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Por: Luis Eduardo Celis Semana del 20 al 26 de marzo 2023 Los hechos más significativos de la semana en referencia al proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, son los siguientes: El senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro, integrantes de la delegación del Gobierno para el proceso de paz con el ELN, presentaron un informe en la plenaria del Congreso con los avances del proceso de negociación. Puntos que resaltó el senador Iván Cepeda: "El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos adelantó un proceso de diálogos y negociaciones con la guerrilla del ELN entre 2012 y 2018 en las ciudades de Caracas, Quito y La Habana". “A partir de 2014 se cumplió la etapa exploratoria que culminó con la adopción de la Agenda de Diálogos del 30 de marzo de 2016. La Agenda contenía seis puntos”. “Entre 2016 y 2018 se adelantaron las negociaciones sobre el primer punto de la Agenda, ‘Participación de la sociedad en la construcción de la paz’, y sobre el punto quinto ‘Cese bilateral de fuegos y hostilidades’, que tuvo un primer resultado en 2017 con el alto al fuego que duró 101 días”. “A raíz del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, se produjo la suspensión y luego prácticamente la ruptura de ese proceso de paz durante todo el período de gobierno”. “Como resultado de la ausencia de diálogos, en ese cuatrienio, según datos del Ministerio de Defensa, el ELN pasó de tener en 2017 2.972 integrantes a 5.851 en el presente”. “El ELN tuvo un aumento de presencia territorial, el cual llegó a su máximo en 2020 cuando se registró actividad en 212 municipios, 62 más que en 2018, año de inicio de ese gobierno”. “En relación con las zonas de influencia, entre 2017 y 2022 el ELN logró consolidar su presencia en las cinco principales ciudades y en 11 departamentos donde aumentó la confrontación entre el grupo guerrillero, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC: Arauca y zona fronteriza con Venezuela, Chocó, Cesar, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Guajira, Casanare, Bolívar, Nariño y Antioquia”. Sobre el desarrollo de los diálogos bajo el actual gobierno, resaltó Cepeda: “Hasta el día de hoy, el Gobierno Nacional ha cumplido las siguientes labores y dado los siguientes cinco pasos con relación al proceso de paz con el ELN: Reconoció formalmente el carácter político de la negociación con este grupo armado rebelde y en consecuencia decidió dar continuidad al proceso que se inició en 2012. Reinstaló la Mesa de Diálogos el 21 de noviembre de 2022 en la ciudad de Caracas. Realizó el primer ciclo de conversaciones entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2022 en la ciudad de Caracas. Llevó a cabo el segundo ciclo de diálogos entre el 12 de febrero y el 12 de marzo en la Ciudad de México. Acordó con la delegación del ELN llevar a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el tercer ciclo de diálogos a partir de mediados del mes de abril de este año”. Como conclusiones, el senador Iván Cepeda destacó: “En pocos meses de diálogos efectivos, las delegaciones de paz del Gobierno y el ELN han cumplido tareas que en otro tiempo llevaron años para ser realizadas: se definió el carácter político de estas negociaciones, se reinstaló la Mesa de Diálogos, se reglamentaron los trabajos de la misma, se cuenta con un consenso internacional de apoyo al proceso de paz expresado en la participación de diez gobiernos en el mismo, el respaldo de la ONU y la Iglesia Católica colombiana”. “Con meticulosidad y orden, en dos ciclos de conversaciones se ha llegado a la concreción de nueve acuerdos que definen la visión general del proceso, la agenda de diálogos y el comienzo del tratamiento de dos puntos de esa agenda”. “En el tercer ciclo de diálogos, próximo a realizarse, las delegaciones abordarán de lleno los primeros puntos de la agenda y comenzarán a construir el camino hacia el Gran Acuerdo Nacional a cuyo diseño invitamos desde ya al Congreso de la República y sus bancadas”. El senador Iván Cepeda dijo claramente que este proceso de paz tiene como objetivo la superación del conflicto armado y un horizonte de transformaciones que debe ser recogido en un Acuerdo Nacional. Aquí se puede consultar el texto del informe presentado por el Iván Cepeda: Estos fueron los puntos presentados por la senadora María José Pizarro en la presentación del informe sobre el proceso de diálogo y negociaciones con el ELN en el Congreso de la República el 22 de marzo de 2023: “Estamos en la encrucijada de abandonar el camino de la guerra, de construir una nación que pueda asombrar el universo o seguimos por las rutas de la guerra. Esas decisiones igualmente se toman en el Congreso de la República, con el sí o el no que se asuma en esta institución”. “Estamos en un momento distinto, es la primera vez que tenemos un gobierno alternativo que le apuesta a una Paz Total, a una paz completa, a una paz integral, con el Ejército de Liberación Nacional”. “Este proceso recoge las experiencias anteriores, para mi compañero, el senador Humberto De La Calle, estamos partiendo de esos acumulados. Tenemos el compromiso de caminar sobre lo acumulado, lo aprendido, los aciertos y errores”. “Tenemos la voluntad de discutir y llegar a acuerdos, podemos discutir sobre los distintos modelos de país, incluidos los distintos modelos de país que defienden las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República”. “Partimos de un principio: es el tiempo de la concertación, es el tiempo del diálogo, es el momento de darle paso a la civilidad y de cerrar las violencias que nos han ensordecido y que en el pasado no nos han permitido construir esa paz integral”. “Nuestra visión de paz parte de reconocer al otro como parte del problema y como parte de la solución también, no buscamos una paz ventajosa que doblegue a la contraparte, queremos una paz para la nación que incorpore y escuche a toda la sociedad colombiana y especialmente a quienes han padecido los horrores de la guerra y por eso en el centro de estos diálogos está la población colombiana en su conjunto”. “Queremos y hemos avanzado rápidamente, como lo ha informado el senador Iván Cepeda, para salir de la guerra y salvar vidas”. “La conformación de la delegación muestra esa diversidad, para escuchar, una delegación paritaria, ocho mujeres, ocho hombres, encabezada por un firmante de paz y constituyente, defensoras y defensores de derechos humanos, militares en uso de buen retiro, periodistas, un dirigente ganadero que además es parte de una de las fuerzas políticas que hoy se ha declarado en oposición, representantes de gremios económicos, ambientalistas, indígenas, afrocolombianos y dos congresistas que hoy les estamos presentando este informe y hacemos parte de la Comisión de Paz del Senado”. “Hemos tenido avances importantes: reconocer la paz como una política de Estado que nos permita avanzar hacia una cultura de paz, hemos acordado que lo que se va acordando se va implementando, muestra de ello es la caravana que se realizó en el mes de enero, en la que se recogieron trescientas propuestas que son parte del informe presentado a la vicepresidenta Francia Márquez”. “También se ha reconocido el estado de cosas inconstitucionales que se presentan en las cárceles colombianas, el ministro de Justicia estuvo presente para socializar la iniciativa de humanización de las cárceles y reforma penitenciaria que se va a discutir en el Congreso de la República”. “Acordamos una nueva agenda de paz que el senador Iván Cepeda ha presentado en detalle, resalto la participación de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y las transformaciones como puntos importantes, que hacen irreversible la paz, para no vivir nuevos ciclos de violencia”. “Aquí no se está planeando revisar el sistema económico, más bien revisar un modelo económico neoliberal que tristemente ha tenido vinculación con economías ilegales”. “El reconocimiento del ambiente como víctima y la necesidad de llegar a acuerdos, no solamente para salvar la vida de las personas sino también para promover el cuidado de la casa común, estamos en línea con ese mandato de defender todas las formas de vida”. “Hemos llegado a acuerdos iniciales para tratar el tema del cese al fuego bilateral y nacional, con un marco de coincidencias que nos permita bajar la intensidad del conflicto y por supuesto recoger las experiencias anteriores de ceses del fuego, será temporal, con vocación de continuidad nacional y con mecanismos de verificación y monitoreo”. “También hemos hablado de la feminización de la mesa, nos hemos propuesto feminizar el proceso y esto ha implicado reconocer las voces de las mujeres colombianas en su más amplia diversidad y que esas voces estén presentes en estos diálogos”. Aquí se puede escuchar el conjunto de las presentaciones del senador Iván Cepeda y de la senadora María José Pizarro: 2. Ante el Congreso, Mesa de Diálogo Gobierno - ELN hace llamado a un Gran Acuerdo Nacional: https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4409-ante-el-congreso-mesa-de-dialogo-gobierno-eln-hace-un-llamado-a-un-gran-acuerdo-nacional?s=09 3. El miércoles 22 de marzo se reunieron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos para intercambiar sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016 y acordaron la realización de una reunión entre las personas que lideraron esa negociación: Sergio Jaramillo y Humberto De La Calle, que han presentado cuestionamientos a la agenda firmada con el ELN y a la implementación del Acuerdo. Esta sin duda será una gran posibilidad de diálogo e intercambio para escucharse mutuamente y encontrar un camino conjunto para tramitar los aportes y observaciones a una negociación por desarrollar y un acuerdo por implementar: https://elpais.com/america-colombia/2023-03-25/santos-y-petro-pactan-una-reunion-de-sus-negociadores-de-paz-en-cartagena.html?s=09 4. Desafortunadamente las acciones violentas de este conflicto se han manifestado en varias regiones: Bajo Cauca, Chocó, Catatumbo, Arauca. Es la dura realidad de un conflicto vivo en el que sufren muchas comunidades. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Los asesinatos de líderes sociales continúan en aumento en este 2023, a pesar de los esfuerzos por parte de las organizaciones civiles para detener esta ola de violencia. Un caso reciente fue el de Mariela Martinez Gaviria, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buchely, Tumaco. Según informaron sus familiares al medio de comunicación Caracol Radio, Mariela se encontraba en su hogar cuando seis hombres en motocicletas llegaron preguntando por ella. Uno de ellos le disparó varias veces, causándole la muerte. Esta lideresa social, también trabajaba en el área administrativa del hospital Divino Niño en su vereda. La noticia del su asesinato causó gran indignación en la comunidad local y en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes exigen justicia y protección para los líderes sociales. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, envió un mensaje de condolencias a la familia de la lideresa social y solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones. Sin embargo, muchos en la comunidad expresan su preocupación por la falta de protección y seguridad para los líderes sociales, especialmente en regiones como Tumaco, donde la presencia del Estado es limitada y los grupos armados ilegales tienen un gran control territorial. Otro de los casos recientes fue el del pasado 25 de marzo , en el que fue asesinado Gonzalo de Jesús Parra Forero, líder y presidente de la Asomipaz, una asociación de mineros artesanales en el departamento de Boyacá. El asesinato ocurrió en la vereda Zulia, en el sector el Guarumal del municipio Maripí, Boyacá. Según la información suministrada, el autor fue capturado pocas horas después por la Policía Nacional. Parra Forero pertenecía a uno de los programas de desarrollo y paz de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz y era miembro activo de la Red de Pobladores, Representante del Nodo Nororiental y cofundador de la Red de Mineros Artesanales de Esmeraldas. A este caso se le suma el del pasado martes 21 de marzo, en el que horas de la madrugada, la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona , municipio de Puerto Caicedo, fue sacudida por un acto violento que dejó como resultado la muerte de Diego Jair Orbes y Luis Fernando Malpud. De acuerdo al informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hombres armados fueron los responsables del hecho. Diego, de 32 años, era comunero Nasa afiliado al cabildo Selva Hermosa y actualmente ejercía como fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén. Fernando Malpud, por su parte, era un reconocido finquero de la zona, quien vivía en la comunidad desde hace muchos años. La zona donde ocurrieron los hechos cuenta con la presencia de la estructura armada Comandos de Frontera, Ejército Bolivariano CDF-EB y el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC. Las comunidades rurales de Puerto Caicedo urgen acciones institucionales que esclarezcan los hechos y garanticen su vida e integridad. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se destaca que las comunidades siguen llamando a los actores armados a respetar y demostrar gestos de paz real en los territorios. Estos lamentables sucesos se suman a la larga lista de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Ver: ( Siguen los asesinatos contra líderes sociales ) Según la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en lo que va del año ya son 36 los líderes y lideresas sociales que han sido víctimas de la violencia, y desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, el número total de asesinatos ha alcanzado la cifra de 1.040. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, identificó que los departamentos con mayor incidencia de asesinatos de líderes sociales son Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En cada uno de estos departamentos, se han registrado cinco casos, lo que representa un total de 15 líderes sociales asesinados. Estos casos equivalen aproximadamente al 41,6% del total de asesinatos de líderes sociales en lo que va del año. Ver: ( Continúa la violencia contra los líderes sociales en Norte de Santander ) Según Valencia, en la cifra de afectaciones y violencia en general, es común observar que Cauca y Nariño aparecen lamentablemente en los primeros lugares de los departamentos que registran mayores niveles de violencia por este tipo de hechos. Asimismo, el investigador nacional destacó que Cali es una ciudad que ha sido afectada por amenazas sistemáticas, particularmente en la comuna de Siloe, donde se han visto afectados líderes y lideresas sociales, quienes enfrentan múltiples formas de violencia. Varios de los asesinatos ocurren después de sufrir, señalamientos, persecución y amenazas. En este sentido, la ciudad de Cali es la que registra mayor número de amenazas sistemáticas contra personas defensoras en el país. Ante la ola de violencia contra líderes sociales, el Gobierno habría implementado un plan de emergencia para mitigar dicha situación. A pesar de esto, los resultados obtenidos no han sido los esperados. Parte de las medidas a largo plazo incluían el desmantelamiento de organizaciones criminales, con la expectativa de obtener resultados positivos. Sin embargo, hasta el momento, la Comisión Nacional de Garantías no ha establecido un plan concreto ni ha desarrollado una estrategia completa para la reducción de la violencia contra líderes sociales. Ver: ( Amenazan de muerte al excomisionado de la verdad y líder social Leyner Palacios ) La Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos registró que durante los ocho meses de Gobierno de Petro, se han reportado 117 asesinatos de líderes sociales, superando las cifras de los años 2016, 2017 y 2018. Esto sugiere que es posible que la cifra siga aumentando, lo que es motivo de gran preocupación para el investigador nacional, Mauricio Valencia. Cabe añadir que los líderes sociales son las personas que ejercen como cabezas visibles en sus comunidades y en quienes recae gran parte de la responsabilidad de llevar a cabo la defensa de los derechos humanos en sus territorios. Estos líderes pueden estar luchando por diversas causas sociales, como la restitución de tierras o la sustitución de cultivos. También existen líderes comunitarios que luchan por la conservación de tradiciones culturales, incluyendo los afrodescendientes e indígenas. Es por esta razón que una de las recomendaciones para el Gobierno es dar una implementación precisa a las instancias creadas en el marco del Plan Nacional de Emergencia para mitigar la violencia contra líderes y lideresas sociales. El Ministerio del Interior tendría una gran responsabilidad en este plan, ya que debe activar las rutas de atención para abordar los casos de violencia contra los líderes y lideresas sociales de manera efectiva. Es importante recordar que dentro del Plan de Emergencia se crearon los Puestos de Mando Unificado por la Vida, que involucran a varias instancias, como la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército. Sin embargo, a pesar de esto, las cifras de asesinatos siguen aumentando, por lo que es necesario una mayor integración y articulación entre todas estas instancias, según Valencia. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, considera que el panorama es crítico debido a que las cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales podrían aumentar en el futuro cercano. Además, Valencia señala que actualmente el Gobierno carece de una estrategia clara para mitigar los riesgos que enfrentan estos líderes y lideresas sociales, lo que indica la necesidad de una mayor labor y de una estrategia más sólida para abordar esta problemática.

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. El pasado 19 de marzo el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de derogar el decreto 2258 de 2022, por medio del cual se declaraba el cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. Los detonantes de esta decisión fueron, por un lado, las denuncias de presiones e instrumentalización de mineros en el Bajo Cauca antioqueño por parte de este grupo criminal para mantener el paro y así evitar el aumento de las multimillonarias pérdidas derivadas de la acción de la fuerza pública en contra de la gran maquinaria de la minería criminal. Además de la agudización de hechos de violencia en el paro, como quema de buses, ataques a ambulancias y posteriormente el enfrentamiento con unidades militares en Tarazá. Esta situación constituye un reto para la materialización de la paz total en varios sentidos. En primera medida, porque el pacto de un cese bilateral al fuego con este grupo criminal para dialogar en torno a un eventual sometimiento a la justicia tenía como objetivo aliviar en cierta medida la situación humanitaria en los territorios, sin embargo, su accionar criminal nunca contribuyó a dicho propósito. Por el contrario, como lo reconoció Petro en recientes declaraciones, el Clan del Golfo se estuvo fortaleciendo en medio del cese , por medio de sus fuentes económicas ilícitas. En relación con esto, un segundo desafío tiene que ver con la expansión de este grupo criminal. Durante el 2022 La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) documentó la presencia del Clan del Golfo en 241 municipios de Colombia, sin embargo, en la actualidad tiene influencia en cerca de 270 municipios, alrededor del 24% de los municipios del país. Sus acciones armadas en lo corrido del presente año reflejan una especial concentración en departamentos como Magdalena, Sucre y Santander, principalmente a través de amenaza y homicidio. Además, hace pocos días, inteligencia del Estado reveló que el Clan del Golfo está compuesto actualmente por 3.618 integrantes , 1.435 de ellos en armas y 2.183 en redes de apoyo. No obstante, no hay consenso sobre el número de personas que la integran . El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció en declaraciones que las filas de este grupo ascienden a 5.000 hombres, mientras que Ricardo Giraldo, abogado representante de esta organización criminal, mencionó que la cifra ronda los 9.000 efectivos, siendo según esto, la estructura criminal más grande del país. A estos retos se suman las expectativas generadas por el gobierno en torno a la propuesta de un diálogo socio-jurídico con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales de alto impacto para su sometimiento a la justicia. El abogado del Clan ha expresado inconformidades debido a que ya existe un proyecto de ley a discutir en el Congreso con los términos del sometimiento y, en consecuencia, no tendría sentido la idea de diálogo socio-jurídico ni tampoco habría disposición de la organización criminal a someterse bajo estos condiciones. Otro reto de gran importancia es que el Clan del Golfo se ha constituido en un actor relevante dentro de fenómeno del Crimen Organizado Transnacional. En este sentido esta estructura criminal ha logrado consolidar un portafolio de negocios diversificado que contempla el dominio de toda la cadena de narcotráfico, la extracción de oro por medio de minería ilegal , la extorsión, el contrabando de armas , entre otros. Además, ha logrado permear en distintos niveles de la institucionalidad, por medio de la influencia en sectores políticos y de la fuerza pública . La extensión de sus redes en distintas esferas ha complejizado la manera de entender a este grupo armado y cómo opera en red con otros actores criminales de distintos niveles territoriales. Con base en lo anterior se podrían plantear tres escenarios. Inicialmente se prevé un incremento de las confrontaciones de esta estructura criminal con otros grupos armados y con la fuerza pública, y en este sentido, impactos para la población civil como desplazamiento y confinamientos, sobre todo en territorios donde el Clan del Golfo tiene mayor control territorial como el Urabá antioqueño y chocoano, Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Allí la respuesta institucional frente al accionar de este grupo armado será esencial para evitar el incremento de violencia. Por otro lado, pese a la suspensión del cese al fuego, se plantea la posibilidad de seguir adelante con unos acercamientos entre el gobierno y el Clan del Golfo sobre la base de un sometimiento a la justicia. Velásquez ha mencionado la disposición de seguir explorando caminos conducentes a un sometimiento , independiente de la derogación del decreto. De igual forma, el Clan de Golfo ha manifestado seguir con su disposición de paz , si bien esto contrasta con el impacto de sus acciones armadas en los territorios. Por último, aunque el Clan del Golfo ha expresado consenso dentro de sus cabecillas frente a la paz total , se plantean dudas frente a la capacidad de alias “Chiquito Malo” para unificar al resto de la estructura en torno a ese propósito. Bajo este escenario es posible una fragmentación, que desemboque en disputas por el control de la organización o en la atomización de esta estructura armada, derivando en nuevas facciones. Hay que recordar que esta estructura criminal recientemente está pasando por un cambio de mando en sus cabecillas a raíz del asesinato de alias “Siopas”, quien era el segundo al mando. Al parecer este habría sido asesinado por “Chiquito malo” por cuenta de las diferencias que ambos tenían respecto a un eventual sometimiento a la justicia . Con la muerte de “Siopas”, alias “Gonzalito” quedó como segundo al mando. De hecho, el pasado 27 de marzo se conoció un video comunicado del Clan del Golfo por parte de sus comandantes, lo que ellos llaman la “Mesa de Estado Mayor Conjunto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que aparecían “Gonzalito”, “Rodrigo”, “Joaquín” y “Jerónimo” (pero no “Chiquito Malo” o “Javier” por “cuestiones de salud”), expresando que responsabilizaban al gobierno de la problemática que podría causar la “decisión apresurada” de ordenar una ofensiva militar en contra del Clan del Golfo y la cancelación del cese bilateral al fuego con esta organización. Posteriormente ratificaron “nuestra voluntad de paz, que aún en medio de la ofensiva militar estamos dispuestos a explorar el camino de la Paz Total”. En definitiva, los álgidos sucesos relacionados con el Clan del Golfo de las últimas semanas demuestran un escenario complejo para la paz total. Sin embargo, esta es una ventana de oportunidad para el gobierno de demostrar una política pública coherente de seguridad y defensa en la que se mantenga la acción contra los valores económicos estratégicos de este grupo armado, así como acciones tendientes a replegar su accionar y proteger a la población civil.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la madrugada de hoy 29 de marzo, un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, dejó un saldo de nueve militares muertos y ocho heridos. Los uniformados fueron atacados con tatucos mientras prestaban servicio en la vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito. El Batallón Especial Energético y Vial N10, que brinda seguridad en la zona, recibió apoyo aéreo para evacuar a los heridos y apoyar a las tropas en tierra.  La Gobernación de Norte de Santander rechazó el atentado contra los uniformados y expresó su repudio a esta acción criminal. La gobernación destacó que estos hechos no contribuyen a lograr la paz por la que tanto a trabajado el pueblo de Norte de Santander.  El ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que entre las víctimas militares se encuentran dos suboficiales identificados como Brayan Gómez Gamboa y Juan Benavidas Bohórquez, así como siete soldados identificados como Kevin Acevedo Osorio, Herzel Fernández Bonivento, Johan Gómez Helves, José David Pusiana, Fabio Epiayú y Puana, Rafael Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana. El ministro de Defensa expresó su repudio ante los hechos ocurridos y manifestó que estos no contribuyen en lo absoluto a la paz. Además, señaló que estos actos parecen contradecir los propósitos de alcanzar la paz en medio del conflicto armado y que la situación es realmente complicada. El ministro ofreció sus condolencias a las familias y rindió homenaje a los soldados que dieron su vida en servicio de todos. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, también expresó su total repudio ante el ataque y lamentó que estos actos hayan sido perpetrados por grupos al margen de la ley que se alejan de los objetivos de paz. En respuesta a este acto violento , Gustavo Petro convocó a una reunión con la delegación del Gobierno que participa en la mesa de diálogos con el ELN. Además, se informó que se extendería la invitación a los países que han servido como sede para estos contactos, como Cuba, México y Venezuela. La reunión se llevaría a cabo en los próximos días, posiblemente el próximo lunes, 3 de abril. Durante la reunión convocada por el presidente, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Otty Patiño, afirmó que se exigirá un cese al fuego, ya sea parcial o temporal, ya que este es un clamor nacional y es necesario para avanzar en los demás puntos del proceso. Patiño destacó que hay una obligación moral con el país de reducir las confrontaciones y hostilidades que debilitan la confianza en la mesa de diálogos y no ayudan a poner fin al conflicto. Otro de los pronunciamientos al respecto fue por El senador Iván Cepeda, quien también condenó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En la misma línea, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) lamentó estos hechos violentos y destacó la necesidad de que se logre un cese al fuego con este grupo armado. Además, subrayó que la fuerza pública debe mantener sus acciones en contra del ELN y no descuidar las zonas donde este grupo tiene mayor presencia. El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las voces que expresaron su rechazo al atentado y también hizo una crítica al proceso de paz con el ELN. La Fundación Pares intentó contactar a varios delegados tanto del ELN como del Gobierno, sin embargo, no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. Ver: ( Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN ) Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este hecho es lamentable, especialmente teniendo en cuenta que el ELN ha expresado su voluntad de paz. Es importante destacar que en anteriores procesos de negociación en Colombia también se han presentado situaciones similares, incluso en aquellos donde se acordó un cese al fuego con las partes guerrilleras involucradas en las negociaciones. Un ejemplo de ello fue en 2013 cuando se colocó una bomba en el Cauca durante las negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Este tipo de ataques han puesto en riesgo la mesa de diálogo en ocasiones anteriores, pero no han significado la suspensión total de las negociaciones. Por esta razón, la investigadora nacional de Pares señaló que esto es algo que ya ha ocurrido en negociaciones pasadas. Para Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de Pares, es crucial seguir avanzando en el proceso de diálogo y negociaciones, y adelantar el inicio del tercer ciclo en La Habana, Cuba, en el que se discutirá el punto sobre el cese bilateral. Sin embargo, Celis destacó que el ELN podría estar enviando un mensaje claro con este hecho violento: que el conflicto sigue latente y que la fuerza pública sigue siendo su enemigo, lo que sugiere que el grupo armado no considera que estas acciones vayan en contra de la mesa de diálogos. Otro de los puntos para abordar cómo debe actuar el gobierno en respuesta al atentado y a las negociaciones con el ELN, la investigadora nacional Camila Fernández destacó que el gobierno ya está tomando medidas que podrían tener un buen resultado. En particular, señaló que la convocatoria de una consulta con los delegados es un paso positivo, ya que permite establecer una ruta que reconozca a todas las partes involucradas en la mesa de diálogo, y así responder de manera coordinada y efectiva a este tipo de acciones que ponen en riesgo las negociaciones. Además, Camila Fernández destacó la importancia exigir al ELN un cese al fuego. Según la investigadora nacional de Pares, es fundamental que si se está avanzando en los diálogos de paz, se reduzca la violencia no solo a través de la voluntad de las partes, sino también mediante un acuerdo bilateral que especifique qué acciones no son permitidas durante las negociaciones y cómo se llevará a cabo el proceso de desescalamiento. Por otro lado, Luis Fernando Celis también mencionó que el ELN informó en febrero pasado sobre la muerte de nueve de sus integrantes en Buenaventura, lo que evidencia la persistencia del conflicto en diferentes territorios, incluyendo el Catatumbo. Durante los diálogos de paz, se han reportado muertes de combatientes del ELN en el Valle y Chocó como resultado de operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas armadas. Se estima que alrededor de diez guerrilleros han sido asesinados en Chocó y Buenaventura. Por otro lado, en Arauca, se han registrado enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, debido al control territorial en la zona. Estos enfrentamientos han dejado a varios guerrilleros asesinados por grupos armados. Sin embargo, según Celis, el ELN ha intensificado su accionar militar en las últimas semanas, realizando ataques a oleoductos en 10 ocasiones en Arauca y en varios puntos, incluyendo el Chocó, sumado a los hechos violentos ocurridos hoy. Ver: ( ELN amenaza industria petrolera en Arauca ) Las víctimas de estos conflictos se presentan en ambos bandos, cabe recordar que en los últimos días, se han presentado varios ataques y enfrentamientos armados en diferentes partes de Colombia, con mayor impacto en la fuerza pública. El 10 de marzo, tres policías resultaron heridos en un ataque con explosivos en la carretera que conecta Cúcuta y Ocaña, cerca de Sardinata. El 16 de marzo, en otro ataque en la carretera hacia Tibú, dos militares resultaron heridos. El 17 de marzo, hubo combates en La Curva, Sardinata. El 19 de marzo, un sargento del ejército murió en combates con el ELN, y dos miembros de ese grupo también perdieron la vida. El 21 de marzo, un suboficial resultó herido en los combates. Además, el 22 de marzo, el ELN secuestró a un escolta de la Unidad Nacional de Protección por más de 24 horas. El 26 de marzo, un soldado murió en un ataque con explosivos en Chocó. Finalmente, esta semana, el grupo armado perpetró un ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que ha sido objetivo de varios actos violentos por parte de este grupo armado. En los hechos violentos recientes en el Catatumbo, es relevante mencionar que entre las víctimas se encontraban jóvenes de entre 18 y 19 años que estaban prestando su servicio militar. Este hecho cuestiona una de las promesas de campaña del presidente, quien había manifestado su desacuerdo en enviar a jóvenes a campos de batalla. La investigadora nacional de Pares, Camila Fernández, lamentó que la población joven en Colombia sea una de las más afectadas por la violencia del conflicto armado, con altas cifras de víctimas que sufren las consecuencias de la guerra, entre ellos, jóvenes que prestan sus servicios militar y jóvenes que viven en zonas rurales. Catatumbo es un territorio que comprende múltiples localidades en Norte de Santander, el cual se distingue por ser una de las áreas del país con mayor prevalencia de plantaciones de coca. Además del ELN, diversos grupos armados, como el frente 33 de las disidencias de las FARC, el EPL y bandas delictivas, también tienen presencia en esta zona.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 27 de marzo al 02 de abril Algunas consideraciones sobre el momento del proceso Gobierno Colombiano – ELN: Siempre la pérdida de vidas humanas nos debe convocar al rechazo y el llamado a proteger la vida, bien lo hace el gobierno al repudiar el ataque del ELN en el Catatumbo. La dura realidad es que hay un conflicto vivo, pero me pregunto por qué razones el ELN no distensiona. Mi respuesta es que opta por mostrar fuerza, que el conflicto continúa y que la única forma de parar esa confrontación es en la mesa acordada y de manera bilateral. Uno puede criticar la línea de actuación asumida por el ELN, que es políticamente nefasta y ahonda el repudio ciudadano. Pero ellos, el ELN, no tiene incorporado en su ADN político la variable opinión ciudadana. Para ellos no existe y actúan en concordancia, pareciera que prefieren ser temidos a ser amados o respetados. En mi consideración el ELN continúa parado sobre su proyecto estratégico: "resistencia armada", que tiene su eje central de realización en el territorio donde actúan como "estado paralelo". Por ejemplo, en el Catatumbo han venido fortaleciendo su presencia en los últimos siete años, luego del Acuerdo de Paz con las FARC. Esta persistencia en su proyecto de "resistencia armada" no significa que el ELN esté "jugando" o actuando "con la doble" al estar sentados en una mesa de diálogo y negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su planteamiento político, están "explorando" la posibilidad de salir de la "resistencia armada" mediante el proceso de paz hacia a un acuerdo que contenga una visión compartida de una Colombia en paz. Si le preguntamos al ELN ahora si está dispuesto a dejar las armas, creo que su respuesta sería: depende de si es posible construir una visión compartida de país, que se soporta en la más amplia participación de la sociedad y de unas transformaciones que hagan realidad esa visión compartida de paz. Estamos inmersos en la crisis de una violencia organizada de la que participa el ELN, esa violencia se debe superar y el único camino viable es mediante una mesa de diálogo y negociaciones como la que está en funcionamiento entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Tanto el Gobierno Colombiano como el ELN coinciden en adelantar este proceso con un cese bilateral de fuego y ambas partes pueden igualmente pactar sobre el amplio universo de hostilidades que hacen parte de estas violencias. Hay que iniciar a la mayor brevedad posible el tercer ciclo pactado para Cuba y allí acordar el cese bilateral. Ante el ataque del ELN al puesto del Ejército Nacional, esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro: 2. Otty Patiño, como jefe de la delegación de diálogos del Gobierno Colombiano en el proceso con el ELN, sacó un pronunciamiento en el que rechaza el ataque: 3. La reacción del Senador Iván Cepeda fue: 4. La Senadora María José Pizarro, integrante de la delegación del Gobierno Colombiano para los diálogos y negociaciones con el ELN, se pronunció en el siguiente sentido: "repudio contundentemente el asesinato de los miembros de la fuerza pública en el Catatumbo, mi abrazo a sus familias y a la institución. La guerra ensordece, el clamor nacional es por la paz y la vida. Analizaremos con el presidente el camino a seguir". 5. El viernes 31 de marzo se dio la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro para analizar la situación creada por el ataque del ELN a la patrulla militar, en esta reunión participó la delegación de Gobierno, los países garantes, los países acompañantes, la Misión de la ONU y la Iglesia Católica. Al final de la reunión hubo declaraciones de Danilo Rueda y Otty Patiño. Los principales mensajes presentados por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, son los siguientes: “La reunión desarrollada y el acompañamiento de los países garantes y acompañantes es un respaldo a este proceso”. “Hoy se vive un traspiés, hemos compartido un mensaje desde muchas comunidades donde el Ejército de Liberación Nacional actúa, un mensaje de solidaridad con las familias de los soldados muertos y también un mensaje perentorio para que el ELN actúe en consecuencia con sus ideales políticos”. “Nada justifica con cese o sin cese este tipo de situaciones que generan desesperanza en la sociedad colombiana, pero que en lo particular afectan a los pobladores de todos estos territorios, que están hastiados de la violencia”. “Estas comunidades han convocado al presidente de la República y a la delegación de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro a desarrollar una serie de escenarios de escucha donde ellos quieren compartir de manera inmediata sus preocupaciones, sus iniciativas inmediatas de acuerdos humanitarios perentorios y exigentes a todas las partes y en particular al Ejército de Liberación Nacional”. “Hay una disposición del gobierno en su actitud de escucha a las comunidades para responder lo más pronto posible a esta solicitud y exigencia”. Adicionalmente hemos conocido la preocupación de la comunidad internacional respecto a la situación en que se encuentra esta mesa de conversaciones. Coincidimos profundamente en que estos hechos dolorosos, que hoy están expresando una crisis de este proceso, no amainan, sino que, por el contrario, fortalecen la construcción del proyecto de paz de este gobierno. No es con más muertes, de ningún colombiano, de ninguna colombiana, como se consolida la paz. El Ejército de Liberación Nacional tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad colombiana. Esperamos que escuchen al pueblo colombiano, que escuchen a las comunidades, este gobierno del cambio ofrece ese espacio y esas posibilidades y pueden perder la oportunidad en este momento de la historia de ser artífices de la ética de la vida y de la ética de los cambios que merecen nuestro país. 6. El mensaje presentado por Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano: “hay dos grandes interrogantes que se pusieron en esta conversación con el presidente, frente a los cuales él enfatizó mucho: el primer gran interrogante que creo resume, es la gran indagación, la gran interpelación que hay, si el ELN está usando las conversaciones para fortalecerse, fortalecerse en sus territorios, fortalecerse como organización o si por el contrario su estadía en la mesa significa una real vocación de paz. Esto está unido con otro elemento fundamental, el ELN se reclama como una organización política, pero ese reconocimiento como organización política tiene que ver no solamente con algo que se escribe en el papel, sino fundamentalmente con actitudes y hechos, porque la paz es la demostración más clara y la consecuencia con lo que se habla y se discute en la mesa, es la demostración más clara de que se es una organización política o se es una organización que usa lo político para fortalecerse en otros aspectos, esas son las dos grandes interpelaciones que se están planteando aquí, interpelaciones que está haciendo la comunidad nacional, que está haciendo la comunidad internacional, y me parece que esta pregunta, pensando que el ELN y todavía con la esperanza que el ELN como organización que se considera a sí misma, una organización política, debe responder. Sobre todo con las comunidades que ellos dicen defender o frente a las cuales ellos dicen tener apoyos, frente a una comunidad internacional que ha abierto de par en par sus brazos para acompañar este proceso durante todo este tiempo y no solamente acompañarlo de una manera física, sino también aportando recursos técnicos, iluminación política e incluso recursos económicos para que este proceso de paz funcione. Esa indagación en este momento de crisis es absolutamente pertinente y la pertinencia que toca antes de que comience el tercer ciclo es absolutamente necesaria una respuesta clara para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el ELN en relación con este proceso”. 7. Análisis de los hechos del Catatumbo por parte de Camilo González Posso, director de Indepaz y Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. 8. Intercambio de valoraciones entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la mesa de diálogos y negociaciones con el ELN y Juan Camilo Restrepo, quien fue jefe de delegación para el proceso con el ELN durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y Pilar Molano, una víctima del ELN. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista La defensa de los derechos humanos es una labor fundamental y necesaria en cualquier sociedad democrática, pero también es una tarea peligrosa, especialmente en regiones donde existen conflictos socioambientales y económicos. En este sentido, resulta de gran importancia destacar la labor que hacen las personas en defensa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto latinoamericano que vive democracias aún frágiles y con múltiples violencias. Este es el trabajo que hace el Observatorio para la Defensa de la Viuda (Odevida) en Colombia, Perú y Venezuela, y en esta nota queremos destacar los informes recientes de Odevida Perú. Uno de los recientes informes hecho la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, y Entre Pueblos, para Odevida, titulado Luchas y desafíos para la protección efectiva de defensores y defensoras de DDHH en Cajamarca, Perú , publicado el 20 de febrero, menciona que en el departamento de Cajamarca, Perú, la labor de los defensores y defensoras de DD.HH. enfrenta grandes riesgos debido a la oposición de sectores económicos poderosos y la falta de protección estatal efectiva. En este informe también se destacan los principales escenarios de riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos en esta región, además revela que desde el año 2004, 13 defensores y defensoras han perdido la vida en el departamento de Cajamarca, principalmente en contextos de protesta social. También asegura que los ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos han ido en aumento en los últimos años. El documento también señala que la violencia y las amenazas no solo se dirigen a los defensores y defensoras en sí, sino también a sus familias y comunidades. Por tal razón se menciona la importancia de proteger a quienes trabajan para garantizar los derechos humanos en la región. Según la investigación, esta población enfrenta una serie de riesgos, incluyendo la intimidación, violencia física, amenazas, discriminación y la criminalización. Entre los principales desafíos identificados por el informe se encuentra la falta de protección efectiva por parte del Estado, ya que a pesar de que el Estado Peruano ha establecido medidas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, estas medidas no se implementan de manera efectiva en la región de Cajamarca. Además, se registró que hay una falta de recursos y de capacitación para las instituciones encargadas de proteger a los defensores y defensoras. Cabe añadir que las mujeres defensoras de derechos humanos en la región enfrentan mayores riesgos debido a su género y al trabajo que realizan. Según la investigación, las mujeres defensoras sufren discriminación, acoso y violencia sexual, lo que limita su capacidad para ejercer su labor de defensa de los derechos humanos. Esta situación es la que se denuncia en otro informe de Odevida Perú titulado Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género , publicado el 16 de marzo de 2023, en el que se destaca la importancia de diseñar sistemas integrales de cuidado que tengan como objetivo la universalización en el acceso y la calidad de los servicios, basados en la corresponsabilidad social y de género. Además, llama la atención sobre la necesidad de crear conciencia respecto a la contribución valiosa de las defensoras de derechos humanos para la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad y el sostenimiento de la democracia. Este informe también señala la importancia de respetar los estándares internacionales de derechos humanos en las iniciativas de ley que se propongan o aprueben y de revisar y mejorar la formación de las y los abogados y de los efectivos policiales, incorporando la enseñanza y valor de los derechos humanos y la atención especializada en violencia de género. En resumen, el informe destaca la necesidad de abordar las desigualdades de género en el contexto de las movilizaciones ciudadanas y de fortalecer los sistemas de cuidado y protección de los derechos humanos. Frente a esta problemática que resaltan ambos informes, se destaca que es fundamental diseñar sistemas integrales de cuidado que permitan el acceso universal y de calidad a los servicios, con una corresponsabilidad social y de género. Otras de las recomendaciones que señala Odevida Perú es incluir la generación de un mecanismo para exigir la debida diligencia empresarial; la promoción de una reforma normativa para considerar la criminalización como una forma de agresión; el fortalecimiento de medidas de protección y el acompañamiento para las personas defensoras criminalizadas, y la atención de todos los casos de violencia contra ellas. Además, sugiere fortalecer la gobernanza del Mecanismo Intersectorial con la participación de la sociedad civil y los poderes del Estado y asimismo incorporar avances importantes en el Plan Regional a la "Ruta de atención en violencia de género con enfoque territorial"; aprobar un protocolo sectorial para brindar protección a las defensoras y fortalecer la respuesta frente al acoso virtual. Por otro lado, en el informe Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género también se resalta la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de las defensoras de derechos humanos en la realización de los derechos de las mujeres y la democracia. Entre las recomendaciones, este informe destacó la importancia de que el Parlamento respete los estándares internacionales de derechos humanos al proponer y aprobar iniciativas de ley, y que los abogados y efectivos policiales reciban formación en derechos humanos para identificar posibles vulneraciones de derechos y desactivar las masculinidades hegemónicas que reproducen la violencia de género. Miguel Jugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le dijo a Pares que algunas de las recomendaciones frente a esta problemática contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú es que el Estado Peruano debe investigar los crímenes contra los derechos humanos, sancionar a los responsables, terminar con los estados de emergencia y la militarización de algunas zonas del país. Miguel Jugo también señaló que es importante realizar las acciones políticas dirigidas a resolver la crisis política, una de ellas es el adelanto de las elecciones. Finalmente, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también recomendó a la sociedad que exija al Estado el respeto al estado de derecho, al equilibrio de poderes y a las organizaciones autónomas, tales como el Sistema Electoral y la Defensoría del Pueblo, así como al Poder Judicial y al Ministerio Público para lograr verdad y justicia. “También se recomienda al Ejecutivo la reparación a las víctimas, la reforma de los servicios de seguridad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la búsqueda de una solución política para resolver la crisis”, puntualizó Miguel Jugo.

Por: Katerin Erazo, Catalina Lema y con la colaboración de Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN) La crisis climática es la principal amenaza que enfrenta la humanidad en la actualidad, según las conclusiones del  Informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), pues este fenómeno afecta directamente los medios de vida que tiene la especie para garantizar su supervivencia y bienestar, como son la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, entre otros. Colombia, por su grave situación en materia de seguridad y por la brecha de desigualdad, es uno de los países con menor capacidad de adaptación al cambio climático. Esto lo ubica dentro de los 11 países más vulnerables a la crisis climática, según Pacto Global[1]. Una de las estrategias más aceptadas y recomendadas en las instancias internacionales para abordar la crisis climática es la descarbonización, que consiste en un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir de forma significativa y sistemática las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN). Estas estrategias implican el replanteamiento de varias actividades económicas, especialmente las que dependen de la explotación de carbón e hidrocarburos para la generación de energía, responsables del 50% de las emisiones totales de GEI, así como las dependientes del modelo de producción agrícola actual, responsable de cambios en los suelos y del 14% de las emisiones de GEI. El aporte de Colombia a las emisiones globales de GEI es muy bajo, pero el país tiene alto riesgo de que los efectos globales de este empeoren las condiciones de pobreza, desigualdad y riesgos en materia de seguridad. Estas condiciones responden a dinámicas económicas dentro del modelo extractivo, que se han llevado a cabo de manera irregular y en detrimento de los derechos, especialmente de comunidades indígenas, mujeres, afro y jóvenes. La línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho seguimiento a conflictos socioambientales relacionados especialmente con la explotación de carbón en el país. Esta actividad ha llevado a la vulneración de los derechos de quienes habitan en los territorios en donde se desarrolla la explotación de carbón. Al igual que otras actividades de explotación de los suelos, que contribuyen a la emisión de GEI, la minería de carbón a de los suelos ha impulsado la ampliación de la frontera agrícola a partir de procesos de desplazamiento forzado y despojo. Por esto, urge que el país redirija su economía hacia una transición justa frente a la crisis climática.  Minería de carbón y conflictos socioambientales El carbón es uno de los principales insumos para la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento (materia prima para la construcción de infraestructura) y la producción de combustibles líquidos. Todas ellas, actividades necesarias para el sostenimiento de la forma de vida actual. En Colombia, la explotación carbonífera ha estado asociada a la alianza económica entre algunas élites políticas e inversionistas extranjeros en el país, pero no necesariamente ha implicado un crecimiento económico en las regiones. En cambio, ha generado procesos de desplazamiento forzado, despojo, afectación al acceso a los servicios públicos y ecosistémicos. Esto ha derivado en una alta conflictividad en los territorios con explotación de carbón y en entorpecimientos a la implementación de los varios intentos de reforma agraria en el país. Consecuentemente, ha afectado el desarrollo de otras actividades de subsistencia como la agricultura. Casos como el documentado por la Comisión de la Verdad sobre las tierras concesionadas en La Jagua de Ibirico, Cesar, han develado el funcionamiento de alianzas entre empresas carboníferas y grupos paramilitares. Estos últimos se encargaban de la expulsión de los habitantes de los territorios de interés para las empresas y, posteriormente, estas podían adquirir las tierras a muy bajo precio. De la misma manera, una investigación realizada por el CINEPP encontró que predios del sur de La Guajira, que habían sido adjudicados a beneficiarios de la reforma agraria, fueron transados para que la vocación de sus suelos para uso agrícola cambiara por la de explotación de carbón a gran escala. Estos predios fueron también adquiridos por mineras y despojados de su objetivo inicial para la titulación campesina.  Esto, mediante procedimientos irregulares de la institucionalidad encargada y aún a costa de las grandes pérdidas que la actividad extractiva había generado y que tuvieron que ser asumidas por el Estado. Las concesiones fueron impulsadas por los gobiernos especialmente entre los años 70 y 90, en un afán por demostrar resultados inmediatos en materia económica, a costa de los estudios ambientales y sociales previos.  En años recientes, y desde inicios del presente siglo, las organizaciones sociales de las comunidades cercanas a las minas han desarrollado procesos de movilización social y participación ciudadana para detener los impactos de la actividad minera. Sus principales consignas son el acceso al agua potable y la destinación de suelos para usos agrícolas. También, se suman a estas, las demandas por los derechos de los trabajadores de ese sector.  La pérdida de los medios de subsistencia es una realidad y una preocupación permanente para las comunidades cercanas a las minas. En 2022, las comunidades del municipio de Barrancas, sur de La Guajira, junto al movimiento sindical, realizaron bloqueos a la operación de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; los bloqueos fueron levantados tras la instalación de una mesa técnica para el abastecimiento de agua en La Guajira, como una nueva acción para dar cumplimiento a las sentencias que ya han regulado el asunto previamente pero que no han sido acatadas debidamente. En San Vicente de Chucurí, Santander, la Resistencia Ante la Minería y el Extractivismo (RAME) y otras organizaciones sociales se han movilizado en contra de nuevas pretensiones empresariales de realizar minería de carbón a cielo abierto. En este y municipios aledaños, desde 2005 opera la mina San Luis, a cargo de Cymcol Ingeniería S.A.S., que realiza explotación de carbón a cielo abierto y subterránea. De acuerdo con líderes territoriales, la concesión minera en San Vicente abarca zonas de interés turístico y de vocación agrícola. La actividad extractiva de carbón afecta el desarrollo de estas actividades económicas, así como otras formas de vida relacionadas con la protección ambiental, que la comunidad ha buscado impulsar en el Plan de Manejo Básico Territorial.  Además de las afectaciones ambientales, territoriales y a la salud de las comunidades, grupos armados han violentado a las organizaciones y líderes que se oponen a la minería de carbón y a otras economías extractivas. ¿Puede la descarbonización ser una aliada de la paz? A parte de ser una apuesta por la mitigación de emisiones de GEI, en países como Colombia, con alta conflictividad asociada a las economías de explotación, la descarbonización se presenta como una oportunidad para desescalar la violencia y saldar la deuda histórica con las comunidades más afectadas por estas actividades. En ese sentido, su implementación debe estar alineada con los conceptos de seguridad humana y seguridad alimentaria a nivel local, territorial y nacional. Las estrategias, proyectos e iniciativas en pro de la descarbonización tienen un respaldo internacional y legal en los compromisos adquiridos por Colombia y otros países a través de acuerdos internacionales y locales, como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). A nivel nacional, la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050) describe 9 pilares para cumplir con lo pactado en estos acuerdos: el conocimiento y la gobernanza climática, la gestión integral de la biodiversidad, la producción y el consumo sostenible, una transición justa para la fuerza laboral, el desarrollo rural sostenible diferenciado por regiones, el desarrollo urbano integral en las ciudades-región, la diversificación de la matriz energética, y la movilidad e infraestructura sostenibles. Sumado a ello, después de un largo proceso impulsado principalmente por organizaciones de la sociedad civil y defensores ambientales, en 2022 Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú. Este pacto plantea mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana equitativa, que pueden ser aplicados en la construcción de las estrategias de descarbonización en el país, lo que puede no solo ayudar a disminuir la crisis climática que vive Colombia, sino también puede llegar a frenar el conflicto armado que ha sido otra de las grandes problemáticas por la que ha pasado Colombia. [1] https://www.pactoglobal-colombia.org/news/colombia-esta-entre-los-11-paises-mas-vulnerables-a-la-crisis-climatica-ee-uu.html#:~:text=Los%20once%20pa%C3%ADses%20son%20Colombia,tienen%20la%20capacidad%20de%20adaptarse%E2%80%9D .

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 03 al 09 de abril La semana inició con un pronunciamiento del Comando Central del ELN que tituló Para que todos cumplamos, fechado el lunes 03 de abril. El pronunciamiento se hizo luego de una semana de duras críticas al ELN por el ataque a la patrulla militar en el Catatumbo y las múltiples reacciones ante este duro hecho militar de una confrontación que no para. En el primer punto del pronunciamiento, el ELN reafirma que son una organización cohesionada y que tienen una apuesta en común frente a los diálogos en curso con el gobierno del presidente Gustavo Petro: “1. Para quienes hablan que no hay unidad en todo el ELN y que existen diferencias a nuestro interior y que nos aconsejan realizar consultas, les podemos informar que a finales del 2022 y comienzos del presente año realizamos una reunión de todos los mandos nacionales y regionales y con representantes de la Delegación de Diálogos. Ahí se analizaron los acuerdos del Primer Ciclo de diálogos y se tomaron todas las decisiones para la continuidad del proceso”. El segundo punto hace referencia a que se les quieren hacer imposiciones con presión "mediática": “2. A comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un ‘cese el fuego multilateral’ sin haber sido pactado en la Mesa de Diálogo, ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera”. En el tercer punto expresan que han planteado en la mesa de diálogo y negociaciones con el Gobierno situaciones presentadas en la confrontación armada, de manera particular unos hechos en Buenaventura, donde el ELN afirma que siete de sus integrantes fueron asesinados fuera de combate. Consideran frente a los hechos del Catatumbo que hay una "inercia del conflicto", que tanto sus acciones militares como las de las fuerzas armadas gubernamentales deben ser analizadas. “3. A la Mesa de Diálogos enviamos nuestras consideraciones sobre las operaciones ofensivas que venían desarrollando las Fuerzas Militares y de Policía en medio del Cese el Fuego Unilateral de fin de año, así como también las realizadas en el área rural de Buenaventura, Antioquia y Arauca, no hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos; pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común”. En el cuarto punto señalan las presiones mediáticas ante un conflicto que continúa y que se trata de superar mediante diálogos y negociaciones. Ante un conflicto armado vivo y por superar el ELN sigue actuando, así como lo hacen las fuerzas armadas gubernamentales. “4. Varios analistas y las empresas mediáticas del establecimiento como Caracol, RCN, Semana y Blu Radio han señalado que las Fuerzas Armadas gubernamentales son legítimas y pueden atacarnos y nosotros no. Así podría ser si el ELN no fuera una Organización Alzada en Armas contra el Estado, y en eso andamos ya 60 años. La realidad es esa y no podemos actuar de otra manera, esa es la realidad que estamos tratando de superar por medio del diálogo. Por eso acudimos a la Mesa y no usamos la estrategia mediática como la está usando el Gobierno”. El COCE del ELN insiste que los puntos de un cese bilateral al fuego (no hablan del amplio concepto de hostilidades) está acordado en la agenda y será tratado en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba. “5. Existe un Proceso de Diálogos en curso, donde hay una Agenda acordada, son temas que aún no han sido negociados, está previsto en el siguiente ciclo en Cuba poder trabajar el punto referido a Participación de la Sociedad y un Cese Bilateral al Fuego. Será en la Mesa donde los discutiremos, no haremos el juego para que temas de la Mesa se condicionen con una presión mediática, hay unos protocolos y normas pactadas que deben respetarse”. En el sexto punto hacen referencia a los diálogos regionales que se ha propuesto el Gobierno adelantar para escuchar las valoraciones y propuestas de las comunidades que siguen sufriendo la continuidad de esta violencia y resaltan la importancia de que el Gobierno no solo escuche sino cumpla con las demandas de estas regiones donde hay responsabilidades. “6. No es negativo que el Gobierno realice diálogos regionales para escuchar demandas a las comunidades en las regiones, pero que les cumpla, es la responsabilidad de los gobernantes, y lo primero que la sociedad que lo acompañó a las urnas espera es cumplimiento a los Pliegos que le entregaron un día antes de la posesión a Gustavo Petro y Francia Márquez”. Y en el séptimo se reafirman en que tienen interés en "trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones": “7. Para concluir, Colombia puede estar segura que nuestro interés es trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones, para que sea más democrática, más equitativa y justa. Estamos en función de trabajar por el diseño de la Participación de la Sociedad y avanzar a un Cese el Fuego Bilateral”. Aquí pueden leer el pronunciamiento del Comando Central del ELN: https://eln-voces.net/para-que-todos-cumplamos/ Y la semana culminó con una entrevista en la edición dominical de El Tiempo a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano para el proceso con el ELN. En esa entrevista Otty presentó los siguientes mensajes: "Creo que se impone la discusión en torno al cese del fuego porque otros temas importantes como la participación o las acciones de dinámica humanitarias son muy difíciles de hacer si ese asunto no está definido". "No vamos a esperar un cese del fuego definitivo y absoluto, sino uno que permita que la gente participe". "El tema de la participación está muy ligado con temas de democracia. Esta, por supuesto, propende a una discusión no puramente académica, sino que se trata de generar acciones que transformen los territorios en donde la gente está. Pero sin cese del fuego todo se vuelve muy difícil". "Creo que las declaraciones de Antonio García muestran disposición. De hecho, este tema del cese del fuego ya había sido pactado en el ciclo anterior". "Nosotros queremos que los diálogos transcurran de una manera cordial y transparente. Sin embargo, por lo que ha pasado en las últimas semanas hay unas dudas razonables que siente el país. La principal es si el ELN quiere o no la paz. O si quiere sentarse en una mesa para fortalecerse política y militarmente, y desde luego esa duda la tienen que resolver son ellos, a través de las palabras y de los hechos". "El tema del fin del conflicto tiene que ver con qué hacer con las armas, y desde luego hay muchas dudas de los guerrilleros que están en el monte". "Yo pienso más en el fin de los armados que en el fin de las armas. Esa tranquilidad hay que empezar a dársela también a las comunidades". "Ellos básicamente lo que relatan es una acción en Buenaventura donde hubo un ataque del Ejército contra un campamento de ellos. Qué fue exactamente lo ocurrido no está claro. Lo que ellos dicen es que hubo gente que se rindió y luego la mataron". "En este periodo de Gobierno no se está premiando la cantidad de sangre derramada ni la cantidad de vidas que se pierden, sino, por el contrario, se está valorando a las Fuerzas Militares es por las vidas que se salvan, y eso incluye guerrilleros". "La idea es que en la medida que vaya habiendo acuerdos, hay que ir buscando la manera de ir desescalando el conflicto, que las armas se vayan volviendo cada vez más inútiles, y por eso los procesos de cese del fuego y hostilidades tienen que ir aumentando su dimensión". "Como un elemento tranquilizador, pero también de apremio, nosotros les hemos planteado la necesidad de que hagamos los acuerdos lo más rápido que se pueda, para que la implementación empiece en este mismo periodo". "Yo creo que esta negociación debe ser el eje fundamental de la ‘paz total’. Creo que no lo hemos logrado, pero debería ser un eje fundamental, dado el carácter político que reclaman el ELN, y por tal motivo ellos deberían entender un poco la complejidad en la que se está". "Creo que va a haber una negociación de paz con ellos. Las negociaciones de paz no son fracasadas o exitosas porque entre ambos puntos hay una gama de posibilidades. Quiero que sea una negociación muy vital, que no sea solamente el desarme, sino que les brinde a las comunidades y a los propios exguerrilleros seguridad y posibilidades de desarrollo". El tono de la entrevista a Otty Patiño es mesurado, con argumentos y reflexiones sobre esta compleja negociación, lo cual muestra su talante de hombre reflexivo y de amplia experiencia para liderar el equipo de Gobierno y liderar este importante reto. En el intermedio de la semana se dio una álgida polémica y críticas a unas declaraciones del primer comandante del ELN, Antonio García, sobre una columna de la Periodista María Alejandra Villamizar, quien tiene una notable carrera tanto en el cubrimiento del conflicto armado, y que como funcionaria del Gobierno para las negociaciones con el ELN. De hecho, hizo parte del primer equipo negociador durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció sobre estas "amenazas" en su cuenta de Twitter: Este debate sobre las supuestas amenazas del primer comandante del ELN llevó a que Twitter cerrara su cuenta. Ante esta situación, Antonio García escribió el siguiente texto: “Democracia es abrir, no cerrar 6 de abril de 2023 por Antonio García. No es la primera vez que me cierran una cuenta en las Redes Sociales; esta vez, es una buena oportunidad para intercambiar sobre estos fenómenos informativos. Yo no he salido a decir mentiras por medio de mis mensajes o trinos, no he anunciado públicamente acuerdos que no se hayan pactado en la Mesa. Por el contrario salí a clarificar que se estaba mintiendo. Eso puede verificarse en lo que ha venido aconteciendo en la Mesa de Diálogos que tenemos con el Gobierno colombiano. Pienso, no es delito pensar o ¿también ya lo es?, es más delito mentir que aclarar que se está mintiendo. Es quizá eso lo que incomoda. Referido a los mensajes que ocasionaron molestias al Presidente Petro es conveniente revisarlos para mirar si estoy amenazando o intimidando. Los mensajes son los siguientes: << 1. A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. 2. Los dolores, duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos. 3. Como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos... así que "puño y puño no es pelea". 4. María Alejandra dice que "nadie es eterno en mundo", refiriéndose al ELN. 5. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: "sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver" >>. Conozco físicamente a María Alejandra y he conversado en persona, a Vicky no, pero he hablado en más de una oportunidad por teléfono, jamás las he ofendido o amenazado, además nunca me lo han dicho. Por el contrario, últimamente Vicky me ofrece una entrevista, cosa que agradezco. Sería bueno conocer si en alguna legislación del mundo es delito de amenaza decir que alguien se "le subió a la cabeza a otra". Desde niños lo usamos en nuestras familias cuando decimos a un hermano: "se te subió mi papá a la cabeza"; o en la escuela, el colegio o la universidad: "se te subió el profesor a la cabeza". También en las colectividades políticas se usará: "se te subió el jefe a la cabeza". Como no conozco en persona a Vicky, no podría decir si sea capaz de subirse físicamente en la cabeza de María Alejandra; tampoco considero que ella la deje subirse. Pero lo que digo sólo es simbólico, imaginativo, y son ellas quienes deben examinarse y ya. Si no soy objetivo pueden reírse de mis equivocaciones. Así es la vida. La broma, el chiste, la ironía tiene sus límites y debe usarse con cuidado y respeto; el mundo fuera otro si Cervantes no hubiese escrito a Don Quijote, el origen del mundo de la Novela. Incluso la poesía también tiene sus planos, que no son la realidad misma, sino que la crea y la recrea, la hace distinta, sin negarla. Los dos siguientes mensajes los entendemos los combatientes y valen para ambos bandos en una confrontación: "puño y puño no es pelea" o que "los dolores nos duelen a ambas partes". Ya el tema de la canción de Darío Gómez, lo colocó María Alejandra luego de llamarme "anciano" cosa que agradezco, pues es sinónimo de sabiduría, la tomo por el lado amable. Tome su gusto expreso, si me hubiese dicho que le gustaba Ricardo Arjona, Eros Ramazzotti, Elton John u Juan Luis Guerra, hubiese salido, de pronto mejor. No me dio esa oportunidad, pues no me gusta la música de despecho, pero la respeto. Que por estos trinos se solicite que se me cierre la cuenta diciendo que estoy amenazando a alguien no es objetivo, pues con trinos no insulto a nadie, como me llaman algunas personas: Criminal, asesino, etc. Lo escucho y ya. Son decires y a nadie he amenazado por que me lo digan y hay muchos ejemplos. Existen otras personas, militares, políticos, empresarios más armados que yo que hablan y dicen cosas más graves que los chistes o bromas que yo expreso. Por estos medios y en mis intercambios sólo uso y usaré palabras, los que me han escuchado en espacios de interlocución podrán decirlo. Por fortuna, la filosofía que se dice sustenta las redes sociales es una oportunidad de darle voz a las personas y permitir que su voz se pueda dejar escuchar. Es lo que he oído decir y en eso tendrá la palabra Elon Musk, maestro en estas lides, voz y autoridad en Twitter. La democracia es abrir y no cerrar la oportunidad de escucharnos” . El Domingo 09 de abril María Alejandra Villamizar escribió esta columna en el diario El Espectador. Aquí la pueden consultar: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/maria-alejandra-villamizar/el-eln-ya-hizo-todo-menos-la-paz/ Por último señalar que la delegación de Gobierno le propuso al ELN realizar una reunión antes del tercer ciclo y el ELN no estuvo de acuerdo. El tercer ciclo está programado para iniciar el 02 de mayo en La Habana. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante la última semana, se han reportado alrededor de 10 incidentes similares en varias ciudades y municipios del país, donde se han encontrado explosivos, panfletos y banderas relacionados con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto ha generado alarma y zozobra en diferentes regiones del país, incluyendo Bogotá, Antioquia, Medellín, Cali, Cauca y Barrancabermeja. Según Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el hecho de que el ELN haya distribuido estos panfletos es una forma en la que el grupo busca mantener su presencia en la opinión pública y demostrar que sigue siendo relevante en la vida nacional. Para Celis, esto es una estrategia comúnmente utilizada por el grupo desde su creación en 1964, ya que les permite mantenerse activos en un conflicto que aún no ha sido resuelto. Algunos de los hechos registrados durante los últimos días ocurrieron el 10 de abril en San Cristóbal, al sur de Bogotá . La aparición de una caja sospechosa generó alarma entre los habitantes de la zona. La secretaria de seguridad de Bogotá confirmó que se desactivaron los explosivos y que no se produjo ninguna explosión. Sin embargo, alrededor de las 3:00 p.m. de ese día, sí se registró la detonación de una de las bombas panfletaria en la misma zona. Las autoridades aseguraron que se mantienen comprometidos en mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de los ciudadanos de Bogotá, y llamaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar sus derechos y libertades. El mismo día, en el municipio de Itagüí , Antioquia, se encontraron dos artefactos explosivos de bajo poder en el Parque del Obrero, acompañados de un panfleto del ELN. La rápida intervención de las autoridades permitió la ubicación de los artefactos en labores de patrullaje y la posterior llegada de personal experto en explosivos, quienes desactivaron uno de los artefactos artesanales de mecha lenta. Sin embargo, uno de los elementos explotó sin dejar heridos, según la información preliminar entregada por la alcaldía. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a estar alerta ante la presencia de paquetes sospechosos y a informar de inmediato a la policía para evitar situaciones que afecten. También el 10 de abril, en los barrios San Rafael y La Victoria de Cúcuta , se encontraron artefactos panfletarios del frente de guerra Urbano Nacional del ELN que tenían como objetivo activarse contra la población civil, atribuidos al comandante en jefe Camilo Torres Restrepo de este grupo armado. Ante esta situación, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, pidió a las autoridades que refuercen la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales, según el defensor, están ganando cada vez más poder. Villamizar señaló que “la seguridad ha fracasado en Cúcuta y Norte de Santander, el terrorismo y la criminalidad se ha tomado la región y que es el producto de un Gobierno que solo premia a la criminalidad y a los grupos armados”. Debido al hallazgo de los panfletos, las autoridades emitieron una alerta máxima que fue enviada a las diferentes unidades de la fuerza pública encargadas de combatir el terrorismo. “Estamos en alerta máxima”, señaló, al medio de comunicación Semana, una alta fuente de inteligencia. Por otro lado, uno de los hechos más recientes se registraron este 11 de abril, en la ciudad de Cali , donde se encontraron panfletos en una caja abandonada en la vía pública de la galería Santa Elena, lo que generó un operativo especial por parte de las autoridades para investigar su origen. Los explosivos que fueron instalados en la ciudad estuvieron acompañados de un panfleto en el que el ELN expresa rechazar el asesinato de líderes y las masacres en el país. Sin embargo, no es claro cómo se relaciona el rechazo a estos hechos con la acción de instalar explosivos y banderas alusivas a la organización. Por su parte, las autoridades de esta ciudad también pidieron a la comunidad que esté alerta y que informe cualquier actividad sospechosa en sus comunidades. A pesar del mensaje que dejó el ELN, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, condenó los actos del grupo armado y pidió al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En esta misma fecha, el 11 de abril, también fue hallado un nuevo artefacto explosivo en la vía La Paralela, en Medellín , acompañado de panfletos del ELN. La caja de icopor sospechosa fue vista en la madrugada del martes y verificada por personal de antiexplosivos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó del hallazgo en sus redes sociales y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, aunque el objeto fue abandonado en un sitio sin cámaras de seguridad cercanas. Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, estos casos suceden de forma reiterada por distintos frentes, especialmente el frente Camilo Torres que es el que hace presencia en las zonas urbanas. Para Fernández, el grupo armado estaría enviando varios mensajes. En primer lugar, sostener en el tiempo su presencia en opinión pública, especialmente después de la violenta acción que tuvo lugar hace unas semanas en el Catatumbo, la cual dejó siete personas muertas y nueve heridas; en segundo lugar, expresar con sus acciones que el ELN cuenta con una organización unificada que tiene acciones a nivel nacional, y no necesariamente una desarticulación que medios han descrito entre los delegados de las mesas de diálogo y los frentes de guerra; y en tercer lugar, mostrar su capacidad territorial en el país. Es importante recordar que el ELN y el Gobierno retomaron la mesa de diálogo de paz con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan avanzar hacia la política de Paz Total, por la que el presidente Gustavo Petro ha estado trabajando. Según la investigadora nacional de Pares, este proceso funciona a través de ciclos de diálogo, en los que las delegaciones de las distintas partes, incluyendo el Gobierno, el ELN y la sociedad civil, se reúnen para materializar entre ciclos lo que se va acordando en las mesas. Ver: (Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN) Fernández describe que una vez que se cierra la mesa, las delegaciones vuelven a sus lugares a cumplir acuerdos y a consultar con sus bases sobre qué temas pueden continuar negociando en el siguiente ciclo. Actualmente, nos encontramos entre el segundo y el tercer ciclo, que se llevará a cabo en Cuba. Durante este período, según la investigadora, se ha observado una mayor tensión, especialmente por parte del ELN, hacia el proceso de negociación, teniendo en cuenta la bomba en el Catatumbo, el aumento de retenes, los panfletos y artefactos explosivos instalados en distintas zonas del país. La investigadora nacional afirmó que se espera que en el tercer ciclo de negociación se alcance un acuerdo sobre el cese de hostilidades, ya que hasta el momento el ELN no ha firmado ningún cese. Fernández señaló que, al menos hasta este tercer ciclo, podrían seguir ocurriendo hechos como los registrados hasta ahora, e incluso nuevas acciones. Lo más preocupante son las acciones con explosivos que se instalan en distintas zonas, incluyendo barrios urbano populares y vías transitadas como la Panamericana, ya que podría dejar víctimas civiles ajenas a las hostilidades del conflicto. Por esta razón, se espera que el Gobierno lleve a la mesa de negociación alguna estrategia que permita al ELN acogerse a las exigencias no solo del Gobierno, sino también de la sociedad civil que llama a la participación.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC liderado por Iván Mordisco iniciarán formalmente una mesa de diálogo en los próximos días, en un intento por poner fin a décadas de conflicto armado en el país. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, anunció que el diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC (EMC) ha concluido su fase de exploración, luego de que los altos comandantes de esta organización se reunieron con miembros del Gobierno el pasado 10 de abril en las Sabanas del Yarí, encuentro que fue posible gracias a la suspensión temporal de las órdenes de captura que la Fiscalía había emitido contra 19 miembros de esa organización (Ver: Gobierno y Estado Mayor Central de las FARC iniciarán negociaciones de paz ). A esta reunión asistió el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, miembros de su equipo de trabajo y delegaciones de acompañantes y observadores de organizaciones multilaterales del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y de sectores de fe. En esta fase, el Estado Mayor Central de las FARC comunicó que designará a cinco de sus miembros para integrar el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) nacional, el cual será instalado formalmente el próximo 26 de abril. Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el MVMV es una estructura integrada por múltiples actores institucionales de cooperación internacional y la iglesia. El propósito del MVMV es acercarse a territorios específicos y verificar si se está cumpliendo o no con los ceses al fuego. Cabe añadir que el EMC el pasado 03 de abril había anunciado, a través de un video , que iniciaron la cumbre de mandos en algún lugar de los Llanos del Yarí. Este encuentro reunió a los hombres que lideran los 23 frentes que hacen presencia en diferentes lugares de Colombia. En esta reunión interna, al parecer, se definieron los puntos que ellos pondrían sobre la mesa que se instalará con el Gobierno. En el video se observó a seis comandantes sentados en una mesa en medio de dos banderas. Mientras de fondo suena el himno de la extinta guerrilla, un hombre lee un comunicado en el que expresan su “voluntad política para buscar la paz con justicia social” y piden reciprocidad de las autoridades colombianas. Aunque la reunión estaba prevista para febrero, hubo demoras en la suspensión de las órdenes de captura de varios de los comandantes por parte de la Fiscalía General de la Nación. La posibilidad de realizar esta reunión estaba dentro de los acuerdos a los que llegó el gobierno de Gustavo Petro con esta organización durante la fase exploratoria. En el registro audiovisual aparece Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, quien lidera esta facción de las disidencias y fue el primer comandante que anunció que se apartaba de lo que estaban negociando sus compañeros en La Habana, a través de un comunicado, el 06 de julio de 2016, cuatro meses antes de la firma del Acuerdo. El próximo domingo 16 de abril , desde el departamento del Caquetá, se espera que el grupo armado presente las conclusiones de estos días de reunión que tuvieron y también revele los nombres de los voceros para poder pasar de la fase de exploración a la etapa formal de diálogo . En el inicio de las negociaciones formales se darán a conocer las metodologías de diálogo y los mecanismos de participación, y se nombrarán a quienes integrarán la delegación negociadora por parte del Estado Colombiano. Danilo Rueda aseguró que las negociaciones se llevarán a cabo en un lugar que aún no ha sido determinado y que contarán con la mediación de un grupo de países amigos de la región. Según el investigador nacional de Pares, Francisco Daza, la metodología que podría utilizarse en este diálogo es la implementación de mesas territoriales. Esto significa que, a diferencia de la mesa de diálogo que se está llevando a cabo con el ELN, esta mesa podría desarrollarse en Colombia. Daza destacó que es probable que se realicen conversaciones en la mesa sobre cuestiones territoriales, pero habría que ver si eso implica que al ser territorial haya participación de la sociedad civil, sin embargo, es algo que aún no se ha confirmado. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, destacó la importancia de la mesa de negociaciones como una oportunidad única para poner fin a la violencia en el país. “Estamos comprometidos a lograr una paz duradera para Colombia, y creemos que este proceso de negociación es un paso crucial en esa dirección”, afirmó Rueda. El anuncio de las negociaciones llega después de años de esfuerzos por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo de paz con las FARC. Cabe recordar que en 2016 se firmó un acuerdo histórico que buscaba poner fin al conflicto armado y establecer una paz duradera en el país. Sin embargo, el acuerdo no fue firmado por el Estado Mayor Central de las FARC. Francisco Daza explicó que la mesa de diálogo con el grupo armado EMC posiblemente se basará en algunos puntos del Acuerdo de 2016. Según Daza, el EMC podría tomar algunas partes del Acuerdo con las que no estaban completamente de acuerdo y, a partir de ahí, se establecerían algunos puntos de discusión. Además, mencionó que es probable que se expongan las razones por las que no estuvieron de acuerdo con ciertos temas del acuerdo de ese entonces. Este grupo armado, anteriormente conocido como la disidencia de la línea de “Gentil Duarte” según informes previos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cuenta con varias comandancias lideradas por importantes figuras de las antiguas FARC, como alias “Iván Mordisco”. Dentro del EMC hay diversas comandancias, entre las que se encuentra alias “John Mechas”, quien lidera el Frente 33 y alias "El Mocho”, quien al parecer está a cargo del Comando Coordinador de Occidente, que es una confederación de diferentes frentes y columnas que operan en el Cauca, incluyendo la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño. Además de las columnas mencionadas anteriormente, hay otros grupos dentro del Estado Mayor Central (EMC). El frente Carolina Ramírez, que opera en Putumayo, y el Frente 10, activo en Arauca. El Frente 33 está presente en el Catatumbo, mientras que los Frentes 36 y 18 operan en el nordeste antioqueño. Estos son considerados los principales grupos dentro del EMC. El proceso de negociación será largo y complejo, y se espera que se aborden una amplia gama de temas, desde la reintegración de los combatientes a la sociedad hasta el desarrollo económico de las regiones afectadas por el conflicto. Sin embargo, el hecho de que ambas partes estén dispuestas a sentarse a la mesa de negociación es un paso importante. Cabe destacar que la próxima mesa de diálogo con el EMC sería la segunda negociación formal con grupos armados en el gobierno de Petro, ya que la primera se lleva a cabo actualmente con el ELN y está por iniciar su tercer ciclo. Según el investigador nacional de Pares, esta mesa se diferenciará de la del ELN por su impacto a nivel territorial. Aunque ambos grupos comparten algunas zonas de presencia, el EMC tiene una presencia hegemónica en diferentes partes del país. Por esta razón, se espera que los avances en las voluntades de este grupo se reflejen en el territorio. Además, se espera una nueva agenda que represente un acuerdo 2.0. Esto se diferencia del ELN, que viene con un “pliego” de hace muchos años frente al cual no se movía. El anuncio de la mesa de negociaciones fue bien recibido por la comunidad internacional, que expresó su apoyo al proceso de paz en Colombia. La ONU afirmó que está dispuesta a proporcionar todo el apoyo necesario para ayudar a ambas partes a alcanzar un acuerdo de paz sostenible y duradero. Por último, el investigador nacional Francisco Daza afirmó que el futuro de la mesa de diálogo dependerá de la voluntad real del Estado Mayor Central (EMC) de participar en un proceso de paz total a través de una salida negociada. Asimismo, destacó que la mesa tendrá garantías y futuro siempre y cuando existan bases claras sobre las solicitudes del Gobierno a este grupo armado. Sin embargo, el futuro de la mesa dependerá no solo de la voluntad, sino de los hechos y de la evidencia de que el EMC realmente desee cesar la violencia en las zonas donde tenga presencia.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El Acuerdo de Paz estableció un proceso de reintegración para los excombatientes de las FARC que querían dejar las armas y volver a la sociedad civil. Esto incluyó a muchos jóvenes que habían sido reclutados por la guerrilla cuando eran adolescentes y que ahora enfrentaban el desafío de reintegrarse a una sociedad que los veía como enemigos. El proceso de reincorporación ha sido difícil y complejo, con muchos desafíos y obstáculos para los jóvenes que intentan construir nuevas vidas para sí mismos. Uno de los principales desafíos es la falta de oportunidades económicas. Muchos de los jóvenes reincorporados no tienen educación formal o habilidades técnicas, lo que dificulta su capacidad para encontrar trabajo. Además, muchos de ellos han experimentado traumas y violencia durante sus años en la guerrilla, lo que dificulta su capacidad para adaptarse a la vida civil. Algunos también enfrentan estigmatización y discriminación por parte de la sociedad debido a su pasado como combatientes. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchos jóvenes reincorporados están trabajando duro para reconstruir sus vidas y contribuir a sus comunidades. Algunos están recibiendo capacitación en habilidades técnicas y educación formal, mientras que otros están creando pequeñas empresas y proyectos comunitarios. Por ejemplo, en la región de Urabá, en el noroeste de Colombia, un grupo de jóvenes reincorporados ha creado una cooperativa agrícola que cultiva plátanos y otros cultivos, y ha establecido un negocio de turismo rural para atraer visitantes a la zona. El proceso de reincorporación de los jóvenes de las FARC ha sido un proceso complejo y difícil, pero también un proceso lleno de esperanza y posibilidad. A través de la educación, el trabajo duro y la creatividad, muchos jóvenes reincorporados están encontrando formas de construir nuevas vidas para sí mismos y contribuir positivamente a sus comunidades. La reincorporación de jóvenes en las filas guerrilleras es un tema complejo que requiere un enfoque integral y sostenible. Si bien el proceso de reincorporación de los jóvenes de las FARC ha tenido algunos avances, también se han identificado varios desafíos y limitaciones que deben ser abordados para mejorar el proceso. Con esto en mente, aquí presentamos algunas recomendaciones que podrían hacerse al Gobierno Colombiano en relación con la reincorporación de jóvenes en los diálogos con el ELN, para incluir en la mesa y los ciclos de negociación. Establecer medidas para abordar las causas subyacentes del reclutamiento de jóvenes por grupos armados, como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la exclusión social. Esto implica invertir en programas y políticas que aborden las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades más vulnerables, y que brinden a las jóvenes alternativas reales y viables para su futuro. Fortalecer los programas de educación y capacitación para los jóvenes que buscan reintegrarse a la sociedad civil. Esto implica brindar una educación de calidad y formación técnica que les permita adquirir habilidades y competencias necesarias para acceder a empleos decentes y sostenibles. Además, es importante ofrecer oportunidades de capacitación para aquellos que tienen habilidades técnicas relacionadas con actividades económicas legales, como la agricultura y la pesca. Proporcionar asistencia técnica y financiera para apoyar a los jóvenes que quieren iniciar pequeñas empresas o proyectos comunitarios. Esto implica facilitar el acceso a microcréditos, subvenciones y otros instrumentos financieros que les permitan establecer sus negocios y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades. Fortalecer la atención psicosocial y de salud mental para los jóvenes que han sufrido traumas y violencia durante su tiempo en los grupos armados. Esto implica garantizar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, así como promover la atención y el tratamiento de las secuelas físicas y emocionales del conflicto. Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva para cambiar la percepción pública de los jóvenes reincorporados. Esto implica fomentar la comprensión y el apoyo a los jóvenes reincorporados, así como promover su inclusión social y económica en las comunidades donde viven. En resumen, para abordar eficazmente el tema de la reincorporación de jóvenes en las filas guerrilleras, el Gobierno Colombiano debe implementar un enfoque integral y sostenible que aborde las causas subyacentes del conflicto, y brinde a las jóvenes alternativas viables para su futuro. Esto implica invertir en educación, capacitación, apoyo financiero, salud mental y atención psicosocial, así como promover la inclusión social y económica de los jóvenes reincorporados.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Estado Mayor Central (EMC) de las FARC anunció públicamente este 16 de abril su disposición en establecer una mesa de diálogo con el Gobierno a partir del 16 del mayo. “Anunciamos al mundo entero que nuestros delegados están listos para que la mesa esté puesta el 16 de mayo”, dijo la vocera de esta organización, Ángela Izquierdo, desde los Llanos del Yarí (Caquetá), donde se reunió la disidencia en presencia de su líder, Iván Mordisco, a quien el Gobierno del expresidente Iván Duque declaró muerto el año pasado. Mordisco apareció con un fusil subiéndose a un vehículo, que lo transportó al lugar donde se reuniría con miles de personas, no sólo de la disidencia, sino también de comunidades campesinas invitadas al diálogo de paz. Aunque el comisionado de paz Danilo Rueda no participó de este anuncio organizado por las disidencias este fin de semana, fue él quien logró concretar estos diálogos. Luego de ocho meses de conversaciones exploratorias con Iván Mordisco, Petro anunció hace un mes que el proceso estaba en marcha. Esta mesa de negociación funcionará en forma paralela a la del ELN que está a semanas de retomar la mesa de diálogo en un tercer ciclo de conversación con el gobierno de Petro. El anuncio del Estado Mayor Central de las FARC dejó varias incógnitas. León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), habla sobre algunas de ellas: ¿Cuál es su análisis sobre el anuncio hecho por el Estado Mayor Central de las FARC? Al parecer se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para iniciar las negociaciones el 16 de mayo. Me parece que el Estado Mayor Central está muy bien preparado para esta negociación. Sin embargo, tengo la impresión de que están tratando de emular la negociación que el gobierno de Santos tuvo con las FARC, tratando de hacer una copia de ella, pero con más protagonismo. Al mismo tiempo, veo que el Gobierno está un poco atrasado, ya que aún no han nombrado un negociador para ese grupo ni han conformado un equipo. El Estado Mayor Central está adoptando una actitud más decidida y publicitaria, demostrando su control social en las zonas y su influencia en las comunidades. Han organizado reuniones y están promocionando su grupo de manera ostentosa, lo cual no es bueno. A veces la opinión pública no ve esto con buenos ojos, ya que todavía no se ha negociado nada, no hay ni siquiera un cese real y ya están haciendo una ostentación política y militar que es complicada. ¿Qué otra razón habría por la que el Gobierno no se ha pronunciado al respecto sobre esto? Es que están un poco, digamos, metidos en una negociación múltiple, el ELN, grupos del Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y otros grupos criminales. La conformación de equipos y el establecimiento de una ruta clara de negociación para cada uno de estos grupos marcha muy lentamente. No está claro qué se hará con cada uno de ellos: qué se hará con los unos, qué se hará con las disidencias, qué se hará con las organizaciones mafiosas. Lo que está más claro es la situación con el ELN, pero ya han surgido algunos problemas. La realidad está avanzando más rápido que las propias decisiones del Gobierno y la parte publicitaria de las negociaciones está cobrando fuerza, pero no la parte organizativa. Teniendo en cuenta las negociaciones que se están llevando a cabo con el ELN, ¿qué dificultades pueden surgir al tener agendas paralelas con el EMC? Algunas personas recomiendan enfatizar en una sola negociación y priorizar al ELN como punto de partida para alcanzar la Paz Total. Sin embargo, el Gobierno no está de acuerdo con esta idea y pretende negociar con todos los grupos de manera simultánea. Si ese es el caso, el Gobierno debe construir un plan bien organizado para poder llevar a cabo estas negociaciones. Asimismo, debe formar equipos y nombrar un comisionado que tenga una labor más de coordinación que de protagonismo y que haya un negociador del Gobierno encargado de cada aspecto. La labor del comisionado debe ser la de aportar orientación general y llevar a cabo la coordinación de todas las negociaciones para evitar que se vuelva un enredo. Este es un Gobierno de un país muy grande, con 50 millones de habitantes, una burocracia enorme y una historia muy larga de negociaciones de paz. Desde principios de los años 80 ha tenido 25 experiencias de negociación con grupos guerrilleros, algunos de los cuales ha negociado varias veces, como las FARC y el ELN. En los años 90, el Estado negoció con ocho grupos guerrilleros y logró su desmovilización. Por tanto, la experiencia del Estado Colombiano en negociaciones es enorme y hay mucha gente que sabe de negociaciones en Colombia. Si bien se podrían organizar simultáneamente todas estas negociaciones, se necesitaría construir una capacidad de conducción y un aparato organizativo. Además, se tendría que buscar apoyo internacional. El presidente Santos le prestó mucha atención al plan cuando llegó a negociar, tenía un equipo negociador y asesores internacionales y había establecido una ruta de negociación clara. Es lo mismo que le toca hacer a Petro. Frente a la paz parcial que Uribe logró con las autodefensas y la que Santos alcanzó, Petro proclama una Paz Total con cuatro pilares complejos: un acuerdo nacional para que el proceso de paz no tenga oposición, negociar con todos los grupos, reformas estructurales del país como parte del proceso de Paz Total y la participación activa de la sociedad. A partir de estos cuatro pilares, se debe construir una plataforma para llevar a cabo la negociación, tanto organizativa como un plan para negociar con cada uno de los grupos. ¿Qué piensa sobre la propuesta del EMC de una tregua con el ELN para poner fin al conflicto? Lo primero que hay que hacer es establecer una tregua entre los grupos y el Estado, que consta de dos componentes: un cese al fuego y un cese a las hostilidades. Si se logra un cese al fuego y a las hostilidades entre el ELN y el Estado, junto con uno similar entre los demás grupos y el Estado, se establece un cese entre ellos. Esto significa que el ELN no podrá expandirse, ni utilizar el cese al fuego para reclutar más gente o actuar contra otros grupos. Esto crea una situación en la que se puede formalizar un cese al fuego multilateral, con un nombre específico. Sin embargo, lo primero que se debe hacer es establecer un cese al fuego y a las hostilidades entre los grupos y el Estado, y luego se puede avanzar hacia un cese al fuego multilateral. ¿Qué opina de que el EMC haya convocado a 6.000 campesinos para que asistieran a su anuncio en Los Llanos del Yarí? No hay reglas de juego claras, por lo que los grupos armados están sacando provecho político de los anuncios del gobierno sin comprometerse con nada concreto. El protagonismo político de estos grupos está ganando fuerza y terreno, lo cual plantea una situación compleja. Por un lado, el gobierno de Duque permitió la expansión militar de estos grupos, mientras que el gobierno de Petro está permitiendo su protagonismo político sin todavía tener ningún compromiso de ese grupo, lo cual también es malo. ¿Si el Gobierno le preguntara qué hacer con el Estado Mayor Central, qué recomendaría usted? Yo sugeriría que se proponga retomar el Acuerdo de Paz que se hizo con las FARC y examinar qué fue lo que llevó al EMC a salirse del acuerdo. Deberíamos analizar esos puntos y partir de lo que se negoció con las FARC. De hecho, el jefe de la negociación de la disidencia de “Iván Mordisco” era “Gentil Duarte”, quien estuvo en la mesa de La Habana y se retiró cuando se empezó a discutir el desarme. Ellos están en desacuerdo con el modelo de desarme que se acordó en La Habana, que consistía en una sola ceremonia y dejar las armas en una fecha generalizada. Según mi entendimiento, ellos prefieren un modelo gradual de negociación similar al que se utilizó en El Salvador. Sin embargo, las FARC estaban obligadas a entregar las armas de una sola vez para poder participar en las elecciones de 2018. Si se retoma la negociación con el EMC, se debería enfocar en los puntos específicos que no les gustaron del acuerdo anterior, sin retomar todo porque llevaría mucho tiempo. ¿Cuál sería la metodología de estas negociaciones con el EMC y qué piensa de que este grupo haya propuesto a Noruega para llevar a cabo la mesa de diálogo? Yo veo que ellos (EMC) quieren hacer una especie de camino espejo del que realizaron las FARC y el Gobierno, lo cual sería muy negativo porque sería un proceso muy complicado de negociación, yo creo que el Gobierno debe tomar decisiones rápidas y llegar a un acuerdo rápido con ese grupo y no dejar que ese grupo tenga la iniciativa en la negociación y sea el vocero de esa negociación. El Gobierno está un poco dormido. ¿Si se abriera un proceso con la Segunda Marquetalia, qué podría pasar?, ¿se abriría una nueva mesa con ellos o hasta podría tramitarse todo en la misma que se abrirá con el EMC? En mi opinión, el proceso con la Segunda Marquetalia está muy atado a la resolución del caso de Santrich, que fue una de las causas de que este grupo regresara a la guerra. Este es un tema crítico que se debe aclarar y por lo cual hay una actitud de una comisión internacional. Petro, a pesar de los obstáculos, sigue trabajando diariamente para aclarar este hecho. La Segunda Marquetalia ya había firmado el acuerdo de paz, siendo el jefe negociador del acuerdo de paz Iván Márquez. Sin embargo, él se retiró porque consideraba que se incumplían los términos, especialmente en lo que respecta al caso de Santrich. Por lo tanto, es comprensible la insistencia del gobierno en aclarar este tema, ya que es la principal causa de la disidencia de Iván Márquez. Es poco probable que estos dos grupos se sienten juntos en la misma mesa, ya que el enfrentamiento entre ellos ha sido muy duro. De hecho, sería más fácil sentar a “Márquez” y al ELN que a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central, ya que los miembros de “Iván Mordisco” acusan a los otros de ser arrodillados y traidores. Teniendo en cuenta todo su análisis, con el anuncio que hizo el EMC y las negociaciones con el ELN, ¿cuál es su perspectiva de la Paz Total? La Paz Total es una consigna ambiciosa que ha sido promovida por un presidente que es un vendedor de sueños e ilusiones. Si bien la idea de reducir todas las formas de violencia en Colombia es loable y los cuatro pilares de la estrategia parecen estar bien pensados, el problema radica en el cómo se llevará a cabo el plan. En este sentido, la estrategia contrasta con el enfoque del gobierno de Santos, quien se enfocó no solo en el qué sino también en el cómo y el plan. Finalmente, ¿qué recomendaciones le hace usted al Gobierno de Petro? En cuanto a las recomendaciones que haría al Gobierno de Petro, en primer lugar sugeriría que se defina claramente un plan y un camino a seguir para alcanzar la negociación. En segundo lugar, es importante establecer protocolos claros y formar un equipo de negociación con un responsable principal para llevar a cabo la mesa de diálogo. Finalmente, considero que es urgente instalar dicha negociación de manera inmediata y no permitir que el protagonismo político del grupo interfiera sin que se establezcan reglas claras para ello.