Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones A horas de conocer la sentencia en el caso de Álvaro Uribe revivimos este testimonio de abril del 2025 en donde pudimos hablar con Iván Cepeda durante un par de horas y nos contó los detalles de cómo Uribe, al quererlo incriminar, terminó metido en un lío que puede traerle la muerte política. Este es el testimonio. Iván Cepeda tiene tres perras grandes. Cuando las tres se ponen a ladrar el coro puede ser tan fuerte como el que se siente en un concierto de trash metal. Los ladridos son tan atronadores como cascadas de piedra debido al silencio y tranquilidad que emana el apartamento y que parecen ser una extensión del senador. Sobre la mesa de la sala está un DVD de Serrat. La banda de sonora de sus luchas está en su discoteca. Ahí está su equipo de tres niveles y sus compact disc. Después me arrepiento por no preguntarle sobre la música que escucha. Hay un tema más apremiante y es el de Uribe.   En el año 2002 Iván Cepeda estaba en Francia, había aprovechado su exilio para estudiar un magister en derechos humanos de la Universidad de Lyon, cuando se enteró que Alvaro Uribe Vélez había sido elegido presidente de la república. A Uribe lo había escuchado nombrar por ser gobernador de Antioquia y por la implementación del decreto que permitía la creación de grupos armados particulares para defenderse de las guerrillas que azotaban a Antioquia y que llevaba el nombre de CONVIVIR.   Fue un golpe para él saber que Uribe sería presidente. La publicación y luego el éxito de ventas que constituyó Mi confesión, las memorias de Carlos Castaño, era la confirmación que el proyecto paramilitar en Colombia estaba ganando respetabilidad. Las dos entrevistas que concedió Castaño a los grandes canales del país, lo pusieron en la baraja incluso de posibles candidatos a la presidencia.   El papá de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, había sido asesinado por orden de oficiales de las Fuerzas Armadas con apoyo de grupos paramilitares en 1994. Era una víctima del Estado. Ver este auge del paramilitarismo de comienzos del siglo XXI en Colombia era ser revictimizado. Así que regresó al país en el 2003 después de estar tres años ausente.   Un año después los comandantes Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza entraron de Everfit al Congreso de la República. En ese momento en senado se consideraba discutir la ley de alternatividad penal que sería una gran victoria para estos grupos paramilitares. Bajo esa ley lavarían buena parte de sus fortunas y podrían aspirar incluso a iniciar una carrera política. Desde el Magdalena Medio los paras pagaron buses repletos de gente para congregarse en la Plaza de Bolívar y apoyar el advenimiento de los comandantes en el Congreso. Habían sido invitados, directamente, por las congresistas Eleanora Pineda, quien antes de incursionar en política se dedicaba a gerenciar un salón de belleza en Tierralta Córdoba, y Rocío Arias, del Bajo Cauca, muy cercana al proyecto político de los paramilitares. A pesar de que ambas eran completamente desconocidas en el 2002 ese año obtuvieron, entre las dos, más de 80 mil votos lo que les permitió ser representantes a la cámara.   Los paras no sólo entraron al congreso vitoreados sino que hicieron esperar a los senadores. Al llegar a CATAM en donde eran esperados por sus chaperonas, Arias y Pineda, ella les tenían listos los trajes a la medida. Pero había un problema con los zapatos de Mancuso y es que era casi imposible conseguirlos con su talla, 44, así que fueron a varias tiendas de la ciudad a encontrar uno que les calzaran. Mientras tanto, en la plaza, un pequeño sector de víctimas y de ciudadanos que rechazaban el paramilitarismo se enfrentaban con quienes habían llegado desde el Magdalena Media. Además, la Fuerza Pública empezó a interceder jalando por el lado que sentían mayor simpatía.   Iván Cepeda tenía una foto de su papá. En ese momento estaba gestando uno de sus grandes proyectos, el MOVICE. Como pudo entró al Congreso junto con otro puñado de víctimas de crímenes de estado. Era su primera aparición pública desde que se fue del país. Cepeda tenía claro lo que significaba el discurso de los comandantes paramilitares del congreso: era la entronización de un proyecto político y militar, eso significaba la entronización de Uribe. En los años venideros la labor de magistrados como Iván Velásquez y de la sociedad civil sirvieron para descubrir que ese congreso más del 30% de sus integrantes habían sido elegidos con la ayuda de las AUC. Cepeda también identificó en ese discurso de los paras la satisfacción, el orgullo de saber que habían ganado, de que, a pesar de sus crímenes, se impondría la impunidad. Estaban seguros que nos someterían a una nueva gobernanza de país.   La memoria, cuando no está debidamente documentada, es frágil, y, después de todo lo que ha pasado, se ha olvidado que en esos dos primeros años del gobierno Uribe se vendía la narrativa de cuento de hadas de los paras. Ellos eran los salvadores del país, los que habían evitado que esto se convirtiera en una nueva Cuba. No importaban las cabezas cercenadas, los cuerpos hinchandose en los ríos, los niños sin familia, lo que importaba es que el comunismo no aterrizaría en Colombia. Pero, después de la visita de los paras al Congreso alfiles que hasta ese momento eran incondicionales a Uribe, como Gina Parodi, empezaron a cuestionar al uribismo.  A partir de allí, a pesar de las encuestas, siempre favorables a quien llamaron El presidente eterno, empezarían los años tormentosos para él. Su pelea con la Corte Suprema, representada en la confrontación con Iván Velásquez y con la izquierda y todo aquel que no decidiera arrodillarse a su paso, empezaría a minarlo.   Como lo dice el propio Cepeda “El proyecto de Uribe tenía un talón de Aquiles y este era que carecía de escrúpulos morales”. Es que en su momento el gobierno contaba con el DAS y las Fuerzas Militares como elementos de opresión contra las voces que lo criticaban.   Un primer encontronazo entre Cepeda y Uribe fue desde la presión que estaba ejerciendo el Movice para evitar que siguieran extraditando a comandantes paramilitares sin que pudieran contar la verdad. El primer gran logro de Cepeda y que le habrá sacado unas canas a Uribe fue aplazar la extradición de Macaco, este comandandante fue el primero de las AUC en ser extraditado a los Estados Unidos.   Al escuchar el testimonio de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”,en la Alpujarra de Medellín, Capo del cartel del Norte del Valle quien financió a los paras y terminó metido dentro de las AUC, comandando el Bloque Central Bolívar en el que llegó a manejar un ejército de 1922 hombres, sus declaraciones en Justicia y Paz fueron fundamentales para que Iván Cepeda entendiera cómo era el engranaje entre paramilitares, empresarios, ganaderos y políticos. Apenas veíamos la piel de la bestia. Macaco duró unas semanas viviendo en un buque cárcel en altamar. Su abogado, Henry Rodríguez, llegó una vez a una audiencia vestido de buzo, para criticar lo difícil que era defenderlo en esas condiciones.   Pero al final se lo llevaron a los Estados Unidos, como a la mayoría de los otros comandantes y todo por orden presidencial. Si los miembros del MOVICE, pensó Cepeda, querían saber la verdad, necesitaban viajar a las cárceles norteamericanas. Sobre el 2009 empezaron a llegar las cartas de Salvatore Mancuso. Después de una discusión con el movimiento de víctimas se organizó un grupo para viajar a EEUU, estaba compuesto por Danilo Rueda y Piedad Cordoba. Para Cepeda, ver a Mancuso vestido de naranja, el uniforme de los presos, fue impactante. El contraste con el emperador bien trajeado que miraba con la altivez de sus dos metros, con este hombre afable, de saludo fácil, fue absoluto. El ex comandante le tendió la mano y Cepeda se la dejó extendida.   La visita tenía como objetivo poder dejar claro la relación entre Estado y paramilitarismo. Esta visita a Mancuso, al Tuso Sierra y a otros comandantes presos en Estados Unidos les dio luces por donde seguir. Las cuerdas para tirar. Mancuso habló durante horas y uno de sus temas de conversación fue como ayudaron a Uribe a ser presidente y como ellos en retribución les brindaron las garantías de éxito a la Seguridad Democrática. Según Iván Cepeda, El Tuso fue particularmente elocuente. Como buen paisa fue bien descriptivo sobre su infancia en Andes, y sobre como fue su relación con los hermanos Rendón, con los Gallón que fueron socios de Uribe y después de 1996, cuando ocurre el robo de seiscientas cabezas de ganado y la quema de la hacienda por parte del ELN, pasaron a comprarle Las Guacharacas a Uribe. Se escucha por primera vez que en ese lugar se preparó y se entrenó al bloque Metro. El Tuso Sierra habló a cambio de nada, ¿se lo pedía su consciencia?  Lo único que necesitaban eran las más elementales gestiones de protección. Cepeda les creyó y les sigue creyendo por una razón muy sencilla: es difícil mantener la misma versión desde hace 15 años. Nadie los ha podido contradecir.   Cepeda obviamente escuchó a hablar de Uribe durante su polémica gobernación de Antioquia pero, mientras estaba en su exilio europeo, entre el 2000 y el 2002, le empezaba a llegar información sobre este paisa de andurriales que decía desayunar buñuelo con café cerrero. Una amenaza para la clase política bogotana. A Cepeda le traía preocupación su pasado de hacendado y la capacidad de conectarse con la gente lo que hizo que en pocos meses de campaña presidencial pasara de ser un eficiente gobernador de Antioquia y un senador muy destacado, a ser considerado realmente como el sucesor de Andrés Pastrana en las elecciones del 2002. Su discurso contra el proceso de paz del Caguán fue muy eficiente y disparó su popularidad a pesar de lo que decían las primeras encuestas. Arrasó en primera vuelta con el que parecía iba a ser el presidente en esas elecciones, el liberal Horacio Serpa. Desde Europa Cepeda leí libros como La biografía no autorizada de Uribe, escrito por Joseph Contreras, editor de Newsweek para Latinoamérica y las referencias no eran buenas. Personalmente lo conoció recién llegó del exilio en el año 2003. Se hizo una reunión con la sociedad civil en donde se le contaría las preocupaciones que generaban sus políticas de seguridad en cuanto a impacto a las comunidades. Uribe parecía tan inofensivo como un sacerdote de pueblo. Según lo cuenta Iván Cepeda  llegó a la reunión condescendiente. A las mujeres de las organizaciones sociales las trataba de “hijitas” a los hombres de “doctores”. Hablaba bajito, como un labriego bueno y humilde.  Llegó un momento en que la situación era tan bizarra que una mujer le pidió igualdad en el trato. Inmediatamente pasó de ese tono pausado a la ira. Empezó a tratar a los miembros de las organizaciones como si fueran terroristas. La sesión duró media hora. Les quedaba claro quien era el presidente.   Mientras Uribe se convertía en el presidente con mayor popularidad en el siglo XXI Cepeda inició su carrera política en firme desde el congreso, sin abandonar la investigación. Atraído por la figura de Uribe escribió el libro A las puertas del Ubérrimo. Su método lo obligaba a ir al lugar donde ocurrían los hechos y se quedó impactado al ver los contrastes de Córdoba, en donde habían grandes señores como Uribe que tenían haciendas tan grandes que habían pequeños poblados en medio de ellas. La desigualdad era brutal,  los campesinos que no tenían nada.   Por eso, cuando viajó a las cárceles de Estados Unidos, a escuchar la verdad que necesitaban saber las víctimas del paramilitarismo y que el gobierno Uribe se los había negado el velo cayó de sus ojos. El nombre Uribe aparecía constantemente en el relato. ¿Por qué  no se había escuchado a estos comandantes paras? ¿Por qué nadie los había tomado en serio?. Parecía que testimonios, como los que contaban al detalle la creación del Bloque Metro, quedaran instalados como el producto de una alucinación colectiva.   Es entonces cuando a Cepeda le llega la notificación de que Pablo Hernán Sierra, un paramilitar mejor conocido con el alias de “Pipintá” quería hablar con él. En ese momento estaba en la cárcel de Itagui. El recorrido del hoy senador Iván Cepeda por las cárceles del país tiene que ver con su preocupación por la situación extremamente frágil que sufren los presos del país. Siempre fue un tema que tenía que ver con la protección de los derechos humanos de los presos. Pero  Sierra tenía información sobre  Uribe y su participación en la creación del proyecto paramilitar en Antioquia. Iván Cepeda lo escuchó.   Sierra, con la elocuencia del paisa, es quien le habla del que es considerado el testigo estrella del caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve, a quien le decían Guacharaco porque se había criado en esa hacienda de los Uribe y quien, afirmó, fue miembro del Bloque Metro y se hizo como paraco siendo entrenado en esa propiedad a comienzos de los años noventa. Las pruebas las tenía, una de ellas era una foto de él vestido con el uniforme de las AUC en las Guacharacas. Cepeda viajó a San Roque, municipio donde está ubicada la hacienda y comprobó que efectivamente la foto era real. Esa foto aparece en el libro de Olga Behar llamado los Doce apóstoles que involucra al otro Uribe Vélez, Santiago, con la creación de un grupo de limpieza social en el pueblo de Yarumal.   Todos esos pueblos, San Roque, Yarumal y Amalfi tenían en común, en los años noventa, el surgimiento de grupos paramilitares.  se gestó el paramilitarismo.  En el relato de Monsalve aparecen los hermanos Gallón -quienes incluso estuvieron implicados en el asesinato de Andrés Escobar, los hermanos Villegas y los Uribe Vélez como los grandes artífices de la creación del Bloque Metro.   En el 2011 las grabaciones del testimonio de Monsalve y de Sierra se los pasa Cepeda a Vivianne Morales quien era la fiscal general durante el primer año en el que Santos era presidente. El propio comandante conocido como “Pipintá” quería hacerle llegar ese testimonio a la fiscalía y Cepeda lo hace.   Morales se tomó en serio la investigación e incluso abrió un caso contra Uribe que involucra la creación del Bloque Metro con las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle.  Cepeda además de haber entregado las grabaciones a la fiscal Morales hizo una rueda de prensa y contó lo que había escuchado. Uribe, ya como ex presidente, preparaba la creación de su propio partido político, el Centro Democrático y una posible candidatura al congreso.   Lo que contaba Cepeda era una espina en la garganta de Uribe. Por eso lo demandó la primera vez en el 2012. Dos años después Cepeda hace un candente debate en el Congreso en donde intenta probar que Uribe fue el creador del Bloque Metro.   En un episodio que retrata los impulsos de  Urib, quien ya era senador, salió del congreso, cruzó la plaza de Bolívar e impuso una demanda por manipulación de testigos contra Cepeda. El senador, que en ese entonces militaba en el Polo Democrático,  temía que su destitución fuera  inminente.   La Corte duró entre el 2014 y el 2018 buscando pruebas para tomar una decisión. Cuatro años después, como un boomerang, a Uribe se le devuelve la investigación: es acusado de haber cometido el delito de manipular testigos. Empiezan a aparecer nombres de abogados asociados con mafiosos y ex paras. Se le abre investigación a Uribe. Cepeda es inocente. Pero cada victoria viene acompañado de una derrota, ese año el senador fue diagnosticado con cáncer. Todas las luchas que dio por la paz, sobre todo su participación en la mesa de diálogo en La Habana con las FARC, lo debilitó. Ni hablar Del pulso con Uribe. En el 2019, por primera vez en la historia de este país, un presidente tiene las suficientes pruebas en su contra como para ir a juicio. Además es detenido. Renuncia a su curul en el senado para ser juzgado por alguien muy cercano a él, Francisco Barbosa, quien era en ese momento Fiscal.  Desde entonces está en esa pelea.   Dos horas dura la conversación, Cepeda debe ocuparse de sus perros quien no paran de ladrar pidiéndole que los saque al parque. Con mucha cortesía nos da señales de que está agotado. Al otro día estará en la marcha del 1 de mayo en donde Petro, sacando la espada de Bolívar, radicó las 12 preguntas que compenden la consulta popular. Entendemos y nos vamos. No alcancé a tomarme el vaso de agua que me dio.   Antes de irnos deja flotando una frase “Yo no odio a Uribe, mi objetivo no es el que él vaya a la cárcel, lo que quiero es que se sepa la verdad”.   Por cierto, este es el video completo de la conversación que tuvo con la comisionada de la verdad Marta Ruiz   https://www.youtube.com/watch?v=tdM2VFiBuJ4&t=24s

Por: Redacción Pares El 27 de febrero de 2024 regresó al país Salvatore Mancuso, después de pagar una pena de 16 años en una cárcel norteamericana. En Colombia, eran miles las víctimas que había dejado y que esperaban que, al menos, pudiera contar la verdad sobre el horror paramilitar. Por eso fue designado “gestor de paz”, función a la que renunció el pasado 5 de junio, junto con otros 16 excomandantes paras, alegando un saboteo por parte del comisionado de paz, Otty Patiño, a quien calificaron de ser un “enemigo interno” del gobierno colombiano. El resquemor de Patiño contra jefes paramilitares, como Mancuso, proviene de decisiones que tomó la extrema derecha y que cambiaron para siempre la historia del país, como el asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro, compañero de lucha de Patiño en el M-19. El punto es que existe un resquemor por parte de estos comandantes paramilitares porque la desmovilización de las AUC jamás se cerró; es una herida abierta que pudo haber derivado en un nuevo bucle de violencia, generado por los grupos armados ilegales que hoy azotan el país y que tuvieron una raíz en los grupos paras de la década del noventa. Por eso, es fácil asociar a los Pachenca con el Bloque Tayrona, y a los Costeños, y al mismo Clan del Golfo con las estructuras paras. Este cierre fallido del proceso de paz con las AUC tuvo su raíz en la decisión presidencial que tomó Uribe en la madrugada del 13 de mayo de 2008. En ese momento, los jefes paramilitares estaban comprometidos con la verdad. Después de esa decisión todo cambió: solo seis siguieron aferrados a sus compromisos, el resto se retiró de dar sus versiones libres. De un solo tacazo, fueron extraditados los siguientes comandantes paramilitares a los Estados Unidos: Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo; Manuel Enrique Torregosa; Salvatore Mancuso; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Guillermo Pérez Alzate; Ramiro Vanoy; Juan Carlos Sierra, alias el Tuso; Martín Peñaranda, alias el Burro; Edwin Mauricio Gómez; Rodrigo Tovar Puppo, alias Jorge 40; Hernán Giraldo Sierra; Nondier Giraldo Giraldo, y Eduardo Enrique Bengoechea. Un año después, el gobierno envió a otros jefes paras que estaban comprometidos con la verdad, como Ever Veloza, alias H.H, comandante del Bloque Calima, vital para saber la verdad del horror de lugares como Urabá y Buenaventura. Como recordó en su momento el portal Verdad Abierta, al entonces presidente Uribe se le subrayó la importancia que tendría que estos comandantes siguieran hablando desde Estados Unidos, a lo que él respondió de la siguiente forma, que, en caso de existir la voluntad de estos hombres de seguir confesando sus verdades, el gobierno de Estados Unidos debería garantizar este escenario “en caso de existir el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de seguir colaborando con las autoridades judiciales colombianas, confesando hechos delictivos y dando bienes, relato de hechos y manifestaciones de perdón”.   La verdad nunca se pudo conocer. No hubo voluntad, sobre todo por parte del gobierno colombiano. En 2009, durante una correría por cárceles norteamericanas, la congresista Piedad Córdoba, junto con el académico del CINEP Danilo Rueda y el entonces líder de víctimas, Iván Cepeda, viajaron a Estados Unidos y pudieron hablar con Mancuso quien, en una andanada de rabia, calificó a Uribe como un traidor, por haber decretado su extradición. Fue entonces cuando empezaron a circular sus versiones de que los paramilitares habrían ayudado a Uribe a ser presidente.   Pero aún falta un capítulo crucial en el cierre del conflicto: saber verdades. Mancuso ha intentado dar coordenadas para descubrir cuerpos enterrados en fosas comunes. Incluso, su testimonio fue clave para descubrir fosas comunes en cementerios como el de Cúcuta, donde se descubrieron restos de más de cuatro mil personas.   Durante cerca de un año, entre 2008 y 2009, algunos jefes paramilitares continuaron su proceso con la verdad desde Estados Unidos, pero esto pronto se desvaneció. La llegada de Petro al poder, en 2022, reavivó el interés de estos comandantes para cerrar lo que aún es una herida abierta. Sin embargo, dentro de este gobierno, tanto Mancuso, como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, o el mismo Jorge 40, se han encontrado con escollos que no han podido superar. Las expectativas de que ellos puedan tener alguna influencia entre miembros del Clan del Golfo o de otras estructuras armadas son mínimas. Es difícil creer que puedan ayudar a efectuar alguna desmovilización. Lo que sí está claro es que hay verdades que no se han dicho y que podría traer la paz a los cientos de miles de vidas arrebatadas y a sus familiares, que necesitan, por fin, pasar capítulo. Y esta angustia solo se cura con la verdad.

Por: Redacción Pares A Jaime Abello Banfi siempre le ha impresionado cómo se recibe la obra de García Márquez en países que no son Colombia. Sí, en el país el fervor está intacto, Macondo da incluso hasta para himnos musicales. Pero Gabo, fuera del país, también es capaz de lograr milagros, como vender miles de ejemplares de En agosto nos vemos  después de diez años de muerto. Como le dijo al periodista Nelson Fredy Padilla, de El Espectador:  “Es un clásico contemporáneo que se mantiene a nivel mundial”. Jaime Abello es uno de los responsables de preservar el gran legado de Gabo en una de sus especialidades: el periodismo. En los años noventa, García Márquez pudo tener el aire necesario para hacer realidad uno de sus sueños: crear una gran fundación en torno al periodismo. Treinta años después, la Fundación sigue viviendo una suerte de esplendor, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Abello lo define como “un proyecto de emprendimiento institucional del mundo del periodismo”. Gabo empezó a escribir notas periodísticas en medios como El Espectador  o El Universal y  El Heraldo . En el primero, uno de sus reportajes, Relato de un náufrago , se convirtió en un suceso de ventas y lo hizo uno de los periodistas más reconocidos del país en la década del cincuenta. Gabo y Abello se conocieron en 1983. En ese momento, como se cuenta en el perfil que acaba de publicarle la revista Bocas , Abello trabajaba en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Gabo estaba en la ciudad con algunas ideas locas, como que la ciudad se hiciera cargo del teatro Amira de la Rosa. Barranquilla estaba quebrada, y esa decisión acabaría con ese centro cultural. Abello fue encargado a llevarle la contraria al nobel. A él le gustó tanto este contrapunto que le dijo a Abello Banfi: “Oye, ven acá, ¿Por qué no nos vamos a tomar un whisky para que me sigas llevando la contraria?”. Se siguieron viendo, entre Festivales Vallenatos, Festivales de cine y cocteles. Un día, Gabo le dijo que quería hacer una fundación dedicada solo al periodismo. Abello le dijo que él no le jalaba a eso si no se encargaba de contratar a un tipo que supiera de finanzas. Gabo le dijo que listo, que él lo pagaba y así surgió lo que primero se llamó Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, un homenaje a sus ídolos, John Dos Passos, Truman Capote y toda la santa lista. Después, esto se convirtió en la Fundación Gabo y ha tenido entre sus maestros a sabios absolutos como Ryszard Kapuscinski, escritor polaco que hizo perfiles inmortales sobre personajes del siglo XX como el Sha de Irán o Hallie Sallisie, emperador de Etiopía o Tomás Eloy Martínez, su discípulo y creador de uno de los mejores libros de la historia de Latinoamérica: Santa Evita. Dentro de la fundación han surgido nuevas actividades como El Árbol Gabo. Esta actividad, según le contó al periodista Nelson Padilla, consiste en: El “Árbol Gabo” es producto de una reflexión estratégica que hicimos en la Fundación, en el marco de un estudio con consultores nacionales e internacionales, incluida la Universidad Nacional de Colombia, en 2015, cuando estábamos desarrollando normas de honores a García Márquez, la Ley 1741 que dispuso el establecimiento de un centro internacional para el legado en la Universidad de Cartagena y le asigna a la Fundación la misión de liderar esa alianza público-privada con recursos de los ministerios de las TIC y el de Cultura. El árbol sirve para establecer agendas de trabajo, catalogar documentos y buscar dimensiones que nos interesa explorar. Del legado de García Márquez trabajamos en cinco grandes campos: el primero es el de su historia personal; el segundo es su oficio y sus obras, desde el punto de vista de la creación, en literatura, en periodismo y en cine; el tercero son sus intereses, reflexiones y acciones como educador; el cuarto son sus emprendimientos, por ejemplo tú fuiste parte de uno muy importante que fue la revista Cambio, así como en periódicos, noticieros de televisión, a nivel de producción y de organizaciones como la Fundación y como la Escuela de Cine en Cuba, y el último campo es el del ciudadano comprometido con temas como los que mencioné antes: paz y derechos humanos. El legado de Gabo está vivo por su propia obra y parte de ella no son solo libros inmortales como Cien años de soledad, sino con fundaciones como la que dirige Jaime Abello, el gran protector del legado periodístico de Gabo.

Por: Katerin Erazo, Periodista La localidad de Ciudad Bolívar , en el sur de Bogotá, amaneció hoy con un panorama alarmante: varias fachadas de comercios y viviendas exhibían grafitis alusivos al grupo armado ELN. Este hecho, que ha generado temor entre la comunidad, coincide con la tensa situación que vive el Catatumbo debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, conflicto que ya ha cobrado la vida de más de 100 personas. Las imágenes de las pintadas, ampliamente difundidas en redes sociales, desataron una ola de preocupación. El concejal Daniel Briceño utilizó su cuenta de X para cuestionar al alcalde Carlos Fernando Galán sobre el aumento de extorsiones en la capital, que según cifras recientes, han crecido un 62% en lo que va del año. "¿Dónde está la Bogotá segura que se prometió en campaña?", expresó el funcionario. Por su parte, el coronel William Lara, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que, según investigaciones preliminares, los grafitis no fueron realizados por integrantes del ELN, sino por bandas criminales locales que buscan sembrar miedo y afianzar el control territorial. "Se trataría de una suplantación por parte de la delincuencia común", puntualizó Lara, quien también destacó que la Policía Judicial y los equipos de inteligencia están trabajando para identificar y capturar a los responsables. El coronel hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa que afecte la seguridad y la economía local, invitando a utilizar la línea 123 para reportar incidentes. La Secretaría Distrital de Seguridad emitió un comunicado asegurando que, en coordinación con la Policía Metropolitana y la Brigada XIII del Ejército Nacional, se han intensificado las labores de vigilancia en Ciudad Bolívar. Aunque descartaron la presencia de campamentos o zonas controladas por el ELN dentro de la ciudad, instaron al Gobierno Nacional a informar oportunamente sobre cualquier posible amenaza terrorista. En paralelo, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación continúan trabajando para combatir la extorsión en el país. Las víctimas pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula, donde recibirán orientación y apoyo para enfrentar esta problemática. Además, el Ministerio de Justicia ha habilitado herramientas virtuales para facilitar las denuncias. La situación de violencia en Bogotá se enmarca en un contexto nacional de zozobra. En el Catatumbo, el conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC ha afectado gravemente a la población civil y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Este escenario resalta la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la protección de las comunidades más vulnerables, tanto en la capital como en las regiones afectadas por el conflicto armado.

Por: Redacción Pares El proceso de paz entre el gobierno del Presidente Gustavo Petro y el ELN, pasa por su momento mas crítico, ante la acción del ELN en la región del Catatumbo y la decisión del presidente Petro de suspender el proceso.   Hay una acción del ELN, contra civiles y supuestos combatientes del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, se habla de posiblemente cien asesinatos y once mil personas que se han deplazado de la región, algunas hacia Venezuela.   Los hechos del Catatumbo han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y se habla de que lista en mano fuerzas del ELN, han ejecutado un número indeterminado de civiles, igualmente se habla de combates entre armados.   El gobierno le exige al ELN “voluntad de paz” y el ELN critica la política de Paz Total, la cual califica como de sometimiento y que solo busca el desarme del ELN.   De parte del Presidente Petro, hay duras criticas al ELN, las cuales son respondidas por el Comandante del ELN, Antonio García, estamos en un momento de alta crispación.   El gobierno tiene el reto de proteger a la población civil y el ELN respetar a los civiles.   Todo indica que al igual que en Arauca, se abre una violencia en el Catatumbo entre el ELN y las estructuras del Frente 33 de las disidencias de las FARC.   Hay una violencia persistente y un proceso suspendido, veremos cómo evoluciona esta situación. Declaraciones del Presidente Gustavo Petro sobre proceso con el ELN  Se suspende proceso con Eln. Crisis de seguridad en Norte de Santander | El Tiempo Una decisión del Comando del ELN de tomar el Catatumbo: Otty Patiño tras suspensión de diálogos    Otty Patiño revela cómo hombres entrenados del ELN llegaron al Catatumbo desde Arauca  ¿Qué sigue tras suspensión de diálogos con el ELN? El senador Iván Cepeda habla sobre la situación   Iván Cepeda por posible entrada del Clan del Golfo en el Catatumbo: “situación puede empeorar” ¿QUÉ SUCEDE EN EL CATATUMBO Y CON EL ELN? CON JUAN FERNANDO CRISTO | Los Danieles “Si quieren paz, deben detener esta ofensiva”: María José Pizarro al ELN | La W MinDefensa asegura que alertas emitidas por Defensoría no advertían sobre situación en Catatumbo  "Lo que sucede en el Catatumbo son crímenes de guerra": equipo negociador con el ELN  Gobierno colombiano suspende diálogos de paz con ELN tras escalada de violencia en noreste del país

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Andaba contento, era su cumpleaños y como mandaba la tradición que él mismo había impuesto había que hacer una fiesta. Invitó a sus ministros, a todos esos títeres que humillaba en sus cenas, a las mujeres con las que pasaba sus noches en vela, a su hija Svetlana que a los 28 años ya llevaba encima tres matrimonios y se sentía irremediablemente una solterona. El anciano estaba animado, quería bailar. Ya había obligado a sus hombres de confianza a que danzaran. A Jrushchov esto le molestaba profundamente. Era demasiado grueso y su aspecto bailando eran tan ridículo como el de una vaca patinando en hielo. Sin embargo ahí estaba con Beria y otros hombres del politburó. Todos con miedo de que los rumores que circulaban por el Kremlin fueran verdad. Siempre había rumores de purgas pero Pravda últimamente había estado insistente; dentro de poco se destaparía una olla podrida donde caería más de una cabeza que hasta el momento se suponía intocable. Entonces lo mejor era bailar hasta que se te rompieran los zapatos. No era un buen momento para contradecir al supremo. El dictador a pesar de sus dolencias le pidió a Svetlana una pieza, ella se negó, el jefe no soportaba el rechazo, sobre todo delante de sus subalternos y perpetrado por su propia hija, así que en tono de chanza la agarró del pelo y la arrastró hasta el centro del salón, allí con suavidad le tomó las manos como si ya fuera a empezar la danza pero Svetlana con los ojos arrasados en lágrimas se fue corriendo a encerrarse en su cuarto como lo había hecho su madre veinte años antes, solo que ella no tomaría la decisión extrema de dispararse una bala en el corazón. Los subalternos apenados por la escena que presenciaron se hicieron los de la vista gorda y continuaron con la farsa. Si el jefe estaba feliz pues lo ideal era no amargarle el rato. Estar ya en su dacha era todo un logro. Una vez al mes Stalin acostumbraba a celebrar una comida. Invitaba a la gente que consideraba más cercana. No ser invitado constituía tener la certeza de que se había caído en desgracia con el dictador, pero recibir la invitación equivalía a noches de preparación sicológica para lo que iba a sobrevenir en esa cena. Por lo general Iosef no servía  vino sino vodka ya que es más efectivo a la hora de soltar la lengua. Le ordenaba a sus cocineros que fueran generosos con la cantidad de pimienta repartida en cada plato, esto pondría a sus ministros de un ánimo todavía mas crispado. Sin duda  disfrutaba ver a todos esos pobres diablos asustados en sus mesas, pensando cada palabra que tenían que decir. Al cabo de dos copas los unos culpaban a los otros. Stalin estaba ahí, más que divertido y cuando empezaba a aburrirse su mirada se centraba en el escote de la esposa de alguno de los ministros. Muchas veces se retiraba sin avisar a su cuarto llevando de la mano a cualquiera de ellas. Los ministros tenían que ahogar sus penas con vodka. Pero en esa noche de invierno de 1953 Stalin ya no tenía el vigor de antaño. Ordenó poco antes del amanecer que dieran por concluido el baile. Cuando se retiró el último de los invitados dio indicaciones expresas de que no quería ser molestado por nadie hasta que él lo indicara. El día que se avecinaba iba a ser usado solamente para descansar. Ser el rector absoluto de los destinos de una potencia como la Unión Soviética tenía un desgaste que evidentemente estaba empezando a sentir. Antes del mediodía tenía la costumbre de tomarse una taza de té con una rodaja de Limón. Los soldados que custodiaban la dasha comenzaron a inquietarse cuando vieron que pasaban las horas y el supremo no cumplía con su rutina. A las seis de la tarde la casa respiró aliviada cuando vieron que desde su cuarto se encendía una luz. Esperaron varios minutos a que se escucharan los pasos del líder bajar por las escaleras. Pero nada de eso ocurrió. Poco antes de las once de la noche se tomó una determinación; había que llamar a sus colaboradores más cercanos. Stalin era presa de su propio invento; la concentración absoluta del poder. Nadie podía tomar una decisión ya que sus órdenes eran de hierro, si había dicho que nadie podía molestarlo al otro día esto se tenía que seguir a rajatabla. Beria fue el primero en llegar, lo siguió Malenkov y poco después Nikita Jrushchov. Cuando se reunieron los tres tomaron la decisión de entrar en la habitación. Lo que vieron fue una imagen que los horrorizó. En el piso estaba el dictador entre un charco de orines y mierda. El ataque había ocurrido a las seis de la tarde justo en el momento en que los soldados vieron cómo se encendía la lámpara. A pesar de que estaba inconsciente y que su vómito incesante de sangre revelaban la gravedad de su estado nadie tomó la decisión de llamar un médico. Se encerraron en el cuarto deliberando que hacer. El que tomara el teléfono para pedir un médico podía correr el riesgo de que cuando se despertara el dictador fuera condenado a muerte por tomar decisiones en ausencia del líder. Además los cuatro que estuvieron en ese cuarto tenían la presión de una purga inminente. Lo dejaron agonizar y solo hasta las seis de la mañana llamaron a un médico. El problema es que los mejores especialistas del país estaban encerrados en cárceles acusados recientemente de una conspiración para acabar con la vida del líder. Mandaron emisarios hasta las prisiones para preguntarle qué extraña enfermedad había azotado al supremo. Hablaron de un extraño síndrome el Cheynes- Stokes que atacaba directamente el sistema respiratorio. Iosef Stalin moriría 24 horas después de tener el ataque. Empezaría la disputa por el poder que coronaría a Nikita y condenaría a Bería. Se ordenó embalsamar el cuerpo y ponerlo al lado del otro padre de la revolución, Vladimir Lenin. Pocos años después Jrushchov encontraría la venganza  a ser obligado a bailar como una osa embarazada patinando en el hielo, a ser tratado como lo que era, un campesino inculto y ebrio. En medio de una reunión del partido denunció al mundo los crímenes del stalinismo. Ordenó, como máximo dirigente de la Unión Soviética, desmontar el culto a Stalin. Su cadáver fue sacado del panteón de Lenin y fue enterrado afuera del Kremlin. Sin saberlo Nikita Jrushchov le ponía los clavos al ataúd del sueño soviético. No se puede sostener un imperio sin el culto al héroe. A falta de Dios el pueblo tenía a Stalin pero ahora no tenía más que un libro gigante, espeso, infumable escrito por un alemán. Después de Stalin ya no había nada en que creer dentro del inabarcable  territorio de la Unión Soviética.

Por: Sebastian Solano  Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil   Pese a ser concebidos como espacios de incidencia política juvenil, los Consejos de Juventud en Colombia enfrentan hoy un escenario adverso. Según una encuesta aplicada por la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  a 60 consejeros y consejeras de distintas regiones del país, los retos en representación, garantías institucionales, seguridad y eficacia son profundos y persistentes. Esta investigación, basada en testimonios directos y contrastada con fuentes oficiales y de prensa, revela una democracia juvenil aún precaria, donde la participación choca con la exclusión, y el compromiso cívico con la indiferencia estatal. La mayoría de los consejeros consultados coincide en que los Consejos no reflejan cabalmente los intereses juveniles. La falta de mecanismos eficaces de interlocución con las autoridades y la escasa articulación con las entidades estatales generan desmotivación. “Sienten que no se está haciendo nada con respecto a lo que dice la ley”, advierte un análisis citado de La Silla Vacía. Si bien en ciudades como Bogotá se han asignado curules especiales a jóvenes víctimas, étnicos y campesinos —65 de 372 consejeros locales según la Secretaría de Gobierno—, otros sectores siguen invisibilizados. Las personas jóvenes LGBTIQ+ denuncian falta de información, discriminación y violencia institucional: “una persona que está expuesta al odio y a ser invisibilizada”, relatan voceros citados por la Comisión Primera del Senado. Esta asimetría revela una representación desigual, donde algunas identidades tienen mayor reconocimiento que otras, especialmente en zonas rurales y en sectores informales. Elecciones 2021: Irregularidades, maquinaria y desinformación El proceso electoral que dio origen a los Consejos el pasado 5 de diciembre de 2021 tampoco estuvo exento de cuestionamientos. La Misión de Observación Electoral (MOE) registró 74 denuncias en 27 municipios de 14 departamentos, con prácticas que incluyeron compra de votos, suplantación, propaganda indebida y uso de símbolos partidistas. Además, la desinformación sobre el proceso y las presiones de líderes políticos locales distorsionaron el libre ejercicio del voto. A estos reportes se suman las percepciones de los propios consejeros encuestados: 52 de 60 afirmaron haber enfrentado dificultades para acceder a recursos o financiación, 40 mencionaron la falta de apoyo institucional para visibilizar sus campañas y 28 señalaron desconocimiento de las reglas del proceso. Solo una persona no reportó ninguna dificultad. Asimismo, 25 jóvenes enfrentaron problemas logísticos el día de las elecciones y 5 manifestaron haber sido presionados o amenazados para desistir de su candidatura. Las categorías más frecuentes de irregularidades percibidas incluyeron compra de votos, desinformación o mala pedagogía electoral, cambios logísticos de última hora, manipulación del censo, intervención de actores políticos tradicionales e incluso amenazas directas. Estos hallazgos refuerzan el testimonio de los encuestados, entre los cuales solo el 17% consideró que el proceso fue “muy transparente”, mientras que un 30 % lo consideró “poco o nada transparente”. La falta de transparencia impactó en la legitimidad del proceso. Mientras los partidos tradicionales concentraron más del 56% de los votos, las listas independientes apenas alcanzaron el 29%, evidenciando la persistencia de una “maquinaria” que dificulta la autonomía juvenil. Esta percepción es coherente con los resultados del sondeo, donde 33 jóvenes afirmaron que el proceso fue poco o nada accesible para juventudes rurales, étnicas o víctimas. Además, el 63 % de los encuestados declaró que su elección estuvo marcada por desigualdad en las condiciones de campaña y escaso respaldo institucional. Los Consejos de Juventud reciben bajas calificaciones en impacto y efectividad. Los encuestados describen un escenario de precariedad institucional: sin viáticos adecuados, sin medios ni vías de transporte para asistir a las sesiones y, en muchos casos, sin siquiera una sede propia. La falta de formación política y técnica también limita el alcance de su trabajo. Consejeros de varias regiones proponen capacitaciones continuas para mejorar sus competencias y lograr mayor incidencia. A esto se suma la escasa seguridad: amenazas, acoso y discriminación son frecuentes, especialmente hacia mujeres, jóvenes afrocolombianos e indígenas, y líderes en territorios de alta conflictividad. Solo en 2022 se reportaron 219 amenazas contra consejeros juveniles, en muchos casos sin respuesta institucional efectiva. La violencia contra los consejeros de juventud refleja un patrón de riesgo creciente. Amenazas físicas, acoso sexual, violencia de género y ataques por parte de actores armados ilegales o estructuras criminales son parte del panorama en varias regiones del país. Jóvenes líderes afrocolombianos e indígenas han denunciado agresiones racistas en espacios públicos, y varias consejeras relatan episodios de acoso en escenarios institucionales. Si bien la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuenta con un protocolo oficial para atender amenazas a líderes juveniles —adoptado en 2021 para candidatos y consejeros electos—, los jóvenes encuestados evidencian que su aplicación es insuficiente. La mayoría señala una falta de atención oportuna y efectiva por parte de las autoridades, lo que se traduce en ausencia de rutas claras de protección, especialmente en territorios de alta conflictividad. Esta brecha entre la normativa existente y la experiencia real de los consejeros acentúa la sensación de desprotección y desincentiva la continuidad en estos espacios. Según la encuesta aplicada a 60 consejeros y consejeras de distintas regiones, el 48 % manifestó haber sentido que su seguridad estaba en riesgo en algún momento debido a su rol, ya fuera ocasionalmente (38%) o con frecuencia (10%). Los principales actores asociados a estos riesgos incluyen grupos armados ilegales (59%), líderes políticos locales (55%) y autoridades locales (34%), seguidos por el crimen organizado (21%) y, en menor medida, la propia comunidad (14%). Pese a esta realidad, el 75% indicó no haber recibido ningún tipo de apoyo institucional para mitigar dichos riesgos, y apenas el 6% afirmó haber recibido un respaldo adecuado. Incluso entre quienes buscaron ayuda en entes como la Defensoría del Pueblo, Personerías o la Policía, el 68% no acudió a estas instancias, lo que representa una baja confianza institucional. Estos datos reflejan no solo un alto nivel de exposición a amenazas, sino una desconexión crítica entre los dispositivos estatales de protección y las necesidades reales de quienes ejercen liderazgo juvenil en contextos vulnerables. Aunque la Ley 1885 de 2018 y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil contemplan espacios de interlocución directa con el Gobierno Nacional, su cumplimiento es errático. En 2023, por ejemplo, sólo se realizó una de las dos sesiones obligatorias entre el presidente y el Consejo Nacional de Juventud. Sin embargo, algunos logros dan luces de posibilidad: el programa Colombia Joven en Territorio recogió más de 1.700 propuestas para política pública juvenil, y en ciertos municipios se han incluido voces juveniles en los planes de desarrollo. Pero estos casos son excepcionales. En general, los Consejos operan con escasa incidencia y sin mecanismos claros de seguimiento a sus propuestas. De hecho, el 53% de los encuestados considera que su consejo tiene “poco” o “ningún impacto” en políticas públicas locales o nacionales, y el 44% afirma no recibir respaldo político por parte de sus gobiernos locales, mientras que solo un 2% reporta respaldo pleno. Aunque la mayoría ha participado en mesas de diálogo (67%) y formulado propuestas (60%), más de un tercio reconoce que sus acciones no tienen incidencia real en la formulación de políticas. El seguimiento institucional es también débil: el 54% realiza acciones de control político solo de manera ocasional, y el 83% se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el reconocimiento e impacto que tienen los Consejos en la toma de decisiones. Estos datos refuerzan la idea de que, pese a su existencia formal, los Consejos funcionan con un margen muy limitado de influencia real. Los Consejos de Juventud son un avance importante y una oportunidad para la democracia desde abajo. Pero sin representación real, sin recursos y sin garantías de seguridad, el riesgo de que se conviertan en mecanismos simbólicos es alto. La voz de los jóvenes debe ser escuchada, protegida y fortalecida. Desde Pares, invitamos a las autoridades locales y nacionales a garantizar condiciones dignas para ejercer la ciudadanía juvenil. Como sociedad, tenemos una deuda histórica con quienes aún creen en el poder transformador de la participación. El próximo 19 de octubre se celebrarán en Colombia las segundas elecciones de los Consejos de Juventud, marcadas por un ambiente de expectativa normativa y persistencia de obstáculos históricos. La baja participación en 2021 —apenas el 10 % del censo juvenil— dejó al descubierto el distanciamiento entre las instituciones y las realidades de las juventudes, especialmente en zonas rurales o afectadas por el conflicto. Pese a la inversión pública anunciada por la Registraduría y la implementación de campañas pedagógicas, los avances aún no logran desmontar las dinámicas de desinformación, exclusión y clientelismo que contaminan los escenarios juveniles de participación política. La inscripción de listas independientes, que inició en abril, vuelve a enfrentar barreras logísticas, poca visibilidad y una desventaja estructural frente a los partidos tradicionales, cuyas maquinarias siguen marcando el pulso electoral.   En paralelo, el Congreso tramita una reforma parcial al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que, aunque reconoce vacíos críticos del modelo vigente, no es una solución inmediata a los problemas estructurales del Subsistema de Participación de la Juventudes. El proyecto de Ley, que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, incluye medidas como la apertura de listas, el rediseño de curules y la inclusión de protocolos de prevención de violencia política juvenil. No obstante, su alcance sigue siendo limitado, se requiere de todo un paquete de leyes que logren fortalecer el subsistema. Mientras tanto, jóvenes consejeros y liderazgos sociales continúan enfrentando amenazas, poca voluntad política por parte de sus entes territoriales, y ausencia de rutas de protección, especialmente en municipios afectados por el conflicto o con presencia de economías ilegales.   Las elecciones de 2025 no pueden convertirse en un ritual vacío. Requieren condiciones reales de competencia, garantías de seguridad y canales efectivos de interlocución con el Estado. A pocos meses de la jornada electoral, la pregunta es inevitable: ¿qué va a cambiar realmente para garantizar que esta vez la participación juvenil no sea solo una promesa sin sustento, sino una apuesta efectiva por el poder transformador de las juventudes?

Por: Sebastián Solano - Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a abrirse paso en el Congreso, con la aprobación en el Senado de artículos clave que apuntan a fortalecer las garantías de las y los trabajadores en Colombia. Entre los avances ya aprobados se destacan el pago de recargos nocturnos desde las 7:00 p. m., la remuneración del 100 % por laborar domingos y festivos —frente al 75 % actual— y la adopción del contrato laboral como regla general en las relaciones de trabajo. Pero más allá de estas medidas, uno de los debates más significativos ha sido el que gira en torno al contrato de aprendizaje del SENA. Una figura que, durante décadas, ha servido como puente formativo para miles de jóvenes, pero también como zona gris en el reconocimiento de sus derechos laborales. Lea también: ¿Aprendiz o trabajador? El SENA en el corazón de la reforma laboral El artículo 23 de la reforma —hoy aprobado en plenaria— modifica de manera sustancial el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. Con este cambio, el contrato de aprendizaje deja de ser una figura especial sin prestaciones para convertirse en un contrato laboral de carácter especial, con una duración máxima de tres años. Es un giro necesario para reconocer el carácter productivo del aprendiz y le otorga un conjunto de derechos que históricamente le han sido negados. En la práctica, esto significa que los aprendices del SENA recibirán una remuneración equivalente al 75 % del salario mínimo legal vigente durante la etapa lectiva y del 100 % en la etapa práctica. En cifras de 2025, eso representa $1.067.625 para el primer año y $1.423.500 en su segundo año de prácticas. A ello se suman prestaciones sociales como afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, primas y vacaciones. Con este paso, se empieza a cerrar una brecha de exclusión que por años ha marcado el acceso de los jóvenes al mundo del trabajo. La tensión política: inclusión o retroceso Como era de esperarse, el debate no fue sencillo. Bancadas como el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical defendieron la figura tradicional del contrato de aprendizaje, alertando que convertirlo en vínculo laboral podría reducir las oportunidades para los jóvenes. “El contrato de aprendizaje no es laboral, es una obligación del Estado. Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar”, sostuvo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Pese a estas objeciones, el Senado negó la proposición que buscaba eliminar el parágrafo tercero del artículo 23, con una votación de 47 votos en contra. En su lugar, fue aprobada la proposición aditiva del senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien defendió el reconocimiento del contrato como un vínculo laboral especial. Su argumento fue claro: dignificar a quienes apenas ingresan al mundo laboral no puede seguir siendo postergado. El SENA en el centro de la reforma Para el SENA, esta reforma no solo cambia su marco legal: transforma su papel en la articulación entre la formación técnica y el empleo formal. Durante años, la institución ha sido el puente entre el aula y la empresa, pero ese puente ha estado lleno de vacíos. Los jóvenes cruzaban, sí, pero sin las mínimas garantías laborales. Desde la dirección del SENA se ha respaldado la necesidad de reformar el contrato, alertando además sobre los riesgos de mantener figuras que precarizan y niegan el valor productivo del aprendiz. En documentos recientes, la entidad ha advertido que el modelo anterior violaba estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que más de 30.000 jóvenes permanecían sin cobertura médica durante su etapa lectiva. Con la reforma, ese panorama empieza a cambiar. El Estado empieza a asumir su responsabilidad: garantizar que el aprendizaje sea también un escenario de derechos, y no solo un mecanismo de deberes. ¿Qué sigue? Aunque el Senado ha dado luz verde a estos cambios, el proceso aún no está cerrado. La reforma deberá pasar por la conciliación legislativa, cuya fecha límite es el 20 de junio de 2025. Será allí donde se definan los textos finales y se ajusten las diferencias con lo ya aprobado en la Cámara de Representantes. El reto, sin embargo, va más allá del trámite normativo. Lo urgente será la implementación y la vigilancia. Garantizar que las empresas no evadan sus obligaciones a través de la monetización. Asegurar que los aprendizajes no se conviertan en una carga para los empleadores, sino en una inversión compartida entre el Estado y el sector productivo. Y consolidar un sistema donde el SENA no solo capacite, sino que también habilite puertas reales para la inclusión laboral con dignidad. Desde la Línea de Jóvenes de la Fundación Paz & Reconciliación celebramos esta reforma como una oportunidad concreta para redefinir la relación entre juventud y trabajo en Colombia. Reconocer el contrato de aprendizaje como vínculo laboral no es una concesión: es un acto de justicia. Es comprender que quienes hoy están aprendiendo no deben pagar su formación con desprotección. Es dejar de ver al joven como un costo o una carga y comenzar a reconocerlo como sujeto de derechos aquí y ahora. La historia del contrato de aprendizaje ha sido, por demasiado tiempo, la historia de una promesa incumplida. Hoy, con esta reforma, Colombia empieza —por fin— a honrarla.

Por: Sebastián Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil – Fundación Paz & Reconciliación A diferencia de los años anteriores, la movilización del Orgullo LGBTIQ+ en Colombia no fue una celebración multitudinaria, ni un despliegue de marcas, ni un desfile respaldado por las grandes instituciones. Fue, por el contrario, un acto de tensión política, de denuncia estructural y de fractura estratégica dentro de la población sexo-género diversa. En un contexto de retroceso global de derechos y de repliegue institucional, emergió con fuerza la Contra-Marcha: una movilización autónoma que denunció la cooptación estatal y comercial del Orgullo y que exigió restituir su carácter insurgente y político. Este año, a diferencia de anteriores ediciones, en las que el patrocinio de marcas y el respaldo institucional daban forma al evento, se evidenció un silencio llamativo. Sin vallas, sin auspiciadores y con una cobertura mediática limitada, el Pride 2025 en Bogotá marcó una ruptura: se abandonó la lógica del desfile y se regresó al lenguaje de la protesta. De festival a acto político: la diferencia 2025 En años anteriores, la marcha del Orgullo en Bogotá había sido asumida como una gran fiesta en el espacio público: conciertos, publicidad comercial, discursos institucionales y alianzas con el sector privado. La presencia de grandes marcas era evidente, y muchas se disputaban el protagonismo como "aliades corporativos". Pero este 2025 fue diferente. La retirada de empresas privadas y la tibieza institucional dejaron al descubierto una pregunta incómoda: ¿el respaldo al Orgullo era convicción o conveniencia? En lugar del Parque Simón Bolívar, espacio inicialmente propuesto para la marcha oficial, la movilización principal culminó en la Plaza de Bolívar. El cambio de lugar no fue accidental: respondió a la decisión de colectivos que se oponen a la idea de un orgullo reducido a un festival, y reivindican su carácter de acción directa y contestataria. “No queremos una fiesta institucionalizada, queremos una protesta organizada”, se leyó en una de las pancartas de la Contra-Marcha. La organización de la marcha enfrentó dificultades logísticas y administrativas. Voces de diferentes sectores denunciaron trabas en la tramitación de permisos, ambigüedades en el respaldo de la Alcaldía y una actitud pasiva por parte de las entidades distritales. El Distrito, que en años anteriores se había sumado con presencia institucional, equipos logísticos y comunicados de respaldo, este año se limitó a brindar acompañamientos técnicos. La Secretaría de Integración Social desplegó puntos de atención, pero la estrategia de comunicación y convocatoria se vio fragmentada, incluso entre diferentes secretarías del distrito. A nivel nacional, el gobierno no emitió ningún pronunciamiento central el día de la marcha. En contraste con años anteriores —donde incluso el presidente o ministros de cartera se pronunciaban en apoyo— este año reinó el silencio. La convocatoria, si bien significativa, fue más reducida. Algunos colectivos estiman que la asistencia fue un 40 % menor respecto al Pride 2023. Activistas atribuyen esta baja a la combinación entre el desgaste del formato, la desmovilización por desconfianza institucional y el temor generado por recientes actos de violencia y discursos conservadores en medios y redes sociales. Voces desde la organización: el Pride más cercano a la gente Entre las voces que lideraron la articulación del Pride 2025 destaca La Diabla , vocera y organizadora de la movilización, quien relató desde adentro cómo se vivió el proceso de construcción política del evento: “Buscamos que todo el tema comercial fuera minoría. No le cobramos a nadie por participar. Garantizamos mínimos como hidratación y alimentación básica, y logramos algunos convenios con empresas para apoyar con insumos a quienes ofrecieron su tiempo voluntariamente”. Uno de los aspectos más significativos fue el rediseño de la ruta: “La movilización fue más tranquila, y se cambió la ruta inicial porque se escuchó la voz de la ciudadanía mediante encuestas, foros y otros ejercicios. Queríamos que la gente se sintiera bienvenida y acogida”. Ese cambio de recorrido, que atravesó zonas de tolerancia en el centro de Bogotá, permitió algo inédito: que la alegría carnavalesca del Pride llegara también a trabajadoras sexuales y habitantes de calle. Ver la emoción en sus rostros, ver cómo se unían al baile y a las consignas, fue un recordatorio de que el Orgullo tiene sentido cuando es con la gente y en los márgenes. Sin embargo, el camino no fue fácil: “Hubo entidades que nos dieron un espaldarazo, como el IPES y la Secretaría de Desarrollo Económico, pero otras se bajaron del ejercicio apenas veinte días antes, dejándonos solos con los emprendedores que participarían en el festival”. Frente a estos vacíos institucionales, insistimos: para permitir una articulación más efectiva entre sociedad civil e instituciones, el respaldo estatal no puede ser intermitente. La autonomía no significa abandono, y el Estado no puede retroceder justo cuando más se necesita su presencia garantista. Este año, las principales banderas de la marcha fueron lideradas por las mujeres trans. La Diabla  lo expresó así: “Ha sido un año muy complejo para nosotras, con muchas muertes y violencias. Por eso pedimos que fueran las compañeras trans quienes encabezaran la movilización”. En efecto, fueron Las Libertarias  —mujeres trans trabajadoras sexuales de la calle 19— quienes marcharon en primera línea, llevando la voz de las más excluidas hasta la Plaza de Bolívar. Así como La Diabla  lo expone, el cambio de ruta por una zona de tolerancia fue un avance estratégico y simbólico: permitió que la alegría carnavalesca del Pride llegara también a trabajadoras sexuales y habitantes de calle. Ver la alegría en sus rostros, cómo bailaban y se sumaban al recorrido, permitió que este año el Pride estuviera más cerca de la gente y saliera de su zona de confort. No fue solo una decisión logística, fue una apuesta política. Y si bien los colectivos lograron sostener la movilización con dignidad, insistimos en que, para seguir permitiendo una articulación más efectiva, es indispensable contar con respaldo institucional.   Tres marchas, una consigna: dignidad En 2025 Bogotá vivió una celebración del Orgullo marcada por la tensión política y la polarización estratégica. La ciudad acogió tres marchas principales: la Marcha del Sur (22 de junio, organizada por colectivos locales en localidades como Bosa y Kennedy), la Marcha Distrital del Orgullo (29 de junio, convocada por la Mesa LGBTI de Bogotá), y la movilización “Yo Marcho Trans” (5 de julio, convocada por colectivos trans y no binaries). Además, surgió nuevamente la Contra-Marcha del Orgullo: una protesta autónoma crítica contra la mercantilización del evento. Cada marcha tuvo su propio matiz: unas recorrieron las principales vías bogotanas con música y arte, otras reclamaron visibilización y derechos reales. En todos los casos la consigna principal fue exigir cambios estructurales para erradicar la violencia y la discriminación que persisten. Marcha Distrital (29 de junio):  Bajo el lema “Nuestra existencia es resistencia” la marcha oficial salió desde el Parque Nacional (a las 10:00 a. m.) y avanzó por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Se esperaba una asistencia masiva (más de 100.000 personas según la Secretaría de Planeación), congregando familias, colectivos y aliados. El Distrito acompañó el evento con un festival cultural en la Plaza de Bolívar al finalizar. Entre los mensajes institucionales, el Ministerio de Cultura envió un saludo de apoyo y pidió acelerar la Ley Integral Trans (#LeyIntegralTransYa), mientras el Instituto Distrital de Turismo resaltó que la Marcha Distrital “es una celebración de la vida, la diversidad y el derecho a ser”. Contra-Marcha (29 de junio):  Simultánea a la marcha oficial, esta movilización fue convocada autónomamente por colectivos críticos. Partió a la 1:00 p. m. desde el Museo Nacional hacia el Parque Santander (centro de la ciudad). Sus participantes –en su mayoría personas trans, no binaries y cis jóvenes– rechazaron el enfoque festivo del Orgullo y cuestionaron la participación de instituciones estatales y empresas en el evento. Retomando el espíritu de los disturbios de Stonewall, corearon consignas radicales como “no hay nada que celebrar” y “somos personas que vivimos discriminación no sólo en junio”. Esta Contra-Marcha, que nació en 2021, buscó así restituir el carácter rupturista e independiente del Orgullo, contraponiéndose a su institucionalización. Yo Marcho Trans (5 de julio):  Esta marcha (décima edición) dio voz a las demandas específicas de la población trans y no binaria. Partió del Recinto Ferial del barrio 20 de Julio y recorrió el suroriente bogotano hasta la Urbanización Granada Sur en San Cristóbal. Su lema, “La vejez trans y la vejez digna”, honró la lucha de las personas trans mayores y exigió derecho a envejecer con salud y cuidados. Reunió a más de 800 personas (según cifras oficiales) y destacó la participación de organizaciones sociales y autoridades locales en un ambiente de reivindicación comunitaria. El rol de "La Contramacucha" En este contexto, el protagonismo de colectivos disidentes fue fundamental. Entre ellos se destacó "La Contramacucha" , una articulación de personas trans, no binarias, racializadas y trabajadoras sexuales que ha liderado el llamado a descolonizar el Orgullo. Desde 2021 han denunciado la instrumentalización de la lucha LGBTIQ+ por parte de gobiernos y empresas, y han defendido un enfoque de lucha popular, anticapitalista, feminista y antirracista. "No sentimos orgullo, sentimos rabia", fue una de sus consignas principales este año. En medio del recorrido, integraron performances, discursos de denuncia y momentos de memoria por personas asesinadas por el odio y la exclusión. La Contramarcha no busca un espacio en la institucionalidad: busca transformarla. Su movilización fue, sin duda, uno de los actos más potentes y políticamente claros del Pride 2025 en Bogotá. Regresión global de derechos: de Budapest a Latinoamérica El debilitamiento del respaldo institucional no es un hecho aislado de Colombia. Este 2025, la marcha del Orgullo fue prohibida en Budapest por decreto del gobierno húngaro, bajo el discurso de proteger a la infancia. Un eco claro del auge del pensamiento ultraconservador que amenaza las libertades conquistadas. Según ILGA World, 64 países criminalizan la homosexualidad y en 7 de ellos sigue vigente la pena de muerte. En Latinoamérica, la narrativa de “ideología de género” ha ganado terreno en campañas políticas y decisiones judiciales. Colombia no es la excepción. Las declaraciones en contra del lenguaje inclusivo, el retroceso en políticas de salud diferencial y la falta de voluntad para aprobar la Ley Integral Trans son señales de alarma.   Volver al origen del Orgullo Lo ocurrido en Bogotá durante el Pride 2025 no fue una fractura generacional o una disputa entre “radicales” y “moderados”. Fue la expresión de una disputa por el sentido del Orgullo. En un mundo donde los derechos se negocian, las poblaciones LGBTIQ+ han recordado que sus vidas no son mercancía ni logística: son política viva. Si algo nos recordó este junio fue que el Orgullo nació como un motín, no como un desfile. En tiempos de regresión, es urgente recuperar su potencia transformadora. Porque frente al silencio del Estado, queda la voz de la calle.

Por: Luis Eduardo Celis * En las últimas semanas le he preguntado al Chat GPT, por que no ha sido posible un acuerdo de paz con el ELN. Las respuestas varian de consulta en consulta, pero en general las razones que el chat GPT, presenta son las siguientes : El ELN no tiene interés en un acuerdo de paz. El ELN ahora es codicioso y esta tomado por el Narcotrafico y el aprovechamiento de recursos. El ELN no tiene orden interno, son un desorden como organización y eso hace inviable construir un acuerdo de paz. El ELN es controlado por el régimen Venezolano y no se les permite avanzar en la paz / El ELN tiene como prioridad ser una fuerza paramilitar en Venezuela. Discrepo de estas consideraciones, que se ocupan la mayoría de los análisis y argumentaciones. La Paz con el ELN sigue siendo un reto presente. Por supuesto hay que entender el reto y como asumirlo. Una Paz con el ELN transcurre por este proceso que tiene una secuencialidad: bilateralidad, participación amplia de la sociedad colombiana para acordar transformaciones, y hacer realidad esas transformaciones con la participación del ELN. Algunos analistas dicen que esta es una negociación inviable con ese planteamiento del ELN : bilateralidad, participación, transformaciones y certeza frente a esas transformaciones hechas, yo creo que es una negociación muy difícil y que hay que intentarlo. Tenemos un logro, el acuerdo de participacion, veremos quien gana la presidencia y si quiere asumir este reto. Lo que si creo con evidencia es que el Estado colombiano no tiene la capacidad de controlar al ELN y mucho menos derrotarlo. El ELN de hoy tiene más capacidad que el ELN del 2015 y mucho más que el ELN del 2005. Quien diga que va a derrotar al ELN, tiene que resolver un asunto : sacarlos del territorio, tarea dura por no decir imposible. Un proceso de paz con el ELN sigue siendo un reto presente. Luis Eduardo Celis es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y análista de las violencias organizadas y sus perspectivas de superación.

Por: Andrés Camacho La economía mundial y la vida actual de la humanidad dependen principalmente de combustibles fósiles. El uso intensivo de estos combustibles ha ocasionado el cambio climático, el calentamiento exagerado y exponencial de la tierra. La respuesta a este fenómeno ha sido la puesta en marcha de una transición energética global, cuyo objetivo es sustituir completamente el uso de combustibles fósiles por un nuevo sistema basado en fuentes de energía renovables y sostenibles. Ese es el antídoto para detener las emisiones de gases de efecto invernadero que han puesto a la vida, la humanidad y el planeta mismo en riesgo. Sin embargo, no se trata simplemente de sustituir una tecnología por otra, dicha transición podría ocurrir de muchas maneras. La transición podría, incluso, pasar por encima de culturas, territorios y poblaciones. Por eso hablamos de Transición Energética Justa, para que su desarrollo tenga en cuenta a las poblaciones vulnerables y mejore su calidad de vida. En un país como Colombia, la transición energética representa, además, la oportunidad de superar problemas como la pobreza energética, los costos de energía y la inclusión de territorios y poblaciones. En la columna de hoy, les voy a hablar de uno de los sectores importantes para esta transición: los y las (aunque son aún pocas) técnicos electricistas. Según cifras del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE, en Colombia existen 160.000 técnicos matriculados, de los cuales aproximadamente 38.000 están afiliados a alguna de las 42 asociaciones del gremio a nivel nacional, pero, considerando el subregistro, la cifra podría aumentar. Si bien no hay una estimación de cuantos técnicos y técnicas se requieren para la Transición Energética Justa en el país, lo cierto es que estos 160.000 deben jugar un rol determinante, un rol que va mucho más allá de las tareas tradicionales como el mantenimiento de instalaciones eléctricas o la reparación de fallas. En el contexto de la transición energética, se han convertido en agentes claves del cambio en tareas como la instalación de tecnologías renovables, el mantenimiento y operación de redes inteligentes, la incorporación de sistemas de almacenamiento energético, la eficiencia energética en viviendas y empresas, entre otras.   Capacitarlos y vincularlos a proyectos energéticos de diferente escala es fundamental, sin embargo, también es necesario hacer justicia con este gremio. A partir de la existencia del RETIE - reglamento técnico de instalaciones eléctricas expedido por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, que define los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones eléctricas en todo el territorio nacional y que se expidió por primera vez en 2005, este gremio ha vivido el desmantelamiento de sus opciones profesionales. Sin rigor técnico ni explicación desde la ingeniería, los técnicos electricistas perdieron paulatinamente la posibilidad de desarrollar esquemas constructivos hasta 112,5 KVA, luego hasta 75 KVA, llegando apenas a 7 KVA en 2013. Para quienes no están familiarizados con las unidades y las magnitudes, esto quiere decir que los técnicos electricistas cada vez podían trabajar menos. Es por ello que, a partir de 2013, los técnicos electricistas iniciaron toda una lucha por recuperar su trabajo y tuvieron que pasar 12 años para que en este gobierno pudiéramos hacer justicia con el gremio.   Con la actualización del RETIE, que iniciamos desde 2024, se logró garantizar que los técnicos electricistas de Colombia puedan realizar instalaciones de baja complejidad soportándolas con un sencillo esquema constructivo hasta 15 KVA, una medida sustentada matemáticamente que ahora le permite al gremio jugar el rol determinante que se requiere en el marco de la Transición Energética Justa. Por supuesto, esta actualización también exige que los técnicos adelanten sus debidas actualizaciones, y avancen en formación y capacitación. Con esta actualización también se logra una reducción de costos en certificaciones sencillas que antes solo se podían obtener con empresas certificadoras. Esto permite que los proyectos de autogeneración con energía limpia que desarrollan comunidades energéticas, juntas de acción comunal, consejos comunitarios, resguardos indígenas, veredas, barrios o grupos de vecinos, podrán ejecutarse con el acompañamiento de este gremio. Se hace justicia con los técnicos electricistas para seguir empujando el cambio energético.

Por: Redacción Pares El pasado 20 de julio, uno de esos escándalos mediáticos que suelen producirse en el país a raíz de las decisiones que ha tomado este gobierno nos sacudió. La nueva Ley de sometimiento, presentada por el ministro de Justicia, Fernando Montealegre, despertó una polvareda presuntamente porque beneficiaría a narcos y gente que ya ha abjurado en anteriores ocasiones de procesos de paz, como sucedió con Iván Márquez, quien en 2019 huyó a Venezuela junto con otros comandantes, como Jesús Santrich, Walter Mendoza, alias Romaña y el Paisa y formó una nueva agrupación armada, la Segunda Marquetalia. A cambio de unos requisitos, podría ingresar a una nueva fase de paz, si ese era su interés. Si no se acoplaba a lo que le pedían, tan solo sufriría, una vez más, el peso de enfrentarse con un Estado que está dispuesto a dialogar, pero también a combatirlo. Así fue como, este 24 de julio, en la zona de Puerto Lleras, en el Meta, fue dado de baja Michael Enrique Méndez Olivos, cabecilla del frente de la Segunda Marquetalia, que en ese momento controlaba la extorsión, el robo constante y el hostigamiento contra comerciantes de ese municipio, y atraparon al jefe de finanzas de este grupo armado, Jimmy Lozada, reconocido por ser el jefe financiero de este grupo. La operación fue una acción conjunta entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía y duró más de cinco días. Cuando llegaron al lugar en donde estaban los dos hombres de la Segunda Marquetalia, respondieron con el fuego de sus armas. El intenso intercambio de disparos duró varios minutos. Jimmy Lozada, al ver a Mogosín asesinado, se entregó. La misión de Mogosín en Arauca, quien recogía más de mil millones de pesos en sus extorsiones a comerciantes de este departamento, era expandir el accionar del grupo armado a otros departamentos de los Llanos. Esto significa que la Segunda Marquetalia no le temería a una posible disputa del territorio a los comandantes Calarcá y al Estado Mayor Central de Iván Mordisco por el control de ciertas economías ilícitas. Las Fuerzas Militares concentradas en esta zona igual no han celebrado nada porque aún no cumplen con su objetivo: neutralizar o capturar al Zarco Aldinever, y a John 40, relapsos de la firma de paz de noviembre de 2016 del Colón y hombres que aparecen en toda circular roja como los más buscados dentro de la Segunda Marquetalia. La cacería apenas comienza.