Artículo basado en los capítulos 2 y 3 del libro La Minería en el Posconflicto: un asunto de quilates. (Ediciones B, 2017) Por Óscar Iván Pérez H, Investigador de Conflictos asociados al desarrollo-Pares Durante la primera década del siglo XXI, la extracción de oro en Colombia atravesó por un periodo de bonanza inusitado, pues pasó, entre 2001 y 2012, de 21,8 ton/año a 66,2 ton/año. Desde entonces se ha estabilizado alrededor de 57 ton/año. En el país, la minería del oro se lleva a cabo principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Bolívar, Tolima, Cauca, Santander y Nariño. El boom estuvo jalonado por el incremento internacional del precio del mineral, explicado en gran medida por el crecimiento acelerado de China e India, la crisis financiera de Estados Unidos en 2008 y la incertidumbre que ésta produjo en los mercados globales. Así, entre 2001 y 2012, la cotización internacional de la onza de oro troy creció de US$270 a US$1.669. En 2017 la onza se cotizó en cerca de US$1.300. En el país, la extracción de oro se hace bajo un sistema de minería que combina diferentes tipos de extracción. Más exactamente, cerca del 15% de la producción del oro es aportada por la minera formal, que corresponde a aquella desarrollada bajo el amparo de un título minero legal y que, por lo tanto, está regulada y controlada por el Estado. El 85% restante del oro es extraído por actores que no cuentan con un título legal para hacerlo, como ocurre con la minería ancestral-artesanal (actividad de subsistencia, a pequeña escala y no mecanizada, realizada generalmente por comunidades étnicas), informal (minería a pequeña escala con vocación para formalizarse), ilegal (minería mecanizada sin vocación de formalización) y criminal (minería mecanizada que obtiene rentas ilícitas o es regulada por actores criminales). Por definición, estos tipos de extracción carecen de planes de manejo ambiental, cumplimiento de normatividad laboral y pago de impuestos, entre otros estándares. La valoración de las oportunidades y los retos de la extracción del oro dependen, por supuesto, del tipo de minería y la escala de producción de la cual se esté hablando. Una cosa es lo que ocurre con los grandes proyectos de minería formal y otra la que acontece con la minería criminal, por ejemplo. En el municipio de Buriticá (Antioquia) se encuentra la mina de oro en producción más grande del país y es operada por la canadiense Continental Gold. La empresa está desarrollando un plan operativo que le permitirá pasar de producir 6.000 onzas de oro al año a 250.000 onzas, cifra que equivale a todo el oro extraído en un año de forma legal en Colombia. En su fase de construcción –que será de dos años y medio–, el proyecto implicará inversiones por cerca de US$400 millones. Adicionalmente, en la etapa de construcción se generarán alrededor de 1.500 empleos y durante la etapa productiva cerca de 1.000, números considerables para un municipio que contaba con 6.955 habitantes en 2005. Continental Gold calcula que pagará impuestos por cerca de US$950 millones, en el transcurso de los primeros 14 años de operación. En general, los proyectos formales de minería del oro no solo se caracterizan por sus aportes al empleo, las finanzas públicas y la atracción de inversión extranjera, sino también por sus salarios relativamente altos y sus iniciativas para estimular el desarrollo local. En promedio, el salario de un obrero del sector extractivo es aproximadamente el doble del de un obrero agrícola y un 50% más de lo que recibe un obrero industrial. Adicionalmente, en respuesta a la presión de las comunidades y los estándares internacionales, el sector minero-energético es líder en la implementación de políticas de responsabilidad social y sostenibilidad, dentro de las cuales se llevan a cabo­ programas para convertir a los productores locales en proveedores de la empresa e inversiones sociales en temas relacionados con generación de ingresos, acceso a servicios sociales básicos e infraestructura de las zonas de influencia. A pesar de estos esfuerzos, las regiones con proyectos extractivos siguen siendo parte del grupo de las menos desarrolladas en Colombia, hecho explicado en parte por las debilidades institucionales locales y la dependencia del sector a las importaciones de capital. Otras de las razones de la reticencia frente a proyectos mineros a gran escala tienen que ver con los impactos sobre el medio ambiente –sobre todo en el recurso hídrico y la biodiversidad–, las afectaciones en las actividades económicas tradicionales –como pesca, agricultura, turismo y minería artesanal– y las alteraciones en las formas tradicionales de vida, desencadenadas a partir de las migraciones, el colapso en la  prestación de servicios públicos, la inflación y la proliferación de bares y prostíbulos. Pese a eso, el mayor inconveniente para el desarrollo de la minería formal es la extracción criminal de oro, puesto que –además de generar daños irreparables sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades– se ha convertido en la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales, a partir de la extorsión a diferentes actores, la extracción directa del mineral y la cooptación de la institucionalidad del territorio. El verdadero aporte de la extracción del oro a la economía local y nacional solo se podrá percibir cuando se avance en la formalización de la actividad y las empresas realicen una mejor gestión comunitaria y ambiental que les permita obtener la licencia social de operación. En ambos casos es fundamental la participación del Estado. En tanto esto no ocurra, las grandes oportunidades del oro seguirán –como en La Colosa– bajo tierra.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Siempre se ha dicho que en la primera vuelta presidencial se vota por el que uno quiere y en la segunda contra el que más se rechaza. Todo parece indicar que esto es lo que ocurrirá en Colombia el próximo 17 de junio. Los dos candidatos que se disputan la presidencia han desarrollado estrategias para que así sea. Por un lado, el candidato de la extrema derecha, quien puntea de lejos en las encuestas, Iván Duque, ha intentado hacer de la segunda vuelta una votación contra el miedo a Venezuela. Durante meses desarrolló la campaña de la estigmatización contra el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y quiere de hacer de la segunda vuelta una votación contra lo que se denomina el populismo de izquierda. Por otro lado, Gustavo Petro, ha hecho lo propio. Ya no se ha dedicado a defenderse y rebatir a quienes lo acusan de populista, sino que ha comenzado una fuerte arremetida mediática con posturas de centro. Mientras, las figuras políticas que lo rodean han intentado hacer de la segunda vuelta un plebiscito contra el expresidente Álvaro Uribe. Han comenzado a recordar los problemas de corrupción, derechos humanos y persecución política, que ocurrieron durante los dos gobiernos del expresidente, con ello buscan agrandar el miedo al regreso de Uribe. La encuesta más reciente le da un 55% de los votos a Duque, un 35% a Petro y un 10% de voto en blanco. Quedan 15 días para lograr modificar ese tablero. Pero en los últimos días han ocurrido tres situaciones que comienzan a llevar a muchos indecisos y de voto en blanco, a tomar partido. Lo primero es que la campaña de Iván Duque recibió el apoyo de toda la clase política tradicional, muy cuestionada en los últimos años y muchos de ellos involucrados en escándalos de corrupción. La totalidad de congresistas involucrados en el escándalo de Odebrecht han dado su apoyo al candidato del Uribismo, así como los vinculados al cartel de la hemofilia y el del sida. Estos carteles se refieren a mecanismos que se utilizaron para desangrar económicamente los recusados públicos de la salud con pacientes fantasmas de enfermedades de alto costo. La campaña de Duque sabía que esto tendría un alto costo, por ello, las mayoría de la adhesiones se hicieron con declaraciones de estos políticos, pero sin foto con el candidato presidencial, aun así la lluvia de críticas no se hizo esperar. Lo segundo es que algunos académicos y tecnócratas en economía han dado su respaldo al modelo de Gustavo Petro: el primero fue Thomas Piketty, quien le dio una bocana de aire a la campaña de la izquierda y horas después fue el economista Salomón Kalmanovitz. Con esto, la campaña de que Petro era igual a castrochavismo comienza a derrumbarse. Igualmente una serie de académicos, analistas y hasta artistas, han dicho que prefirieren a Gustavo Petro, incluso, manifiestan que no comparten algunas de sus ideas, pero lo prefieren a un regreso del uribismo. Lo tercero que ocurrió es que varios líderes políticos del centro, manifestaron la intención de votar en blanco, con lo cual, le dieron un fuerte golpe a la campaña de la izquierda, y terminaron favoreciendo la de la derecha. Para muchos, la unidad de Fajardo, Petro y de La Calle era casi que obvia, con la idea de salvar el proceso de paz, ya que la campaña de la derecha ha dicho que hará trizas los acuerdos, aunque en los últimos días, ha cambiado la palabra trizas por la de reformas estructurales, en un intento por deslizarse al centro y no verse como los enemigos de la paz. Así las cosas, con el voto en blanco de algunos líderes políticos, se daba casi por seguro que Gustavo Petro perdería las elecciones. Sin embargo, la ola de adhesiones que ha logrado en las últimas horas podría llevarlo a subir algunos puntos y ponerle emoción a la campaña. El miedo a Uribe o el miedo a Petro, así se definirá la votación. Publicado en El País

Por: Redacción Pares Transcurridos 18 meses desde la firma de los acuerdos de paz se puede hacer un balance complejo sobre su implementación. Si el 2017 pasó a la historia como el año en que se puso fin a un conflicto armado que duró más de cinco décadas, el 2018 se recordará como el año en el que se implementaron los mecanismos para garantizar y satisfacer las necesidades y los derechos de las más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado. También pasará a la historia como el año en el que la FARC inició su participación política bajo las reglas de la democracia; hizo por primera vez campaña electoral, postuló candidatos al Congreso de la República y salió a la plaza pública. Sin duda, el proceso de paz sigue escribiendo páginas que pasarán a la Historia de Colombia. Pero a pesar de la contundencia de estos hechos, la implementación de los acuerdos de paz carece de cimientos estables en el territorio. En estos dieciocho meses son muchos los obstáculos que aún no se han podido superar. Tal vez la mayoría de estos acontecimientos se pueden enmarcar en cuatro líneas de análisis. Por un lado, algunas zonas dejadas por las FARC comienzan a tener problemas delicados de seguridad, allí los homicidios han aumentado, se presenta un copamiento por parte de organizaciones criminales y varias de estas zonas son teatros de guerra. En segundo lugar, la política de reincorporación afronta problemas complejos, apenas ha sido aprobado un proyecto productivo para exguerrilleros, muchos aún no están bancarizados y no hay tierra para desarrollar las diferentes iniciativas de desarrollo económico. En tercer lugar, el Estado, aunque tiene recursos económicos no ha sido ágil en ejecutarlos. Por último, hay problemas que no han logrado resolverse como la victimización a líderes sociales, además los programas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de cultivos Ilícitos (PNIS), no logran dar respuesta a las problemáticas inmediatas de las comunidades. DESCARGUE EL INFORME COMPLETO AQUÍ

Por: Conflicto, paz y postconflicto Transcurridos 18 meses desde la firma de los acuerdos de paz se puede hacer un balance complejo sobre su implementación. Si el 2017 pasó a la historia como el año en que se puso fin a un conflicto armado que duró más de cinco décadas, el 2018 se recordará como el año en el que se implementaron los mecanismos para garantizar y satisfacer las necesidades y los derechos de las más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado. También pasará a la historia como el año en el que la FARC inició su participación política bajo las reglas de la democracia; hizo por primera vez campaña electoral, postuló candidatos al Congreso de la República y salió a la plaza pública. Sin duda, el proceso de paz sigue escribiendo páginas que pasarán a la Historia de Colombia. Pero a pesar de la contundencia de estos hechos, la implementación de los acuerdos de paz carece de cimientos estables en el territorio. En estos dieciocho meses son muchos los obstáculos que aún no se han podido superar. Tal vez la mayoría de estos acontecimientos se pueden enmarcar en cuatro líneas de análisis. Por un lado, algunas zonas dejadas por las FARC comienzan a tener problemas delicados de seguridad, allí los homicidios han aumentado, se presenta un copamiento por parte de organizaciones criminales y varias de estas zonas son teatros de guerra. En segundo lugar, la política de reincorporación afronta problemas complejos, apenas ha sido aprobado un proyecto productivo para exguerrilleros, muchos aún no están bancarizados y no hay tierra para desarrollar las diferentes iniciativas de desarrollo económico. En tercer lugar, el Estado, aunque tiene recursos económicos no ha sido ágil en ejecutarlos. Por último, hay problemas que no han logrado resolverse como la victimización a líderes sociales, además los programas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de cultivos Ilícitos (PNIS), no logran dar respuesta a las problemáticas inmediatas de las comunidades. El postconflicto es un proceso complejo cuya temporalidad se divide en dos partes. Durante los primeros 24 meses, luego de la firma de los acuerdos y durante y después de los procesos de dejación de armas se produce el período crítico del postconflicto, se conoce en la literatura internacional como “la estabilización”, allí, se sabe si se gana o se pierde el postconflicto. Lo crítico durante este período son tres asuntos. 1. La seguridad territorial. 2. Ganarse la población que estuvo gobernada por los grupos armados ilegales. 3. Abonar el terreno para la transformación territorial que saque de la ilegalidad a las zonas más afectadas por el conflicto. Luego de este período de dos años, viene lo que se conoce como “normalización”, que puede durar entre 10 y 15 años, aquí lo que priman son las reformas estructurales y los cambios de larga duración, así como el impacto a lo que se denominan causas estructurales del conflicto armado. En este, el cuarto informe de “Cómo va la Paz”, damos cuenta en detalle de los avances y riesgos de la implementación. El texto se divide en cinco secciones: i) Dinámicas de Seguridad en el Postconflicto, ii) Proceso de Reincorporación, iii) Víctimas, iv) Infraestructura para la Paz: PDET y PNIS v) El postconflicto en áreas protegidas. El análisis de la implementación de los acuerdos no se hace sólo sobre las acciones, planes y programas que fueron pactados en el acuerdo final, el esfuerzo analítico se concentra en entender las transformaciones territoriales y el impacto frente a la realidad de las comunidades. De manera general se podrían agrupar las conclusiones en dos categorías que permiten entender el tránsito hacia el postconflicto: Conflicto armado y Transición. 1. La etapa del conflicto armado está superada, el mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia, salvo los homicidios en algunos municipios. A. El desplazamiento disminuyó ostensiblemente entre 2016 y 2017, pasó de poco más de 120.000 mil desplazamientos en 2016 a 75.000 en 2017. Pero si se observa desde 2012, cuando dieron inicio las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, la reducción es impresionante, en ese año se llegó a la cifra de 272.000 desplazamientos. B. Los afectados por minas anti-personal pasaron en su peor momento que fue 2006 de poco más de 1200 personas a 56 personas en 2017. C. Los secuestros están en su nivel más bajo en las últimas tres décadas. En 2017 se cometieron 180 secuestros, en su peor momento, a finales de los años noventa del siglo XX, se superaron las 3000 personas secuestradas. D. Los homicidios venían en un descenso marcado a nivel nacional desde 2012. Sin embargo, en 2017 se presenta un piso de cristal, la tasa de homicidio quedó prácticamente igual entre 2016 y 2017, con un leve aumento en un grupo de municipios. Al hacer una división en tres categorías el resultado es el siguiente. En las “principales ciudades” del país disminuyó levemente el homicidio, en el “resto del país” igualmente, pero en la tercera categoría “zonas de postconflicto” es donde se presentó el aumento. 2. La etapa de transición. De los 242 municipios donde operaban las FARC hay un grupo de 78 municipalidades con problemas graves de seguridad. Allí se ha presentado un copamiento criminal que se ha dividido en tres categorías. A. Disidencias de las FARC, B. Expansión ELN, C. Expansión Grupos Armados Organizados (GAO). Hay otros grupos de municipios que previo a la dejación de armas de las FARC, ya compartían territorio con otras estructuras criminales. Por ejemplo, en Buenaventura había FARC y Clan del Golfo. Los municipios con problemas serios de seguridad se ubican principalmente, aunque no únicamente en cuatro subregiones del país: • Pacífico nariñense y caucano. Allí se vive una verdadera guerra civil • Bajo Cauca antioqueño y nordeste de Antioquia • Sur de Meta y Guaviare • Catatumbo Superado el conflicto armado, la transición es el punto más álgido en la implementación, hasta el momento no ha sido posible que la arquitectura institucional que se diseñó para cumplir con la implementación de los acuerdos responda adecuadamente a las necesidades y expectativas territoriales. Las diferentes agencias e instancias creadas no han logrado unificar criterios y la percepción en los territorios es de total descoordinación. Aquí existen tres grandes problemáticas. a. El proceso de reincorporación en sus cuatro pilares; jurídico, socioeconómico, seguridad y político, tiene serias dificultades. Tal vez lo único que marcha más o menos bien es el político, los demás son un gran desastre. Por ejemplo, sólo hay un proyecto productivo aprobado para excombatientes que vincula apenas 70 personas. La titulación de tierras ha sido un gran problema, entre otras. La responsabilidad de los retrasos de la implementación se concentra justamente en la baja capacidad que tuvo la institucionalidad colombiana para planificar y diseñar una arquitectura que respondiera de manera eficiente a las demandas de la implementación. b. La victimización a líderes sociales continúa. De hecho, durante el período previo a elecciones legislativas se presentaron picos dramáticos de asesinatos. Si bien, en abril disminuyeron, los datos son mayores que en el mismo período de 2017. c. A nivel territorial la implementación no termina de arrancar. El PNIS tiene dificultades de cobertura e impacto. El Plan de vías terciarías sigue a medias y las PIC o Pequeña Infraestructura Comunitaria no han generado los impactos esperados. Las comunidades se sienten abandonadas. Bajo este contexto, el postconflicto sigue siendo difuso y su alcance parece limitado frente a lo que se acordó. La terminación de la guerra y desaparición de las FARC como organización armada y su tránsito hacía la actividad política es un hecho irreversible, sin embargo, el acuerdo suscrito entre las partes está dirigido, en su mayoría, al grueso de la sociedad colombiana y no únicamente a los excombatientes de ambos bandos, ejemplo de ello son los planes de acueductos y electrificados rurales, reforma rural, formalización de la tierra, reforma política y demás acciones encaminadas a la profundización de la democracia, en este sentido, la implementación está en deuda. A continuación, se exponen algunas de las conclusiones más relevantes que deja el informe. • La terminación de la guerra se expresa ahora en forma de paradoja. En los últimos cuatro años, cuándo inició el proceso de paz, se ha producido una disminución de la confrontación armada y el número de homicidios lo confirma: de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, Colombia pasó de tener en 2012 15.957 homicidios, a reportar en 2017, 12.211, la tasa por cada cien mil habitantes disminuyó en 10 puntos (de 34 a 24) durante este mismo período. Es decir, la firma de la paz disminuyó las muertes violentas en el país, pero aumentó la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Mientras que en 2012 organizaciones advirtieron sobre la muerte de 69 líderes sociales, en 2017 la Fundación Paz & Reconciliación- Pares reportó 102 homicidios contra esta población y en lo corrido del 2018 se han reportado 36. a. Cómo se vio antes, hay un grupo de 78 municipios con copamiento criminal. Ya sea por parte del ELN, GAO o disidencias de las FARC. b. De estos 78 municipios en 55 ha aumentado el homicidio. Hubo zonas como en Arauca donde el copamiento no significó aumento de la violencia homicida, debido a que el copamiento no trajo disputas con otros actores criminales. c. Los restantes 71 municipios donde aumentó el homicidio tienen varias explicaciones. Un grupo tiene lo que se denomina anarquía criminal. Es decir, las FARC en sus zonas funcionaban como un Estado paralelo, allí administraban justicia, regulaban la visa social de las comunidades y “controlaban” la delincuencia común. Una vez salen las FARC, aumentan los conflictos entre vecinos, la delincuencia común y problemas en sitios de aglomeración de personas. En los demás municipios no es aún claro cuál es la causa de este aumento de los homicidios. A pesar de la tendencia en la diminución de los homicidios, se comienza a observar algunos aumentos en municipios postfarc. De los 281 municipios priorizados por la Fundación Paz & Reconciliación, en 126 se observa un aumento en los homicidios, varios de ellos tienen copamiento criminal y otros, aumento de la delincuencia común. • Las zonas de copamiento criminal, tienen características comunes, las cuales permiten entender el fenómeno. En la mayoría de los casos son zonas cinturones de economías ilegales (nótese la alta concentración en el Pacífico), al menos 40 municipios en los que el ELN, el clan del golfo o nuevos grupos criminales, se disputan metro a metro lo que antes controlaba la guerrilla de las FARC. • El proceso de reincorporación no ha logrado despegar. Pese a los avances logrados en la dimensión política, la cual permitió que la FARC participara en la contienda electoral, los hechos victimizantes contra los excombatientes son preocupantes, al 15 de mayo de 2018, el Observatorio de Violencia Política de la Fundación Paz & Reconciliación había registrado 43 casos de homicidios contra integrantes de FARC y 12 contra sus familiares. • Existen enormes limitaciones para fortalecer los procesos de reintegración económica, específicamente en el tema de financiación y acompañamiento de proyectos productivos. Hasta el momento el CNR no ha dado los lineamientos requeridos para que la ARN pueda proceder. Es decir, no se ha definido qué se va a entender como proyecto productivo, razón por la cual ha sido difícil que arranquen iniciativas en los territorios, sólo se ha aprobado un proyecto productivo para 70 guerrilleros. • Después de 18 meses de implementación, no se han terminado de adecuar los espacios de reincorporación (antiguas zonas de concentración). La mayoría de los ETCR no cubren las necesidades básicas de la población. Tierralta (traslado) y Tibú son los territorios con mayor atraso, mientras que Fonseca y Puerto Asís son los espacios con mayor desarrollo. • El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos –se constituye como una oportunidad histórica para resarcir los daños a las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado, pese a las dificultades administrativas y políticas, se ha avanzado de manera decidida en poner en funcionamiento a la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos. • Sobre la arquitectura institucional para la implementación, persiste la incertidumbre financiera y presupuestal para la ART y la implementación de los PDET. Existe gran incertidumbre por el contexto electoral, y por ende desconfianza en el éxito de estas políticas, esto también se refleja en la ausencia de articulación entre autoridades locales y nacionales para el fortalecimiento de estrategias y acciones de política pública. • Para fortalecer el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito es fundamental mantener la diferenciación entre territorios de erradicación forzada y territorios de ejecución del PNIS para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, para que los dos mecanismos que no son excluyentes no minen la confianza de los pobladores que voluntariamente han accedido a la sustitución. • Es fundamental crear espacios de coordinación y sinergia entre el PNIS, PDETs, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la ANI par lo de vías terciarias y los ministerios de minas y energías para lo de electrificación e interconexión rural, revisando los puntos de articulación entre programas y entidades responsables y garantizando una mayor integralidad en la intervención territorial. 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Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares La guerra en el departamento del Chocó (Pacífico norte) se resiste a desaparecer. En medio de un contexto de altas conflictividades sociales y disputa de recursos naturales, a pesar de la salida de las FARC, la presencia y expansión del ELN y el Clan Úsuga en el territorio han impedido que las armas se silencien en uno de los departamentos con mayor biodiversidad del país. La guerra en el departamento del Chocó llegó con el nuevo milenio y desde entonces la intensificación de la violencia ha hecho que sea el departamento con mayor nivel de victimización en el país, según los datos entregados por la Unidad de Víctimas. Es decir, que en promedio 190 de cada cien mil chocoanos sufrieron de algún tipo de acción victimizante en medio del conflicto armado. La intensificación de la guerra en esta región del país no ha cesado a pesar del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC. La disputa por el control de mercados de uso ilegal ha hecho que la guerra se siga reciclando. Número total de víctimas sobre poblaciónDepartamentoPoblación CensoNo de VíctimasTasa victimasChocó245.923467.493190,1Putumayo168.535292.029173,3Guaviare65.15099.907153,3Caquetá284.055396.949139,7Arauca165.464154.85093,6Cauca547.916479.94287,6 Fuente: Datos Registraduría Nacional, DANE y Unidad de Víctimas. Procesados por Fundación Paz y Reconciliación. Una de las variables que con frecuencia se observan para determinar la intensificación de la violencia en los territorios, es el número total de muertes violentas. Para el departamento del Chocó, el comportamiento de los homicidios permite inferir la capacidad que han tenido actores armados ilegales para reacomodarse en el territorio. Una vez inició el proceso de paz, y con ellos el desescalamiento de la violencia en las regiones de influencia de la guerrilla de las FARC, y materializaban ceses unilaterales, los homicidios tanto en áreas rurales como urbanas disminuyeron de 2013 a 2015, sin embargo, desde 2016 las cifras de homicidio volvieron a aumentar, con diferencias entre la población urbana y rural,  podemos inferir que esto se debe a la reorganización de los grupos armados ilegales. Una vez salen las FARC, tanto el ELN como el Clan Úsuga se disputan el territorio. Esto ha generado diversas situaciones de alteración de orden público y violación de derechos humanos contra población civil, como acciones de confinamiento, desplazamiento forzado y aumento de homicidios. Si se analizan los datos desagregados, se encuentra que en la mayoría de los municipios hay una tendencia a la disminución de los hechos relacionados con la expulsión de personas del territorio, sin embargo, en los territorios en los que se ha intensificado la violencia,  Riosucio es el municipio de mayor preocupación dado que en 2017 reportó 2000 personas más en condiciones de desplazamiento forzado con respecto a 2016. Para entender en detalle por qué estos municipios presentan comportamientos distintos a la tendencia de la mayoría que conforman el departamento, es importante observar cuál es la presencia de grupos armados ilegales que se han consolidado o expandido una vez inició el proceso de concentración de las FARC.  ChocóAlto BaudóRuralClan del Golfo (AGC)RuralELNFrente de Resistencia Cimarrón; Frente de Guerra Occidental Omar GómezMedio BaudóRuralClan del Golfo (AGC)RuralELNFrente de Guerra OccidentalBajo BaudóRuralClan del Golfo (AGC)Frente de Guerra OccidentalRuralELNLitoral de San JuanRuralClan del Golfo (AGC)RuralELNFrente Ernesto «Ché» GuevaraRiosucioRuralClan del Golfo (AGC)RuralELN Por ejemplo,  la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región es reciente ya que su zona de operaciones ha sido el alto Atrato, parte del medio Atrato y la región del Baudó. Allí opera el Frente de Guerra Occidental y se presume que las incursiones realizadas en Riosucio son operadas por comisiones de los Frentes Resistencia Cimarrón y del Manuel Hernández «El Boche». Debido a la continua incursión desde el Urabá antioqueño y desde el litoral Pacífico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN ha recurrido a minar con artefactos explosivos gran parte del territorio de Truandó para frenar, o al menos obstaculizar, las avanzadas tanto de los paramilitares como de la Fuerza Pública. Por su parte, el Ejército Nacional ha adelantado labores de desminado militar sin mayor percance; sin embargo, esta labor le ha permitido a las estructuras de los gaitanistas avanzar militarmente para entrar en contacto armado con el ELN. Es extraño que no se hayan registrado confrontaciones armadas entre Fuerza Pública y AGC. Con la entrada en vigencia del Cese al Fuego y de hostilidades de carácter Bilateral y temporal Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el ELN, la región bajo influencia del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN se definió como una de las más sensibles por ser un lugar de recambio del poder bélico y caldo de cultivo para la continuidad de la violencia armada. Pese a esto,  el Frente de Guerra Occidental no tiene una delegación en la Mesa negociadora que se adelantaba en Quito. En el marco del desarrollo de este Cese, el último combate registrado entre ELN y AGC se sostuvo nuevamente en el sector de Truandó el lunes 20 de noviembre de 2017. Aún no se conoce sobre el parte de guerra de alguna de las organizaciones que estuvieron en contacto armado, ni tampoco novedades sobre afectaciones humanitarias a la población civil de ese sector, quienes no salieron desplazadas por las acciones armadas realizadas entre los últimos ocho meses y que aún siguen resistiendo en su territorio. Economías ilegales Las economías ilegales van dejando saldos cuantiosos de sangre a su alrededor: poblaciones destruidas, monopolios, zonas prohibidas y juventudes hipnotizadas por el dinero fácil. En la subregión del Pacífico norte los grupos armados al margen de la ley se baten por: el narcotráfico y  la minería ilegal. En el tema del narcotráfico existe un involucramiento del campesinado en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, en donde existen muchos eslabones, milicias que se encargan de entregar y otros grupos de comercializar, pese a que no pertenecen a la organización directamente. En lo que respecta a las zonas que hacen parte de la economía ilegal del narcotráfico, Puerto Meluk es el ombligo, el punto a partir del cual comienza la organización; del Medio Baudó hacia el sur (Pizarro, litoral del San Juan) se consideran lugares aptos para la cosecha de la hoja de coca en donde el campesinado, debido a su precaria situación económica, decide hacer parte del negocio; en cambio del medio Baudó hacia el norte (Pie de Pepé y zonas del Atrato) se consideran como centros de distribución, valiéndose en la mayoría de las ocasiones de la subregión del Pacífico norte (Bahía Solano, Nuquí) para el envío al extranjero. La minería ilegal es un grave cáncer que afecta al ambiente, ya que es complejo rastrear el mineral que proviene del ejercicio de la buena práctica minera de aquella de la mala. Esta problemática se extiende a zonas como el San Juan y Atrato. Por su parte el Litoral del San Juan por tener su principal actividad económica basada en los maderables, sufre también de la perversión de esta economía. La Armada Nacional sorprende periódicamente a embarcaciones que transportan ilegalmente madera talada, los tipos que más se trafican son: Chanul, Guano y Naumano. Dentro del marco de las economías ilegales que se dan en la zona del San Juan se encuentran el contrabando, realizado por la delincuencia común,  el narcotráfico-en la que su meta no solo es el abastecimiento, producción de la droga en la zona, sino también el control de la ruta navegable del rio San Juan­-y la minería ilegal. Los hechos de contrabando generalmente se presentan en la vía Quibdó – Pereira en donde el Ejército Nacional realiza los controles respectivos, la mayoría de los casos se refieren al tráfico de combustible (ACPM) realizado por pequeños grupos que conocen las inmediaciones del lugar, dicha práctica hace parte del engranaje para abastecer a las dragas que ejecutan la minería ilegal y por ende su comercialización. Por su parte la producción de clorhidrato de cocaína a través del río San Juan, sigue constituyendo el recrudecimiento de la guerra, principalmente entre el frente Ernesto Guevara de las FARC y el Clan del Golfo. De hecho, las prácticas de transporte de la droga cada día se vuelven más sofisticadas, utilizando en algunos casos sumergibles que pretenden la salida al Océano Pacifico para llegar a Centroamérica. La incursión de las organizaciones al margen de la ley en el negocio minero comienza cuando los frentes de las FARC ejercen control sobre las vías navegables y terrestres vitales para la comercialización del oro y el platino, la extorsión (la vacuna) se convierte en el mecanismo utilizado por parte de la guerrilla para extraer beneficios del negocio minero, dicha práctica debilita el musculo financiero de los mineros que optan por contratar a las Autodefensas (bloque pacífico) y así contrarrestar el control de las Farc. La salida de este último del juego ilegal deja un camino expedito en disputa para las organizaciones criminales que siguen operando en el territorio, con el fin de lavar dinero. Por otra parte existe cierta conectividad entre el negocio minero y el cultivo de la hoja de coca que involucra al habitante de la zona rural. Dicha conexión se presenta por la insatisfacción de las necesidades básicas, el poblador oriundo se ve obligado a hacer parte de ambos negocios. Cuando se da una reducción en la oferta del oro (se acaba en las zonas aledañas donde se trabajaba) se entra en un periodo de recesión en donde el poblador se ve en la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso para hacerle frente al día a día, es ahí donde el campesino comienza a hacer parte en la cadena de producción y comercialización del ilícito, en donde sirve como recolector. Las jornadas de trabajo se dividen en dos: una en la mañana y otra luego del desayuno, el fuerte sol imposibilita una condición óptima de trabajo y por ende se trabaja en horas muy tempranas. La mayoría de los habitantes de un corregimiento, que oscila entre los 250 y 500 habitantes, se dedican a la minería artesanal, pero cuando es escasa recurren al trabajo de ‘raspachin’. Cuando se es dependiente de un recurso natural para lograr el desarrollo de la región (monoproduccion) y no se cuenta con múltiples opciones para fortalecer la economía, se cae en una situación de dependencia que en un tiempo prudente puede afectar todo el escenario de abastecimiento y adquisición del territorio, de la prosperidad vivida cuando el recurso está en auge, a la recesión económica. Dicha situación la experimenta Istmina, cuando debido a su condición natural como centro minero albergaba un desarrollo próspero pero hoy truncado por la actualidad no favorable del oro. Anteriormente el precio del oro dejaba saldos favorables en los hogares, semanalmente representaba un ingreso por hogar entre quinientos mil y seiscientos mil pesos. Hoy, el ingreso mensual es lo que antes era la ganancia de una semana. La situación en ocasiones ha llegado a entristecer a los pequeños mineros ya que se han visto en la necesidad de canjear  (trueque) el escaso oro recolectado por alimentos de  primera necesidad y solventar sus penas. Según información del Banco de la República en su Boletín económico regional  “en el cuarto trimestre del año 2017 (octubre, noviembre, diciembre) el Chocó sólo produjo 1.272 kilos de oro, el 15% del total nacional, mientras que en el año 2012 produjo 7.500 kilos”. Pese a que el territorio se encuentra hoy en día golpeado por la mala minería, aquella que contamina ríos y deforesta bosques enteros, aún quedan lugares aprovechables en el río San Juan y Suruco en donde se encuentra el oro. Pero esta situación no puede ser  aprovechada por los pobladores que se dedican al barequeo ya que las grandes maquinarias absorben las ganancias que se dan por la extracción. DESCARGUE EL INFORME COMPLETO AQUÍ

Este artículo sintetiza las principales ideas expuestas por la Fundación Paz y Reconciliación-Pares y la Universidad Externado de Colombia en el Suplemento de construcción de paz para el sector de turismo. Por Paula Tabares, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y estudiante de la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. El turismo ha sido reconocido como un sector económico que puede promover la construcción de paz por medio del entendimiento mutuo, la dinamización de la economía, el cuidado del territorio y el fortalecimiento de las comunidades. Si bien el debate conceptual acerca de la relación causal entre el turismo y la construcción de paz es amplio, la academia concuerda en que existe una relación directa y estrecha, dada principalmente por las interacciones entre diferentes contextos, culturas e historias que ocurren cuando se desarrolla una actividad turística. Desde diferentes actividades de su cadena de valor, el sector puede generar múltiples beneficios a la sociedad y los territorios; esto en vista de que el turismo involucra actividades de diferente naturaleza como el transporte, el hospedaje, la alimentación, el comercio y las expediciones fotográficas, entre otras, que permiten construir relaciones económicas entre participantes de una o varias comunidades. Además, con relación al territorio en el que se desarrolla, el turismo puede promover la cultura local, la protección de recursos naturales y paisajes, tanto por parte de la comunidad local como por parte de los visitantes. En un sentido más práctico, según el World Travel & Tourism Council, un país con un sector de turismo fortalecido tiende a ser más pacífico, porque: Un sector abierto y sostenible significa un mayor nivel de paz positiva, en el sentido de que, en palabras de Johan Galtung, promueve un “proceso orientado […] que pretende satisfacer las necesidades básicas y, en definitiva, la creación de condiciones necesarias para que el ser humano desarrolle toda su potencialidad en sociedad”. Entre más sostenible sea el turismo de un país, más bajos serán los niveles de violencia y conflicto. En el caso colombiano esto representa oportunidades interesantes, considerando que en el país actualmente entran cerca de 5 millones de turistas anuales y, destinos de postconflicto como Arauca, Putumayo, Meta y Magdalena, están aumentando exponencialmente el ingreso de visitantes. No obstante, es necesario mitigar los riesgos que esto puede generar, lo cual se realiza cuando la actividad se hace de manera responsable y sostenible y buscando articularse efectivamente con agendas a nivel país como las iniciativas públicas y privadas para el postconflicto y algunas más específicas del sector, como los corredores y destinos turísticos promovidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Articularse como empresa en iniciativas a nivel nacional y territorial favorece a la empresa en diferentes dimensiones; por ejemplo, fortaleciendo su cadena de valor, su gestión de los grupos y su inversión social. Esto amplía la reputación de la empresa, el relacionamiento con actores clave y la consolidación de alianzas con entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, que compartan los objetivos de la empresa. Ahora bien, la pregunta es cómo articularse con los sectores público y privado y aún contribuir de manera responsable y sostenible. Para esto, el empresario deberá analizar el contexto de su territorio, sus grupos de interés y su gestión organizacional para identificar los temas que sean prioritarios y así definir líneas de acción sobre las cuales actuar, porque realizar iniciativas sostenibles también significa priorizar los gastos o las inversiones que se realizarán, para no abarcar más de lo que se puede gestionar. Existen diferentes enfoques del turismo, unos más enfocados en la naturaleza y otros más en el involucramiento de comunidades. Con base en ello, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, en alianza con la Universidad Externado de Colombia, propone en el Suplemento de construcción de paz para el sector de turismo algunas acciones que se pueden implementar desde el sector privado en en territorios de postconflicto. Estas son algunas de ellas: Programas de promoción y apoyo al emprendimiento: Llevan a contribuir al desarrollo socioeconómico de las regiones para garantizar la sostenibilidad de los negocios y la generación de nuevas oportunidades en torno al turismo. Programas para ser un referente de paz en el territorio: Invita actuar y a plantear estrategias de visibilización en pro de la construcción de paz, que invitan a empresas del sector a preocuparse y a poner en sus agendas de responsabilidad social acciones alineadas con el contexto del posconflicto. Programas con enfoque de turismo comunitario: Reconoce que es importante que se desarrollen relaciones de confianza y apoyo de iniciativas de emprendimiento y comercialización de las comunidades tanto por parte de las empresas como de entidades públicas (la empresa puede apoyar la promoción de estos espacios). Programas de promoción de la formalización: Promueve el apoyo a la formalización de los trabajadores o los emprendimientos de la comunidad. Vale la pena mencionar que la formalización no es una responsabilidad del sector per se, sino que corresponde a un esfuerzo adicional en aras de contribuir al desarrollo económico de comunidades priorizadas en el posconflicto. Programas de desarrollo de proveedores: Busca generar encadenamientos a partir de la actividad empresarial, en la que se haga una revisión exhaustiva de la oferta en el territorio, determinando, entre otras, qué actividades pueden ser incluídas en la cadena de valor. Programas para resaltar la paz como valor agregado del destino: Invita a la empresa a actuar con este enfoque tanto en la zona/destino turístico priorizado en el postconflicto como en el marco de corredores turísticos, de manera que se articule con otras empresas o aumentan su presencia en diferentes zonas turísticas con características similares desde el punto de vista de la paz. Promoción y consolidación de veedurías ambientales: Busca promover la conformación de grupos de personas encargadas de velar por el correcto uso de los territorios de paz que pueden ser conformados por gobiernos locales y sociedad civil y capacitados por empresas e instituciones que trabajan en la conservación del medio ambiente. La inclusión de la construcción de paz como objetivo estratégico de la empresa: Establece que la empresa debe jerarquizar sus áreas de intervención en función de sus líneas estratégicas, de su impacto y de sus capacidades técnicas y económicas para llevarlas a cabo. Pares invita a los empresarios del sector de turismo a conocer la herramienta de la serie Invirtiendo en el Futuro, en la cual se detalla el proceso que pueden recorrer las empresas para la puesta en marcha acciones operacionalizables y así contribuir a la construcción de paz. Publicaciones relacionadas: Invirtiendo en el futuro, por Pares. Derechos humanos: un camino hacia la paz, por Pares. Mapa de experiencias en construcción de paz, por Pares. ¿Cómo construir paz desde el sector empresarial?, por Óscar Iván Pérez H. Estrategias empresariales para la paz, por Paola A. Vargas y Óscar Iván Pérez H. Creación de valor compartido con enfoque de paz, por Óscar Iván Pérez H. Construcción de paz desde los territorios: la experiencia en el sur de Córdoba, por Paola A. Vargas. DESCARGA LA GUÍA COMPLETA AQUÍ

Por: Redacción Pares DESCARGUE AQUÍ La Guía para construir paz desde el sector empresarial en Colombia es una brújula que busca orientar a aquellos empresarios que quieren explorar la posibilidad de desarrollar acciones que contribuyan a la superación del conflicto armado en el país. Está dirigida a tomadores de decisiones del mundo empresarial (empresas, fundaciones empresariales y gremios), y busca presentar de manera sencilla y concreta una realidad compleja que enmarca la guerra vivida por el país. Aunque todo tipo de empresa puede aportar a la paz, las empresas medianas y grandes, por su capacidad y sus recursos, están llamadas a liderar el proceso y a integrar, entre otros actores, los negocios más pequeños, en especial aquellos que están a cargo de población vulnerable en razón del conflicto armado o que se llevan a cabo en los territorios que lo albergaron. Los empresarios -sobre todo aquellos que han operado en medio del conflicto- conocen mejor que nadie las vicisitudes que este significó para generar riqueza. A pesar de estar lleno de riquezas naturales, humanas y culturales, gran parte del territorio nacional aún se encuentra desconectada de los circuitos económicos nacionales e incluso de los regionales. El postconflicto abre una oportunidad importante para la expansión de los negocios en Colombia, pero también trae consigo una gran responsabilidad: hacer que estos negocios aporten efectivamente a la reconstrucción de las economías regionales y del tejido social de las comunidades locales, ambos afectados por la guerra. Para lograrlo, la Guía propone un enfoque que les muestra a los empresarios cómo pueden aportar a la paz desde diferentes dimensiones y acciones, señalando además que un prerrequisito de esto es contar con una gestión responsable y atenta a los derechos humanos.

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: mientras las alianzas se empiezan a cimentar con miras a la segunda vuelta presidencial… la paz pende de un hilo #DuqueEsDerrotable y los líderes comprometidos con La Paz, la equidad social y la lucha contra la corrupción tienen la responsabilidad de confirmar una coalición capaz de lograrlo — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable salvemos a Colombia de Ordóñez, Uribe, Pastrana y Vivian, juntémonos todos los comprometidos con La Paz, la equidad social y la lucha contra la corrupción — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable si se juntan Petro, Fajardo, De la Calle, Mockus y todas las fuerzas comprometidas con La Paz, la equidad social y la lucha contra la corrupción — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable Duque está por debajo del 40% y ya juntó a todas las maquinarias de la derecha en cambio las fuerzas de la Paz, la equidad social y la lucha contra la corrupción aún no se han aglutinado y representan el 53% del electorado — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable El Centro Democrático y Duque han decidido que sólo hablan el candidato y Marta Lucía, es una muy buena estrategia, pero eso significa esconder al jefe y a todos los aliados indeseables — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 30 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable Miren la situación: es tal el pánico a las reformas, al cambio, a un nuevo país, que se han juntado la mayoría de la Unidad de Santos y el Uribismo para detener una posible coalición de Petro, Fajardo y De la Calle que el 27 canalizaron el descontento ciudadano — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 30 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable Dos vertientes de voto de opinión, de voto ciudadano, de voto predominantemente urbano, canalizaron el descontento del país: Petro y Fajardo. El establecimiento tradicional clientelista ha entrado en pánico y se ha refugiado en el paraguas de Duque — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 30 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable Comparto con mi amigo Jorge Enrique Robledo las prevenciones sobre Petro, pero nunca se había presentado la oportunidad de hacer un acuerdo con opción de ganar entre fuerzas comprometidas con La Paz, la transparencia y la equidad social — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 #DuqueEsDerrotable llegaron el Partido Conservador y los liberales con Gaviria a donde Duque, pero contra este establecimiento tradicional fue la votación de Petro, Fajardo y De la Calle y fue mayoritaria, se puede — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 No fue capaz Fajardo de avanzar hacia una coalición que le impusiera a Petro unas condiciones de gobierno para intentar ganarle a todo el establecimiento tradicional y corrupto que se ha agrupado bajo el paraguas de Duque y Uribe es una equivocación y una lástima — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 «Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en época de crisis moral». Dante Alighieri — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 Lamentable la decisión de Humberto de la Calle de votar en blanco cuando todo el establecimiento su puso bajo el paraguas de Duque que dice que va a reformular de fondo los acuerdos de paz y no continuará las negociaciones con el ELN — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 En España están tumbando a Rajoy en Colombia todo el establecimiento clientelista y corrupto se pone bajo el paraguas de Duque para atajar el cambio y Fajardo y De la Calle se evaden de la responsabilidad de atajar el retorno del uribismo al poder — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 Fajardo y de la Calle dejaron en manos de Petro el liderazgo de la la inconformidad ciudadana que se expresó el domingo 27 de mayo con más de nueve millones votos, gran error — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018 Fajardo y De La Calle se arriesgan a que la campaña se polarice y las distancias en las encuestas entre Duque y Petro no sean muy grandes y en ese escenario la gente salga a votar por uno de los dos candidatos y el voto blanco sea discreto y golpee a sus promotores — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 31 de mayo de 2018

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares 1. Me llamo Alfredo Correa de Andreis, un ilustre profesor, algunos decían que era el mejor de la costa Atlántica. Fui rector y catedrático. Lo digo yo, porque el profe Alfredo no puede. Fue asesinado en pleno cese unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por comandos paramilitares en Barranquilla en 2004. El DAS sirvió como eje de información para que los paramilitares cometieran ese homicidio. El DAS durante el gobierno de Uribe lo manejó el Bloque Norte de las AUC. 2. Me llamo Fair Leonardo Porras. Tengo 26 años, vivo en Soacha y tengo una discapacidad cognitiva. En enero de 2008 salí de mi casa y no regresé. Lo digo yo, porque Fair no puede. Fue asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate en el gobierno de Uribe. El pasado 11 de marzo de 2018, Colombia pudo elegir a Luz Marina Bernal, la mamá de Fair, como senadora, pero el país prefirió votar por sus victimarios. 3. Me llamo Daniel Martínez. Tengo 21 años, vivo en Soacha y el 6 de febrero del 2008 me ofrecieron trabajo en Ocaña. Lo digo yo, porque Daniel no puede. Él fue asesinado dos días después y presentado como guerrillero muerto en combate durante el gobierno de Uribe. 4. Me llamo Eudaldo. Soy alcalde de El Roble, Sucre. El 2 de febrero de 2003, en un consejo comunal, le dije al Presidente Uribe que me iban a matar. Mi asesino -a quien luego le dio una embajada- estaba a su lado. Lo digo yo porque Eudaldo no puede. Lo mataron a los 2 meses de la denuncia. Es increíble que el uribismo regrese al poder, pero parece inevitable. Todas las maquinarias, corruptas regionales se han unido para apoyar a Iván Duque: los ñoños, los Aguilar, los herederos de la Gata, la parapolítica en cuerpo ajeno han llegado a las toldas uribistas. Los mismos con las mismas. Nada ha cambiado. Les quiero hacer un recuento de lo que significó para nuestra democracia Uribe, y espero que todo lo que yo escriba aquí lo confirmen investigando, leyendo y preguntando, y verán que no digo mentiras. Uribe modificó la Constitución política para perpetuarse en el poder, lo hizo para ser reelecto en el año 2006. Corrompió congresistas, lo cual no es difícil, les dio notarías, dádivas, puestos burocráticos para perpetuarse. En 2009 lo intentó de nuevo pero la Corte Constitucional no lo dejó. Además, Uribe cogobernó con los paramilitares, el director del DAS en su momento fue Jorge Noguera, quien fue gerente de campaña en el Magdalena de la campaña Uribe presidente. Noguera era socio de Jorge 40, jefe paramilitar de la zona y quien eligió alcaldes, gobernadores, diputados y congresistas. Del DAS no solo salían las chuzadas a periodistas, magistrados y ONG. También salían listas para asesinar personas, todo indica que de allí salió la orden para asesinar al profesor Correa de Andreis. La bancada de congresistas elegida por paramilitares fue la bancada de gobierno. Cuando el escándalo de la parapolítica comenzó a destaparse la Corte Suprema de Justicia comenzó a actuar y la respuesta fue una persecución implacable. A los magistrados se les chuzó, persiguió y hasta se les hicieron montajes. La idea del gobierno Uribe era destruir la Corte Suprema. Pero tal vez el dato más escandaloso que he podido investigar se refiere a los mal llamados Falsos Positivos o Ejecuciones Extrajudiciales. Durante la dictadura de Pinochet en Chile se asesinaron y desaparecieron cerca de 3.100 personas, la dictadura duró 17 años, entre 1973 y 1990. En Colombia durante los 8 años de gobierno de Uribe se abrieron investigaciones por cerca de 4.000 Falsos Positivos, decenas ya han sido aceptados por sus victimarios. Es decir, en democracia se asesinaron más civiles que en una dictadura. A veces me preguntó por qué Colombia es así, por qué avanza un paso, para luego retroceder dos. No encuentro explicación. Pero al final los gobernantes son el reflejo de la sociedad. Y en una democracia uno elige al que quiere que lo gobierne. Ya el señor Duque ha anunciado una reforma a la Justicia para crear una sola corte, y eliminar el resto. Con ello borrarían todas las investigaciones. Ha anunciado que quiere reducir el Congreso, quitar 100 congresistas, es decir, eliminar el Senado. Todo esto fue lo que se hizo en Venezuela, se cambió un Congreso por una asamblea unicameral, se limitó a justicia, y miren cómo están. Los verdaderos castrochavistas son los uribistas.

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. ¿Cuáles fueron las sorpresas en primera vuelta? B. Y ahora ¿Qué podemos esperar para la segunda vuelta presidencial? C. ¿Quiénes se sumarán a Gustavo Petro?

Por: Alexander Riaño, Coordinador de Conflictos asociados al desarrollo-Pares El libro La minería en el postconflicto. Un asunto de quilates se construyó como base para una discusión nacional. Se concentra en estudiar las dinámicas del sector minero-energético, pero de fondo está la discusión de la gobernanza del desarrollo. Retomanos los conceptos de conflicto social, diálogo social e intercultural, extractivismo y gobernanza con el objetivo de presentar una mirada compleja de un sector económico en el cual el diálogo y la construcción de acuerdos se convierten en ejercicios fundamentales para fortalecer la democracia del postconflicto en Colombia. Mucho se ha escrito acerca del sector minero-energético en el país. Quienes buscan promoverlo se han concentrado en mostrar sus aportes en términos de ingresos, generación de empleo, exportaciones, inversión extranjera directa, inversión social, etc. Quienes se oponen vehementemente a las actividades extractivas se han concentrado en los riesgos e impactos que genera (sociales, económicos, ambientales y culturales), los pocos beneficios que acarrean en lo territorial y, finalmente, en el modelo económico subyacente a la extracción de recursos naturales no renovables. Desde ambas orillas la discusión parece darse desde posiciones inamovibles e irreconciliables. Se parte del desconocimiento del otro y sus preocupaciones, realidades e intereses. La discusión ha sido tan prolífica y amplia que encontrar un espacio en la literatura para realizar aportes ha sido una tarea titánica. Sin embargo consideramos que este libro es un aporte importante a la literatura en por lo menos en tres sentidos: Analiza el sector minero-energético a partir del concepto de conflicto social. Este ejercicio permitió entender el desarrollo del sector como una situación más compleja que la retratada en la mayoría de la literatura. Entre otras permite entrever que la divergencia entre la importancia macroeconómica del sector y el bajo desempeño en términos de aporte al desarrollo local está marcada por elementos que trascienden la actividad en sí misma. Es la complejidad de la industria y su relación conflictiva con los territorios lo que impide que los recursos generados por la actividad se traduzcan en mejores condiciones para las comunidades y sus territorios. Realiza una radiografía de los conflictos en el sector a partir de la construcción de una base de datos propia que recoge el trabajo previo de varias organizaciones sociales que han venido aportando en la investigación de conflictos sociales en la minería y lo complementa a partir de la triangulación de información con prensa y la inclusión de nuevas categorías de análisis. Se trata de un panorama objetivo y balanceado del estado de los conflictos en el sector. Una estrategia de investigación híbrida en la cual usamos elementos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, con el fin de encontrar un punto medio que, sin perder de vista las implicaciones territoriales sobre la vida querida de las comunidades, nos permitiera realizar un análisis macro de los conflictos del sector. Así, en este libro conversan los análisis estadísticos estructurados a partir de la base de datos con las relatos de las comunidades que nos permitieron entrar a sus territorios para reconstruir sus historias. El libro está compuesto por una introducción y dos partes complementarias. La primera se encargará de hacer el análisis macro a partir de la discusión conceptual y estadística, mientras que la segunda parte se encargará de ilustrar la forma en que el desarrollo de industrias extractivas genera transformaciones sustanciales sobre las comunidades y sus territorios. Se compone de tres capítulos. El primero realiza un recorrido breve por las trayectorias institucionales, normativas y de política pública que han llevado al estado de cosas actual del sector. En particular se señalan lo que se consideran como los elementos conflictivos de dichas trayectorias. En el segundo capítulo se realizará un análisis de la importancia macroeconómica del sector señalando principalmente que, a nivel Estado, la industria extractiva ha generado importantes recursos fiscales para la nación pero, a nivel local, los aportes no han sido tan claros. El tercer capítulo es una radiografía de los conflictos sociales en el sector minero-energético del país. A partir de la base de datos construida durante el transcurso de esta investigación, y que documentan 179 casos de conflictividad, se realiza una descripción y análisis detallado a partir de múltiples categorías que tienen que ver con los actores enfrentados, el tipo de actividad (formal, informal, ilegal, etc.), el recurso en explotado, la etapa del proyecto, las formas de movilización, entre otras. En últimas, el capítulo le dará al lector un panorama general acerca de las implicaciones de la industria en términos de los conflictos que en torno a él se generan en los territorios. La segunda parte del libro se concentra en la estrategia cualitativa. Para esto se realizó una reflexión teórica y metodológica sobre la investigación de estudio de caso de corte antropológico y tres estudios en Buriticá e Ituango (Antioquia) y Yopal (Casanare), que corresponden a los capítulos cinco, seis, siete y ocho, respectivamente. El capítulo cuatro introduce la discusión de los estudios de caso presentando las consideraciones conceptuales y metodológicas bajo las cuales se desarrollaron. Allí se realiza un análisis comparado de los tres estudio de caso resaltando los elementos más sobresalientes. El capítulo cinco corresponde al caso de Ituango en intervenciones económicas en Ituango y plantea cómo las comunidades abandonadas por el Estado y afectadas por la guerra terminan reacomodándose con respecto al oro como única opción de vida. El capítulo seis es el estudio de caso de Buriticá, que busca relatar y ejemplificar la difícil convivencia y el conflicto entre múltiples actores que se encuentran en este territorio en búsqueda de la riqueza del oro.  El capítulo siete es el caso de Yopal en el cual se retrata las lógicas de corrupción derivadas de la economía petrolera, así como las nuevas realidades del sector con precios bajos.

Por: Jorge Andrés Hernández, Coordinador Democracia y gobernabilidad -Pares En unos meses se cumplen 40 años de lo que se considera un largo proceso de transición de la dictadura a la democracia en América Latina. En 1978, con la convocatoria a elecciones en Panamá, culminó una época. Salvo Costa Rica, Venezuela y Colombia, todos los países de América Latina eran gobernados por dictaduras militares. Desde ese año, comenzó un largo proceso de apertura política y democratización, con altos y bajos, que estableció un régimen civil surgido de unas elecciones como estándar de democracia en la región. Sin embargo, el caso de Colombia era difícil de clasificar. La última dictadura militar se remontaba al periodo 1953-58, cuando gobernó Gustavo Rojas Pinilla y una corta Junta Militar, antes de la convocatoria a elecciones que dio comienzo al Frente Nacional. Sin embargo, pocos historiadores y politólogos plantean que la transición política se realizó en 1958. Pues el Frente Nacional implicó tan graves restricciones a los derechos y libertades (rigió un estado de excepción permanente) y la competencia electoral era nula (al margen de los resultados, los puestos se repartían milimétricamente entre los partidos oficiales y terceros partidos no podían presentarse al margen del bipartidismo). Por eso algunos establecen que la transición política colombiana ocurrió en 1974, con el fin de las restricciones electorales del Frente Nacional. Sin embargo, tras el fin formal del Frente Nacional, las restricciones siguieron funcionando de modo fáctico. El bipartidismo se repartía los ministerios, el estado de sitio era casi permanente. Por eso, la mayoría prefiere situar la transición política colombiana con la expedición de la Constitución Política de 1991. Allí se puso freno al estado de excepción permanente y se profundizaron los espacios de participación democrática. Sin embargo, los años siguientes pusieron en evidencia las brechas entre las normas y la realidad. Pues hubo violaciones masivas de derechos humanos y un partido político de oposición (Unión Patriótica) fue exterminado. De modo que no existe un consenso sobre el momento de la transición política colombiana. Unos lo sitúan en 1958, otros en 1974, algunos en 1991. Pero no parece satisfactoria ninguna interpretación anterior. Mientras en el resto de América Latina la transición posibilitó que la izquierda (en cualquiera de sus denominaciones) pudiese convertirse en alternativa de poder nacional, en Colombia la existencia de unas guerrillas armadas y la persecución a la izquierda legal crearon una atmósfera permanente de restricción, freno, exclusión. Todo eso puede estar llegando a su fin. Las elecciones presidenciales de 2018 han “normalizado” la política colombiana. El fin de las FARC como guerrilla armada y el paso de Gustavo Petro a segunda vuelta nos han introducido en el circuito de la política continental. La izquierda es alternativa de poder nacional y se ha pulverizado la lógica política bipartidista de doscientos años: liberalismo o conservatismo, uribismo o antiuribismo. Al mismo tiempo, una opción que se autodefine de “centro” o “moderada”, con precedentes en la Ola Verde de Mockus en 2010, se ha establecido como un actor político central y decisivo. Ha anunciado que también es una alternativa de poder nacional. Se trata de una transición política porque la competencia electoral parece ser plena (pese a la evidente falta de transparencia de los escrutinios) y por primera vez Colombia posee un espectro político como el de buena parte de los regímenes democráticos: derecha, izquierda, centro. Si el régimen clientelista de décadas pasadas había eliminado las diferencias ideológicas entre partidos (si es que alguna vez existieron), hasta el punto de que era imposible determinar las diferencias entre el partido liberal y el conservador, o entre Cambio Radical, el Centro Democrático y La U (maquinarias clientelistas agrupadas alrededor de un caudillo), hoy podemos encontrar la pluralidad ideológica y partidista de toda democracia moderna.