Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares A poco más de una semana de la primera vuelta presidencial todo parece indicar que aquella frase de que los colombianos en primera vuelta votan con el corazón y en segunda con la razón, esta vez será errada. Con una contienda electoral como la actual, es muy posible que los últimos 15 días de la campaña y sobre todo el día de las elecciones, definan muchas de las preferencias, es decir, mucha gente decidirá su voto, más de un 10 por ciento de los votantes escogerán ese día. Pero sobre todo, con el actual mapa electoral es muy probable que el segundo, tercero y cuarto lugar queden muy cerca, con diferencias pequeñas. Todo dependerá del voto útil. Tal vez uno de los casos más complicados se encuentra en el centro del espectro político, donde están Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. La conclusión es muy sencilla: si los votantes de Humberto de la Calle se escurren, los últimos días antes de elecciones, hacia Sergio Fajardo, es muy probable que Fajardo logre pasar a segunda vuelta. De no ser así, lo más probable es que pase Petro y el país se defina entre los dos extremos del espectro político (Duque o Petro), o que en medio de la disputa entre Fajardo y Petro por el segundo puesto se cuele Vargas Lleras, y así la disputa en segunda vuelta sea entre las dos derechas. Los votantes de centro, en su mayoría son de opinión, se ubican en las grandes ciudades y en general ambos candidatos tienen aparatos políticos débiles. Fajardo es un candidato que ha logrado despertar una ola verde en la juventud, su estrategia de recorrer 100 universidades dio frutos importantes, además es un candidato que no polariza, del cual nadie desconfía y por el contrario su experiencia en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia le da tranquilidad a sus votantes de que el país será bien gobernado. Es un candidato preparado y ha demostrado seriedad cuando ha gobernado. En las últimas encuestas Fajardo viene subiendo, en algunas encuestas tres, en otras, cuatro puntos.  Humberto de la Calle es tal vez uno de los últimos estadistas que le quedan a Colombia, o al menos, el más lúcido desde López Michelsen. A pesar de venir del viejo establecimiento se ha renovado políticamente y ha creado un grupo importante de seguidores a partir de una ideología liberal reformista, sus posiciones sobre minorías sexuales, la dosis mínima y el tema de impuestos lo hacen ver como uno de los políticos más de avanzada en el país. Además, Colombia le debe la negociación de paz de La Habana. Seguramente en algunos años, cuando pase la polarización y el país abra los ojos, Humberto de la Calle pasará a la historia como uno de los ciudadanos colombianos más grandes de del siglo XXI. Pero su candidatura es inviable, apenas llega a 3 o máximo 5 puntos en las encuestas electorales, mientras que Fajardo está entre los 14 y 17 puntos en las preferencias. Así las cosas, de una forma racional, aquellos colombianos que no quieren vivir entre extremos, que no quieren el pasado corrupto y mafioso, pero tampoco las innovaciones políticas arriesgadas, tendrán que definir el día de las elecciones si se inmolan con su candidato del corazón o dan un voto útil para impulsar el candidato del centro, es decir, Fajardo, y votar con la razón y no con el corazón. Algo parecido a lo que pasó en Medellín en el año 2015, en ese momento, la última semana previo a las elecciones, los votantes de Alonso Salazar se deslizaron hacia Federico Gutiérrez para evitar que ganara Juan Carlos Vélez. Este último lideraba las encuestas con cerca de 10 puntos de ventaja sobre Federico, al final, luego del voto útil, Federico Gutiérrez se impuso y hoy es alcalde. Ahora bien, esto también dependerá de la lluvia de encuestas que saldrán en las próximas horas, allí se determinará si Fajardo siguió creciendo o ya se detuvo, y se mirará qué tan cerca está el segundo lugar. Eso determinará ese voto útil. Publicado en Revista Semana

Prólogo del libro Minería en el postconflicto. Un asunto de quilates. Publicado por Ediciones B en 2017. Por León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares El corazón de este libro es una indagación de los graves conflictos sociales que se han generado alrededor de las industrias extractivas desde el 2000 hasta el 2016. Quizás no estén todos los conflictos, pero la cifra de 179 se aproxima bastante a la totalidad de las disputas que se han presentado en un sector vital de la economía del país a lo largo de estos años. La violencia y la ilegalidad presentes en la extracción de los hidrocarburos y minerales – especialmente en la minería del oro donde la explotación ilegal alcanza al ochenta por ciento–; las limitaciones y deficiencias de la legislación y la institucionalidad que controla, regula y fiscaliza las actividades minero-energéticas, o, dicho de otra manera, los graves problemas en la gobernanza del sector; la corrupción y la inequidad en la distribución y la utilización de las regalías provenientes de la explotación de estos recursos naturales no renovables pertenecientes por derecho a la nación; y la urgencia de un reajuste al ordenamiento territorial; estas problemáticas están en la base de estos conflictos. Hasta hace pocos años los conflictos significaban tropiezos superables en la exploración y en la explotación de los recursos naturales no renovables. Las huelgas, los paros, los bloqueos, las protestas de las comunidades y de los gobiernos locales, los ataques guerrilleros y las interferencias de las mafias y los paramilitares, eran obstáculos sorteables por la empresa privada y por el Estado. Esto no es tan cierto ahora. Las empresas nacionales y extranjeras están confesando que su actividad está llegando a un verdadero cuello de botella, que sin una concertación con las comunidades y los gobiernos locales, sin un nuevo marco legal y un ambiente distinto en los territorios se puede producir una asfixia de la actividad. La sola descripción de los conflictos y el señalamiento de su origen justifican el libro. Pero la Fundación Paz y Reconciliación quiere ir más lejos, quiere proponer un camino para la transformación de estos conflictos en un propósito nacional. Creemos que la actual coyuntura del país favorece la búsqueda de soluciones nuevas a los problemas y facilita procesos de concertación que antes eran difíciles sino imposibles. El acuerdo de paz con las FARC y el proceso de negociación abierto con el ELN crean un escenario propicio para intentar un diálogo nacional minero-energético que vaya de las regiones y los territorios hacia la nación, de la periferia al centro; y que apunte a la superación de la enorme conflictividad social del sector y a generar una nueva forma de explotación de los recursos naturales no renovables en función de un desarrollo sostenible en lo social y en lo ambiental, que ayude a superar las grandes brechas sociales en Colombia. Los objetivos de este complejo proceso de concertación entre Estado, empresas, organizaciones sociales, comunidades, gobiernos locales e insurgencias en tránsito hacia la paz, serían los siguientes: Sacar la violencia y la ilegalidad del sector. Reformar y actualizar la legislación e institucionalidad que regulan la exploración, la explotación y el cierre de los proyectos minero-energéticos. Hacer ajustes al ordenamiento territorial en función de una explotación sostenible de los recursos naturales y acorde con las visiones territoriales del desarrollo. Generar un acuerdo para el manejo transparente de las regalías y el aporte del sector al posconflicto. No se nos escapan las dificultades que tiene un proceso de esta naturaleza. La primera gran dificultad es la incomprensión de la dirigencia política del país. No hay conciencia en el Estado sobre lo obsoleto de la legislación, sobre la falta de coordinación de la institucionalidad y sobre la imperiosa necesidad de hacer un alto en el camino y repensar la industria. Sin el liderazgo del Estado no hay ninguna posibilidad de adelantar un diálogo nacional que lleve a puerto seguro. De ahí que la primera tarea es convencer a las autoridades nacionales de la urgencia y la oportunidad de esta tarea. Al Ministerio de Minas y Energía, al de Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Minería, a Planeación Nacional, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y a Ecopetrol. El segundo obstáculo es la enorme capacidad que han mostrado los actores ilegales, especialmente los de la minería del oro, para interferir en la modificación del statu quo, para golpear intentos de diálogo institucional, para generar narrativas adversas a la formalización del sector. El tercer obstáculo es la inexperiencia en este tipo de diálogos y la desconfianza entre los distintos actores. Hasta el momento la experiencia se circunscribe a diálogos para apagar los incendios, concertaciones puntuales alrededor de los conflictos locales y disputas sociales o ambientales con las comunidades, negociación de reivindicaciones gremiales con los sindicatos. No hay una gran experiencia de concertación estratégica, de negociación en función de construir una política pública para el sector. No sabemos dialogar para construir, sino para antagonizar. Es imprescindible construir un ambiente de confianza y una metodología propicia para la construcción gradual de los acuerdos. Las empresas nacionales y extranjeras no concurrirán a un espacio de diálogo en la que las contrapartes sociales o ambientales nieguen de plano la extracción de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR); pero las comunidades, los gobiernos locales y las organizaciones sociales tampoco accederán al dialogo en el que las empresas y el Estado asuman que lo están haciendo bien y que no hay nada que modificar, nada que reformar, que no hay lugar para discutir el cómo. Una metodología probable en este tipo de concertaciones es la de escenarios, la aproximación a soluciones mediante la exploración de los intereses de las partes y la definición conjunta de soluciones que interpreten estos intereses y acerquen visiones diferentes o contrapuestas. La participación de las insurgencias en tránsito a la vida civil o en proceso de negociación es un ingrediente fundamental en el diálogo nacional minero-energético. Pero lo que se busca no es una negociación directa entre guerrillas y Estado como el realizado en La Habana sobre los problemas agrarios o sobre el cultivo, la producción y la comercialización de sustancias alucinógenas y sicoactivas.  De lo que se trata es de una conversación entre los actores relevantes de las industrias extractivas y un proceso de acuerdos al interior de la sociedad, es una concertación democrática, una construcción de un nuevo marco para explorar y explotar los recursos en un nuevo ambiente. Hay asuntos nacionales, claro está, ajustes a la legislación y a la institucionalidad, pero también asuntos locales y regionales, posibles planes de desarrollo en clave de paz en territorios de importancia para las empresas. Digamos, por ejemplo, que a Ecopetrol le interesaría mucho una concertación en Arauca y Catatumbo y a la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima donde adelanta el proyecto “La Colosa”. Tampoco se trata de negar o subsumir negociaciones parciales, sectoriales o locales que hoy están en curso. Se trata de ensayar algo nuevo, algo que nos lleve de verdad a un propósito nacional. Portada del libro No partimos de cero. Varios sindicatos del sector encabezados por la Unión Sindical Obrera –USO– han conformado una mesa nacional en función de un proceso de concertación y la propia USO ha realizado jornadas de consulta en las regiones para elaborar una plataforma que le sirve de referencia en el diálogo. Algunas empresas también han manifestado su disposición para el diálogo y el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, no ha sido indiferente a los acercamientos. El presidente Santos al conformar el equipo para adelantar las negociaciones con el ELN en Quito tuvo muy en cuenta la posibilidad de que el tema surgiera y por eso incluyó en la delegación a personas con una trayectoria en las industrias extractivas o conocedoras de los conflictos que se han generado en el sector. La utilización de la metodología de “escenarios” toma muy en cuenta que este diálogo tiene un importante componente técnico, que, al hablar de petróleo, carbón, oro, generación de energía u otras actividades es imprescindible acopiar conocimientos y entender las complejas dinámicas de estos sectores. Ojalá este libro, que compila un esfuerzo de investigación con el apoyo de la Fundación Ford, contribuya en algo a la generación del diálogo nacional minero-energético en función de la paz y el postconflicto.

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. Pares presentó el informe «Así se roban las elecciones» ¿Qué dijo el registrador? ¿Qué nos espera para las elecciones presidenciales? B. Timochenko invitó a Uribe a que fueran juntos a la comisión de la verdad C. Hidroituango ¿Qué hacer ante la tragedia?

Por: Democracia y gobernabilidad Colombia Justa Libres recuperó aproximadamente un total de 35.000 votos en el proceso de escrutinio que siguió las elecciones legislativas del 11 de marzo. Pasó de tener 431.418 votos en el preconteo a 466.491 en los formularios de escrutinio. Teniendo en cuenta ese panorama, el movimiento no solo consiguió superar el umbral (459.215 votos), sino que también puso a tres de sus candidatos en el senado. No obstante, Justa Libres argumenta que su votación supera los 600 mil votos y alegan dos curules más en la cámara alta. Adicionalmente, argumentan a su favor otro escaño en Cámara de Representantes (ya cuentan con uno en Bogotá) por el Valle del Cauca que sería para José Ever Ríos. Ahora bien, dados los ejemplos presentados en el informe «Cómo opera la corrupción electoral en Colombia» y el fallo del Consejo de Estado a favor del partido MIRA, es importante cuestionar si otro caso reciente como el de Justa Libres se debe simplemente a fallos técnicos relacionados con el escrutinio o si el problema tiene connotaciones tan profundas que el certamen democrático tiene vicios delicados de corrupción. De tratarse de una red como la que se ha evidenciado en los resultados de esta investigación, entonces el problema puede estar relacionado no solo con el delito denominado alteración de resultados electorales, sino también con un sistema electoral fallido. Grosso modo, se observan tres cosas principales: i) intereses de los partidos políticos ii) inconsistencias entre los formularios E-14 y E-24 y iii) posible sabotaje al software electoral. Para el caso de Justa Libres se hizo un análisis teniendo en cuenta los resultados consignados en los formatos E-24 y E-14. Vale la pena aclarar, que aunque la Registraduría Nacional argumenta que el primer proceso (de preconteo) es un mecanismo únicamente de información y no tiene un carácter vinculante, la diferencia entre el total de estos votos y los consignados en los formatos E-24 es considerablemente alta. En consecuencia, por lo que se ha observado, estas inconsistencias pueden implicar un cambio significativo en la conformación inicial del Congreso que ha sido divulgada por la página oficial de la Registraduría. A continuación, se analizan los departamentos en los cuales se encontró más diferencia entre el preconteo de votos y los resultados del escrutinio en los formatos E-24. Estos departamentos son: Atlántico, Bolívar y Caldas, donde la diferencia entre el total de votos del preconteo y el total de votos de los formularios es de más de quinientos votos. Fuente: elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación con datos de la registraduría Se puede observar que en los departamentos de Atlántico y Bolívar la diferencia supera los 1000 votos. Solamente, en tres departamentos suman 4.041 votos. Este porcentaje es alto, teniendo en cuenta que la población apta para votar en estos departamentos no representa más del 5% de total del país. Además de los casos en los que el partido presenta pérdida de votos, vale la pena mencionar que, en municipios concretos, el caso es contrario, pues en el preconteo hay una cantidad mayor a los votos registrados en los formularios. El caso más representativo ocurrió en San Estanislao, Bolívar, donde Justa libres pasa de tener 57 votos en el preconteo a tener 24 en el escrutinio. Revisando los formularios E-14, el número de votos es de 22, lo que no coincide con el registro del preconteo, ni con el de los E-24. Sin embargo, el resultado más coherente con los E-14 es el del formulario E-24. Entonces, conviene cuestionar por qué, tanto en el preconteo como en el escrutinio del E-24, se suman votos al partido Justa Libres. Finalmente, respecto de lo anterior, el senador electo de Justa libres Jhon Milton afirmó públicamente: “Hemos encontrado en un muestreo del casi 20% de las mesas en Colombia el reconocimiento por parte de la Registraduría y las comisiones escrutadoras de cerca de 40.000 votos que significarían que Colombia Justa y Libres sobrepasaría el umbral electoral que estaba sobre 458.000 votos. Ahora tendríamos más de 466.000 y estaríamos pendientes obviamente, de esos últimos reportes de Bogotá, Meta, Santander y otros dos departamentos que están pendientes de revisión. Obviamente, para nosotros ha sido muy frustrante encontrar esta situación porque es algo sistémico a nivel de las mesas, los jurados de votación, de la información de los delegados”. La Fundación Paz & Reconciliación-Pares realizó una investigación detallada sobre diferentes denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018. Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República. Estas evidencias son una lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral. Al respecto, el 8 de febrero de 2018, en Sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual resolvió en mérito de un acto de corrupción, la devolución de las curules a tres candidatos del partido MIRA. Esto, porque en 2014 se configuró un fraude electoral que incluyó, entre otros, la destrucción de material electoral, la modificación o sabotaje del software contratado por la Registraduría y una estructura organizada para sonsacar las curules del partido MIRA. DESCARGUE EL INFORME COMPLETO AQUÍ

La serie Invirtiendo en el futuro, tiene un suplemento específico sobre la ruta para el fortalecimiento del tejido social y la cultura de paz desde la empresa. Las estrategias aquí presentadas son un extracto de esta guía. Por: Universidad Externado de Colombia y Conflictos asociados al desarrollo-Pares Existen diferentes mecanismos para que la empresa aporte a los procesos de construcción de paz desde la dimensión de tejido social y cultura de paz. Estos mecanismos han sido implementados por algunas empresas con el apoyo de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, con lo cual se han generado importantes resultados e impactos en las comunidades beneficiadas. A continuación, se presentan algunos de estos procesos, que pueden ser tomados como referencia o incluso, según la experticia de la entidad o actor, podrían convertirse en un aliado para la implementación: 1. Mecanismo: Procesos de construcción de memoria Iniciativa: Museo Relatos de la Memoria Empresa líder: Ecopetrol Es una iniciativa que busca motivar una reflexión sobre las distintas formas en que la violencia ha afectado a los trabajadores de la empresa, a sus contratistas y a su entorno cercano. El museo, creado con un carácter itinerante, representa un espacio para la transformación de percepciones que busca reconfigurar los imaginarios frente a actores específicos, demostrando así su compromiso para la construcción de un mejor país. El museo consta de una serie de pantallas y objetos en los que se pueden escuchar, leer y descargar historias o relatos documentados que muestran cómo la violencia del país, de una u otra forma, tocó el entorno de varias familias cercanas a Ecopetrol. El proyecto se desarrolló a través de dos fases: preparación e implementación. La fase preparatoria consistió en el análisis de diferentes experiencias y la fase de implementación implicó la convocatoria de diferentes actores interesados en participar, trabajadores, contratistas y jubilados. 2. Mecanismo Fortalecimiento de entornos protectores Iniciativa: Fomento de los derechos de niñez y juventud en los Montes de María Empresa líder: Fundación Antonio Restrepo Barco (FRB) En los territorios de los Montes de María, confluyen diferentes problemáticas asociadas con el conflicto armado. Algunas de estas son: la fragmentación del tejido social y la fragilidad del capital social; las posibilidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de caer en redes de trata de personas; la deserción escolar y la vulnerabilidad de esta población de ser insertados en bandas criminales para ampliar las zonas de influencia de grupos y bandas al margen de la ley. Por esta razón, el programa está dirigido a la población de entre 8 y 28 años, y busca fomentar la prevención, la realización y/o el restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los Montes de María, mediante estrategias orientadas a reducir factores de riesgo asociados al reclutamiento y a transformar sus condiciones de vulnerabilidad con el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los entornos donde conviven. El programa trabaja con organizaciones juveniles y organizaciones de base que tienen vínculos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las cuales impulsan iniciativas y métodos democráticos de reconocimiento y exigibilidad, han desarrollado proyectos a favor de la cultura de los derechos y de la ciudadanía juvenil, y a su vez concretan diálogos de política pública con los gobiernos municipales. En la cobertura del proyecto, se han conformado Observatorios Municipales de Niñez y Juventud para el monitoreo de riesgos y de políticas públicas de prevención, restablecimiento y reparación. Así mismo, se presentan a continuación algunas iniciativas del sector público que se desarrollan y que podrían ser de interés para el sector empresarial, a fin de promover alianzas público privadas que promuevan una transferencia de conocimiento: 3. Modelo de Reintegración Comunitaria: el modelo diseñado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), tiene como objetivo: “[…] contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades receptoras de personas en proceso de reintegración, para favorecer la consolidación de procesos de convivencia, reintegración y reconciliación […]” (ARN, 2017).´´ Se desarrolla a través de una serie de fases que inician con la elaboración de un diagnóstico participativo para conocer el estado inicial de las comunidades a intervenir, en el que se indaga sobre las problemáticas ligadas a la convivencia, la reintegración y la reconciliación de la zona priorizada. Posteriormente, se desarrolla la fase de formación ciudadana, que se propone como un espacio de encuentro para promover: el diálogo, la tolerancia, la convivencia, la deliberación de asuntos públicos, la concertación de metas y la consolidación de acciones colectivas en comunidades receptoras de población desmovilizada. Con estos espacios, se busca brindar herramientas para dinamizar y fortalecer la práctica de valores enfocados en la vida comunitaria. La formación se lleva a cabo con un número determinado de beneficiarios, y cuenta además con una estructura metodológica orientada a procesos de difusión del conocimiento a través de la creación de grupos de multiplicadores integrados por los beneficiarios directos de la formación. Al finalizar el proceso de formación ciudadana, los beneficiarios del modelo realizan un proceso de concertación, diseño e implementación de iniciativas que resuelven problemáticas de interés colectivo para promover la convivencia, la reintegración y la reconciliación. Esta fase se conoce como proyecto comunitario. Por último, para consolidar todo el proceso, se realiza una acción de visibilización que consiste en un evento público donde se muestran los avances en la convivencia, la reintegración y la reconciliación, a partir de elementos definidos de manera conjunta con los beneficiarios del modelo. Al final del proceso, se consolida la sistematización de toda la experiencia como una fase transversal (ARN, 2017). 4. Dispositivos de base comunitaria: los denominados centros de escucha son mecanismos cuya metodología y marco teórico se basan en las redes, en los nodos relacionales, en las comunidades y especialmente en las personas. En Colombia han sido desarrollados en principio por el Ministerio de Salud. Hoy en día, son trabajados desde el Ministerio de Justicia y del Derecho y están siendo impulsados por el Ministerio del Interior. En estos dispositivos, no necesariamente se requiere infraestructura física, ya que pueden ser itinerantes, centran la importancia de su trabajo en las personas, establecen diagnósticos participativos con las comunidades y, a partir de estos, trazan rutas de trabajo a la medida. Un equipo técnico y multidisciplinario desarrolla planes con las comunidades para aliar redes y solventar problemáticas, enfocándose en la prevención y especialmente en la atención psicosocial para acompañar procesos que incluyen el uso de sustancias psicoactivas, problemas que afectan la convivencia ciudadana, la reconciliación y la construcción de paz. De igual manera, sistematizan lo que ocurre en los dispositivos con el fin de replicar la experiencia en otros territorios y dejar el camino marcado para que otros puedan aprender del modelo y replicarlo. 5. Estrategia de Capacidades para la Paz y la Convivencia (Acción CaPAZ): la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en alianza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y con la colaboración de cooperación internacional, desarrollaron esta estrategia que busca trabajar sobre nuevas narrativas en un contexto donde se busca transformar la mentalidad de las personas hacia la paz. El objetivo y las líneas de acción de la estrategia trabajan “a lo largo de la transición o postconflicto, guiados por el marco conceptual de la gestión del cambio, los enfoques de capacidades, así como elementos sobre la teoría de construcción del Estado y el modelo integral de desarrollo y fortalecimiento de capacidades” (OACP, 2017). A su vez, la estrategia tiene cuatro líneas (OACP, 2017): Capacidades para la convivencia en instituciones públicas. Nuevas pedagogías para la paz. Red de facilitación, diálogo y transformación de conflicto. Acción CaPaz con enfoque territorial. Esta estrategia trabaja en las capacidades que tienen las personas, las comunidades y las instituciones para la construcción de paz, con base en la convivencia y el cambio de las narrativas de los problemas hacia comunicaciones más asertivas, de transformación y de cambio social. DESCARGUE AQUÍ

Por: Redacción Pares Cada miércoles en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino. Timochenko le pidió al expresidente Uribe que fueran juntos a la Comisión para el Esclareciemiento de la Verdad. ¿Cuál es el objetivo de la petición? ¿Tiene esto consecuencias jurídicas?

Por: Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación realizó una investigación detallada sobre diferentes denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018. Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República. Estas evidencias son una lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral. En las denuncias recogidas por la Fundación se encontraron centenares de modificaciones realizadas en los E-14 y E-24 para favorecer presuntamente a varios candidatos en detrimento de otros competidores del mismo o diferente partido. Por un lado, está el caso del candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá José Daniel López, inscrito por el Partido Cambio Radical con el No. 118 en el tarjetón, de quien se tienen las modificaciones en los E-14 y E-24 en más de mil folios, así como las Actas Generales de Escrutinio en las que se evidencia que la información consignada en el primer formulario (E-14) no corresponde con la digitada en el segundo (E-24). Al parecer, estas modificaciones fueron hechas en detrimento de los votos del candidato Felipe Ríos, también de Cambio Radical inscrito con el número 111. Se evidencia en los folios que las Actas Generales dan cuenta de los cambios hechos con justificaciones que pueden ser aceptadas en algunos casos, pero es completamente irregular que se encuentren modificaciones y alteraciones decenas de veces. El caso de Felipe Ríos, candidato a la cámara por Bogotá, es uno de los cuatro que se detallan en el informe. En él se documentaron centenares de irregularidades. A continuación, varios ejemplos. En la zona 10 puesto 58 mesa 3, el E-14 dice 0 votos, pero en el acta oficial (E-24), termina con 7 votos (ver E-14 y E-24). Formulario E-14 Formulario E-24 Se evidencia que en la zona 4 puesto 16 mesa 25, en el formulario E-14 el candidato 118 (José Daniel López) tiene 0 votos y, sin justificación alguna, en el E-24 se le suman 5 votos. En el Acta General de Escrutinio se evidencia que no existe ninguna “realización u observación de recuento de votos”. Formulario E-14 Formulario E-24 Acta General de Escrutinio Se evidencia que en la zona 5 puesto 9 mesa 26, en el formulario E-14 el candidato 118 (José Daniel López) tiene 0 votos y, sin justificación alguna, en el E-24 se le suman 8 votos. En el Acta General de Escrutinio se evidencia que no existe ninguna “realización u observación de recuento de votos”. Formulario E-14 Formulario E-24 Acta General de Escrutinio Por otro lado, mientras al candidato 118 (José Daniel López) le suman votos sin explicación alguna, en centenares de oportunidades al candidato 111 (Felipe Ríos) le restan votos. Se evidencia en la zona 5 puesto 5 mesa 12, que en el formulario E-14, el candidato 111 tiene 4 votos, y sin justificación alguna en el formulario E-24 se le restan 3 votos, quedando en 1. Una modificación que no está justificada en el Acta General de Escrutinio. Formulario E-14 Formulario E-24 Los cambios que hay entre los 3 E-14 y los E-24, en la mayoría de veces son de entre 1 y 4 votos, lo cual parece poco. Pero si se toma tan solo Bogotá, donde hay más de 10.000 mesas de votación, con cambiar un solo voto en cinco mil mesas se puede sacar o meter un representante a la cámara y senador. La Fundación encuentra con preocupación que las irregularidades relacionadas con el sistema electoral están presentándose en ocasión de la coyuntura y desde comicios anteriores, como se evidenció con el partido MIRA. A esto se suma el hecho de que las capacidades de la Registraduría parecen no ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus funciones, la transparencia en las elecciones y en sus contratos. DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares A dos semanas para la primera vuelta presidencial todo el mundo político tomó partido. Los últimos en buscar tolda fueron las iglesias cristianas, que pululan en garajes de cualquier barrio de Colombia. La mayoría de los liderazgos de estas iglesias se fueron a la campaña de Iván Duque, el candidato del expresidente Uribe y que representa la extrema derecha. Otras pocas, pero una muy importante, están en la campaña del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en el espectro ideológico se encontraría en el centro-derecha. Así las cosas, la campaña de Duque suma lo que se podría considerar el fanatismo religioso. Son tres sus máximos representantes. Por un lado, el ex procurador general de la nación Alejandro Ordóñez, quien es católico y es cercano a la congregación de Orden de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y al Opus Dei. Y forma parte de una secta radical dentro del catolicismo que se denomina Orden de la Legitimidad Proscrita, la cual es una congregación secreta que utiliza la política para expandir el dogma más radical y de derecha dentro del mundo católico. A Ordóñez se le recuerda por quemar libros que iban en contra del dogma religioso, por oponerse a los derechos de las minorías sexuales y de las mujeres. También a Duque lo apoya un partido que agrupa una serie de pastores ultraconservadores que se llama Justa Libres, agrupa a cerca del 70% de las iglesias cristianas de Colombia y alcanzó más de 400.000 votos en las pasadas elecciones al Congreso de la República. Se oponen al aborto, los derechos de las minorías sexuales, solo aceptan las familias donde estén hombre y mujer, no reconocen ningún otro tipo de familia, y la protección de Israel como nación. Dicen que en el territorio de Israel solo puede estar esté Estado y no podrá darse vida a ningún otro Estado –es decir, Palestina debe ser eliminado-. También la pasada semana llegó el partido Mira, que representa otro sector Cristiano importante, quienes lograron casi 500.000 votos en las pasadas elecciones. Este partido es mucho más progresista, fue uno de los pocos partidos cristianos que respaldo el proceso de paz. Ha sido uno de los más críticos en temas de corrupción y en general es un partido juicioso. Pero al final terminó en la militancia religiosa. Hay cuatro temas que impulsan estos sectores religiosos y que confían, de ser elegido Duque, en su línea de Gobierno. Por un lado, eliminar cualquier posibilidad de aborto para las mujeres. Como se sabe actualmente, en Colombia es permitido el aborto en tres circunstancias: malformación del feto, embarazo por violación y riesgo de vida para la mujer. Por otro lado, la familia, como figura jurídica solo será aquella donde se dé una unión entre un hombre y una mujer. La Corte Constitucional reconoce varias tipos de familia, incluidos los del mismo sexo, los cuales pueden adoptar y casarse. En tercer lugar, su foco se centra en el modelo educativo. Allí, no solo se debe volver a dar clases de religión a los estudiantes, sino que además eliminarán cualquier cartilla, manual o libro que haga referencia a minorías sexuales e incluso a conquistas de las mujeres. Al reconocimiento de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales en Colombia estos sectores le llaman ideología de género. Por último, y no menos importante, se debería criminalizar todo tipo de consumo de drogas y ser tratado como un tema de seguridad y no de salud, es decir, retroceder 20 años. No debe olvidarse que la mayoría de las iglesias cristianas dijeron que no apoyaban el proceso de paz, porque la paz solo la puede traer Dios al mundo y los seres humanos no pueden hacer las paces si no es por la causalidad divina. ¡Sí, señor!, así como lo leen, de ese nivel es. Cierro la columna con una frase de Alejandro Ordóñez: “Más valores, menos condones”. Imagínense, ya hasta niega el condón. Publicado en El País

Visibilizar iniciativas de construcción de paz que nacen desde el sector empresarial es una tarea necesaria que busca alentar a más empresas a participar. Las poblaciones y los territorios prioritarios para el postconflicto pueden ser los principales beneficiados. Por Paola Andrea Vargas G, Líder de alianzas y proyectos de inversión-Pares El equipo de Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación–Pares inició una estrategia de acompañamiento con el fin de visibilizar iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desarrolladas en zonas afectadas por el conflicto armado. A partir del segundo semestre de 2017, después del lanzamiento de Invirtiendo en el futuro. Guía para construir paz desde el sector empresarial en Colombia, se buscaron programas o proyectos de empresas en los que confluyera población priorizada para el postconflicto: víctimas, excombatientes o miembros de la Fuerza Pública heridos en combate, así como aliados institucionales en territorio. Una de las estrategias de acompañamiento se llevó a cabo con South32/Cerro Matoso, que opera en la región del Alto San Jorge, lugar con una importante carga simbólica por haber sido epicentro de la desmovilización de grupos de Autodefensas y que en la actualidad tiene una alta presencia de víctimas del conflicto. Esta zona del departamento de Córdoba ha sido identificada por Pares como un territorio que representa una oportunidad de oro para mostrar lo que se ha denominado como “victorias tempranas de la paz”. El primer paso fue socializar los principales planteamientos de Invirtiendo en el futuro a los directivos de la empresa. Luego, se realizó un diagnóstico de sus proyectos de inversión social con base en las líneas de acción que propone esta guía para la construcción de paz. Por último, se dieron a conocer los hallazgos en materia de paz que incluyen las siguientes acciones sostenibles: 1) Estímulo al desarrollo local, a través de la contratación de mano de obra local y el fortalecimiento de actores públicos y privados, 2) Promoción de una cultura de paz, promoviendo el diálogo social multicultural en el marco de la alianza por lo social del Alto San Jorge 3) Promoción al desarrollo de actividades económicas alternativas al ferroniquel para las comunidades, como parte de su visión a futuro y 4) Empleabilidad, mediante programas de formación en alianza con el SENA, en instalaciones construidas por ellos en Montelíbano. En el marco de fortalecimiento de la visión de paz de la minera, Pares, en alianza con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la empresa G4S, realizó una serie de talleres en Derechos Humanos dirigidos a empresas de la región, las comunidades y alcaldías de cuatro municipios del Sur de Córdoba (San José de Uré, Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador), algunos de ellos pertenecientes a la zona de influencia directa de South32. La temática elegida para dichos talleres fue identificada gracias al análisis de la situación social que vive la región y apunta a la dimensión gobernanza y fortalecimiento institucional. El desarrollo de los talleres permitió acercar a líderes de municipios golpeados por la violencia a mecanismos de defensa y exigencia de protección de los derechos humanos; además se contó con material pedagógico, diseñado exclusivamente para los asistentes, con el fin de facilitar la divulgación de esta información en sus comunidades. De igual manera, Pares y la Consejería impartieron un taller en derechos humanos y construcción de paz para empresas que operan en el sur de Córdoba, con la idea de sensibilizar a los equipos de sostenibilidad frente al aporte a la paz del país mediante sus estrategias de RSE. La estrategia de promover este tipo de capacitaciones desde las empresas espera motivar la reflexión sobre la cultura de paz en los ámbitos personales, familiares, comunitarios y en general como ciudadanos, a fin de mejorar capacidades que permitan gestionar situaciones de crisis, prevenir conflictos y poder crear las condiciones para una paz en el territorio. Los temas privilegiados por las empresas en sus iniciativas de responsabilidad social y de construcción de paz deberían estar determinados principalmente por sus aspectos materiales, es decir, por aquellos temas de la sostenibilidad y la paz que, por un lado, reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización; y por otro, influyen de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de sus grupos de interés. De esta manera la apuesta de South32 de fortalecer las capacidades en materia de derechos humanos de algunos de sus stakeholders es una decisión estratégica que contribuye a los retos del Estado en el postconflicto y a la vez, beneficia a las comunidades y a la empresa misma. La guía Invirtiendo en el futuro propone que la contribución del sector privado a la paz puede darse desde tres frentes. En primer lugar, la redefinición de las cadenas de valor de la actividad principal de la empresa; en segundo lugar, el estímulo a las economías de las zonas más afectadas por el conflicto – ZOMAC; y, por último, la inversión social en sus contextos competitivos–. Estas fuentes son, a su vez, mecanismos de creación de valor compartido, en el sentido de que generan beneficios económicos y sociales tanto para la organización que ejecuta la iniciativa como para los grupos de interés vinculados al proceso. Publicaciones relacionadas: * Invirtiendo en el futuro, por Pares. * Derechos humanos: un camino hacia la paz, por Pares.  * Mapa de experiencias en construcción de paz, por Pares. * ¿Cómo construir paz desde el sector empresarial?, por Óscar Iván Pérez H. * Estrategias empresariales para la paz, por Paola A. Vargas y Óscar Iván Pérez H. * Creación de valor compartido con enfoque de paz, por Óscar Iván Pérez H.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación realizó una investigación detallada sobre diferentes denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018. Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República. Estas evidencias son una lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral. DESCARGUE AQUÍ

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación realizó una investigación detallada sobre diferentes denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018. Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República. Estas evidencias son una lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral. Al respecto, el 8 de febrero de 2018, en Sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual resolvió en mérito de un acto de corrupción, la devolución de las curules a tres candidatos del partido MIRA. Esto, porque en 2014 se configuró un fraude electoral que incluyó, entre otros, la destrucción de material electoral, la modificación o sabotaje del software contratado por la Registraduría y una estructura organizada para sonsacar las curules del partido MIRA. La sentencia manifiesta que: “se tuvieron en cuenta los datos registrados en los formularios E-14, E-24, E-26, Actas Generales de Escrutinio y archivos log, los cuales determinaron la presencia de la irregularidad alegada, pues se evidenció que 3.630 registros (1.412 mesas) correspondían a casos de sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones (…)”. La Fundación encuentra con preocupación que las irregularidades relacionadas con el sistema electoral están presentándose en ocasión de la coyuntura y desde comicios anteriores, como se evidenció con el partido MIRA. A esto se suma el hecho de que las capacidades de la Registraduría parecen no ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus funciones, la transparencia en las elecciones y en sus contratos. Al respecto de esto último, para los comicios del 2018 la Registraduría contrató con la empresa Thomas Greg & Sons la protección y cuidado de los formularios E-11, los cuales se usaron para las consultas interpartidistas de la “Gran Consulta por Colombia” de los candidatos Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, y también de la consulta de la “Inclusión Social para la Paz” de Gustavo Petro y Carlos Caicedo el 11 de marzo. Dichos formularios apenas fueron destruidos la semana del 7 de mayo gracias a la intervención de la Procuraduría y la MOE, debido a que la información que contenían podría significar un riesgo a la identidad del votante, su preferencia política, el derecho a la intimidad, el voto secreto y el habeas data. Lo más preocupante de esta situación es que los E-11 fueron destruidos dos meses después de realizadas las votaciones, lo que significó un riesgo inevitable en el uso y el acceso de la información contenida ahí. Si la Registraduría cuenta con problemas para la destrucción de material electoral, es evidente que en problemas más complejos posiblemente no tenga las capacidades para darles manejo. Además, es irregular que ante la búsqueda del contrato en el SECOP, por el cual Thomas Greg & Sons prestó servicio de custodia a los mismos, no aparece. Es de resaltar que la empresa Thomas Greg se ha visto beneficiada por varios contratos electorales con la Registraduría, entidad que terceriza una gran parte de los servicios que se tienen que prestar en la jornada electoral. Por ejemplo, en los años 2014 y 2015 la empresa se ganó 690 mil millones en contratos en servicios de logística, sumado a 234 mil millones de un consorcio con otras empresas para servicios de escrutinio y digitalización, junto con otro consorcio en el que participó y fue beneficiado por 60 mil millones por inscripciones de cedulas, como lo señala El Espectador. Otro gran problema asociado a la contratación está en la digitalización del material electoral para su análisis y veeduría de parte de la ciudadanía y las organizaciones interesadas. Es importante revisar cuáles son las exigencias técnicas de la digitalización en los contratos de la Registraduría y lo que efectivamente hacen las empresas contratadas para tal fin. En varias oportunidades, la digitalización de la información correspondiente no está al nivel de calidad exigido para su análisis y tratamiento. Para la presente investigación, se plantearon varios momentos y escenarios con graves riesgos en el sistema electoral. Un primer momento está relacionado con las precampañas, campañas y el sorteo de los jurados de votación (su distribución y asignación a los puestos de votación). Un segundo momento está relacionado con del día D (el día de las elecciones). Y, por último, el escrutinio. En el primer momento, los medios de comunicación y centros de investigación han profundizado las denuncias e investigaciones sobre cuestionamientos como el apoyo de grupos al margen de la ley a partidos y candidatos; clanes y estructuras políticas que han gobernado tradicionalmente y buscan poner sus herederos; financiación ilegal de campañas y escándalos de corrupción. Esto corresponde a las precampañas y campañas políticas. Sin embargo, poco se ha profundizado en los riesgos al momento de realizar el sorteo de los jurados de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de un software que es alimentado con los datos de registradores a nivel nacional y, posteriormente, con las listas de ciudadanos elegibles suministrados por empresas públicas y privadas; instituciones educativas; partidos y movimientos políticos, mediante el cual se realiza de manera aleatoria el sorteo de los jurados de votación. Una vez se tienen las listas de elegibles, se hace una depuración mediante el cruce de datos con el Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral, donde finalmente resultan los nombres de los ciudadanos que pueden hacer parte del sorteo en el software. Este sistema fue implementado desde las elecciones del 2014 con el objetivo de blindar el proceso de potenciales fraudes, teniendo en cuenta que la Registraduría ha sufrido vulnerabilidades en el sistema. En el 2011 se produjo una filtración en la designación de los jurados de votación, y esto derivó en una manipulación de las bases de datos de cientos de personas elegibles para ser jurados de votación. Cuando la Registraduría y la Procuraduría contrastaron las listas propuestas a las empresas que las enviaron, descubrieron cinco empresas que no tenían la cantidad de empleados que declararon. A continuación, se exponen dichos casos. Empresa Transmercar: se seleccionaron 102 jurados y posteriormente se confirmó que la empresa solo tenía 13; Jardín infantil Castillo Real: aparecieron 22 jurados seleccionados; sin embargo, la rectora del jardín afirmó no haber enviado dicha lista y solamente contaba con tres empleados; Industria de muebles Pájaro: fueron escogidos 68 jurados, pero esta empresa resultó estar liquidada desde el 2001; En Maderas del Cesar fueron reportados y elegidos 45 jurados, no obstante, la empresa en realidad contaba con un total de 64 empleados; Finalmente, en el restaurante Los Arrayanes, con 96 jurados seleccionados, se constató que allí sólo laboraban 2 personas. A pesar de las acciones hechas por la Registraduría para corregir estos errores, el software actual no ha estado protegido del todo. Desde la conformación de las listas de ciudadanos elegibles se han observado hechos irregulares para las elecciones. Aunque cada Registrador del país, por medio del uso de un usuario y una contraseña, ingresa y procede a hacer la carga de los censos que tienen en sus respectivas jurisdicciones, la Fundación ha rastreado que en elecciones anteriores varias administraciones locales, por ejemplo, enviaron listas de ciudadanos elegibles conformadas, en su mayoría, por contratistas y no por funcionarios de las alcaldías. Esto no es ilegal, pero es atípico. En otros casos, se ha encontrado que el número de ciudadanos incluidos en algunos municipios sobrepasan la cantidad de listas elegibles que ciudades mucho más grandes. Se encuentran riesgos también en la existencia real de las empresas privadas que alimentan las listas pues, como se mencionó anteriormente, no existen mecanismos eficientes que prevengan los casos en los que las nómicas son de papel y artificiosamente postulan listas de ciudadanos para favorecer a uno u otro candidato. Globalmente, la Registraduría tendría una responsabilidad parcial hasta este punto, dado que la conformación de las listas es competencia de los entes territoriales y las empresas. No obstante, el sorteo aleatorio de los jurados con el software actual no está exento de riesgos, y es aquí donde existe una duda razonable sobre las garantías que ofrece la Registraduría de la impenetrabilidad del sistema. Si el software opera de forma correcta y transparente, esto debería estar reflejado en auditorías hechas por la entidad, los partidos, las veedurías y órganos de control. El gran interrogante que surge es ¿Dónde están las actas de las auditorías sobre el correcto funcionamiento del software? De acuerdo con la Registraduría, una de las características más importantes del software es que permite publicar para conocimiento público las resoluciones de nombramiento de jurados, del mismo modo que permite dar cuenta de las modificaciones, todo con el fin de evitar que se hagan cambios a última hora de una manera inadecuada. Sin embargo, esto no responde a profundidad la pregunta. Mediante las auditorias y las actas lo que se debe demostrar es que el software aplique los algoritmos y fórmulas que garantizan la representación de personas de diferentes colectividades en cada mesa; el correcto funcionamiento del código fuente; la veracidad de la información ingresada, cómo es ingresada; y las garantías para que no sean manipulados ninguno de los datos. Esto no se resuelve solamente con las resoluciones de nombramientos. Aquí, la Registraduría a pesar de no ser quien diseñe y ejecute el software, sí es quien lo supervisa, lo contrata y le asigna recursos. Por lo tanto, su responsabilidad no puede ser sustituida o delegada por tratarse de un bien o servicio tercerizado. El riesgo existe y en el caso de que haya alteraciones, manipulaciones o brechas en el sistema, esto debe estar estipulado en las auditorías, y debe ser corregido por la Registraduría. En suma, el problema de la etapa de precampaña y campaña no solo radica en los hechos documentados tradicionalmente por la opinión pública y centros de investigación, también sucede en el sorteo y asignación de jurados de votación, proceso que no se limita solo al correcto funcionamiento del software y el control de la Registraduría, sino que también tiene puntos flacos desde la elaboración de las listas por parte de empresas y entidades territoriales, a pesar de ser depuradas posteriormente por los registradores. En el día D (días de las elecciones) también se han hecho esfuerzos para poner la lupa sobre los delitos electorales debidamente tipificados en el código penal, los cuales desde el 2017 pasaron de ser 11 a 16. Se trata del control sobre acciones ilegales como la perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, alteración de resultados electorales, entre otros. Estos delitos se siguen cometiendo a pesar de los esfuerzos hechos por los órganos de control. Ahora bien, en el día de elecciones, siguiendo la misma línea de la asignación y distribución de jurados, existen también riesgos de alta importancia en cuanto a la correspondencia y veracidad de los jurados que se presentan a las mesas de votación. De acuerdo con los potenciales riesgos, la Fundación encontró que no existe una garantía plena de que los jurados que sean asignados en cada una de las 114 mil mesas de votación corresponden a los que efectivamente atendieron a los sufragantes, manejaron el material electoral, diligenciaron los formularios e hicieron el conteo en cada mesa el día de las votaciones. Es decir, el riesgo no está solo en la presentación de las listas de elegibles y en el sorteo en el software, sino que cabe la posibilidad de que los jurados que se presentan el día de las elecciones y firman las actas y los formularios E-14 no correspondan realmente con los que fueron asignados. Una de las maneras en que se puede amortiguar este riesgo es mediante el cruce de las listas de los asignados por el software en cada mesa y las listas de los nombres en los registros de quienes efectivamente firmaron los formularios E-14. Así, se sabe si coinciden o qué cambios se dieron el día de las elecciones. De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular. El escrutinio (E-14 informativo y conteo). Aunque ambos procesos (transmisión y conteo de votos) empiezan desde el cierre de las mesas de votaciones el día de las elecciones, el escrutinio se extiende durante los días posteriores. Una vez se cumple con el tiempo límite de votaciones, a las 4 de la tarde, se cierran definitivamente las mesas y se inician dos procesos paralelos: lo que se podría llamar el pre-conteo y el escrutinio. Son tres formularios E-14 los que se llenan en estos procesos: de transmisión, de delegados y de claveros. El primero es el que rápidamente se transmite para los resultados electorales. Este proceso, a cargo de los jurados de votación, solo tiene valor informativo, pues el Código Electoral establece que el proceso con valor jurídico es el segundo: el escrutinio o conteo de votos. De conformidad con lo señalado por la Ley Electoral, los escrutinios son actos realizados por las Comisiones Escrutadoras, conformadas por los registradores ad hoc y el registrador titular, con la finalidad de reflejar de manera exacta los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas. El escrutinio es realizado con base en los 3 formularios E-14, pero con mayor valor jurídico del E-14 de claveros, pues este último es el que determina finalmente cuántos votos obtuvo cada partido y candidato. No obstante, el preconteo y el escrutinio como procesos paralelos, no significa que la no correspondencia en los datos contenidos en los diferentes ejemplares E-14, no sea prueba de la comisión de una falsedad en los registros electorales. En conformidad con la investigación realizada por la Fundación, se encontraron decenas de casos de no coincidencia entre los diferentes E-14. El formulario E-14 de claveros, con base en las tesis del Consejo de Estado, es el único que tiene peso jurídico, lo que no se ajusta al equilibrio documental que deberían guardar los tres E-14. Cuando el E-14 de claveros se pasa al sistema, es el momento en que se cambian los datos y aquí no existe un control eficiente, porque es cuando menos hay testigos o jurados de revisión. Tampoco existen mecanismos de control de resultados de parte de la Registraduría para depurar el proceso de tener que manejar 3 formularios E-14, su digitalización y la custodia del material electoral. Los 3 E-14 deberían coincidir siempre y, a su vez, deberían coincidir los 3 E-14 con los E-24. Hay videos que dejan ver como durante el escrutinio se trasladan los votos sin ningún tipo de seguridad. Si bien la Ley Electoral y la jurisprudencia han sido enfáticos en los procedimientos para garantizar la transparencia electoral, las pruebas recaudadas por la Fundación Paz & Reconciliación evidencian modificaciones artificiosas en favorecimiento o desventaja de candidatos o partidos, tanto en el pre-conteo como en el escrutinio. Se trataría de una extensa red conformada por funcionarios y ex funcionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación, quienes cuentan con acceso privilegiado al sistema electoral o han encontrado baches en el mismo, y habrían ofrecido servicios con ocasión de las elecciones del 11 de marzo de 2018 para acomodar los votos de candidatos que quedaron en el filo de la curul. Es decir, aquellos candidatos que resultan muy cerca del último o penúltimo candidato que alcanzó un escaño en su partido, le ofrecen una presunta intervención desde el sorteo de jurados en el software de la Registraduría en el que acomodan a los jurados de su interés para que alteren los formularios E-14 en el preconteo y E-14 y E-24 en el escrutinio, dándole los votos necesarios para que el candidato alcance la curul. Aquí, según las versiones e investigaciones de la Fundación, no solo se acomodarían jurados, sino que se ofrecería el paquete completo. A esto los políticos le llaman “el colchón electoral”. Los indicios demostrarían que el valor para reacomodar los votos necesarios para una curul en Cámara de Representantes asciende a mil doscientos millones de pesos, mientras que, para Senado, el costo asciende a los mil ochocientos millones de pesos. De ahí para arriba, si el candidato tiene una diferencia de más de 2 mil votos con el último candidato del partido que alcanzó la curul, el costo ascendería a los 2 mil y 3 mil millones de pesos. En efecto, el análisis de la corrupción electoral se queda corto si se tiene en cuenta solo el estudio de los hechos relacionados a las precampañas y campañas políticas, pues en el día D y en el escrutinio, los riesgos son inminentes. DESCARGUE TODO EL INFORME AQUÍ

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. La mesa de negociación con el ELN ya está en La Habana, Cuba. B. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se instaló esta semana. C. ¿Está de regreso la pesadilla de las casas de pique?