Por: Javier Alejandro Jiménez y Carlos Montoya Cely, línea de investigación Conflicto, Paz y Postconflicto El cuerpo de Didier Quintero fue encontrado a las orillas del río Tarra en el Norte de Santander; A Yolanda Maturana la mataron con arma de fuego en su casa en Risaralda; a Nicomedes Payan lo asesinaron a balazos en Cauca; a Antonio María Vargas lo ejecutaron frente a su comunidad en Córdoba; a Víctor Vitola lo desaparecieron y más tarde encontraron su cuerpo en Antioquia. Estos son sólo cinco de los 25 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos que se han perpetrado en lo que va de 2018. Si la cuenta se hace desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, el recuento es aún más aterrador: 14 meses, 137 homicidios. Cada tres días asesina a un líder social y defensor de derechos humanos en Colombia. Fuente: Fundación Paz y Reconciliación. Los datos son desde el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del acuerdo de paz. La terminación de la guerra se expresa ahora en forma de paradoja. En los últimos cuatro años, desde que inició el proceso de paz, se ha producido una disminución de la confrontación armada y el número de homicidios lo confirma: de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, Colombia pasó de tener en 2012 15mil 957 homicidios, a reportar en 2017 12mil 211. Es decir, la firma de la paz disminuyó las muertes violentas en el país, pero aumentó la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Mientras que en 2012 organizaciones advirtieron sobre la muerte de 69 líderes sociales, en 2017 la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reportó 102 homicidios contra esta población. La Fundación Paz & Reconciliación ha monitoreando desde 2013 la violencia selectiva en el país. El sistema de información desarrollado por la Fundación geolocaliza hechos de homicidios, atentados, amenazas, agresiones sexuales, desaparición forzada, atentados y secuestros contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. El objetivo de este trabajo es tanto visibilizar la violencia contra líderes sociales, como reconocer y profundizar en las dinámicas de la violencia contra esta población. Hasta el momento, el seguimiento ha permitido reconocer que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos emerge de diversas motivaciones y los victimarios son de distinta naturaleza. Sólo el monitoreo permanente nos permite construir recomendaciones para mitigar al máximo este oscuro capítulo sobre la continuidad de la violencia.  (Mapa interactivo de violencia selectiva AQUÍ) Las cifras son alarmantes, desde que se firmaron los acuerdos de paz se han reportado más de 400 agresiones, entre ellas 137 homicidios, más de 200 amenazas y al menos 50 atentados. La violencia contra líderes sociales se ha concentrado en algunos territorios, el mayor número de casos de homicidios se han reportado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cuaca, Chocó, Norte de Santander y Nariño. Los presuntos responsables se transforman de lugar a lugar, pero las víctimas presentan rasgos comunes. El esfuerzo de categorización de las víctimas según los rasgos comunes es un ejercicio complejo, en muchos de los casos un solo líder representa en su territorio diversos liderazgos. Por ejemplo, el 30 de Enero de 2017 fue asesinada en Valledupar la lideresa indígena Yoryanis Isabel Bernal Varela, quién dentro de sus actividades movilizó acciones en la defensa del territorio, los derechos humanos y de la mujer, o el caso de Luis Alfonso Giraldo, asesinado por hombres encapuchados el 4 de diciembre de 2017, Giraldo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Brasilia ubicada en el corregimiento de La Carmelita, zona rural de Puerto Asís Putumayo, y un importante defensor de derechos humanos, su trabajo se concentró en buscar alternativas sostenibles para sustituir los cultivos de uso ilícito y mejorar la calidad de vida de su población. Estos dos ejemplos son la radiografía de la mayoría de los casos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y sin embargo, ante este difícil panorama es necesario poder agrupar los rasgos para entender las motivaciones que existen detrás de estas acciones. De acuerdo con Pares, los rasgos comunes  en los perfiles de las víctimas de estos hechos se podrían agrupar en tres categorías: Presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal, representantes de las mesas de víctimas y líderes a favor de restitución de tierras; Líderes que se oponen a las economías ilegales presentes en los territorios: cultivos de uso ilícito, tala indiscriminada de madera y denuncia de minería criminal; Defensoras de derechos colectivos, territoriales y culturales, lucha encabezada – en gran medida- por líderes indígenas, campesinos y afros de consejos comunitarios. Un factor común en todos los liderazgos es que su rol dentro de la comunidad les permitía visibilizarse y presentarse como posibles candidatos a espacios de representación. La disputa que emprenden estos líderes está en la arena de la política, la exigibilidad y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales. Pese a que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha estudiado la sistematicidad de las agresiones, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, dijo en entrevista con Canal Uno en diciembre de 2017, que los asesinatos contra líderes sociales “son frutos de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”,  en la misma entrevista Villegas asegura que “no hay detrás una organización que esté asesinando líderes sociales”. ¿Quiénes pagan a diferentes organizaciones ilegales para asesinar a los líderes sociales? ¿Para quienes es incomoda la presencia de líderes que luchan por la restitución de tierras, por los derechos ambientales, que exigen la restitución de tierras y denuncian actividades como la minería criminal? Reconocer el perfil de las víctimas y sus actividades en la arena política (no líos de faldas o riñas) es quizá el primer paso para realizar diagnósticos más rigurosos que permitan formular acciones de política pública que puedan detener el homicidio sistemático de cientos de hombres y mujeres como Yolanda, Antonio María, Didier, Víctor, Nicomedes y Didier que a diario trabajan por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

Por Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Bacrimpolítica, participación indebida en política, exceso de gastos electorales y hasta constreñimiento al elector es lo que se vive en la tierra de la bandeja paisa. Son tres los ejemplos: el primero y más dramático se vive con el candidato al Senado por el Partido Liberal Julián Bedoya, quien no solo está envuelto en el escándalo del Sena, donde se determinó que al menos una regional estaba presionando a los funcionarios para votar por este candidato, lo que llevó a la suspensión del director regional. Sino también y tal vez lo más complicado es la relación de Bedoya con José Mercedes Berrío, alcalde de Cáceres, Antioquia, capturado el 30 de enero de 2018 por concierto para delinquir agravado, pues tendría nexos con el Clan del Golfo. A continuación se ve la foto de Bedoya en Caucasia en la audiencia de legalización de captura, donde se dio imputación e imposición de medida de aseguramiento. Esto fue el 31 de enero de 2018. A continuación se ve a la primera dama del municipio de Cáceres con Julián Bedoya. La información recogida en terreno indica que la administración municipal le trabaja a Bedoya. Además no se debe olvidar que al menos en Cáceres y Taraza nadie puede ser político sin la bendición del Clan del Golfo. Según la Fiscalía, Mercedes Berrío, tendría nexos con el frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo que opera, sobre todo, en la región del Bajo Cauca antioqueño. Esa estructura es la responsable del desplazamiento de cerca de 1000 personas las últimas dos semanas de las veredas Campanario, Ponciano, Buenos Aires Veracruz, Tamaná y El Tigre de Cáceres. En su momento Berrío fue el líder principal de la campaña de Bedoya en 2014, cuando le habría ayudado a conseguir cerca de 400 votos. Pero por si fuera poco, Julián Bedoya aplica estas prácticas en otros municipios, por ejemplo el siguiente comunicado habría salido de la alcaldía de Caldas Antioquia. Léase el último párrafo. No debe olvidarse que desde el año 2001 casi todos los alcaldes de Cáceres han pasado por la justicia y también desde ese momento para ser alcalde se requería la bendición de los bandidos, para principios del milenio de Cuco Vanoy  y ahora del Clan del Golfo. Por cierto por allá no se ve un solo militar y la Policía es como si no existiera.El otro caso es el del municipio de Barbosa, Antioquia, un alcalde pasó de ser una persona pobre, con deudas y necesidades, a ser un hombre muy rico en solo dos años. Tal como se ve en el reportaje de SEMANA.( Algo no cuadra en la historia del adinerado alcalde de Barbosa ) Pero lo increíble viene pasando desde hace algunos días. Este alcalde Édison García Restrepo con todos los líos con la justicia y disciplinarios que tiene, ha optado por blindarse política y jurídicamente, para eso dividió el municipio en varios distritos electorales. A Cambio Radical y en especial Guillermo Palacio le pone la mayoría de los votos. Según fuentes en terreno Palacios dice tener con Cambio Radical la posibilidad de parar o engavetar procesos en la Fiscalía General de la Nación. En la siguiente foto se ve a la primera dama del municipio Duvernely Jiménez en un evento con Palacios. También allí el directivo de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez. El otro candidato que apoyan es al Flaco Mejía del Partido Liberal y a Omar Hoyos. A continuación se ve a la misma primera dama en un evento político. La primera dama de Barbosa se la pasa de evento en evento político con diferentes candidatos, llevan la misma gente a todos los eventos, es algo así como una estafa política. En Caucasia ocurre exactamente lo mismo, el alcalde Óscar Suárez,  que ha tenido denuncias de todo tipo, incluidas de asesinato y relaciones con grupos criminales, está apoyando a Palacios, igualmente en entrevistas en terreno se dice que Palacios le garantizó que no le va a pasar nada en Fiscalía. Nota: Mucha gente me ha preguntado, después de varias columnas de denuncias, por quién yo votaría. La próxima semana escribiré sobre eso. Publicado en Revista Semana

Iván Duque, el candidato presidencial por el Centro Democrático, sumó a su campaña a Luis Alfredo Ramos ¿Qué efecto tendrá en la candidatura de Marta Lucía Ramírez y de Alejandro Ordoñez? ¿Qué mensaje está enviando el candidato uribista al sumar un personaje relacionado con el Cartel de la Toga y que tiene profundos cuestionamientos por parapolítica? Cada jueves en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino.https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/02/La-opinión-de-León-Valencia-en-la-FM.mp3

Por: Ariel Ávila y Carlos Montoya Cely La herencia de la parapolítica se resiste a morir. Han transcurrido doce años desde que se conoció la tenebrosa alianza que hicieron diferentes sectores políticos y económicos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más de sesenta congresistas condenados por estos vínculos y un centenar de políticos y funcionarios investigados. Buena parte de los partidos políticos que avalaron estos candidatos siguen vivos gracias a la permisividad del sistema político colombiano. Pero lo más dramático es que otros que se creían extintos han renacido, es el caso del partido Somos. Somos es el antiguo partido de “Alas Equipo Colombia”. En la resucitada criminal estuvo el actual registrador Galindo, varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y hasta una iglesia Cristiana, más exactamente la de Viviane Morales, su flamante candidata presidencial. Claro, la resucitada le permitirá recibir recursos públicos, otorgaron avales, además a pesar de inscribirse con nuevo nombre lograron mantener entre paréntesis el recuerdo de quienes son; Partido Alas Colombia. Y como partido que nació por debajo de la mesa, varios de sus candidatos a Congreso están inhabilitados. Imagen del Partido Somos como aparecerá en el Tarjetón electoral 2018 El gobierno en cuerpo ajeno no pasa sólo con los hijos y herederos de los parapolíticos, ahora estamos sometidos a ver como legalizan partidos que habían muerto. Alas (Alternativa Liberal de Avanzada Social) fue en la década de los noventas un movimiento al interior del Partido Liberal en el departamento del Cesar. El fundador fue Álvaro Araújo Castro, quien en 1998 fue representante a la Cámara y en 2002 dio el salto al Senado de la República. En 2003 apoyó a Hernandito Molina, su primo hermano, quien era conocido en el mundo del hampa con el alias de “35”, Hernandito cabalgó como candidato único a la Gobernación del Cesar con el aval del Partido Liberal, el apoyo de Alas y las Autodefensas. Más tarde, los dos serían condenados por parapolítica. En 2006 ALAS y Equipo Colombia, este último movimiento liderado por Luis Alfredo Ramos ahora envuelto en el escándalo del cartel de la Toga, se fusionaron y crearon el Movimiento Alas Equipo Colombia con el objetivo de acompañar la coalición de partidos que apoyaron al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La lista logró cinco senadores y ocho representantes a la Cámara. De los trece congresistas cuatro fueron condenados por parapolítica y a uno más le fue declarado un auto inhibitorio. Así, Alas Equipo Colombia fue uno de los partidos de bolsillo de las AUC. Luego de acordarse su disolución en razón del volumen de las investigaciones que tenían los representantes de esta colectividad, la alianza de los dos movimientos terminó en septiembre de 2009. Los miembros de Equipo Colombia regresaron al Partido Conservador Colombiano y ALAS conservó la personería jurídica, con la cual participó en las elecciones de 2010, sin embargo, no obtuvo la cantidad de votos necesarios para mantener su personería jurídica. En estas elecciones el total de la votación válida para el Senado fue de 10.961.631 votos, y el umbral estuvo fijado en el 2% de este total, es decir, se necesitaba de 219.233 votos para mantener la personería y el partido sólo obtuvo 38.248 votos. En Cámara tampoco logró la votación necesaria. En razón a los resultados electorales en agosto de 2010 le fue declarada pérdida de personería jurídica al Partido ALAS, la decisión fue apelada por el representante del partido y en diciembre del mismo año, mediante resolución 2319 se decidió que la perdida de la personería política se mantenía. Luis Javier Pinilla, quien se encontraba como representante legal del partido en 2010, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derechos para el partido y solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la resolución emitida por el CNE. Pinilla entregó la presentación del caso a nada más y nada menos que el actual registrador de la Nación, Juan Carlos Galindo. En 2013 finalmente el Consejo de Estado resuelve admitir la demanda y accede a la solicitud de suspensión provisional de la perdida de la personería jurídica. La primera anomalía en este proceso tiene que ver con la sala que conoció la demanda, fue la sección primera del Consejo de Estado y no la quinta, la cual tiene por competencia revisar aquellos temas relativos al proceso electoral. Dos años más tarde de la admisión de la demanda por la sección primera del Consejo de Estado, Mabel Hermianda Rivera, mano derecha un Álvaro Araujo Castro, pasó a ser apoderada de ALAS, y solicitó al CNE reconocer la personería jurídica del partido. El 13 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional Electoral resuelve “acatar” la decisión del Consejo de Estado y solicitó al partido ALAS la documentación para acreditar el mínimo de los requerimientos establecidos por la ley 1475 de 2011. La segunda irregularidad en el proceso, fue que la pérdida de personería jurídica se decretó a partir del 20 de julio de 2010, y no desde el momento en que se admitió la demanda en el Consejo de Estado, es decir, el 21 de noviembre de 2011, acá se observa una clara violación al principio de irretroactividad. Dentro del Consejo Nacional Electoral, por reparto interno el magistrado responsable fue Emiliano Rivera, y quien ofició como presidente de la corporación fue Alexander Vega. A pesar de las evidentes irregularidades, el 4 de mayo de 2017 el CNE emitió resolución en la que resuelve que el Partido ALAS acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 1475 de 2011 y revive a la colectividad, otorgándole todos los beneficios para solicitar tanto gastos de funcionamiento como para entregar avales, esto sucede siete meses antes de iniciar el proceso electoral de 2018, los representantes de ALAS se ganaron el baloto sin comprarlo. Una vez cambiado el nombre, Somos registró 119 candidatos, 19 en lista cerrada para el Senado de la República y 100 distribuidos en 21 listas a la Cámara de Representantes, la lista recicla candidatos que ya estuvieron sin mucho éxito en otras colectividades, como es el Centro Democrático y el Partido Conservador. Del total de candidatos registrados, cinco estarían inhabilitados para participar en las próximas elecciones, lo cual es la tercera irregularidad. La campaña de Somos es extrañamente silenciosa, en las diferentes visitas a terreno pocos conocen de ellos, sin embargo es uno de los poco partidos que cuenta con candidato a la Presidencia propio, el aval lo entregaron a Viviane Morales. Sus listas se mueven de manera cautelosa en las iglesias cristianas, donde muchos de sus candidatos han concentrado su campaña, luego no sorprendería que a pesar de la baja publicidad que han empleado sorprendan y logren curules en cámara en departamentos como Cesar, Antioquia o Atlántico. Por último, Mabel Herminda Rivera, quién desde 2015 se presentó como apoderada del partido, es hoy su presidenta y, como se dijo, una de las personas de mayor cercanía con Álvaro Araújo. En 2007 fue candidata al concejo de Barranquilla con aval de Alas Equipo Colombia, fue directora de la “Fundación PROCEDER ser y hacer”, una “organización privada sin ánimo de lucro constituida con el propósito de contribuir al desarrollo social y humano de las comunidades mediante acciones y alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas que se identifican con nuestros objetivos” con sede en Barranquilla. En 2016, cuando fungía como directora de la organización y de manera paralela representaba al partido ALAS, firmó contrato con la Secretaria de Integración Social de Bogotá, en cabeza de María Consuelo Araújo Castro, hermana de Álvaro Araújo Castro, líder natural del partido ALAS. El convenio de asociación se ejecutó en 4 meses y tuvo un valor de $177,292,795.00. Cuesta entender por el objeto del contrato como ninguna organización con sede en Bogotá cumplió con los requisitos para prestar este servicio. Todo un carrusel. Publicado en El Espectador

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Las elecciones presidenciales de Colombia parecen una carrera ciclística de tres semanas. Después de un comienzo con muchas etapas planas, donde se llegaron a tener hasta 51 candidatos presidenciales, ahora hay cinco opcionados. Desde diciembre, con el comienzo de la montaña ha empezado a seleccionarse el lote. Sin embargo, lo mejor está por venir. En los próximos 15 días vienen dos grandes etapas de montaña. La primera se dará el 9 de marzo, cuando varias candidaturas definirán sus fórmulas vicepresidenciales y se determinará si apuestan a la cohesión dentro de su espectro político o le apuntan a ampliar la coalición. Luego se dará la etapa reina de la competencia. El 11 de marzo serán las elecciones legislativas, donde se producirá un verdadero revolcón en la competencia. Los cinco opcionados y su espectro ideológico son los siguientes: en la derecha más extrema está la coalición del uribismo, que realizará una consulta el 11 de marzo y por ende tendrá plazo hasta el 16 de ese mes para escoger la formula vicepresidencial de quien resulte ganador. En este espectro ideológico entre más radical se es mejor. El candidato de Uribe es el senador Iván Duque, luego está la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y también está el radical -ultra religioso- Alejandro Ordóñez. Un poco más hacia el centro, pero en todo caso una derecha muy fuerte, está el exvicepresidente German Vargas Lleras. Él como no va a consulta, deberá definir el 9 de marzo su fórmula. El exvicepresidente tiene dos grandes factores que le quitan tanto como le dan. Por un lado, pactó con todo tipo de políticos regionales; viejos políticos, corruptos y hasta algunos vinculados a la ilegalidad. Este tipo de pactos le permitirán aumentar de 9 a por lo menos 18 senadores, lo cual lo podría catapultar en las encuestas después del 11 de marzo y sacarlo del cuarto lugar en el que se encuentra. Pero a la vez este tipo de alianzas lo ha castigado muy duro en el voto de opinión. Es un candidato con mucha maquinaria pero sin opinión. Lo otro es que Vargas Lleras dio un salto fuerte del centro hacia la derecha en las últimas semanas, por lo que su única opción es cautivar más hacia la derecha, y por esos sus opciones vicepresidenciales serían el Uribista Oscar Iván Zuluaga, quien ha caído en desgracia con Álvaro Uribe y sería una gran fórmula para Vargas Lleras, y Noemí Sanín, ligada al Partido Conservador. Claro, también hay otras opciones, como escoger a alguien del voto cristiano e incluso intentar romper al Partido Liberal y asumir como fórmula a Simón Gaviria el hijo del ex presidente César Gaviria. En el centro se encuentra la candidatura de Sergio Fajardo, tal vez el candidato que mejor encarna el deseo de una nueva sociedad y la lucha contra la corrupción. En esta candidatura han sonado al menos siete opciones para la formula vicepresidencial. Pero solo cuatro de ellas parecen realmente viables. La primera es Claudia López, una política brillante, que le permitiría a Fajardo cohesionar el Partido Verde y fuerzas alternativas alrededor de la candidatura. A la vez, esta política bogotana despierta una pasión increíble en la juventud y logra darle esa emocionalidad electoral a la figura de Fajardo, que tanto la necesita. El siguiente en la lista es el empresario Samuel Azout, un filántropo, con gran prestigio en la Costa Caribe donde Fajardo es muy débil. A pesar de ir primero en casi todas las encuestas a nivel nacional, en el Caribe está de cuarto y necesita repuntar. También está el poderoso empresario Antonio Celia, que agrega confianza al empresariado. Por último, se encuentra Juan Manuel Galán, actual senador del Partido Liberal, esta alianza le permitiría a Fajardo ampliar la coalición, entrar a buscar nuevos votos, con un sector del liberalismo que es importante, pero podría constarle dentro de su coalición. Luego, también en el centro, pero más hacia la izquierda, se encuentra el candidato del Partido Liberal y ex jefe negociador en La Habana Humberto de La Calle, quien ya escogió como fórmula vicepresidencial a la exministra Clara López Obregón, quien le entrega un importante espacio en la izquierda Colombiana. Por último, en la izquierda, se encuentra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien es segundo en las encuestas y cada vez se acerca más a Fajardo. Petro, ha sido señalado como el candidato de la ultraizquierda y el castrochavismo, por lo que necesita desmarcarse de esa figura. Logró un repunte impresionante en las encuestas las últimas tres semanas, aunque ya se detuvo su crecimiento. Representa a los sectores más pobres y populares, el entusiasmo que despierta en los jóvenes es increíble, pero también representa el fantasma del estalishment y la empresa. Si bien, suenan bastantes nombres como fórmula vicepresidencial, entre ellas la congresista Ángela María Robledo, Petro deberá moverse más hacia el centro y buscar a alguien que le ayude a quitar el estigma de radical. Publicado en El País

Por: Redacción Pares Más de 160 mil hectáreas de hoja de coca, 236 municipios con presencia de minería ilegal, al menos 150 trochas por donde entran miles de galones de gasolina de contrabando, cerca de 4 rutas por donde se trafican personas; todos estos componentes hacen de Colombia un punto nodal para el crimen organizado y centro de operaciones de mercados ilegales. Esta dinámica criminal, de acuerdo con el libro El subsistema fronterizo de Colombia: lugar estratégico de los mercados ilegales, se acompaña de todas las formas de crimen organizado: grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN, estructuras criminales de alcance trasnacional como el Clan del Golfo; estructuras criminales de alcance regional como La Empresa que opera en el puerto de Buenaventura, en el pacífico colombiano; y estructuras locales. Pero estas dinámicas dentro de Colombia no se explican solas. Hacen parte de un subsistema fronterizo, dentro de un gran sistema criminal. Uno de los ejemplos que se desarrolla en el libro es el del municipio de Ipiales que tiene frontera con Ecuador. Ahí llegan chinos, cubanos y hasta migrantes del África subsahariana que son transportados en camiones que atraviesan todo el país hasta llegar el Urabá chocoano que comparte frontera con Panamá. De ahí son pasados por coyotes rumbo a Centro América. El libro analiza el estado del arte en el estudio de las fronteras; la dinámica de los cárteles y las redes criminales, caracteriza las fronteras colombianas (sus departamentos y municipios), los problemas más comunes (narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, trata de personas y tráfico de migrantes y la minería ilegal), y hace una revisión de las acciones institucionales contra las economías ilegales en esta zona. Este estudio hace parte de una serie de libros del proyecto de investigación “Explorando la economía política de la violencia en los sistemas fronterizos de América Latina: hacia una comprensión integral”. A Colombia se suman otros siete países de la región: México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. El capítulo Colombia se hizo en coordinación con La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el apoyo del International Development Research Council (IDRC), de Canadá. Para adquirir el libro escribir a comunicaciones@pares.com.co

«Por el ojo de la chapa» es la nueva videocolumna semanal de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en la que analizará temas de la región. El ABC de las polémicas de esta semana. A. A pocos días de la «masacre de San Valentín» en Florida, la muerte de casi dos decenas de personas obliga a revivir la discusión del porte de armas no sólo en Estados Unidos, también en Colombia ¿Qué candidato al congreso está promoviendo que los colombianos se armen? B. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en el caso que involucró a Álvaro Uribe contra Iván Cepeda y parece que el ex presidente “Fue por lana y salió trasquilado”. C. ¿Bienes de las FARC o cortina de humo? ¿Qué impacto tiene en el postconflicto y en las elecciones de 2018?

Por: Sebastián Mora, Asisistente de Subdirección académica Desde que Didier Tavera llegó por el partido Liberal a la Gobernación de Santander en el 2016, ha tenido el objetivo de consolidar su clan familiar en el poder del departamento. Y tiene toda una maquinaria departamental para impulsar a tres candidatos al Congreso en las próximas elecciones legislativas. Senado Miguel Ángel Pinto Fuente: @MiguelPintoH1 Fue representante a la Cámara de Representantes y ahora quiere dar el salto al Senado. Su esposa, Claudia Lucero López, es tía del Gobernador de Santander, fue presidenta del directorio liberal de Bucaramanga hasta mediados de 2017 y es quien aparece frecuentemente en los eventos de uno de los programas de la Gobernación, “Expedición Santander”, para gestionar y aceitar las redes clientelistas del Clan Tavera en los municipios del departamento. Cámara Nubia López Rodríguez Candidata a la Cámara de Representantes por Santander. Es fórmula en las elecciones de Miguel Ángel Pinto. También es esposa de Fredy Anaya, quien se rumora buscará la alcaldía de Bucaramanga en el 2019. Víctor Manuel Ortiz Joya Fuente: FB @santandermejor Ortiz Joya es amigo de la infancia del gobernador y contratista beneficiario de la gobernación en 2013, 2014 y 2015 cuando Tavera era Representante a la Cámara y empezaba a ganar influencia. La empresa Gestión Humana Empresarial Consultores Asociados LTDA, de la que Ortiz fue representante legal y ahora figura su esposa Ana María Ramírez, se ha beneficiado con contratos que suman casi 600 millones de pesos. Según una fuente de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Bucaramanga, que ha trabajado como asesor externo de lucha contra la corrupción en todo el departamento, una muestra del poder político de Tavera frente a la candidatura de Ortiz es cómo logró que varios posibles candidatos a la Cámara de Representantes por el distintos partidos, entre 6 o 7, se bajaran de sus aspiraciones a la Cámara de Representantes y se adhirieran a la campaña de Ortiz, uno de ellos fue Diego Tamayo por el partido de la U. El pasado oscuro de la mancha roja Desde sus inicios en la política regional, Didier Tavera ha estado rodeado de cuestionamientos. Su padre, Ernesto Tavera Rodríguez, fue un reconocido narcotraficante; su tío, Martín Tavera, quien ha hecho su fortuna principalmente con estaciones de gasolina, es conocido en Santander por ser un gran patrocinador económico de campañas electorales. Por su parte, Didier fue representante a la Cámara por Santander en el 2010 por el antiguo PIN (ahora Partido Opción Ciudadana) donde empezó a ampliar su gama de apoyos políticos. En mayo de 2014  fue arrestado por 4 investigaciones que llevaba la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en grado de determinador. Las investigaciones no terminaron de desarrollarse en la Corte por la pérdida de su fuero como congresista al renunciar a su curul como representante, por lo que fueron delegadas a la Fiscalía, pero desde ese momento hasta la actualidad están enterradas.  En 2015 se lanzó como candidato a la Gobernación de Santander. Durante su tiempo como gobernador su administración no ha estado libre de escándalos. Por malversación de fondos públicos, existen dos de importancia: el primero de ellos es el de la ex directora de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), Flor María Rangel, quien se encuentra presa por irregularidades en la celebración de contratos por más de 3 mil millones de pesos. El segundo es el escándalo por irregularidades en el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander por un pliego que limitaba la libre competencia en su adjudicación, este contrato fue por un valor de $23 mil 845 millones de pesos. Este último escándalo propició la captura de la secretaria de educación del momento, Ana de Dios Tarazona, quien fue cuota del parapolítico Luis Alberto “El tuerto” Gil, mandamás de Opción Ciudadana, partido que lanzó a Tavera en los inicios de su carrera política. Estos fuertes escándalos de mala contratación no alertaron a la Contraloría departamental. El Contralor Diego Frank Ariza es otra de las fichas de Tavera. Ariza es conocido de la infancia del gobernador, ex concejal de Bucaramanga del antiguo PIN (ahora Opción Ciudadana) apadrinado por Tavera con quien hizo campaña antes de que fuera gobernador. Este modelo de relación entre gobernador y contralor, fue investigado a profundidad por la Fundación y catalogado como Contralor de Bolsillo ya que el gobernador, al designar el contralor, lo castra en su labor de contrapeso y auditoria al gobierno. Nuestra fuente en la alcaldía de Bucaramanga, sumado a otra del Comité de Transparencia por Santander, confirman que el control por parte de la Contraloría hacia la administración de Didier Tavera ha sido muy pobre. Estrategias electorales Nuestra fuente en Bucaramanga confirmó que la gobernación ha utilizado las bases de datos de las alcaldías y de las dos corporaciones autónomas regionales CAS y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) para llenar los eventos de campaña de Pinto, López y Ortiz. Ambas corporaciones han sido históricamente grandes fortines de los gobernadores y esta vez no son la excepción. De la misma manera, todas las 28 alcaldías liberales de un total de 87 municipios (15 alcaldías en las cuales el Partido Liberal llegó solo y 13 alcaldías a las cuales se llegó con apoyo de más de un partido) y en general todas las 87 también se ven “motivadas” a seguir a los candidatos del Clan Tavera para mantener buenas relaciones y por tanto contar con buen acompañamiento por parte de la gobernación. Por último, nuestra fuente asegura que en Santander se da por contado que los tres candidatos del clan van a llegar al Congreso gracias no solo al apoyo de los Tavera, sino también por todo el dinero que han invertido en la campaña.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación @ArielAnaliza Hace algunos días en Sucre, un líder social me dijo que iba a votar por los Char, quedé perplejo, pues este líder había sido dirigente agrario de izquierda y una de las personas más críticas a lo que él denominaba “la oligarquía”. Me sorprendió que su voto fuera por una de las familias más tradicionales de la costa, que representa eso que el líder social criticaba. La respuesta a mi pregunta del porqué de esa decisión, fue básica, “mi hija se acaba de graduar de la universidad y no conseguía trabajo, ellos me garantizaron que mi hija iba a trabajar por lo menos un año”. En las regiones colombianas ese es el ambiente que se vive, un voto secuestrado, en el que para sobrevivir de forma digna, con un trabajo más o menos estable y formal, te debes someter al jefe político de la zona. En muchos municipios y departamentos los únicos trabajos formales los ofrecen las administraciones locales. De tal forma que la oposición es marginada o termina siendo cooptada en este círculo de autoritarismos locales. La situación es tan dramática que once familias o clanes políticos pueden llegar a controlar el 30 por ciento del Congreso de la República. O en otras palabras, un país de 50 millones de habitantes podría estar en manos de un grupo de familias. Tal vez, hay dos ejemplos, el Clan de los Char y el Clan Gnecco. El Clan Gnecco logró el control de las gobernaciones del Cesar y La Guajira en 2011, la primera de ellas por medio de Kiko Gómez, quien es familiar de los Gnecco y que además está condenado por tres homicidios y se le investiga por otros tantos, además recibió el apoyo del narcotraficante Marcos Figueroa para ganar la Gobernación. En el Cesar el ganador fue Luis Alberto Monsalvo, el hijo de la Matrona del clan, Cielo Gnecco. La historia de este poder político se liga a la ilegalidad, su poder se construyó a partir de Jorge Gnecco quien se alió con paramilitares y estaba en el negocio de narcotráfico y el contrabando de gasolina. El siguiente es el organigrama del clan para las elecciones del 11 de marzo, donde los colombianos votarán para escoger senadores y representantes. Su principal apuesta a Senado es José Alfredo Gnecco Zuleta del Partido de la U, fue elegido representante a la Cámara (2010-2014) con 16.783 votos, para 2014 da el salto a Senado y logró el apoyo de 97.741 votos. Tiene investigaciones abiertas por corrupción al sufragante e invasión de tierras. Su otra apuesta a Senado es Didier Lobo Chinchilla, quien aspira por Cambio Radical, tiene investigaciones por temas de contratación cuando fue alcalde de la Jagua de Ibirico. Su tercera apuesta a Senado es el Hijo de Kiko Gómez, Fernando Gómez Bacci, quien aspira por el partido Opción Ciudadana. No se debe olvidar que bajo la administración de Kiko, este le puso miles de votos a José Alfredo Gnecco, ahora se regresa el favor. A Cámara van Alfredo Ape Cuello, quien ha sido salpicado en el escándalo de Odebrecht y aspira por el Partido Conservador, está Eloy el Chichi Quintero quien aspira por Cambio Radical y también ha estado envuelto en escándalos por la utilización del Sena para hacer política, el otro candidato, esta vez en el Partido Liberal, es Fawzi Muvdi Anillo, hijo del parapolítico Pedro Muvdi. Y por último está Hernando Padauí quien aspira por Cambio Radical y fue socio del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. El otro caso es el de la familia Char, que ha logrado construir un emporio económico y político: son dueños del Junior de Barranquilla, emisoras radiales, locales comerciales, manejan la Alcaldía de Barranquilla, y participan en empresas de construcción de vías y vivienda. Son el principal respaldo de Vargas Lleras y hasta han tenido ministros debido a su poder. Aspiran a elegir 13 congresistas y Arturo Char aspira a sacar más de 150.000 votos. El jefe del Clan es Fuad Char, su hijo Alejandro es el actual alcalde de Barranquilla, y su otro hijo uno de los principales senadores de Cambio Radical. En reuniones privadas los Char dicen que para 2022 pondrán candidato presidencial con su apellido, es decir, que a este ritmo Cambio Radical deberá hacer consulta interna entre Néstor Humberto Martínez y unos de los Char, seguramente Alejandro. A continuación se ve el diagrama del clan. Nota complementaria: La semana pasada escribí sobre el cartel de Odebrecht, y en medio de los casi 15 congresistas que saldrían elegidos a pesar de estar envueltos en el escándalo de corrupción o de ser apoyados por políticos presos por esos hechos, debo agregar dos más que son los herederos de Plinio Olano, quien apoya a Cámara por el Partido Liberal a Rodrigo Rojas y a Ángel Custodio Cabrera al Senado por el Partido de la U. Como se sabe, el actual contralor de Bogotá Juan Carlos Granados también envuelto en este escándalo apoya a David Castillo a Senado por Cambio Radical y lidera toda la lista de Cambio Radical a Cámara de Representantes. Por todo lo anterior se entiende que para estos clanes la política es un negocio. Publicada en la Revista Semana

Por: Laura Alonso, Investigadora Nacional línea Democracia y Gobernabilidad La casa política de los Char, respaldada por el partido Cambio Radical (CR), es una de las más poderosas del país y la más fuerte en la costa atlántica: son los principales accionistas del equipo de fútbol Junior de Barranquilla, son dueños de las supertiendas Olímpica, y de varias empresas constructoras de vías y vivienda. El Clan está encabezado por Fuad Char, el cacique y barón electoral del Atlántico, él junto a sus hijos Alejandro y Arturo Char han consolidado el clan a punta de maquinaria política y económica. Actualmente, el Clan de los Char se encuentra en la Costa Atlántica, específicamente en Barranquilla. Pero, dado los escándalos de corrupción que han enfrentado otros grupos de poder, el Clan Char se ha alimentado de las redes de otros clanes como los Cotes (Magdalena) y García (Sucre). Para el 2018, la casa Charista, apostará por convertirse en los poderosa del Congreso.  Espera pasar de tener un senador y un representante a la Cámara, a sacar nueve senadores y hasta cuatro representantes. Si lo logra, sus líderes, el alcalde barranquillero Alejandro Char y su padre Fuad Char, exsenador y cacique electoral, quedarían al frente del Clan más grande del país. Senado Aída Merlano Rebolledo. Candidata al Senado por el partido Conservador en alianza con los Char. Era parte del círculo político del senador conservador Roberto Gerlein. Esta alianza le pondrá votos informalmente a la candidata a la Cámara de Cambio Radical Lilibeth Llinás. Ana María Castañeda. Aspira al Senado de la República por el Partido Cambio Radical. Es esposa del actual senador Mario Alberto Fernández Alcocer. Actualmente, cuenta con el apoyo de Yahir Acuña y del Clan de los Char. Antonio Zabaraín. Aspira a llegar al Senado de la República con el aval de Cambio Radical gracias a la injerencia del patriarca político Fuad Char. Viene de recibir el apoyo político del partido Conservador cuando obtuvo en 2014 el aval para su esposa, Inés López Flórez, para llegar a la Cámara de Representantes con 63 mil votos. Zabaraín es exalcalde de Ciénaga (1998-2000) y tendrá como fórmula en el departamento del Magdalena al exdiputado Adolfo Larios Noriega. Fuente: @arturocharc Arturo Char. Aspira a ser reelegido como senador de la república. Es hijo del cacique electoral Fuad Char y hermano del actual alcalde de Barranquilla Alejandro Char. Carlos David Gómez Espitia. Aspira al Senado de la República por el Partido Cambio Radical, fue director nacional del programa de viviendas de la Vicepresidencia de la República cuando estaba Germán Vargas Lleras. También se desempeñó como funcionario en la Gobernación de Córdoba. Carlos Espinosa Martínez. Aspira al Senado de la República por Cambio Radical, es sobrino del gobernador de Sucre Edgar Martínez. Juntos van en coalición con el Clan de los Char. Fabián Gerardo. Aspira al senado de la república por el Partido Cambio Radical, es fi­cha de los Cotes de Magdalena, otro Clan político dentro de Cambio Radical, pero cuenta con el apoyo de los Char. Juliana María Escalante. Aspira al Senado de la República por el Partido Cambio Radical. Es hija de la senadora del partido Opción Ciudadana, Teresita García Romero, quien es cuestionada por parapolítica y heredera de la estructura política de su hermano Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a más de 40 años por la masacre de Macayepo. Luis Eduardo Díaz-Granados Torres. Aspira dar el salto al Senado como una apuesta del Clan Char y Cambio Radical para aumentar su presencia en la cámara alta del Congreso. Díaz-Granados lleva ya dos periodos en la Cámara de Representantes y en 2014 fue fórmula del senador Arturo Char en 2014. Su casa política tiene presencia en Atlántico y Magdalena. Su fórmula a la Cámara de Representantes será el empresario José Amar. Mediante esta jugada, el partido Cambio Radical espera sacar la mayor votación a la Cámara por el Atlántico. Díaz-Granados Torres estuvo vinculado en una investigación de la Fiscalía por mantener cuotas políticas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) departamental a principios de 2016, cuando fue capturada la ex directora regional, Yolanda Ruiz por irregularidades en la alimentación escolar. La mayoría de funcionarios del ICBF en el Atlántico fueron puestos bajo la directriz del partido Cambio Radical. Miguel Amín Escaf. Aspira al Senado de la República y para las elecciones legislativas de 2018 jugará como uno de los aliados de los Char, apoyando a uno de sus candidatos a la cámara: Víctor Escorcia, y recibiendo apoyo del Clan para su reelección. Cámara Gina Gnecco. Aspirante a la Cámara de representantes por Cambio Radical. Fue secretaria de hacienda de Sugeyla Oñate, quien estuvo encargada cuando destituyeron a Kiko Gómez. Gina cuenta con el apoyo de los Char. Hernando Padauí. Aspira a ser reelegido a la Cámara de Representantes por Cambio Radical a pesar de ser objeto de una indagación en la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral en los comicios para el Congreso de la República en 2010. Karen Cure. Candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es la heredera directa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. Es la esposa de Giovanni Meza, ex candidato a la alcaldía de Magangué. Fuente: @lilibethllinas Lilibeth Llinás. Aspira a la Cámara de Representantes del Atlántico como fórmula de la candidata conservadora al Senado, Aída Merlano. Es hermana del diputado del Atlántico y exalcalde de Malambo, de Cambio Radical, Adalberto Llinás. Lilibeth militó en Voluntad Popular, movimiento creado por Fuad Char, de quien espera recibir su apoyo en las próximas elecciones. Víctor Escorcia Rodríguez. Aspira a la Cámara de Representantes con el apoyo del Clan Char. Es exalcalde del municipio de Malambo, donde aún tiene una gran influencia. Prueba de lo anterior es la victoria contundente de su ficha a la alcaldía en las elecciones del 2015, Efraín Bello. Tiene un proceso en la Procuraduría por presuntamente haber violado el régimen de inhabilidades, al contratar con exempleados al servicio del Estado.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación @ArielAnaliza El recientemente formado partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, agrupación política que surgió luego de la dejación de armas de la guerrilla de las FARC, ha tenido una bienvenida a la política colombiana que parece una pesadilla. Tres hechos se han presentado. Por un lado, poco más de una treintena de exguerrilleros han sido asesinados. Al menos seis de ellos por la guerrilla del ELN que aún queda en armas y otros doce por el grupo neo-paramilitar llamado Clan del Golfo y el resto sin autor identificado. Además, han debido suspender actos políticos ante amenazas inminentes de atentados. A esta situación de violencia se le debe sumar los cerca de 20 líderes sociales asesinados en tan solo 40 días en Colombia y que suman 130 desde la firma del acuerdo de paz. En segundo lugar, desde finales de febrero del presente año los militantes del partido comenzaron campaña política. Los primeros días, la ciudadanía reaccionaba con curiosidad, pues conocer los antiguos guerrilleros caminando por las urbes tenía su atractivo. Pero luego, se presentaron hechos realmente violentos: el primero en una ciudad, capital del departamento del Quindío, Armenia. Allí, el jefe de las FARC tuvo que salir escoltado, ya que un grupo de personas se agolpó a la salida del recinto donde se encontraba para insultarlo, tirarle piedras, botellas de agua y agredir a su escolta personal. Unas horas después sucedió los mismo en Cali. Allí, la situación fue más grave. Para poderlo sacar se tuvo que llevar a la policía antimotines de Colombia. Lo mismo sucedió con el cabeza de lista al Senado del partido de la Fuerza del Común, Iván Márquez, quien debió cancelar un evento en la ciudad de Florencia. Todo parecía indicar que los hechos eran producto de una concentración espontanea de personas que se agrupaban para insultar a los exguerrilleros. Líderes de opinión, periodistas y políticos, manifestaron que era “entendible”, pues había odio dentro de la sociedad. Solo el Gobierno nacional, unos pocos líderes de opinión y la comunidad internacional cuestionaron este tipo de hechos. Pero luego de lo sucedió en Cali se logró comprobar que no se trataba de manifestaciones espontaneas, sino que detrás había agitadores profesionales. Al parecer, pero sin lograse comprobar aún, ligados a partidos de la derecha. El cálculo político de los partidos de derecha parecía sencillo, pues, incentivando este tipo de hechos, los medios de comunicación los iban a registrar como noticia de primera plana, y ello llevaría a un efecto cadena para motivar el voto a partir de encender el odio a las FARC en la ciudadanía. Los discursos de los líderes políticos de la derecha estaban preparados. Eran una copia de lo mismo que se escuchaba días antes del plebiscito por la paz. En todo caso, eso de provocar acciones violentas en medio de campañas políticas era jugar con candela. Días después la sede de campaña de Uscátegui, uno de los miembros más fuerte de la derecha, fue atacada en Bogotá en medio de protestas estudiantiles. En la entrada se pintó un letrero que decía “paracos”. Al mismo tiempo en Medellín, una de las víctimas de la persecución estatal y paramilitar en el siglo XX, que recientemente retornó al país, Aída Avella, fue agredida por políticos de extrema derecha. Avella por ser de izquierda era tratada de terrorista y guerrillera. Un juego peligroso que puede terminar derramando sangre. Por último, las FARC se han topado con los obstáculos de la burocracia estatal, no han recibido los dineros para poder financiar su campaña política. En todo caso, lo que más preocupa son los hechos de violencia. El Gobierno nacional convocó hace varios días un pacto de no agresión en medio de la campaña electoral, solo el Partido Verde, el Polo Democrático se pronunciaron a favor. También el Gobierno convocó un pacto para rechazar crímenes contra líderes sociales y solo el partido de la Fuerza Alternativa del Común manifestó que lo firmaba. Solo odio es lo que se respira en esta campaña electoral. Lo que sucede, es que cuando esto ocurre en Colombia, el odio se acompaña de sangre. Parece una historia que se ha vivido en otro tiempo. Fuente: El País

Por: Jorge Andres Hernández. Coordinador Línea de Democracia & Gobernabilidad La vigencia de izquierda y derecha Mientras “el centrismo” parece estar llegando a su fin como modelo político dominante en el mundo occidental de las últimas dos décadas, en Colombia hay una glorificación de la ambigua categoría (cualquiera sea su contenido). En efecto, en Norteamérica y en Europa, de un lado, se percibe una progresiva radicalización de la izquierda y de la derecha, que contradice “el centrismo” de décadas pasadas, cuando los partidos demócrata-cristianos (derecha moderada) y los socialdemócratas (izquierda moderada) habían llegado a puntos de acuerdo que parecían haber difuminado las diferencias históricas entre los partidos dominantes de la vida política occidental. Hay muchos ejemplos: los últimos gobiernos del PSOE español, del Partido Socialdemócrata alemán y del laborismo inglés poco se diferenciaron de los de sus rivales electorales (el PP, la Unión Cristiano Demócrata y del Partido Conservador) en política económica. Es lo que Tariq Ali denominó (con ambigüedad posmoderna) el triunfo del “extremo centro” (Tariq Ali, “El Extremo Centro”, Madrid, Alianza Editorial, 2015), esto es, una especie de consenso entre el bipartidismo tradicional para desarrollar políticas de libre mercado que generaron mayor desigualdad en la población común y que ha sido analizada en la célebre obra de Thomas Piketty. La prevalencia del “extremo centro” durante un par de décadas, ha cedido frente al avance de perspectivas de izquierda (no revolucionarias, pero más radicales) en el seno de la socialdemocracia europea y norteamericana, como al fortalecimiento de perspectivas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. El surgimiento de Podemos en España, las candidaturas de Jeremy Corbyn en el laborismo inglés y de Martin Schulz en la socialdemocracia alemana, como la de Bernie Sanders en el partido demócrata de los Estados Unidos, son ejemplos de una izquierda crítica con la deriva centrista de los partidos socialdemócratas en años pasados. Al mismo tiempo, el crecimiento del Frente Nacional en Francia, de Alternativa para Alemania, el Partido de la Libertad en Austria, Ciudadanos en España y de otras formaciones de derecha nacionalista, como la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, han demostrado el fin de la moderación en el debate político de esos contextos geográficos. Si en algún lugar ha estado vigente la díada izquierda-derecha (no centrista) es en América Latina. Tras el fin de las dictaduras militares en buena parte del continente, le sucedieron gobiernos centristas neoliberales, que luego dieron paso a una oleada de gobiernos de izquierda que llegó al poder mediante competencias electorales. Tras el triunfo de Chávez en las elecciones venezolanas de 1999, hubo una oleada inédita de gobiernos de izquierda en la región (Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay), que generó un giro histórico en la política de la región. Hoy presenciamos un giro a la derecha pero, en cualquier caso, el debate visceral entre izquierda y derecha sigue vigente en la cultura política latinoamericana. La política latinoamericana es cualquier cosa menos centrista. La ambigüedad de la política colombiana: el extremo centro En Colombia existen partidos clientelistas, sin diferencias ideológicas claras. Mientras politólogos realizan clasificaciones de partidos políticos en otras latitudes, conforme a la ubicación en el espectro ideológico izquierda-derecha, aquí es imposible diferenciar entre La U, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y el Centro Democrático. De allí surgen fenómenos tan peculiares como que los presidentes más autoritarios y conservadores de la Colombia contemporánea provengan del partido liberal: Julio César Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez. Sin partidos políticos ideológicamente diferenciados, las categorías “izquierda”, “derecha” y “centro” son muy gaseosas. De acuerdo con el Barómetro de las Américas (2016), una de las encuestas sobre democracia más amplias aplicadas en el continente, el 28 por ciento de los colombianos dijo ser de centro, el 9 por ciento se ubicó en la izquierda y el 10 por ciento en la derecha. El 47 por ciento restante tuvo posiciones ambiguas, esto es, de izquierda en algunos ámbitos y de derecha en otros. En una cultura política dominada por la ambigüedad y el centrismo (juntos suman el 75%), algunos intentan expresar y representar políticamente esa franja. Son quienes se autocalifican de “centro”, un peculiar y etéreo ámbito del espectro político que cuenta con dos candidaturas presidenciales: Iván Duque (Centro Democrático) y Sergio Fajardo (Coalición Colombia).  Dirigentes de ambas candidaturas  sostienen que la izquierda y la derecha son categorías caducas, pero paradójicamente los acompañan todo el tiempo en sus discursos y entrevistas, como fetiches reprimidos. La misma categoría de “centro” implica explícitamente que uno se define en relación con la díada izquierda-derecha, como aquello que uno quiere negar de modo furibundo, pero que lo atraviesa estructuralmente. Es un coqueteo claro con el célebre dictum borgiano: “Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos.” Como si “el centro” no fuese ya un espacio notablemente ambiguo, los candidatos presidenciales Iván Duque y Sergio Fajardo se autodefinen en diversas entrevistas como de “extremo centro” (¿habrán leído al izquierdista Tariq Ali?), como lo hace Enrique Santos Calderón desde los años 90 y Noemí Sanín en las elecciones de 2002. Pero, ¿qué es el “extremo centro”? Sus voceros no han ahondado en una mayor clarificación conceptual: ha de suponerse que ambos carecen de “ideólogos”, pues ambos dicen haber abjurado de toda ideología. Por definición, el centrismo quiere denotar una moderación en la política, un distanciamiento de los extremos, esto es, izquierda y derecha. Sin embargo, la categoría “extremo centro” es un verdadero oxímoron, una contradicción en los términos, a no ser que pueda entenderse como una expresión involuntaria de aquello que uno quiere reprimir con todas las fuerzas, pero se desliza subrepticiamente en el lenguaje. O quizás podría entenderse mejor con lo que la cultura popular latinoamericana ha denominado “la filosofía de la Chilindrina”: “Pos ya sabes que yo como digo una cosa digo otra.” El Centro Democrático El autodenominado “Centro Democrático” (sic) es el partido que se ubica más a la derecha en el espectro político colombiano y cuyo nombre podría calificarse como el clímax del eufemismo nacional. Pese a los reiterados y hábiles intentos de Uribe por calificar su partido como de “centro”, voces más sinceras salen de cuando en cuando a flote. El exministro Fernando Londoño declaró en la segunda convención nacional del uribismo (2017): “Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias ahí más o menos fortuitas, pero políticamente es todo, menos de centro. Este partido es de derecha, entiendo yo. Por lo menos, yo me declaro, sin ninguna vergüenza, de derecha dentro de esta confrontación política moderna.” Con notable habilidad, Uribe ha logrado reunir en torno a su liderazgo caudillista a gente de derecha como Londoño y a renegados de la izquierda, reunidos todos en un visceral anti-izquierdismo. Quien repase las páginas de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (filial del Centro Democrático) se encontrará con la difusión de columnas de muchos intelectuales (especialmente paisas), quienes en tiempos de juventud abrazaron alguna de las sectas del marxismo-leninismo, dedicaron muchos de sus mejores años a luchar por “la revolución”, pero luego consideraron que habían fracasado, así que abjuraron (en forma obsesivo-compulsiva) de todo aquello. No es una casualidad que los escritos más feroces (en las páginas del CPPC) contra la izquierda provengan de quienes alguna vez recitaban con devoción las tesis filosóficas del Presidente Mao Tse Tung o luchaban por el advenimiento de un “hombre nuevo”. La ferocidad de los ataques contra la izquierda revela un mecanismo muy complejo de los conversos, que el psicoanálisis freudiano ha denominado sentimiento de culpabilidad y se manifiesta en autodesprecio y autocastigo. En el fondo, cuando los conversos atacan tan radicalmente a la izquierda, se atacan a sí mismos, atacan sus propias identidades juveniles del pasado que también abrazaron la causa revolucionaria y ahora quisieran borrar de un plumazo. Son obsesivamente anticomunistas, pero se niegan a ser calificados de derecha. Dicen ser liberales y centristas, pero si algo los define (como a sus antiguos camaradas de izquierda) es la ausencia de moderación. Por eso no extraña que el Centro Democrático establezca una alianza con Alejandro Ordóñez, quien ha militado en grupos ultraconservadores y reaccionarios como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (defienden la misa en latín y se oponen a las reformas del Concilio Vaticano II), Tradición Familia y Propiedad (con quienes quemó libros en Bucaramanga de García Márquez, Marx y Rousseau) y en la Comunidad Tradicionalista (es Caballero de la Orden de la Legitimidad Proscrita). Ordóñez no es un conservador que quiere simplemente conservar las tradiciones. Es un reaccionario antiliberal y anticomunista que quiere volver atrás: se opone a la independencia de la Nueva Granada (hoy Colombia), anhela retornar a una monarquía borbónica y se opone a las conquistas de la modernidad: la secularización, la separación entre iglesia y estado, la igualdad de derechos. En suma, el Centro Democrático es una convención muy peculiar de ultraderechistas e izquierdistas renegados, a quienes une el odio a la izquierda. El “centrismo” parece ser solo un velo para refugiarse en las categorías ambiguas que tanto gustan en la posmodernidad. El centrismo de Fajardo A diferencia de muchos del Centro Democrático, Fajardo no tiene un pasado de izquierda ni de derecha. El centrismo de Fajardo surge como expresión de un intento de modernización política frente al clientelismo paisa y en momentos en que se popularizó la idea de la tecnocracia como mejor forma de gobierno. En esta perspectiva, deben decidir los expertos, no los políticos clientelistas, con fundamento en la experticia, especialmente la científica, técnica o académica. Su idea de fondo es que la ideología (de izquierda o derecha) contamina todo e impide tomar las mejores decisiones. Pasa por alto que en una sociedad tan desigual, muchas decisiones de gobierno implican decisiones técnicas e ideológicas (al tiempo). Pero así se ha movido siempre en la escena política: ni de izquierda ni de derecha, ni uribista ni antiuribista (dice). Se trata de un centrismo difícil de clasificar porque promueve una especie de vacío ideológico, un territorio muy ambiguo dónde ocultarse. Allí no hay certezas (como en la izquierda y en la derecha). Carece del sentido de utopía de la izquierda (una sociedad más igualitaria, un programa de reformas que libere de la actual opresión), pero también de la nostalgia propia del conservadurismo (recuperar los valores perdidos, defender la tradición que se encuentra en peligro). Es así un espacio moderado y racional, sin las emociones que despiertan la izquierda y la derecha. Eso le permite conectar con muchos sectores sociales (especialmente medios educados urbanos) agotados de la polarización y probablemente conecta con la ambigüedad política de muchos colombianos. Pero está por verse si ello funciona en un país tan emocional y apasionado. Un ejemplo cumbre de la ambigüedad de este centrismo es un trino de la cabeza de lista en Bogotá a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, una notable jurista que asesoró el proceso de paz en La Habana: “¡Muchas gracias @sergio_fajardo por este reconocimiento tan especial! Yo tampoco creo que la forma de entender la realidad sea con rótulos de izquierda o de derecha que “le ponen un marco rígido a todas las discusiones”. Creo, como usted, en los principios.” El argumento central de este centrismo es que las categorías de izquierda y de derecha ya no sirven para explicar la realidad. Pero “los principios” serían las nuevas categorías. Ocurre que “tener principios” es una cosa para Alejandro Ordóñez y otra para Claudia López. Los principios se diferencian precisamente porque existe una concepción de sociedad diversa: unos quieren mayor igualdad, otros mayor libertad, los otros más seguridad y orden. Y es lo que clásicamente se entiende por principios de derecha e izquierda… Paradójicamente, el movimiento de Fajardo alberga a muchos antiguos militantes de izquierda, en lo que se asemeja al Centro Democrático. Así fue en la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia, cuando parecía la única opción para muchos realistas de izquierda, en un escenario caracterizado por la hegemonía del uribismo, el clientelismo corrupto, la marginalidad de la izquierda (a diferencia de Bogotá) y el proceso de conversión de muchos antiguos militantes de izquierda. Ello se acrecentó, por supuesto, en la Coalición Colombia, con movimientos que tradicionalmente han sido de izquierda, pero que hoy se ocultan en el centro. Quizás no sea una casualidad que ambos “centrismos” (Centro Democrático y Coalición Colombia) provengan de la cultura paisa. Allí es aplastante el uribismo y la izquierda marginal. Ambos quieren escapar de la díada izquierda y derecha, pero albergan a muchos antiguos izquierdistas. La cultura política paisa es cualquier cosa menos centrista y moderada, pero allí se adora el eufemismo. Quizás por eso se entiende cuando Iván Duque y Sergio Fajardo dicen ser candidatos del “extremo centro”. Es una manera de ser moderados y extremistas al tiempo. Con ello expresan la confusión política del tiempo histórico. Publicado en Razón Publica www.razonpublica.com/