A continuación se mencionan algunos casos: Cambio Radical, tal vez es el partido que recicló el bandidaje. Figuran en su lista 15 personas cuestionadas o que las rodea un círculo de corrupción y criminalidad. Dentro de los casos más vergonzosos se encuentra Richard Aguilar, candidato al Senado. Es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar, el padre de Richard, condenado a 9 años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Richard Aguilar fue gobernador de Santander en el periodo 2012–2015, tras la captura de su padre y tiene varias investigaciones por temas de corrupción. Aspira a ocupar el cargo que deja su hermano, Mauricio Aguilar, quien se desempeñó como senador del partido Opción Ciudadana. De igual forma, Didier Lobo Chinchilla aspira al Senado por el partido Cambio Radical. Es heredero de la estructura política del Clan Gnecco. Desde 2016 la Contraloría le remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría unos hallazgos de posibles sobrecostos por más de 3.000 millones de pesos, en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales que Lobo hizo mientras era mandatario de La Jagua de Ibirico. También en este listado está Juliana Escalante García, hija de la actual senadora Teresita García y quien heredará el caudal de su tío Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Por los lados del cartel de Odrebecht los encarcelados quieren gobernar en cuerpo ajeno, el Partido de la U ayudará a este reciclaje. El Ñoño Elías le heredó su curul en Senado a José Tous, quien además tiene cuestionamiento por cuando fue director del ICBF en Córdoba. A Cámara, el Ñoño, pone a su hermano Julio Elías Vidal. Musa Besaile hace lo propio, le hereda su curul en Senado a su hermano Johnny Besaile Fayad, candidato por el Partido de la U. Sobre Odebrecht, concretamente, Sandra Villadiego, Alfredo ‘Ape’ Cuello, Ciro Rodríguez, Arleth Casado, Juan Diego Gómez Jiménez entre otros. Al mismo tiempo, en el cartel de la toga se encuentra Lidio García, Nilton Córdoba, Argenis Velázquez, Álvaro Ashton capturado por parapolítica, le hereda su curul a Laura Fortich. Por los lados del Centro Democrático vuelve Jaime Amín, quien años atrás fue financiado por Uniapuestas, empresa del chance que dominaba La Gata. También está Sergio Araujo heredero de la estructura de la parapolítica de la familia Araujo. Otro caso aberrante, está en Opción Ciudadana, quien le dio el aval al hijo de Kiko Gómez, Fernando Gómez Bacci. En la lista inicial salen un total de 61 candidatos cuestionados, aunque puede aumentar a medida que se conocen e investigan todos los nombres de las listas de los partidos políticos. También, adicional a los 61 cuestionados, están los 12 miembros del partido político Farc, quienes son un caso atípico, ya que están en medio de un proceso de justicia transicional y conforman una fuerza política que viene de la ilegalidad. Casi todos los partidos políticos tiene candidatos cuestionados: Cambio Radical, Opción Ciudadana, el Partido de la U, los liberales, conservadores, el Centro Democrático, todos ellos alimentan sus listas con personas mal rodeadas o cuestionadas por sus comportamientos. Pero la ciudadanía no castiga. Uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien. Hasta el momento, el Mira, los Verdes y el Polo Democrático no tenían este tipo de candidatos. Aunque, el listado fue una revisión inicial, lo cual puede cambiar en los próximos días.

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Colombia, hasta hace poco, en lo que tiene que ver con libertad de expresión y libertad de prensa había mejorado sustancialmente con respecto a décadas pasadas. Efectivamente, el número de asesinatos y acciones víctimizantes contra periodistas y líderes de opinión se han reducido. Si bien las amenazas continúan, lo cierto es que el Estado ha comenzado a proteger a estos líderes de opinión. También, aquellas épocas en que se prohibía entrevistar personas o se evitaban entrevistar a corrientes políticas son cosas del pasado. El avance hasta hace poco era impresionante. En lo personal lo he constatado. Debí salir en varias ocasiones del país debido a amenazas, sufrí varios intentos de atentados. Cuando miro hacia atrás, compruebo que Colombia ha avanzado mucho. Hoy me muevo con mucha más tranquilidad por el país que hace 10 años. Vale decir que los tres intentos de atentados los han ordenado políticos y no criminales. Todo derivado de múltiples estudios que he realizado en conjunto con otros investigadores sobre las relaciones entre políticos con organizaciones criminales para llegar a cargos de elección popular. Varias de esas pesquisas las lideró la actual senadora Claudia López y yo hacía parte del equipo de investigadores. Más de 60 políticos, o mejor, criminales se fueron a la cárcel. Pero ahora todo este avance democrático está bajo amenaza. En las últimas semanas sucedieron dos hechos que hacen temer por todo lo que se ha avanzado en los últimos años. Por un lado, La senadora Claudia López denunció como el partido político del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, tiene más de 40 políticos, ya sean ex senadores, exalcaldes o exgobernadores, condenados o investigados por actos de corrupción, homicidios, y relaciones con grupos criminales. De este hecho, López concluyó que ese partido era un concierto para delinquir con personería jurídica. Días después la Corte Suprema de Justicia ordenó retractarse a la senadora. Es decir, la Corte consideró que la senadora debía retractarse de una opinión, que además era una deducción que sacaba de una serie de datos. Algo absurdo y que no se puede calificar de otra forma que de un caso de censura, según la Corte Suprema ya no se pueden dar opiniones. El otro hecho, fue una opinión contra el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien pertenece al mismo partido Cambio Radical, y quien además fue abogado, o al menos produjo conceptos jurídicos para firmas que ahora se encuentran en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht. Además el Fiscal General también está en medio de otro escándalo, ya que uno de sus nombramientos más importantes fue Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, quien fue capturado y está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por temas de corrupción. Nuevamente la Senadora López se pronunció y manifestó que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se había opuesto a la creación de una institución jurídica encargada de investigar aforados, entre ellos el fiscal. Lo acusó de tenerle miedo a la cárcel. Nuevamente, una opinión surgida de una serie de datos. Está vez, el Tribunal Superior de Bogotá revisó una acción de tutela interpuesta por el Fiscal General Martínez y consideró que la senadora debía retractarse de la opinión. El mundo de los líderes de opinión y de los medios de comunicación no dijo nada, no cuestionó, de hecho algunos periodistas se burlaron de las dos retractaciones de la senadora López. Algo estúpido e inexplicable, ya que es como si los medios aceptaran tal nivel de censura y no se dieran cuentan de lo que esto significa para la libertad de expresión. Es algo así como clavarse un puñal, o un acto de suicidio. La manguala entre partidos políticos, altas cortes, fiscalía y órgano electoral es tan grande en Colombia, que en plena campaña política ha echado para atrás los avances logrados en décadas por la libertad de expresión. Ahora en Colombia la opinión se puede censurar. Columna de opinión publicada en El País.com

Herederos de congresistas condenados por parapolítica, implicados en el ‘Cartel de la Toga’ y familiares de parlamentarios vinculados a investigaciones por recibir millonarias coimas a cambio de garantizar contratos con la multinacional brasileña Odebrecht, son el común denominador de las listas al Congreso. No se salva ningún partido. Así lo señala el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación que contiene nombres de los candidatos, algunos repitentes, que tienen claros cuestionamientos. Odebrecht Es el caso del senador Antonio Guerra de la Espriella a quien la Procuraduría le abrió investigación por presuntamente recibir dineros de Odebrecht para la adjudicación de proyectos, la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto “lobby” ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma. Consultado por EL COLOMBIANO señaló: “yo respondo ante los entes correspondientes y espero que aflore la verdad. No tuve nada que ver”. Bajo estos mismos señalamientos en el caso Odebrecht está el aspirante por el Partido Conservador a la Cámara de Representante Ciro Rodríguez , a quien fue imposible de localizar. Juan Diego Gómez, candidato Conservador, es mencionado como “investigado por supuestamente haberse reunido con el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli”. Al respecto, dijo que no es cierto: “la reunión se dio por unas inquietudes que él tenía en 2012 y 2013, antes de que sucedieran los hechos que generaron el escándalo, incluso, el señor Martorelli menciona personas, pero aclara que no financió ninguna campaña al Congreso”. Otro señalado en el informe, que cita a 64 aspirantes, es el senador Armando Benedetti de quien señalan que fue “vinculado al escándalo de Odebrecht por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien compulsó copias a la Corte Suprema para que determine si abre investigación”. Benedetti se defendió acusando al fiscal de persecución política y ha insistido en que el jefe del ente acusador también tuvo reuniones con el presidente de Odebrecht “El fiscal (Martínez) fue el que contactó a Martorelli dos o tres días después de la primera vuelta para pedirle una plata. No solamente lo buscó, sino que le dieron 4.000 millones de pesos y lo metieron en la cuenta de una empresa que se llama RGQ Logistic Group International SAS”, señaló Benedetti. Parapolítica El informe también reseña a los candidatos que tienen señalamientos por alianzas con grupos paramilitares o quienes son herederos de clanes políticos con cabezas condenadas por la misma razón. Entre los mencionados están: Fawzi Muvdi Anillo quien, según el informe, “es hijo y heredero de la estructura política del excongresista liberal Pedro Muvdi Arangüena, condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares”. Johnny Besaile Fayad hermano del exsenador Musa Besaile. El informe asegura que “según declaraciones ante la Corte Suprema, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, Johnny acompañó a su hermano a una notaría en Sahagún (Córdoba) para autenticar un documento en el que mencionaban los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado como prueba. Johnny no tiene investigaciones abiertas”. Juliana Escalante García, es hija de la senadora Teresita García Romero y heredera de la estructura política de su tío, Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a más de 40 años por la masacre de Macayepo. “A finales de septiembre se convocó una fiesta de apertura de su campaña en Betunia (Sucre), a la que habrían asistido unas 1000 personas. Aseguran que hubo reparto de billetes de 20 mil”, señala el informe. Olga Suárez Mira, como ya es conocido, es calificada como la heredera de “la estructura política de su hermano, el exsenador y prófugo Óscar Suárez Mira,condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares, quien se encuentra prófugo de la justicia”. El informe continúa con Sergio Araujo, “su hermano, Álvaro Araujo Castro, uno de los primeros condenados por parapolítica en 2010. Su padre, Álvaro Araujo Noguera, fue investigado por presuntos vínculos con Rodrigo Tovar. Sergio Araujoes primo del condenado ex gobernador Hernando Molina Araujo”. Otro señalado es Alfredo Deluque quien presuntamente “ha sido apoyado política y financieramente por Cielo Redondo, jefe política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, del Bloque Contra Insurgencia Wayuu que operó en La Alta Guajira”. Su padre, Hernando Deluque, fue condenado por contratos sin cumplimiento de requisitos de ley y peculado. La defensa de los partidos Frente a los señalamientos del informe, Cambio Radical citó una rueda de prensa donde defendió a sus candidatos, el presidente del partido, Jorge Enrique Vélez,se refirió a los casos de Richar Aguilar, Juliana Escalante, Édgar de Jesús Díaz, Temístocles Ortega y Didier Lobo, y la aspirante a la Cámara, Sandra Paola Hurtado. “Cambio Radical no se conformó con los filtros que exige la ley, como el de la Ventanilla Única del Ministerio del Interior donde se verifican sanciones penales, disciplinarias, fiscales, procesos vigentes en la Corte Suprema, investigaciones en la Fiscalía y Antecedentes de la Cancillería. Además, el Consejo de Control Ético revisó que no hubiera inhabilidades”, dijo. Así mismo, el presidente del Partido de la U, Aurelio Iragorri, sostuvo que la lista es regional “quienes escogieron los nombres no fueron los congresistas, sino los 2 millones 300 mil colombianos que hacen parte de la colectividad, “todos los nombres que fueron revisados”. Aseguró que en la lista “no hay culpables, quienes hacen parte son personas inocentes. Besaile fue el primer alcalde de Sahagún, Córdoba, y hace parte de una extensa tradición política. En Colombia no existe delito de sangre, si condenan a una persona es responsabilidad individual. Uno no puede vetar al director de un grupo político, ellos no nacieron ni con ‘Mussa’, ni con ‘Ñoño’”.. El caso de Barrera El informe asegura que la representante Lina María Barrera, es aspirante por el Partido Conservador, y agrega que es hermana de Juan Carlos Barrera, condenado a 17 años por desempeñarse como tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las AUC. La representante confirmó al EL COLOMBIANO que no aspirará a la reelección.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Algunos partidos han querido apropiarse de la idea de que con las elecciones parlamentarias de 2018 buscarán renovar el Congreso, pero esta parece una tarea un tanto titánica. Algo que se evidencia en el informe electoral de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que la organización muestra cómo varias decenas de candidatos al Senado y a la Cámara tienen nexos familiares o son herederos de políticos no solo cuestionados, sino muchas veces condenados por delitos como parapolítica. La Fundación Paz y Reconciliación es reiterativa en que su informe no cumple ninguna función judicial, sino que es una forma de hacer veeduría y alertar sobre los posibles riesgos que habría en las elecciones de 2018. Aun así, y aunque no se le endilga delito alguno, el documento es bastante revelador. Son más de 30 los candidatos herederos del caudal electoral de otros congresistas y políticos que han enfrentado cargos por parapolítica y otros hechos cuestionables. Aquí, la lista: Lina María Barrera Rueda Aspira a ser reelegida en la Cámara de Representantes por el Parido Conservador. Es heredera de la estructura política de Iván Díaz Mateus, quien fue condenado en 2009 a 72 meses de prisión por el escándalo de la ‘yidispolítica’. Es hermana de Juan Carlos Barrera Rueda, condenado a 17 años de prisión por desempeñarse como tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las AUC. En 2010, cuando Díaz Mateus estaba en la cárcel, Lina Barrera realizó su campaña a la Cámara de Representantes con los votos de Díaz Mateus. Richard Aguilar Candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar condenado a 9 años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Richard Aguilar fue gobernador de Santander en el periodo 2012 – 2015, tras la captura de su padre. Aspira a ocupar el cargo que deja su hermano, Mauricio Aguilar, quien se desempeñó como senador durante dos cuatrienios y, de acuerdo con fuentes consultadas por la Fundación Paz y Reconciliación, abandonaría su escaño en el Congreso para buscar la Gobernación en 2019. Doris Vega Aspira a ser reelegida como senadora por el Partido Opción Ciudadana. Es esposa y heredera de Luis Alberto Gil Castillo, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares. Destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 20 años. Luis Emilio “El Pato” Tovar Es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Es heredero político de Julio Acosta, quien fue Gobernador de Arauca de 2004 a 2007 por el partido Cambio Radical. Acosta está condenado por concierto para delinquir (financió su campaña a la gobernación con 500 millones de pesos provenientes del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC) y por el homicidio agravado del Registrador Juan Plazas Lomónaco en el año 2003. El jefe de escoltas de Julio Acosta Bernal, Félix Bata, se convirtió luego en el comandante paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca. Acosta fue liberado y posteriormente recapturado, por fallo de la Corte Suprema de Justicia, para responder en un caso de corrupción relacionado con la construcción del Parque ecoturístico Los Libertadores. Julio Ramos Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, hace parte del Clan De La Casita. Ramos es heredero político de Nelson Mariño, quien fue elegido como gobernador en 2011 y posteriormente destituido e inhabilitado por irregularidades en la celebración de contratos relacionados con regalías. Además de Mariño, el poder De La Casita está en manos del exgobernador Marco Tulio Ruiz y el ex Representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez, hermano y heredero de Miguel Ángel Pérez, quien en 2006 fue condenado a 15 años de cárcel por recibir el apoyo del bloque paramilitar de Martin Llanos. El jefe político del Clan es Marco Tulio Ruiz, quien en 2016 acompañó al entonces vicepresidente German Vargas Lleras a la entrega de viviendas en el departamento. Lidio García Candidato al Senado por el Partido Liberal. Investigado por nexos con el Frente José Pablo Díaz de las AUC, su proceso se encuentra en indagación previa en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la investigación quedó “engavetada” durante años y en los últimos meses ha vuelto a ventilarse su caso con las revelaciones del denominado Cartel de la Toga. A finales de 2016 se hicieron públicas unas grabaciones entre el senador García y una delegada de la Registraduría en Bolívar, en los que se habla de la entrega de unos puestos a cambio de favores para salvar la credencial al alcalde de Morales (Bolívar), Rodolfo Díaz Díaz, del mismo grupo político del senador García. La elección del alcalde fue demandada por presuntas irregularidades durante la votación y el escrutinio de los comicios en 2015. La ayuda de la delegada de Registraduría consistía precisamente en emitir conceptos favorables ante el magistrado del Tribunal Administrativo que investigó la demanda electoral. Las grabaciones involucraban a otros concejales y políticos, como a la misma delegada de la Registraduría, quienes fueron capturados. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe investigación abierta al senador García por tales hechos. Nadya Georgette Blel Candidata al Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su padre, el ex congresista Vicente Blel, condenado por sus acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para determinar los apoyos del grupo armado a los candidatos apoyados por Blel en Bolívar, mediante sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2010. Antonio José Correa Candidato al Senado por Opción Ciudadana. Heredero de la estructura criminal de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. La campaña de Correa al Senado en 2010 recibió $210 millones de pesos de Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, “la Gata”. Es objeto de 3 investigaciones preliminares ante la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por parapolítica. En 2016, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) reseñó a María Flórez Urzola, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, como colaboradora de Enilce López, “La Gata”, para el lavado de activos. Daira de Jesús Galvis Candidata al Senado por Cambio Radical. Fue abogada de Enilce López, «La Gata», condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. Daira Galvis es objeto de 2 investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, una por nexos con grupos armados paramilitares. Recibió en 2014 el apoyo de Silfredo Morales, ex alcalde de María La Baja, quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Andrés García Zuccardi Candidato al Senado por La U. Heredero de la estructura política de los García Romero. Hijo de los ex senadores de la República Juan José García, condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica por recibir apoyos de los Frentes Sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar. Su hermano Juan José está casado con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, ex jefe del cartel de la Costa y uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, donde pagó 18 años de cárcel. Es sobrino de Álvaro «el Gordo» García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, cometida por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC) en el 2000. Sandra Villadiego Candidata al Senado por La U. Esposa y heredera de la estructura política de Miguel Ángel Rangel, condenado por nexos con paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc. La Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta indagaciones y determinará en las próximas semanas si abre investigación preliminar contra la senadora Villadiego por el caso Odebrecht. Karen Cure Candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Aliada de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. Arleth Casado de López Aspira a ser reelegida como senadora por el Partido Liberal. Esposa y heredera de la estructura política de Juan Manuel López Cabrales, condenado en 2008 por haber firmado el Pacto de Ralito. Casado fue aliada del exsenador Musa Besaile, salpicado por el caso de Odebrecht y el Cartel de la Toga, en las elecciones locales del 2015. A fines de noviembre, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Arleth Casado por haber recibido dinero a cambio de favorecer a la multinacional brasileña Odebrecht, en la adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Nora María García Burgos Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Es objeto de una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por nexos con alias “Julián Bolívar” y “Ernesto Báez”, comandantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Marcos Pineda García, hijo de la senadora García, fue alcalde municipal de Montería en el periodo 2008-2011 y fue suspendido e inhabilitado por la Procuradoría, tras comprobarse irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdos municipales. En 2015, Marcos Pineda García fue elegido nuevamente alcalde de Montería y en la actualidad es objeto de una investigación penal (delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por omisión, y falsedad ideológica en documento público) y de una investigación disciplinaria por irregularidades en la celebración de diversos contratos para remodelar varias instalaciones deportivas de Montería. Carlos Camargo Assis, yerno de la senadora Nora García, fue magistrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue el encargado de archivar el proceso contra Óscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht. Camargo renunció a su magistratura, para no inhabilitar a su suegra, Nora García Burgos, candidata al Senado en 2018. Yamina del Carmen Pestana Rojas Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Es heredera de la estructura política de su hermano Pedro Pestana, condenado por sus nexos con grupos paramilitares en 2009. Ana Pestana, su hermana, es diputada en Sucre. y hace parte de la mesa directiva de la duma (2016-2019). En noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra de la senadora Pestana, por el presunto desvío de 7.000 millones de pesos de la EPS indígena Manexca a su campaña en 2014. Julio Miguel Guerra Sotto Aspira a ser reelegido en el Senado por el partido Opción Ciudadana. El senador Guerra Sotto es hijo del ex gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, exsenador y exgobernador de Sucre, quien fue suspendido 8 meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. Guerra Soto es heredero político del exsenador Yahir Acuña, objeto de múltiples investigaciones penales y disciplinarias. Juliana Escalante García Candidata al Senado por Cambio Radical. Es hija de la senadora Teresita García Romero y heredera de la estructura política de su tío, Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a más de 40 años por la masacre de Macayepo por la Corte Suprema de Justicia. A finales de septiembre se convocó una fiesta de apertura de su campaña en Betunia (Sucre), a la que habrían asistido unas 1000 personas. De acuerdo con diversas fuentes, hubo reparto de billetes de 20 mil y boletas para asistir a la corraleja de Betulia, donde se ubica el criadero Veracruz, propiedad del ex senador Musa Besaile Fayad. Daniel Garcés Carabalí Candidato a la Cámara (circunscripción especial afro) por SUMA (uno somos todos). Garcés Carabalí es sobrino y uno de los herederos políticos del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Roosevelt Rodríguez Rengifo Candidato al Senado por el partido de La U. Es el principal heredero de la estructura política de la baronesa electoral del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, actual Gobernadora del Valle. La Corte Suprema de Justicia le abrió sendas investigaciones preliminares a Dilian Francisco Toro por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria y en febrero de 2013 renunció a su curul para enfrentar a la justicia. Fue liberada posteriormente y elegida Gobernadora del Valle en 2015. William Rodríguez Cabal Candidato al Senado por el partido Opción Ciudadana. Rodríguez Cabal es heredero político de Juan Carlos Martínez Sinisterra, el ex senador condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. José Ritter López Candidato al Senado por el partido de La U. Aliado político de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle y objeto de sendas investigaciones preliminares por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Corte Suprema le dictó a Toro medida de aseguramiento con detención domiciliaria y en febrero de 2013 ella renunció a su curul para enfrentar a la justicia. Fue liberada posteriormente y elegida Gobernadora del Valle en 2015. Olga Lucía Suárez Mira Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su hermano, el ex senador y prófugo Óscar Suárez Mira, condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares. La senadora Suárez es también objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por nexos con grupos paramilitares, pero el proceso se encuentra “engavetado” desde hace años. Su otro hermano, César Suárez Mira, es alcalde de Bello y es investigado por la falsificación de su título de bachiller. José Ignacio Mesa Betancur Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representates por el partido Cambio Radical. Heredero de la estructura política de su padre Jorge Mesa, quien fue alcalde de Envigado 6 veces, Representante a la Cámara y cuestionado por sus vínculos con Pablo Escobar. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar a Mesa Betancur por nexos con grupos armados, específicamente por alianzas que habría establecido con la ‘Oficina de Envigado’ en su campaña al Senado de 2002. Manuel Guillermo Mora Jaramillo Aspira a ser reelegido Senador por el Partido de la U. Mora Jaramillo es investigado por sus presuntos nexos con grupos armados ilegales. En 2003, cuando era alcalde de Cúcuta, estuvo involucrado en el homicidio del entonces Coordinador de la Red de Veedurías, Pedro Durán, quien días antes de su muerte había denunciado públicamente a Mora por desfalcos en la contratación. Sergio Araujo Aspira al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Su familia ha sido señalada de tener vínculos con los paramilitares en el Cesar. Su hermano, Álvaro Araujo Castro fue condenado por concierto para delinquir y constreñimiento al elector por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2010 a 9 años de prisión. Su padre, Álvaro Araujo Noguera fue investigado por presuntos vínculos con Rodrigo Tovar. Sergio Araujo es primo del condenado ex gobernador Hernando Molina Araujo. Fawzi Muvdi Anillo Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Liberal. Es hijo y heredero de la estructura política del excongresista liberal Pedro Muvdi Arangüena, condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que Muvdi hizo parte de la alianza paramilitar, constituyendo una pieza trascendental en el proyecto económico y político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Alfredo Rafael Deluque Zuleta Aspira a ser reelegido como representante a la Cámara por el Partido de la U. Ha sido apoyado política y financieramente por Cielo Redondo, jefe política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, del Bloque Contra Insurgencia Wayuu que operó en La Alta Guajira. Alfredo Deluque es miembro de Nueva Fuerza Guajira, el movimiento liderado por Jorge Pérez Bernier, a quien la Procuraduría abrió un proceso por irregularidades presentadas en seis contratos de prestación de servicios de salud en La Guajira. Deluque es hijo del exgobernador destituido Hernando Deluque, quien se entregó voluntariamente a la SIJIN y procesado por corrupción en contratación y peculado. Fernando Gómez Bacci Candidato al Senado por el Partido Opción Ciudadana. Es hijo y heredero de la estructura política del exgobernador de La Guajira “Kiko Gómez”, quien está pagando una condena de 55 años de cárcel por tres homicidios y aún cuenta con procesos abiertos ante la justicia, por otros posibles asesinatos y presuntas relaciones con bandas criminales, en especial con la del narcotraficante alias “Marquitos”. Fabián Castillo Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es heredero de la estructura política y política del Clan Cotes. Asimismo, lo apoya José Francisco ‘Chico’ Zúñiga Vives, condenado por parapolítica. También lo apoya el llamado clan de los Dávila, encabezado por Chelito Dávila, hijo de Chelo Dávila, condenado por parapolítica, y por Eduardo Dávila Armenta, condenado por parapolítica y por homicidio. En Aracataca lo apoya Pedro Sánchez, procesado judicialmente por crímenes contra personas protegidas. José Pinedo Campo Aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es hijo y heredero político de Miguel Pinedo Vidal, expresidente del Senado y exgobernador del Magdalena, condenado por nexos con grupos paramilitares por la Corte Suprema de Justicia. Carlos Mario Farelo Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Es hijo de Zunilda Daza, exconcejala de El Difícil y “señalada en 2012 por la Fiscalía de haber firmado el “Pacto de Chivolo” con los paramilitares de ‘Jorge 40’”. De igual forma, es aliada del Clan Cotes y esposa del exalcalde de Santa Marta, José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, quien fue condenado por nexos con grupos paramilitares. Franklin Lozano Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana. Es el hijo y heredero político de Franklin Lozano Andrade, ex diputado condenado por nexos con grupos paramilitares. Es aliado del clan Cotes. Kelyn Johana Candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Es heredera de la estructura política de su esposo, el parapolítico Rodrigo Roncallo, quien fue condenado por haber firmado el Pacto de Chivolo con el paramilitar ‘Jorge 40’.

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