Por: Alejandro Jiménez, Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En lo corrido del año 2016, aun cuando ya era previsible el carácter irreversible de la suscripción de un acuerdo de paz entre la otrora guerrilla de las FARC y el Estado colombiano,  había un sinsabor generalizado en algunas regiones del país por los posibles brotes de violencia. En estos lugares aún era inimaginable la desaparición por completo del silbido de las balas, las incursiones armadas en asentamientos rurales y urbanos; una de estas zonas era el Catatumbo. Para ese momento, en medio de tertulias y de algunos intercambios con amigos y conocidos, algunos de ellos avezados defensores y defensoras de Derechos Humanos de la región, coincidíamos en que la conflictividad existente en el Catatumbo sería una piedra en el zapato para la consolidación de esa paz territorial, cacareada desde el nivel central mientras se guardaba aún la gran brecha entre las decisiones del nivel central frente a lo territorial, en las que el Estado aún no lograría llegar para consolidar su deuda histórica con las comunidades de garantizar el pleno goce de sus derechos. La extensión de cultivos de uso ilícito sumado a la alimentación de otras rentas ilegales, la existencia de conflictividades territoriales de carácter intercultural entre indígenas y campesinos, las tensiones entre modelos de desarrollo como la explotación primaria de recursos no renovables vs. la producción campesina agroalimentaria, las agresiones y la impunidad contra líderes sociales  y, tal vez la más compleja, la creciente actividad bélica de las estructuras del Frente de Guerra Nororiental del ELN y del reducto del Frente Libardo Mora Toro del EPL, ya se preveían como grandes obstáculos para la consolidación de la paz en la región. A pesar de la disminución de la violencia del conflicto armado, la desactivación armada por parte de las estructuras del Frente 33 de las FARC no serían más que un pequeño aliciente ante el convulsionado panorama, ya que existía el gran miedo de un  copamiento territorial violento a raíz de posibles disputas por las rentas ilícitas. Todo esto junto era la receta para que el futuro del postconflicto en la región se mostrase bastante endeble y esquivo si el Estado Social de Derecho no lograba, por un lado, dar cumplimiento a lo pactado y, seguidamente, su consolidación territorial con medidas que trascendieran el plomo y la bota militar. Pues así sucedió. Dos años después, y pasados 16 meses de la firma del Acuerdo de Paz, esos espectros que suscitaban temores previos a la refrendación y posterior implementación del acuerdo de paz ya pasaron a ser una realidad latente ante la negligencia estatal en el cumplimiento de lo pactado en esta región: en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, el 9 de septiembre  del 2017 se firmó el primer pacto colectivo y cuatro días después llegaron más de 200 hombres del ESMAD escoltando a los erradicadores, suscitando un choque entre fuerza pública y campesinos manifestantes; de otro lado, más de 300 familias campesinas fueron sacadas de la vereda La Cooperativa Saphadana en Convención después del ultimátum de la comunidad Barí, luego de haberles permitido asentarse durante diez años en su territorio ancestral tras la violenta arremetida paramilitar en la zona[1]; además, casos de victimización como la desaparición del líder comunal Henry Pérez siguen en la impunidad y, así mismo, las agresiones contra líderes sociales de la región continua, entre estos se han registrado 4 atentados y 5 homicidios.[2] A su vez, para algunos integrantes de la otrora guerrilla de las FARC su suerte también ha estado al filo de la navaja, toda vez que en San Calixto y El Tarra han sido asesinados 2 de sus excombatientes. De otro lado, la afectación a la población civil por parte de los grupos armados, legales e ilegales, transita en la constante infracción al principio de distinción del DIH, escenario que no es novedoso durante el desarrollo del conflicto armado interno colombiano, pero preocupa que la vida e integridad de los civiles siguen siendo consideradas como el centro de gravedad de las partes en combate, entendido como el objetivo donde se debe atestar el golpe decisivo en materia política y militar. Esto ha conllevado a múltiples violaciones de los Derechos Humanos con ocasión de algunos operativos realizados por la Fuerza Pública y en razón de la atípica guerra desatada entre ELN y EPL. Entre algunos hechos relevantes a destacar se encuentra lo sucedido en inmediaciones a la base militar en el corregimiento de Orú en marzo del 2017, cuando se presentó una manifestación de personas de las comunidades de Pachelly, Versalles y Orú luego de la detención de unos presuntos contrabandistas de gasolina; las exigencias a los militares era la liberación de estas personas, lo cual fue disipado por las balas de la fuerza pública que acabaron con la vida de un hombre y dejaron heridos a otros dos. Por su parte, la Fuerza de Tarea Vulcano se refirió al hecho como un ataque realizado por parte del EPL, banalizando su responsabilidad ante la agresión contra la población civil. De otro lado, la reciente oleada de confrontaciones entre miembros del ELN y el EPL desatadas  desde el 14 de marzo, han dejado a más de 20.300 personas con afectaciones humanitarias de 35 veredas de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Sardinata, San Calixto y Teorama; más de 12.500 personas con restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios básicos de agua, salud, educación y alimentación.[3] A esto se suma la incursión de militantes del ELN en el corregimiento de Filo El Gringo para dar con el paradero de milicianos, colaboradores y familiares del EPL. En medio del marasmo que aún hoy se percibe frente a las nuevas oleadas de violencia tras 16 meses de la firma del acuerdo de paz con las FARC, iniciativas y organizaciones campesinas, comunales, indígenas y sociales de paz del Catatumbo aún claman por una atención y gestión de las conflictividades por parte del Estado para cerrar el capítulo de la violencia. Es un clamor de paz generalizado que se escucha como un eco en distintos parajes de la Colombia profunda, lugares donde los ciclos de violencia se resisten a desaparecer, justo donde el Estado aún no ha logrado consolidarse como autoridad reguladora de la vida y de las conflictividades sociales, ni como ente garante del goce efectivo de derechos y de exaltación de la vida y la dignidad humana en el marco de la construcción de paz. Aún así queda mucho camino y mucha más esperanza para lograr una Paz Completa. Nota: Al cierre de esta edición, se conoció sobre el secuestro de cuatro personas en la cabecera municipal de Teorama; las víctimas son Arturo Baene, Ronald Montejo, Leonardo Pallares y Yulbreider Pallares. Se presume que fueron plagiados por integrantes del ELN. Fotos: Alejandro Jiménez (2016) [1] La comunidad campesina de aproximadamente 2000 personas se desplazó hacia el sector de Caño Tomás, lugar donde se instalaron en refugio humanitario. Amparados por la sentencia T-052 de 2017 para la resolución de conflictos territoriales, las comunidades exhortaron al gobierno nacional para que la Mesa Consultiva entre el pueblo Barí y el campesinado sesionara de manera extraordinaria, en razón de darle trámite a la crisis desatada en ese lugar. [2] Mediante el observatorio de violencia política, la Fundación Paz & Reconciliación registra este dato desde el 24 de noviembre hasta el 3 de abril. [3][3] Cifras proporcionadas por reporte humanitario de OCHA y UMAIC del 26 de marzo.

Por: Carlos Montoya Cely, Coordinador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Dispara. Alias “Chiqui” un sicario del bajo Cauca antioqueño al servicio del Clan Úsuga cuenta la rutina de un asesinato: lo llaman para darle los detalles de la víctima, más tarde lo recogen en moto, le entregan el arma, dispara. Después regresa el arma y continúa su trabajo cotidiano, el suyo, en una cerrajería. Desde hace más de un año Chiqui hace parte del grupo de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación. Él sabía que trabajaba para los Úsuga pero no para quién trabajaban ellos. Es decir, sabemos quién aprieta el gatillo, no quién paga para que disparen. La mayoría de los relatos sobre los hechos detrás de la muerte violenta contra líderes sociales están relacionados con situaciones de sicariato: Aldemar García, defensor de la tierra, fue asesinado a tiros por sujetos motorizados que cubrían sus rostros con los cascos; Faiver Cerón Gómez, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta hacía su casa, tres sujetos lo esperaron en la vía y abrieron fuego contra el presidente de la junta de acción comunal. Los rastros que dejan las muertes de líderes sociales encajan perfectamente con las historias de sicarios a sueldo, hombres que como Chiqui cumplen ordenes. Autores materiales, el eslabón más bajo en una cadena de crimen organizado; no el autor intelectual del asesinato. La violencia contra líderes sociales en Colombia produce un cadáver cada tres días. Desde el 24 de noviembre de 2016 al 15 de marzo de 2018, se han producido, de acuerdo con el observatorio de violencia selectiva de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, 417 agresiones, entre ellas, 139 homicidios. El observatorio de Pares, en su trabajo de monitoreo de agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, ha construido los perfiles de las víctimas y ha caracterizo a los victimarios con el objetivo de generar insumos que permitan la comprensión del fenómeno de violencia contra esta población.  Al caracterizar los victimarios encontramos cinco grupos; i) No identificados, ii) Organizaciones Criminales iii) Disidencias o Desertores de las FARC iv) Grupos Armados Ilegales (ELN) y V) Fuerza Pública. De acuerdo a las cifras, sobre las 417 agresiones registradas en 243, es decir el 58% de los casos, no es posible reconocer algún determinador. El segundo grupo con más hechos victimizantes son las Organizaciones Criminales con el 31% de los casos reportados, sigue la Fuerza Pública con el 7% y termina el ELN y las disidencias o desertores de las FARC con el 2% cada uno. Tipo de Responsable según hecho* Fuente: Observatorio Violencia Selectiva Fundación Paz & Reconciliación-Pares. *La gráfica omite las acciones hechas por la fuerza pública, las cuales según los datos del sistema de información estarían relacionadas con 23 detenciones arbitrarias y 5 homicidios extrajudiciales. En la clasificación no identificado, la categoría responde a dos tipos de  actores: i) Actores No Identificados y ii) Estructura Criminal No Identificada.  Cuándo se habla de actores no identificados, se están reconociendo aquellos hechos en los que la información no permite inferir que hay una estructura criminal detrás del evento, un ejemplo es el caso de la lideresa Alicia López, asesinada en marzo de 2017 “El crimen se presentó a las 8:45 a.m. en una tienda de ese barrio de la comuna 7 de Medellín. Según testigos, dos hombres entraron hasta el establecimiento comercial y dispararon en repetidas ocasiones.” (El Colombiano, 2017) El segundo tipo de no identificado, tiene relación con narrativas que permiten determinar que detrás del hecho hay una estructura criminal que materializa la agresión. Los relatos en estos casos son mucho más explícitos sobre la capacidad de la organización y la lógica operativa con la que funcionan estas estructuras, por ejemplo, Porfirio Jaramillo, un reconocido reclamante de tierras del Urabá antioqueño, fue asesinado en enero de 2017 por una estructura criminal no identificada; “En la noche del pasado sábado cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda del campesino ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turno (Antioquia) ante la mirada atónita de sus familiares y amigos. […] aseguró que hace cuatro meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía sobre estos hechos, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones. Jaramillo había regresado hace dos años a la vereda después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. La Unión Nacional de Protección indicó que en los últimos meses se había iniciado el estudio de la protección del reclamante de tierras” (El Espectador, 2017) En este caso los móviles nos permiten entender que hay niveles de organización criminal detrás del hecho, incluso la relación con grupos paramilitares, inmediatamente ubica al victimario como representante de organizaciones criminales que tienen presencia permanente en el territorio. Desde luego, el hecho de que la mayoría de las agresiones sean perpetuadas por actores no identificados, reproduce la impunidad y minimiza el hecho. No identificar el actor permite que se reproduzcan ideas que asocian los homicidios con acciones aisladas, lejanos a la actividad política que desempeñaba la víctima. Lamentablemente, del total de los hechos asociados a la tipología de no identificado, el 86% de los casos no tiene información suficiente para vincular siquiera a estructuras criminales no identificadas, seguramente este es uno de los elementos que permite la reproducción sistemática de estas acciones. Por otra parte, los territorios en que ocurren estas acciones, son escenarios en disputa de las organizaciones criminales. Según los datos, en Cauca (23 casos) Antioquia (19 casos) Córdoba (12 casos) Chocó (10 casos) y Nariño (9 casos) han ocurrido el 52% de los homicidios contra líderes sociales. Los mapas a continuación muestran las complejas condiciones que viven estas zonas en términos de presencia de diferentes grupos armados ilegales. Esto dificulta la relación entre hecho violento y grupo armado, en tanto la condición de disputa hace que sea difusa la vinculación de la acción con un grupo determinado. Mapas de Seguridad Norte del Cauca (Izquierda) y Bajo Cauca Antioqueño (Derecha) Bajo Cauca Antioqueño. Fuente: Fundación paz y Reconciliación-Pares Norte del Cauca. Fuente: Fundación Paz y Reconciliación-Pares A pesar de lo difuso que resulta otorgar responsabilidades a una sola organización criminal, parece claro que estas acciones hacen parte de un repertorio de violencia que es ofrecido, indistintamente, por diferentes estructuras criminales y que es tomado por actores que desde la legalidad transitan en la ilegalidad. No se trata de ninguna manera de hechos aislados, es un comportamiento sistemático contra las actividades que desarrollan los líderes y defensores de derechos humanos, al final, los determinadores de las acciones siguen entre las sombras de la impunidad. La investigación académica ha delineado un perfil claro de las víctimas, pero la justicia ha sido incapaz de establecer un perfil del determinador. Por ahora, actores materiales de asesinatos, como Alias “Chiqui” están a disposición de la justicia de manera voluntaria y muchos otros han sido capturados, pero no se ha avanzado en reconocer quiénes son los responsables intelectuales. De acuerdo con la investigación de Pares, el Clan del golfo, o las Águilas Negras no son los determinadores, son simplemente mercenarios que ponen a disposición este servicio criminal, la pregunta sin resolver es ¿Quiénes son los principales clientes de estos servicios? Nota: Para saber más sobre la violencia selectiva en Colombia visita todo nuestro especial #NosEstánMatando. La primera entrega fue sobre el perfil de los líderes asesinados y las próximas serán sobre agresiones y respuesta institucional.

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: ¿Por qué escándalos de corrupción en financiamiento de campañas, como Odebrecht, y en marketing político, como Cambridge Analytica, no causan el revuelo en Colombia que provocan en otros países? Bajo el escándalo de facebook y #CambridgeAnalytics aparece en Colombia el primer cliente de la empresa: el Alcalde Enrique Peñalosa vía @cuestion_p — Mábel Lara (@MabelLaraNews) 20 de marzo de 2018 PPK otro presidente que cae por corrupción y en Colombia los dirigentes y partidos más corruptor tan campantes — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 ¿Manipulación de la empresa asesora de Trump en el triunfo de Peñalosa? Via @Las2orillas https://t.co/JlLee3EyLv — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 En Perú renuncia el presidente Kuczynski por el escándalo de Odebrecht y en Colombia con el mismo escándalo encima Zuluaga llega a la campaña de Duque — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de marzo de 2018 La diferencia no es que en Colombia haya más o menos corrupción que en otros países, lo que nos hace distintos es que acá la corrupción no avergüenza, los políticos corruptos no renuncian y sus seguidores para justificarlos señalan que otros también lo hacen y votan por ellos — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de marzo de 2018 Por ejemplo la enorme diferencia entre el Polo y el Centro Democrático es que el Polo soltó a los Moreno Rojas en algún momento no defendió más el gran robo a Bogotá y el CD sigue defendiendo a capa y espada a Arias, Ramos, Zuluaga y decenas de presos y prófugos de la justicia — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de marzo de 2018 Con bloqueo de App arranca caso de Cambridge Analytica en Colombia https://t.co/POBq7be27M — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de marzo de 2018 Escribió Harari en 2015 pic.twitter.com/X6TiLiIK39 — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 29 de marzo de 2018 La manipulación política con datos entregados a redes sociales también toca a Colombia. 👔#LaOrejaRoja pic.twitter.com/50VltWUhRg — La Oreja Roja (@LaOrejaRoja) 30 de marzo de 2018 Lo saben todo https://t.co/c5uZiuicp1 — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 1 de abril de 2018

Extracto del libro Ustedes están locas, liderazgos que construyen paz en la comuna 18 de Cali, que cuenta la historia de los comedores comunitarios y los espacios protectores para la niñez de cuatro sectores de la comuna 18 de Cali –Alto Nápoles, El Árbol, La Cruz y La Arboleda-, por medio de testimonios de lideresas que estuvieron presentes desde el momento de su creación. Las historias de vida de ellas ponen en evidencia que la intervención social de empresas y entidades públicas puede cambiar vidas y construir paz. El lanzamiento del libro se realizará el 10 de abril en Santiago de Cali. Testimonio de María Eugenia Núñez, lideresa del sector El Árbol, comuna 18, Cali, Colombia María Eugenia es música y arte. Desde pequeña soñó con ser cantante. Le gusta la salsa y el joropo. Cuando se siente en confianza, canta a capela, con los ojos cerrados, con el corazón en la mano. Su vida son sus hijos y los niños del barrio. Por ellos ha sacado adelante su casa y el comedor comunitario. Ha sido voluntaria y auxiliar de Save the Children, además de cantante de orquesta, empleada doméstica, farmacéutica y tripulante de ambulancia. A los niños les enseña a pintar, a cantar y a actuar. Animada con la construcción de su historia de vida, inició un cuaderno autobiográfico, en el que escribe con marcadores de tintas negras, azules y rojas. En la página de presentación dice: “María E. Núñez Valencia. Nacida en marzo 13 de 1985. Origen caucana. Nacida en una vereda llamada La Vega, del municipio de Morales, cerca de Popayán, ciudad blanca del Cauca”. Camino hacia la parte alta del sector El Árbol, comuna 18, Cali, Colombia Foto del archivo personal de María Eugenia con su papá y su hija. Sobre su primera etapa en El Árbol ella cuenta que «Hubo una época que mi papá no venía a visitarme porque le daba pesar verme a mí en ese estado, la gente, mis primas, mis hermanas… ya no venían a visitarme porque no les gustaba verme así, es que ese estado en el que estaba era tenaz. « María Eugenia en su casa y con sus tres hijos. María Eugenia abriendo las puertas del comedor comunitario de El Árbol Maru dando un taller de Save the Children Equipo de Save the Children en jornada de trabajo en el sector de El Árbol: Tatiana Unda, María Eugenia Nuñez, Zeimer Nazarith y Yorleni Beltrán. María Eugenia en su uniforme de Save the Children Fotografías por: Óscar Iván Pérez y Gabriel Rojas

Por: Redacción Pares #PorelOjodelaChapa es la nueva videocolumna semanal de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, en la que analizará temas de la región. El ABC de las polémicas de esta semana. A. Juan Carlos Galindo, el Resgistrador Nacional, está en grandes aprietos y las elecciones presidenciales ya están cerca. B. La propuesta de Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático, de crear una súpercorte se parece mucho a lo que el uribismo le critica al régimen de Nicolás Maduro. C. Los candidatos presidenciales Humberto de la Calle y Sergio Fajardo aceptaron tomarse un tinto ¿Qué significa esto para el centro?

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Duque y Vargas Lleras se están disputando el apoyo de los políticos del cartel de Odebrecht, el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, el cartel del sida, sí señores así como lo leen, pero según Duque no hay de qué preocuparse ya que todo esto es la nueva política. El flamante candidato de la derecha más fuerte en el país ha comenzado a dar pistas de lo que será su nuevo gobierno. En la columna de la semana pasada se mostraron las prácticas autoritarias y chavistas de Iván Duque, candidato que dice que nos va a defender de las mismas. Por ejemplo, la amenaza que hizo el senador Uribe al periodista Daniel Coronell, de forma directa le dijo que le aplicaría la censura si lo seguían criticando. Además hizo lo mismo con la periodista Yolanda Ruiz, de quien dijo hacia un periodismo dañino. Pero esta semana han dado más pistas de su gobierno. Aquí quiero resaltar tres grandes cosas. Por un lado, Duque ya se siente presidente y ha dado entrevistas sobre su política anticorrupción, ha dicho que él no tiene prácticas clientelares de políticos tradicionales, que él representa una política nueva. Pero sus actuaciones y aliados dicen otra cosa. Por ejemplo, el columnista José Roberto Acosta mostró cómo Duque le hizo tremendos favores a Odebrecht, la multinacional de la corrupción. En febrero de 2017, Duque presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio acusando a la multinacional de violar el régimen de competencia en Colombia. Esta denuncia sirvió para que la super sacara la Resolución 5216, la cual ordenaba a la ANI liquidar anticipadamente el contrato Ruta del Sol y con ello se evitó la caducidad lo que a su vez provocó que se evitaran millonarias sanciones e inhabilidades a diferentes personalidades del país, no se debe olvidar que sobre la Ruta del Sol es que ocurrieron los sobornos de la multinacional. Es decir, con esta medida Duque favoreció a los implicados en el carrusel de la corrupción de Odebrecht. Una lavadita de cara a los bandidos.Pero no contento con eso, hace unos días manifestó que uniría seis altos tribunales en uno solo, una gran ‘supercorte‘, eliminando la JEP, la Corte Constitucional y claro, la Corte Suprema de Justicia. No debe olvidarse que hace muchos meses el expresidente y hoy senador Uribe propuso lo mismo. Para muchos analistas y expertos esto significaría abonar el camino para una verdadera dictadura, además es regresar a la vieja Constitución de 1886, pero, sobre todo, es acabar con la independencia judicial y con la creación de la gran supercorte de Justicia se garantizan magistrados de bolsillo, esos que tanto les gustan a los dictadorcitos. Pero además esto significaría un golpe a la tutela, que hoy es el único recurso de muchos colombianos para que exijan derechos adquiridos. Pero el mayor problema o el tema de fondo de esta propuesta es que la misma significa una Asamblea Constituyente, no hay otra forma de hacerlo. Y claro, en dicha asamblea Uribe modificará el articulito para eternizase en el poder, así como algunos vecinos que tienen regímenes de 20 años en el poder. Pero esto no es todo, en la última semana, Duque ha logrado sumar apoyos importantes a su campaña, por ejemplo, algunos miembros del Partido Liberal ya están allá, el ‘prócer de la patria‘ Álvaro Ashton, quien fue capturado por presuntas relaciones de paramilitares, además ha sido salpicado en el escándalo de Odebrecht y quien eligió en cuerpo ajeno a Laura Fortich, ya está en las toldas uribistas. También a la campaña de Duque llegó el viejo político Gerlein, quien le heredó su curul a Aída Merlano la misma senadora que en su sede de campaña le confiscaron plata en efectivo, armas y documentos electorales. A ella se le acusa, además, de pagar el voto a 40.000 pesos. Muchos caciques políticos están llegando donde Duque y los están recibiendo sin problema, con los brazos abiertos. Duque y Vargas Lleras se están disputando el apoyo de los políticos del cartel de Odebrecht, el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, el cartel del sida, sí señores así como lo leen, pero según Duque no hay de qué preocuparse ya que todo esto es la nueva política. Publicado en Revista Semana

Por: Diego Alejandro Restrepo, Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares Colombia asiste a un proceso sin precedentes en la Historia. Se propone re-interpretar lo sucedido en la guerra a través de la construcción de un nuevo relato que sitúa como protagonistas a las víctimas pero que, a su vez, se enriquece con la posibilidad de verdad por parte de los victimarios. Esta importante labor la asume la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición bajo la dirección del Sacerdote Jesuita Francisco de Roux, quien se ha destacado por sus importantes contribuciones a la construcción de paz en el país durante más de treinta años. La construcción de relatos no oficiales, de narraciones íntimas de las distintas verdades territoriales no ha sido realizada ni por el Estado, ni la academia, ni mucho menos por quienes dicen abanderar, usualmente desde el centro, las causas políticas de los excluidos y excluidas por la historia. Son las comunidades, a través de la resistencia, quienes han construido sus propias trayectorias colectivas y también las han re-construido ante el asalto constante de las violencias. Sin embargo, la Comisión de la Verdad se enfrentará a algo inédito, tendrá un papel central en la disputa por el significado, en la batalla simbólica por el sentido de aquello que ocurrió según las versiones oficiales de la Historia y, por tanto, en la construcción continua de procesos de reconciliación locales, regionales y nacionales. Todo esto, debido al respaldo institucional (así sea escaso) y social que revestirá a la Comisión de legitimidad y apoyo para cumplir con sus objetivos. Incluso, podríamos esperar que sus relatos sean tenidos en cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito, no de recluir en cárceles a quienes participaron activamente del conflicto armado, sino de conocer los rostros reales de la guerra para que reparen a sus víctimas y den garantías para la no repetición. La labor no será fácil: existe una versión “oficial” sobre lo ocurrido que es producida y reproducida por personas pertenecientes a élites económicas y políticas que han pretendido subordinar la verdad histórica a sus intereses particulares. Por ejemplo, debemos pensar en la negación por parte de Álvaro Uribe y sus aliados de la existencia del conflicto armado, de las ejecuciones extrajudiciales y de la construcción, paradójicamente realizada a través de la combinación de todas las formas de lucha, de la idea de terrorismo para designar a las guerrillas y así construir un enemigo “nacional” carente de cualquier tipo de connotación política y humana. No es fortuito tampoco que este mismo sector se oponga de manera vehemente a la JEP. Más grave todavía es el hecho de que por medio de este complejo entramado de fuerzas políticas, sociales y culturales se realice un proceso social por medio del cual aquella visión particular y sesgada se convierta en el relato hegemónico de la verdad. Esto es, que aquello producido por intereses particulares se transforme y haga parte de lo que denominamos sentido común hasta tal punto que, quienes están subordinados por tal relato hagan parte de la reproducción de estos intereses. Este elemento, infortunadamente, se manifestó en las pasadas elecciones legislativas de marzo de 2018 cuando 801.692 votantes reeligieron a Álvaro Uribe como Senador de la República. La votación más alta para el Congreso. Por otra parte, no toda dominación es total, siempre existen alternativas que han resistido frente a la exclusión y al discurso totalizante acerca de la verdad. Las “madres de Soacha” son un ejemplo perfecto para ilustrar estas luchas. Ellas se arriesgaron a difundir los asesinatos de sus hijos por cuenta del Ejército aún cuando altos funcionarios de gobierno y de la Fuerza Pública se encontraban comprometidos. Es por esta razón que la Comisión deberá también tener en cuenta dichas expresiones y prácticas con el propósito de comprender de manera más profunda los mecanismos creados por aquellos que instrumentalizaron la violencia y la justificaron en razón del “cumplimiento del deber”. De esta forma, la función de la Comisión se vuelve aún más compleja, debe problematizar y cuestionar el sentido común y, asimismo, la tradición que han elegido las clases dominantes con el objetivo de mantener y perpetuar sus lugares de privilegio. Su quehacer es contrahegemónico, por este motivo, encontrará las más fuertes resistencias en las élites políticas y económicas, pues sus hallazgos serán muchas veces contrarios a los intereses de estos grupos. Mi propuesta es apoyar desde nuestros distintos saberes, experticias y posiciones este proceso que emprende la Comisión de la Verdad. Asimismo, acompañar a través de organizaciones sociales de todo tipo su labor con el fin de disputar el sentido de la historia, visibilizar la verdad de las víctimas y garantizar que éstas sean reparadas sin distinción alguna por cuenta del tipo de victimario, es decir, sin importar si son víctimas de las Farc, de Paramlitares, de Fuerza Pública, de empresarios o de cualquiera que haya tenido un papel en el conflicto armado colombiano. Durante los próximos años estará en disputa la historia.

Por: Redacción Pares Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, anunció que al llegar a la presidencia buscaría formar una única súper corte, lo que significaría eliminar los seis altos tribunales, la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ¿Por qué es esto peligroso para el contexto latinoamericano? ¿Qué otras propuestas ha hecho el uribismo que implican la concentración de poder? Cada miércoles en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino.

Extracto del libro Ustedes están locas, liderazgos que construyen paz en la comuna 18 de Cali, que cuenta la historia de los comedores comunitarios y los espacios protectores para la niñez de cuatro sectores de la comuna 18 de Cali –Alto Nápoles, El Árbol, La Cruz y La Arboleda-, por medio de testimonios de lideresas que estuvieron presentes desde el momento de su creación. Las historias de vida de ellas ponen en evidencia que la intervención social de empresas y entidades públicas puede cambiar vidas y construir paz. El lanzamiento del libro se realizará el 10 de abril en Santiago de Cali. Testimonio de Sandra Escobar, Lideresa del sector Alto Nápoles, comuna 18, Cali, Colombia Sandra habla cómoda desde el sofá de su casa. Cuenta su historia en los comedores comunitarios y los espacios protectores con cariño, nostalgia y orgullo. A veces siente que debería volver a hacerlo, abrir otro espacio en su nuevo barrio, cuidar y alimentar a los niños que corren por las calles, pero sabe que este no es el momento. Ahora debe hacer un alto en el camino y reconsiderar algunos aspectos de su vida, compartir más con su familia y continuar estudiando para cumplir sus sueños. Quiere aprovechar la nueva oportunidad que la vida le ha dado, al volver a caminar después de un accidente grave y un pronóstico médico desalentador. A veces las situaciones difíciles se convierten en oportunidades para generar el cambio deseado. Sandra lo sabe y lo está disfrutando. Sector Alto Nápoles, comuna 18 de Cali, Colombia La familia de Sandra en la sala de su casa. Ella, su hijo Mauricio y su esposo Adrián. Al Extro Izquierdo una foto de Sandra en su grado. Sandra y Adrián sostiene una foto de la familia cuando Mauricio tenía 7 meses Casa donde funcionó el primer comedor comunitario de Alto Nápoles, donde Sandra fue voluntaria, sobre su experiencia dice «Digamos que perdí muchas cosas con mi hijo por estar en el comedor. Yo decía que él lo tenía todo, pero se estaba perdiendo de su mamá. Yo estaba pendiente de los otros niños, de qué necesitaba la comunidad, el espacio, qué capacitaciones hacían falta y demás, mientras mi hijo se estaba criando solo… Cuidando a los otros niños y descuidando al mío…» «A mediados del 2015 tuve un accidente allá en la casa. Caí de una altura de más o menos dos metros y eso me generó una cifosis degenerativa. Duré dos meses inválida, dos meses que tenía que depender de otra persona. Entonces eso me llevó como a replantear muchas cosas en la vida…», dice Sandra Escobar desde la sala de su casa Vista de Cali desde el Sector Alto Nápoles, comuna 18, Colombia Sandra sostiene una foto de su etapa como profesora Sandra en el estudio de su nuevo apartamento, actualmente está estudiando Trabajo Social Fotografías por: Gabriel Rojas

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Luego de las elecciones legislativas del 11 de marzo las encuestas han comenzado a surgir, hay al menos cuatro candidatos con opciones reales de ganar. Sin embargo, los números se movieron tanto, que es muy posible que todo se resuelva en la primera vuelta presidencial y que por ende no exista balotaje. El mapa es el siguiente. El candidato de la derecha más radical, Iván Duque, que lidera al partido del expresidente Uribe, dio un salto increíble al pasar al 40% en las preferencias electorales, el candidato de la centro derecha, el exvicepresidente Varga Lleras, se quedó con el 6%, su campaña no ha logrado despegar. En el centro Sergio Fajardo tiene el 11% y si consolida su alianza con Humberto de la Calle podría llegar al 16% y tendrían al menos siete semanas para comenzar a remontar. Mientras que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, tiene el 26%, al parecer es su techo, pero con votantes muy fieles, difícilmente se le moverían. Estos resultados electorales han generado al menos dos cosas. Por un lado, una serie de alianzas precipitadas, que serían lo normal en segunda vuelta, pero ante la situación se deben hacer en los próximos 15 días. Así por ejemplo, la alianza en el centro, entre Fajardo y De la Calle, es casi un hecho, con un futuro importante de repunte. También Vargas Lleras está desesperado intentando conseguir el apoyo del partido de la U y el partido Conservador, que los tenía asegurados , pero ante su desinfle en las encuestas están ahora más cercanos a Duque. Y claro, también el candidato del uribismo, está intentando ganar en primera vuelta, y para ello está cocinando todo tipo de alianzas. Lo segundo que han causado los resultados de las encuestas es el delineamiento de las estrategias de campaña política. Por un lado, Iván Duque sabe que en segunda vuelta la tendrá difícil con casi todos los candidatos, a excepción de Gustavo Petro. Ya que la campaña de la derecha ha logrado vender el cuento de la venezolanización de Colombia y ha posicionado a Petro como el representante de esto, algo no tan cierto para expertos, pero mucha población lo cree. Por ello su línea de marketing es polarizar y tomar a Petro como su rival, pues ello les permitiría ganar en primera vuelta o si pasan a segunda ganarían por amplia ventaja. La estrategia de Petro es exactamente la misma, la de polarizar, pero desde la izquierda, para él la lógica es que pasando a segunda vuelta, la mayor fuerza además del uribismo, es el antiuribismo, y este sector lo apoyaría. La última estrategia de campaña es la del centro en la cual Fajardo intentará al menos tres cosas. Por un lado, diferenciarse de los dos candidatos a los extremos y no caer en el juego de la polarización. En segundo lugar, dejar de lado los conceptos de castrochavismo que utiliza la derecha y el de paracos-corruptos que utiliza la izquierda. Él utilizará la bandera de la anticorrupción como eje de su propuesta y obviamente la de la reconciliación. Por último, deberá construir mensajes claros que lo lleven a tomar posición en temas claves estando en el centro. Por su lado, la situación de Vargas Lleras es demasiado complicada. Su apuesta fue la de correrse a la derecha a disputarle el voto al uribismo, pero en esa tarea al parecer está fracasando. De tal forma que si se sigue moviendo a la derecha no podrá arañar muchos votos, pero si se mueve al centro nadie le va a creer. De hecho, su otra estrategia de crear una maquinaria clientelista para ganar en las elecciones al Congreso no le dio el impulso presidencial que tanto esperaba, o no hasta el momento y como era de esperarse los políticos regionales corruptos y clientelistas han comenzado a abandonar el barco, y muchos ya están en las filas del uribismo. Así que las próximas dos semanas, incluyendo la Semana Santa, son claves, se sabrán las alianzas, las estrategias de los candidatos que van en punta y los que piensan subir desde atrás. Pero sobre todo serán días claves para saber para dónde van los caciques regionales y con ellos el voto de maquinaria. Todo está abierto aún, pero parece ser que la segunda vuelta podría anticiparse. Como dicen los campesinos “amanecerá y veremos”. Publicado en El País

Comunicado de Prensa Por: Redacción Pares La Fundación Paz & Reconciliación-Pares, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en Colombia, desarrolló un proyecto de construcción de paz desde el sector empresarial. En la fase inicial se construyó una guía para orientar los aportes de las empresas en la construcción de paz y el postconflicto, en un momento histórico para Colombia que abrió una ventana de oportunidad para superar la guerra y construir una sociedad más justa y próspera. La segunda fase comprendió conocer, promover, visibilizar y acompañar iniciativas que –juntando diversos actores del sector privado, gobierno y comunidades– aportaran en la construcción de paz. Portada del libro «Ustedes están locas» Sobre el proyecto Uno de los territorios seleccionados fue la comuna 18 de Cali, que cuenta con unos comedores comunitarios intervenidos por Save the Children y apoyados por la empresa privada Reckitt Benckiser. Estos han sido catalogados como espacios protectores para la niñez y se han fortalecido a través de un trabajo de formación y empoderamiento de las lideresas voluntarias que trabajan allí. El trabajo investigativo de Pares se materializó en historias de vida de estas mujeres, cuyos relatos demuestran la resiliencia, generosidad, creatividad y sensibilidad con la que han trabajado en beneficio de la comunidad a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad y violencia. Cuatro de estas historias estarán recopiladas en el libro Ustedes están locas, liderazgos que construyen paz en la comuna 18 de Cali. Con el apoyo e Bibliotec se realizará un coctel de lanzamiento el próximo martes 10 de abril, a las 7:00 p.m. en el Restaurante El Patio del Museo en Cali. El evento contará con la asistencia de León Valencia, Director de la Fundación Paz & Reconciliación-Pares; Carlos Pabón, Director de Reckitt Benckiser; María Paula Martínez, Directora Ejecutiva de Save the Children, y empresarios del Valle del Cauca. Los asistentes podrán disfrutar de una exposición fotográfica que contiene algunas de las imágenes que ilustran el libro y que estará en la galería del restaurante hasta finales del mes de abril. Las invitadas especiales serán las cuatro mujeres lideresas protagonistas del libro. Sobre el fotógrafo Gabriel Rojas es fotógrafo y diseñador gráfico. Su trabajo fotográfico abarca la fotografía de calle, entendida como un proyecto de largo aliento en que la vida cotidiana y sus pequeñas historias van tejiendo la narrativa de la transformación de los espacios urbanos. Trabaja proyectos documentales que tienen que ver con cultura, memoria y herencia, así como espacios olvidados. Ha sido premiado con el Concurso anual de fotografía: “¿Qué es noticia para ti?” de WOOPHY (World of Photography), el Concurso de Crónica Fotográfica sobre la Carrera Séptima, Memorias del Futuro y la Beca de Exhibición en Vitrinas de Arte de IDARTES y el Concurso de Fotografía “Histórica e Institucional” de la Universidad Nacional de Colombia, así como el primer puesto en el Premio de Reportería Gráfica: Un día en la Vida del Patrimonio Cultural en Bogotá del IDPC. Ha sido beneficiado con un estímulo del Ministerio de Cultura llamado Pasantías Nacionales, en la modalidad de formador. Ha sido ganador del Concurso Beca Red Galería Santa fe de IDARTES junto a la Agrupación 1839, de la cual es co-fundador, con la propuesta BOGOTÁ EN LA TIERRA, este proyecto se expuso en el Museo de Arte y Cultura de Colsubsidio y la sala de exposiciones de la Biblioteca Virgilio Barco. Recientemente ha realizado tres exposiciones individuales, llamadas “¡Viva Cachacero!” como resultado del premio XVI Sálones Regionales de Artistas del Ministerio de Cultura, en Bogotá, Villavicencio y San Martín de los Llanos, Colombia.

Por: Alexander Riaño, Coordinador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo No hay reto más grande que una hoja en blanco, el primer párrafo siempre es el más difícil y saber titular es toda una faena. A veces fluye, a veces simplemente hay bloqueo, una lucha constante por encontrar una voz propia. Me gano la vida escribiendo, pero hasta ahora nunca he hecho columnas. Espero hablar de muchos temas, pero para hacerme la vida fácil empiezo con uno que conozco bien, que siempre levanta polvareda y que será una de las papas calientes para el próximo gobierno: el sector minero–energético en el modelo de desarrollo colombiano. Con ocasión de estas elecciones presidenciales, decidí hacer una serie de artículos para analizar los discursos[1] de varios de los candidatos en lo relacionado con estrategias de desarrollo y las políticas de estímulo a la economía nacional y regional. En una campaña electoral –muy para mi pesar– no se presentan análisis sesudos, ni información relevante que permita entender los problemas del país y decidir estratégicamente cómo solucionarlos a través de la elección. Lo que sí encontramos son ideas, mensajes, y percepciones de la realidad en cada cosa que dicen, y allí se descubren posturas sobre temas de interés para los votantes. El actual modelo de gobernanza de los recursos naturales en Colombia se agotó y requiere cambios sustanciales en la normatividad, en las instituciones y en las prácticas de todos los actores (Estado, empresas y comunidades). Prueba de esto son 70 iniciativas de consulta popular para prohibir actividades del sector en los territorios del país[2], de las cuales ya se han votado 9 y ha ganado unánimemente la prohibición[3]. Este es el resultado de una percepción generalizada –no sé si acertada o errada– acerca del pobre o nulo aporte de la industria minero-energética al desarrollo territorial y su gran impacto –potencial y real– sobre los ecosistemas, las comunidades y el recurso hídrico del país. Sobre esta percepción se ha ido construyendo una idea en el imaginario colectivo, en la cual todas las actividades de minería o explotación de petróleo generan pobreza, destruyen ecosistemas y acaban con el agua. No me detengo mucho en esta discusión pues es muy amplia para este formato. Sin embargo, advierto que desde mi punto de vista esta no es una lucha entre buenos y malos. El debate no es “minería vs vida” o “petróleo vs agua”, pues asumir esta perspectiva desconoce el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Necesitamos diversidad de recursos para subsistir y vivir dignamente. Los minerales hacen parte de la vida diaria de cualquier individuo (en la comida, en la infraestructura, en la tecnología), incluso si queremos avanzar en tecnologías como la energía solar, habrá que seguir haciendo minería; el petróleo, aunque está llegando al final de su camino como alternativa energética, aún está incrustado en el funcionamiento de las sociedades contemporáneas (en el transporte, en las industrias, en el campo) y por tanto, la transición tomará un par de décadas. Lo que sí es tremendamente importante es la manera en que se planean y se construyen políticas para promover el desarrollo territorial. Sobre esto, el concepto de gobernanza hace referencia a un cambio en la forma de gobierno en el que se transita de estructuras jerarquizadas de toma de decisión, hacia estructuras más horizontales en las cuales la participación ciudadana adquiere un valor que va más allá del ejercicio electoral cada cierto tiempo: la democracia del siglo XXI. Frente a esto, el debate en el país se centra en dos temas: la participación ciudadana en las decisiones del sector y la concurrencia nación-territorio para ordenar las regiones productivamente. Frente a esta variable, los candidatos a la presidencia han asumido posiciones que podemos agrupar en tres categorías: i) En un extremo tenemos el modelo corporativista/tecnocrático; ii) En la medianía, encontramos el modelo de la concertación y co-gestión; iii) finalmente, está el modelo de soberanía territorial/popular. El primer modelo decreta la absoluta necesidad de las actividades del sector como estrategia para dinamizar economías locales a la par que se recogen recursos fiscales que permiten desplegar políticas sociales. Enfatiza la necesidad de brindar mayores garantías jurídicas e incentivos tributarios a la inversión privada, especialmente la de grandes empresas transnacionales. Se trata de un pacto de élites que ha probado baja capacidad de redistribución de la riqueza generada. Bajo esta lupa, la consulta previa y la participación ciudadana constituyen un impedimento para el territorio y se aboga por su reglamentación que parece más una limitación. En la génesis de este modelo, está la ficticia diferenciación entre suelo y sub-suelo donde la nación decide sobre lo último, sin tener en cuenta a comunidades y gobiernos locales en el proceso. El desarrollo termina siendo una imposición –de un grupo de tecnócratas que toman decisiones con información técnico/científica– y no un proyecto construido colectivamente. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, para el siempre delfín Germán Vargas Lleras las consultas previas y las consultas populares no son más que un invento mal pensado que impide el desarrollo de proyectos estratégicos por culpa de unas minorías revoltosas. La participación se convierte en un requisito engorroso: la política del coscorrón en su máxima expresión. De este modelo podemos esperar mano dura con respecto a la protesta social. En esta misma categoría –aunque acercándose un poco al modelo de concertación y co-gestión– se puede ubicar a Iván Duque quién señala que las consultas populares deben respetarse, pero diagnosticando que son el resultado de un desincentivo económico generado por el cambio en el esquema de regalías. Desconoce el candidato que en el centro del debate está el medio ambiente y la disputa por los modelos de desarrollo. Desde esta perspectiva, la conflictividad social es un tema que se soluciona pagando más regalías a los territorios y generando acciones afirmativas que muestren la capacidad real de generar impactos positivos sobre desarrollo en el mediano y corto plazo, no es una cuestión de construir acuerdos o visiones compartidas. En la segunda categoría podemos ubicar a Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Para los candidatos de centro, las demandas de participación reflejadas en consultas previas y consultas populares no son solo obligatorias, sino convenientes y legítimas. Más que un impedimento para el desarrollo, para ellos los mecanismos de participación se conciben como un activo invaluable de la democracia colombiana, aun cuando, según de la Calle existen fallas y vacíos en la reglamentación de estas dos formas de participación, que han llevado a que algunas comunidades las utilicen como mecanismos de chantaje. Los dos candidatos avanzan en señalar que la participación debe realizarse a través del diálogo, incorporando el conocimiento científico en la toma de decisiones, y enfatizan en que no basta hablar desde los prejuicios. Fajardo ha expresado la necesidad de coordinación del gobierno en lo nacional y regional, llevando a que las decisiones se tomen desde los territorios y no desde los escritorios. La posición de estos dos candidatos no parte de la imperiosa necesidad de extraer los recursos, se plantea como una actividad que debe realizarse teniendo extrema precaución ambiental. Un elemento interesante de este modelo es que se piensa como una tercera vía en la cual se deben construir acuerdos entre los actores del sector, incluyendo las empresas. Dentro de la tercera categoría, que he denominado como autonomía territorial/popular, se puede ubicar a Gustavo Petro quien tiene como punto de partida que la extracción de petróleo o minerales no es una estrategia de desarrollo, al contrario, es una actividad indeseable en el contexto de calentamiento global. La propuesta económica de Petro se concentra en buscar alternativas productivas al sector y en construir las bases para una transición que permita superar la economía extractivista para dar paso a una economía productiva que tenga como base el conocimiento y el talento humano. Se trata de un modelo que apuesta por construir un pacto con las bases sociales bajo el precepto que, en democracia, las comunidades son las dueñas del Estado y de los territorios. En esta perspectiva, las empresas privadas[4] del sector no tienen mayor incidencia ni relevancia como actor de desarrollo. En el discurso del candidato de la Colombia Humana, no se encuentran referencias a la concertación de intereses entre nación y territorio, ni al diálogo entre los saberes ancestrales y el conocimiento técnico-científico. Si bien la participación es un ejercicio fundamental para fortalecer la democracia colombiana ¿cómo balancear los intereses puntuales de una comunidad en un territorio, con lo que se puede denominar como el interés general en un Estado unitario pero descentralizado? ¿Qué hacer cuando una decisión soberana puede terminar en un caso de tragedia de los comunes?[5] El modelo corporativista de la derecha significa un retroceso en la ampliación de la democracia colombiana, para alguien como Vargas Lleras es un escándalo que la agenda de derechos avance al ritmo de la sociedad. Se trata de un modelo con muchos tintes populistas que considera la conflictividad como un problema de distribución de rentas únicamente. El modelo de concertación y co-gestión plantea una visión intermedia en la cual se busca la coincidencia de intereses entre los actores sociales, el gobierno en todos sus niveles, y el sector privado como dinamizador del desarrollo. Proponen un esquema de gobernanza basado en el diálogo amplio y el intercambio de saberes. Finalmente, el modelo de autonomía territorial/popular, pone como punto de partida la necesidad de transformar el modelo económico del país, y centrar la gobernanza de los recursos naturales en la autonomía y soberanía de las comunidades para el territorio. Genera dudas acerca la forma de integrar al sector privado, y los límites que tiene la autonomía en el marco de un país que se considera unitario en su constitución. Nota: Para las próximas entregas abordaré los siguientes temas: renta minera, fracking, cambio en la matriz energética y ordenamiento territorial. [1] El análisis se basa principalmente en: i) los discursos realizados en el marco del debate organizado por el Foro Nacional Ambiental el 23 de enero de 2018. Participaron Fajardo, Duque, De la Calle y Petro Lo pueden encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=jgE8cSDGl0Q y ii) los discursos realizados en el marco de Colombia Genera, organizado por la ANDI, en marzo de 2018. Participaron Duque, Vargas Lleras y quien ahora es su formula vicepresidencial, [2] Información del ministerio de minas con corte a diciembre de 2017. [3] Con respecto a las demás iniciativas, 7 han sido suspendidas por tribunales administrativos regionales y 54 aun están por decidirse en las urnas, previa revisión de constitucionalidad por los actores competentes. También hay que decir que estas decisiones “unánimes” se dan en el marco de baja participación en las consultas. [4] Aunque Petro plantea un rol central para Ecopetrol, pareciera que hay un sesgo con respecto a las grandes empresas pues de entrada se pone en el centro de la discusión a los productores [5] Para no hablar desde los supuestos, presento el siguiente ejemplo. A raíz de la delimitación del páramo de Santurbán, muchas comunidades de la provincia de Soto Norte, tradicionalmente mineras, han empezado a pensar en la idea de hacer una consulta popular en la cual masivamente manifiesten que quieren actividades de minería, pasando por encima de la decisión de delimitación del páramo. ¿Allí también las comunidades son “dueñas” absolutas del territorio?