Por: Laura Alonso, Investigadora de la Línea Democracia y Gobernabilidad- Pares “#VotéLeónyNoAparece, es el colmo. Como representante electo a la Cámara por Bogotá, me aterra que mi voto no aparezca”, tuiteó Carlos Acosta el 14 de marzo, sólo 3 días después de que su partido, Colombia Justa Libres, fuera sepultado en el preconteo de las elecciones legislativas colombianas. El voto desaparecido de Acosta detonó una campaña nacional que permitió que se recuperaran 35 mil votos. Esto significó: tres senadores y la personería jurídica del partido. #VotéLeónYNoAparece es el colmo, como Representante electo a la Cámara por Bogotá, me aterra que mi voto no aparezca @Registraduria @manolitosalazar pic.twitter.com/JTHHb0YdmD— Carlos Eduardo Acosta (@ceaclo) 15 de marzo de 2018 La campaña organizada por Justa Libres consistió en movilización a través de redes sociales con el hashtag #VotéLeónYNoAparece y manifestaciones presenciales tanto en Registradurías locales como en la Plaza de Bolívar. Esto permitió que la Procuraduría ordenara el reconteo que obtuvo la personería jurídica del partido por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). De 431,418 votos que le atribuían el 11 de marzo, pasaron a 466,491. Esto les permitió que se convirtieran en el segundo partido religioso del país, después de Movimiento Mira. El 13 de abril el partido anunció de manera oficial, que apoyaría a la candidata presidencial por el partido SOMOS, Viviane Morales. Quién es quién en Justa Libres Las principales banderas que defiende Justa Libres son: defensa de la familia, la salud como derecho fundamental, modelo económico sostenible, educación para la paz, recuperación y protección del ambiente, defensa de la libertad religiosa y de expresión y la reivindicación de las víctimas. Sus candidatos electos son: Carlos Eduardo Acosta. Fuente: Twitter oficial @ceaclo Cámara Carlos Eduardo Acosta Lozano Fue elegido representante a la cámara por Bogotá, es médico Cirujano con estudios en gerencia y Auditoria de Salud. Senado Jhon Milton. Fuente: Twitter oficial @JhonMiltonR John Milton Rodríguez Es ingeniero industrial con especialización en Finanzas y vocero oficial del partido. Además es el Pastor Fundador de la iglesia Misión Paz, fundador de la Corporación Universitaria CUDES, pionera en universidades cristianas con perfil empresarial aprobada por el Ministerio de Educación Colombiano. Está casado con Norma Stella Rodríguez pastora de Misión Paz, diseñadora de Modas y Comunicadora Social. Eduardo Pacheco. Fuente: Twitter Oficial @PachecoCuello Eduardo Emilio Pacheco Es abogado especialista en Derecho Penal, Criminología y Criminalística. Tiene experiencia en función pública en la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Senado. Pacheco asegura que el partido Justa Libres es el resultado del 70% de las iglesias evangélicas cristianas en Colombia. Édgar Palacio Édgar Enrique Palacio Mizrahi Estudió Finanzas y relaciones Internacionales, es Profesor de Filosofía, Teología y Ciencias Políticas, especialista en derechos humanos, demócrata defensor de las libertades. De igual forma, es especialista en Derechos Humanos y estudios políticos – económicos. Estas cuatro curules en el congreso 2018-2022 se suman a la bancada cristiana, que con los congresistas de Justa Libres ya llega a siete senadores y a tres representantes a cámara: Claudia Rodríguez de Castellanos y Ángela Sánchez de Cambio Radical; Ana Paola Agudelo, Carlos Eduardo Guevara, Aydee Lizarazo e Irma Herrera de Movimiento Mira.

Por: Gonzalo Duarte, Investigador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo- Pares El futuro de la reserva Thomas van der Hammen está en discusión. La Sabana de Bogotá, hogar de más de 14 millones de personas, se encuentra en la encrucijada de realinderar, es decir, de cambiar las dimensiones y naturaleza de esta reserva. Esta discusión se ha convertido en uno de los ya numerosos puntos de discordia entre los seguidores y los detractores del actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien acaba de presentar su realinderación. Para contextualizar, debemos tener en cuenta que la propuesta busca que la reserva pase de 1396 hectáreas a 1710 hectáreas y el aumento de su zona ambiental de 634 hectáreas a 1104 hectáreas. Esto significaría incrementar su tamaño, pero se pagaría un precio alto: el aumento se daría en el marco de que se permitiera la extracción de 104.5 hectáreas para corredores viales que procurarían desembotellar la entrada y salida de la ciudad. Esto, por consecuencia, resultaría en una reserva en la que se espera la coexistencia entre el desarrollo urbanístico y el medio ambiente. De otro lado, existe una muy notable oposición a la propuesta en la que se considera que la solución para la reserva no puede ser ésta ya que las especies presentes en la zona estarían en peligro si se construyen corredores viales que la atraviesen. Tal argumento está basado en que un ecosistema difícilmente puede existir, de manera efectiva, cuando está en medio del constante estrés ambiental que conllevaría el desarrollo de corredores viales como la ALO, y el alargamiento de la Avenida Ciudad de Cali y la Boyacá, junto a sus respectivas troncales de Transmilenio. Evidentemente, el impacto no será mínimo en términos de que el contexto ambiental de la Sabana de Bogotá no se encuentra en su mejor momento: por una parte, está la contaminación del aire producida por el transporte público, transporte de carga, particulares y la misma industria de la ciudad; por otra parte, el crecimiento urbanístico que afecta los cerros u otros espacios estratégicos ambientales de la Sabana, y a esto se suma la falta de una solución real al manejo de residuos. Es por ello que la discusión, pero aún más la decisión, frente al futuro de la reserva Thomas van der Hammen debe partir de la garantía de condiciones ambientales óptimas para la ciudad, los municipios, los ecosistemas y sus habitantes, por lo que la decisión debería ser tomada por expertos que sean capaces de comprender la afectación que podría tener la realinderación de la reserva. Ahora bien, en este momento deberíamos preguntarnos, como habitantes de esta ciudad, quién es el encargado de tomar esta decisión. Y la respuesta es el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el cual, a diferencia de lo que podríamos imaginar, no consiste en un consejo compuesto por personalidades del mundo de la defensa del medio ambiente o la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Sino de una serie de políticos que son nombrados como representantes de presidencia, las gobernaciones, los municipios, sector privado, las comunidades indígenas y las entidades sin ánimo de lucro. Veamos tres miembros: Julio César Turbay Quintero: Desde abril de 2015 es miembro del consejo directivo como representante de presidencia. Es abogado y máster en ciencias de gerencia. Adicionalmente fue Contralor General de la República de 2006 a 2010, con múltiples investigaciones relacionadas con sobrecostos y aumentos injustificados en contratos por prestación de servicios. Cabe aclarar que frente al caso de la realinderación de la Reserva Thomas Van der Hammen se declaró impedido, debido a que es tío del actual Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Pero este es un impedimento por su relación de consanguinidad, no por la evidente falta de experticia en temas ambientales. César Augusto Carrillo Vega: Es el actual secretario de planeación de Cundinamarca, y representante de tal gobernación en el consejo directivo. Contador público, especialista de negocios internacionales y mercados de capital. Se sabe que ejerció el cargo de subdirector administrativo y financiero de la CAR, además de ser asesor de planeación estratégica para el sector privado. César Augusto Carrillo Ortegón: Es el actual alcalde de la ciudad de Chiquinquirá, la cual gano en 2015 de la mano del partido de la U. Profesional en zootecnia con una inacabada especialización en gobierno y gerencia territorial. Estos miembros del consejo resaltan su naturaleza, en el que participan cuotas políticas, alcaldes de municipios e incluso funcionarios que no tienen experiencia en gerencia ambiental y menos conocimiento científico efectivo para tomar este tipo de decisiones. Este es el caso de la mayoría de los miembros del consejo. No obstante, cabe aclarar que, dentro de los catorce miembros del consejo directivo, efectivamente existen quienes cuentan con un perfil profesional relacionado a temas ambientales, donde solo uno se podría considerar un experto y otros que no. Por ejemplo: Pablo Aurelio Suárez García: Asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Médico veterinario con especializaciones en gerencia ambiental y gerencia para el manejo de los recursos naturales, junto a un magíster en gestión ambiental. Fue jefe de la oficina Bogotá – La Calera de la CAR. Quizás el miembro del consejo con la hoja de vida más sobresaliente. Fabio Alberto Medrano Reyes: Actual director de medio ambiente, agua potable y saneamiento de la Gobernación de Boyacá. Biólogo de la UPTC, especialista en planeación y gestión del desarrollo territorial y en ingeniería ambiental. En 2016 fungió como director de juventud de la Gobernación de Boyacá y es quizás el miembro más joven del consejo directivo. Francisco José Cruz Prada: Representante del alcalde de Bogotá, es el actual Secretario de Ambiente del distrito y quizás uno de los más polémicos. Es abogado y geólogo, quien fungió como director de Corpocaldas durante el gobierno Uribe y aspiró a la gobernación de Caldas con el partido de la U, aspiración que no prosperó. Posteriormente fue gerente del aeropuerto del café de Caldas, donde su gestión no fue bien recibida por obras inacabadas y polémicas relacionadas con sobrecostos en la construcción. Posteriormente fungió como sub-director de evaluación y seguimiento ambiental de la CAR – Cundinamarca. Por esto es imperativo que la opinión pública, que frecuentemente está volcada hacia la discusión del respeto al medio ambiente, se pregunte sobre la capacidad y legitimidad que tienen las autoridades ambientales para tomar decisiones de gran envergadura. Esto debido a que, a lo largo y ancho del país, espacios como las Corporaciones Autónomas Regionales han sido históricamente cooptadas por intereses políticos que no se preocupan por la protección efectiva de los diversos ecosistemas de la Nación. Si vamos a proteger el medio ambiente, deberíamos empezar a considerar una reforma significativa a las autoridades ambientales, principalmente estas Corporaciones. Nota: Desde la Fundación Paz y Reconciliación consideramos que la labor investigativa es desde y para la sociedad colombiana, por lo que pedimos a nuestros lectores que si tienen información importante sobre estos u otros miembros del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la envíen al correo gonzalo.duarte@pares.com.co. Además de información sobre funcionarios de otras Corporaciones Autónomas Regionales del país.

Por: Línea de Investigación Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares Se ha confirmado el asesinato de los dos periodistas ecuatorianos y el conductor que los acompañaba. Los hechos se presentaron en la frontera entre Colombia y Ecuador, y la pregunta central es ¿qué está pasando en la costa pacífica nariñense? Una situación como ésta no se había vivido ni siquiera en la peor guerra entre guerrillas y paramilitares. Desde la salida de las FARC de la ecuación de la guerra, Tumaco ha sido un crisol de tensiones armadas producto, en gran medida, de su posición estratégica para el tráfico de drogas por el corredor pacífico. Tumaco, en un pequeño territorio concentra cultivos de coca –cerca de 25 mil hectáreas-, es zona de laboratorios de clorhidrato de cocaína y zona de exportación. Es por esta razón que múltiples actores armados han entrado en la disputa por el territorio cuya procedencia es una mixtura entre exmilicianos de las FARC, miembros del Clan del Golfo, crimen con distintos niveles de organización, y desertores de las FARC. A continuación, hacemos un pequeño recuento de la configuración de los grupos armados ilegales: Fuente: Fundación Paz y Reconciliación – Pares Gente de Orden Desde mediados del año 2016, se conoció de un Grupo Armado Organizado (GAO) denominado “Gente de Orden” configurado por exmilicianos de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. Esta estructura ha sido fuertemente atacada por la Fuerza Pública y, a pesar de que 117 miembros se desmovilizaron de manera individual el 27 de marzo de 2017, y los duros golpes propinados por la Fuerza Pública, Gente de Orden ha seguido disputando el control territorial en función de la apropiación de las rentas ilegales. Cuenta con aproximadamente 100 personas. La Empresa La Empresa, a diferencia de la gente del Orden, tiene su origen en los reductos de grupos paramilitares que controlan los laboratorios de procesamiento de pasta de coca en la parte del medio y bajo Mira, desembocadura del río Mira al Pacífico, límites fluviales y marítimos entre Colombia y Ecuador. Esta agrupación estuvo conformada por unos 30 hombres, y actualmente se encuentra casi extinta, limitando su función a garantizar el control del tránsito de droga desde Tumaco hacia las zonas de Bucheli y Candelilla, en la parte media de la ribera del río Mira. Su área de influencia es muy pequeña, pues sólo comprende la salida de Tumaco hacia Llorente, sector de Aguas Claras. Organización sicarial del Pacífico La Organización sicarial del Pacifico está conformada por unos 30 integrantes. A través de panfletos anunció, al final del 2016, que realizarían limpieza social con el fin “de acabar con los milicianos y colaboradores de las FARC”. Las primeras investigaciones sobre este grupo muestran que está compuesto por delincuentes y miembros de pequeñas bandas que siempre estuvieron enfrentadas a las FARC. Estas personas se dedican al sicariato, al fleteo, al secuestro con fines extorsivos y al cobro de vacunas a tenderos y pequeños comerciantes de Tumaco. Los Negritos Es liderado por los Alias ‘Olindillo’ y ‘Titano’, y está compuesto por unos 30 hombres que circulan en la vereda El Descolgadero, sobre las bocanas del río Mira y Tumaco. Se conoce porque fueron denunciados por las FARC en sus comunicados y su accionar fue confirmado en investigaciones del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), cuando irrumpieron amenazando a los integrantes de la Mesa de Víctimas de Tumaco. Combo de alias “El Pollo” Alias “El Pollo”, uno de los milicianos que firmó la carta dirigida a la Alcaldía de Tumaco para que su combo fuera tenido en cuenta en el proceso de paz. Ahora se encuentra en proceso de desmovilización individual y se encuentra protegido por hombres que portan armas largas y cortas en el barrio El Voladero, ya que, según fuentes locales, tiene una fuerte enemistad con el grupo Gente de Orden. Columna Gaula y Nuevo Grupo En Aguas Claras tienen presencia dos estructuras armadas compuestas por pocos hombres, La Empresa y El Nuevo Grupo, de éstos no se sabe mucho, pero sí que están extorsionando a la población civil. Adicionalmente, en el casco urbano opera un pequeño grupo denominado Columna Gaula. Guerrillas Unidas del Pacífico Es un grupo de desertores del frente 29 de las FARC que fue liderado por alias “Don Ye” hasta que fue asesinado. Posteriormente su hermano, alias “David”, tomó el control del grupo y lo ha expandido tanto en número de miembros como en capacidad bélica. Actualmente se conoce de su presencia en ocho municipios del pacífico nariñense y sus acciones se centran en el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico hacia el centro y el norte de América. Según algunas fuentes, este grupo ha trabajado de la mano con el Clan del Golfo para afianzar su capacidad de control territorial en función del narcotráfico. Actualmente cuenta con 300 hombres, aproximadamente. Frente Óliver Sinisterra Es un grupo armado compuesto por disidentes de la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC. Acogió la base social dejada por esta guerrilla, pero se ha convertido en el dueño de los cultivos de uso ilícito: su producción y exportación de clorhidrato de cocaína tanto al sur del continente, por medio de la frontera con Ecuador, como a Centroamérica y Estados Unidos. Este grupo está al mando de Jefferson Suárez Toro (alias “Cachi” o Miguelito), Guacho y Alias Fabián, su comandante. Por otra parte, este grupo se considera a sí mismo como un frente activo de las FARC-EP y desconoce lo pactado en La Habana debido a que los beneficios derivados del Acuerdo únicamente cubrieron a unos pocos comandantes de las FARC. Entre sus principales acciones se cuentan: Las semanas previas al 05 de octubre de 2017, día de la masacre de ocho campesinos en la vereda El Tandil, en Tumaco, las comunidades aseguran que este grupo, liderado por “Cachi”, se encontraba instigando y amenazando a los campesinos para que protestaran por la erradicación forzada de cultivos. Según el Ministerio de Defensa, fue este grupo el que activó tatucos contra la Fuerza Pública el día 05 de octubre de 2017 lo cual derivó en un enfrentamiento en el que murieron los campesinos. No obstante, todas las fuentes en territorio y la Defensoría del Pueblo, desmienten esta versión y aseguran que fue la Policía Antinarcóticos la que disparó contra los campesinos. También aseguran que no existen indicios de tatucos en el territorio. Aunque ya han pasado siete meses de esta tragedia, la Fiscalía no ha esclarecido los hechos. Instalación de minas antipersonal en la vereda El Vallenato, en zona rural de Tumaco, en donde resultó herido el soldado profesional Cristian Medina. Este hecho se registró el 11 de diciembre de 2017. Incineración de bus de la empresa Transipiales el 22 de febrero de 2018 en donde resultó herido el conductor. El 28 de febrero fue incinerado otro bus de la empresa Cootranar en la vía Pasto-Tumaco. Voladura de torre de energía el 27 de marzo de 2018 que alimentaba la cabecera municipal de Tumaco, si bien el hecho también fue atribuido al ELN, las autoridades responsabilizaron posteriormente al Frente Óliver Sinisterra. El 01 de abril de 2018 se presentó un combate entre el Ejército Nacional y el Frente Óliver Sinisterra en donde resultaron heridos tres combatientes, dos del Ejército y uno de la disidencia. En el enfrentamiento fue dado de baja un miembro del Óliver Sinisterra. Voladura de torre de energía el 05 de abril de 2018, en el corregimiento de La Guayacana en Tumaco. El 27 de enero de 2018 un carrobomba estalló en la estación de policía de San Lorenzo, Ecuador, frontera con Colombia, en donde resultaron heridas 28 personas. Según versiones de diarios ecuatorianos, la disidencia de las FARC estuvo detrás del atentado terrorista. El 26 de marzo de 2018 fueron secuestrados dos periodistas (Javier Ortega y Paul Rivas) junto a su conductor (Efraín Segarra) en la frontera entre Ecuador y Colombia sobre el río Mataje, por parte del frente Óliver Sinisterra. El 10 de abril de 2018 apareció un comunicado supuestamente firmado por el Frente Óliver Sinisterra en el cual se aseguraba que habían asesinado a los tres secuestrados. Aunque el Ministerio de Defensa de Colombia y las autoridades de Ecuador desmintieron la veracidad de este comunicado, horas después se conoció que las tres personas fueron asesinadas.

Por: Redacción Pares Mientras distintos sectores de la sociedad colombiana se preguntan qué va a pasar con los acuerdos de paz después de la captura de Jesús Santrich de las Farc, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares revive el trabajo que realizó Síudadanos en 2016. Parte de esta campaña fue unir los esfuerzos de caricaturistas como Jarape, Leo, Garzón, Vladdo, Picho y Pucho, Calarcá, Xtian, Matador, La Che, Betto, Mheo, Mauricio Parra, Feroz, entre otros, que publicaron trabajos que tenían que ver con la paz y los anhelos ciudadanos por vivir en un país mejor. Ver sus caricaturas nos ayuda a recordar las razones por las que los colombianos apoyaron (y siguen apoyando) la paz:

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Luego de la captura de Santrich se han tejido todo tipo de hipótesis y análisis sobre el futuro del proceso de paz. Al respecto se podrían sacar cuatro grandes conclusiones o mejor líneas de análisis.  Por un lado, y tal vez la principal conclusión es que aquellos que no apoyaban el proceso de paz porque supuestamente éste anulaba instituciones judiciales o entregaba impunidad eterna, ahora deberán estar apoyando este proceso, ya que, queda demostrado que los acuerdos de paz no modificaron las instituciones judiciales, tampoco amordazaron o amarraron ninguna, y éstas siguen funcionando, es decir, la tal impunidad de la cual hablaban algunos que no conocen el proceso de paz es una farsa. Se constata que las instituciones siguen funcionando y sobre todo que no habrá impunidad infinita. La segunda conclusión es que obviamente esto tiene un impacto importante sobre los exguerrilleros de las Farc. No debe olvidarse que el proceso de reincorporación ha tenido unas dificultades mayúsculas, por ejemplo, a hoy, casi un año y medio luego de la aprobación de la Ley de amnistía, centenares de guerrilleros que siguen en las cárceles. Además muchos de ellos aún no están bancarizados, los proyectos productivos no arrancan y han asesinado a más de una treintena de excombatientes. Así que muchos de ellos ven esto como una especie de conspiración y sobre todo como un incumplimiento. Por ello es importante no acelerarse y garantizar el debido proceso para el caso de Santrich y ser lo más riguroso posible. Aquí de lo que se trata es de que se haga justicia y evitar que mandos medios, muchos de ellos pegados con babas, reincidan, por ello debe garantizarse un proceso transparente y si se comprueba que Santrich cometió delitos luego del día D -1 de diciembre de 2016- pues debe asumir las consecuencias.La tercera conclusión es que esta es una prueba de oro para la JEP. Los magistrados y funcionarios deben demostrarle al país agilidad, rigurosidad y transparencia. Por ello la Fiscalía rápidamente debe transferir el material probatorio y colaborar con la JEP. Es importante que el fiscal Martínez entienda que debe trabajar en coordinación con la JEP y no obstruirla. Por último, es importante que la sociedad ayude a cuidar hitos que se han logrado en el acuerdo de paz, la captura de Santrich llevó a mucha población a decir que todo era una farsa, pero la realidad es diferente. Por ejemplo, el pabellón de afectados por minas antipersonal del Hospital Militar está a punto de cerrar, ya que los niveles de afectados han caído dramáticamente. Además, los secuestros han descendido, al igual que el desplazamiento. También en el proceso de dejación de armas las Farc entregaron 1.3 armas por desmovilizados, cuando los paramilitares habían entregado apenas el 0,6 armas por combatiente y a nivel internacional el promedio más alto había sido Afganistán con el 0,76 armas por desmovilizado. Además, las elecciones del pasado 11 de marzo, solo presentaron dos municipios afectados por violencia, no debe olvidarse que en 2006 y 2010 se contaban por centenares y el pasado marzo se vivieron las elecciones más pacíficas en años en Colombia. Esto es lo que se debe cuidar, Colombia es mucho mejor en paz que en guerra, es una estupidez que muchos piensen que era mejor no tener el proceso de paz, son ciegos que no quieren ver. La paz ha traído importantes resultados a nivel territorial, ahora lo que se debe garantizar es la implementación territorial y cumplirle a las comunidades las promesas de vías terciarias, distritos de riego, cadenas de comercialización, entre otras, pero sería un grave error detener la implementación o hacer trizas los acuerdos de paz. Publicado por Revista Semana

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes. El ABC de las polémicas de esta semana. A. La captura de Santrich: ¿Cuál ha sido la posición de las FARC? ¿A qué le apuesta el gobierno? B. Los hermanos Galán le deben temer a Uribe. C. El desprecio de Trump por Latinoamérica.

Por: Redacción Pares Ríosucio y Ríoquito en el departamento de Chocó: Medellín, en Antioquia; Buenaventura, en el Valle del Cauca; Tumaco, en Nariño, y Santa Marta, en Magdalena; serán los seis territorios en los que se implementará la estrategia de fortalecimiento de iniciativas juveniles que se encuentran en contextos de economías ilegales. La Fundación Paz y Reconciliación- Pares, su línea de Investigación sobre Jóvenes, en alianza con Dirección de la Presidencia de la República de Colombia para el Sistema Nacional de Juventud – Colombia Joven, el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Embajada de Suecia en Colombia, están trabajando para gestionar los riesgos de vinculación de los jóvenes a la ilegalidad potenciando las capacidades organizativas y sociales y el emprendimiento juvenil. Algunos proyectos juveniles tienen que ver con guía vocacional de jóvenes, talleres culturales de rescate de tradiciones y prácticas deportivas. El 10 de abril se realizó un evento de socialización de la estrategia con líderes y lideresas de cada una de las 12 iniciativas seleccionadas para ser fortalecidas y con actores estratégicos que acompañarán el proceso. El cierre de esta primera etapa del proyecto dará paso a la implementación de la Estrategia que consiste en: el diagnóstico de la iniciativa juvenil y el desarrollo de talleres con oferta sectorial; la formulación de Ruta de alianzas, Competencias de Construcción de paz y Componentes de Productividad y sostenibilidad de las iniciativas de gestión de alianzas para la inversión social. Fotos por Colombia Joven

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad-Pares El Consejo Nacional Electoral (CNE) puede ser una entidad creada con fines altamente políticos, puede tener magistrados que no son idóneos para el cargo y hasta se podría pensar que, por nombrar un caso, el de la revocatoria de Enrique Peñalosa, han actuado de forma negligente. Sin embargo, es muy desfasado de la realidad responsabilizar al CNE por el fracaso de la unión entre el candidato liberal, Humberto de la Calle, y el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo. Más allá de la discusión jurídica y los argumentos legales para impedir la unión entre ambos candidatos, a estas alturas del calendario electoral la alianza iba a resultar mal. En primer lugar, porque Humberto de la Calle fue elegido por los votos liberales de quienes no pertenecen a las maquinarias del partido. Es decir, a De la Calle no lo apoyaba toda la estructura de congresistas que se han beneficiado del Gobierno nacional. La estrategia política de los liberales con caudal electoral se enfoca en aguantar lo suficiente para poder negociar sus apoyos a Germán Vargas Lleras o Iván Duque, bajo la lógica de que son ellos quienes les pueden ofrecen espacios burocráticos en una segunda vuelta. El portazo que le dio el jefe liberal César Gaviria a la unión de De la Calle con Fajardo no fue una decisión al azar. En segunda vuelta, una vez derrotado De la Calle, aumentará el valor de los votos. Adicionalmente, no hay nada más equivocado que pensar que el liberalismo está saliendo por la puerta de atrás como partido, teniendo un fortín electoral de aproximadamente 2 millones de votos, 14 senadores y 35 representantes a la Cámara. En segundo lugar, y en concordancia con lo anterior, la alianza de Humberto de la Calle con Fajardo iba a generar una disputa interna en la Coalición Colombia con Jorge Enrique Robledo, toda vez que en el 2017 el Polo (especialmente desde el sector del MOIR, que es el que apoya al senador Robledo) le dio un golpe de Estado a Clara López, actual fórmula vicepresidencial de De la Calle. La situación con el Polo dentro de la Coalición no podría estar más erosionada: por un lado, el silencio del Polo por recibir a De la Calle y Clara López se vio opacado por la necesidad de la alianza a cualquier costo y, en segundo lugar, por las recientes peleas internas que sufre el partido en las que algunos de los congresistas electos buscan la libertad para apoyar al candidato Gustavo Petro. Esto último no solo tiene limitaciones jurídicas, sino que también pone a prueba el teflón de la Coalición. En suma, la culpa real de que no se hubiera podido llevar a cabo esta gran alianza no fue el CNE.  La responsabilidad directa estuvo en la improvisada estrategia de crear un proyecto común de candidatura para estas elecciones. Es un exabrupto la miopía política de quienes buscan ahora un gobierno alternativo canibalizándose los votos. De hecho, se podría llegar a pensar que hubo una suerte de “negligencia política” de parte de la Coalición Colombia, Humberto de la Calle y, si se quiere, de Gustavo Petro. A estas alturas de la competencia electoral, de nada sirve que movimientos juveniles de partidos de izquierda, sectores alternativos y liberales, busquen que se haga una “gran convergencia”, cuando se sabía del impulso de las candidaturas con las que se iba a competir. Desde el plebiscito se sabía que el uribismo iba a generar un gran impacto en estas elecciones; mientras que, por su parte, el candidato Germán Vargas Lleras había abonado el terreno desde el Gobierno nacional como la crónica de una campaña anunciada. Así que, si se desean buscar culpables de lo que las encuestas y el pronóstico electoral reflejan en este momento, no le echen el agua sucia al ya cuestionado CNE; más bien, a la falta de planeación de un proyecto nacional y un programa común alternativo, justamente ese que no han sido capaces de construir los grandes líderes de los sectores alternativos en quienes creemos.

Por: Redacción Pares Libro digital Ustedes están locas, liderazgos que construyen paz en la comuna 18 de Cali, que cuenta la historia de los comedores comunitarios y los espacios protectores para la niñez de cuatro sectores de la comuna 18 de Cali –Alto Nápoles, El Árbol, La Cruz y La Arboleda-, por medio de testimonios de las lideresas Adriana, Maru, Carmen y Sandra, quienes estuvieron presentes desde el momento de su creación. Sus historias de vida ponen en evidencia que la intervención social de empresas y entidades públicas puede cambiar vidas y construir paz. (Para DESCARGAR el libro, Click en la imagen) Descargar

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad-Pares El Clan Jattin de Córdoba logró asegurar una curul en la cámara de representantes con ayuda del Partido de la U a pesar de que su líder,  la ex senadora Zulema Jattin Corrales, se encuentra en prisión domiciliara por parapolítica. Recientemente la Corte aceptó como testimonios en el juicio las declaraciones del ex jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, conocido como ‘Diego Vecino’; el ex alcalde Mario Prada Cobos y el ex dirigente político liberal Juan Manuel López Cabrales. El poder de la dinastía Jattin en el departamento de Córdoba data desde décadas atrás. José Jattin Safar, conocido como “El Gordo Jattin”, líder político del partido Liberal en Córdoba y ex presidente de la Cámara de Representantes, perdió su investidura debido a las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por haber recibido, presuntamente, dineros del cartel de Cali en el proceso 8000. Falleció en el 2009, justo el año en el que su hija Zulema fue condenada por parapolítica. Rubén Jattin Safar, el primer alcalde elegido por voto popular en el municipio de Lorica para el periodo de 1988-990, era hermano del ex congresista Jattin y tío de Zulema. Posteriormente, Felix Manzur Jattin, tío de Zulema y actual presidente de la Cámara de Comercio de Montería, fue alcalde durante 1991-1992. En el periodo 2012-2015, la alcaldía de Lorica estuvo en poder del hermano de Zulema, Francisco “Pachi” Jattin Corrales, quien tuvo dentro de su gabinete de gobierno al abogado Álvaro Burgos, capturado en el 2015 por estar vinculado al “carrusel de la educación”, sindicado de hacer parte del desfalco de 80 mil millones de pesos en el departamento de Córdoba y el municipio de Lorica. Adicionalmente, Burgos es padre del presidente de la Asamblea departamental, el diputado Carlos Burgos González, del partido de la U, y aliado político de Jattin. Francisco Jattin actualmente se encuentra en libertad provisional mientras siguen procesos judiciales en su contra. En las elecciones de 2015, el municipio de Lorica siguió bajo las riendas del partido de la U, mediante la elección de la alcaldesa Sofía “Choffy” Jattin, quien obtuvo el 53,82% de la votación en 2015. Sofía es prima de la cacica y líder política, Zulema Jattin. Hizo campaña con el actual gobernador Edwin Besaile y el presidente de la Asamblea departamental, el diputado Burgos González. En 2016, Zulema perdió la única ficha que le quedaba en el Senado,  el ex congresista Martín Morales Diz, capturado por homicidio, lavado de activos y vínculos con grupos armados ilegales. Actualmente se encuentra en investigación. A pesar de estar debilitada, Zulema insistió en estas elecciones mediante la candidatura de su ficha política Jorge Burgos Lugo, con el aval de su partido (partido de la U). Burgos obtuvo 60.253 votos, suficiente para obtener una curul en Cámara de Representantes. El Clan está moribundo, pero se niega a morir

Por: Carlos Montoya Cely, Coordinador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares Como si se tratara de una esquizofrenia colectiva, en la que perdemos todo contacto con la realidad, asumimos con normalidad la permanencia de la violencia y corrupción en el desarrollo democrático. Enaltecemos la agudeza de nuestros políticos para ajustar creencias y principios de acuerdo al momento y hemos llegado al punto, en el que algunos nos aferrados y esperamos que si es el caso, el sucesor de Juan Manuel Santos repita como estrategia la traición. Me explico. Desde Maquiavelo hasta Jeambar y Rocoute se ha tratado de reconocer la traición como una virtud del estadista. Entender el cambio y tener la capacidad de modificar posiciones, remplazar aliados y transformar creencias es siempre válido y audaz si esto se hace en función de la prevalencia de la democracia. La traición por supuesto ha estado presente de manera constante en la política nacional, especialmente en la historia reciente ¿qué habría pasado si Juan Manuel Santos no traiciona a Uribe? ¿Habría terminado la guerra? Para Jeambar y Rocoute la traición es la máxima del pragmatismo político, y la decisión permite que de traidor se pase a héroe, y que algunos sectores reconozcan en esa acción una virtud suficiente para pasar de contradictor a escudero. Pero, incluso en este caso, la paz ha sido defraudada, no sólo por su subvaloración histórica, sino por su sistemático incumpliendo, es la traición sobre la traición. El traidor deja de ser héroe. Es sólo así, que se puede entender, que al menos en Colombia la traición no se ha expresado en virtud de reconocer los cambios de la sociedad y someterse a ellos en favor de la democracia. Como si todos fueran Judas detrás de monedas de oro, se viola cualquier principio para mantenerse en el poder: Los Ñoños corrieron al uribismo y los Aguilar a Germán Vargas Lleras para mantener sus lugares de representación bajo la sombra de la corrupción; Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático, niega su pasado reciente y sin sonrojarse pasó de celebrar los triunfos de los derechos civiles de la comunidad LGTBI, a rechazar con contundencia el matrimonio igualitario; Juan Carlos Pinzón, vicepresidente de German Vargas Lleras, pasó en cuestión de meses de apoyar incondicionalmente los acuerdos de La Habana, a negar y cuestionar cada uno de los logros obtenidos en la negociación de paz. El partido Liberal se sometió a una consulta interna hace más de cinco meses, ratificó candidato único a la presidencia y aún hoy se ve a sus representantes tocar a las puertas del uribismo como táctica de mantenerse en el Gobierno, sin importar las contradicciones que puede suponer este apoyo. Clara López, fórmula de Humberto de la Calle, traicionó su palabra, y el mismo día que se había comprometido a firmar una consulta con Gustavo Petro y Carlos Caicedo, la conveniencia política la llevo a aceptar la vicepresidencial del partido Liberal. Así, a diario el ajedrez político se mueve en función de la traición justificada sólo en el provecho personal. El elogio a la traición expuesto por Jeambar y Rocoute queda absolutamente minimizado, los cambios no son en función del reconocimiento del cambio social, sino del oportunismo individual. Y mientras todo esto pasa, no logramos salir de la paradoja colombiana, pese a vivir las elecciones más pacíficas de la historia, la relación entre elecciones, violencia y estabilidad institucional se mantiene. Nada se dice sobre las más de 130 agresiones contra dirigentes políticos (Según la MOE, al menos 46 líderes políticos de diferentes partidos han sido víctimas de agresiones), líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los últimos cuatro meses, tiempo que lleva la campaña electoral o de los problemas en la arquitectura institucional que permiten que una clase política aliada con la ilegalidad se mantenga en el poder. Mientras nos aferramos a vivir en esquizofrenia, pasamos de traidores a héroes, políticos que llegan como representantes de un mesías que ha alimentado su poder político a través del miedo y el reciclaje de la guerra, como Iván Duque respaldado por Álvaro Uribe. German Vargas Lleras por su parte, se presenta como el salvador contra la corrupción rodeado de una foto llena de corruptos y cuestionados.  A 45 días de las elecciones presidenciales, estamos de cara a la posibilidad de premiar a quienes han hechos su carrera política sin la premisa de la traición, vamos con ellos.

Por: Naryi Vargas, Investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto El Acuerdo firmado en La Habana, particularmente en lo que respecta al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), uno de los tres ámbitos contemplados para atacar el problema del narcotráfico, que, si bien fue pactado con la exguerrilla de las FARC, el incumplimiento no es sólo con ellos, son más de 127.405 familias con las que se han suscrito acuerdos regionales y se han comprometido los beneficios del PNIS. La preocupación por la incapacidad del Estado para cumplir lo planteado en el programa no debe ser menor, pues esto podría ser leído como un fracaso más de la estrategia de sustitución voluntaria, en contraste con los resultados demostrados por la erradicación forzosa, argumento que sin duda sería  aprovechado por sectores políticos de la que esperan volver a la vieja lucha antinarcóticos basada en políticas militaristas y prohibicionistas, que trajeron consecuencias nefastas para el campo. Sin duda, la administración Trump ya ha acogido premisas de este tipo, así como el partido Centro Democrático, cuyo candidato presidencial, Iván Duque, apunta a un gran retroceso: fumigaciones, erradicación forzosa, militarización, judicialización de campesinos cultivadores, penalización de la dosis mínima, etc. Por supuesto, ésta no es la primera vez que en el país se intenta implementar política pública para la sustitución de cultivos, desde 1985 el Estado invierte en programas de este tipo. El PLANTE en 1995, otra serie de programas en el marco del Plan Colombia y Plan Consolidación, dejaron muchas lecciones, no tanto sobre aciertos logrados, sino especialmente respecto a errores que se esperaba no se volvieran a cometer. El primero está asociado a lo anterior: la perspectiva bajo la cual se entiende y se busca resolver el asunto de los cultivos. Plan Colombia y Plan Consolidación asumieron que era un asunto dependiente de la situación de seguridad territorial, asociado especialmente a la presencia guerrillera. El PNIS y el PLANTE fueron diseñados con otra óptica, entendiendo la complejidad del fenómeno y asociándolo a causas multidimensionales, asociado a históricas condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, la dinámica de los mercados ilegales locales, entre otros. No obstante, se está llevando a cabo de manera simultánea y descoordinada la erradicación forzosa. Esto no sólo genera situaciones de conflictividad y confrontación entre campesinos y fuerza pública, también le resta credibilidad al Gobierno. Los atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública, desincentiva a las comunidades a apoyar esa iniciativa. No es solo un asunto de voluntad política, es necesaria la capacidad institucional, administrativa y presupuestal. En esta materia el reto no es menor. Para que el asunto funcione, está claro que el programa debe tener unos resultados en el corto, mediano y largo plazo, y resolver problemáticas en el nivel individual, comunitario y territorial, y efectivamente el PNIS se diseñó con esa integralidad. Primero, se contempló un Plan de Atención para resolver en el nivel familiar y al corto plazo la manutención de las personas, que consiste en el pago de un millón de pesos al mes durante un año a cada núcleo familiar de cultivadores a partir de la inscripción en el PNIS. Simultáneo a esto, se contempla la asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria, de tal manera que cuando termine el año de los pagos, las familias tengan un proyecto productivo que les permita el auto sostenimiento.  Para el mediano plazo se contempló que cada familia recibirá 9 millones de pesos para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido, diseñados a partir de estudios y asistencia técnica. Además se incluyó un Plan de Atención Inmediata comunitario para atender de manera prioritaria a población vulnerable como niñez y tercera edad; y otros programas como mecanismos para facilitar el acceso a oportunidades laborales y generación de ingresos y brigadas de salud.  Finalmente, se tiene una visión más estructural que incluye la construcción de obras de infraestructura rápida para conectividad y otras urgencias, así como planes de formalización de propiedad, esto además de lo que se formule en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pero de las 127.405 familias con las que se han suscrito acuerdos regionales, sólo se han logrado inscribir al programa cera de 57.000, menos de la mitad, todo esto a un año de haberse firmado con las comunidades los acuerdos regionales. El Gobierno se tarda entre 6 y 9 meses en inscribir a las familias al programa.  Este periodo se configura como una posibilidad de desconfianza por parte de las comunidades hacia el Estado, pues resulta inexplicable la demora. A esto se suma que los recolectores, es decir, los raspachines, no han recibido pagos aunque han intentado vincularse al programa, además, tampoco tienen trabajo pues en las veredas están arrancando la mata. Por otro lado, se supone que esas familias inscritas ya tienen el derecho de acceder a los beneficios del PNIS, pero ello implica algunos prerrequisitos, como por ejemplo la bancarización de campesinos. A finales de enero, se informó que se comenzó la bancarización de 21.000 campesinos, menos de la mitad de los que están inscritos. Al no estar bancarizados, la entrega de los apoyos económicos se ha convertido en un trámite demasiado engorroso: un funcionario del PNIS se desplaza al municipio, cualquiera, en todo caso en ninguno hay oficina, y cita a los cultivadores para que vayan a recoger su bono, que en muchos casos no es entregado, porque el funcionario no tiene el nombre o el número de cédula registrado de manera correcta. Además, esta dinámica ha permitido que los cultivadores sean víctimas de robos, pues de regreso a su vereda, algunos grupos delincuenciales esperan en la vía para quitarles el dinero. Este es el drama para quienes pudieron lograr acuerdos colectivos. Existe un problema mayor en la sustitución de cultivos en resguardos indígenas, parques nacionales y consejos comunitarios. En 2016 representaban cerca del 32% del total de los cultivos en Colombia, allí no se puede vincular a cultivadores al programa porque cuando el campesino no es dueño de las tierras, o está en conflicto con ocupantes o con terceros que afirman ser propietarios, incluso cuando está en zonas de manejo especial, es imposible vincularlo al PNIS, pues éste implica que se le reconozca la permanencia en la zona habitada. Hasta el momento no se tiene una solución a corto plazo para ese cuello de botella. El reciente proyecto de ley sobre tratamiento penal diferencial profundiza las dificultades, pues cambia una de las reglas básicas del programa y es la definición sobre lo que es un pequeño cultivador, entre otras cosas. Es entendible que el gobierno sienta que se le acaba la gasolina, pero lo inexplicable es que su falta de operatividad justifique un discurso que seguro desembocará en la presidencia del candidato que hará trizas 6 años de proceso paz.