asesorías en descentralización territorial. Se desarrollaninvestigaciones y asesorías en procesos de descentralización (fiscal, administrativa, política) y en ordenamiento territorial, para comprender la relación y/o tensión de competencias y funciones entre las autoridades centrales y las territoriales. Consultorías. Recolección y análisis de información a nivel regional (municipal – departamental) y nacional.

Visión general El  fin  de  la  guerra  no  implica  necesariamente  el  fin  de  la  violencia  y  las  conflictividades  sociales.  De  hecho,  los  periodos  de  postconflicto  se  caracterizan  por  un  aumento  de  la  conflictividad  social. La línea de investigación, por medio de un equipo nacional y presencia regional, tiene como propósito analizar, monitorear y diagnosticar los diferentes escenarios de conflictividades, construcción de paz y retos del postconflicto en el territorio colombiano.  La línea desarrolla investigaciones, consultorías, asistencia técnica y procesos de formación e incidencia orientados a: Identificar las dinámicas de seguridad, convivencia y conflictividad en los municipios afectados por el conflicto armado en Colombia. Monitorear la emergencia de nuevos actores armados ilegales y la expansión de otros grupos, indagando por sus lógicas operativas, fuentes de financiación y repertorios de violencia. Responder a los retos en la implementación de los acuerdos de paz. Generar insumos e instrumentos de análisis que permitan generar recomendaciones a tomadores de decisiones, opinión pública, organizaciones y movimientos sociales. Generar recomendaciones de política pública que incidan en reformas institucionales y transformación de procesos sociales y políticos en favor de la reconciliación nacional y la construcción de una paz estable y duradera Proyectos en curso: Oficina Fundación Paz y Reconciliación Sede Buenaventura- Ford Foundation-Embajada de Noruega Diplomado Retos y Desafíos de los Medios de Comunicación en Colombia en escenarios de Paz- Universidad Central Informe Cómo Va la Paz- Embajada del Reino de Noruega-Ford Foundation-Embajada de España-Red Pro de Paz Consultoría sobre la Caracterización de la Victimización de Líderes Sociales en Cauca, Caquetá y Urabá en Colombia-Programa Capstone Universidad Externado de Colombia Plataforma digital de control ciudadano para el seguimiento y monitoreo de la implementación del acuerdo de paz y la profundización de la democracia en Colombia-MSI Servicios: Construcción de informes e investigaciones sobre los impactos sociales, políticos y económicos en los territorios priorizados para el postconflicto. Diagnósticos sobre presencia de grupos armados ilegales, a lo largo de todo el territorio nacional: formas de operar, número de integrantes y principales redes en ejercicio de control de siembra de cultivos para uso ilícito y procesamiento de drogas, así como en economías ilegales y repertorios de violencia. Generación de capacidades para responder adecuadamente a los retos de la implantación del conflicto armado a nivel nacional Identificación de riesgos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y construcción de modelos de autoprotección para organizaciones sociales. Producción de documentos de análisis sobre conflictividades de administración de justicia y desarrollo de herramientas para mediación comunitaria e incidencia. Formulación de recomendaciones en política pública en materia de seguridad y conflicto armado junto con alianzas estratégicas con actores del sector público, del sector privado, de medios de comunicación, universidades y organizaciones sociales para incidencia en agenda de materia pública. Elaboración de diagnósticos especializados sobre la situación de seguridad, dinámicas de grupos armados ilegales en los territorios, en el marco de escenarios de postconflicto, mercados criminales en territorios vulnerables para la formulación de políticas públicas con enfoques diferenciales y recomendaciones de política pública en procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción-DDR o, reincorporación de excombatientes a la vida civil. Fortalecimiento de capacidades en procesos de construcción de paz, análisis del conflicto armado. Desarrollo de cátedras sobre historia del conflicto armado en Colombia y construcción de paz y postconflicto. Desarrollo de sistemas de información geográfica sobre datos asociados a violencia, violaciones de derechos humanos. Experiencia en sistemas de monitorio de agresiones contra líderes sociales en el Observatorio de Violencia Política (OVP)

Visión general Contribuir al entendimiento de los diferentes fenómenos que afectan la seguridad ciudadana en entornos urbanos a partir de la comprensión de factores y manifestaciones de violencia como las dinámicas y repertorios de acción del crimen organizado, los mercados ilegales, la capacidad de la infraestructura institucional en materia de política criminal para la gestión de la seguridad y la convivencia. A partir de los estudios, investigaciones y la experiencia del equipo se pretende generar debates públicos y académicos que permitan llamar la atención sobre temas relevantes y acompañar a los entes territoriales y a la ciudadanía en la construcción de ejercicios de planificación, ejecución y evaluación de herramientas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad. Temas generales de investigación: Dinámicas del Crimen Organizado en diferentes ciudades de Colombia. Debate y veeduría sobre la policía y su acción. Estudiar y evaluar la Policía, su función hoy. Creación de metodología. Justicia local y resolución de conflictos. Modelo de entornos protectores a los desmovilizados en los entes territoriales. Rentas y economías ilegales y criminales. Análisis de 6 ciudades. Migración ilegal. Miedo y percepción del estado de la seguridad local. Regionalización o “metro politización” de la seguridad. Proyectos: Santa Marta. Herramientas de planeación de la seguridad y la convivencia en el Distrito de Santa Marta. Caracterización del conflicto armado y relación entre grupos armados y población civil. Convenio con OIM. Capacidades institucionales. Convenio Ministerio del Interior. Convenio Colombia Responde. Pedagogía para la Paz con candidatos a la alcaldía y asistencia técnica para el alcalde electo. Relación de estructuras ilegales y político en el marco de las elecciones legislativas 2014 y autoridades locales 2015. Convenio MOE. Buenaventura y Tumaco. Homicidios ejemplarizantes y crímenes de odio 2018. Contrato Foundations Open Society. Jóvenes y economías ilegales. Caracterización de mercados ilegales en Medellín, Santa Marta, Riosucio, Rio Quito, Buenaventura y Tumaco. Proyecto financiado por la Embajada de Suecia y apoyado por PNUD. Servicios: 1. Herramientas de gobernanza local para la seguridad (Kit de Seguridad). Entendiendo el panorama general de la seguridad y la convivencia en los entes territoriales de Colombia y conociendo las coyunturas que sobre el tema se presentan a nivel local, la línea implementa un paquete básico de gestión de la seguridad y la convivencia consistente en dos (2) herramientas que permiten de una manera práctica, que los gobernantes puedan cumplir con sus funciones y obtengan mayor gobernabilidad sobre la seguridad en sus jurisdicciones. Dichas herramientas son: Observatorio de seguridad y convivencia. Consiste en un acompañamiento para la construcción, implementación y puesta en funcionamiento del observatorio de seguridad y convivencia en el ente territorial, con el fin de organizar la información pertinente, generar conocimiento y evaluar las políticas, planes y proyectos que sobre la materia se construyan. Acompañamiento en la formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. A través de metodologías y trabajos de planeación se acompaña a los entes territoriales en la planeación de la seguridad, en especial en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2. Construcción de capacidades locales en materia de seguridad. Capacita a las diferentes entidades públicas y funcionarios encargados de la gestión de la seguridad y la convivencia sobre los temas que la línea de investigación ha profundizado en pro de generar conocimiento en materia de: Seguridad Ciudadana. Nociones básicas sobre los conceptos de uso cotidiano en relación a la Seguridad Ciudadana. Prevención de la violencia y el delito. Diferentes metodologías utilizadas para la focalización de programas de prevención del delito. Sistema judicial y carcelario. Aplicación de las normas y procedimientos con relación al delito y cómo se pretende resocializar a las personas que cumplen penas privativas de la libertad. Administración policial. Analiza los diferentes sistemas de Policía en la región y cómo el mejoramiento de los mismos contribuyen a la seguridad ciudadana. Sistemas y manejo de información de seguridad y el crimen. Establece los diferentes mecanismos existentes para la creación y puesta en marcha de sistemas de información y/u observatorios de la violencia y el delito. Política criminal y planeación local para la prevención y gestión integral de la seguridad ciudadana. 3. Investigaciones sobre crimen organizado y lineamientos para Políticas Públicas y política criminal. Basándose en la experiencia sobre la materia, la línea busca generar conocimiento sobre temas relacionados a la seguridad urbana con énfasis en los fenómenos del crimen organizado y economías criminales. A partir del entendimiento de éstos, se pueden generar lineamientos en la construcción de políticas públicas.