Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: el movimiento para unir a los dos candidatos presidenciales de centro, logró que Humberto de la Calle y Sergio Fajardo se tomaran un tinto ¿Qué podemos esperar de esa reunión? ¿Cómo repercute en los votantes? Dos meses en una campaña presidencial son una eternidad las encuestas de hoy pueden variar dramáticamente como lo hemos visto en Colombia y en el mundo todo depende del rumbo que tomen los candidatos — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 La primera encuesta despues del 11m que le da un gran ventaja a Duque le pegará, seguramente, un sacudón a todas las campañas, nuevas estrategias, nuevas alianzas — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 Sergio Fajardo contó en la FM que esta mañana abrió su correo y había recibido 700 mensajes con cartas que lo invitaban a buscar nuevas alianzas y se mostró muy receptivo con esas voces — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 Fajardo abre las puertas, pero las cosas deben hacerse rápido https://t.co/goQsxrIryW — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 Gracias a los miles de mensajes que piden alianza con @sergio_fajardo. Es un mensaje poderoso. Yo propuse a Sergio una consulta el 11 de marzo. No fue posible. Estoy abierto a obrar con altruismo para que Colombia no se vaya a los extremos. Un café con Sergio es una buena idea. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 22 de marzo de 2018 En el propósito de impulsar la convergencia nacional de los sectores alternativos, me reuní con @ClaudiaLopez de #CoaliciónColombia. Acercarnos para tender puentes y tejer la unidad desde las coincidencias programáticas, hace parte de nuestros objetivos. pic.twitter.com/VGFpA92ntr — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) 23 de marzo de 2018 Ayer Fajardo y De la Calle aceptaron tomar tinto y hablar de una coalición para primera vuelta, es un avance hacia una gran alianza de las fuerzas de izquierda y de centro izquierda sea para ganar las elecciones o para hacerle una oposición seria y constructiva a la derecha — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 23 de marzo de 2018

Por: Naryi Vargas, Investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares El tiempo se acaba. A menos de cinco meses de que el periodo del presidente Juan Manuel Santos termine, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se vuelven a sentar a la mesa con el fin de alcanzar un mínimo de acuerdos para que los seis años de acercamientos, produzcan resultados que lleven al siguiente gobierno a retomar la Mesa. A contrareloj, el ELN y el gobierno deben avanzar en cuatro puntos que ambas partes han definido como fundamentales: pactar un nuevo cese al fuego y a las hostilidades bilateral, concretar el acuerdo humanitario para el departamento del Chocó, definir el mecanismo de participación de la sociedad e implementar el programa de desminado humanitario. Sobre cada uno de estos puntos la Mesa tiene avances importantes producto del trabajo de anteriores ciclos. Este quinto ciclo de conversaciones se retoma en Quito, Ecuador, luego de que el ELN desarrollara un cese al fuego unilateral (y voluntario) entre el 9 y el 12 de marzo de 2018 como un gesto de paz. Esto permitió que el Gobierno decidiera volver a la Mesa, pues la reactivación del accionar bélico al finalizar del cese que se pactó en el 4to ciclo, llevó a que el Presidente retirara la Delegación de Quito. Esto en el entendido de que las delegaciones tenían un acuerdo sobre la necesidad de mantener el clima de paz y unas horas después de finalizado el cese, el ELN desarrolló una serie de atentados contra oleoductos y otras operaciones contra la fuerza pública. El hecho que causó mayor rechazo en la sociedad colombiana fue la activación de explosivos en el CAI de Barranquilla y otros en Soledad, Atlántico. La cabeza negociadora del ELN, Pablo Beltrán, y el gobierno nacional representado por Gustavo Bell. Antes de ellos, entre el gobierno y la guerrilla hubo un pasado de acercamientos con miras a la paz. ¿Qué pasó la última vez que se sentaron a la mesa? Ciclos de negociación El primer ciclo se desarrolló entre el 8 de febrero y el 6 de abril de 2017 y dejó conclusiones menores: (i) se definió que la Mesa trabajaría de manera simultánea en el tema de participación y lo referido a las dinámicas humanitarias. (ii) se anunció que en el segundo ciclo se concretaría un programa piloto de desminado humanitario. El segundo ciclo comenzó el 16 de mayo 2017 con la expectativa de que se pudiera pactar un cese al fuego bilateral y de hostilidades, lo que se vislumbraba como la única manera de poner fin al secuestro.  La idea tomó fuerza en tanto que se acercaba la fecha de la visita del Papa Francisco a Colombia. Este evento era de gran importancia para el ELN por su cercanía al cristianismo y a la corriente de la teología de la liberación. Sin embargo, el 29 de junio se terminó el ciclo sin ninguna decisión al respecto. El 24 de julio de 2017 comenzó el tercer ciclo de negociaciones y estaba previsto que terminara el 1 de septiembre, pero ante la necesidad de concretar el cese al fuego bilateral y de hostilidades para la llegada del Papa, se prorrogó 3 días más. El mayor logro del proceso de paz se dio el cuarto día de ese mes: un comunicado conjunto en el que se informaba que el cese al fuego se desarrollaría durante 4 meses, entre el 1 de octubre y el 9 de enero de 2018, y estaría acompañado por un mecanismo de monitoreo integrado por el Gobierno, el ELN, la ONU y la Iglesia católica, con el propósito de prevenir e informar sobre violaciones al cese. Durante este ciclo fue presentada en Quito la Mesa Humanitaria del Chocó, una propuesta de la sociedad civil con el objetivo de reducir los impactos del conflicto en el departamento. Con el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral se dio el paso que la Mesa necesitaba. Además de ser una muestra concreta de voluntad de ambas partes, permitió la superación del tema del secuestro, que se percibía como el mayor obstáculo para avanzar en el abordaje de la agenda. No obstante, es importante resaltar que el logro del cese se dio por la intervención del Senador Iván Cepeda, el expresidente Ernesto Samper y el político conservador Álvaro Leyva, personas externas a la Mesa, que fueron enviados directamente por el presidente Santos para resolver las trabas en reuniones directas con la delegación del ELN. Esto evidenció que además del obstáculo que representaba el tema del secuestro, existía otro asociado con el comportamiento y la dinámica de las partes en la negociación: la desconfianza. El cuarto ciclo y con el que finalizó el trabajo de las delegaciones del 2017 se desarrolló entre el 25 de octubre y el 1 de diciembre. Durante este periodo la Mesa desarrolló cuatro actividades principales: (i) se comenzó a abordar el punto 1 de la agenda participación de la sociedad en la construcción de paz. (ii) seguimiento al cese al fuego y los compromisos adquiridos por cada una de las partes. (iii) Se estableció el Fondo de cooperación, que consiste en  Aportes económicos del Grupo de Países de Apoyo y Cooperación, el cual está conformado por Alemania, Holanda, Italia, Suecia, Suiza,  y que permitirá la financiación de la delegación del ELN y algunas actividades de la Mesa de conversaciones durante el proceso de diálogos de paz. (iv) Se debatieron los términos prácticos, para concretar el acuerdo de programa puntual de Desminado Humanitario que se mencionó en el primer ciclo de la negociación, pero no se logró avanzar en su concreción. En tanto que no hubo comunicado conjunto luego de la cuarta ronda, ni sobre el cumplimiento del cese al fuego, cada una de las partes expuso su posición al respecto. Por un lado, el gobierno afirmó haber cumplido a cabalidad sus compromisos, (i) La publicación del proyecto de decreto para agilizar y fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas. (ii) El desarrollo de un esquema integral que mejoraría la condición humanitaria de los reclusos militantes del ELN que se encuentren en cárceles colombianas. (iii) Impulsar la pronta aplicación de la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía) y el Decreto 277 de 2017, en lo referido a la despenalización de la protesta. (iv) Verificar que no se obstaculice el flujo normal de víveres y medicamentos hacia las comunidades aisladas. (v) dentro del marco de la Mesa de Diálogos, se pusieron en marcha y se finalizaron de buena forma las audiencias preparatorias previstas con la sociedad civil. Asimismo, el gobierno condenó dos hechos en los que la guerrilla violó el cese al fuego: (i) el asesinato de Aulio Isarama Forastero, un líder indígena del Chocó; y (ii) la masacre de 8 campesinos ocurrida en el municipio de Magüí, en el departamento de Nariño. Por su parte, el ELN publicó un comunicado en el que destacaban la reticencia del gobierno a evaluar y verificar casos en que se violó el cese, particularmente se refirió a la masacre sucedida en Tumaco el 5 de octubre de 2017 donde murieron 9 campesinos; la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vázquez en el departamento del Cauca; 2 ataques de las Fuerzas militares del gobierno a campamentos del ELN; y las violaciones a los derechos humanos de la población carcelaria. ¿Cuáles han sido los avances de la Mesa de negociación? Audiencias preparatorias Se desarrollaron durante el mes de noviembre de 2017 y fueron 10 en total, (8 presenciales y 2 virtuales), con participantes de organizaciones de la sociedad civil: comunitarias, empresas, territoriales, sectoriales, víctimas, entre otras. El objetivo de éstas era entregar insumos a las Delegaciones en materia de mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de paz como primer paso para el desarrollo del punto sobre “Participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Cese al fuego y de hostilidades bilateral El cese al fuego y a las hostilidades pactado entre el Gobierno y el ELN tuvo las siguientes características: La duración fue de 101 días comprendidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018 Se pactó el silenciamiento de los fusiles entre ambas partes: ELN y gobierno. Los compromisos adquiridos por el ELN respecto al tema de hostilidades fueron 4: Suspender cualquier secuestro contra ciudadanos nacionales o extranjeros. Suspender todo atentado contra la infraestructura del país, incluidos los oleoductos. Suspensión de enrolamiento de menores con edades inferiores a 15 años, las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario. Abstención de instalar artefactos antipersonales que de cualquier manera puedan poner en peligro la integridad de la población civil. Los compromisos adquiridos por el Gobierno fueron 4: Fortalecer el sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados. Adelantar un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos. Velar en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social. Poner en marcha, dentro del marco de la mesa que funciona en Quito, las audiencias con la sociedad civil que están previstas en la agenda sobre participación del temario de las negociaciones de paz convenido en marzo del 2016. El cese fue monitoreado por Naciones Unidas y la Iglesia, sin embargo la puesta en marcha del mecanismo se dio 5 días después de que fue iniciado el cese, cuando la Misión de la ONU aceptó. Accionar bélico del ELN Violaciones del cese al fuego En el periodo que funcionó el cese, se corroboró que no se dio ningún enfrentamiento entre el ELN y la fuerza pública, pero algunos compromisos adquiridos respecto al tema de hostilidades fueron pasados por alto: Actividad del ELN violatoria del cese Quema de buses el 9 de octubre de 2017 en la vía Quibdó – Medellín. El ELN negó públicamente el hecho, pero fuentes en el territorio afirman que esta es una práctica común por parte del ELN, quien controla esa zona. A finales del mes de octubre de 2017, la defensoría del pueblo denunció que el ELN continuó reclutando menores de edad en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. En el mes de noviembre confirmó que la guerrilla mantenía esta práctica también en el departamento de Antioquia. Al respecto, se confirmó el intento de reclutamiento de 7 menores de edad por parte de esta guerrilla en Murindó. Y una denuncia de reclutamiento de una niña en el Urabá. Asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero y secuestro de Jhon Eriberto Isarama Forastero, quienes ejercían como gobernador y docente, respectivamente, del Resguardo Indígena Catru, Dubaza, Ancoso del municipio de Alto Baudó (Chocó), pertenecientes al Pueblo Embera Dóbida. El hecho provocó desplazamiento de más de 1100 miembros de esa comunidad. Denuncia por parte de organizaciones sociales, autoridades locales y Gobierno Nacional sobre la siembra de minas antipersona por parte del ELN en municipios del Urabá chocoano. Secuestro de un ciudadano oriundo del municipio de El Carmen en Norte de Santander por parte del Frente Camilo Torres. El hecho tuvo lugar en el municipio de Convención en ese mismo departamento el 24 de octubre de 2017. Ataque del ELN contra un miembro de la fuerza pública el 16 de noviembre en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Secuestro del hermano de un ex alcalde del municipio de Toledo en Norte de Santander, quien acudió a un canje humanitario para que el ex alcalde quedara libre. Masacre de 13 personas perpetrada por el ELN en el municipio de Magüí- Payán, en el departamento de Nariño y detención de 6 miembros de la comunidad. Este hecho generó el desplazamiento de al menos 180 personas de la comunidad. El 10 de diciembre fue secuestrada una funcionaria de la alcaldía del municipio de Almaguer en Cauca por unidades del ELN El 10 de noviembre fueron secuestrados y asesinados por el ELN dos jóvenes en el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar. El 22 de diciembre de 2017 fue secuestrado en el municipio de La Vega, Cundinamarca, un arquitecto que trabajaba en un corregimiento del municipio. Intimidaciones del ELN contra campesinos cocaleros en Antioquia, Nariño, Chocó y Cauca para evitar que se vincularan al programa de sustitución de cultivos. Combates del ELN con otros grupos armados ilegales: Combates entre el ELN y el Ejército Paramilitar de Norte de Santander en la zona de frontera con Venezuela en el mes de octubre de 2017. Combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN en el departamento de Chocó en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero de 2017. El último fue registrado el 3 de enero de 2018 en territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Ambos provocaron desplazamientos. En el municipio de Bolívar, departamento del Cauca, se dio un combate entre un grupo armado ilegal y unidades del ELN. Dejó siete personas muertas, entre ellas un civil identificado como Silvio Meneses y un presunto cabecilla de esa el 4 de enero de 2018. En Nariño, el 17 de diciembre combates entre el ELN y grupos armados ilegales desertores de las FARC dejaron como saldo 2 muertos. El 8 de enero, en el municipio de Policarpa, en Nariño, combates entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron dos personas muertas. Actividad del Gobierno violatoria del cese: Operaciones en el bajo y medio San Juan en el departamento del Chocó por parte de la Fuerza Pública durante el primer día del cese. Estas conllevaron a la incautación de material de guerra y que posteriormente desató fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. En esa operación dos policías resultaron heridos. El Frente Occidental del ELN, que opera en el Chocó, denunció públicamente la acción violatoria y agregó que se presentó una situación similar los días 3 y 5 de octubre de 2017, fecha en que aún no comenzaba la Misión de Verificación por parte de la ONU. Masacre cometida por miembros de la Fuerza Pública en zona rural de Tumaco, donde 8 campesinos fueron asesinados. Hechos difusos: No se tiene conocimiento certero del autor: Se conoció el asesinato de un Sargento del Ejército Nacional en el municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander. En la zona sólo tiene presencia el ELN, sin embargo los hechos no han sido esclarecidos. Secuestro de 2 personas el 10 de diciembre de 2017 en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. No se logró esclarecer si los perpetradores son del ELN o del Ejército Popular de Liberación (EPL). Secuestro de una familia venezolana integrada por 7 personas en el municipio de Cumaribo en Vichada. A pesar de que identificaron como culpable al ELN, la presencia del ELN en esa zona es reciente y frágil. Ataque a civiles en el municipio de Tibú, Norte de Santander el 23 de diciembre. El saldo fue de 2 personas muertas y 3 heridas, entre ellas un menor de edad. En la zona tiene presencia tanto el ELN como el EPL, no se ha podido comprobar cuál de los dos grupos fue responsable. El 29 de noviembre se dio un fuego cruzado entre 2 fuerzas armadas. Se tienen dos versiones: (i) entre Fuerza Pública y un grupo armado en el municipio de Hacarí, Norte de Santander. Allí hay presencia tanto del ELN como del EPL. (ii) se dio fuego cruzado entre el ELN y el EPL, dos grupos que hasta ahora han logrado altos niveles de convivencia y cooperación. Hasta el momento no se ha logrado identificar cuál grupo fue el protagonista. Una menor de edad salió herida por una bala perdida. El 1 diciembre tuvo lugar una confrontación en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, entre dos grupos armados, entre los cuales se identificó al ELN. A pesar de las fuentes que afirman que portaban brazaletes de esta guerrilla, el hecho es confuso pues el ELN no tiene una presencia activa ni bélica en esa zona del departamento. No es claro si hace parte del compromiso del cese a hostilidades. En ese periodo de tiempo fueron asesinados 23 líderes y lideresas sociales. (Puedes visitar nuestro mapa interactivo de violencia selectiva AQUÍ) Tras dos años de negociación formal y otros cuatro de conversaciones y acercamientos, el Gobierno y el ELN tienen dos retos importantes a lograr antes de que termine el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Primero, lograr avances cualitativos en materia de la agenda pactada. Esto se puede alcanzar si se define un mecanismo de participación que motive a diferentes sectores de la sociedad colombiana y aborde temas clave del país. El esfuerzo no es menor, pues el reto es lograr que este ejercicio de participación contribuya a resolver de manera participativa, con los actores protagónicos, problemáticas del país. Una propuesta que se está abordando es la de una Mesa Minero-energética que permita lograr acuerdos para reformar la institucionalidad de ese sector que está perjudicando a las comunidades, las empresas y por ende, al Estado. Este, además de ser un tema histórico en la agenda política del ELN, se ha convertido en motivo predominante de conflictividad social en el país. El segundo reto tiene que ver con conquistar la opinión pública. Producto del proceso de paz de La Habana con las FARC, la sociedad colombiana parece ser menos tolerante a hechos de violencia y a la justificación política de ésta. De tal manera que los atentados del ELN generan un rechazo generalizado de la sociedad que afecta la percepción sobre la Mesa de negociación. Si lo que busca la guerrilla es mostrarse como una organización fuerte con la que se debe negociar, lo que ha logrado es subir la imagen de sectores políticos que se enuncian como “la mano dura” que va a lograr domesticar la violencia que ocurre en el país por medio de más violencia y no a través de diálogo político. El gobierno se está quedando sin tiempo para consolidar los resultados de seis años de acercamientos con el ELN.

Por: María Fernanda Galindo Palencia, Investigadora de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo-Pares La implementación del modelo neoliberal en Colombia no cumplió con los resultados y expectativas esperadas. Los grupos armados encontraron en el aumento de las brechas sociales, argumentos de sobra para continuar luchando contra el Estado. Esto, a pesar de que la misma guerra perpetuaba la violencia estructural y que los intereses particulares de quienes tienen el poder, no permiten construir un modelo de desarrollo inclusivo. Sin embargo, las fallas mencionadas no radican completamente en los fundamentos del neoliberalismo, sino en la manera como estas políticas se han aplicado en el mundo y, en específico, como para el sector privado su fin no es el bienestar de la sociedad, sino la maximización de la utilidad de los accionistas y las compensaciones de los ejecutivos. Lo que este escrito busca es mostrar nuevos caminos que podrían iluminar la actuación de las empresas privadas, sociedad civil y el Estado en el momento histórico en el que se encuentra Colombia, en el contexto del postconflicto. Actualmente existen miradas sobre nuevos modelos económicos que buscan darle una alternativa al capitalismo desenfrenado y sirven como ejemplos replicadores para casos como Colombia, especialmente en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) propuestos por el Gobierno Nacional para facilitar la reinserción de los excombatientes a la vida civil después de la firma del Acuerdo de Paz. Los ETCR podrían servir como modelos piloto para la implementación de un nuevo modelo económico porque: (i) el modelo actual no ha cumplido con las expectativas, la mayoría de ETCR ni siquiera cubren con las necesidades básicas de la población; (ii) la etapa en la que están los ETCR es un momento ideal para reflexionar sobre como será el desarrollo socioeconómico de éstos; (iii) cuentan con el apoyo de recursos económicos por parte de cooperación internacional y el Gobierno Colombiano, especialmente en temas de proyectos productivos; y finalmente (iv) estas iniciativas buscan generar un cambio de paradigma frente al modelo actual. Los ETCR son espacios creados desde cero, con una población promedio de 300 habitantes y las condiciones de posguerra en las que se encuentran, son características idóneas para replantear el sistema económico en el que operan. Por estas razones, es necesario buscar una economía teórica y práctica al servicio del hombre, orientar la práctica empresarial y romper con el paradigma de crecimiento actual. Estas son algunas de las alternativas que se han probado, y funcionado, a nivel mundial. La Economía del Bien Común (EBC) es un modelo económico alternativo propuesto por el economista austriaco Christian Felber, que busca una economía sostenible y alternativas al mercado financiero, donde es imperativo la participación de las empresas. Este modelo nace bajo una premisa: Las personas en diferentes partes del mundo, no están conformes con el modelo económico actual. Ante esta situación, la EBC cuestiona a las personas y al sistema: ¿Debe la economía ser más ecológica y sostenible? ¿Hacia dónde vamos? ¿Debe ser más social y justa en el reparto? ¿Debe el foco de la competencia inclinarse hacia la cooperación, una economía solidaria? ¿Debe la dignidad humana ocupar un lugar central? Y ante estas preguntas la EBC responde con la necesidad de reorientar la economía hacia el Bien Común, esto implica la participación y democracia, así como los valores fundamentales para el desarrollo: La libertad, la cooperación, la verdad, la democracia y la dignidad. Es decir, que la EBC busca formular un sistema económico que se rija por valores humanos. El pueblo español Miranda de Azán, implementó en el 2013 un manifiesto por el cual se compromete a realizar el balance del Bien Común como forma de evaluar el desarrollo de su actividad política, social y económica a la hora de ponerlas al servicio de la ciudadanía. Este es uno de los tres pueblos de España que apuestan por un sistema económico como motor de cambio político y social. En este nuevo modelo económico, el concepto de “beneficio” cambia y no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir los principios básicos de la Economía del Bien Común. Se cambia el lucro y la competitividad por el bienestar y la cooperación. El caso de Miranda de Azán es integral porque todos los sectores del municipio están desarrollando esta práctica. Según el ultimo balance del Bien Común 2016, se reconoce un importante avance en la sostenibilidad ambiental y mejoras en la participación y transparencia, solidaridad y dignidad humana. Otro claro ejemplo, es el Sistema Económico Judío, específicamente la colonización agropecuaria de Israel en el siglo XX. La situación extremadamente difícil del territorio: no es un terreno fértil para las actividades agrícolas, solo tienen dos estaciones (invierno frío y verano seco), y poseen muchas áreas desérticas. Además, la colonización de las tierras que corresponden a los judíos en su regreso al territorio del que salieron exiliadas, obligó a esta comunidades a organizarse de tal manera que lograran sortear las dificultades. Para ello, se crearon dos sistemas de producción agropecuaria que son un ejemplo de desarrollo autosustentable y que han sido replicados por comunidades judías a en todo el mundo: la granja colectiva denominada Kibbutz y la unión de granjas para la explotación cooperativa llamada Moshav. Tanto los Kibbutz como los Moshav son comunidades colectivas que tradicionalmente se basaban en la agricultura. La diferencia entre ambas radica en la figura de la propiedad, mientras en los Kibbutz no existe la riqueza privada, la propiedad es colectiva y todos los medios de producción (como los servicios y demás bienes) pertenecen a todos los miembros; los Moshav son propiedades colectivas de tamaño fijo e igual operados por individuos, en donde cada uno es dueño de su territorio, pero todos los territorios son iguales. Es importante mencionar que durante los primeros años los Kibbutz cumplieron un papel central en el desarrollo de la economía del país, produciendo una parte importante de sus exportaciones. Las iniciativas presentadas, sirven como ejemplo de la oportunidad que tiene el sector privado en Colombia de cambiar las condiciones sociales del país, con el Estado como soporte de proveedor de bienes públicos y una regulación adecuada para su desarrollo, si tan solo se cambian los fines para los cuales se gestionan las actividades productivas y, de esa manera, se crea la plataforma sobre la cual se puede desarrollar la paz.

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares A casi dos meses de la primera vuelta presidencial, al menos dos cosas son una realidad. La primera es que el tema de Venezuela se nos metió de la A hasta la Z en la disputa electoral. Algunas campañas políticas dieron un giro increíble, de la idea falsa de que Santos le entregó el país a las Farc y de que las Farc estaban lavando dinero de caletas para comprar votos y tomarse el país solo queda el recuerdo. Esto que para expertos parecía un chiste, era lo que se creía en una gran parte de la sociedad colombiana, sin embargo, el pasado 11 de marzo, las Farc apenas lograron el 0,34 por ciento de los votos, poco más de 50.000. Con lo cual este argumento quedaba en el piso y se comprobaba que todo era una estrategia para crear pánico. Hace algunas semanas, cuando ya se sabía que esta teoría era ridícula, los estrategas de algunas campañas políticas decidieron pasar del monstruo de las Farc al de Venezuela, y tan solo en unas horas, la población asimiló el cambio de teoría. Esta nueva línea de opinión que busca sacar a la gente a votar con pánico se ha instaurado y parece claro que todo aquel que no apoye a Duque es una amenaza castrochavista. La otra realidad es que hasta el momento la campaña que más asume comportamientos y posturas populistas y castrochavistas es la de Iván Duque, es decir, la misma que dice que nos defenderá y protegerá de convertirnos en otra Venezuela. Solo daré tres ejemplos. El primero fue el trino del expresidente y actual senador Uribe hace algunos días.  Decía lo siguiente: Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón; un Gbno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 18 de marzo de 2018 Como se lee es una amenaza directa a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, al mejor estilo de Venezuela cuando salió del aire RCTV. El 27 de mayo de 2007 la cadena privada Radio Caracas Televisión apagó su señal a las 23.59 de la noche, hora Caracas. No hubo cierre militar de RCTV, no hubo una violación a la ley, nada de eso, sencillamente el Estado venezolano no renovó la concesión de frecuencia estatal y debió salir del aire. Para muchos era un derecho legítimo del Estado, para otros se trató de una censura indirecta. En todo caso, allá esto comenzó como lo escribió Álvaro Uribe: dando argumentos indirectos para justificar su salida del aire. Si así es en campaña, imagínenselos gobernando. Es decir, en plena campaña amenazan con sacar del aire un canal. ¡Se tienen mucha confianza!El segundo ejemplo es el populismo económico. El candidato Iván Duque hace unos días propuso 6 días sin IVA al año en Colombia, con la idea de reactivar el comercio. Sin embargo, esto es inviable, es casi imposible de hacer y si se hace, el país sufrirá económicamente. Me explico mejor. Standard and Poor’s redujo la calificación del país a BBB- pues se advierte un riesgo grave en nuestra economía, además la deuda colombiana está en el 47 por ciento del PIB, muy alta, y la economía no termina de arrancar, la última reforma tributaria golpeó mucho el consumo en Colombia. Reducir los impuestos de la noche a la mañana solo agravaría la situación y el desbalance sería grave. Aunque a los ciudadanos les gusta que les digan que los impuestos se van a reducir, en la vida real es una mentira y el hacerlo en el corto plazo sería peor que mantenerlos. De hecho, el único que ha dicho que no hará populismo con los impuestos es Sergio Fajardo. Pero para el caso de Iván Duque es populismo puro y duro. Un tercer ejemplo, es el desconocimiento de los fallos judiciales. La periodista Yolanda Ruíz le preguntó a Duque sobre si respetaría, en caso de ser presidente, la decisión de una investigación formal contra Álvaro Uribe, el candidato dijo que él sabe que eso nunca va a pasar, y dijo textualmente: “…yo soy una persona que está convencida de la honorabilidad de Álvaro Uribe…Hay que saber identificar la injusticia y lo que he visto claramente es que con el presidente Álvaro Uribe ha habido una gran injusticia”, luego dice que mete las manos al fuego por Uribe y su honorabilidad. No debe olvidarse que el debate se abrió luego de que se conocieran versiones de que Uribe mandó a matar a su amigo Pedro Juan Moreno saboteando un helicóptero. Al mejor estilo populista Duque desconocerá cualquier fallo, lo típico de cualquier gobierno autoritario, queda claro que limitará la justicia, la obstruirá, al igual que lo hizo Uribe en sus gobiernos, cuando infiltró la Corte Suprema, o armó complot contra el magistrado Iván Velázquez.  De entrada deja claro que para él habrá una justicia selectiva. Bueno ciudadanos y ciudadanas, en la vida real, cual es el candidato populista y autoritario, o mejor el más peligroso para Colombia… juzguen ustedes. Nota aclaratoria: el presidente peruano PPK renunció por el escándalo de Odebrecht y no se les olvide que el candidato Duque ha salido salpicado en el mismo escándalo… Publicado en Revista Semana

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad Las elecciones del 11 de marzo de 2018 posicionaron como gran ganador en Córdoba al Clan Conservador de la Casa García Pineda. Si bien la senadora Yamina Pestana desistió de su candidatura en 2018, la senadora conservadora Nora García repite en la curul por cuarto periodo consecutivo en el Congreso de la República. La historia política de Nora ha ido en ascenso: en 2006 llegó como fórmula a la Cámara de Representantes del ex congresista conservador Julio Manzur, cuando obtuvo un poco más de 18 mil votos, lo que le sirvió para impulsar en 2009 la victoria de su hijo Marcos Daniel Pineda García en la alcaldía de la capital departamental, Montería. Esto le permitió destronar al Clan Liberal de Córdoba encabezado por Juancho López Cabrales, su esposa Arleth Casado ( se acaba de quemar) y su heredero Fabio Amín. Desde ahí el poder electoral de García ha coincidido con las victorias en las elecciones a la alcaldía de Montería. Cuando dio el salto al Senado en 2010 y triplicó su votación a 67.448 votos, llevó como fórmula a la Cámara a su ahijado político David Barguil, quien obtuvo apenas 48.433 votos. Lo anterior, le sirvió en 2012 para poner como alcalde de Montería a su cuota Carlos Correa Escaf. En 2014, García y Barguil repitieron en Senado y Cámara, respectivamente, incrementando significativamente sus votos, lo que le aseguró a Nora el impulso para la reelección de su hijo Pineda García en la alcaldía de Montería en 2015. En 2018, la senadora García se posiciona como la baronesa electoral de Córdoba. Es la mujer más votada de su partido y del departamento: 96.926 votos. Por su parte, Barguil dio el salto a Senado y obtuvo la votación más alta del partido: 139.147 votos. Pero esto no es todo, regresándole el favor a su aliado político Julio Manzur, quien la llevó al Congreso en 2006, Nora puso a su hijo Wadith Manzur como su fórmula en Cámara de representantes quien obtuvo la votación más alta en el departamento para Cámara, pese a no tener ninguna experiencia política, con 67.286. Estos son sus perfiles: Nora García Burgos (96.926 votos) Fuente: Twitter oficial de Nora García @noragarciab Reelegida en el Senado por el Partido Conservador con la tercera votación más grande de ese partido, solo por debajo de Efraín Cepeda y su ahijado político David Barguil. Dio el salto a Senado en 2010 y desde ese momento repite por tercera vez en la curul con una votación en 2018 de 96.926 votos. 10 mil votos más que en 2014 y 29 mil más que en 2010. Es objeto de una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por nexos con alias “Julián Bolívar” y “Ernesto Báez”, comandantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Marcos Pineda García, hijo de la senadora García, fue alcalde municipal de Montería en el periodo 2008-2011. Aunque fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría, tras comprobarse irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdos municipales, Pineda fue absuelto el 4 de diciembre de 2014 en un fallo de segunda instancia. En 2015, Marcos Pineda García fue elegido nuevamente alcalde de Montería y en la actualidad es objeto de una investigación penal (delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por omisión, y falsedad ideológica en documento público) y de una investigación disciplinaria por irregularidades en la celebración de diversos contratos para remodelar varias instalaciones deportivas de Montería. Carlos Camargo Assis, yerno de la senadora Nora García, fue magistrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue el encargado de archivar el proceso contra Óscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht. Camargo renunció a su magistratura, para no inhabilitar a su suegra, Nora García Burgos, candidata al Senado en 2018. David Barguil (139.147 votos) Barguil decidió dar el salto de Cámara de Representantes al Senado y se consolidó como el senador más votado del partido Conservador. Aunque no hace parte de los candidatos cuestionados por la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, es importante mencionar que inició su trayectoria política de la mano de Marcos Daniel Pineda (actual alcalde de Montería, capital de Córdoba) y de la senadora Nora García Burgos. Hasta el momento Nora García y David Barguil se consolidan como la fuerza más importante en el departamento cordobés. Wadith Manzur (67.286 votos) Representante a la cámara por el partido Conservador. Es hijo de Julio Manzur, quien estuvo investigado por vínculos con grupos paramilitares. Wadith no estaba dentro de los candidatos cuestionados directamente por la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, pero llegó como fórmula de la senadora Nora García Burgos, cacica política del Clan Conservador en Córdoba.

Por: Redacción Pares #PorelOjodelaChapa es la nueva videocolumna semanal de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, en la que analizará temas de la región. El ABC de las polémicas de esta semana. A. La encuesta YanHaas sobre las elecciones presidenciales colombianas ¿Es válida para predecir las votaciones? ¿Qué provocó esto en las campañas? B. ¿Qué debería incluir un plan de sometimiento a la justicia para bandas criminales? C. La renuncia del presidente de Perú ¿Por qué en Colombia sí existen intocables?

Por: Jorge Andrés Hernández, Coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad-Pares Tras las elecciones del 11 de marzo, los militantes “centristas” de la candidatura presidencial de Sergio Fajardo han planteado de modo apocalíptico que Colombia parece estar atrapada entre los fantasmas políticos del siglo XX: el fascismo y el comunismo. La nación se encontraría en una polarización política insostenible, representada por Iván Duque y Gustavo Petro: la extrema derecha y la extrema izquierda, el miedo y la revancha. Sin embargo, los moderados centristas habrían alcanzado el ideal aristótelico de la Mesotes: el término medio, armónico y virtuoso entre conductas extremas y desmedidas. Paradójicamente, quienes dicen rechazar el miedo generado por el “populismo” entusiasta de ambos bandos, suscitan un nuevo miedo: Colombia estaría ad portas del totalitarismo, la intolerancia y el irrespeto de las normas democráticas, si no elegimos a los nuevos profetas de la moderación y la civilización racional. Es lo que ocurre en todo relato apocalíptico: nos encontramos al borde del abismo, pero hay un camino, hay un grupo de elegidos que nos salvan de la destrucción. Se cuestionan los relatos mesiánicos, pero se construye uno nuevo. Las premisas del nuevo relato son erróneas. Iván Duque no es el Álvaro Uribe de 2002 y Gustavo Petro no es el Chávez criollo. Pero vamos por partes. No cabe duda de que, en términos ideológicos, ambos representan la derecha y la izquierda más definidos de la cultura política nacional. Sin embargo, las ideologías políticas son productos del diálogo con las circunstancias históricas. En 2002, Álvaro Uribe representó la indignación ante el fracaso de las negociaciones con las FARC y encarnó la perspectiva de solución militar al innegable avance de las fuerzas guerrilleras. Así construyó un movimiento político inédito en la Colombia contemporánea y pulverizó la hegemonía histórica del bipartidismo, con un enemigo claro y definido: las FARC. Pero Iván Duque está lejos de repetir los resultados de Uribe en 2002 y 2006 y aplastar en primera vuelta. El país tiene hoy otra pluralidad política. Quienes creen que Iván Duque será un simple títere de Uribe nos decían lo mismo de Santos en 2010. Pero la realidad siempre es más compleja que los clichés aprendidos. Porque hoy ya no existe el mismo enemigo. Las FARC firmaron un raquítico proceso de paz, acaban de mostrar que son una fuerza política marginal y, a lo sumo, una eventual presidencia de Duque ajustaría elementos secundarios de los acuerdos. Ya es un proceso irreversible. Pero el uribismo tiene un nuevo mejor enemigo: el petrismo. Las posibilidades de que Petro llegue a la Presidencia son limitadas. Pero, incluso si lograse hacerlo, tendríamos un gobierno de izquierda moderado. Es lo que dicta la realidad histórica. Sin mayorías parlamentarias y sin mayorías sociales de izquierda, Petro tendría que negociar con los “poderes fácticos”: el empresariado y los grandes grupos económicos. Es lo que hizo Lula tras llegar al poder en Brasil y es lo que hace cualquier mandatario realista. Buscaría algunas reformas esenciales e intentaría negociarlas con grupos políticos y sociales significativos. Pero, en cualquier caso, no podrá acometer el gran proceso de reformas que tiene en mente. Por lo menos no por ahora. Si, a la luz de las condiciones históricas, no parece que Duque podría liderar un gobierno de derecha dura ni Petro uno de izquierda dura (como soñarían), ¿por qué el centrismo de la Coalición Colombia necesita afianzar un discurso de polarización que los instale a ellos como tercería posible? Porque su única opción, cuando tienen un candidato moderado y tibio que no despierta emociones ni llena plazas, es que el discurso del miedo a la polarización cale hondo. Todo indica que, fiel a su origen social, Fajardo solo emociona a ciertas sectores de clases medias urbanas, un ghetto social muy específico. Pero las grandes mayorías son otras…

Por: Laura Alonso, Investigadora de la Línea Democracia y Gobernabilidad-Pares Hace algunas semanas visité la región del Bajo Cauca, específicamente Tarazá, Caucasia y Cáceres. Desde 2015 he investigado la zona y nunca la había visto así: el panorama es desolador. Pude confirmar que los grupos armados aprovecharon la coyuntura del postconflicto y recuperaron territorios que habían dejado las FARC. En el Bajo Cauca nada ha cambiado a partir de la firma del Acuerdo. Las personas dicen que “aquí el acuerdo no sirvió, que de hecho, recrudeció la situación”. Era claro que el Acuerdo de Paz contaba con amenazas latentes tales como: el narcotráfico, la disputa territorial, el abandono estatal. Sin embargo, el Estado no fue capaz de responder a dichas amenazas. En consecuencia, el Bajo Cauca continúa presentando dificultades para la implementación del acuerdo que se refleja en el aumento de asesinatos de defensores de derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, disputa por el territorio y por el control tanto de la cadena de producción, como de la distribución de cocaína. La región del Bajo Cauca tiene una serie de particularidades que explican esta situación: i) desatención estatal, escasa presencia institucional ii) inequidad social iii) grupos armados como: ELN, oficina de envigado y el Clan del Golfo (quienes están dominando el territorio, controlando el negocio del narcotráfico y las rentas ilegales); iv) los Caparrapos en el Bajo Cauca son herederos del paramilitarismo, han sido considerados una de las organizaciones mafiosas más poderosas de esa región v) la subregión del Bajo Cauca es un botín minero que produce altas rentas ilegales. Es decir, todos estos factores, hacen de esa región un fortín en disputa. Foto: Tarazá, Antioquia/ Laura Alonso Sumado a esto, la región ha sido por años territorio de los Suarez Mira, Julián Bedoya, Germán Hoyos, Luis Horacio Gallón, Eduardo Tous. Justo una semana antes de elecciones fue evidente como el territorio ha sido cooptado por los grupos políticos tradicionales. Sólo después de cuatro días en territorio, de ver el panorama electoral, era evidente el miedo, la violencia continua, y fue claro que en el Bajo Cauca quien gobierna, gobierna con la bendición de los grupos armados. Como lo he mencionado, el panorama es desalentador, la falta de presencia estatal integral, zonas permeadas por los Grupos Armados Organizados (GAO), la desconfianza en la institucionalidad, el reacomodo de los nuevos grupos, y las demoras en la implementación del acuerdo, permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, provocando un aumento de la violencia en el Bajo Cauca. Algo que me decía una de las personas del Bajo Cauca era que el Estado es coparticipe de todo lo que está sucediendo allá. En el territorio se habla de que, en promedio, hay un muerto por día. Las personas afirman que desde enero el territorio ha empezado a vivir el recrudecimiento de la violencia. En los últimos días, los ataques indiscriminados se han incrementado: descuartizamientos, desapariciones, pero nadie habla sobre eso. A pesar de que, algunas personas se han encargado de trabajar en estrategias para reducir los espectros de violencia, construir territorio, contribuir a la reconciliación y a la construcción de paz por medio del arte y la cultura. Esto no ha sido suficiente. Finalmente, y a raíz de los resultados del 11 de marzo de 2018, se espera que se haga realidad la apertura democrática, la inclusión política y participativa de los proyectos alternativos que se han mantenido relegados de su contribución en el régimen político colombiano. Y, no menos importante, que realmente se conviertan en el mecanismo de participación representativa para las regiones que han sufrido el rigor del conflicto armado en sus territorios.  A ver si avanzamos en este escalón pendiente, uno entre muchos más que tiene el camino hacia una democracia vigorosa y transparente, y más aún comprometerse a blindar estas organizaciones sociales de las dinámicas de la política tradicional y las maquinarias de los partidos.  La gran conclusión es que como lo afirmaron en el territorio “estamos estancados, en un limbo. Se ha ido desmayando la idea linda de que a Colombia llegaría la paz”.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad Musa Besaile, el segundo barón electoral de lo que se conoce en Colombia, específicamente en Córdoba, como la Ñoñomanía, logró dos congresistas en las elecciones legislativas a pesar de los escándalos que van desde su detención por hacer parte del Cartel de la Toga hasta las acusaciones por parapolítica. La casa política de los “Noños” se identificaba hasta hace poco como una de las protagonistas en términos del alcance de su poder en la gestión y ejecución de recursos públicos. Estaba conformada por los ex congresistas Bernardo “Ñoño” Elías, Musa Besaile Fayad; y los actuales representantes Eduardo José Tous de la Ossa y Erasmo Zuleta Bechara; todos del Partido de la U. También se destacaba al gobernador electo de Córdoba en 2016 Edwin Besaile Fayad, hermano del Senador Musa Besaile, temporalmente separado de la gobernación debido a procesos por corrupción en su contra. Situación del Clan El Clan de los Ñoños estaba dividido en dos grandes vertientes: la “Ñoñomanía” y el Musismo. Respecto a la Ñoñomanía, en cabeza del ex senador Bernardo “Ñoño” Elías, del partido de la U, recibió un golpe de muerte a su movimiento luego de la captura de su cacique en 2017 por el escándalo de Odebrecht. Inicialmente presupuestaron poner como su heredero al senado al cuestionado representante a la Cámara José Tous de la Ossa, quien buscaba dar el salto a la cámara nacional pero se quemó con 46.745 votos. Así mismo, la otra apuesta de Elías para prolongar su poder en cuerpo ajeno, fue su hermano Julio Elías como fórmula en Cámara de José Tous en las elecciones del 2018. Este último también se quemó con 50.364 votos. En suma, la “Ñoñomanía” pasó de un senador y un representante, a ninguno en estas elecciones. Por su parte, el Musismo se logró mantener en el Congreso a pesar de la captura de la cabeza del movimiento, el ex senador Musa Besaile, del partido de la U, quien también fue capturado a finales del 2017 por el escándalo del Cartel de la Toga. De acuerdo con investigaciones previas de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, a diferencia de la “Ñoñomanía”, en la región cordobesa era reconocido con mayor fuerza el poder económico de la familia Besaile. Esto les aseguró una continuidad en el Congreso en las elecciones de 2018. Sus herederos son: en el Senado, su hermano, Jhon Moisés Besaile Fayad; y en Cámara, el heredero de su aliado Raymundo Méndez (actual representante a la Cámara), Erasmo Zuleta Bechara. Jhon Moisés alcanzó una votación de 77.448 votos. Un poco más de la mitad de la votación de su hermano Musa en 2014: 145.402. Lo que indica la crisis que vive el Musismo en Córdoba. Raymundo Méndez, familiar de Mara Bechara (hoy investigada por desvío de recursos públicos en la Universidad del Sinú), puede darse como ganador en Cámara de Representantes con la votación de su heredero, Erasmo Zuleta, con 62.711 votos. La votación más alta en Cámara de Representantes en Córdoba. Un poco más de 12 mil votos adicionales a los que tuvo Raymundo en 2014. En general, lo anterior contrasta con las votaciones desproporcionadas de 2014 del Musismo, cuando gracias a la “mermelada” o cupos indicativos incidieron en que sus congresistas obtuvieran las votaciones más altas del país. Así pues, el Clan de los Ñoños queda reducido a los lineamientos del Musismo con 2 congresistas (1 senador y 1 representante a la Cámara). Aunque este último, un movimiento cada vez más menguado, debido a los escándalos de corrupción que continúan saliendo a flote y que tienen al cacique Musa Besaile preso y en la cuerda floja al gobernador Edwin Besaile. John Moisés Besaile Fayad (77.408 votos) Elegido al Senado por el Partido de La U. Heredero de la estructura política de su hermano, el ex senador Musa Besaile, quien se encuentra preso por su participación en “Cartel de la Toga”. Adicionalmente, Musa cuenta con investigaciones por parapolítica y el escándalo de Odebrecht. John Besaile no es objeto de investigación judicial, pero fue mencionado en declaraciones ante la Corte Suprema por testigos en el proceso que se adelanta contra su hermano Musa por el “Cartel de la Toga”. Según declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, John acompañó a su hermano Musa a una notaría en Sahagún, Córdoba para autenticar un documento en el que mencionaban todos los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado como prueba a los magistrados de la Corte Suprema. Erasmo Zuleta Bechara (62.711 votos) Fuente: Twitter Oficial de Erasmo Zuleta @ErasmoZB Elegido Representante a la Cámara por el Partido de La U. Uno de los herederos políticos de Musa Besaile. Erasmo Zuleta Bechara es hijo de Mara Bechara, exrectora de la Universidad del Sinú y exconcejal de Montería, quien actualmente es procesada (junto a su hermana María Fátima) por el desfalco de recursos públicos en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, propiedad familiar que lleva el nombre del patriarca. Las hermanas Bechara son acusadas de desviar más de 7 mil millones de pesos girados al departamento de Córdoba en el año 2013, por proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación, durante la administración de Lyons. La ley que dio origen al asunto fue impulsada por el representante Raymundo Méndez Bechara, sobrino de las hermanas Bechara y primo de Erasmo Zuleta Bechara. Sara Piedrahita Lyons (58.688 votos) Reelegida en la Cámara por el partido de La U. Su padrino político Alejandro Lyons, actualmente en colaboración con la justicia de Estados Unidos y Colombia por delitos de corrupción, pertenecía al Clan de los “Ñoños”, hasta su ruptura política con los ex senadores Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías por la candidatura de su prima Sara Piedrahita. Esta última llegó en 2014 a la Cámara como fórmula del ex senador Martín Morales Diz, heredero del Clan de los Jattin e investigado por homicidio, paramilitarismo y narcotráfico. Aunque en ese momento Sara Piedrahíta se enfrentó al Clan de los “Ñoños”, fue gracias a este Clan que Lyons logró consolidar su poder político. Aunque inició su carrera en 2014 gracias al poder político del Clan de los Ñoños junto con el apoyo indispensable del exgobernador corrupto Alejandro Lyons, conviene subrayar que fue reelegida en 2018 con una pequeña votación: 58.688. Esto, en comparación con los 105.112 votos que obtuvo en 2014 (en su momento, la congresista más votada del país a pesar de no tener ninguna trayectoria política). El 15 de marzo de 2018, tan sólo cuatro días después de las votaciones, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Piedrahita por haber recibido 1100 millones de pesos para su campaña en 2014 provenientes del Cartel de la Hemofilia, durante la Gobernación de su primo Alejandro Lyons.

Por: Redacción Pares Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Colombia ¿Qué dice sobre la firma del acuerdo de paz y los avances del postconflicto? La opinión de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, cada miércoles en el programa matutino de la FM (94.9).

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Decenas de periodistas extranjeros y colombianos, analistas y líderes de opinión estaban a la expectativa de los resultados electorales del partido que surgió con la reincorporación de la guerrilla de las FARC. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenía en sus cuentas un millón de votos, lo cual le posibilitaba tener al menos 10 senadores. Los cálculos de analistas le daban entre 80.000 y 150.000 votos. A nivel de política colombiana, saber el número de votos era determinante, pues como en películas de ficción y en una buena parte de los hechos de la vida, no había punto medio, pues les debía ir bien o les debía ir mal y ello impactaría sustancialmente las estrategias de comunicación de varias campañas presidenciales, principalmente las de la derecha. Por ejemplo, las campañas de la derecha, es decir, la del expresidente Uribe con su candidato Iván Duque y la campaña de exvicepresidente German Vargas Lleras intentan sacar a la gente a votar con miedo. Argumentaban al menos tres ideas, que se expandían en redes sociales como noticias falsas. 1. El presidente Santos le entregó el país a las FARC y Colombia está a punto de volverse otra Venezuela. Para analistas y expertos esto causaba risa, pero la población colombiana lo creía. 2. Las FARC habían escondido dinero o mejor no lo habían entregado al Estado y era para comprar votos. De hecho, miles de personas en la ciudad de Medellín decían que en la Feria de las Flores –evento cultural de la capital del departamento de Antioquia- las FARC habían inundado de dólares esta ciudad para poder lavar el dinero. Otra gran mentira, pero que era repetida por taxistas y comerciantes. 3. Las FARC van a sacar muchos votos y con eso pondrán presidente. Estos eran los mensajes de la derecha para sacar a la gente a votar con miedo. De hecho, el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, apostaba a pasar de 20 a 30 senadores. Al final lograron 19, un pésimo resultado para ellos. El partido FARC sacó el 0,34% de los votos, cerca de 53.000, muy por debajo de los cálculos más pesimistas. Este resultado puede tener dos miradas. Una negativa, pues estos pocos votos deslegitiman el proceso de paz y sobre todo le harán difícil la vida a los miembros de este partido que serán senadores y representante a la Cámara –no debe olvidarse que ellos tienen un régimen transicional donde tienen derecho a cinco senadores y cinco representantes a la Cámara–. Pero también tiene una mirada positiva, pues se logró demostrar que todo lo que se decía sobre el lavado de activos de las FARC, la compra de votos y que el presidente les había regalado el país era una gran mentira. Pero más allá de estas consecuencias, el resultado de la Fuerza Alternativa del Común tiene varias explicaciones. Por un lado, una errada estrategia de campaña política. Los miembros de estos partidos prefirieron el proselitismo en las ciudades, donde nunca habían tenido base política y donde tenían muchas resistencias y en cambio abandonaron sus zonas rurales donde estaba su base social. En segundo lugar, hubo una estrategia de sabotaje contra esta estructura política y se les impidió hacer campaña en público. Piedras, huevos y botellas de agua llovían a cada miembro de este partido que salía a plaza pública. En tercer lugar, no tuvieron dinero para la campaña. Los bancos, por ejemplo, abrieron cuentas solo a los quince días de las elecciones, ya que temían ser sancionados por la lista Clinton. Además, los dineros de los anticipos llegaron muy tarde y no lograron hacer una cuña radial o comercial televisivo. Por último, los miembros del nuevo partido eran muy hábiles para la guerra pero no para la política. La inexperiencia fue inmensa y no tenían como competirles a los viejos caciques regionales, la asimetría era inmensa. Ahora la FARC deberá diseñar una estrategia de crecimiento político ante las elecciones locales del 2019 y para las presidenciales del 2022, pero lo cierto es que su resultado electoral fue bastante deficiente. La política electoral es un arte y no se aprende de la noche a la mañana. Por ejemplo, en El Salvador el FMLN tardó casi 20 años para llegar al poder y antes de Sánchez Cerén, estuvo Funes, alguien que no venía de la guerrilla. Publicado en El País

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: las semanas posteriores a las elecciones parlamentarias están definiendo las alianzas para las presidenciales ¿Quién se va con Iván Duque? ¿Quién se suma a Germán Vargas Lleras? ¿Será posible que se unan Sergio Fajardo y Humberto de la Calle para que suba el centro? ¿Cuál es la estrategia de Gustavo Petro? Si Fajardo logra instalar en la opinión un mensaje contra la polarización y se conecta de verdad con el centro del espectro político tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta, hay una franja con miedo a Petro y otra con miedo a Uribe — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 12 de marzo de 2018 Veo que la tendencia principal del Partido Conservador es a una alianza con Germán Vargas Lleras — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 13 de marzo de 2018 Dilian Francisca Toro se va con Germán Vargas Lleras, el uribismo y Vargas Lleras se disputan uno por uno los caciques políticos de la U y del conservatismo — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 15 de marzo de 2018 Germán Vargas Lleras escoge a Pinzón como fórmula para reforzar su competencia con el uribismo en el paso a segunda vuelta — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 16 de marzo de 2018 Para elegir vicepresidente pensé en alguien como debería ser, que estuviera en plenas capacidades, de llegar el caso, de asumir la conducción del país, y esa persona es @PinzonBueno pic.twitter.com/tSNoBJ3X9j — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 19 de marzo de 2018 La pelea entre el uribismo y Germán Vargas Lleras por los caciques de los Partidos Conservador y de la U la está ganando Vargas Lleras — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 16 de marzo de 2018 Ángela Robledo, una congresista de Alianza Verde es la fórmula de Petro https://t.co/ze1qmXQnEK vía @RevistaSemana — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 16 de marzo de 2018 He aceptado ser la vicepresidenta de la Colombia Humana. Gustavo y yo tenemos un hoja de vida intachable y la ponemos al servicio de la paz y la democracia del país.#AngelaRobledoLaVice pic.twitter.com/AdX9U4OY21 — Ángela Robledo (@angelamrobledo) 16 de marzo de 2018 Ahora que Angela María Robledo se fue con Petro qué tal que Carlos Caicedo, quien participó en la consulta con Petro, se vaya con Fajardo? — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 16 de marzo de 2018 Termina una semana de movidas políticas, ya están repartidos los tíquetes a la presidencia y a la vicepresidencia, ya están hechas las principales alianzas de clanes, sólo faltan unas pocas definiciones que pueden ser trascendentales, empieza la batalla por el ciudadano de a pie — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 17 de marzo de 2018 La derecha y la centro-derecha tienen 3 candidatos, la centro-izquierda y la izquierda tienen 4 candidatos y deberían reducirlos a dos para tener chance de pasar a la segunda vuelta — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 17 de marzo de 2018 Qué venderán los candidatos: el miedo, la indignación, la esperanza? En esas tres palabras se cifra esta campaña — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 17 de marzo de 2018 La meta de Héctor Riveros Serrato es lograr un millón de firmas para la carta de apoyo a la unión de Fajardo y de la Calle antes de primera vuelta y creo que lo logrará — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 19 de marzo de 2018 #ConFajardoyDeLaCalle https://t.co/OhOpe7TYOk — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 20 de marzo de 2018 #ConFajardoyDeLaCalle esta campaña por la unidad antes de primera vuelta apenas arranca y ya tiene miles de seguidores — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 20 de marzo de 2018