Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares El Pacífico medio está compuesto por los municipios del Pacífico del Valle del Cauca, especialmente los municipios de Buenaventura y Jamundí. La decisión de considerar este territorio como subregión está asociada a las lógicas de seguridad que imperan allí. Por un lado, se diferencia de manera radical de la lógica de disputa de la subregión del Pacífico Norte debido a que comienza, aunque paulatinamente, a manifestarse el fenómeno de proliferación de grupos armados ilegales en función del repliegue de las Farc, mientras que en el departamento del Chocó la disputa es esencialmente es entre dos grupos armados ilegales. Por otra parte, tampoco obedece a las lógicas de disputa entre múltiples grupos armados ilegales, como sí sucede en el Pacífico Sur. Sin embargo, tal y como se encuentra la situación en los municipios del Valle del Cauca, las dinámicas de seguridad podrían tornarse en un futuro similares a las del Pacífico Sur si las autoridades competentes no intervienen el territorio. Actualmente, el Pacífico medio se encuentra en un proceso de reconfiguración de grupos armados ilegales que se disputan el importante corredor de Buenaventura para el narcotráfico. En el puerto tienen presencia especialmente cuatro grupos: el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), La Empresa, el ELN y un grupo armado compuesto por desertores del extinto Frente 30 de las Farc. Para el caso del municipio de Jamundí, la situación se torna más compleja. La Fundación Paz & Reconciliación-Pares, en alianza con la Unicatólica, ha identificado cinco grupos armados ilegales ubicados en su mayoría en zona rural del municipio, adicionalmente, existen diversas bandas delincuenciales subordinadas al Clan del Golfo. El ELN, exmiembros del extinto Frente 25 de las Farc, exmiembros de los extintos Frente Sexto y Frente Urbano Manuel Cepeda y supuestos miembros del EPL que la población reconoce como exmiembros de las Farc, tienen presencia en el territorio y se disputan el control del narcotráfico. El municipio vallecaucano es un punto especial, pues hace parte del corredor del Naya, ruta que permite la comercialización de minería ilegal, el comercio de hoja de coca, pasta y clorhidrato de cocaína y la compra y venta ilegal de armas, debido a su cercanía con los departamentos del Chocó y Cauca y con el Municipio de Buenaventura.DepartamentoMunicipioGrupo Armado IlegalValle del CaucaJamundíEPL(Compuesto por desertores de as Farc)ELNClan del Golfo (AGC)Frente Sexto y Frente Urbano Manuel CepedaDistintas bandas delincuenciales contratadas por GAO como el Clan del GolfoFrente 25 de las FarcBuenaventuraLa EmpresaClan del Golfo (AGC)Desertores de las FarcELN Valle del Cauca2012201320142015201620172018*Acto terrorista/Atentados/combates/hostigamientos503226314942140Amenazas25313309407621501915158341Delitos contra la libertad y la integridad sexual39621015730280Desaparición Forzada165563401220Desplazamiento1987429331331641414180715939177 Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. *Las cifras de 2018 tienen corte al 01 de abril. Como puede observarse en la tabla, el departamento del Valle del Cauca ha experimentado los beneficios inmediatos de la paz con algunas fluctuaciones menores. Es necesario destacar que las variables registradas cayeron casi todas a cero y el desplazamiento y las amenazas se redujeron de miles a decenas y cientos. Economías ilegales Distintos actores institucionales y sociales coinciden en que el Pacífico medio. Es un territorio estratégico no sólo para el desarrollo de economías legales relacionadas fundamentalmente con las operaciones comerciales/portuarias internacionales, para el caso de Buenaventura, como principal puerto marítimo del país, sino también, constituye un escenario prolijo para la recreación de diversas economías ilegales que allanan los vacíos de soberanía interna del Estado a causa de la profunda debilidad institucional en materia de seguridad, justicia y convivencia, pero sobre todo, por la inexistencia de mecanismos efectivos de ejercicio de gobernabilidad y gobernanza. En muchos casos las comunidades han desplazado sus economías basadas en las prácticas culturales de producción, para enrolarse en algunas economías ilegales agenciadas por actores armados ilegales. Lo cual es más evidente en los jóvenes, quienes al inicio se vincularon a la dinámica del conflicto a través del narcotráfico, la siembra, producción y la comercialización de la coca, y luego al negocio de la extracción del oro, o la minería ilegal. Para los líderes de las organizaciones sociales “las economías ilegales han arrasado con las economías locales”, esto si se tiene en cuenta la desactivación de sistemas productivos y económicos tradicionales, como resultado de una migración acelerada de la fuerza de trabajo hacia las actividades ilícitas de alta rentabilidad. En el contexto local conviene analizar las economías ilegales desde dos dimensiones: las actividades ilícitas ejercidas por actores ilícitos y las actividades económicas licitas controladas por actores ilícitos. En la primera podemos incluir la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en la segunda, el suministro y comercialización de productos alimenticios llevado a cabo por las estructuras armadas herederas del paramilitarismo. DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares El mapa político ha cambiado en Colombia. No tanto como muchos esperaban, pero más que lo que los sectores más conservadores y la política tradicional calculaban. Se pueden hacer, al menos, una veintena de conclusiones, pero mencionaré las principales cinco lecciones que nos deja la primera vuelta presidencial en Colombia. 1. El proceso de paz funcionó. En el año 2006 cerca de 250 municipios fueron afectados por temas de violencia política. El pasado 27 de mayo de 2018, ni un solo municipio registró hechos de violencia. Si bien esto parece algo normal en cualquier país del mundo, para el caso colombiano es un verdadero hito. En Colombia era normal trasladar mesas y puestos de votación por amenaza de la entonces guerrilla de las FARC. Miles de colombianos se quedaban sin votar. Esta vez fue al contrario. La paz permitió que muchos de ellos votaran. Fueron las elecciones más pacificas en 30 años. 2. Votaron más de 19.4 millones de personas, es decir, el 54% del censo electoral, cinco puntos más que el 11 de marzo de 2018, cuando se eligió el Congreso de la República y cerca de 10 puntos más que en las elecciones de 2014. Hubo ciudades y zonas del país, como Bogotá, donde la participación electoral superó el 60%. Todo ello fue producto de la polarización y diversidad de opciones que había en el tarjetón electoral y del proceso de paz. 3. Perdieron las maquinarias y la clase política tradicional. Fue impresionante ver cómo miles de colombianos en las zonas donde dominan los caciques electorales salieron a votar libremente. Se confirma así la tendencia del 11 de marzo pasado, donde mucha población salió a votar en contra de la corrupción y la clase política tradicional. Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, la votación del centrista Sergio Fajardo, que quedó tercero en las preferencias electorales, y la del izquierdista Gustavo Petro, segundo en las votaciones, suman cerca del 45% de los votos. Dos campañas sin dinero, sin maquinarias ni apoyos políticos tradicionales ni corruptos lograron una votación increíble. El país comienza a cambiar. 4. La derecha de Iván Duque logró el 39% de los votos, la izquierda de Petro el 25% de los votos y el centro de Fajardo el 24% de los votos. El país decidió irse a segunda vuelta entre los dos extremos del espectro político. Dos modelos de sociedad bastante diferentes. Luego de 54 años guerra, Colombia está viviendo una transición. En estas décadas el país normalizó la violencia. Producto del proceso de paz el mapa político colombiano cambió. Era impensable hasta hace un año siquiera imaginar que la izquierda podría estar en segunda vuelta, pero el cambio comenzó a darse. Pero así como lo anterior es cierto, también se debe decir que al estar la derecha fuerte y la izquierda en la disputa, la transición en Colombia no será tranquila. Iván Duque tiene las mayores opciones de ganar el próximo 17 de junio y ha dicho que modificará –destruirá- las bases fundamentales del acuerdo de paz. 5. Sea cual sea el resultado de la segunda vuelta presidencial, lo cierto es que habrá una oposición y control político importante. Si gana Duque, el jefe de la oposición será Gustavo Petro, quien podría liderar la bancada de izquierda y centroizquierda más grande en la historia de Colombia, poco más de una veintena de senadores. A su vez, Duque, de perder, lo cual es una posibilidad remota, tendrá una bancada de cerca de 40 senadores que se alinearán en su espectro ideológico. El 17 de junio se celebrará la segunda vuelta presidencial entre derecha e izquierda. Se debatirán los colombianos, utilizando una metáfora, en una carrera de 100 metros, Iván Duque arranca cinco metros delante de Gustavo Petro. Y más que las ideas, lo que veremos, es una guerra de los miedos, el miedo al regreso de Uribe, encarnado en Duque, y el miedo a Petro. Publicado en El País

Por: Conflicto, paz y postconflicto- Pares La reincorporación en los dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del Pacífico Sur, está estrechamente ligada a las perspectivas de los desarrollos que tuvieron en su momento las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Los resultados y pocos desarrollos que se tienen en esta materia, son producto de la falta de garantías de seguridad y los choques de visiones de cooperativas económicas entre el gobierno y los excombatientes de las FARC. En el departamento de Nariño el potencial de reincorporación por parte de las FARC, estaba en 600 excombatientes, 400 en la zona de la Variante en Tumaco y 200 en La Paloma, municipio de Policarpa.  El nivel de deserción de estos 600 excombatientes está en este momento en el 35%, es decir que de aproximadamente unos 200 excombatientes no se sabe su ubicación ni su actividad actual. Se presupone que muchos de ellos están nutriendo y haciendo parte de los nuevos grupos que intentan controlar las zonas postFARC como lo son el grupo “Óliver Sinisterra”, las Guerrillas Unidas del Pacífico y, por supuesto, del Clan del Golfo. Esta deserción se debe principalmente a tres elementos: La incertidumbre en materia de seguridad física por parte de los excombatientes de las Farc. Debido a esta preocupación la ETCR de Policarpa, Nariño, tuvo que ser reubicada a la zona sur del Cauca, en el Patía. Persuasión económica de Grupos Armados Ilegales. Según fuentes locales, los miembros de estos grupos están ofreciendo sumas de dinero a los excombatientes de las Farc para que se unan a sus filas debido a su amplio conocimiento de la región y sus mercados ilegales. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los incumplimientos del gobierno en materia de reincorporación económica, como es el caso de la ausencia de proyectos productivos financiados por el mismo, tal y como se contempló en el Acuerdo de Paz, ha generado incertidumbre económica en los excombatientes. En la ETCR de la Variante en Tumaco, uno de los excombatientes que coordina temas de reincorporación afirmó que la captura de Aldemar Ruano Yandun, alias “DonTi”, con fines de extradición fue el hecho que activó un proceso masivo de retiro de la ETCR La Variante y que terminó fortaleciendo a los grupos armados compuestos por desertores de las Farc. Asimismo, la captura de Jesús Santrich, ha sido interpretada por muchos excombatientes como una traición a lo pactado en La Habana y muchos de ellos consideran que no hay garantías jurídicas para continuar en el proceso de reincorporación. Mural en el ETCR La Variante, Tumaco, Nariño. Foto: Diego Alejandro Restrepo-Pares Los proyectos productivos que hasta ahora se han desarrollado en la ETCR de Tumaco, han sido de iniciativa propia de los líderes del espacio territorial. Lo que ha llevado a que se siembre una variedad de productos que se dan de manera natural en la región como el plátano, el zapallo, la piña, pero sin ninguna proyección ni plan de comercialización en el mercado.  Los proyectos han sido de autoconsumo, sin ninguna posibilidad de ingresos por comercialización.  Estas iniciativas están acompañadas de cría de marranos y gallinas que, para el consumo interno de la ETCR, sirven, pero no como proyectos de vida de los excombatientes. A la par de todas estas dinámicas la atención psicosocial es completamente nula. Aunque no hay una situación de crisis sicológica u afectación mental colectiva o individual al menos visible, se hace necesaria esta atención, con especial énfasis en mujeres que han tenido que asumir solas las responsabilidades de criar a sus hijos y a quienes están buscando sus familias. En cuanto al Espacio territorial en La Paloma, Policarpa, Nariño, conformada en principio por 200 excombatientes, anclada en un filo de la cordillera occidental de Nariño, la situación no es mejor. Como se mencionó, la ETCR tuvo que ser reubicada hacia la vía Panamericana, en sector rural del municipio del Estrecho, región del alto Patía y el sur caucano, debido al hostigamiento constante de grupos armados ilegales. Hoy sólo quedan conviviendo en esta ETCR aproximadamente 40 excombatientes, configurándose un porcentaje de deserción del 70%. Adicional a las razones expuestas anteriormente, en este espacio existe un evidente distanciamiento entre los líderes que asumieron la coordinación de los diferentes procesos en la implementación y las bases de exguerrilleros. La situación de conocimiento sobre el paradero y la vida que decidieron adoptar, es incierta. Algunos han dado razón de que están con sus familias, o trabajando en algún lugar de Colombia o se tiene el temor de que están trabajando con los grupos armados compuestos por desertores de las Farc. Según un excombatiente de las Farc, así se resume la situación allí: «No hay alfabetización, no hay siembra de nada, no hay cría de nada, no hay presencia del SENA, no hay infraestructura, la vía de acceso cuando llueve no entra nada y los excombatientes duermen y viven como si aún estuvieran en guerra, es decir en cambuches, haciendo sus necesidades en huecos de tierra y cocinando en “ranchas”». Entrevista febrero de 2018. ETCR La Variante, Tumaco, Nariño. Foto: Diego Alejandro Restrepo-Pares A esta situación, se agregan los factores de amenaza y riesgo, que representan los grupos armados ilegales que han comenzado a hacer presencia en la zona, en especial las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Nueva Generación y pequeños grupos de narcotraficantes que controlan pasos obligados de la población civil. Por otra parte, la decisión de trasladar el ETCR, decisión conjunta entre el gobierno nacional y las Farc, tomó por sorpresa a las comunidades del Patía e incluso al gobernador del departamento del Cauca: «El Gobernador del departamento del Cauca mostró su inconformismo ante el traslado de la zona de capacitación y Reincorporación de las Farc, ubicada en Policarpa Nariño, hasta el municipio de El Patía en esta región. Según el mandatario  no se ha realizado ninguna socialización y la decisión se tomó sin consultar a las autoridades. “Increíble, el espacio territorial de capacitación y reincorporación, proyectado en Policarpa, se reubicará en el Patía, sin socializar a las autoridades de la región. La Paz territorial es compromiso de todos, no puede esto suceder donde el apoyo ha sido total”, afirmó el gobernador Oscar Campo.» (RCN Radio, enero de 2018) Esta falta de claridad por parte del gobierno también ha generado tensiones no sólo entre administraciones locales y nacionales, sino entre las comunidades que habitan las zonas aledañas al ETCR, convirtiéndose este elemento en una compleja disputa por la soberanía del territorio, teniendo en cuenta que la mayoría de habitantes del municipio pertenecen a comunidades indígenas. DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ

Por: Redacción Pares Cada miércoles en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino. En las elecciones de segunda vuelta presidencial se enfrentarán: Iván Duque, candidato del uribismo, y Gustavo Petro. El primero obtuvo 7.569.693 votos y el segundo 4.851.254 votos, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría ¿Puede Petro remontar la diferencia y ganar la presidencia?

Bogotá, 24 de mayo de 2018 Señor, En el mes de abril, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares recibió una solicitud de rectificación por parte de José Ritter López, senador electo en los comicios del 11 de marzo de 2018 por el Partido Social de la Unidad Nacional, a raíz de un informe electoral denominado “los 42 congresistas de la ilegalidad 2018-2022”. En el informe se entregó una primera lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con importantes cuestionamientos, pero que a pesar de esto alcanzaron una curul en las elecciones legislativas (2018-2022). La mayoría pertenecen a clanes políticos que tienen un gran control de la política regional y una influencia decisiva en la política nacional. Cabe resaltar que, para las investigaciones académicas de Pares, la palabra Clan tiene una larga historia, hunde sus raíces en la antigua Suecia y ha saltado de una cultura a otra denominando siempre a grupos bajo la influencia de familias con poder político o territorial. En Colombia, es quizás la palabra más adecuada para definir entramados de poder que en los últimos treinta años han dominado la política regional y que, con pocas excepciones, se han nutrido de dineros ilegales, tráfico de influencias y manejo clientelista de las instituciones del Estado local, regional y nacional. Los escándalos de corrupción o violencia en que se ven inmersos estos grupos son cada vez más frecuentes. En la coyuntura resaltan los ligados a los sobornos de la empresa Odebrecht y los vinculados al “Cartel de la toga”. Se le ha reprochado a la Fundación cada vez que se presentan estas listas, en las cuales se incluyen personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados o no tienen procesos judiciales, pero que su triunfo electoral está ligado al apoyo de sus clanes políticos y familiares. Es lo que se denomina un gobierno en “cuerpo ajeno”. Globalmente, se le ha señalado a Pares el hecho de que no hay delitos de sangre. Sin embargo, si los votos mediante los cuales fueron elegidos se derivan del poder de esos nexos familiares, eso significa que gobernarán o estarán influenciados cuando ocupen los cargos por estos apoyos. Conviene subrayar que Pares no pretenden ni ejerce ningún papel de policía judicial, sólo aspira poner información transparente y oportuna sobre las alertas y riesgos ante la opinión pública. El párrafo en el que se menciona específicamente al senador Ritter en el informe decía lo siguiente: “candidato al senado por el partido de la U. Aliado político de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle y objeto de sendas investigaciones preliminares por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Fiscalía formuló recientemente cargos a López por delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades”. En efecto, la aclaración que concierne en este caso, sobre la solicitud de rectificación, se refiere a la interpretación que se le da a la manera como está redactado el párrafo  pero no en el fondo en la cita textual sobre el senador Ritter López. Se estipula en el párrafo que el candidato es “aliado político de Dilian Francisca Toro, (quien es) Gobernadora del Valle y Objeto de Sendas investigaciones preliminares con grupos paramilitares y por lavado de activos”. A lo que se refiere la cita sobre las investigaciones de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro y no de José Ritter López. Por lo tanto, lo que resalta su cuestionamiento para hacer parte del listado es su alianza con la gobernadora del Valle del Cauca, lo cual no es un error y merece estar en ese listado. Cuestionamiento sobre Dilian Francisca Toro El departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos con mayor índice de corrupción en el país. Adicionalmente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha sido investigada por presuntos nexos con paramilitares y lavado de activos. Sin embargo, pese a lo anterior, cuenta con el poder político y económico suficiente para mantenerse y apoyar a sus aliados en las elecciones, entre estos al senador electo José Ritter López. Cordialmente, León Valencia Agudelo – director de la Fundación Paz & Reconciliación.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad La decisión ya está tomada. Los colombianos eligieron reduciendo el abstencionismo y poniendo a prueba las tesis del centro, las izquierdas, la derecha y de paso a las maquinarias. Ganó Iván Duque y quedó de segundo Gustavo Petro. Las diferencias entre Petro y el tercer lugar, Sergio Fajardo fueron muy cortas, pero el ganador fue el de Decentes. Para la Coalición Colombia y los liberales la decisión es binaria: apoyan a Petro o se abstienen. Para la derecha, no está más allá de darles el ministerio de Minas y Energía y el de Vivienda, Ciudad y Territorio a Garmán Vargas Lleras y al Partido de la U para alcanzar los 10 millones de votos. Sin embargo, la violencia, el conflicto y las tensiones en las regiones seguirá y podrá empeorar. Sí, podrá empeorar, justo en el país que no se ve en su celular ni en las noticias y que quizás nunca le interese en la comodidad de sus privilegios. Mi hipótesis es la siguiente: por un lado, dentro de un gobierno de Duque se exacerbaría la violencia insurgente ante el regreso de la represión, la persecución y el hostigamiento militar. El ELN podría replegarse, adoptar las disidencias de las FARC y fortalecerse en las regiones. A futuro, la guerra se prolongaría por 10 o 15 años más. El desgaste como sociedad sería mucho más trágico. Tal vez solo ahí se valoraría el Acuerdo de Paz. Las nuevas generaciones entrarían en una indeterminación para resolver el conflicto armado, pues el conejo que harían Duque y Álvaro Uribe Vélez al Acuerdo sería la prueba fehaciente para que los violentos no vuelvan a intentar la paz con una nación indiferente, desagradecida. Volverían los secuestros, el boleteo y los atentados a la infraestructura del Estado y los privados. Se trataría de una violencia pasiva y prolongada, pero letal. Una nueva manifestación de rechazo a las élites políticas y empresariales que se niegan a ceder para mejorar la situación de la Colombia profunda, la población rural y desigual. Sin duda alguna, una insurgencia más compleja. Si se quiere, más informada, educada y con mayores herramientas para hacer más daño con menos. Las redes sociales hoy hacen susceptible a cualquiera del reclutamiento. Vea usted lo que hace ISIS. Por otro lado, un gobierno de Gustavo Petro no se salvaría de la violencia. Volverían con más sevicia las masacres, las desapariciones y las torturas. A diferencia de un gobierno de Duque, la intensidad y la magnitud de hechos violentos sería más brutal. En 4 años los reductos paramilitares del fallido proceso de Justicia y Paz de Uribe, hoy Grupos Armados Organizados (GAO), serían férreos defensores de una contrarreforma agraria. Serían la resistencia a la redistribución de la tierra y la riqueza, pues esto sería una amenaza para los terratenientes, el latifundio improductivo, pero sobre todo para el narcotráfico. Sin ir más allá, observe el incremento de asesinato a líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz. La violencia política sería una burda cacería de brujas, al mejor estilo de las AUC de Carlos Castaño. Ahora bien, en el primer caso, para Duque no existirían las guerrillas, se trataría de grupos criminales cualquiera o simple crimen organizado, que solo pueden acabarse a punta del exterminio del enemigo. Se haría con glifosato para arrasar los cultivos ilícitos (que a propósito da cáncer y acaba con cualquier otro cultivo); cárcel a los jíbaros y campesinos productores; y con la ayuda de Dios (católico, cristiano o el que dé votos) disminuyendo los impuestos a los ricos para crear más empleos (lo que es una falacia económica). Así pues, solo los colombianos de bien podrían vivir en la Colombia de Duque. Sería un país de violencia perpetua para los pobres y de riqueza para los de siempre. En el segundo caso, el de Petro, el Acuerdo de Paz podría ser la piedra angular para integrar a todos, tanto violentos como Estado, en un hecho fundamental: no más violencia. La resistencia de los GAO, los terceros que apoyaron el conflicto y narcotraficantes, podrían solventarse si Petro decide gobernar con otros sectores políticos. Solo si Petro se desliza hacia el mítico centro político y logra los acuerdos fundamentales para evitar la contrarreforma agraria, las masacres y desplazamientos de los neo paramilitares que acechan el campo, es menos riesgoso que Duque. Solo así se puede buscar la transición. En los acuerdos a los que debe llegar Petro, las garantías a los líderes sociales son fundamentales, la nostalgia paramilitar es el primer enemigo al que hay que vencer en las regiones. El segundo es el narcotráfico. Y el tercero es el odio. Esto solo se logra buscando la reconciliación nacional, sin divisiones, sin egos.

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares El Pacífico sur, que agrupa la costa pacífica de los departamentos de Cauca y Nariño, experimenta hoy un proceso acelerado y dinámico de reconfiguración de actores armados en función de la salida de las Farc. Actualmente la Fundación Paz & Reconciliación ha identificado 17 grupos armados ilegales en la subregión del Pacífico Sur, unos con mayor grado de organización y poder bélico que otros, no obstante, los más poderosos son el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra, que tiene presencia también en la Provincia de Esmeraldas, en la frontera con Ecuador. De algunos de estos grupos no se tiene mayor información, por lo que aún materia de investigación por parte de la Fundación. Guerrillas Unidas del Pacífico Es un grupo de desertores de los frentes 29 y Daniel Aldana de las FARC y  que fue liderado por alias “Don Ye” hasta que fue asesinado. Posteriormente su hermano, alias “David”, tomó el control del grupo y lo ha expandido tanto en número de miembros como en capacidad bélica. Actualmente se conoce de su presencia en ocho municipios del pacífico nariñense y sus acciones se centran en el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico hacia el centro y el norte de América. Según algunas fuentes, este grupo ha trabajado de la mano con el Clan del Golfo para afianzar su capacidad de control territorial en función del narcotráfico. Actualmente cuenta con 300 hombres, aproximadamente. Gente de Orden Desde mediados del año 2016, se conoció de un Grupo Armado Organizado (GAO) denominado “Gente de Orden” configurado por exmilicianos de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. Esta estructura ha sido fuertemente atacada por la Fuerza Pública y, a pesar de que 117 miembros se desmovilizaron de manera individual el 27 de marzo de 2017, y los duros golpes propinados por la Fuerza Pública, Gente de Orden ha seguido disputando el control territorial en función de la apropiación de las rentas ilegales. Cuenta con aproximadamente 100 personas. La Empresa La Empresa, a diferencia de la gente del Orden, tiene su origen en los reductos de grupos paramilitares que controlan los laboratorios de procesamiento de pasta de coca en la parte del medio y bajo Mira, desembocadura del río Mira al Pacífico, límites fluviales y marítimos entre Colombia y Ecuador. Esta agrupación estuvo conformada por unos 30 hombres, y actualmente se encuentra casi extinta, limitando su función a garantizar el control del tránsito de droga desde Tumaco hacia las zonas de Bucheli y Candelilla, en la parte media de la ribera del río Mira. Su área de influencia es muy pequeña, pues sólo comprende la salida de Tumaco hacia Llorente, sector de Aguas Claras. Los Negritos Es liderado por los Alias ‘Olindillo’ y ‘Titano’, y está compuesto por unos 30 hombres que circulan en la vereda El Descolgadero, sobre las bocanas del río Mira y Tumaco. Se conoce porque fueron denunciados por las FARC en sus comunicados y su accionar fue confirmado en investigaciones del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), cuando irrumpieron amenazando a los integrantes de la Mesa de Víctimas de Tumaco. Nuevo Grupo En Aguas Claras tienen presencia dos estructuras armadas compuestas por pocos hombres, La Empresa y El Nuevo Grupo, de éstos no se sabe mucho, pero sí que están extorsionando a la población civil. Frente Óliver Sinisterra Es un grupo armado compuesto por desertores del extinto Frente Daniel Aldana de las Farc. Acogió la base social dejada por esta guerrilla, pero se ha convertido en el dueño de los cultivos de uso ilícito: su producción y exportación de clorhidrato de cocaína tanto al sur del continente, por medio de la frontera con Ecuador, como a Centroamérica y Estados Unidos. Este grupo está al mando de Jefferson Suárez Toro (alias “Cachi” o Miguelito), Guacho y Alias Fabián, su comandante. Por otra parte, este grupo se considera a sí mismo como un frente activo de las FARC-EP y desconoce lo pactado en La Habana debido a que los beneficios derivados del Acuerdo únicamente cubrieron a unos pocos comandantes de las FARC. Clan del Golfo- Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC Este Grupo Armados Organizado (GAO) con alcance transnacional es sucesor y heredero de las estructuras paramilitares de las AUC. A pesar que ya habían tenido una fuerte presencia en el Pacífico Sur, especialmente en Tumaco, las Farc disputaron el territorio con este grupo y, finalmente, en el año 2013 fueron expulsados del territorio. Durante el repliegue de las Farc hacia las zonas veredales, el Clan del Golfo retornó al territorio en el marco de una gran expansión iniciada desde el departamento del Chocó hacia el sur. Actualmente, tienen un gran porcentaje del negocio del narcotráfico en la zona, algunas fuentes en territorio, aseguran que este grupo ha realizado alianzas con Guerrillas Unidas del Pacífico para fortalecerse y traficar droga de manera conjunta. No obstante, esto ha sucedido especialmente en Tumaco, debido a que, en otros municipios, como es el caso de El Charco, un enfrentamiento entre estas bandas dio origen a la masacre de seis excombatientes de las Farc en el mes de octubre de 2017. Los Cucarachos y Los Lobos El grupo armado ilegal denominado «Los Cucarachos» actúa en Policarpa. Según fuentes locales los miembros de este grupo armado estarían en la vía municipal que del municipio de Policarpa que conduce a las veredas Restrepo, Altamira y San Pablo, vía que ha sido caracterizada como una de las principales rutas de narcotráfico en la zona. Este grupo estaría en disputa por el control de la ruta con otro grupo más pequeño denominado «Los Lobos». Ejército de Liberación Nacional (ELN) La presencia del ELN se hace a nombre del frente Comuneros del Sur (del ELN), compañía de milicias Toño Obando del Frente de Guerra Suroccidental que habría convocado el paro armado entre el 14 y 18 de septiembre de 2016, en Samaniego, Ricaurte, Providencia, La Llanada, Santa Cruz y sectores de Tumaco. Esta guerrilla cuenta en Nariño con unos 500 hombres distribuidos en todo el departamento. La presencia de estos grupos ha generado un fuerte aumento en los casos de homicidio en los departamentos de Nariño y Cauca. Para el caso de Nariño, se ha presentado un aumento de 2016 a 2017 de casi cien casos de homicidio, la mayoría de estos casos ocurridos en zona rural. Por otra parte, aunque de 2012 a 2015 hubo una disminución constante de este fenómeno en el departamento de Nariño, y en el año 2016 se mantuvo igual al año anterior, el año 2017 lanzó alarmas debido a que las cifras parecen regresar a los momentos más álgidos de confrontación entre grupos herederos del paramilitarismo y las Farc. En el departamento del Cauca la situación de la violencia homicida es similar, de 2016 a 2017 se experimentó un incremento, aunque no tan significativo, de los casos de homicidios. La zona rural es la más afectada en donde la cifra creció en 41 casos, sin embargo, en las cabeceras municipales la cifra de homicidio descendió en 11 casos. En el departamento de Nariño el secuestro aumentó considerablemente de 2016 a 2017, lo cual expresa una contratendencia a nivel nacional. Si se tiene en cuenta que no ha transcurrido el primer semestre de 2018, la cifra de este año podría ser igual o mayor que la del año anterior si no se realizan las acciones pertinentes por parte de las instituciones estatales. La tendencia es similar en el departamento del Cauca. Desde el año 2015 se ha experimentando un aumento paulatino en la cifra total de secuestros (simple y extorsivo) y para mayo de 2018 se han presentado menos de la mitad que el año anterior, por lo cual todo parece indicar que la cifra para este año se mantendrá constante. Es necesario señalar que en el municipio de Tumaco la Policía Nacional únicamente registra un secuestro, lo cual deja por fuera los cinco secuestros perpetrados por el Frente Óliver Sinisterra en la frontera con Ecuador, aunque no hay claridad si los secuestros se realizaron en territorio ecuatoriano o colombiano.Departamento del Cauca2012201320142015201620172018*Acto terrorista/ atentados/ combates/ hostigamientos74113662164979144905Amenazas48704159456233141638156756Delitos contra la libertad y la integridad sexual8270586541300Desaparición Forzada935416471400Desplazamiento Forzado3856836108274912198665504638355 Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. *Las cifras de 2018 tienen corte al 01 de abril. Como puede observarse en la tabla, todas las violaciones a derechos humanos registradas han disminuido notablemente en el departamento del Cauca desde el año 2012. Sin embargo, si bien este tipo de violaciones, mayormente asociadas a situaciones de Conflicto Armado No Internacional, disminuyen de manera constante, el homicidio registrado por la Policía Nacional empieza a evidenciar aumentos considerables, en este sentido, la tesis acerca de la reconfiguración de actores armados cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que es una zona en disputa producto de la salida de las Farc. Para el caso de Nariño las cifras registradas por la Unidad de Víctimas también muestran disminución, no obstante, la cifra de desplazamiento y de amenazas aumenta de 2016 a 2017 de manera considerable. Es aquí donde se percibe que el departamento de Nariño está más afectado por la confrontación armada entre grupos, lo que genera aumento en personas expulsadas del territorio. Cabe señalar que la Unidad de Víctimas no registra ninguna desaparición forzada en el departamento de Nariño para el año 2018, sin embargo, sólo en Tumaco las comunidades han denunciado de manera reiterada la desaparición de persona en estos primeros meses del año, incluso a principios del mes de mayo la Procuraduría señaló la existencia de siete casas de pique en el puerto, lo cual está por establecerse y, de ser así, la cifra estaría muy por encima de lo registrado por la institución. Economías ilegales Los principales mercados ilegales en el Pacífico Sur son el narcotráfico, con toda la cadena de producción desde el cultivo de hoja de coca hasta el clorhidrato de cocaína y la extracción ilegal de minerales como el oro y el material de arrastre, que, entre otras cosas, genera un impacto ambiental crítico en los territorios. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI-2017. La cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 ha en 2015 a 146.000 ha en 2016; un 52% de incremento. Sin embargo, 2016 constituye uno de los años con menor territorio afectado en toda la serie histórica; esto quiere decir que se confirma la tendencia de tener más coca en menos territorio”. Y Nariño, Putumayo y Norte de Santander siguen siendo los departamentos más afectados por cultivos de coca; en estos tres departamentos se concentra el 63% de toda la coca del país. En ambos contextos, nacional y regional, el departamento de Nariño acumula la mayor cantidad de siembra de Coca, pasando de 29.755 hectáreas sembradas hasta diciembre de 2015 a 42.627 hectáreas hasta diciembre de 2016.  De esta cantidad el 51% están sembradas en la Zona rural de Tumaco, es decir, 23.148 hectáreas. En la zona Rural de Tumaco conviven comunidades afro, pueblos indígenas como los Awá, mestizos y una gran afluencia de colonos, especialmente en las zonas de fronteras y de las riveras de los ríos Mira, Tapaje y Nulpe. En el marco de la salida de las FARC como fuerza reguladora de las economías ilegales, específicamente de la coca, se operan cambios en el control de la cadena.  En general las FARC actuaban como reguladores de precios, controladores del fluido territorial de la hoja, el traslado de la base de pasta, cobrando impuestos por su paso territorial y brindando seguridad a los grupos encargados del procesamiento y de la comercialización hacia afuera. Todas esas funciones asumidas por las FARC antes del acuerdo de la Habana, están pasando a los mismos grupos de narcotraficantes que hoy deben conformar sus propios contingentes, deben expandir su control territorial, lo que a su vez favorece la eliminación de la intermediación y de impuestos. En suma, el resultado es una mayor monopolización y hegemonía en el control de la cadena, lo que redundará a su vez en la ampliación del margen de utilidad de los grupos que quedan controlando la misma. Las economías ilegales en Tumaco y en el Pacífico Sur, sostienen las economías de estas zonas. En Tumaco, por ejemplo, se afirma que cualquier persona puede participar con un pequeño “plante” (suma de dinero) del negocio de la exportación de cocaína, pues se han construido redes de cooperación económica al estilo de Cooperativas que, sumando esfuerzos, logran las cantidades suficientes de dinero para comprar la coca, procesarla y enviarla hacia Centroamérica o Norteamérica. Es así como la participación masiva del mercado ilegal genera un prominente desdibujamiento de los límites entre lo legal y lo ilegal, en donde prima la legitimidad de “emprender” un negocio y así, resistir frente a las agrestes condiciones del territorio. Si bien existen formas de “emprendimiento” comunitario que de manera asociativa participan del negocio del narcotráfico, no debe olvidarse que el crecimiento de grupos armados ilegales, como el Frente Óliver Sinisterra, ha generado un tipo de producción de carácter industrial que está monopolizando el negocio en zonas rurales. En este sentido, la estrategia de la Fuerza Pública y del Estado en general de combatir a través del aumento de pie de fuerza a los grupos armados ilegales presentes en el territorio, de ninguna manera es una solución integral frente a las enormes deficiencias estructurales de la región que favorecen la producción y el circuito de lo ilegal. El Pacífico Sur, tienen un rol territorial de acopio y de salida de la pasta coca y del clorhidrato de cocaína, lo que genera una infraestructura dedicada a facilitar esta funcionalidad. Las condiciones geográficas tampoco ayudan a que se dé la siembra masiva, ya que la composición del suelo está basada en esteros, manglares y ciénagas, drenada por miles de ríos y bocanas que dan salidas al mar y océano Pacífico. Las actividades ilegales se establecen en función del control, la vigilancia y la infraestructura que brinde garantías de movilidad de las cargas de droga, de su salida exitosa y de su llegada a los destinos del comercio y la distribución mundial a través de varios tipos de embarcaciones, lanchas rápidas y sumergibles, para los cuales se construyen astilleros artesanales en medio de la selva, los manglares y los esteros. DESCARGUE EL INFORME AQUÍ

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares El Pacífico colombiano es uno de los territorios que experimenta los más grandes desafíos para el postconflicto en Colombia. Desde la perspectiva de seguridad, múltiples grupos armados se encuentran en disputa producto del vacío de poder dejado por las Farc durante su repliegue y posterior transformación en Partido Político. Esta realidad se experimenta especialmente en la costa pacífica nariñense y caucana, en donde sucesores de paramilitarismo, grupos armados compuestos por desertores de las Farc y el crimen organizado, luchan metro a metro en los barrios y las zonas rurales por hacerse al control de los principales mercados ilegales de la región, lo que ha ocasionado que la población civil sufra las consecuencias del fuego cruzado. Para el caso del departamento del Chocó, Norte del Pacífico, mítico por su riqueza en oro, pero a la vez tristemente célebre por las precarias condiciones sociales de su población, la situación no dista mucho de la zona sur. Si bien, no proliferan grupos armados ilegales como sucede en las otras subregiones del pacífico, el Ejército de Liberación Nacional-ELN ha incursionado de manera armada para disputar el territorio con el Grupo Armado Organizado-GAO Clan del Golfo, o como se denominan a sí mismos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estas confrontaciones armadas han generado en los primeros tres meses de 2018, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios- OCHA, 266 eventos de desplazamiento masivo y 1.446 personas con restricciones al acceso de bienes y servicios básicos. Sumada a esta compleja situación de seguridad, la población del Pacífico colombiano, en su inmensa mayoría afrodescendiente, ha estado sumida en un abandono estatal “selectivo”, esto es, que históricamente sus habitantes han tenido que padecer las condiciones más precarias en materia de servicios básicos, garantías de derechos y todo tipo de vejámenes propios de un sistema estatal aparentemente “débil”. No obstante, su riqueza en términos minerales, sus puertos y sus fértiles tierras han sido materia prima para el enriquecimiento y la prosperidad de sectores empresariales del interior del país y de grandes capitales extranjeros. Esta doble condición expresa una serie de relaciones estructurales de dominación soportadas en el elemento de raza-racialización que incide en gran medida en la formulación de políticas públicas y en la destinación de recursos para el Pacífico, igualmente, en la posibilidad de autonomía de la región. Es así como, el olvido, la mayoría de las veces intencionado por parte del Estado, ha producido desigualdades históricas en múltiples dimensiones, por ejemplo, en un precario sistema de salud que únicamente cubre, de manera limitada, a quienes habitan las cabeceras municipales de los principales municipios y ciudades (Buenaventura, Tumaco, Quibdó). La difícil situación en materia de salud se relaciona estrechamente con la incapacidad de llevar a los hogares del pacífico el mínimo vital de agua potable, lo cual ha derivado cíclicamente en enfermedades que han precarizado la vida de los habitantes de la región. Adicionalmente, las limitaciones en saneamiento básico, de acceso a la educación y al trabajo generan fuertes incentivos para que los jóvenes encuentren en la ilegalidad una oportunidad económica para subsistir junto con sus familias. Los principales mercados ilegales que imperan a lo largo de todo el Pacífico son el narcotráfico y la minería ilegal y criminal, estas actividades son, en gran medida, monopolizadas por los grupos armados ilegales que, generan grandes rentas para sí mismos, pero para quienes cultivan la hoja de coca y la procesan, o para quienes realizan “barequeo”, muchas veces significa únicamente un jornal cualquiera. Sin embargo, si bien existe todo un complejo industrial alrededor de la producción y distribución para el caso de la cocaína, también existen relaciones asociativas comunitarias que han permitido la participación de la población en el negocio, elemento que refleja, en gran medida, la razón de la legitimidad de este negocio para muchos de los pobladores. Aún con estas complejas relaciones entre comunidad y mercados ilegales, la estrategia del Estado colombiano, a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, y la última del XX, ha sido el despliegue masivo de grandes contingentes armados para “neutralizar la amenaza”, como sucedió durante el mes de enero de 2018 cuando el Ministerio de Defensa puso en marcha la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules que disponía 9.000 efectivos de la Fuerza Pública en la Costa Pacífica nariñense para contrarrestar las disputas entre múltiples grupos armados y la situación humanitaria derivada de este fenómeno. Hoy, cuatro meses después de esta intervención armada, Tumaco continúa experimentado el mismo fenómeno, incluso se ha agudizado desde la implementación de la Fuerza de Tarea Hércules, razón por la cual las comunidades se preguntan si esta estrategia es la más adecuada para atender la situación que experimenta el puerto. Las constantes voladuras de energía (cuatro en lo que va corrido de este año, tres atribuidas al Frente Óliver Sinisterra de Guacho y una de ellas al ELN), el alarmante número de homicidios y las constantes desapariciones han desbordado todos los niveles de violencia conocidos e incluso “tolerados” por la comunidad, provocando una masiva movilización a finales de abril de 2018. Cuando se suponía que el Estado se reestructuraría de manera territorial para afrontar los desafíos del Postconflicto, es decir, que la presencia social del Estado expresada en instituciones de justicia, Policía Rural, electrificación rural, vías terciarias, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otras, tendrían un efecto práctico a corto plazo en las comunidades mayormente afectadas por el conflicto armado, hoy, es evidente que la infraestructura institucional y presupuestal del Estado no estaba preparada para responder a las contingencias previsibles en los territorios colombianos. DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ

Extracto de la publicación Invirtiendo en el futuro. Guía para construir paz desde el sector empresarial en Colombia. Por: Universidad Externado de Colombia y Conflictos asociados al desarrollo-Pares Existe un consenso cada vez más amplio en cuanto a la importancia del sector empresarial como aliado estratégico para la construcción de paz en países afectados por conflictos armados. Por lo general, se asume que el Estado es el principal responsable de la paz, pero este no puede hacer todo el trabajo solo. La cooperación internacional es, usualmente, el primer aliado que el Estado considera para fortalecer su trabajo, pero sus recursos son limitados. Del otro lado está el sector empresarial, al cual recientemente se ha denominado como la “niña consentida de las organizaciones domésticas e internacionales” (Rettberg, 2010), en referencia a su importancia como socio para la construcción de paz. Cada vez más los gobiernos y las agencias de cooperación buscan potenciar sus intervenciones, y la sostenibilidad de éstas, a través de la vinculación de los empresarios. Se ha entendido el gran potencial transformador que tienen los empresarios en las relaciones sociales. Todas las empresas, de todos los sectores, de todos los tamaños pueden contribuir en el gran propósito de la paz. Construir paz implica, en gran medida, superar una serie de condiciones que denominamos retos del postconflicto, para lo cual se requiere el trabajo de todos los actores relevantes en los territorios, incluyendo a las empresas. Por ejemplo, superar fenómenos como las economías criminales no será posible si el Estado y el sector empresarial no suman esfuerzos para la reconstrucción económica y social en las zonas afectadas. Las estrategias militar y policial funcionan únicamente si se proveen alternativas de ingresos para las miles de familias que dependen económicamente de actividades ilícitas. Además de la generación de oportunidades económicas y de ingresos para las comunidades, las empresas pueden aportar por medio de una amplia gama de actividades relacionadas con varias dimensiones de la paz, que pasan por lo económico, pero también por lo relacionado con la cultura de paz y reconciliación, la gobernanza y la seguridad. Es también una invitación para que el sector empresarial piense de manera creativa su rol en el proceso de paz. Esta invitación viene de la mano de un gran reto: mostrarle al sector empresarial que puede aportar a la paz a través de las actividades que adelanta normalmente. Es indicarle que para aportar a la paz no debe dejar de ser empresario y disfrazarse de Estado, sino que debe trabajar con una sensibilidad especial, y en la medida de sus capacidades y recursos, identificando los aportes que puede hacer para la superación de los grandes retos del país en los años venideros. De acuerdo con la prolífica literatura que ha surgido alrededor del sector empresarial y la construcción de paz, se han esgrimido diferentes argumentos sobre las motivaciones que tiene el empresariado para involucrarse activamente en la construcción de paz. La primera motivación tiene que ver con razones de orden ético que llevan al empresario a entender su papel como un actor más dentro del tejido social del territorio donde opera; y por lo tanto, siente la necesidad de generar un aporte a partir de las capacidades que le brindan su negocio y su capital. En particular para las empresas locales o aquellas que han sido parte del territorio durante las épocas más duras del conflicto, este imperativo moral –como lo denomina International Alert– genera en los empresarios un deseo de terminar la guerra, así como de promover y apoyar la paz como un objetivo superior de la sociedad. Esta motivación se fundamenta en una nueva ética de los negocios, en la cual la globalización ha llevado a establecer nuevas formas de pensar el rol de las empresas, partiendo de nuevos imaginarios como el valor compartido, que incluye la generación de beneficios para las comunidades donde operan los negocios – en contravía de la idea de generación de valor económico que busca dividendos únicamente para los accionistas–, o de principios como la sostenibilidad, que obligan a pensar de manera comprensiva los distintos impactos que genera la actividad empresarial. Es pensar que a los negocios les va bien cuando a la gente le va bien. Aportarle a la paz a partir de una motivación ética es entender que la paz es el mejor ambiente para los negocios. Otra de las motivaciones, que tiene gran importancia, es la de orden económico. Son muchos los argumentos que sustentan que la paz es un gran negocio para el sector empresarial. Sin el ánimo de ser exhaustivos, a continuación se enlistan algunos de esos argumentos: Operacional: Una sociedad en conflicto implica más restricciones y mayores costos de operación. De esta manera, aportar a la construcción de paz puede significar la reducción de costos en términos de seguridad o de producción perdida a causa del conflicto. También puede traducirse en la apertura de mercados vedados por la confrontación armada. Seguridad en las inversiones: El conflicto armado implica grandes riesgos para la infraestructura y el capital humano. Acabar el conflicto genera seguridad y estabilidad a los inversores. Ganancias en reputación: En el mundo de los negocios del siglo XXI, la reputación es un activo invaluable. Los consumidores han empezado a apreciar las prácticas económicas subyacentes a los procesos productivos y valores como el aporte a la paz pueden generar un incentivo adicional para el consumo de ciertos bienes o servicios. La tercera motivación está relacionada con el ambiente de los negocios. Construir paz implica también un avance de las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades. En particular para las empresas que operan en contextos de debilidad estatal, el ambiente de negocios puede verse complejizado por fenómenos como la corrupción o la alta conflictividad social. Una mejor institucionalidad y una comunidad con mayores capacidades para el diálogo y la solución de conflictos son, de hecho, una oportunidad para hacer mejores negocios. Planteado lo anterior, es importante concluir que esta es una invitación al sector empresarial que debe convenir mínimo con los siguientes principios: El aporte empresarial a la paz se hace a partir de lo que saben hacer las empresas: negocios y creación de valor. Las empresas no deben cambiar su naturaleza para poder aportar. El sector empresarial no puede ni debe sustituir al Estado; por lo tanto, las iniciativas que busquen emprender en pro de la construcción de paz deberían hacerse con asocio estatal. El pilar básico sobre el cual deben sostenerse los empresarios interesados en aportar a la construcción de paz es la gestión responsable. La primera tarea de la cual deben encargarse los empresarios es garantizar que sus operaciones se hagan en el marco del respeto a los derechos humanos y según los principios de sostenibilidad. DESCARGUE AQUÍ

Por: Redacción Pares La primera vuelta presidencial del 27 de mayo de 2018 pasará a la historia como la más pacífica y la de mayor votación (53% de censo electoral participó). En tres semanas los colombianos deben volver a las urnas para elegir al presidente que gobernará de 2018 a 2022. Los candidatos que estarán en el tarjetón son: Iván Duque y Gustavo Petro ¿Cómo se moverá el tablero político? ¿Qué debes saber para entender lo que pasará en los próximos 21 días? Duque es derrotable. La fórmula del uribismo, Iván Duque y Martha Lucía Ramírez, está por debajo del 40% de la votación. Tiene poco margen para ampliar su votación. ¿Germán Vargas Lleras, candidato de Cambio Radical, se uniría? La suma de Petro y Fajardo supera a Duque. La votación que obtuvieron Gustavo Petro y Sergio Fajardo suma 48,81%, porcentaje que supera la votación de Duque. La unión de las candidaturas puede ser por acuerdo de los dirigentes o apuesta de los electores. La unidad puede ser la gran fuerza de la segunda vuelta. Los discursos postelectorales anuncian cambio de estrategia. El discurso de Gustavo Petro apuntó a luchar contra los miedos que le han infundido a su candidatura; mientras el discurso de Duque repitió lo que formuló en la campaña de primera vuelta: miedo a Venezuela, a la izquierda, al acuerdo de paz, a los opositores. Se cotiza el centro. Los dos candidatos con posiciones políticas más opuestas pasaron a segunda vuelta. En el centro quedan 5.250.434 votos, el 26% de la votación. El peso suficiente para inclinar la balanza a favor de cualquiera de los dos candidatos. Hay un nuevo mapa político en el país. Hay dos fuerzas importantes por fuera de la política tradicional que obtuvieron una gran votación, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que sin ayuda de maquinarias, ni grandes presupuestos recogieron el caudal de la Colombia inconforme: 9.440.950 votos de acuerdo al preconteo de la Registraduría.