Cada miércoles en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino. El Procurador, Fernando Carillo, ha hecho una denuncia muy grave: la existencia de casas de pique en Tumaco, lugares donde torturan y matan a jóvenes. Esto tenía un antecedente en Buenaventura:

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: faltan dos semanas para la primera vuelta presidencial  ¿Cómo está el panorama para las elecciones del 27 de mayo? Lo más granado del uribismo quiere ir a la JEP, tendría que contar cómo está fuerza política gobernó al país con base en el fenómeno de la parapolítica https://t.co/p24FoOzID6 — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 6 de mayo de 2018 El destino que le espera a Duque si llega a la presidencia es escoger entre el oficio de títere o el de traidor — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 6 de mayo de 2018 Me insultan los uribistas pero desafortunadamente no veo otro camino para Duque que el de ser títere o traidor o muéstrenme otro? — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 6 de mayo de 2018 Estuve a la cabeza de la investigación académica sobre la parapolítica y ahora estoy de acuerdo con que la JEP reciba a los parapoliticos si estos se comprometen a contar todas las verdades y van al fondo de este fenómeno que tanto daño le hizo a la democracia colombiana — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 6 de mayo de 2018 Uribe está desplazando a Duque como interlocutor de Petro sus trinos directos y punzantes contra el candidato de la izquierda tienen ese propósito, es un buen escenario para Petro — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 10 de mayo de 2018

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación-Pares en alianza con la Universidad Central, impartirán el diplomado “Retos y desafíos de los medios de comunicación en Colombia en escenarios de paz” con el fin de aportar a profesionales de la comunicación herramientas reflexivas y prácticas que les permitan abordar los conflictos desde una perspectiva conciliadora y éticamente responsable. El diplomado, que contará con 120 horas de clase, se dividirá en 3 módulos dictados tanto por profesores de la Universidad como especialistas de la Fundación.  El primer módulo será sobre Colombia: un relato inconcluso, el segundo sobre medios, periodismo y comunicación en escenarios de paz y en el tercero se abordarán los desafíos para el periodismo en la construcción de escenarios de comunicación para la paz. El diplomado inicia el 15 de junio de 2018, para más información AQUÍ

Por: Línea conflicto, paz y postconflicto-Pares Yessica Yadiana Álvarez no va a cumplir 18 años, tampoco va a terminar noveno grado en el colegio Simón Bolívar de Samaniego, ni va a regresar a su casa. La noche del 6 de abril la mataron a unos metros de su puerta. Su feminicidio es uno de los 10 que se han perpetrado en esta zona del departamento de Nariño en los últimos 18 meses.  La historia se repite: a Margareth Lagos Leyton la mataron en noviembre de 2016 justo antes de celebrar su cumpleaños, a Yurani Ortega le dispararon 8 veces delante de su hijo en noviembre de 2017. El nueve de enero de 2018 el cuerpo de Diana Vanessa Sapuyes Santander fue encontrado con múltiples traumatismo, especialmente en el rostro, semidesnudo y con la ropa interior desajustada, por debajo de la rodilla. El 27 de marzo mataron a la profesora Yaneth Adriana Ruano Bastidas del Colegio Simón Bolívar. El día 25 de abril fue asesinada Karen Pai Castillo, de 30 años de edad, a las 8:00 de la mañana en la vía que conduce a Villa Esperanza, después de dejar a su hija de siete años en el colegio. A los nombres de Yessica, Margareth, Yurani, Diana Vanessa, Adriana y Karen se suman los de Diana Legarda, Johana Toro, Maruja Caicedo y Tatiana Andrade, de acuerdo a lo reconstruido con testimonios de habitantes de Samaniego y lo registrado por medios locales. Todas fueron asesinadas de manera sediciosa y algunos de los casos presentaron violación sexual. Los samanieguenses esperan garantías de seguridad de sus vidas y explicaciones de los hechos por parte de las autoridades, ya que, como lo dice una funcionaria del colegio Simón Bolívar, las investigaciones “han quedado ahí y nunca se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con las compañeras. ¿Por qué la demora de los medios de comunicación en hacer un llamado a las autoridades para que dirijan la mirada a este lugar?”. Samaniego es un pueblo que ha sido golpeado fuertemente por la violencia, especialmente por la presencia simultánea de narcotráfico, guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas. Este clima de violencia se ha intensificado en los últimos 20 años. Ante la grave situación de inseguridad y ola de asesinatos que están ocurriendo en Samaniego, el 4 de abril de 2018, la sub dirección del Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA) convocó a una marcha de luto en defensa de la vida y la dignidad humana. En ella participaron la comunidad educativa del municipio, maestros y estudiantes de diferentes instituciones, quienes marcharon en rechazo al asesinato de la docente Adriana Ruano y en contra de la violencia. La movilización finalizó en el parque Sol Andino acompañada de una misa y un rechazo público a cualquier acto de violencia. Luego de esta manifestación se reunió un consejo de seguridad donde las autoridades acordaron ofrecer una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información sobre los autores del crimen de la profesora Ruano y de otros ocurridos en el municipio de Samaniego. Hasta el día de hoy, las autoridades no se han pronunciado sobre autores ni móviles de los crímenes. Los Feminicidios un asunto público La antropóloga argentina Rita Segato, quien en el mes de abril visitó las ciudades de Cartagena, Medellín y Bogotá, analiza los feminicidios ocurridos en la ciudad de Juárez, México, en el marco de un conflicto por narcotráfico y violencia en el año 2004. Una de las conclusiones más importantes de esta antropóloga, es que se debe entender este hecho social como una expresión de una sociedad que hace uso de una “pedagogía de la crueldad” para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es, en ese sentido, que el ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres “no son otra cosa que el disciplinamiento por medio de la aniquilación”, dice Segato. Los medios suelen catalogar los asesinatos contra las mujeres como “crímenes pasionales” o de “faldas”, pero son crímenes de poder que no pueden ser reducidos a problemas privados.  Son una expresión social de misoginia y un dispositivo de control de la población por medio de la escritura que se hace en los cuerpos de las mujeres, este tipo de asesinatos deben ser comprendidos como amenazas públicas generalizadas, por parte de sectores que quieren tener el control de la población. En el caso de Diana Vanessa Sapuyes, los medios locales atribuyeron el móvil de su asesinato a que recientemente se había separado de su esposo y empezaba una nueva relación. En el de la profesora Ruano se rumoró que o fue venganza de un grupo de alumnos que consumían sustancias psicoactivas en la institución Simón Bolívar, o que se trató de un “crimen pasional”. Y en el caso de Yessica se dijo que tenía relaciones con hombres involucrados dedicados a actividades de narcotráfico en el pueblo. También es recurrente la catalogación del agresor como “piscópata” o enfermo, lo que sesga la compresión del problema, puesto que la inmensa mayoría de agresiones sexuales o asesinatos a mujeres son cometidos por personas sanas sin enfermedades mentales, que son cercanas a ellas  y que han recibido crianza y educación que se considera dentro de los “parámetros normales”. Las agresiones no solo se limitan al asesinato, están asociadas a expresiones cotidianas de violencia contra las mujeres que anteceden este último grado de agresión. Según el Observatorio de feminicidios en Colombia, solamente en el mes de marzo se presentaron 72 feminicidios, 22 casos de feminicidios en caso de tentativa, 12 casos de maltrato físico y 8 casos de acceso carnal violento en el país. El primer informe del Observatorio de Género y Medios de Comunicación de la Universidad Central y la campaña No es hora de callar analizan las publicaciones relacionadas con esta clase de delitos en veinte medios de comunicación, entre marzo de 2015, fecha en que se sanciona la Ley 1761 contra el feminicidio, hasta septiembre de 2017. Concluyen que el 90% de las notas periodísticas no hacen seguimiento ni una investigación juiciosa sobre el proceso judicial, y que en ellas se utilizan expresiones como “crimen pasional, celos e infidelidad”, esto conduce a una situación de revictimización que agravar las consecuencias del crimen del que se pretende informar. Esto termina por generar un relato social que reduce las causas de asesinatos de mujeres a un problema que no se considera público, sino privado e íntimo: la pasión. Con ello, se sientan las bases para que se crea que no es un problema del conjunto de la sociedad, sino un asunto entre personas, lo que termina por cerrar el broche de la impunidad y de la inacción social frente a este gran problema social y político. Es urgente la capacitación de autoridades, medios de comunicación y población de Samaniego para aspirar a un cese de la guerra contra sus habitantes, una guerra que en particular se libra contra las mujeres. Samaniego necesita protección, justicia y reparación, para todas y todos su pobladores, pero además necesita enfocarse en el reconocimiento y rechazo de la violencia contra las mujeres que tiene un preocupante lugar en el municipios.

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. La mesa de negociación con el ELN ya está en La Habana, Cuba. B. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se instaló esta semana. C. ¿Está de regreso la pesadilla de las casas de pique?

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Si algo sabe hacer el uribismo es engañar y decir mentiras. Uribe ha sido un gran político, no tanto porque convence a la gente de sus postulados o ideas, sino porque le dice a la gente lo que ellos quieren oír. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea la destrucción que causó Álvaro Uribe de las condiciones laborales de decenas de miles de colombianos. El uribismo se ha vendido como el salvador de la clase trabajadora y de los pobres, les ha vendido el discurso de que ellos evitarán que nos volvamos una Venezuela. Pero les quiero mostrar cómo durante sus gobiernos lo que hizo fue desmejorar las condiciones laborales y quitarle garantías a los trabajadores. O en otras palabras, expropió los derechos laborales que durante años de lucha habían conquistado los trabajadores. El primer ejemplo es la Ley 789 de 2002, esta ley fue la puerta de la flexibilización laboral, según el gobierno Uribe la idea era generar mayores ganancias a la empresa privada y ello, supuestamente, crearía nuevos puestos laborales mediante la inversión de los recursos ahorrados. Al final, esto no pasó, pero lo que sí sucedió es que las garantías laborales desmejoraron. La lógica de fondo es terrible, y es que según este modelo entre peores condiciones laborales mejor la economía, a eso le llaman mejoras en la competitividad. Pero en el largo plazo e incluso en el mediano plazo, si bien mejorar la competitividad es importante, con reducir el bienestar laboral lo que se causa es una contracción en la economía nacional, ya que los trabajadores pierden capacidad adquisitiva, pues no aumentan ingresos y no tiene tiempo libre para gastar dinero, es decir, no hay consumo. Esta ley en el artículo 25 amplió el horario de la jornada laboral diurna de 6 a.m. hasta la 10 p.m., a esto se llamó horario ordinario y eliminó el pago de horas extras para todos aquellos que se quedaran en su trabajo más allá de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Además, el artículo 26 de la misma ley redujo los pagos adicionales por trabajos en domingos y festivos. Por último, el artículo 28 configuró una disminución frente a los pagos que los empleadores deben dar a los empleados por los despidos sin justa causa. En todo caso la ley no contenía ningún tipo de incentivo u obligación para que las empresas utilizaran los nuevos recursos sobrantes para generar mayor empleo. De tal manera que el desempleo no disminuyó, los trabajadores ganaron menos y las empresas más. Luego vino la Ley 797 de 2003, que fue la reforma pensional, en la cual en vez de mejorar la formalización laboral, lo que hizo fue aumentar las edades para pensionarse y las semanas que se debían cotizar. Además se endurecieron las medidas para conseguir pensiones de invalidez y de sobreviviente. Al final la ley, en la medida que no generaba ningún incentivo para contrarrestar la carga impositiva en los sueldos de los trabajadores, lo que hizo fue dificultar la entrada de la mano de obra al sistema pensional por el costo que suponía para ellos e incluso surgieron un montón de mecanismos para evitar el pago de la cotización. Lo que hizo Uribe fue pauperizar o lumpenizar las condiciones laborales, expropiar los derechos que había conseguido la lucha sindical, todo ello lo hizo bajo el prepuesto de que empobreciendo a los pobres iba a mejorar la economía, con la lógica de que los ricos entre más ganan más van a redistribuir. Pero la lógica, es diferente si al trabajador se le mejora el sueldo y se le da tiempo libre, ellos van a consumir más y la economía se va dinamizar. Pero todo esto lo hizo, en medio de discursos de guerra y de derrotar a las Farc militarmente, cosa que tampoco logró. Ahora con el discurso del castrochavismo y el evitar volvernos una Venezuela, tiene ideas similares. Nuevamente los pobres serán los paganos pero los distraerá con un  monstruo que no existe. Y como buenos populistas lograrán que los pobres le sigan agradeciendo por haberlos empobrecido. Publicado en Revista Semana

Por: Redacción Pares Cada miércoles en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino. El Procurador, Fernando Carillo, ha hecho una denuncia muy grave: la existencia de casas de pique en Tumaco, lugares donde torturan y matan a jóvenes. Esto tenía un antecedente en Buenaventura:

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Siempre se ha dicho que para ganar una elección presidencial se necesitan tres cosas: maquinarias, es decir, aparato político; mucho dinero y voto de opinión. Por maquinarias, en Colombia, se entienden dos cosas; la infraestructura logística y presencial de los partidos políticos a nivel local y regional y también se entiende el apoyo de los políticos o caciques regionales clientelistas, la mayoría de ellos corruptos, a los candidatos presidenciales. En todo caso, luego de los múltiples escándalos de corrupción, entre ellos Odebrecht, el cartel de la hemofilia, el Sida o los carruseles de estudiantes fantasmas, todos ellos mecanismos diseñados para desfalcar dineros del Estado, se presentó una situación atípica para Colombia. Un gran sector de la sociedad comenzó a despreciar todo lo que ejemplifica la corrupción, el clientelismo y lo que muchos llaman el político tradicional. Además, con una sociedad de postconflicto, el país si bien sigue atrapado en la agenda de seguridad, también es cierto que se ha comenzado a abrir una ventana democrática, que va más allá del discurso del miedo. Las campañas de Iván Duque y Vargas Lleras, ambos de derecha, se disputan uno a uno el apoyo de estos políticos clientelistas y corruptos. Duque puntea en las encuestas con una preferencia electoral que va del 35% al 39% y Vargas va cuarto con números que rondan entre el 6% y 11%. Así, por ejemplo, la campaña de Duque recibió el apoyo de la estructura política de Kiko Gómez, el exgobernador del norteño departamento de La Guajira, quien fue condenado por múltiples homicidios. Se le investiga por relaciones con narcotraficantes y durante su administración miles de niños indígenas murieron de hambre y sed y miles de millones se perdieron en las redes de corrupción. Igualmente, Vargas Lleras logró arrebatarle a Duque el apoyo de los Ñoños. El concepto de ñoños, se utiliza para definir un grupo de políticos corruptos, la mayoría presos, que utilizaron los recursos del Estado para enriquecerse y apoderarse de varios municipios y un departamento del país. Por el otro lado, las candidaturas de Fajardo y Petro, el primero de centro y el segundo de izquierda, basan sus principales apoyos en el voto de opinión y muy poca maquinaria y con problemas financieros en sus campañas. Sin embargo, Petro va segundo en las encuestas con un porcentaje de votos que va del 25% al 31% de las preferencias electorales. Mientras que Fajardo va tercero con un promedio de entre 13% y 17% puntos porcentuales. Este último ha venido ganando, en promedio, dos puntos por semana en el último mes. Las campañas de Duque y Vargas han sido atacadas por sus respaldos políticos y les ha costado mucho en el voto de opinión. Pero la estrategia comunicativa ha sido eficaz en cuanto a dibujar a Petro principalmente y en menor medida a Fajardo como candidatos “castrochavistas”. Es decir, intentan ganar voto de opinión sacando a votar a la población con miedo. Algo que se ve a lo largo de Centro y Sur América. Pero aun así, no han logrado detener las críticas de un sector de la sociedad y ya se da por hecho que habrá segunda vuelta o balotaje. De hecho, la campaña de Vargas Lleras le apuesta a movilizar toda su maquinaria el día de las elecciones y pasar de los 10 u 11 puntos en las encuestas a un resultado del 27% de los votos, superando así a Petro o Fajardo. Es decir, aspira a que la maquinaria le ponga por los menos tres millones de votos. El pasado 11 de marzo, en las elecciones al Congreso de la República, votaron poco más de un millón de colombianos más de los esperados. Muchos de ellos salieron a votar en contra de la corrupción. Esta vez, parece que la disputa será igualmente entre si salen más votos de opinión o las maquinarias, con ríos de dinero, logran aceitarse o voltear las encuestas. Duque aspira a ganar en primera vuelta con más del 50% de los votos y evitar el balotaje; y Vargas pretende quedar segundo. Veremos al final qué tanto funcionan sus aparatos políticos. Publicado en El País

Por: Naryi Vargas, Investigadora Línea Conflicto, Paz y Postconflicto- Pares Las delegaciones de paz del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya están en La Habana, Cuba, para iniciar el quinto ciclo de negociaciones. Los equipos negociadores han tenido varios cambios a lo largo de los diálogos. El acuerdo firmado entre el ELN y el gobierno, establece que cada delegación estará integrada hasta por 30 miembros. Por parte del Gobierno se han tenido 4 jefes: (i)Frank Pearl, quién lideró la fase exploratoria y anunció la fase pública (ii) Mauricio Rodríguez, que estuvo al frente de la Mesa en un momento de crisis durante 2016 (iii) Juan Camilo Restrepo, quien encabezó la delegación durante más de un año desde finales de 2016 y renunció al finalizar el IV ciclo en diciembre de 2017, dando paso a Gustavo Bell, quien se mantiene hasta el momento. Los cambios también se han visto reflejados en los equipos principales. Con Juan Camilo Restrepo estuvo de manera protagónica la exministra de ambiente Luz Helena Sarmiento, quien trabajó especialmente el punto 1 de la agenda: participación de la sociedad en la construcción de paz. Con la renuncia de Restrepo, algunos miembros del equipo presentaron renuncia protocolaria y otros decidieron dimitir de la tarea.  ¿Quiénes son las personas sentadas en la mesa que representarán al gobierno colombiano en La Habana?: Gustavo Bell @EquipoPazGob Gustavo Bell: ex vicepresidente durante el gobierno de Andrés Pastrana en el que también se encargó de la Oficina de Derechos Humanos y del Ministerio de Defensa. Fue embajador de Colombia en Cuba a lo largo de 6 años (2011 – 2017). José Noé Ríos @JoseNoeRios José Noé Ríos: fue Alto Consejero para la paz durante el gobierno de Ernesto Samper y tiene una amplia trayectoria laboral en el Ministerio del Trabajo. Ha sido protagonista en anteriores procesos de paz como facilitador y representante del Gobierno: el del M- 19, del Quintín Lame y de la Corriente Renovación Socialista del ELN. Asimismo participó de los diálogos de paz de Tlaxcala con el ELN, FARC y EPL en 1992. Angélika Retterg @rettberg_a Angelika Rettberg: académica colombiana, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Estuvo a cargo de la dirección del programa de investigación de la Universidad de los Andes ‘Conflictos armados y construcción de paz’. Su trabajo se ha enfocado en estudiar la relación entre los recursos y la guerra, el sector privado, el conflicto, la construcción de paz y la justicia transicional. Socorro Ramírez: académica colombiana, doctora en Ciencia Política y posdoctorado en la Universidad Sorbonne Nouvell. Activista feminista y sindicalista. Es profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia. Ha dedicado su vida a investigar sobre problemas fronterizos en Colombia, la conflictividad social, el conflicto armado y la salida negociada a éste General Carlos Rojas: acompañó las negociaciones de paz con las Farc y fue considerado como un hombre clave para llegar a un acuerdo. Fue subdirector de la Escuela de Infantería, con especialización en Ciencias Militares, politólogo de la Universidad de Chile. Además, fue Director de Operaciones de Inteligencia Aérea y agregado de Defensa en Corea del Sur. Alejandro Reyes Lozano: Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la paz. Del anterior equipo, encabezado por Juan Camilo Restrepo, se mantienen: Freddy Padilla @FPadilladeLeon General Freddy Padilla: estuvo por más de 40 años al servicio de las Fuerzas Militares. Entre sus logros como comandante de la institución se destacan la baja de los guerrilleros de las Farc Tomás Molina Caracas, más conocido como el ‘negro Acacio’; Gustavo Rueda Díaz, alias «Martín Caballero»; y Luis Édgar Devia Silva, alias «Raúl Reyes». Padilla también se destacó por liderar la operación ‘Jaque’, desarrollada el 2 de julio de 2008, en la que se rescató a 15 secuestrados por las Farc, sin disparar una sola arma. En el operativo se liberó a Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 policías y soldados colombianos. Alberto Fergusson: Médico Psiquiatra y Psicoanalista egresado de la Universidad del Rosario, Consiliario y miembro de la Consiliatura (máxima autoridad de la universidad) desde 2011. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes y en otras instituciones de Educación Superior. Juan Mayr: fotógrafo y ambientalista. Fue ministro de Ambiente Entre 1998 y 2002 durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. A lo largo de las últimas cuatro décadas ha dedicado gran parte de su tiempo a la defensa de las comunidades indígenas. Jaime Avendaño: fue director del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI). Es experto en asuntos de convivencia, reinserción y acciones integrales en zonas de conflicto. Fue negociador alterno en la mesa de diálogo con las Farc en Cuba y gestor en las reuniones exploratorias con delegados del Eln. Foto portada: Andrea Aldana

La serie Invirtiendo el futuro, tiene un suplemento específico sobre la ruta socioeconómica para la construcción de paz desde la empresa. Las estrategias aquí presentadas son un extracto de esta guía. Por: Universidad Externado de Colombia y Conflictos asociados al desarrollo- Pares Cuando la empresa decide aportar a la construcción de paz desde la dimensión socioeconómica y tiene identificado el mecanismo por medio del cual espera trabajar, se recomienda realizar una preparación concreta y tener en cuenta algunos aspectos relevantes para cada uno. Mecanismo 1: Procesos de empleabilidad Los procesos de empleabilidad, deben entenderse de manera más global y no limitarse a una visión que contempla exclusivamente la vinculación efectiva de las Poblaciónes Prioritaria para el Postconflicto (PPP) a un empleo. Las empresas pueden aportar a la empleabilidad con las PPP a través del apoyo a procesos de formación de capacidades técnicas, desarrollo de habilidades blandas y otros procesos de preparación para el empleo, que pueden integrarse o implementarse de manera independiente y que pueden finalizar en la vinculación laboral. Si el empresario decide trabajar con este mecanismo, se recomienda lo siguiente: Preparación a los colaboradores de la empresa: para garantizar el éxito de la inclusión de las PPP en el ámbito laboral, es indispensable que los miembros de las empresas, incluyendo directivos y colaboradores en general, tengan conocimiento e interés en ser parte de esta apuesta, al punto de que se logre incorporar como parte de la cultura organizacional. Para esta preparación, se aconseja llevar a cabo diálogos participativos con el personal de la empresa, en los que se les familiarice con la coyuntura del postconflicto y la construcción de paz, y se resalte la necesidad de la reconciliación como valor agregado de las empresas en este periodo de transición. Identificación de potencialidades en el interior de la empresa: con base en el direccionamiento estratégico de la empresa, se deben reconocer las líneas estratégicas de la organización que permiten visibilizar las necesidades y las oportunidades en función de la empleabilidad con una visión de construcción de paz. Construcción de un plan conjunto con el actor aliado: el empresario puede establecer mecanismos con diferentes aliados, de tal manera que no genere preferencias por las condiciones poblacionales a la hora de cubrir una vacante. Adicionalmente, esta relación con los aliados permitirá la construcción conjunta del trabajo a desarrollar, basados en la experticia    que presentan. En este punto, es importante que como empresario conozca que no necesita recorrer solo este camino. Los aliados mencionados antes a nivel gubernamental pueden acompañar el proceso, y para ello es necesario consolidar alianzas y construir planes de trabajo detallados frente a compromisos que pueden asumir las partes. ASPECTOS DE INTERÉS PARA EL EMPRESARIO La generación de oportunidades más allá de la inclusión laboral: en los procesos de empleabilidad, no solo puede aportar como empresario a través de la vinculación directa de la población. Algunas experiencias muestran que es también posible apoyar el proceso desde el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, creatividad, trabajo en equipo. para el empleo que son precarias en las PPP. Procesos articulados que favorecen los resultados: las dos alternativas propuestas no son necesariamente excluyentes. Como empresario puede elegir alguna de las dos o realizar procesos de formación que finalizan con vinculaciones laborales para integrar las dos apuestas. Un ejemplo de estos procesos es la experiencia desarrollada por Almacenes Éxito con su estrategia de apoyo a poblaciones vulnerables, que la empresa realiza en articulación con el SENA y otras entidades aliadas. Aquí se desarrollan inicialmente procesos de formación a la medida en temas de interés de la empresa con contenido teórico y práctico. Después, se desarrollan procesos de selección para vincular laboralmente a quienes obtienen los mejores resultados de la fase práctica que desarrollaron en los almacenes. Oportunidades equitativas: en los casos de vinculaciones laborales, es importante asegurarse de que las personas postuladas en las convocatorias de empleo cumplan con unos mínimos que les permitan competir de forma equitativa con los demás candidatos (aspectos como el apoyo en la elaboración de sus hojas de vida y preparación previa para las entrevistas laborales son indispensables dadas las características de las PPP). Compromiso de los colaboradores y directivos: el proceso de empleabilidad como mecanismo de construcción de paz debe ser una estrategia en la que estén comprometidos todos los colaboradores de la compañía, incluida la alta gerencia, pues esto reestructura los procesos internos y permea de manera transversal las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o los lineamientos estratégicos de la compañía. Ajustes organizacionales: el proceso de vinculación de una población específica, en especial población víctima del postconflicto y excombatientes, exige un ajuste en áreas como recursos humanos o talento humano, pues deben llevar a cabo el liderazgo del proceso de perfilación de los cargos acorde con estas poblaciones, la búsqueda de perfiles idóneos, la vinculación y el acompañamiento para el éxito del proceso. Mecanismo 2: Apoyo al emprendimiento. El emprendimiento se refleja en todos los sectores económicos y genera enormes beneficios para las economías locales y la economía nacional. Por esta razón, se convierte en una gran oportunidad para los empresarios que desean apoyar estos procesos como aporte al desarrollo territorial o como una oportunidad para generar valor compartido. Cuando la empresa decide apoyar procesos de emprendimiento, es necesario: Diagnosticar las capacidades existentes en los territorios y en las comunidades priorizadas: Es fundamental entender a la comunidad y a los territorios donde se espera apoyar el desarrollo de procesos de emprendimiento. Por esta razón, es clave elaborar un diagnóstico basado en diálogos con la comunidad para escuchar sus puntos de vista y conocer sus expectativas y proyecciones. De esta manera, se obtienen insumos para que la empresa construya una propuesta de acompañamiento frente al emprendimiento. Identificar las oportunidades que pueden fortalecer la cadena de valor: Una de las formas en que las empresas pueden apoyar los procesos de emprendimiento se refleja cuando deciden desarrollar modelos de negocios inclusivos. En los negocios inclusivos, se puede gestionar el fortalecimiento empresarial, pues incentiva el crecimiento económico, por medio de estrategias de negocios que no solo buscan generar utilidad, sino también aportar al medio en el que se encuentran, además de apoyar la generación de oportunidades para poblaciones de bajos ingresos, lo cual apunta al mejoramiento de la calidad de vida de un número mayor de personas en la cadena de valor. Según este enfoque, es relevante identificar los diferentes actores de la cadena de valor en la empresa y determinar los modos en que es posible vincular a las PPP: Aliados (socios empresariales): la empresa desarrolla capacidades locales para el proceso de producción con personas de bajos ingresos o poblaciones priorizadas donde se requiera de este tipo de servicios, apoyando condiciones de trabajo justas y adecuadas. Proveedores de materia prima o servicios (compras): la empresa define, a través de un análisis estratégico compuesto por la validación en su cadena de suministros, cuáles de las distintas compras requeridas para elaborar sus productos o servicios pueden orientarse para que las suministren personas de bajos ingresos o poblaciones priorizadas. Distribuidores de bienes y servicios finales: la empresa crea redes de distribución de sus productos y servicios finales con personas de bajos ingresos o poblaciones priorizadas. Consumidores y redefinición de mercados (diseño): la empresa diseña productos o servicios asequibles para personas de bajos ingresos, poblaciones priorizadas o territorios definidos, con lo cual los incluyen dentro del mercado. Evaluar el fortalecimiento en distribuidores, proveedores o nuevos negocios. Una buena referencia de este punto se puede tomar de los ocho principios que fundamentan el modelo ISO 9001 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación  [Icontec], 2008), que aluden a las “relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor”. Así, toda organización debería aspirar a fortalecer las relaciones con sus proveedores y distribuidores, haciendo fuerte toda la cadena de suministro. En el marco de estos principios, se encuentran las actividades destinadas a la evaluación de los proveedores. Un proceso que, llevado a cabo de manera eficaz, permite obtener beneficios en costos, altas calificaciones en certificaciones, fidelización y mitigación de riesgos, entre otros. Así mismo, las posibilidades de nuevos negocios serán siempre un aspecto que debe considerarse cuando la empresa acompaña procesos de emprendimiento. Identificar oportunidades de nuevos negocios permitirá contribuir al desarrollo territorial de las comunidades que se acompañan y además generar nuevos beneficios para la empresa. DESCARGAR AQUÍ

Por: Redacción pares El 15 de mayo a los 9 de la mañana en las instalaciones de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FESCOL), la Fundación Paz y Reconciliación-Pares presentará la investigación «Así se roban las elecciones en Colombia» sobre la estrategia de fraude electoral que mantiene a la democracia colombiana en jaque. La rueda de prensa estará dirigida por el director y el subdirector de la Fundación Pares, León Valencia y Ariel Ávila.

Al adoptar una estrategia de generación de beneficios de doble vía, las empresas pueden mejorar su posición competitiva y al mismo tiempo contribuir a la resolución de las necesidades propias de las poblaciones y los territorios prioritarios para el postconflicto. Por Óscar Iván Pérez H, Investigador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo La propuesta de construcción de paz para el sector privado de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares se basa en un enfoque de inclusión socioeconómica de poblaciones y territorios vulnerables en razón del conflicto armado. Entre otras cosas, esto significa que el sector privado –empresas, fundaciones empresariales, gremios, etc.– puede aportar a la paz del país por medio de la redefinición de sus cadenas de valor, el estímulo a las economías de los municipios más afectados por el conflicto armado (ZOMAC) y la inversión social en sus contextos competitivos. La cadena de valor es un método para examinar el conjunto de procesos mediante el cual se crea un producto o un servicio útil para los clientes. Como método, la cadena de valor tiene la ventaja de que sirve para analizar cualquier sector económico, pues elimina aquello que los diferencia (producción de bienes y servicios específicos) y los reduce a aquello que tienen en común (procesos generales que son ejecutados en la producción: diseño, producción, comercialización, etc.). La redefinición de la cadena de valor para construir paz consiste en incorporar cambios en los procesos productivos que permitan incluir a víctimas, excombatientes y  miembros de la Fuerza Pública heridos en combate dentro de la lista de empleados, proveedores, distribuidores o clientes del sector privado. Así lo hacen, por ejemplo, Almacenes Éxito con Atención para la población vulnerable, un programa que genera oportunidades de formación y empleo a excombatientes y que apoya el proceso de reincorporación a la vida civil liderado por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN); Bavaria también lo hace con Tiendas de paz, un programa que busca incentivar el retorno de víctimas de desplazamiento forzado del departamento de Antioquia a través de la construcción de tiendas comunitarias encargadas de satisfacer sus necesidades de aprovisionamiento y consumo (ver Mapa de experiencias en construcción de paz). El sector privado tiene dos opciones para estimular la economía de las ZOMAC: una, abriendo o relocalizando negocios propios para que operen allá, y dos, insertando en su cadena de valor negocios ajenos que se desarrollen desde territorios que fueron afectados por el conflicto armado. Con Bancamía, la Fundación Microfinanzas BBVA, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín facilitan el acceso a servicios financieros y apoyan los emprendimientos de microempresarios, muchos de los cuales están funcionando en municipios en los que antes no se podía trabajar debido a la precaria situación de orden público. Así mismo, Hit Social de Postobón es un programa que, con una planta de producción en Tuluá (Valle del Cauca), incluye en la lista de proveedores de pulpa de fruta a pequeños productores que tienen sus fincas y negocios en municipios de la región Caribe, el Pacífico, el Eje Cafetero y los Santanderes. Cabe resaltar que con la Ley 1819 de 2016, el Gobierno nacional lanzó un paquete de beneficios tributarios para las empresas que abran nuevos negocios en los municipios ZOMAC. Por último, el sector privado puede aportar a la paz por medio de la realización de inversiones sociales en el contexto competitivo de su operación. Dentro de este conjunto de inversiones están aquellas que se hacen a favor de los grupos de interés radicados en la zona de influencia directa de la empresa –entendida como el área dentro de la cual se concentra la mayor parte de sus los impactos económicos, sociales y ambientales de su operación–. Este paquete de inversiones sociales incluye esfuerzos para mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad local, mitigar las externalidades del negocio, mejorar la infraestructura física local, o fortalecer la gobernanza y la seguridad. Un ejemplo de este último tipo de inversión social es Por el derecho a una educación de calidad, de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla. El programa busca el fortalecimiento institucional de tres municipios no certificados de la zona de influencia de Riopaila Castilla –la empresa aportante– en el Valle del Cauca: Florida, Pradera y Zarzal. En el marco del programa, la Fundación hizo acompañamiento técnico a las administraciones públicas y a las comunidades educativas locales para que formularan de forma participativa e incluyente la política pública de educación de cada municipio. Así mismo, hizo capacitaciones en temas de planeación municipal, gestión pública y planes de desarrollo (ver Invirtiendo en el futuro). Las tres opciones mencionadas para poner en marcha la contribución del sector privado a la paz –a saber, la redefinición de sus cadenas de valor, el estímulo a las economías de los municipios ZOMAC y la inversión social en sus contextos competitivos– son, a su vez, mecanismos de creación de valor compartido, en el sentido de que generan beneficios económicos y sociales tanto para la organización que ejecuta la iniciativa como para los grupos de interés vinculados al proceso. Visto desde la organización ejecutora, los beneficios directos e indirectos que traen la implementación de las estrategias descritas de inclusión socioeconómica son de diverso tipo; entre las más destacadas, cabe mencionar: i) extensión de mercados, entendido no solo como el aumento de la cantidad de clientes o territorios en donde se pueden vender de forma rentable bienes o servicios, sino como el incremento del valor total de las ventas; ii) reducción de costos y riesgos de operación, por medio de una cadena de abastecimiento más eficiente y responsable; iii) mejora en la reputación, debido a la implementación de iniciativas que no sólo buscan hacer más rentable el negocio, también generar un impacto social positivo; y iv) obtención de la licencia social de operación, sobre todo con las inversiones sociales en el contexto de operación, ya que se generan mecanismo de diálogo con los grupos de interés locales, quienes logran percibir un aporte palpable de la organización en el territorio. Visto desde los grupos de interés vinculados a los procesos, los beneficios económicos y sociales de estas estrategias son más que evidentes –creación de empleo, inyección de capital a proyectos productivos, construcción de vías y hospitales, capacitación técnica y administrativa, etc.– y dependen del tipo de iniciativa adelantada y la dimensión de paz seleccionada. Publicaciones relacionadas: Invirtiendo en el futuro, por Pares. Derechos humanos: un camino hacia la paz, por Pares. Mapa de experiencias en construcción de paz, por Pares. ¿Cómo construir paz desde el sector empresarial?, por Óscar Iván Pérez H. Estrategias empresariales para la paz, por Paola A. Vargas y Óscar Iván Pérez H Foto: ISAGEN