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El primero es Richard Aguilar, quien es hijo y heredero de la estructura política de su padre, el coronel Hugo Aguilar. Este último fue condenado por vínculos o relaciones con estructuras paramilitares, particularmente el Bloque Central Bolívar. El clan Aguilar maneja al menos 23 alcaldías de Santander. Recientemente Hugo se vio envuelto en un escándalo, debido a un lujoso carro, avaluado en cerca de 200 millones de pesos, que manejaba, aunque ante la justicia declaraba que no tenía plata para pagar los más de 6.000 millones de pesos que debía cancelar por la multa impuesta. Richard aspira a heredar la curul de su hermano Mauricio Aguilar, quien se desempeña actualmente como senador y todo parece indicar que abandonaría su escaño en el Congreso para buscar la Gobernación de Santander en 2019. En 2014, Mauricio Aguilar se lanzó por el partido Opción Ciudadana y alcanzó 100.159 votos. La siguiente cuestionada es Juliana Escalante, hija de la actual senadora por Opción Ciudadana Teresita García Romero, heredera de la estructura de Álvaro, “el Gordo García, quien fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. En 2014 Teresita logró cerca de 40.000 votos. El siguiente cuestionado es Antonio Guerra de la Espriella. Ha sido mencionado en el escándalo de Odebrecht. Además, hace parte de la vieja y cuestionada estructura política sucreña de la familia Guerra. Es de tal magnitud el poder de esta familia que hay tres miembros de ellos en el Senado. Tres parientes en un país de casi 50 millones de habitantes. Antonio Guerra es hermano de la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra y son primos del senador, por Opción Ciudadana, Julio César Guerra Soto. En 2014, Antonio Guerra logró casi 60.000 votos. También en la lista está la senadora Daira Galvis, cuestionada por la cercanía con la empresaria del chance Enilce López o la Gata. Se pueden concluir dos cosas. Por un lado, cerca de 250.000 votos de Cambio Radical serían resultado de estructuras políticas cuestionadas. Muchas, literalmente, manchadas con sangre. Nadie duda de que Cambio Radical sacará una gran votación, pues la lista fue armada con la idea aquella del “todo vale”, no hubo casi ningún principio ético para conformarla. La segunda conclusión es que Cambio Radical le dio un golpe de muerte al partido Opción Ciudadana, pues le quitó casi 150.000 votos, con lo que lo pone en serios aprietos para lograr el umbral. No se debe olvidar que este estaría entre los 450.000 y 480.000 votos. La idea de Cambio Radical es doblar su actual representación en el Congreso de la República y llegar a no menos de 18 senadores, con eso garantizar una candidatura presidencial fuerte de Germán Vargas Lleras. Además el candidato cuenta con apoyos en el Partido de la U, sectores conservadores y hasta liberales. Una maquinaría que le daría al menos 4 millones de votos seguros en primera vuelta. Pero el listado de cuestionados abarca al Partido de la U, al Centro Democrático, a los liberales, es un mal de la política colombiana. Los partidos seguirán avalando este tipo de candidatos mientras los ciudadanos sigan votando por ellos. La ciudadanía es la gran responsable de la debacle democrática en Colombia, no hay castigo ni sanción social. Por otro lado: Recientemente un sitio web manifestó que Richard Aguilar tenía “vuelo propio”, pero ni siquiera el propio Richard ha negado la importancia del apoyo y votos de su padre. Columna de opinión publicada en Semana.com

Durante el cese bilateral no hubo voladuras al oleoducto, no hubo combates o choques militares directos  y en general la población de regiones como en el Catatumbo, el departamento de Arauca, o algunas zonas de Antioquia, manifestaban un alivio humanitario. Sin embargo, durante el cese, ocurrieron 35 incidentes, algunos de ellos graves, como el asesinato del gobernador indígena en Chocó, o la masacre de Magüi Payán. En todo caso el balance es positivo. Para la semana pasada, había al menos dos cosas claras. Por un lado, que tanto el Gobierno pero sobre todo el ELN, pedía ajustes al cese bilateral, la expresión que utilizaron fue el robustecer el mismo. Lo otro claro, era que esos ajustes no se harían de forma rápida o en cuestión de horas y se debía buscar alguna fórmula que permitiera alargar el cese al menos por unos días mientras se negociaba el nuevo. El objetivo era que el nuevo cese cobijara el periodo electoral y que las comunidades rurales de al menos 62 municipios pudieran votar tranquilamente por primera vez en décadas. A medida que se acercaba la hora límite la situación se iba complicando. Efectivamente, el Gobierno tardó mucho en nombrar el nuevo equipo negociador y casi todos se fueron de vacaciones. Por ende no hubo una interlocución constante con el ELN. Por otro lado, dentro del ELN crecían las voces de pedir ajustes casi imposibles de lograr. Al final la hora límite llegó y no hubo ningún anuncio de prolongación o de medidas de contingencia. Así, luego de los cuatro ataques del ELN, el Gobierno decidió traer el equipo a Colombia y suspender la mesa. El ELN provocó una crisis innecesaria a partir de un cálculo militar sin racionalidad política. Es decir, algunas estructuras del ELN pensaban que con estos ataques se iban a mostrar fuertes y presionarían un cese en mejores condiciones. Pero políticamente la estrategia les falló y fue algo así como un bumerán. Se podría decir, que si bien en Colombia hay un debate en torno al acuerdo de paz con las Farc y una polarización frente a la paz como concepto. También se puede decir que el país se ha ido acostumbrando a la paz y el rechazo fue monumental ante los ataques del ELN la madrugada de ayer. Ya no es posible devolver el tiempo y lo que se debe hacer es buscar alternativas. Pues bien aquí van algunas de ellas. Primero, se propone que  sean los países garantes como Cuba y Venezuela los que lideren la salida a la crisis. Mientras eso pasa, se propone a las partes algo así como un cese no oficial, es decir, que las partes decidan no realizar acciones ofensivas al menos por 20 días, mientras en Quito los equipos pactan las condiciones del nuevo cese. Este nuevo cese debería clarificar algunas interpretaciones del protocolo del cese anterior y profundizar en los compromisos de las partes. Pero no debería tardar más de 20 días. Una vez esto se logre, se propone que la mesa rápidamente avance en el método de la participación social para que por fin las negociaciones de paz despeguen y con ello conseguir que el 7 de agosto, cuando se  dé el cambio de Gobierno, el proceso esté lo suficientemente fuerte, como para que al Gobierno entrante no le quede otra alternativa que continuarlo y así cerrar este capítulo de 50 años de violencia. En todo caso, se debe tener en cuenta que durante más de tres años se negoció con las Farc en medio del conflicto, igual pasó con el ELN, durante meses se negoció en medio de la guerra. Así las cosas, si pasados los 20 días no se logra un acuerdo sobre el nuevo cese, pues la alternativa es negociar en medio del conflicto y pasar rápidamente a la discusión sobre la participación social. Columna de opinión publicada en Semana.com

Más de 150 firmantes, entre los que se encuentran empresarios, académicos, escritores, artistas, autoridades locales, líderes de gremios y de organizaciones civiles y de víctimas,  piden al presidente Juan Manuel Santos y a Nicolás Rodríguez Bautista, comandante del Eln, mantener el cese del fuego acordado hasta el próximo 9 de enero. A continuación el texto de la carta: Bogotá, 4 de enero de 2018 Señores: Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia Nicolás Rodríguez Bautista, comandante del Ejército de Liberación Nacional Las personas abajo firmantes, estamos convencidas de que la salida negociada del conflicto armado es una prioridad, reconocemos los esfuerzos de las partes de la Mesa de Quito y hacemos eco de las comunidades que se han beneficiado de manera directa del cese al fuego bilateral entre el gobierno colombiano y el ELN. Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo. Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral. Por esto, pedimos a ustedes que mantengan la decisión de continuar los diálogos en medio de un cese bilateral, haciendo los ajustes que se requieran, pero sin dejar espacio a la guerra. Una ruptura del cese podría afectar de manera significativa el propio proceso de diálogos, a pesar de que las partes persistan en la Mesa. Como personas defensoras de la solución pacífica de los conflictos, ofrecemos nuestros buenos oficios para acompañar la Mesa de Quito y avanzar hacia un país en paz. Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca José Luis Diago Franco, rector de la Universidad del Cauca Víctor de Currea-Lugo, profesor Universidad Nacional de Colombia Piedad Bonet, escritora Camilo González Posso, presidente Indepaz Diego Otero, rector Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia Mauricio Rodríguez, profesor y periodista German Castro Caicedo, escritor Mónica de Greiff, presidenta Cámara de Comercio de Bogotá Carlos Enrique Cavelier, presidente de La Alquería Gustavo Wilches-Chaux, ambientalista Patricia Lara, escritora Lucero Zamudio, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Externado de Colombia Clara Rojas, congresista Ricardo Álvarez, Asociación de Productores de Leche de Chocontá, Aprolecho Sigifredo López, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes Antonio Celia, presidente de Promigas Gladis Jimeno, socióloga César Torres, Fundación para el Acceso a la Justicia. Alberto Concha Eastman, médico Helberth Choachi, docente y Secretario General, Universidad Pedagógica Nacional. Leonel Narváez, Fundación para la Reconciliación Adelina Covo, abogada, escritora e historiadora Marco Romero, profesor Universidad Nacional de Colombia y director de CODHES Álvaro Forero Tascón, académico y periodista Carlos Arcesio Paz, empresario. Álvaro Restrepo, director del Colegio del Cuerpo, artista Jesús Abad Colorado, periodista y fotógrafo Marta Orrantia, escritora Mauricio Cabrera, empresario y analista económico Juan Carlos Houghton, Director Corporación Ensayos Luis Fernando Sanmiguel, pastor de la Iglesia Presbiteriana “Comunidad de Esperanza”. Jorge Enrique Rojas, Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz Leopoldo Múnera Ruíz, Profesor Universidad Nacional de Colombia Danilo Rueda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Carlos Medina Gallego, profesor Universidad Nacional de Colombia Carlos Arturo Velandia, Gestor de Paz Blanca Valle Zapata, socióloga Fabián Martínez Giraldo, sociólogo Adriana Herrera B., empresario Flor Patricia Silva Martínez, secretaria general, Asociación Sindical de Educadores, Valle del Cauca Ubencel Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Mónica Valdés, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- Amarc ALC Luis Fernando Lenis S., empresario Luis Sandoval, Director ejecutivo de la Asociación Democracia Hoy Camilo Álvarez, investigador del Centro de pensamiento raizal Alejo Vargas, profesor Universidad Nacional de Colombia María Eugenia Mosquera Riascos, Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios CONPAZ Jaime Zuluaga Nieto, profesor Universidad Externado de Colombia Luis Eduardo Salcedo, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil Carlos Alberto Benavides, profesor universitario Augusto Osorno Gil, dirigente porcicultores de Colombia Catalina Cruz Betancur, antropóloga Álvaro Jiménez, Director campaña Colombiana Contra Mina antipersonal Alonso Ojeda Awad, vicepresidente del CPDH María Eugenia Vásquez Perdomo Kolectiva de pensamiento y acción política. Gustavo Adolfo Carvajal S., empresario Fernando Sarmiento Santander, filósofo y politólogo Amaury Padilla, director del programa de Desarrollo y Paz del Cesar Luis Rocca, editor Norma Enríquez Riascos, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz Diana Drews, artista Mario Hernández, profesor Universidad Nacional de Colombia Luis Eduardo Celis, sociólogo Enrique Galán, Director Casadepaz, Casanare Medófilo Medina, profesor Universidad Nacional de Colombia Rodrigo Otoya D., empresario Martha Lucía Sánchez Segura, Kolectiva de pensamiento y acción política. Juanita Barreto Gama, Kolectiva de pensamiento y acción política. Julio Roberto Jaime Salas, profesor Universidad Surcolombiana Lorena Garzón Godoy, profesora Universidad Pedagógica Nacional Víctor Manuel Rodríguez Murcia, profesor Universidad Pedagógica Nacional Luis Alfonso Garzón Pérez, profesor Universidad Pedagógica Nacional Alexander Trujillo Baca, profesor Universidad Surcolombiana Francisco Lourido M., empresario Asier Altuna Epelde, Responsable de Sortu para América, País Vasco Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, del Congreso de los Diputados por EH Bildu, País Vasco Luciano Romero Molina, Colectivo de Refugiados/as colombianos en Asturias Pedro Galindo, profesor Universidad Nacional de Colombia Nelly Amparo Benavides, Red Departamental de Mujeres Victimas Las Auroras, Santander. Silvia Elena Romo Morales, Red Departamental de Mujeres Victimas Las Auroras, Santander. Uldarico Flórez Peña, presidente Brigada Jurídica EUM Claudia Helena Mejía Fernández, ingeniera agrónoma, consultora en asuntos étnicos Gloria Estella Pinilla, periodista Gabriel John Tobón, Coordinador Grupo de Investigación Conflicto y Región Rodrigo Callejas Bedoya, presidente Corporación de Periodistas Víctimas Edwin Salazar S., empresario Alejando Sepúlveda, docente investigador Unimimuto Bogotá Yolima Ibeth Quintero Giraldo, docente de la Universidad de Antioquia María Lorena Libertti M, Universidad Popular de los Pueblos Jorge Armando Virviescas Nieto colectivo LGBT León Zuleta Aída Quiñones, profesora Pontificia universidad Javeriana Liliana Chaparro, docente Universidad Pedagógica Nacional Camilo Enrique Jiménez, Observatorio Derechos Humanos, Universidad Pedagógica Nacional Luz Maritza Sierra Fandiño, docente Universidad Pedagógica Nacional María Angélica Molina Albarracín, docente Universidad Pedagógica Nacional Jaime H. Díaz A. PhD, director Corporación PODION Antonio Celia M., empresario Cristian Raúl Delgado Bolaños, Comisión Nacional De Derechos Humanos, Marcha Patriótica Juan Hernández Zubizarreta, Profesor de la Universidad del País Vasco Andrea Aldana, periodista Ricardo Ernesto Villa, escritor Francisco Nahum Múnera Vázquez, sociólogo Jorge Londoño S., empresario John Harold Dávila G., Veedor Nacional Redepaz María del Rosario Bonilla, Corporación Síntesis Alba Teresa Higuera Buitrago, Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España Nancy J. Molina Achury, profesora Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia Javier Forero, miembro del Comité Nacional De Impulso por el M-19 Julio Mario Palacios Urueta, Observatorio de DDHH, Universidad Pedagógica Nacional Gustavo Gallón Giraldo, director Comisión Colombiana de Juristas Johana Huepa, docente Universidad Pedagógica Nacional Ainara Lertxundi, Redactora del periódico GARA Fernando Méndez, Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad Pedagógica Nacional Bernardo Mancini A., empresario Alejandro Álvarez Gallego, director del Instituto Pedagógico Nacional IPN Clara Inés Guerrero, Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia Sandra Mojica Enciso, Kolectiva de pensamiento y acción política. Luisa María Navas Camacho, editora Germán Roncancio, RedzUnipaz-Nodo Centro Hernando Corral, periodista Marta Buriticá, Kolectiva de pensamiento y acción política Patricia Bryon, Observatorio de Derechos Humanos, Universidad Pedagógica Nacional Patricia Eugenia Molano Builes, Universidad de Antioquia Eulalia Borja Bedoya Coeditora Revista de ciencias sociales Kavilando. José Fernando Valencia, abogado y docente Universitario Universidad Autónoma Latinoamericana Yani Vallejo Duque, Defensor público, integrante Grupo Kavilando, Jackeline Rojas Castañeda, Corporación Para el Desarrollo de los Territorios Jorge Aponte, docente universitario, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Villegas T., empresario Oscar Vanegas Angarita, profesor de la Universidad Industrial de Santander Luis Emil Sanabria Duran, presidente Nacional colegiado de REDEPAZ Alfonso Insuasty Rodríguez, docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín Daniela Barrera Machado, docente investigadora Universidad de San Buenaventura Medellín Alejandro Zuluaga Cometa Politólogo docente investigador Instituto Tecnológico Metropolitano Yeni Pino socióloga, investigadora, educadora popular, integrante Grupo Kavilando David Sanchez Calle, politólogo, investigador, Grupo Kavilando Gloria Moreno, periodista Darío Villamizar, escritor Omar Gutiérrez Lemus, sociólogo e investigador Social Juan Tokatlián, profesor Universidad Di Tella, Buenos Aires Omar Andrés Gómez Orduz, presidente Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU Diego Ruiz Thorrens, director Corporación ConPAZes Ignacio Zuleta Lleras, periodista Daniel Pécaut, profesor universitario y escritor Guillermo Londoño, artista. Ivonne Maritza Caro Roa, Médica – Salubrista Defensora del Derecho a la Salud Yolanda González – escritora Rodrigo Ernesto Carrascal Enríquez, arquitecto César Quiroga, ingeniero civil Esperanza Quiroga, ingeniera de alimentos María Isabel Carrasacal, economista Víctor Collazos- Cima, espacio regional de paz del Cauca Cristina Obregón, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz José Lora, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz Carlos Arcesio Paz B., empresario Yezid Campos, cineasta y antropólogo Max Yuri Gil Ramírez, sociólogo Antonio Madariaga, Corporación Viva La Ciudadanía Néstor Álvarez, químico farmacéutico Gloria Luna Rivilla, Delegada de la Red de Mujeres Chocoanas. Neila Hernández, directora Fundación Cultura Democrática, FUCUDE Jesús Alfonso Flórez López, profesor Universidad Autónoma de Occidente Roberto Romero, periodista Fernando Quintero A., empresario Sandra Rátiva, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México Leonel Plazas Mendieta, docente Universidad del Amazonas Jorge Iván Bula Escobar, profesor Universidad Nacional de Colombia Myriam Ortiz Hurtado, doctora en Ciencia, con especialidad de Matemática Educativa Alpher Rojas Carvajal, director Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales de Colombia Olga Amparo Sánchez, directora Casa de la Mujer Mauricio Ríos Molina, internacionalista Jenny Neme, Justapaz, Fundación de la Iglesia Menonita Efraín Serna Caldas, docente de la Universidad Pedagógica Yamile Salina Abdala, abogada Yolanda Reyes, Mesa Ecuménica por la Paz, MEP Ancizar Cadavid, Pax Christi Medellín Omar Fernández, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) Sol Ángela Hoyos Pérez, Mesa por la Salud y la Seguridad Social de Antioquia Rebeca Puche-Navarro Ph.D, investigadora Emerita de Colciencias Fernando Quijano, director La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades Ángela María Robledo, representante a la Cámara Guido Rivera, Coordinador Nacional Agrario CNA Cauca Miguel Fernández, Comité de Integración del Macizo Colombiano Fréderic Massé, consultor y docente-investigador Pablo E. Angarita, docente. Observatorio Seguridad Humana, Universidad de Antioquia. Antonio Sanguino, dirigente del Partido Verde. Jorge Enrique Freytter- Florián, exiliado político Ceferino Mosquera Murillo, presidente Confederación Nacional de Acción Comunal Bertina Calderón Arias, activista política. Blanca Grijalba, Federación comunal de Nariño Luis Eduardo López Ortiz, Federación comunal de Dosquebradas Martha Maldonado, presidenta Confederación Nacional de Acción Comunal Jaime Gutiérrez Ospina, Consejo Nacional de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización Milton Mejía, Secretario General del Consejo Latinoamericano de Iglesias Pedro Chaparro, Dirigente del PUP-PDA Rose Mary Betancurth Claro, presidenta de la Federación Comunal del Caqueta Leonardo González Perafán, Indepaz Daniel Rico, Dirigente del PUP-PDA Milciades Púa, pastor presbiteriano, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas Gloria Ulloa, presidente del Consejo Mundial de Iglesias para América Latina Adelaida Jimenez, Instituciones de Educación Teológica de América Latina y el Caribe Zain H. Cuadros Villamizar, docente Universidad de Pamplona y escritor

El primero de enero el país amaneció con la noticia de una gran silbatina y abucheo al presidente Santos en Cartagena. En medio de la crisis de noticias, relativamente normal, en un país en festividades navideñas y sobre todo en un país en paz que estaba acostumbrado a abrir con noticias violentas, el abucheo fue noticia principal en varios medios de comunicación. Inmediatamente surgieron múltiples interpretaciones sobre la silbatina: desde la consecuencia de la reforma tributaria, hasta que las camionetas que recogieron al presidente estaban en contravía y claro, el proceso de paz. También, como era de esperarse, la oposición política aprovechó el video, aunque cada cual desde su tribuna, pero tanto la derecha radical, como la izquierda no dejaron pasar el momento. En todo caso el registro del hecho, las interpretaciones y las razones del escándalo no dejan de parecer estúpidas. Por un lado, es bastante normal una silbatina a un presidente, más aun cuando está terminando su periodo de gobierno, es decir, en momentos de desgaste es normal, las abucheadas a Pastrana, Uribe, Samper se cuentan por decenas. Así que aquí no hay nada nuevo o espectacular. Por otro lado, el ruido no va a cambiar políticamente al país, es decir, es un ejercicio que desde el punto de vista de la Ciencia Política tiene un impacto de tipo ético, es lo que se llama “resistencia no violenta”, pero desde lo político no hay nada sustancial, ya que los ciudadanos siguen votando por los mismos que nos han gobernado los últimos casi 200 años. Es decir, abuchean a alguien para seguir votando igual. Si la ciudadanía está indignada y quiere cambiar el país, le recomiendo que no vote por los mismos, sin embargo, las encuestas dicen que van a votar por Vargas Lleras, el que diga Uribe, el Partido Conservador, los liberales, La U, etc., es decir, los de siempre. Pero la mayor estupidez no está en pensar que silbando y votando por los mismos se va a cambiar el país, sino en aquellos que abuchearon al presidente Santos por haber firmado el proceso de paz, eso sí que es una idiotez. Por ejemplo, hace un año, las Farc estaban en 242 municipios de los 1.122 que tiene el país, hoy ya no hay Farc entendida como guerrilla. De hecho, las zonas donde algunos excombatientes están ubicados, llamados espacios territoriales de reincorporación y capacitación, están en 26 veredas, es decir, menos del 2 por ciento del territorio donde estaban hace 1 año. La pregunta es ¿en serio hay gente que continua pensando que Santos le entregó el país a las Farc o que fue el mal negocio? porque eso no dicen los datos. Columna de opinión publicada en Semana.com

En menos de dos días ocurrieron en Colombia dos hechos totalmente opuestos. Por un lado, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el asesinato de líderes sociales era producto de líos de faldas (infidelidades) y problemas a la hora de consumir alcohol. Por otro lado, solo unas horas después de lo manifestado por el ministro, salió una fotografía en la cual algunos líderes sociales de la región del Urabá chocoano y antioqueño, al noroccidente del país, se tapaban la cara con máscaras para poder hacer las denuncias sobre despojo de tierras. De hecho, dos semanas antes de la foto, dos reclamantes de tierras habían sido asesinados. Los datos hablan por sí solos: en el año 2017 han sido asesinados alrededor de un centenar de líderes sociales. Además, otros cerca de 200, han sido amenazados, obligados a salir de sus sitios de residencia y en otros casos han sufrido atentados. A pesar de esta tragedia, la discusión en Colombia se ha planteado en términos semánticos: algunos líderes de opinión y miembros del Gobierno han dicho que no todos los asesinados son líderes sociales y que además en ningún caso se comprueba sistematicidad, pues los victimarios son diferentes. Según ellos, no se podría hablar de un plan orquestado por una estructura criminal. Por otro lado, organizaciones sociales han planteado la discusión en términos totalizantes, se habla de un gran plan paramilitar de exterminio, orquestado, o al menos ejecutado, con la complacencia y autoridades y funcionarios públicos. Efectivamente, todo parece indicar que no es una sola organización criminal la que asesina líderes sociales. Estos han caído a manos del grupo posdesmovilización paramilitar del Clan del Golfo, también a manos de la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos regionales que prestan servicios de seguridad privada. Sin embargo, llama la atención que el perfil de los líderes asesinados es bastante similar. Son reclamantes de tierras o personas que lideran organizaciones de víctimas. También son líderes que aspiraban a competir en política en las elecciones locales del 2019, o son presidentes o dirigentes de las Juntas de Acción Comunal (organizaciones sociales de base). Todo parece indicar que existen personas en la legalidad que contratan a grupos criminales para que asesinen a estos líderes sociales, por ello no es la misma estructura criminal la que comete estos hechos. Por ejemplo, durante todo el conflicto armado colombiano, fueron despojadas más de seis millones de hectáreas de tierra, principalmente campesinos o pequeños propietarios perdieron su tierra, ahora en épocas de paz, aspiran a recuperar lo que les fue robado, y por ese intento de reclamar, los están matando. En el occidente colombiano, los líderes sociales que denuncian presencia de economías ilegales también son perseguidos. El municipio de Tumaco es un buen ejemplo. O los que intentan competir políticamente con las viejas estructuras políticas también caen muertos. Si bien casi en un 50% de los casos se han capturado a los autores materiales de los asesinatos, nada se sabe de los autores intelectuales, de hecho, en zonas como las del Urabá, la impunidad es casi total. En pleno siglo XXI, los líderes deben aparecer con máscaras ante una cámara de vídeo para reclamar sus tierras. Y a pesar de saber quienes fueron los despojadores no ocurre nada. Los que se quedaron con la tierra se amparan en la figura de “terceros de buena fe”, es decir, agentes que se quedaron con la tierra despojada, pero que al momento de adquirirlas no sabían que estaban manchadas de sangre. Los paramilitares en muchas de las regiones colombianas crearon cadenas de patrimonio, con dos o tres dueños para lograr “lavar” el despojo, en otros casos quemaron notarias. Además, recientemente el Congreso colombiano, cuando aprobó el modelo de justicia transicional, excluyó a los terceros de su comparecencia a la justicia. Al final, no solo no habrá reforma agraria, tampoco ni siquiera la mitad de la tierra despojada será devuelta. La banalización de la tragedia. columna de opinión publicada en El País.com

Comenzaron las etapas de montaña en la carrera presidencial de 2018. Lo que vimos hasta noviembre eran las etapas planas, donde había más de una treintena de candidatos. El 11 de diciembre comenzó la montaña, en ese momento los partidos debían definir listas al Congreso y debían estar claras las coaliciones. Para esas fechas el país estaba pendiente, al menos de tres cosas. La consulta liberal, que la terminó ganando Humberto de la Calle; el que dijera Uribe, que terminó siendo Iván Duque y la definición entre Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo. Fajardo, Robledo y Claudia se agruparon en la denominada Coalición Colombia, su eje fue la lucha contra la corrupción y la transformación de la política. Pero dentro del pragmatismo político había diferencias marcadas entre ellos, la principal era que Claudia López y Jorge Robledo tenían partidos políticos con representación en el Congreso, es decir, tenían credencial. Fajardo por su lado era abiertamente el candidato más viable de los tres, pero no tenía partido y tampoco congresista. Así las cosas, tanto los Verdes con Claudia, como el Polo con Robledo tenían la sartén por el mango. Ellos ponían las condiciones e inicialmente fue así. Las condiciones fueron tres: acuerdo programático, en el cual todos cedían; consulta el 11 de marzo, día de las elecciones al Congreso, con la idea de repetir la famosa ola verde del año 2010 y; la tercera condición fue la de listas conjuntas con compromiso ciudadano. Parecía que Fajardo no tenía otra alternativa que ceder o irse solo y repetir lo de 2010, cuando no sacó un solo senador y su candidatura se fue al piso en tan solo una semana. Claudia y Robledo habrían podido radicalizar su posición y no hacer ningún acuerdo; con ello animarían sus bases, agitarían los sectores radicales de sus partidos  y al final terminarían siendo la misma minoría que son ahora. Robledo pudo haber agitado su lado izquierdo  y considerar a Fajardo como un “agente del establecimiento y la oligarquía” y Claudia pudo agitar a sus radicales de centro  que no creen en la política pero que votan por candidatos como ella, estos se han ganado el nombre de “apolíticos”. Sin embargo, estos dos políticos pensaron más en el país que en sus partidos, entendieron al menos tres cosas: Por un lado, que Colombia en lo que tiene que ver con corrupción tocó fondo, y que se debe trasformar la política colombiana, para ello no se pueden agitar las minorías, se deben hacer coaliciones que permitan ganar y cobijar la apatía política. También lograron entender que el momento de ellos no era 2018, había candidatos que tenían mejores condiciones para competir y que representaba sus aspiraciones de trasformación y ese era Fajardo. Por ello, no sometieron a este último a una consulta, ni condicionaron su vicepresidencia, decidieron apoyar a Fajardo a cambio de un acuerdo programático. Es decir, entendieron la coyuntura del momento y decidieron dar un paso al costado. Ahora se escuchan voces de crítica, principalmente en los lados del Polo, se habla de traición  y de una entrega a la derecha por parte de Robledo. Es impresionante cómo la izquierda no entiende el momento histórico y prefiere inmolarse que intentar trasformar a Colombia. La lista al Congreso de Petro y Clara es una bomba mortal para la izquierda, está condenada al fracaso, no sacarán más de 100.000 votos, votos que le harán falta al Polo, que tiene en riesgo su umbral. Incluso, hay sectores de izquierda tan ciegos que manifiestan que no van a salir a votar, una torpeza que no tiene disculpa. Por esto esta columna tiene nombre propio Claudia y Robledo, quienes demostraron una grandeza política que por estos tiempos no se ve.

En un análisis publicado en su página web el día 18 de diciembre, el portal de información política La Silla Vacía señala –de acuerdo con el título- “las imprecisiones del informe de León Valencia”, en referencia a nuestra investigación sobre candidatos cuestionados que aspiran a ser elegidos en 2018 como congresistas. Resalta a primera vista, que la autoría del documento se atribuya a una persona: el Director de nuestra Fundación, cuando se trata de un trabajo colectivo, como fue divulgado por diferentes medios de comunicación en rueda de prensa y reseñado por La Silla Vacía (de autoría colectiva también). Es una ironía que una reseña crítica sobre las imprecisiones de un Informe carezca de la precisión más elemental desde el mismo título. Queda la sensación de que un medio tradicionalmente serio (como La Silla Vacía) alimenta con su título los reiterados ataques de odio, generados desde un sector específico del espectro político, contra León Valencia. Quizás porque se sabía que no se habría generado el mismo efecto si hubiesen citado (de manera precisa) que la autoría era “de la Fundación Paz y Reconciliación”. Saludamos con beneplácito que este Informe haya recibido una gran atención mediática y se convierta en objeto de escrutinio público por parte de medios como La Silla Vacía. Eso da fe de la seriedad de nuestro trabajo investigativo y de que no pasa desapercibido. Sabíamos de antemano que un Informe realizado un día después del cierre de inscripción de listas implicaba algunos riesgos, que estamos dispuestos a asumir. Creemos firmemente que presentar a la opinión pública una lista de candidatos cuestionados se trata de un ejercicio de veeduría y de reclamo de transparencia a los partidos políticos. También como acto de participación ciudadana, en momentos en que el país asiste atónito a la progresiva degradación de las instituciones democráticas por efecto de la corrupción generalizada. Sin embargo, consideramos que el análisis elaborado por La Silla Vacía, no afecta el eje estructural de nuestro documento. Es cierto que en la lista de 61 candidatos a Congreso incluimos a dos personas que finalmente no se inscribieron (Lina María Rueda y Jaime Serrano), porque nuestras fuentes regionales así nos lo habían asegurado. Existen también evidencias de que ambos se encontraban en campaña política, pero a último momento desistieron de sus respectivas candidaturas. También es cierto que faltaron otros candidatos cuestionados. En ningún momento tuvimos la pretensión de elaborar una lista completa, como se deduce del título de la lista, que denominamos Informe Preliminar. No obstante, creemos que salvo algunas imprecisiones marginales (que modificaremos en un próximo Informe), el núcleo inmensamente mayoritario de la lista de candidatos cuestionados se mantiene incólume. Consideramos que los ejes estructurales de la reseña crítica elaborada por La Silla Vacía obedecen a diferencias conceptuales (entre su trabajo y el nuestro), que debemos aclarar: Clanes políticos y herederos En los últimos años, la Fundación Paz y Reconciliación ha realizado varios informes sobre clanes políticos, grupos establecidos alrededor de un núcleo familiar y con tendencia a monopolizar el espectro político y burocrático de una región. Como el jefe del clan puede jubilarse por el paso del tiempo o ingresar en prisión por decisión judicial, el relevo se produce a menudo, mediante un heredero de la misma familia y, excepcionalmente, por un tercero. Heredero, en la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa en un sentido jurídico “quien por testamento o por ley sucede en un legado”, pero en un sentido más amplio de la vida social, “quien es dueño de una heredad o de sus heredades”. En el caso de un clan político, heredar un capital político no significa (como interpreta La Silla Vacía) que el sucesor posee exclusivamente los votos del primero, pues el objetivo de todo buen sucesor es ampliar el espectro. Varias de las imprecisiones que La Silla Vacía atribuye a nuestro Informe derivan de una incomprensión cabal de esas categorías. Por ejemplo, en el caso de Richard Aguilar, La Silla Vacía señala que este no es únicamente el reemplazo de su papá sino que tiene vuelo propio. Lo anterior no es una imprecisión de nuestro Informe, sino una comprensión muy limitada que se realiza sobre el fenómeno de la herencia política. Ocurre algo similar con Antonio Correa Jiménez, pues en algunos clanes (como el de Enilce López, “La Gata”), los sucesores pueden a veces desarrollar relaciones competitivas o rivalidades, pero en algún tiempo posterior, regresar al clan. En otros casos, La Silla Vacía cuestiona que hablemos de un heredero (Julio Ramos, por ejemplo), pero que no sería el único sucesor de un clan. Eso tampoco es una imprecisión. Verdad judicial La reseña de La Silla Vacía pone en cuestión algunos datos que incluimos en el Informe, porque no estarían conformes a “la verdad judicial” (cfr. casos de Hernando Padauí, Ciro Rodríguez, Erasmo Zuleta y varios aliados de Musa Besaile). Sin embargo, como se señala en la introducción misma de nuestro Informe, no tenemos la pretensión de que nuestra investigación tenga un rol propio de los organismos de justicia. Desde nuestra primera gran investigación sobre parapolítica, desarrollada en la Corporación Nuevo Arco Iris, hallamos indicios de que existían alianzas entre sectores políticos y grupos armados paramilitares. Lo publicamos y lo difundimos. No era una “verdad judicial”, era un hallazgo de investigación académica rigurosa. Pero ese trabajo (con pruebas indiciarias) se convirtió posteriormente en el embrión de decenas de indagaciones judiciales en la Corte Suprema contra congresistas vinculados con grupos paramilitares. La Silla Vacía cuestiona la inclusión de varios nombres en la lista porque apenas existen investigación previa (y no investigaciones). Nosotros consideramos que una indagación preliminar a un congresista por parte del más alto tribunal de casación (la Corte Suprema de Justicia), en un país con un altísimo nivel de impunidad, es ya un motivo suficiente para que un candidato merezca estar en una lista de cuestionados. De otro lado, La Silla Vacía nos atribuye curiosas “imprecisiones” en cuestiones judiciales. El día de cierre de inscripción de listas, por ejemplo, el caso de Sandra Villadiego era estudiado en la Corte Suprema, a petición de la Fiscalía. Pero el 15 de diciembre, tres días después de publicado el Informe, la Corte abrió indagación preliminar contra Villadiego, como reseña La Silla Vacía. No era una imprecisión. Era la información que existía en el momento. Este medio de comunicación también cuestiona en varios perfiles de aliados de Musa Besaile y de Noño Elías que el primero no está implicado en el caso de Odebrecht y el segundo no lo está en el caso del Cartel de la Toga. Pero, como lo mencionaron  ampliamente varios medios en la última semana, ambos están a punto de convertirse en delatores ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de ambas investigaciones. La Fundación Paz y Reconciliación continuará en su labor de ejercicio de una ciudadanía democrática, con todos los riesgos que implica. Nuestro equipo del Observatorio de la Democracia ampliará y refinará el Informe Preliminar que La Silla Vacía reseña. Seguiremos con nuestra tarea de monitoreo electoral y con nuestra labor crítica de investigación, que a veces molesta a unos y a otros. Pero sólo nos anima el sueño de una mejor democracia, de la paz, de la reconciliación, de un país más justo. Ese es nuestro norte.