Mapa interactivo que registra la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. VER MÁS

Por: Redacción Pares Durante dos semanas en el programa 6am Caracol con Darío Arizmendi, el subdirector de la Fundación Pares, Ariel Ávila, entrevistó a los 5 candidatos presidenciales sobre sus propuestas para la seguridad de Colombia en el postconflicto. Todos recurrieron a lugares comunes: castigar la reincidencia, aumentar el pie de fuerza, no tocar el presupuesto ni las fuerzas militares ¿En qué se diferenciaron? y ¿Cómo materializarán sus propuestas? Iván Duque Gustavo Petro Humberto de la Calle Sergio Fajardo Germán Vargas Lleras

DESCARGUE AQUÍ Este suplemento se crea con el objetivo de extender el modelo de construcción de paz presentado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en el libro Invirtiendo en el futuro: guía para la construcción de paz desde el sector empresarial, en el que se toma como referencia su desarrollo conceptual y práctico, y se enfatizan las actividades operacionales de las empresas del sector de turismo, considerando el contexto respectivo en términos de relevancia para la economía nacional. Se utilizó el modelo de construcción de paz y las dimensiones expuestas por PARES, y su relacionamiento con el sector, con lo cual se pretende definir campos de acción puntuales que logren vincular a poblaciones priorizadas y a los territorios con las operaciones ejecutadas por las empresas. El empresario, entonces, podrá introducirse en una serie de asuntos relevantes para el sector directamente relacionados con las cuestiones importantes en temas de paz, lo que le permitirá acotar los retos que enfrenta en un escenario de postconflicto. En esa medida, a través de una identificación en detalle de la cadena de valor del sector, y uniéndose con el programa de “Turismo y Paz” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit), le permitirá establecer el marco necesario para facilitar la toma de decisiones dentro del sector al sumarse y tomar acción sobre las estrategias de generación y promoción de paz. Así, se entiende la participación del empresario en la construcción de paz a través de modelos de inversión social que se puedan relacionar de manera sistémica al desarrollo de una estrategia de responsabilidad social que invite al sector a acercarse a estas iniciativas de sostenibilidad, con un enfoque de valor compartido en el que genere valor para la empresa y al mismo tiempo valor para la sociedad. Finalmente, el análisis transversal que se da a lo largo del suplemento sectorial permitirá al empresario identificarse como actor relevante dentro de los retos y las oportunidades que ofrece el sector, entendiendo de manera directa su posición dentro de la cadena de valor, aplicando la identificación de grupos de interés y asuntos materiales, y llevando a cabo las acciones que pretenden generar el aporte a la construcción de paz conectadas con las dimensiones y que les permita aportar al marco del desarrollo sostenible del territorio y de la empresa.

Por: Carlos Montoya Cely, Coordinador de Conflicto, paz y postconflicto-Pares La escena parece sacada de una película de Fernando Vallejo: cuatro hombres fuera de un local comercial en el centro de Maicao, en La Guajira. Un sicario se acerca en moto, él y quien conduce disparan varias veces contra sus víctimas. Antes de huir, cuando los hombres ya están en el suelo, el sicario vuelve a disparar. Los remata con sevicia y se fuga. La noticia fue trasmitida en el noticiero de medio día. El hecho es tan aterrador como nuestra costumbre frente a estos eventos. Parece que estamos condenados a vivir en el miedo. Sólo así se puede entender cómo en tiempos de construcción de paz y esperanza, el candidato con tiquete asegurado para segunda vuelta, y altas probabilidades de llegar a la presidencia, Iván Duque, es el único que de manera decidida representa el reciclaje de la guerra y todas las expresiones de violencia. Y con todas las expresiones de violencia me refiero a la forma como el uribismo entiende la sociedad colombiana. No sorprende que sea el favorito. Si nuestro silencio contra la violencia ha sido tan prolongado, y nuestra relación con la tragedia tan normalizada. Si no sentimos estupor ante la muerte violenta de cientos de colombianos que mueren a diario, entonces mucho menos podremos reconocer la zozobra de hombres y mujeres que sobreviven sin servicio de salud, agua potable, electrificación, escuelas y demás servicios que dignifican la vida. Y sin embargo, la elección de Duque como representante del uribismo es casi una acción magistral. Es joven, carismático y hasta hace unos meses absolutamente anónimo. La última característica, que en este contexto no debería generar ningún valor, se convierte en su mayor virtud dados los antecedentes de cada uno de los representantes de esta colectividad. En todos los espacios en los que tiene oportunidad, Duque advierte que su gobierno “no tendrá un espejo retrovisor”, tratando de alejarse  de las casas políticas que aliadas con los paramilitares apoyaron entre 2002 y 2010 a Álvaro Uribe. Durante la primera parte de la campaña se quiso mantener lejos de estos apoyos, pero como era de esperarse, esto no fue posible, en tarima se dejó ver con Nadia Blel, hija y heredera del parapolítico Vicente Blel (quien al parecer  también compartió tarima con el candidato), Giovanny Meza, representante de Enilce López “la gata” (vieja aliada del uribismo) y esposo de la representante Karen Kure; Sandra Villadiego, esposa y heredera del parapolítico Miguel Ángel Rangel y Emeterio Montes, quién llegará a la cámara el próximo 20 de julio y es sobrino y heredero de William Montes, otro condenado por parapolítica, tampoco se puede olvidar el apoyo del kikismo desde La Guajira, y otros sectores cuestionados que han querido limpiar su imagen con herederos y ahora se proyectan bajo la falsa renovación que personaliza Iván Duque. Ni su juventud e intención de representar una nueva generación, ni su anonimato para mantenerse lejos de las casas políticas relacionadas con el paramilitarismo podían quedar ocultas cuándo es sabido que su círculo de apoyo encarna la clase política que emergió de la mano del paramilitarismo. Que no se olvide que todos los parapolíticos que hoy levantan las manos con Duque, tienen responsabilidad en el periodo más violento en la historia de Colombia, el 42% de las víctimas del conflicto armado se produjeron mientras ellos, desde la legalidad, patrocinaban política y económicamente a las autodefensas, han sido ellos quienes se han encargado de reciclar la guerra y en consecuencia, de normalizar la violencia. Como diría Maturana: es notable que la historia de la humanidad sea historia de guerra. Que difícil resulta convencer a quienes han vivido bajo el temor de la guerra, que la paz y la trasformación es posible, que seguramente será un proceso largo, pero que no estamos condenados a seguir escribiendo nuestra historia bajo la normalización de las violencias, que la historia de la humanidad no es en realidad la de la guerra, y que pese a los inmensos retos, estamos ante una oportunidad única de revertir la historia, no votemos por quienes nos han obligado  a vivir en el miedo, a quienes representan la continuidad de las violencias.

Por: Redacción Pares La sociedad civil se moviliza para pedirle a los candidatos del sector pro paz que se comprometan a hacer campaña juntos para la segunda vuelta. ¿La razón? No regresar al pasado de la guerra. La carta va dirigida a las candidaturas de Humberto de la Calle y Clara López; Sergio Fajardo y Claudia López; Gustavo Petro y Ángela María Robledo para que se comprometan en cinco puntos fundamentales. —————————————————– PROPUESTA DE PACTO DE GOBIERNO QUE SE PRESENTA A TODAS LAS FUERZAS Y PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA PAZ, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD. Bogotá D.C., 22 de mayo de 2018 Candidatura de Humberto de la Calle y Clara López Candidatura de Sergio Fajardo y Claudia López Candidatura de Gustavo Petro y Ángela María Robledo A todas las fuerzas y personas comprometidas con la Paz, la Transparencia y la Equidad. Los abajo firmantes nos contamos entre los millones de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con alguna de las campañas encabezadas por ustedes. Creemos que es necesario esforzarnos al máximo para que nuestros respectivos candidatos obtengan la más copiosa votación posible en la primera vuelta el próximo 27 de mayo. Estamos también persuadidos de que para hacer posible la victoria de una opción democrática con compromiso social, en una eventual y casi segura segunda vuelta, se requiere que las tres campañas mencionadas, y muchas otras fuerzas democráticas, converjan en una coalición que culmine en un gobierno compartido. El interés y la confianza que tal coalición suscite afianzarán la posibilidad de un proceso de transformaciones, en un marco institucional de pleno acatamiento a los principios del estado social de derecho. No se nos oculta que entre nuestras fuerzas existen respetables diferencias e, incluso, recelos significativos. Precisamente el ejercicio de la política en un país que definitivamente está transitando de la guerra a la paz y del bipartidismo hacia un sistema de múltiples partidos y corrientes de opinión, implica aprender a construir gobiernos democráticos con base en acuerdos sobre lo fundamental, pero también sobre lo posible en el respectivo momento histórico, guardando el respeto por las diferencias que se seguirán procesando por las vías democráticas. Es necesario asumir que la coyuntura le ha entreabierto a la sociedad colombiana una estrecha y frágil oportunidad de consolidar su maltrecha unidad nacional y territorial a fin de hacer realidad, finalmente, de manera efectiva, esa república unitaria, descentralizada y democrática, a la cual alude el artículo 1o de nuestra Constitución. Un componente fundamental de esta oportunidad radica en la rigurosa observancia de los acuerdos de paz ya suscritos, y que se suscriban en el futuro, y en el cumplimiento del imprescindible pacto que ha de materializarse para sacar las armas de la política, sin permitir interferencias foráneas en un asunto en donde el pleno respeto de la soberanía nacional es condición sine qua non de la convivencia entre los colombianos. Por ello, consideramos una responsabilidad histórica, sobre la cual tendremos que rendir cuentas en el futuro, el ser capaces de lograr entre las fuerzas progresistas de Colombia un amplio entendimiento sobre aspectos centrales del ejercicio de la política y de la conducción del Estado, a fin de constituir un gobierno de unión y cambio que se fundamente en: La construcción de una coalición basada no en simples adhesiones sino en una plataforma común y un ejercicio de gobierno compartido con claro sentido de pluralidad y corresponsabilidad. La consolidación de un Estado social de derecho, en un contexto de reconciliación y convivencia, que garantice el ejercicio de la igualdad política y las libertades públicas, la inclusión de los más débiles; la práctica integral de los derechos sociales y ambientales; el ejercicio político con apego a una ética comprometida con la total primacía de lo público, sin privilegios, ni corrupción; el respeto a la propiedad basada en el trabajo, la capacidad de innovación y el estímulo a la iniciativa empresarial. La integración nacional orientada especialmente al desarrollo e incorporación de los territorios marginados, las economías campesinas y las comunidades étnicas, las regiones rurales y las barriadas urbanas. De este propósito de integración nacional hace para la Reforma Rural Integral. El desarrollo de relaciones respetuosas y constructivas con nuestros vecinos, el continente y el mundo, a partir de un claro y firme sentido de soberanía, autodeterminación y no intervención. La promoción de una cultura de reconocimiento de la diferencia, encaminada a crear nuevas maneras de hacer la política para superar tanto la exclusión como la fragmentación. La memoria y verdad histórica contribuirán a esta nueva cultura. A ustedes, y a todos los hombres y mujeres decididos a vivir en paz, con transparencia y en creciente justicia social y ambiental, nos corresponde asumir esta responsabilidad con el presente. Porque confiamos en su compromiso con Colombia, les invitamos a considerar con toda atención la propuesta de coalición programática para un pacto de gobierno que aquí se esboza lo cual, sin duda, concitará una mayor confluencia de fuerzas a fin de triunfar por amplio margen en la segunda vuelta el 17 de junio. Firmas iniciales: Daniel Garcia-Peña, Patricia Lara, León Valencia, Chila Pineda, Luis Carlos Avellaneda, Luis Guillermo Pérez, Augusto Trujillo, Marco Romero, Humberto Molina, Juan Tokatlian, Arlene B. Tickner, Francisco Leal Buitrago, Alpher Rojas, Alonso Ojeda, Carlos Becerra, Rocío Londoño, Clara Pardo, Medófilo Medina, Jorge Iván González, Jorge Franco, Ciro Roldán, Jaime Caicedo, Fernando Osorio Cuenca, Miguel Perdomo Lince, Humberto Leyton, Jairo Rivera, Rodrigo Rojas, Jairo Rivera Henker, Luis Jairo Ramírez, Liliana Galindo Ramírez, Gonzalo Arcila Ramírez, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Fabio Mojica, Luis Celis, Gloria Cuartas, Dídima Rico Chaparro, Mauricio Betancourth, Carlos Arturo Velandia, Mauricio Romero, Andrei Gómez, Fabián Acosta, Luis Felipe Neira, Fabio López de la Roche, María Tila Uribe, Pilar Trujillo Uribe, Carlos Mario Perea, Román Vega, Guillermo Cardona, Efraín Villamil, Jaime Parra, Jorge Roa, Ángel Gutiérrez, Edna Bonilla, Luz Marina Escalante, Fabio Zapata, Hernando Gómez, Alberto Téllez Iregui, Alberto Chavarro, Luis Sandoval. Encuentro de dos centenares de Dirigentes Sociales de distintos sectores y localidades de Bogotá, reunidos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, el 24 de mayo, para ultimar preparativos frente al 27 de mayo. Francia: Olga Lucía González, Miguel Vargas, Rodrigo Restrepo. Suecia: Víctor Rojas. España: Yolanda Villavicencio, Guillermo Pérez Flórez, Gustavo Vivas, Dorys Ardila, Camilo Sandoval

Por: Redacción Pares DESCARGUE AQUÍ Este documento busca presentar a las empresas del sector extractivo acciones estratégicas que pueden desarrollar para contribuir a la paz. El documento le ofrece a la empresa una visión generalizada del comportamiento del sector en el país y un acercamiento a las obligaciones que por ley las empresas del sector deben cumplir. El propósito es entender el impacto de este sector en la economía nacional e identificar las acciones que desarrolla actualmente la empresa para mitigar el impacto en el marco de la ley. De igual manera, se presentan oportunidades para la empresa en acciones de responsabilidad social de distinta índole para así relacionarlas con las diferentes dimensiones de construcción de paz y promover acciones empresariales estratégicas con enfoque de paz. Adicionalmente, el documento propone una manera práctica de entender la cadena de valor tanto de las empresas de minería como de las empresas de hidrocarburos, con el fin de identificar momentos en común durante los cuales las empresas se relacionarán de manera diferenciada con sus grupos de interés, y tendrán prioridades y asuntos relevantes de acuerdo con las actividades que realizan, en las que podrán desarrollar acciones de responsabilidad social específicas a las características de su operación. Para asegurar que las acciones que desarrollan las empresas de este sector se enmarquen en la construcción de paz, se definen los criterios que les permitirán comprender sus acciones estratégicas con base en la población y el territorio. Reconocer las particularidades del territorio y las dinámicas de la población le indica a la empresa qué acciones realmente contribuyen a la construcción de paz en zonas específicas. Por esta razón, el documento define claramente qué tipo de poblaciones serán priorizadas en este enfoque y los territorios específicos en los que deberían concentrarse. Por último, es importante tener en cuenta la particularidad del actuar de las empresas que operan en este sector y su relacionamiento con la comunidad durante todas las etapas de la operación. Por eso, se plantean acciones que dan viabilidad a la operación o actividad de las empresas, con lo cual generan valor tanto para la comunidad como para la empresa.

Por: Redacción Pares DESCARGUE AQUÍ Terminar con más de medio siglo de conflicto armado en Colombia implica mucho más que desmovilizar combatientes, acabar con las estructuras armadas ilegales o que el Estado recupere el monopolio de las armas. Después de firmar el acuerdo para la terminación del conflicto armado, se inicia realmente el proceso para la consecución de una paz estable y duradera, que implica múltiples retos y el compromiso de todos los agentes del Estado, así como del sector privado, la academia y actores de la sociedad civil. Sobre este proceso, se han desarrollado algunos esfuerzos para integrar diferentes actores y proponer mecanismos que promuevan el compromiso frente a la construcción de paz. Un ejemplo de esto es la labor realizada por la Fundación Paz y Reconciliación-Pares con el libro Invirtiendo en el futuro: guía para construir paz desde el sector empresarial en Colombia (2017), en el cual se propone una serie de acciones agrupadas en cinco dimensiones: 1) socioeconómica, 2) tejido social y cultura de paz, 3) gobernanza y fortalecimiento institucional, 4)seguridad y 5) responsabilidad social y derechos humanos (PARES, 2017). Este documento se enfoca en la dimensión socioeconómica, en la cual plantea que entre los principales retos que tiene el proceso de construcción de paz se encuentra la necesidad de promover el desarrollo económico del país y de disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la población afectada por el conflicto armado, especialmente en las zonas que han sido más afectadas. Esto, a través del establecimiento de oportunidades económicas que generen inclusión para las poblaciones priorizadas para el postconflicto (PPP). Por tal razón, se propone una ruta que ilustre a las empresas sobre el proceso que pueden seguir si deciden aportar a la construcción de paz desde la ruta socioeconómica. Esta ruta considera, en primer lugar, los procesos de empleabilidad y está orientada a explicar cómo pueden participar las empresas en la implementación de programas de empleabilidad para víctimas, excombatientes y miembros de la Fuerza Pública heridos en combate (PPP), que incluyen la formación para el empleo, la generación de habilidades blandas y el proceso que puede seguir una empresa para la vinculación laboral de estas poblaciones.

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: a menos de 48 horas de las elecciones presidenciales ¿la Registraduría dará las garantías necesarias para el proceso electoral? ¿Qué dicen los partidos, la fiscalía y la propia Registraduría sobre el tema? Desde Pares hicimos un informe sobre irregularidades en las elecciones del 11 de marzo cierto y responsable y llamamos la atención sobre la necesidad de una auditoría y un monitoreo riguroso en las presidenciales, eso y sólo eso, los ataques a las denuncias han sido desmesurados — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de mayo de 2018 El mensaje del gobierno, de la registraduría y de la Fiscalía debería ser que investigará a fondo quienes le hicieron el grave fraude al Partido Mira en 2014 y quienes cometieron irregularidades en las elecciones de marzo, en vez de atacar a quienes alertamos sobre esos hechos — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de mayo de 2018 El Consejo de Estado hizo una descripción minuciosa del fraude al Partido Mira en 2014 y @parescolombia presentó varios casos documentados de fraude en marzo de 2018 y la Fiscalía, el gobierno y la Registraduría en vez de lanzar una ofensiva sobre las mafias nos ataca a nosotros — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de mayo de 2018 La @FiscaliaCol debería contarnos en que va la investigación penal sobre el fraude al Partido Mira y sí está tomando nota de lo acontecido el 11 de marzo, con eso se enviaría un mensaje a las mafias, se intimidaría a quienes cometieron esos delitos, prevendría algún intento el 27 — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de mayo de 2018 Estaremos pendientes https://t.co/61bXvK2kcF — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 20 de mayo de 2018

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad Durante 3 años le he hecho seguimiento a las redes políticas en algunos departamentos del país, su modus operandi y sus resultados. Sin duda alguna, estas elecciones marcaron una diferencia sobre el análisis de estas variables. Sus transformaciones reflejan la necesidad de cuestionar la forma de hacer política. El mejor ejemplo para entender la complejidad de la dinámica clientelista y de poderes subnacionales es la candidatura de Germán Vargas Lleras. Aunque esto no significa que los demás candidatos no hagan uso de estas prácticas. La trayectoria de Vargas Lleras en la política del país ha sido toda una escuela tanto en los cargos que ha ocupado: desde concejal, senador y actual candidato a la presidencia; como en las transformaciones de sus estrategias políticas por la carrera a la casa de Nariño. Un dato curioso es que Vargas puso su propia vara en la cantidad de votos por los que fue reelegido senador en 2002 con 210.499, fue el congresista más votado de la historia del país. Y luego, en 2006 con 223.330 votos, obteniendo el mismo título. Esta vara no había sido probada hasta las pasadas elecciones del 11 marzo, cuando el senador Álvaro Uribe alcanzó los 875,554 votos y Antanas Mockus 540,783 votos, configurándose, ambos, por mucho, como los nuevos senadores más votados de la historia de Colombia. Hace 10 años Vargas Lleras figuraba en la vida política como un líder de opinión. De hecho, su capital político se debía en gran medida a eso. Lo que sucedió después de fundar el partido Cambio Radical, fue que la competencia electoral se configuró a partir de la política tradicional, las maquinarias, el clientelismo y el aval a personajes mafiosos: como el caso de Kiko Gómez y Oneida Pinto en La Guajira. En suma, Vargas Lleras sacrificó la opinión por esa política corrupta, y hoy el país, luego de haber salido del letargo del conflicto armado con las FARC, se lo cobra. En las encuestas Vargas Lleras no despegó. Se llegó a rumorar que sus mayores aliados, los Char en Barranquilla, se irían con Iván Duque. Los mismos copartidarios se fueron a coquetearle a las huestes uribistas. Y en este momento, Vargas no es un candidato realmente fuerte. Si Vargas perdió el voto de opinión y sus aliados dudan sobre sus posibilidades ¿Dónde están las maquinarias? Yo llevo particularmente estudiando los casos más complejos sobre la famosa mermelada y el funcionamiento de la corrupción en territorios afectados por este flagelo como Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia y La Guajira; y desde mi percepción, las maquinarias no son las mismas de hace 4 años.  En 2014 existía Odebrecht, se repartió mermelada para la reelección de Juan Manuel Santos y se hicieron alianzas perversas para alcanzar la Presidencia. Hoy, el escenario es austero. El país se encuentra en una crisis económica aguda que también afectó las maquinarias. Si en 2014 se compraban votos a 150 mil por persona, 1 millón de pesos por líder barrial y 30 millones de pesos por concejal; en estas elecciones el flujo de caja no existe, muchas tiendas electorales se cerraron y varios caciques políticos se fueron a la cárcel. El escenario electoral hace 4 años estuvo adornado por conciertos, fiestas e invitaciones de personajes con nombres rimbombantes, pero todo eso dejó de suceder desde las elecciones legislativas de 2018, cuando la competencia entre las maquinarias llegó a tal punto, que en algunas regiones los compradores de votos tuvieron que compartir las planillas entre los partidos con los nombres que le daban los líderes para que no les cobraran lo mismo a todos. En otras palabras, el nivel de corrupción llegó a tal punto, que entre algunas campañas tuvieron que cuidarse de la corrupción de los electores. El hijo se les creció más de lo que pensaban. Las diferencias promedio de las últimas encuestas entre Duque y Vargas Lleras, y Petro y Vargas Lleras, llegan a los 20 puntos porcentuales desfavoreciendo a Vargas. El coscorrón y su actitud grosera con la gente quedó fielmente reflejado ahí. Aunque muchos creen que estas diferencias pueden ser superadas con la maquinaria, lo cierto es que no se ha demostrado que este mecanismo alcance, en primera vuelta, a reducir una brecha tan abrupta. La ciudadanía, luego del proceso de paz, se dio cuenta de que el problema real de este país es la corrupción, que los políticos ya no pueden sobrevivir a punta de maquinarias y aprovecharse de la miseria de la gente. Ni qué decir del camaleón religioso de Iván Duque, quien aparece arrodillado por la mañana en la iglesia católica y por la tarde está siendo ungido por los cristianos. Así que, señor lector, si usted es de los que cree que la maquinaria no va a salvar a Vargas Lleras porque este país merece algo mejor que él y Duque, lo invito a que vote este domingo por las candidaturas que pueden hacer un cambio: Fajardo, Petro o De la Calle. Tal vez así, a futuro, el país pueda responder a la pregunta diciendo  “Ya no existen las maquinarias”.

Por: Redacción Pares DESCARGUE AQUÍ Actualmente, existen importantes esfuerzos dirigidos a orientar a diferentes actores interesados en desarrollar acciones que contribuyan a la superación del conflicto armado en el país. Una muestra de este trabajo es la propuesta construida por la Fundación Paz y Reconciliación -PARES con el libro Invirtiendo en el futuro: guía para construir paz desde el sector empresarial en Colombia (2017), en el cual se propone una serie de acciones agrupadas en cinco dimensiones: 1) socioeconómica, 2) tejido social y cultura de paz, 3) gobernanza y fortalecimiento institucional, 4) seguridad y 5) responsabilidad social y derechos humanos (PARES, 2017). De acuerdo con la propuesta, la dimensión de tejido social y cultura de paz se orienta el trabajo hacia la atención de las afectaciones sociales que ha dejado el conflicto armado en las comunidades. A su vez, reconoce la importancia de la reconciliación y la reconstrucción de la memoria histórica para entender el pasado y construir nuevas narrativas que permitan a las comunidades transformar positivamente sus vidas. Así mismo, esa propuesta plantea la necesidad de propiciar escenarios en los que se promueva la convivencia y la cultura de paz, por medio de procesos que incidan en la reducción de los comportamientos violentos que se han generalizado en la población, como consecuencia de la prolongación en el tiempo de la confrontación armada. Debido a lo anterior, con el propósito de orientar a las empresas interesadas en aportar a la construcción de paz desde la dimensión de tejido social y cultura de paz, este documento establece una ruta que ilustra el proceso que pueden seguir los empresarios, en el que se exponen los diferentes momentos con una serie de recomendaciones, experiencias y herramientas que favorecerán su trabajo.

Por: Redacción Pares DESCARGUE AQUÍ La construcción de paz es una responsabilidad colectiva y todos los actores de la sociedad están llamados a participar activamente en el proceso. Por esta razón, la Fundación Paz & Reconciliación- Pares, con el apoyo de la Embajada Británica en Colombia y en alianza con entidades estratégicas del Gobierno nacional y el sector empresarial, ha diseñado una guía de construcción de paz para las empresas que operan en Colombia y está desarrollando distintos proyectos piloto en varios territorios del país. Dentro de dicha estrategia de acompañamiento al sector empresarial en proyectos de construcción de paz, Pares ha creado una serie de talleres en derechos humanos y construcción de paz para la población que ha sido afectada por el conflicto, con el objetivo de familiarizar a las empresas, a la sociedad civil y a las entidades locales con ambos conceptos y motivar la reflexión sobre la cultura de paz en los ámbitos personales, familiares, comunitarios y en general como ciudadanos, a fin de mejorar sus capacidades para hacer respetar sus derechos y ser actores activos en la exigencia, veeduría y construcción de una sociedad más pacífica. Los ejes temáticos abordados en los talleres se dividen en dos partes: los derechos humanos y la construcción de la paz.

Este artículo resume los principales resultados del capítulo 3 del libro La minería en el posconflicto. Un asunto de quilates, de León Valencia y Alex Riaño (2017, Ediciones B). Por Óscar Iván Pérez H. y Sara Catalina Guío Q, Investigadores de Conflictos asociados al desarrollo-Pares El cierre de la primera década del siglo XXI significó un periodo de bonanza inusitada para el sector extractivo en Colombia. En los cinco años transcurridos entre 2008 y 2013, su Producto Interno Bruto (PIB) creció más de 50%, logrando convertirse en el primer exportador del país y el principal receptor de la inversión extranjera directa (IED). Las exportaciones de minerales e hidrocarburos y los flujos de IED en el sector tuvieron crecimientos incluso más sorprendentes que el del PIB extractivo, hechos que, en conjunto, llevaron a que el gobierno de Juan Manuel Santos lo catalogara como una de las locomotoras del crecimiento colombiano. La bonanza del sector no solo disparó la producción y la inversión, sino también los conflictos sociales relacionados con la extracción de recursos naturales no renovables (RNNR). Así, mientras en 2003 se registraron 2 nuevos conflictos sociales en el sector, en el año 2011 –el año con mayor conflictividad y uno de los picos de producción-, se presentaron 24 nuevas conflictividades. En vista de ello, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, con el apoyo de la Fundación Ford, construyó una base de datos que registró los conflictos sociales desatados en el sector minero-energético entre 2000 y 2016. Por conflictos sociales del sector minero-energético se entienden procesos en los que dos o más actores sociales, interdependientes y relacionados directa o indirectamente con la explotación de recursos naturales no renovables (RNNR), consideran que sus intereses se contraponen y realizan acciones para hacer prevalecer los suyos frente a los del otro. En total, la base de datos cuenta con 179 conflictos sociales relacionados con RNNR, tales como petróleo, oro, carbón, agua-acuíferos, cobre, hierro, plata, molibdeno y níquel, entre otros. La base de datos se construyó en un proceso de tres etapas: identificación, verificación y documentación. En la primera, a partir de las bases de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Environmental Justice Atlas (EJAtlas) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se elaboró un listado inicial de conflictos sociales del sector minero-energético, el cual, en la segunda etapa, por medio de una triangulación de datos con fuentes de prensa -tales como El Tiempo, El Espectador, Semana y La Silla Vacía, se verificó, validó y complementó el listado inicial. En la tercera etapa se documentaron los conflictos sociales que cumplieron con los criterios mínimos de inclusión: 1) existencia de conflictos sociales en torno de la explotación de RNNR, 2) manifestación de los conflictos sociales por medio de movilizaciones visibles, y 3) conflictos sociales acontecidos durante el periodo 2000-2016 (aunque podrían haberse originado en el periodo anterior). De acuerdo con este orden de categorías, los once principales resultados del análisis estadístico de la base de datos son: Las extracciones de petróleo, oro y carbón concentraron el 87.2% de los conflictos sociales. Por volumen de explotación, estos tres RNNR son los más importantes del país. Alrededor de la etapa de explotación se desataron el 83% de las conflictividades; las etapas de exploración y cierre concentraron, cada una, el 13% de las conflictividades. La extracción formal agrupó el 85% de los conflictos sociales, seguida de lejos por las extracciones de tipo informal (13%) e ilegal (12%). En orden, las causas detonantes de los conflictos sociales fueron: sociales (83.2%), económicas (70.4%), ambientales (57.5%), de gobernabilidad de los recursos (57.0%) y conflicto armado (21.8%).  A su vez, las subcausas detonantes de los conflictos sociales más recurrentes fueron: “Agua”, con 49%; “Prácticas laborales y trabajo digno”, 46%; “Consecuencias económicas indirectas de la actividad”, 46%; “Violación de derechos humanos no relacionadas con el conflicto armado”, 36%; y “Tierra”, 34%. Los grupos que más se movilizaron en los conflictos sociales fueron comunidad local, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y trabajadores. No obstante, la comunidad local fue por mucho el grupo que más se movilizó, pues estuvo involucrada en 7 de cada 10 conflictividades, cifra que supera en casi 100% la participación de campesinos, organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y trabajadores. Las duplas de actores que se enfrentaron en el mayor porcentaje de conflictos sociales fueron: actores formales y comunidades locales (68.2%), comunidades locales y Estado (34.1%), actores formales y Estado (24.6%), trabajadores y actores formales (21.8%) y mineros artesanales/ informales/ilegales y Estado (15.1%). La protesta social fue la forma de movilización más utilizada, con presencia en 7 de cada 10 conflictividades. Le siguieron acciones jurídico-administrativas y vías de hecho, la primera presente en el 46.4% de los conflictos sociales y la segunda en el 41.9%. De acuerdo con el comportamiento de la explotación de RNNR, el periodo 2000-2016 se divide en tres momentos: pre-boom(2000-2006), boom (2007-2013) y estancamiento (2014-2016). El primero concentró el 19.6% de los nuevos conflictos sociales, el segundo el 77.3% y el último el 3.1%. El 43% de los conflictos sociales se desataron en Antioquia, Boyacá, Santander, Cauca y Meta, con Antioquia registrando el doble de conflictividades que los otros cuatro departamentos siguientes. Los municipios con más conflictividades fueron, de mayor a menor, El Paso y La Jagua (Cesar), Puerto Gaitán y Castilla la Nueva (Meta), Barrancabermeja (Santander), Barrancas (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Ventaquemada (Boyacá). El 41.4% de los municipios con presencia de conflictos sociales relacionados con el sector extractivo también hacen parte de los municipios vulnerables frente al postconflicto, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad creado por Pares (Los retos del postconflicto, de León Valencia y Ariel Ávila). La coincidencia entre ambos tipos de municipios ocurre principalmente en ciertas zonas de departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Meta. La base de datos de Pares es más amplia y completa que las de CINEP, EJAtlas y OCMAL, puesto que las integra y las complementa con datos provenientes de prensa, incluye variables no consideradas por ellas –tales como etapa de producción, tipo de extracción y actores en conflicto– y, finalmente, analiza a un nivel más profundo los aspectos relacionados con las causas y las subcausas detonantes de las conflictividades asociadas al sector minero-energético. CONSULTA LA BASE DE DATOS AQUÍ La validación de datos consistió en verificar que dos o más fuentes confiables comunicaran información equivalente, mas no en el chequeo de la veracidad de los datos registrados. Así, por ejemplo, si dos o más fuentes mencionan que un proyecto minero-energético generó daños en la salud o el medio ambiente, la base de datos registra esa información, pero no certifica que tales daños –en caso de existir– hayan tenido como causa fundamental el proyecto en mención. La misma lógica aplica para todos los casos, sobre todo para aquellos en que se afirma que las actividades extractivas estuvieron articuladas con lógicas o actores de carácter ilegal o criminal. En este sentido, la base de datos, más que verificar la veracidad de las motivaciones de los actores para movilizarse y entrar en conflictos sociales explícitos, lo que hace es transmitir su sentir y su pensar, de acuerdo con lo informado por los medios de comunicación y lo documentado por otros actores, como la academia, los centros de investigación y las ONG´s.