Entregamos una primera lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con importantes cuestionamientos en su vida pública. La mayoría de ellos pertenecen a clanes que tienen un gran control de la política regional y una influencia decisiva en la política nacional. La palabra clan tiene una larga historia, hunde sus raíces en la antigua suecia y ha saltado de una cultura a otra denominando siempre a grupos bajo la influencia de familias con poder político o territorial.  En Colombia es quizás la palabra más adecuada para definir entramados de poder que en los últimos treinta años han dominado la política regional y que, con pocas excepciones, se han nutrido de dineros ilegales, tráfico de influencias y manejo clientelista de las instituciones. Los escándalos de corrupción o violencia en que se ven inmersos estos grupos son cada vez más frecuentes. En esta coyuntura resaltan los ligados a los sobornos de la empresa Odebrecht y los vinculados al “Cartel de la toga”. Se nos ha reprochado, siempre que presentamos estas listas, que incluyamos a personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados o no tienen procesos judiciales y su aparición en las denuncias obedece a sus vinculaciones familiares. Se nos dice que no hay delitos de sangre. Respondemos siempre que derivan sus votos y su poder de esos nexos familiares y por eso los incluimos. Nosotros no tenemos ni buscamos ningún papel judicial. Sólo aspiramos a poner una alerta en la opinión pública. A continuación se muestran los candidatos al congreso con serios cuestionamientos: Santander Lina María Barrera Rueda Aspira a ser reelegida en la Cámara de Representantes por el Parido Conservador. Es heredera de la estructura política de Iván Díaz Mateus, quien fue condenado en 2009 a 72 meses de prisión por el escándalo de la ‘yidispolítica’. Es hermana de Juan Carlos Barrera Rueda, condenado a 17 años de prisión por desempeñarse como tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las AUC. En 2010, cuando Díaz Mateus estaba en la cárcel, Lina Barrera realizó su campaña a la Cámara de Representantes con los votos de Díaz Mateus. Richard Aguilar Candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar condenado a 9 años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Richard Aguilar fue gobernador de Santander en el periodo 2012 – 2015, tras la captura de su padre. Aspira a ocupar el cargo que deja su hermano, Mauricio Aguilar, quien se desempeñó como senador durante dos cuatrienios y, de acuerdo con fuentes consultadas por la Fundación Paz y Reconciliación, abandonaría su escaño en el Congreso para buscar la Gobernación en 2019. Doris Vega Aspira a ser reelegida como senadora por el Partido Opción Ciudadana. Es esposa y heredera  de Luis Alberto Gil Castillo, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares. Destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 20 años. Arauca José Facundo Castillo Cisneros Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Ha sido objeto de 32 investigaciones, 18 de ellas activas, por delitos como: enriquecimiento ilícito, homicidio culposo, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y por acción, y delitos contra la administración pública. El Fiscal General anunció que se están investigando las posibles irregularidades en la compra del avión ambulancia, los sobrecostos en la doble calzada del municipio de Arauca, los contratos de alimentación escolar y algunos contratos de la vía Arauca-Cravo Norte. Asimismo, Castillo es el gerente de la campaña electoral de Vargas Lleras en Arauca. El vínculo entre Castillo y Vargas Lleras lo facilitó el exgobernador, Julio Enrique Acosta Bernal, quien es conocido por ser el hombre más cercano a Vargas Lleras en Arauca. Acosta fue condenado por concierto para delinquir y por el homicidio agravado del Registrador Juan Plazas Lomónaco en el año 2003. Fue recapturado por un caso de corrupción en la construcción del Parque ecoturístico Los Libertadores. Luis Emilio “El Pato” Tovar Es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Es heredero político de Julio Acosta, quien fue Gobernador de Arauca de 2004 a 2007 por el partido Cambio Radical. Acosta está condenado por concierto para delinquir (financió su campaña a la gobernación con 500 millones de pesos provenientes del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC) y por el homicidio agravado del Registrador Juan Plazas Lomónaco en el año 2003. El jefe de escoltas de Julio Acosta Bernal, Félix Bata, se convirtió luego en el comandante paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca.  Acosta fue liberado y posteriormente recapturado, por fallo de la Corte Suprema de Justicia, para responder en un caso de corrupción relacionado con la construcción del Parque ecoturístico Los Libertadores. Caldas Óscar Tulio Lizcano Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U. Sufrió un doloroso y repudiable secuestró a manos de las Farc en Riosucio (Caldas) en 2000, cuando se desempeñaba como Representante a la Cámara. Óscar Tulio Lizcano fue reemplazado por su hijo Mauricio en el ejercicio político durante su cautiverio. Mauricio logró extender la influencia más allá del departamento de Caldas,  obtuvo una gran votación en Antioquia y alcanzó la presidencia del Congreso. En los últimos meses ha sido  objeto de una investigación por irregularidades en la adquisición de un predio, reclamado por víctimas de despojo y  ha sido mencionado también en el escándalo del  “Cartel de la Toga”. Óscar Tulio regresa para hacerse cargo del caudal electoral. Atlántico Armando Benedetti Aspira a ser reelegido al Senado de la República por el Partido de La U. Ha sido vinculado al escándalo de Odebrecht por el Fiscal General de la Nación, quien compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que ella determine si abre investigación.  Benedetti adelanta una dura controversia con el Fiscal Nestor Humberto Martinez defendiendo su inocencia y acusando a Martinez de persecusión política. Ha ido incluso más lejos al señalar que es el Fiscal quien tuvo vínculos con Odebrecht. Laura Fortich Candidata al Senado de la República por el Partido Liberal. Heredera de la estructura política del senador Álvaro Ashton, quien es objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por el denominado “Cartel de la Toga” y ha sido capturado por este y otros delitos. Jaime Amín Candidato al Senado por el Centro Democrático. En 2002, la campaña de Jaime Alejandro Amín a la Cámara fue apoyada financieramente por la empresa de chances Uniapuestas, propiedad de Enilce López “la Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. Años después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre por el escándalo de la supuesta repartición de notarías a cambio del voto por el proyecto de reelección presidencial en el 2004. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró auto inhibitorio en el proceso que se le adelantaba por las irregularidades en la entrega de notarías durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión se tomó al considerar que después de estudiar las pruebas allegadas,no se puede inferir que los parlamentarios hubieran incurrido en un tráfico de influencias. En 2014 fue elegido como Senador. Casanare Julio Ramos Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, hace parte del Clan De La Casita. Ramos es heredero político de Nelson Mariño, quien fue elegido como gobernador en 2011 y posteriormente destituido e inhabilitado por irregularidades en la celebración de contratos relacionados con regalías. Además de Mariño, el poder De La Casita está en manos del exgobernador Marco Tulio Ruiz y el ex Representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez, hermano y heredero de Miguel Ángel Pérez, quien en 2006 fue condenado a 15 años de cárcel por recibir el apoyo del bloque paramilitar de Martin Llanos. El jefe político del Clan es Marco Tulio Ruiz, quien en 2016 acompañó al entonces Vicepresidente German Vargas Lleras a la entrega de viviendas en el departamento. Bolívar Lidio García Candidato al Senado por el Partido Liberal. Investigado por nexos estructuras paramilitares de las AUC en la Costa Caribe, su proceso se encuentra en indagación previa en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la investigación quedó “engavetada” durante años y en los últimos meses ha vuelto a ventilarse su caso con las revelaciones del denominado Cartel de la Toga. A fines de 2016 se hicieron públicas unas grabaciones entre el senador García y una delegada de la Registraduría en Bolívar, en los que se habla de la entrega de unos puestos a cambio de favores para salvar la credencial al alcalde de Morales (Bolívar), Rodolfo Díaz Díaz, del mismo grupo político del senador García. La elección del alcalde fue demandada por presuntas irregularidades durante la votación y el escrutinio de los comicios en 2015. La ayuda de la delegada de Registraduría consistía precisamente en emitir conceptos favorables ante el magistrado del Tribunal Administrativo que investigó la demanda electoral. Las grabaciones involucraban a otros concejales y políticos, como a la misma delegada de la Registraduría, quienes fueron capturados. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe investigación abierta al senador García por tales hechos. Nadya Georgette Blel Candidata al Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su padre, el ex congresista Vicente Blel, condenado por sus acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para determinar los apoyos del grupo armado a los candidatos apoyados por Blel en Bolívar, mediante sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2010. Antonio José Correa Candidato al Senado por Opción Ciudadana. Heredero de la estructura criminal de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. La campaña de Correa al Senado en 2010 recibió $210 millones de pesos de Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, “la Gata”. Es objeto de 3 investigaciones preliminares ante la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por parapolítica. En 2016, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) reseñó a María Flórez Urzola, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, como colaboradora de Enilce López, “La Gata”, para el lavado de activos. Daira de Jesús Galvis Candidata al Senado por Cambio Radical. Fue abogada de Enilce López, «La Gata», condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. Daira Galvis es objeto de 2 investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, una por nexos con grupos armados paramilitares. Recibió en 2014 el apoyo de Silfredo Morales, ex alcalde de María La Baja, quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Andrés García Zuccardi Candidato al Senado por La U. Heredero de la estructura política de los García Romero. Hijo de los ex senadores de la República Juan José García, condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica por recibir apoyos de los Frentes Sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar. Su hermano Juan José está casado con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, ex jefe del cartel de la Costa y uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, donde pagó 18 años de cárcel. Es sobrino de Álvaro «el Gordo» García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, cometida por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC) en el 2000. Sandra Villadiego Candidata al Senado por La U. Esposa y heredera de la estructura política de Miguel Ángel Rangel, condenado por nexos con paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc. La Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta indagaciones y determinará en las próximas semanas si abre investigación preliminar contra la senadora Villadiego por el caso Odebrecht. Karen Cure Candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Aliada de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. Hernando Padaui Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Socio del ex Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno. Es objeto de una indagación en la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral. En los comicios para el Congreso de la República en 2010, los jurados de votación de los municipios de Magangué, Talaigua Nuevo y Altos del Rosario adulteraron los resultados obtenidos por Padaui. La Corte concluyó en auto del 7 de junio pasado que no había evidencia que lo comprometiera penalmente y resolvió inhibirse de abrir una investigación en su contra. No obstante, el 14 del mismo mes, el demandante interpuso un recurso de reposición a ese auto y el 4 de septiembre envió un memorial a la Corte, donde le expone “coincidencias”. Una de ellas es “que los abogados de Padaui ante la Corte eran el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla, hoy recluidos en centro penitenciario”. Asimismo que Padauí mostró interés en el proceso penal adelantado contra los escrutadores. En el último auto proferido sobre el caso en mención, la Corte señala que no se iniciará investigación formal contra Padauí, tal como lo solicita el demandante, porque “no existe la inferencia razonable de la participación delictual requerida para ello”. No obstante, ordena “proseguir con la indagación previa y ordenar la práctica de las pruebas que se estimen idóneas”. Fabio Amín Aspira a ser reelegido al Senado de la República por el Partido Liberal.  El representante Amín pertenecía hasta hace poco al Clan Liberal de Córdoba, en cabeza de la senadora Arleth Casado de López y su esposo Juan Manuel López Cabrales (condenado por parapolítica por firmar el pacto de ralito). Llegó a la Cámara como fórmula de Juan Manuel López Cabrales en 2006. Se estima que fungió durante varios periodos como representante del parapolítico López Cabrales. En 2015 fue recusado por la Red de Veedurías Ciudadanas para votar por el proyecto de ley de equilibrio de poderes por tener 2 investigaciones preliminares en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente se apartó de su relación política con el Clan Liberal de la senadora Arleth Casado y Juan Manuel López Cabrales (después de más de una década de alianza). Córdoba Arleth Casado de López Aspira a ser reelegida como senadora por el Partido Liberal. Esposa y heredera de la estructura política de Juan Manuel López Cabrales, condenado en 2008 por haber firmado el Pacto de Ralito. Casado fue aliada del exsenador Musa Besaile, salpicado por el caso de Odebrecht y el Cartel de la Toga, en las elecciones locales del 2015. A fines de noviembre, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Arleth Casado por haber recibido dinero a cambio de favorecer a la multinacional brasileña Odebrecht, en la adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Puede leer: Los dueños de Córdoba Nora María García Burgos Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Es objeto de una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por nexos con alias “Julián Bolívar” y “Ernesto Báez”, comandantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Marcos Pineda García, hijo de la senadora García, fue alcalde municipal de Montería en el periodo 2008-2011 y fue suspendido e inhabilitado por la Procuradoría, tras comprobarse irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdos municipales. En 2015, Marcos Pineda García fue elegido nuevamente alcalde de Montería y en la actualidad es objeto de una investigación penal (delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por omisión, y falsedad ideológica en documento público) y de una investigación disciplinaria por irregularidades en la celebración de diversos contratos para remodelar varias instalaciones deportivas de Montería. Carlos Camargo Assis, yerno de la senadora Nora García, fue magistrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue el encargado de archivar el proceso contra Óscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht. Camargo renunció a su magistratura, para no inhabilitar a su suegra, Nora García Burgos, candidata al Senado en 2018. Yamina del Carmen Pestana Rojas Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Es heredera de la estructura política de su hermano Pedro Pestana, condenado por sus nexos con grupos paramilitares en 2009. Ana Pestana, su hermana, es diputada en Sucre y hace parte de la mesa directiva de la duma (2016-2019). En noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra de la senadora Pestana, por el presunto desvío de 7.000 millones de pesos de la EPS indígena Manexca a su campaña en 2014. Johnny Besaile Fayad Candidato al Senado por el partido de La U. Heredero de la estructura política de su hermano, el ex senador Musa Besaile, quien se encuentra preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Johnny Besaile no es objeto de investigación judicial, pero fue mencionado en el proceso que se adelanta contra su hermano Musa por el último caso señalado. Según declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, Johnny acompañó a su hermano Musa a una notaría en Sahagún para autenticar un documento en el que mencionaban todos los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado como prueba a los magistrados de la Corte Suprema. Eduardo José Tous de la Ossa Candidato al Senado por el Partido de La U. Heredero de la estructura política del ex senador Bernardo “Ñoño” Elías, quien perdió su curul de senador por ser objeto de investigación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”.  Tous de la Ossa podría estar también involucrado en el caso Odebrecht y la Fiscalía compulsó copias recientemente a la Corte Suprema de Justicia para que se le investigue. Entre 2007 y 2013, Tous de la Ossa fue director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Durante su administración se ejecutaron alrededor de 100 obras de infraestructura para la atención integral de la primera infancia, o lo que hoy se denomina Centros de Desarrollo Infantil (CDI), espacios se convirtieron en foco de corrupción, con deficiente infraestructura, provisión de alimentos insalubres y condiciones paupérrimas de adecuación. En 2011, la Procuraduría Regional abrió una investigación contra Tous de la Ossa por la celebración de contratos millonarios relacionados con la primera infancia, y que el ICBF regional habría otorgado a fundaciones relacionadas con la campaña política del exalcalde de Sahagún para el periodo 2012-2015, Carlos Elías Hoyos. Una denuncia hecha por el portal Semana.com en marzo de 2011, señalaba a José Tous por haber adjudicado contratos por 1.800 millones de pesos entre 2010 y 2011 a la fundación Fedesco, la cual tenía presuntamente en su junta directiva a Jorge Montes, mano derecha del senador Ñoño Elías, primo de Carlos Elías. Una investigación que no logró mayor impacto en los órganos de control. Julio Elías Vidal Candidato a la Cámara por el Partido de la U. Hermano y heredero de la estructura política del ex senador Bernardo “Ñoño” Elías,  quien perdió su curul de senador por ser objeto de investigación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Sara Piedrahita Lyons Aspira a ser reelegida en la Cámara por el partido de la U. Pertenecía al Clan de los “Ñoños”, antes de la ruptura política de su primo, el ex gobernador Alejandro Lyons, con los ex senadores Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías. Piedrahita llegó en 2014 a la Cámara como fórmula del ex senador Martín Morales Diz, heredero del Clan de los Jattin e investigado por homicidio, paramilitarismo y narcotráfico. Piedrahíta ha estado relacionada en las investigaciones por corrupción contra su primo Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, quien pudo haber favorecido la financiación de la campaña de la representante Piedrahíta en 2014. Se ha revelado que 5 de los grandes aportantes a la campaña de Piedrahíta posteriormente se vieron favorecidos con contratos en municipios de Córdoba. Erasmo Zuleta Bechara Candidato a la Cámara por el Partido de La U. Uno de los herederos políticos de Musa Besaile, quien perdió su curul como senador y se encuentra preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Erasmo Zuleta Bechara es hijo de Mara Bechara, exrectora de la Universidad del Sinú y exconcejal de Montería, quien actualmente es procesada (junto a su hermana María Fátima) por el desfalco de recursos públicos en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, propiedad familiar que lleva el nombre del patriarca. Las hermanas Bechara son acusadas de desviar más de 7 mil millones de pesos girados al departamento de Córdoba en el año 2013, por proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación, durante la administración de Lyons. La ley que dio origen al asunto fue impulsada por el representante Raymundo Méndez Bechara, sobrino de las hermanas Bechara y primo de Erasmo Zuleta Bechara. Sucre Antonio Guerra de la Espriella Aspira a ser reelegido en el Senado por el partido Cambio Radical. La Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar por el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, pues habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por una posible gestión para la consecución de los recursos que financiarían las obras del tramo Ocaña – Gamarra y a su campaña habrían ingresado dineros de Odebrecht. La Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria por recepción de dineros de la firma brasileña para la adjudicación de proyectos, la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto “lobby” ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera. Aparece también vinculado al denominado “Cartel de la Toga” por la Procuraduría. El senador Guerra de la Espriella ha sido acusado de tener nexos con el bloque Héroe de Los Montes de María de las AUC. El proceso concluyó en 2011 con un auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte decidió revocar el auto en 2014, pues aparecieron nuevas evidencias de sus vínculos con grupos paramilitares. Su caso, sin embargo, fue “engavetado” durante años en la Corte, asunto que ha sido revelado por los hechos relacionados con el denominado “Cartel de la Toga”. Guerra de la Espriella es sobrino de Julio César Guerra Tulena, exsenador y exgobernador de Sucre, quien fue suspendido 8 meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. Julio Miguel Guerra Sotto Aspira a ser reelegido en el Senado por el partido Opción Ciudadana. El senador Guerra Sotto es hijo del ex gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, exsenador y exgobernador de Sucre, quien fue suspendido 8 meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. Guerra Soto es heredero político del exsenador Yahir Acuña, objeto de múltiples investigaciones penales y disciplinarias. Juliana Escalante García Candidata al Senado por Cambio Radical. Es hija de la senadora Teresita García Romero y heredera de la estructura política de su tío, Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a más de 40 años por la masacre de Macayepo por la Corte Suprema de Justicia. A finales de septiembre se convocó una fiesta de apertura de su campaña en Betunia (Sucre), a la que habrían asistido unas 1000 personas. De acuerdo con diversas fuentes, hubo reparto de billetes de 20 mil y boletas para asistir a la corraleja de Betulia, donde se ubica el criadero Veracruz, propiedad del ex senador Musa Besaile Fayad. Cauca Daniel Garcés Carabalí Candidato a la Cámara (circunscripción especial afro) por SUMA (uno somos todos). Garcés Carabalí es sobrino y uno de los herederos políticos del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Valle del Cauca Álvaro Henry Monedero Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Es heredero de la estructura política del ex gobernador, Juan Carlos Abadía, procesado por actos de corrupción y vinculado al “Cartel de la Toga”. Roosevelt Rodríguez Rengifo Candidato al Senado por el partido de La U. Es el principal heredero de la estructura política de la baronesa electoral del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, actual Gobernadora del Valle. La Corte Suprema de Justicia le abrió sendas investigaciones preliminares a Dilian Francisco Toro por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria y en febrero de 2013 renunció a su curul para enfrentar a la justicia. Fue liberada posteriormente y elegida Gobernadora del Valle en 2015. Edinson Delgado Ruiz Aspira a ser reelegido en el Senado por el Partido Liberal. Delgado es aliado del ex alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, quien fue capturado en el 2016 por los delitos de peculado, concierto para delinquir y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, según denuncias hechas por familiares del ex concejal de Buenaventura, Stalin Ortiz, el ex concejal Ortiz fue asesinado después de una reunión a la cual había sido invitado por el senador Édinson Delgado para reunirse con Valencia. El ex concejal Ortiz había denunciando la corrupción en el puerto de Buenaventura y en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, en la administración de Bartolo Valencia. El senador Delgado ha sido apoyado por varios representantes a la Cámara cuestionados. El primero es Moisés Orozco Vicuña, quien ocupó la curul afro hasta el 14 de julio de 2016, cuando el Consejo de Estado decidió anular su elección por falsedad en documento público. Orozco es señalado de ser abogado de narcotraficantes en Yumbo, además de ser respaldado por Yair Acuña (acusado de parapolítica en Sucre). William Rodríguez Cabal Candidato al Senado por el partido Opción Ciudadana. Rodríguez Cabal es heredero político de Juan Carlos Martínez Sinisterra, el ex senador condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. José Ritter López Candidato al Senado por el partido de La U. Aliado político de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle y objeto de sendas investigaciones preliminares por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Corte Suprema le dictó a Toro medida de aseguramiento con detención domiciliaria y en febrero de 2013 ella renunció a su curul para enfrentar a la justicia. Fue liberada posteriormente y elegida Gobernadora del Valle en 2015. Ana Ximena Polanco Candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de negritudes, avalada por el partido Opción Ciudadana. Polanco fue la tesorera del Valle del Cauca en la gobernación de Juan Carlos Abadía, entre 2008 y 2010, año en que este último fue destituido por la Procuraduría por participación indebida en política. El prontuario de los Abadía se remonta a cuando su padre, el ex senador Carlos Herney Abadía, estuvo vinculado al escándalo del proceso 8.000 y cumplió una condena de 50 meses por recibir dineros del Cartel de Cali. En el 2009, la familia de Juan Carlos Abadía recibió 800 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro. Con estos dineros se financió parte de la campaña a la gobernación de Juan Carlos Abadía. En mayo de 2010, Abadía fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, al concluir que el ex gobernador participó indebidamente en política. En febrero de 2012, la Contraloría General de la República responsabilizó a Juan Carlos Abadía por el detrimento de más de 110 mil millones de pesos en el contrato que suscribió la Licorera del Valle con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral. Antioquia Olga Lucía Suárez Mira Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su hermano, el ex senador y prófugo Óscar Suárez Mira, condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares. La senadora Suárez es también objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por nexos con grupos paramilitares, pero el proceso se encuentra “engavetado” desde hace años. Su otro hermano, César Suárez Mira, es alcalde de Bello y es investigado por la falsificación de su título de bachiller. Juan Diego Gómez Jiménez Aspira a ser reelegido en el Senado por el Partido Conservador. Ha sido salpicado con el caso Odebrecht, pues existen evidencias de que se reunió con el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. Gómez fue también salpicado en un proceso de usurpación de tierras en Bello (Antioquia), en el que su padre, Orlando Gómez, fue condenado a ocho años de prisión. José Ignacio Mesa Betancur Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representates por el partido Cambio Radical. Heredero de la estructura política de su padre Jorge Mesa, quien fue alcalde de Envigado 6 veces, Representante a la Cámara y cuestionado por sus vínculos con Pablo Escobar. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar a Mesa Betancur por nexos con grupos armados, específicamente por alianzas que habría establecido con la ‘Oficina de Envigado’ en su campaña al Senado de 2002. Norte de Santander Ciro Rodríguez Aspira a ser reelegido como Representante a la Cámara por el Partido Conservador. Rodríguez es objeto de investigaciones por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht, específicamente en la adjudicación del contrato para la construcción de La Ruta del Sol en la vía Ocaña-Gamarra. Así mismo, es investigado por apoyar el contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht y por desarrollar lobby ante la Superintendencia Financiera. Wilmer Ramiro Carrillo Aspira a ser reelegido Representante a la Cámara por el Partido de la U. Carrillo cuenta con el apoyo de la red política de los Mora Jaramillo y el apoyo del exgobernador de Santander William Villamizar es investigado por peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Villamizar es cercano al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del Coordinador Departamental de la Red de Veedurías (RedVer), Pedro Durán, en 2003. Manuel Guillermo Mora Jaramillo Aspira a ser reelegido Senador por el Partido de la U. Mora Jaramillo es investigado por sus presuntos nexos con grupos armados ilegales. En 2003, cuando era alcalde de Cúcuta, estuvo involucrado en el homicidio del entonces Coordinador de la Red de Veedurías, Pedro Durán, quien días antes de su muerte había denunciado públicamente a Mora por desfalcos en la contratación. Nariño Rafael Alberto Escrucería Lorza Candidato a Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Hijo y heredero de la estructura política de los Escrucería. Rafael es hijo de Samuel Alberto Escrucería Manzi, el primer congresista en la historia del país que perdió su investidura. Rafael es nieto de Samuel Alberto Escrucería Delgado, fallecido en una cárcel de Estados Unidos purgando una pena por narcotráfico. Cesar José Alfredo Gnecco Aspira a ser reelegido al Senado por el Partido de la U. Es hijo y heredero de la estructura criminal del Clan de los Gnecco. Fue representante a la Cámara por el Cesar (2010-2014). Es hijo de Lucas Gnecco y sobrino de Cielo Gnecco. Llegó al Senado con el apoyo en La Guajira de “Kiko” Gómez Cerchar, quien es primo de Cielo Gnecco y fue condenado a 55 años de prisión por homicidio. De acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan de los Gnecco ha realizado campañas políticas en zonas de invasiones ilegales en Valledupar y ha ofrecido a los invasores la respectiva legalización, a cambio de votos. Sergio Araujo Aspira al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Su familia ha sido señalada de tener vínculos con los paramilitares en el Cesar. Su hermano, Álvaro Araujo Castro fue condenado por concierto para delinquir y constreñimiento al elector por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2010 a 9 años de prisión. Su  padre, Álvaro Araujo Noguera fue investigado por presuntos vínculos con Rodrigo Tovar. Sergio Araujo es primo del condenado ex gobernador Hernando Molina Araujo, quien además perteneció a las AUC. Didier Lobo Chinchilla Aspira al Senado por el partido Cambio Radical. Es heredero de la estructura política del Clan Gnecco Desde el 2016 la Contraloría le remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría unos hallazgos de posibles sobrecostos por más de 3 mil millones de pesos, en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales que Lobo hizo mientras era mandatario de La Jagua de Ibirico. Alfredo ‘Ape’ Cuello Aspira a ser reelegido a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Es heredero de la estructura política del Clan Gnecco y ha sido salpicado en el caso CA. De acuerdo con el exdirector de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, Cuello fue uno de los tres congresistas que se reunieron con Otto Bula, quien tuvo la misión de conseguir la adjudicación del contrato Ocaña-Gamarra. Cuello es objeto de una investigación preliminar por irregularidades en la celebración de contratos firmados cuando ejerció como presidente de la Cámara. Eloy ‘Chichí’ Quintero Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Fue señalado públicamente por Pedro Muvdi de estar relacionado con el narcotraficante Techo Ospina, quien cumple una condena de 11 años en Estados Unidos. Muvdi denunció amenazas contra su vida por esa acusación. Fawzi Muvdi Anillo Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Liberal. Es hijo y heredero de la estructura política del excongresista liberal Pedro Muvdi Arangüena, condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que Muvdi hizo parte de la alianza paramilitar, constituyendo una pieza trascendental en el proyecto económico y político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. La Guajira Alfredo Rafael Deluque Zuleta Aspira a ser reelegido como Representante a la Cámara por el Partido de la U. Ha sido apoyado política y financieramente por Cielo Redondo, jefe política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, del Bloque Contra Insurgencia Wayuu que operó en La Alta Guajira. Alfredo Deluque es miembro de Nueva Fuerza Guajira, el movimiento liderado por Jorge Pérez Bernier, a quien la Procuraduría abrió un proceso por irregularidades presentadas en seis contratos de prestación de servicios de salud en La Guajira. Deluque es hijo del exgobernador destituido Hernando Deluque, quien fue condenado a 9 años de presión y los paga en su casa y desde allí  dirige la campaña de su hijo. Fernando Gómez Bacci Candidato al Senado por el Partido Opción Ciudadana. Es hijo y heredero de la estructura política del exgobernador de La Guajira “Kiko Gómez”, quien está pagando una condena de 55 años de cárcel por tres homicidios y aún cuenta con procesos abiertos ante la justicia, por otros posibles asesinatos y presuntas relaciones con bandas criminales, en especial con la del narcotraficante alias “Marquitos”. José Durán Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. José Durán es heredero de la estructura política del exgobernador ‘Kiko Gómez’, quien está pagando una condena de 55 años de cárcel por tres homicidios y aún cuenta con procesos abiertos ante la justicia, por otros posibles asesinatos y presuntas relaciones con bandas criminales, en especial con la del narcotraficante alias “Marquitos”. Magdalena Fabián Castillo Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es heredero de la estructura política y política del Clan Cotes. Asimismo, lo apoya José Francisco ‘Chico’ Zúñiga Vives, condenado por parapolítica. También lo apoya el llamado clan de los Dávila, encabezado por Chelito Dávila, hijo de Chelo Dávila, condenado por parapolítica, y por Eduardo Dávila Armenta, condenado por parapolítica y por homicidio. En Aracataca lo apoya Pedro Sánchez, procesado judicialmente por crímenes contra personas protegidas. José Pinedo Campo Aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es hijo y heredero político de Miguel Pinedo Vidal, expresidente del Senado y exGobernador del Magdalena, condenado por nexos con grupos paramilitares por la Corte Suprema de Justicia. Carlos Mario Farelo Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Es hijo de Zunilda Daza, exconcejala de El Difícil y “señalada en 2012 por la Fiscalía de haber firmado el “Pacto de Chivolo” con los paramilitares de ‘Jorge 40’”. De igual forma, es aliada del Clan Cotes y esposa del exalcalde de Santa Marta, José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, quien fue condenado por nexos con grupos paramilitares. Franklin Lozano Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana. Es el hijo y heredero político de Franklin Lozano Andrade, ex diputado condenado por nexos con grupos paramilitares. Es aliado del clan Cotes. Jaime Serrano Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Serrano es objeto de 5 investigaciones penales por la conformación y financiación de grupos paramilitares, el fraude procesal y falsedad en documento privado. Kelyn Johana Candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Es heredera de la estructura política de su esposo, el parapolítico Rodrigo Roncallo, quien fue condenado por haber firmado el Pacto de Chivolo con el paramilitar ‘Jorge 40’. Chocó Nilton Córdoba Manyoma Aspira a ser reelegido a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. El ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno afirmó que el representante a la Cámara (Partido Liberal) por Chocó pagó $ 200 millones al magistrado auxiliar Camilo Ruiz para evitar una orden de captura. En diciembre, el despacho de Gustavo Malo le abrió investigación formal sin detención. Putumayo Argenis Velásquez Aspira a ser reelegida a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Velázquez se estaría favoreciendo de puestos y espacios para fortalecer sus aspiraciones electorales y quien, además, ha sido vinculada por el Ex fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, a los escándalos del cartel de la toga por haber pagado 200’000.000 para evitar una orden de captura en su contra. Por este último hecho, la Corte Suprema recientemente le abrió una indagación preliminar. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) El Gobierno nacional y las FARC suscribieron en La Habana un Acuerdo de Paz, que tuvo como efecto jurídico la suspensión de órdenes de captura contra los militantes de los ex combatientes. Fue una medida temporal y excepcional, condicionada a que ellos se presenten a la Jurisdicción Especial de la Paz con el objetivo de cumplir con el sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, para asegurar su participación política en 2018. A finales de mayo de 2017, se aprobó el proyecto de reforma constitucional en el que se dio vía libre a la creación del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), así como la posibilidad de obtener 10 curules en el Congreso de la República: 5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes. Posteriormente, la Ley Estatutaria de la JEP estipuló que, aunque la condición de participación política de la Farc en la democracia colombiana es un caso atípico, son necesarias unas medidas excepcionales para garantizar su presencia en el Congreso de forma transitoria: el sometimiento ante la JEP y la reparación a las víctimas, entre otras. Como resultado de lo anterior, la Farc conformó listas para Cámara territorial en Antioquia, Santander, Atlántico y Bogotá. Y en Senado, conformó una lista con 23 aspirantes, de los cuales: 11 son civiles y 12 excombatientes. A continuación, la lista de ex combatientes al Senado: Iván Márquez Marín (Ex combatiente) Pablo Catatumbo Torres (Ex combatiente) Judith Simanca Herrera alias “Victoria Sandino” (Ex combatiente) Julián Gallo Cubillos alias “Carlos Antonio Lozada” (Ex combatiente) Griselda Lobo Silva alias “Sandra Ramírez” (Ex combatiente) Israel Alberto Zúñiga Iriarte alias “Benkos Biojó” (Ex combatiente) Alfonso Lopez Mendez alias “Efrén Arboleda” (Ex combatiente) Jesus Emilio Carvajalino Carvajalino alias “Andrés París” (Ex combatiente) Abelardo Caicedo Colorado alias “Solís Almeida” (Ex Combatiente Fabian Ramirez Cabrera (Ex combatiente) Fredy Escobar Moncada alias “Jimy Ríos” (Ex combatiente) Ronald Rojas Ramos alias “Ramiro Durán” (Ex combatiente) Ver documento completo Descargar informes aquí: Recomendamos: El Clan de la familia Char

La implementación de los acuerdos de La Habana ha significado, entre otras, un cambio fundamental en las regiones del país: la salida de más de 7.000 personas armadas de las selvas colombianas. Las implicaciones sociales, políticas y ambientales de lo anterior ya han sido introducidas por las versiones previas del informe ‘¿Cómo va la paz?’. Sin embargo, los rostros de la conflictividad territorial en el país siguen teniendo como principal afectada a la naturaleza. La Reforma Rural Integral es muy clara en declarar su intención de cerrar la brecha entre campo y ciudad, empresa que además de plantear un nuevo modelo de planeación territorial, identifica el cambio climático como fenómeno a combatir desde la implementación territorial de los acuerdos entre Farc y Gobierno. Mientras el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria o la restauración de ecosistemas aparecen entre los programas de la cristalización de la Reforma Rural Integral, episodios de deforestación, minería ilegal en cuencas hídricas y actividades productivas en áreas protegidas siguen siendo el común denominador a lo largo y ancho del país. Las anteriores circunstancias con sus respectivos contrapesos como las burbujas ambientales del Ministerio de Ambiente, la captura de mineros vinculados a grupos delincuenciales o las consultas populares impulsadas por las comunidades en un buen número de municipios. En este capítulo se abordarán tragedias y retos ambientales en las zonas pos-Farc, poniendo especial atención en circunstancias que continúan haciendo de la naturaleza un sujeto re-victimizado por las dinámicas territoriales del posconflicto. Pero también se recogerán experiencias concretas que permiten hallar en la terminación del conflicto armado una posibilidad para la restauración y la conservación de los ecosistemas más golpeados por la confrontación bélica que se ha mantenido en territorio nacional. El cese al fuego bilateral con el ELN le ha dado mayor perspectiva al principio de sacar a la naturaleza de la guerra. Inventariar ambientalmente las zonas pos-Farc, revisar el avance del fenómeno de la deforestación, llamar la atención sobre los ríos más afectados por el conflicto que hoy siguen a merced de la guerra y las economías ilegales, y señalar los avances y las demoras del proceso de zonificación ambiental son los principales propósitos de este capítulo. Tanto el gobierno colombiano, como las Farc y el ELN han reconocido reiteradamente la centralidad de la biodiversidad como sujeto de reparación en la construcción territorial de la paz. Iniciativas desde la sociedad civil como el Diálogo Minero-Energético, el Pacto por el Agua, los guardianes del oso, las consultas populares, entre otras, no hacen más que llamar la atención sobre la necesidad de caracterizar las conflictividades que se siguen dando entorno a la biodiversidad y los bienes naturales de Colombia, para luego dar un paso adelante en la construcción participativa de planes que reviertan los efectos de la guerra en la naturaleza. En últimas, poner el lente de la implementación –de los acuerdos de La Habana– en el medio ambiente es una apuesta por señalar la urgencia de hacer realidad el nuevo modelo para planear y ordenar el territorio que ha sido acordado en la mesa de negociaciones. Tomado del tercer informe Cómo va la Paz, Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo. Un año del acuerdo de paz

A este punto nadie discute que en el Gobierno nacional se ha producido una serie de problemas de planeación para la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, en medio de esta improvisación, ha sido el vicepresidente Óscar Naranjo quien a diferencia de otros implementadores, ha logrado construir un entorno de eficiencia, planeación y sobre todo de confianza en la gestión territorial. Óscar Naranjo ha logrado tres cosas que muchos funcionarios y servidores públicos no logran. Por un lado, la construcción de un diálogo social con las comunidades más afectadas por el conflicto. Por ejemplo, en Tumaco, el vicepresidente, ha realizado ocho viajes, en los cuales se ha reunido con cerca de 4.000 personas, entre ellos, al menos 600 líderes sociales. Allí en Tumaco se creó el Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia, que lo integran 15 entidades del Estado y ha atendido más de 6.000 personas. Con esta gestión el vicepresidente ha logrado posicionar la idea de que el Estado es más que seguridad y justicia, es un ente integral que está al servicio del ciudadano. En segundo lugar, el vicepresidente se ha apropiado de temas y problemáticas que habían estado en funcionarios medios o que sencillamente no eran una prioridad. Por ejemplo, el tema de líderes sociales y respeto a los derechos humanos. Naranjo ha realizado 11 “diálogos por el respeto a los derechos humanos”. Lo cual le ha permitido acercar la Vicepresidencia a las comunidades, y entender que hacer Estado, gobernar y servir al ciudadano es más de tirar pavimento y asfalto en las vías colombianas. En este ejercicio reactivó la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y hoy es prioridad para el Estado la protección de líderes sociales. En tercer lugar, el vicepresidente se concentró en la articulación institucional, uno de los sueños de todo funcionario público, pero a diferencia de otros, ha logrado resultados positivos. Por ejemplo, fue el encargado de la visita del santo Padre Francisco, visita que salió perfecta. Además ha construido un trabajo intersectorial en el tema de drogas ilícitas. Fue uno de los gestores del cuerpo élite y se ha encargado de articular el Estado a nivel local. Óscar Naranjo entendió que la ciudadanía necesita sentir y tener al Estado cerca. Obviamente los retos territoriales del posconflicto son inmensos, pero se han comenzado a construir los cimientos necesarios de un diálogo entre el Gobierno central, los entes territoriales y las comunidades más afectadas por el conflicto. Antes, ante cualquier protesta social, se acusaba a los manifestantes de guerrilleros o terroristas, ahora el gobierno cambió la línea y prefiere el diálogo y la concertación, lo cual se convierte en un avance impresionante para mejorar la democracia. Lo hecho por el Ministro Rivera y el Vicepresidente en los diálogos con las comunidades hace algunas semanas mejora la democracia colombiana y muestra que el diálogo es mejor que la represión. Pero además Naranjo ha superado la eterna discusión por los datos. Hasta hace muy poco, ante cualquier dato, el gobierno salía a discutir con otros datos, se trataba de desmentir cualquier información de las comunidades o las ONG. Ahora ese tono se superó, y más que discutir por los datos se buscan soluciones, el mejor ejemplo es el asunto de los líderes sociales. También se le abona al vicepresidente que las diferencias con otros funcionarios públicos, las tramita en reuniones de gabinete y son discusiones institucionales y nada personales. Las rencillas y las zancadillas al menos en el entorno del vicepresidente son asuntos superados. Los retos son muchos, queda mucho por hacer y será muy importante que esta línea no cambie en el próximo Gobierno. Columna de opinión publicada en Semana.com

¿Cómo califica la actuación del Congreso de la República durante el período del Fast Track? El congreso le falló al país, porque no legisló en la manera en como lo debía hacer, tanto en número como en calidad. Las iniciativas de la paz eran 24 al iniciar el Fast Track y únicamente produjo diez al finalizar el período. Se quedó más de la mitad de los proyectos en el camino. Los argumentos de quienes sabotearon la implementación, es de que estos eran en beneficio de las Farc, argumento bastante absurdo porque son temas que el país requiere. ¿Cómo califica el liderazgo del presidente Santos durante el período del Fast Track? El presidente Santos no ha sido un buen líder, no es su característica. Es una persona bastante hábil para sortear dificultades, pero en este caso le falló además del liderazgo que es poco, la estrategia política. Otro tema que es bueno tener en cuenta es el interés de los congresistas, quienes a la hora de votar, condicionan el apoyo a un favor cambio. Estamos finalizando el Gobierno y ya no hay nada por repartir, situación que empeora las cosas. ¿Es posible que un presidente se puede equivocar tanto en el momento de elegir personas como el representante Rodrigo Lara, el Fiscal General y el magistrado Carlos Bernal? Eso ha sido parte de los errores de Juan Manuel Santos y no se puede decir que fue por ingenuidad porque él no es una persona ingenua. Cometió equivocaciones de cálculo político, haciendo además muchas concesiones a personas que solapadamente eran opositores. ¿Lo que no se aprobó en el congreso de la república por vía del Fast Track, puede ser discutido por la vía ordinaria? Se puede hacer, el problema es que no hay motivación para ser aprobado, mucho menos con una campaña electoral en marcha. ¿Lamenta que el llamado que usted hacía al Gobierno Nacional para que se apoyara en la sociedad civil durante la implementación de los Acuerdos de Paz, no se escuchara? No solo que el Gobierno Nacional no escuchara, sino que la misma sociedad civil que votó por él Si, no continuara con la movilización en favor de la paz. ¿Qué le espera a la paz en Colombia? El posconflicto está en una incertidumbre muy grande, a pesar de que los fenómenos de violencia se han reducido. Hay mucha negligencia en el momento de ejecutar cambios en esta vía porque vivimos en un país lleno de odios que se resiste a superarlos. ¿Es coherente que un senador ayude a hundir una ley que favorecía a las víctimas del conflicto garantizándoles participación directa en el Congreso de la República, y luego salga a pedir el voto da esas mismas víctimas para su reelección en el cargo? No es coherente pero lo va a hacer. Es a la ciudadanía a quien le corresponde aplicarles una sanción a estos senadores que hundieron una norma que indudablemente favorecía las víctimas del conflicto.

Juan Carlos Granados llegó como representante a la Cámara en el periodo 2006-2010, por el Departamento de Boyacá, con apenas 12.870 votos, gracias al aval del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el Congreso coincidió con otros pesos pesados de Cambio Radical: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y los senadores en su momento: Germán Vargas Lleras y Plinio Olano, todos claves en su posterior ascenso político. Justo cuando salió del Congreso, en 2010, inició su campaña a la Gobernación de Boyacá con el apoyo de Cambio Radical. Como resultado, fue elegido gobernador para el periodo 2012-2015. Granados estuvo entre los candidatos para ocupar la cartera del Ministerio de Transporte, aunque el actual senador Varón Cotrino sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. En este periodo, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, también aspiraba a la Personería de la capital. Ambos impulsados por el partido Cambio Radical, bajo la campaña del actual senador Germán Varón Cotrino. En el Concejo de Bogotá se hicieron acuerdos entre los partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa para que la Contraloría quedara en manos de un candidato de Cambio Radical; mientras que los demás partidos se quedarían con la Personería. En efecto, la mayoría del Concejo eligió a Granados, a pesar de que no tenía experiencia en control fiscal. Pero sí tenía cerca de 10 investigaciones en la Procuraduría, por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador de Boyacá, además de dos procesos fiscales que adelantaba la unidad anticorrupción de la Contraloría General por detrimento de 19.000 millones de pesos. También había hecho parte de las mesas directivas de la Rape y de la CAR, y esto generaba una inhabilidad toda vez que esas entidades tienen injerencia en Bogotá. Pero no importó. De acuerdo a una solicitud de la organización de periodistas Consejo de Redacción (CdR), la Contraloría envió las relaciones de contratación que se llevaron a cabo entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Al respecto, se encontraron 400 nombramientos en diferentes cargos y fueron vinculadas 191 personas por prestación de servicios. Sobre estos últimos, la mayoría son de Bogotá (68), pero se han vinculado a 54 personas de Boyacá (como si se tratara de regresar favores políticos). Una buena parte fueron candidatos que perdieron en las elecciones de 2015 en Bogotá y Boyacá. Lo anterior coincide con las denuncias que hace uno de los sindicatos de la Contraloría de Bogotá. De acuerdo con el informe del sindicato Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, algunos contratos, cuyo monto mensual supera los 7 millones de pesos, son de funcionarios que ni siquiera asisten a las instalaciones de la Contraloría de Bogotá. Se presentan varios casos que generan suspicacia sobre su relación amañada en la Contraloría con el partido Cambio Radical, sus vínculos con el cartel de la toga, el fiscal anticorrupción y Odebrecht. A continuación se presenta caso por caso. El popular senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, que se ha ufanado de defender a su partido y jefe político, Germán Vargas Lleras, de las acusaciones sobre corrupción, también ha sido beneficiado del contralor Granados. El caso puntual es sobre su exesposa Liliana Jaramillo Mutis, quien tiene una estela de contratos en la Auditoría General de la República y es contratista en la Dirección de Planeación de la Contraloría. El exauditor Felipe Córdoba le otorgó a Liliana Jaramillo Mutis contratos multimillonarios y le ayudó a gestionar el nombramiento del abogado Luis Alberto Giraldo, en la Contraloría de Bogotá. En la Auditoría General, Jaramillo tiene varios contratos multimillonarios con el objeto de “prestación de servicios profesionales”: en 2016, por más de 145 millones de pesos para ser ejecutados durante todo el año (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665399) y en 2017 por más de 150 millones que estaban destinados a ejecutarse desde enero de 2017 durante 11 meses (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6084469). Según información reciente, su labor como contratista de la Contraloría es supervisada por Luis Alberto Giraldo Polanía, actual subdirector de análisis, quien fue su subalterno en la Auditoría General. Pero además, en la nómina anterior de la Contraloría se registran contratos con Ximena Liliana Bustos Velasco, hija del exmagistrado involucrado en el cartel de la toga, Leonidas Bustos, quien fue nombrada en la Contraloría de Bogotá el pasado 2 de febrero de 2015, cuando el señor Diego Ardila dirigía el organismo. El contrato era por un monto que supera los 8 millones de pesos mensuales. Aunque Granados la mantuvo hasta que estalló el escándalo del cartel de la toga, según la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, antes de ser retirada de la entidad, Liliana Bustos suscribió un contrato de más de mil millones de pesos sobre provisión de electrodomésticos para la Contraloría. Elementos que corresponden a neveras y televisores pantalla plana, los cuales están inutilizados y arrumados en varias oficinas. Otro de los favorecidos es su hijo José Leonardo Bustos, quien según el mismo sindicato, trabajaba en la Secretaría de la Contraloría. Se desconoce cómo llegó a la entidad y no se sabe qué actividades realizaba. Pero Bustos no solo fue favorecido con sus hijos. Al parecer, Martha Pineda, esposa del exmagistrado José Leonidas Bustos, también estaría vinculada, favorecida en los millonarios contratos que entregó el contralor de Bogotá. No olvidemos que Leonidas Bustos tuvo mucho que ver en el archivo del proceso contra Vargas Lleras por presuntos vínculos con paramilitares en Casanare. En mayo de 2013 (apenas 10 meses después de abrirse el proceso contra Vargas Lleras), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza de Leonidas Bustos, decidió archivar en tiempo récord la investigación. La magistrada auxiliar encargada de investigar y proyectar el fallo para la firma de Leonidas Bustos fue la abogada Luz Mabel Parra. Parra fue nombrada por el fiscal Néstor Humberto Martínez en junio de 2016 como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y además estuvo casada con Gerardo Torres, también conocido como Yayo, quien hasta hace poco formaba parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino (Ver link: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/senadores/1179-varon-cotrino-german). Pero ahí no termina todo. Gustavo Malo, el cuestionado magistrado, también sale al ruedo. Yara Milena Malo Benítez, hija de Gustavo Malo, ambos investigados por posible corrupción, tenía claros vínculos con Granados desde antes de ser contralor. La prueba está sustentada por un contrato de prestación de servicios, entre Yara Malo Benítez y el Departamento de Boyacá en 2015, cuando Granados era gobernador del departamento. En junio de 2017 Yara Malo volvió a ser contratada con la bendición de Granados, ahora como contralor. Se trata del contrato 157, firmado el 6 de junio, con un plazo de 5 meses por un valor total de 25 millones de pesos. Pero esto no es todo, nos falta el fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno. En febrero de 2017 se suscribió un contrato con el objeto de “prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la Gestión Fiscal de la Dirección Sectorial Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá”, el cual se fijó por seis meses, entre la Contraloría de Bogotá y el señor Leonardo Beltrán Rivera, familiar cercano del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Cuatro meses después fue terminado unilateralmente por Beltrán Rivera, por razones personales, según la Contraloría. Con base en el contrato, Beltrán Rivera recibiría pagos mensuales de 6 millones de pesos, que se cumplieron solo durante 4 meses. Pero esto no es lo más extraño. La dependencia en la cual se suscribió el contrato (Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente) es la misma en la cual fue contratada Yara Malo, hija del exmagistrado investigado por el cartel de la toga, Gustavo Malo. Fue imposible obtener comunicación con Germán Varón Cotrino. Columna de opinión publicada en Semana.com

Fast-Track La entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2016 fue reconocida mediante la sentencia C-160 de 2017. Dicha providencia puso de presente que el proceso de refrendación se cumplió a cabalidad, tal como también lo reconoció el artículo 1 de la Ley 1820 de 2016. El proceso de refrendación culminó el 30 de noviembre de 2016 luego de que el Senado de la República aprobara el día 29 de noviembre de 2016 una proposición mediante la cual declaró cumplida la refrendación popular del Acuerdo Final y la Cámara de Representantes hiciera lo propio el día 30 de noviembre. Por lo tanto, debe entenderse que el término de 180 días de vigencia de las facultades legislativas para la paz comenzó a contarse a partir del 1 de diciembre de 2016. En ese sentido, los primeros 180 días del Fast Track se contaron hasta el día 29 de mayo de 2017, sin embargo, las disposiciones establecen que el procedimiento legislativo tendrá una vigencia inicial de seis meses prorrogables a otros seis meses más, por la cual este proceso culminará el próximo 26 de noviembre. Durante el primer semestre del año 2017, fueron aprobados en bloque, antes de la regulación de la Corte Constitucional, en Fast Track: cuatro actos legislativos (JEP, Reincorporación, Estabilidad Jurídica del Acuerdo y Monopolio de las Armas); dos leyes orgánicas (Voceros FARC-EP y UNP); una ley ordinaria (Amnistía), y una ley estatutaria (Estatuto de la Oposición). Balance Primer semestre 2017 Desde el pasado 20 de julio, momento en el que se instaló el Congreso e inició la segunda legislatura, el avance ha sido precario tanto por el número de iniciativas aprobadas como por los cambios introducidos para limitar el alcance de los reformas. Tal como están las cosas de las 24 iniciativas que debían tramitarse en este periodo sólo se aprobaran 12, incluidas la reforma política, las circunscripciones especiales de paz y la JEP que han sido mutiladas a medida que fue avanzando el debate y se han apartado en buena forma de los acuerdos de la Habana. 12 quedarán en el tintero, entre ellas 8 que ni siquiera fueron presentadas por el gobierno y 4 de temas agrarios que no alcanzarán los debates necesarios. A continuación, se presenta de manera gráfica las votaciones para cada uno de los proyectos que tienen relación directa con la implementación y realización del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc- EP. Comportamiento de los partidos políticos: Entre las iniciativas claves de esta legislatura de paz se encuentran: Jurisdicción Especial para la paz, circunscripciones transitorias especiales de paz, participación política, desarrollo rural entre otros. Para los seis proyectos de ley mostrados anteriormente, en materia de implementación de los Acuerdos de Paz, el centro democrático ha venido absteniéndose, sin embargo, en estabilidad y seguridad jurídica tres representantes votaron no y los de más se abstuvieron. El Centro Democrático en cabeza de Uribe, desató una dura controversia en contra de los Acuerdos de Paz, haciendo gala de un lenguaje inapropiado y estigmatizante. Ahí se expresa de modo claro la polarización entre la oposición y el gobierno. Al principio, el gobierno capoteo a la oposición con unas mayorías limitadas pero suficientes para sacar adelante los proyectos y de eso da cuenta la primera legislatura del Fast Track. Pero después, en el segundo semestre, las cosas se complicaron aún más por la división de la Coalición de la Unidad Nacional y la imprevisión de Santos sobre esta posibilidad. El retiro del gobierno de Cambio Radical y del Expresidente Vargas Lleras se venía venir, sin embargo Santos permitió que Rodrigo Lara, a nombre de Cambio Radical, fuera elegido presidente de la Camara y le dio una arma contundente a la oposición para martillar sobre el fondo de los acuerdos de paz, especialmente la reforma política y la reglamentación de la Justicia Especial para La Paz. Esto, sumado a los cuestionamientos y objeciones de la fiscalía y la corte constitucional frente a ciertos temas, han creado un clima hostil en el proceso legislativo. El actuar de los partidos y su apoyo a la paz (que en este momento se traduce de manera explícita en la aprobación o no de los proyectos), se empezó a ver condicionado por cuenta de intereses políticos y su reacomodo en los cargos del gobierno. Históricamente, en el Congreso de la República cuando algún proyecto o ley quiere cambiar las reglas de juego, los políticos comienzan a entorpecer dichos proyectos de diferentes maneras i) saboteando los debates ii) votando negativamente o en bloque abstencionista. Justamente eso fue lo que pasó en la gestión de Rodrigo Lara y los proyectos que materializan la implementación del Acuerdo de Paz. En conclusión, la historia se repite Colombia no está lista para una reforma político-electoral estructural. La idea era abrir el sistema político, contar con nuevos actores en la democracia y lo más importante echar las bases de un sistema electoral abierto y transparente, se ha frustrado. Por lo anterior, en cuanto a los partidos políticos y una democracia transparente no se logrará ni su fortalecimiento ni su recuperación en credibilidad y legitimidad. De otro lado, es necesario un análisis profundo sobre el papel de las víctimas en la JEP y su debida implementación. Desde la Constitución de 1991, la carta política ha tenido 43 reformas. Varias de ellas han estado relacionadas con el diseño institucional y las reglas de juego del sistema político colombiano. La primera que tuvo gran peso, también denominada “reforma política”, modificó, en 2003, 16 artículos. De ahí en adelante ha habido otras 6 más con el mismo objetivo (2002, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015). El primer intento de Reforma Política presentada por el Gobierno Juan Manuel Santos, fue presentada por el entonces ministro Germán Vargas Lleras. Se trata de la Ley 1474 de 2011, denominada también “Reforma Política Partidista” mediante la cual se desarrollaron múltiples aspectos relacionados con el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual modificó varios artículos de la Constitución referido a los Partidos Políticos, las campañas y los eventos electorales. Inicialmente pretendía sancionar a los partidos políticos por avalar candidatos inhabilitados o que resultaran condenados y eliminar la reelección presidencial. Aunque se estrenó en las elecciones de 2011 y varios alcaldes fueron condenados y destituidos, en el fondo no se dio una transición política hacia elecciones más transparentes. Prueba de lo anterior se evidenció en las parlamentarias y presidenciales de 2014, de las cuales existen hoy en día graves investigaciones por financiación de Odebrecht de forma ilegal y corrupta, además de la persistencia del fenómeno de la “parapolítica”. La segunda reforma presentada por el Gobierno Santos, fue en junio de 2015, siendo la reforma número 39 a la Constitución desde 1991, con la cual se eliminó la reelección presidencial, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos se había beneficiado de dicha figura. Esta última recibió la bendición de la Corte Constitucional y entrará a regir en 2018. El tercer intento de reforma del Gobierno Santos, surge a partir de los Acuerdos suscritos entre el Gobierno y las FARC-EP, y busca una mayor inclusión de los diferentes movimientos políticos en el sistema democrático colombiano, además de ampliar la participación política de aquellos territorios más golpeados por el conflicto armado. Como se advirtió en el segundo informe de La Iniciativa, la propuesta de la Misión Electoral Especial (MEE), que tenía grandes cambios al sistema político y electoral colombiano, como la división tripartita de los órganos electorales, las circunscripciones mixtas y el financiamiento preponderantemente estatal, poco y nada quedaron plasmados como propuestas en el proyecto de reforma política presentado por el Gobierno al Congreso de la República. Tan solo persisten algunos elementos relacionados con la financiación estatal y la creación del Consejo Electoral Colombiano. Esta última propuesta fue uno de los puntos más importantes señalados en las recomendaciones de Misión Electoral Especial sobre la necesidad de incluir listas cerradas y bloqueadas en el 2018. La medida pretender eliminar el voto preferencial y los cacicazgos políticos que han hecho alianzas con mafias criminales y estructuras clientelistas arraigadas a algunas élites sub-nacionales. A su vez, buscaba disciplinar a los partidos y hacer el ejercicio democrático más representativo, mediante partidos de ideología y no de candidatos. Todo esto se ha ha aplazado, la reforma fue hundida a petición del mismo Gobierno Nacional. Tránsito en el Congreso de la Reforma Política Posteriormente de su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el 29 de agosto fueron eliminados 6 de los 23 artículos que tenía el proyecto de Acto Legislativo inicial. Entre estos, se encontraban el artículo 8 y 9, que buscaban modificar el artículo 172 y 177 de la Constitución política para reducir la edad para poder ser elegido senador y representante a la Cámara, respectivamente. Una propuesta sin fondo ni forma. Se eliminó el artículo 1 de la propuesta inicial, en el que se acababa con la “muerte política” para ciertos delitos como la violación al régimen de inhabilidades, el tráfico de influencia o la indebida destinación de dineros públicos, teniendo en cuenta que quienes estuvieran siendo investigados o hubieran sido sancionados podían presentarse elecciones del 2018. Un hecho que significó el rechazo por varios partidos políticos y de los órganos de control. Aunque en su momento se señaló que este artículo favorecería a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Piedad Córdoba, también podía favorecer al exministro Fernando Londoño, o al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quienes tenían inhabilidad para ejercer cargos públicos, por cuenta de sanciones disciplinarias. Después de nueve sesiones, y un proceso bastante lento, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto el 4 de septiembre de 2017 (casi un mes después de haber sido enviado por el Gobierno) para que siguiera su trámite en la plenaria de la corporación. Sin embargo, el texto inicial ha sido modificado en su mayoría y pasó con varias proposiciones que, según algunos sectores, alejan la iniciativa de su carácter estructural, como se había contemplado inicialmente con base en las recomendaciones de la MEE. Las críticas, de nuevo, relacionaban al representante Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y presidente de la Cámara, quien no solo ha hecho uso de sus facultades constitucionales para torpedear el proceso, sino que ha buscado hacer cambios sustanciales en el articulado. Al respecto, miembros del movimiento Voces de Paz lo acusaron se sabotear las discusiones de la reforma en la Comisión Primera, al abandonar las sesiones para abrir el registro de la Plenaria y así obligar a que se levanten las discusiones, además de las diferentes cartas enviadas por parte del ministro del Interior Guillermo Rivera, en representación del Gobierno nacional. Por su parte, aunque la financiación de partidos políticos continúa en el proyecto, es de forma distinta a lo que propuso la MEE. A esto, se suma la eliminación de la figura de la recolección de firmas para inscribir candidatos, y la modificación de los requisitos que deben cumplir los movimientos y partidos políticos para adquirir la personería jurídica para postular candidaturas en las regiones y a nivel nacional. En ese sentido, el balance de la Reforma Política en su tránsito dentro del Congreso ha sido deficiente, su contenido no guarda relación alguna con las observaciones de la MEE que fueron señaladas en el segundo informe de La Iniciativas. Blindaje Jurídico Acuerdo dePaz El 11 de octubre de 2017, dos días después de la aprobación de la JEP en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 02 de 2017, mediante el cual se blinda jurídicamente el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno nacional con las FARC. Se garantiza que sea respetado por los próximos tres Gobiernos. La corte aceptó que los contenidos del Acuerdo que correspondan a normas del derecho internacional humanitario, o a derechos fundamentales o conexos, serán de obligatorio cumplimiento en los próximos 12 años. Estos están relacionados con los ejes de los derechos de las víctimas (JEP). La obligatoriedad del cumplimiento del Acuerdo incluye a todos los organismos del Estado; es decir, el Ejecutivo, el Congreso, y las altas Cortes. Sin embargo, el cumplimiento es esta normativa estará atada al cumplimiento del Acuerdo y la voluntad política. Así pues, la sentencia de la Corte Constitucional que blinda el acuerdo le da al Gobierno un parte de alivio para continuar la aprobación de la normatividad en Fast-Track del Acuerdo de Paz en el Congreso. Esto, por ejemplo, deja sin sustento la propuesta de la senadora Claudia López en el sentido de que los jefes de la FARC no puedan ir al Congreso sin antes haber pasado por la JEP. Esto sencillamente contraviene el acuerdo y, por tanto, no se ajusta a la ley. Tomado del tercer informe Cómo va la Paz, Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo. Un año del acuerdo de paz

El siguiente informa hace parte de un conjunto de especiales que viene preparando la Fundación Paz & Reconciliación sobre la situación de seguridad en los territorios priorizados en el postconflicto. Sobre la situación en el departamento de Guaviare se destacan las siguientes conclusiones: • Las estructuras armadas al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco han mostrado una fuerte capacidad para consolidar su presencia en el territorio, se estima que cuenten con 550 hombres distribuidos en cuatro departamentos. A la expansión y consolidación territorial de la disidencia se suma la precaria implementación del acuerdo, hecho que ha sido utilizado para motivar a los excombatientes a sumarse a este grupo de desertores. Se cree que al menos 450 de los 550 fueron combatientes de las FARC. • Es urgente que acciones dirigidas a los procesos de reincorporación de excombatientes se fortalezcan y reconozcan la diversidad étnica y territorial, mientras no se avance en esta materia el riesgo de que los excombatientes abandonen el proceso es muy alto. • Preocupa como los datos asociados a violencia han reputando en lo corrido del 2017. Mientras que entre 2012 y 2016 se observó una disminución en la tasa de homicidios del departamento de 45 puntos porcentuales, en los primeros 9 meses del 2017 se han registrado un aumento de %314 sobre el mismo periodo del 2016, es decir, 7 casos en los al 30 de septiembre de 2016 y 29 casos en el mismo periodo de 2017. Esta situación devela un vacío de poder, el cual está siendo copado por la disidencia de las Farc, como se podrá observar en el texto, el mayor número de violencia homicida se ha registrado en zonas rurales del departamento, un total de 19 casos. • Este aumento de la violencia homicida tiene dos orígenes. Por un lado el proceso de consolidación de la disidencia ha llevado al asesinato selectivo de miembros e justas de acción comunal y comerciantes. Por otro lado, producto de un proceso de anarquía criminal, es decir, las FARC ejercían un papel de regulación social en el territorio. Allí, ponían horarios a la circulación de personas, regulaban la venta y consumo de licor, de hecho multaban las personas que estuvieran involucradas en riñas. Una vez las FARC salieron se dispararon fenómenos de violencia social y delincuencia común. Por ello el aumento del homicidio es rural y es entre vecinos, no hay quien regule, es la disidencia la que está asumiendo ese papel. Por ejemplo en puerto Alvira se pasó de cero homicidios en 2016 a 4 en 2017 y todo por temas de deudas y disputas alrededor del consumo de licor. • Durante los meses de investigación no se logró determinar ningún tipo de coordinación entre la disidencia y la dirigencia del ahora nuevo partido de las FARC. es decir, no hay un plan B de las FARC ni la disidencia es su retaguardia. Es un fenómeno que está creciendo pero no es un plan B. • La disidencia ha citado población a reuniones. Las denuncias se han hecho a las autoridades y aun así los operativos militares son pocos y de baja profundidad. ¿qué está pasando? • El aumento de los cultivos de uso ilícito a nivel nacional como departamental ha aumentado de manera gradual desde 2012. Sin embargo, para el caso del departamento del Guaviare se debe destacar que la participación de hectáreas con respecto al total nacional son las más bajas en los últimos 10 años, incluso el registro de hectáreas cultivadas en 2016 es uno de los más bajos en este mismo periodo, esto quiere decir que los cultivos en el departamento se han desconcentrado y que la salida de las Farc del territorio suponía una oportunidad para concertar planes de sustitución voluntaria. • El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Policía Antinarcóticos, han demostrado muy bajos niveles de coordinación interinstitucional, lo cual se ha generalizado con un ambiente de desconfianza entre comunidades y las autoridades. Los graves hechos presentados el 22 y 23 de octubre en el municipio del Retorno son reflejo de esta situación. • Según los datos entregados por cada una de las estrategias para la sustitución de cultivos de uso ilícito, muestran que la erradicación manual no sólo produce menores resultados sino que además tiene efectos negativos en la construcción de confianza entre comunidad e institucionalidad. Mientras que la Policía Nacional reporta un total de 3742 hectáreas erradicadas, el acuerdo voluntario que compromete a 8744 familias con el PNIS sustituiría al menos 6311 hectáreas de coca. Informe completo aquí:

Hace un año se firmó el histórico acuerdo de paz en Colombia. Al hacer la evaluación, algunas cosas van bien, otras tantas apenas arrancan y otras muchas van mal. Dentro de la que va bien, se podrían dar dos grandes logros. 1. Se logró lo esencial, el desarme de las FARC, con una cifra realmente increíble. El éxito de la dejación de armas de cualquier proceso de paz se mide por la cantidad de armas versus la cantidad de desmovilizados. En Colombia el promedio de la desmovilización paramilitar que se realizó entre 2003 y 2006 dejó como saldo 0,6 armas por desmovilizado. A nivel internacional el promedio más alto fue Afganistán con 0,76 armas por desmovilizado. Para el caso de las FARC la cifra llegó a 1,32 armas por desmovilizado, el promedio más alto en el mundo. 2. Otro de los logros positivos fue la disminución de casi todos los indicadores de violencia asociados al conflicto. Por ejemplo, en 2002 se cometieron poco más de 3.000 secuestros, mientras que en 2016 se produjeron 205 y en lo que va de 2017 la cifra llega a 156. Los afectados por minas anti personal y explosivos sembrados en caminos pasaron de 1281 en 2006, el año más alto de esta victimización, a 15 en lo que va de 2017. El desplazamiento forzado igualmente ha descendido de forma increíble y en las antiguas zonas donde operaban las FARC la extorsión descendió. Las noticias positivas contrastan con algunas cosas que no terminan de arrancar o sencillamente luego de ir bien muestran signos de comportamiento negativo. 1. El homicidio había comenzado a descender de forma significativa en todo el territorio nacional y particularmente en las zonas donde operaban las FARC las reducciones fueron significativas hasta finales de 2016. Sin embargo, en 2017 en 123 municipios de los 242 donde operó las FARC los homicidios van al aumento. Este grupo de municipios se podría dividir en dos categorías. 76 de ellos presentan aumentos debido a la disputa y apropiación de economías ilegales por parte de otras organizaciones criminales. Otros 47, presentan aumentos de homicidios debido al vacío de poder dejado por las FARC en las regulaciones sociales o disputas entre vecinos. 2. Igualmente varios programas gubernamentales como el encargado de las vías terciarías o vías rurales, la infraestructura agrícola o el plan de sustitución de cultivos, recién comenzaron, algunos de ellos con poco presupuesto y por ende poco cubrimiento territorial. Además, la financiación será complicada el año próximo. Las cosas que van mal son varias también, pero valdría la pena destacar tres. 1. la política de reincorporación de las FARC es un desastre. Ni en lo jurídico, ni en la seguridad física, ni en materia de reincorporación económica se encuentra un norte. Los miembros de las FARC en proceso de reincorporación no tienen tierras para proyectos productivos, para más de 12.000 de ellos apenas se han aprobado tres proyectos productivos. Gran parte de esta crisis ha provocado que algunos de ellos reincidan en organizaciones criminales. 2. Tal vez el mayor desastre se ve en la implementación jurídica de los acuerdos. Para hacer realidad lo pactado en La Habana, se necesitaban al menos 68 iniciativas legislativas, el Gobierno solamente presentó 24 y de ellas solo se han aprobado 10, con posibilidades que se aprueben dos más durante los últimos días de noviembre. No debe olvidarse que en el marco del proceso se creó un mecanismo ágil para aprobar estas leyes, y dicho mecanismo excepcional vence el 30 de noviembre de 2017. La implementación jurídica puede llevar a que el proceso de paz se convierta en una gran frustración social y política. 3. El otro tema que va mal es el tema agrario. Lo pactado entre el Gobierno y las FARC contemplaba superar una de las mayores causas de la violencia en Colombia y se refería al tema agrario: democratizar la tierra, modernizar el capo, acceso a crédito, formalización de tierra. Todo ello quedó en nada. No se aprobó ni una sola ley, no hay plata y no hay interés en mover ese tema. Columna de opinión publicada en El País.com

La Fundación Paz y Reconciliación ha construido, después de un año en terreno con decenas de personas recogiendo información, un balance sobre el posconflicto y el estado del país a un año de la firma de los acuerdos. Se analizan 17 ítems, a nivel territorial se hizo el estudio en los 281 municipios del posconflicto, y se realizaron análisis con datos oficiales sobre todos los indicadores de violencia. Algunas cosas que van bien, otras que recién arrancan y otras tantas en estado crítico, ese es el balance. En total 250 páginas de información, con cerca de una veintena de conclusiones generales. Pero destacó tres de ellas. Tal vez la principal conclusión es que la guerra, entendida como conflicto armado, terminó, es decir, el conflicto armado se acabó, con ello casi todos los indicadores de violencia están descendiendo de forma impresionante. Solamente, en 2017 la violencia homicida ha comenzado a aumentar en los municipios priorizados del posconflicto. Los datos son los siguientes: A. Hubo en 2012 un total de 15.957 homicidios y 12.262 en 2017. En los 281 municipios se pasó de 4.114 a 3.157 homicidios entre los mismos años. B. De 232.000 desplazados en 2012 se pasó a 30.000 en 2017, es decir, 200.000 desplazamientos menos. C. En temas de secuestro se pasó de 3.278 secuestrados en 1998, o 3.306 en el año 2002 a 205 en 2016. D. De poco más de 1.200 afectados por minas antipersonal en 2006 se pasó a 15 en lo que va de 2017. Como se dijo, en temas de violencia homicida, 2017 comienza a mostrar repuntes con respecto al año 2016. Tal vez esta es la segunda conclusión. De los 281 municipios, un total de 123 muestran incrementos. Hay casos dramáticos y no es únicamente Tumaco. Policarpa, Nariño, pasó de 10 homicidios en zona rural en los primeros 10 meses de 2016 a 25 homicidios en el mismo periodo en 2017. Los 123 municipios con aumento de la violencia homicida se pueden dividir en dos grupos. Uno, de cerca de 76 municipios, que han visto incrementar la violencia homicida producto de la expansión que han realizado organizaciones criminales en las antiguas zonas donde operaban las Farc. Otros 47 municipios estarían padeciendo lo que el informe denomina, anarquía criminal. Es decir, las Farc durante los años que operaron en sus zonas, crearon una estructura de regulación social, en la cual dirimían disputas entre vecinos, solucionaban problemas de linderos y hasta temas de deudas. Hoy las Farc ya no están y las comunidades se están tomando la justicia por sus manos. Por ejemplo, en Puerto Alvira, departamento del Guaviare, se pasó de cero homicidios en 2016 a cuatro en 2017 y todo por temas de deudas y disputas alrededor del consumo de licor. La tercera conclusión es el pobre balance de la implementación jurídica de los acuerdos de paz. Se calculó que producto de estos el Congreso debía probar un total de 67 iniciativas legislativas. Al final el gobierno solo presentó 24, de ellas han sido aprobadas 10 y es probable que terminen siendo aprobadas 2 más, para un total de 12. Un balance insuficiente para lograr la implementación territorial de los acuerdos. El acuerdo de paz tenía tres grandes objetivos. El del Gobierno era que las Farc desaparecieran como grupo armado ilegal, y eso se logró, si bien hay disidencias, lo cual es normal en todo proceso de paz, estos ya son grupos dedicados a la economía ilegal y no tienen relación con la dirigencia del nuevo partido. El objetivo de las Farc era participar en política, lo cual hasta el momento se va logrando, aunque hay que esperar la estatutaria de la JEP. Pero el objetivo central era acabar con las causas estructurales del conflicto armado, con esas condiciones que han hecho que Colombia, desde su vida republicana, cada tantos años, repita una ola de violencia nueva. Para acabar con estas condiciones estructurales se necesitaba una mejor tarea del Congreso, como los temas de tierras y reforma política y todo eso quedó en nada. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Terminó la guerra. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, se desmovilizaron y se desarmaron; el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha firmado por primera vez un cese al fuego y a las hostilidades bilateral temporal y es muy probable que esta tregua se prolongue y termine en un pacto definitivo de paz. 2017 será recordado en la historia como el año en que se puso fin a un conflicto armado que duró más de cinco décadas y produjo 8.530.000 víctimas entre ellas cerca de 250.000 muertos la inmensa mayoría civiles indefensos. El país, signado por apasionadas controversias políticas, aún no le da el justo valor a este acontecimiento, pero la comunidad internacional en pleno si sabe el gran salto que ha dado Colombia. Por fin estamos pasando del siglo XX al siglo XXI, estamos dejando atrás la herencia de un siglo que en su segunda mitad produjo dictaduras militares y guerrillas en todo el continente. La guerra terminó. Lo que está en discusión es la calidad del post-conflicto. Las preguntas después de un año de firmado el acuerdo de paz tienen que ver con el camino que elegiremos en la transición: ¿Tendremos un post-conflicto especialmente violento como el de Centro-América? ¿Zanjaremos las enormes diferencias y controversias que en torno a las negociaciones de paz se han tejido con más ardor que razón? ¿Echaremos pronto las bases de la reconciliación nacional con verdad, con justicia, con reparación? ¿Los 281 municipios que han sufrido la guerra recibirán una verdadera atención del Estado, los empresarios y la comunidad internacional, para superar la presencia de economías ilegales y construir institucionalidad democrática, mercados legales y ciudadanía? ¿Se abrirá el país a un tiempo de reformas políticas, económicas y sociales en pos de la modernización, de la inclusión política y de la equidad social? El primer paso para realizar un post-conflicto de alta calidad es el cumplimiento cabal del acuerdo de paz suscrito solemnemente en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño el 24 de noviembre de 2016. El segundo paso es la puesta en marcha de estrategias eficaces para conjurar los demás factores de violencia: el crecimiento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, la minería ilegal; la persistencia de los herederos de los paramilitares, especialmente el Clan del Golfo; la consolidación de las disidencias de las FARC; cualquier tentación del ELN de volver a la confrontación armada; la anarquía criminal que se percibe en algunas zonas dejadas por las FARC donde están en aumento los delitos comunes y los conflictos en la comunidad. El tercer paso es el triunfo en las elecciones de 2018 de una coalición política comprometida de verdad con la construcción de una paz estable y duradera fruto de la negociación y la concertación. Ninguno de estos pasos está asegurado, la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz. Aún no se vislumbran unas tendencias dominantes, unas líneas más vistosas, más influyentes. Esta incertidumbre se refleja en el balance de la Fundación Paz y Reconciliación. En el marco de la Iniciativa Unión por La Paz hemos hecho un gran esfuerzo para hacer el seguimiento a los acuerdos de paz y a la marcha del post-conflicto a la largo del año. Dividimos los 281 municipios en 17 zonas y en cada una de ellas estamos instalando dos investigadores sociales que junto a un equipo nacional de 13 personas hacen monitoreo permanente de la implementación de los acuerdos con las FARC y de la marcha de las negociaciones con el ELN. En este informe damos cuenta punto por punto tanto de los avances como de los grandes riesgos del post-conflicto desde una posición independiente y crítica que se la juega a la mayor objetividad lejos de afanes partidistas. Agradecemos especialmente a la Fundación Ford; a la Cooperación Noruega y Española; al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO; y a la Red de programas de desarrollo y paz, Redprodepaz; por su enorme contribución para que tanto los dos primeros informes como este balance del año se hicieran realidad. El informe trae cinco capítulos y estos son los hallazgos principales: Capítulo 1 La dejación de armas de las FARC se ha cumplido a cabalidad. La medición internacional se hace calculando la relación entre el número de armas por desmovilizado. El promedio más alto había sido Afganistán, donde se entregaron 0.76 armas por desmovilizado. A nivel nacional, la desmovilización paramilitar arrojo un promedio de 0.6 armas por hombre. Para el caso de las FARC la relación fue de 1.3 armas por excombatiente, más del doble a la de paramilitares y casi del doble de la de Afganistán, una cifra que no tiene precedentes en los procesos de dejación de armas. En términos generales la violencia asociada al conflicto ha descendido desde 2012, cuando se inició el proceso de paz. Entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios a nivel nacional fue de 3695 vidas, mientras que en los 281 municipios focalizados para el postconficto la reducción fue de 957 vidas, nótese que el 27% de la reducción en muertes violentas ocurrió en los municipios de postconflicto. El descenso en los indicadores se da a nivel nacional y particularmente en los 242 municipios donde operaron las FARC no sólo está asociado a cifras de homicidios, este comportamiento también se puede observar en la reducción del desplazamiento forzado, el secuestro y la desaparición forzada. • Pese al constante descenso en las cifras entre 2012 y 2017, preocupa que los datos asociados a violencia estén repuntando en lo corrido del 2017. Hay un grupo de setenta municipios que tienen un comportamiento diferente al resto del país. Allí la violencia homicida ha aumentado una vez las FARC salieron del territorio. • En este grupo de setenta municipios se han presentado nuevas dinámicas asociadas a la seguridad. Por un lado, varios de estos municipios han sido copados por otras estructuras ilegales, en algunos casos el ELN, en otros Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo y grupos de desertores de las FARC. Por otro lado, en otros municipios como en el sur del Tolima, lo que se ha presentado es un proceso de anarquía criminal, en el cual no hay copamiento de estructuras ilegales, sino con la salida de las FARC se incrementaron el robo en carreteras, el abigeato y el robo de gallinas. Es decir, se incrementa la delincuencia común. Capítulo 2 En todo el país se contabilizan 15 grupos de desertores en 43 municipios, de los cuales los más grandes están en Guaviare, Tumaco y Cauca. Un total de 700 guerrilleros habrían reincidido. La disidencia de las Farc del sur del país al mando de Iván Mordisco y Gentil Duarte está fortaleciéndose de manera significativa. Las debilidades en materia de reincorporación, el reclutamiento por distintos medios y la débil acción del ejército en Guaviare ha favorecido este proceso. Se cree que este grupo tendría 550 personas, de las cuales al menos 450 serían ex guerrilleros. Según la investigación de la Fundación Paz & Reconciliación, no existe ningún tipo de vínculo entre los miembros de las Farc en proceso de reincorporación y los denominados desertores y disidencias del mismo grupo. Quienes han querido mostrar estas relaciones lo han hecho para sacar réditos políticos en el marco de las elecciones del 2018. Es decir, no hay pruebas que indique que estos grupos son el Plan B o una retaguardia de las FARC. La proliferación de Grupos Armados Organizados como “La Mano que limpia”, “La Nueva Generación”, “Gente de Orden”, “Águilas Negras” y la expansión del Clan del Golfo, genera un alto riesgo en términos de seguridad tanto para las comunidades como para los miembros de las Farc en proceso de reincorporación y para sus familias. Por otra parte, la expansión y el dominio de los GAO evidencia una débil capacidad de las instituciones estatales para garantizar alternativas económicas y sociales a la población, además, evidencia una debilidad de la Fuerza Pública en la confrontación directa con estos grupos. Las zonas más afectadas por estas nuevas dinámicas criminales se encuentran en tres grandes subregiones. Todo el cinturón del pacífico, desde Tumaco Nariño hasta Riosucio Choco. Luego lo que va desde la frontera con Panamá pasando por el sur de Córdoba, sur de Bolívar hasta llegar al Catatumbo. Y un tercer cinturón en los llanos orientales. Puede avizorarse que seguirán surgiendo nuevos GAO debido a fragmentaciones de los ya presentes o a las “nuevas oportunidades” de hacerse al control de las rentas ilegales. No obstante, en un futuro cercano, la situación tenderá a “normalizarse” dada la consolidación paulatina de algunos grupos en la mayor parte de los territorios, como es el caso del Clan del Golfo, que seguramente recogerá estas pequeñas expresiones armadas. Entre 2015 y 2016 los cultivos de coca aumentaron un 52% al pasar de 96.000 has a 146.000 has. Este incremento no es nuevo ni repentino, comenzó en 2013. Hay tres fenómenos que tienen relevancia más allá del incremento: (i) la concentración de los cultivos: desde 2014 el número de departamentos afectados con coca decrece a 21, al igual que el número de municipios que pasó de 204 a 183. (ii) el aumento de cultivos se da sólo en 9 departamentos, mientras que en el resto tiende a disminuir. (iii) se presenta reincidencia de cultivos en zonas donde se pusieron en marcha diferentes estrategias para erradicación de cultivos, tanto la erradicación forzada, como planes de sustitución implementados en el marco del plan consolidación. El 50% de los cultivos se concentra en 10 municipios de 4 departamentos (Nariño, Norte de Santander, Cauca y Putumayo) de la siguiente manera: Tumaco (16%); Tibú (9%); Puerto Asís (5%); El Tambo (4%); Valle Del Guamuez (3%); Sardinata (3%); El Tarra (3%); Barbacoas (2%); San Miguel (2%) y Orito (2%). El área con coca en estos 10 municipios pasó de 45.748 has en 2015 a 70.579 has en 2016. Las regiones donde se concentran los cultivos tiene dos características que influyen en la dinámica de mercado: (i) son territorios fronterizos, que permiten la realización de la cadena de producción. (ii) no hay un actor armado dominante que regule la cadena del narcotráfico o alguno de sus eslabones. Luego de meses de investigación se puede concluir que el aumento de los cultivos de uso ilícito es más complejo de lo que se cree. Al menos hay cuatro explicaciones. La primera y tal vez la principal explicación es económica, en las regiones productoras desde mediados de 2012 se vivió un aumento de los precios de la hoja de coca y la pasta base de coca, lo cual fue producto de la revaluación de dólar y el aumento de la demanda en Brasil. Hubo zonas donde el incremento del precio fue cercano al 40%. La segunda explicación es de mano de obra. Básicamente desde 2007 muchas familias se pasaron de la siembra de hoja de coca a la minería ilegal, debido al aumento del precio de la onza de oro. Con la caída de los precios del Oro a nivel mundial muchas familias regresaron a la hoja de coca. La tercera explicación es la escalada de consumo de Cocaina en Brasil y Argentina y el salto de un millón quinientos mil consumidores en Estados Unidos a un millón novecientos mil en los últimos años. La cuarta explicación es la expectativa de recibir beneficios por parte del Estado derivados del proceso de paz; aunque esta explicación sólo es válida para pequeños cultivadores no para las zonas de producción industrial. Por último, asuntos de infraestructura social hicieron que los avances durante el Plan consolidación y el Plan Colombia se vinieran al piso, nunca llegaron vías terciarías, alumbrado público, ni distritos de riego. El tiempo que hay entre la firma del acuerdo colectivo y la inscripción de las familias en el Programa es demasiado largo, según información de terreno, alrededor de 8 o 10 meses. Este periodo se configura como una posibilidad de desconfianza por parte de las comunidades hacia el Estado, pues resulta inexplicable la demora. Esta desconfianza sumada a la falta de credibilidad que ya tiene el Estado en esas regiones, puede jugar en contra del proceso de sustitución, pues mientras que el Estado demora en entregar los subsidios prometidos, están en el territorio otros actores armados ilegales incentivando la siembra de coca. Para ello es necesario y urgente robustecer el equipo de trabajo dedicado a esta labor. Mientras que en el tema de erradicación se comprometieron a 8.000 efectivos de la fuerza pública, para el programa de sustitución existen alrededor de 100 funcionarios públicos en territorio, el desbalance es enorme. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Policía Antinarcóticos, han demostrado muy bajos niveles de coordinación interinstitucional, si bien estos no son políticas excluyentes, no pueden implementarse de manera simultánea, lo cual se ha generalizado con un ambiente de desconfianza entre comunidades y las autoridades. Si el Gobierno no pone en marcha los Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA, y otros Planes comprometidos en el marco de la Reforma Rural y la estrategia de respuesta rápida para el postconflicto, tales como vías terciarias, mecanismos de crédito y economía solidaria, búsqueda y apertura de mercados, apoyo técnico para la diversificación de productos, es posible que el intento de los PNIS por resolver el asunto de los cultivos de uso ilícito, corra con la misma suerte que programas anteriores. Los retrasos en materia de reincorporación son evidentes y se han constituido en una de los principales obstáculos para un postconflicto de alta calidad. El acuerdo reconocía el proceso de reincorporación desde una dimensión política, social y económica, los avances son residuales y los incumplimientos en acciones que favorezcan la garantía de los derechos de los excombatientes han generado insumos para que estos se salgan del proceso. Por un lado, las Zonas Veredales de Transición y Normalización fueron cambiadas por Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, sin que esto transformara la realidad del entorno y permitiera el desarrollo de proyectos productivos y demás ofertas que contempla el acuerdo para la reincorporación. Las acciones contra la seguridad física de los excombatientes es alarmante. En el primer año de implementación se han reportado 21 homicidios a excombatientes y 11 más a familiares de ex guerrilleros, esto da cuenta de las deficiencias en un plan integral de protección para garantizar la vida de los excombatientes. Hasta el momento, los mayores avances se pueden observar en los temas de reincorporación política, el pasado 01 de septiembre nació la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, organización política que les permitirá participar con personería jurídica en las próximas elecciones. La constitución del partido político es el hecho más sobresaliente del proceso de reincorporación y permitirá a la FARC proponer listas para participar políticamente en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Capítulo 3 Desde el 24 de Noviembre de 2916 hasta el 31 de Octubre de 2017 se han reportado el homicidio de 94 líderes sociales y defensores de derechos humanos y más de 200 acciones victimizantes contra esta población. Así las cosas cada 4 días matan un líder social en Colombia. Las cifras registradas por la Fundación Paz & Reconciliación, a través del Observatorio de violencia política, han evidenciado patrones de sistematicidad en cuanto a los perfiles de líderes se refiere, a saber: a) líderes asociados a actividades en contra de las economías ilícitas y/o en defensa del medio ambiente; b) líderes que impulsan la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la reclamación de tierras, restitución de sus derechos y lucha por la verdad; y c) líderes con potencial participación política en las próximas elecciones en el caso concreto de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP). En todos los casos, la identificación del móvil sigue siendo el mayor reto en materia de combatir la impunidad, no se ha podido establecer una sistematicidad sobre los posibles responsables, hecho que permite plantear la hipótesis de que las agresiones contra líderes sociales son ejecutadas por organizaciones que venden servicios criminales en los territorios a personas que están en la legalidad. Capítulo 4 Desde que empezó el Fast Track: 01 de diciembre de 2016 hasta el 01 de octubre de 2017, transcurrieron 10 meses y el balance es deficiente. Durante el primer semestre del año 2017, fueron aprobados en bloque, antes de la regulación de la Corte Constitucional cuatro actos legislativos: Justicia Especial para La Paz, Reincorporación, Estabilidad Jurídica del Acuerdo y Monopolio de las Armas; dos leyes orgánicas: Voceros FARC-EP y Unidad Nacional de Protección; una ley ordinaria: Amnistía e indulto; y una ley estatutaria: Estatuto de la Oposición. En el segundo periodo legislativo lo más probable es que se aprueben 12 de las 24 iniciativas legislativas proyectadas, incluidas la Justicia Especial para La Paz y la Reforma política que fueron mutiladas y están lejos de lo que fue acordado en la Habana. Las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz se constituyen en uno de las acciones más importantes para garantizar los procesos de apertura democrática, Se ha acordado que no podrá ser postulados quienes hayan sido elegidos antes para otros cargos de elección popular y no podrán hacer coaliciones o alianzas con otros candidatos de partidos tradicionales. Tampoco desmovilizados de las FARC-EP u otros grupos al margen de la ley. El comportamiento de los partidos políticos durante el trámite en el Congreso de las leyes para la Paz evidencia la ruptura que existe entre lo que fue la Unidad Nacional y permite identificar hacía dónde se moverá el mapa político para las próximas elecciones. Si bien, el Centro Democrático mantuvo siempre una posición de saboteo a los acuerdos, en el transcurso de la legislatura Cambio Radical y un sector del Partido Conservador se sumó a estas posiciones, especialmente cuándo e abordaron temas como la Reforma Política, el punto agrario y la Jurisdicción Especial para la Paz, transformaciones que son necesarias para garantizar los derechos de las víctimas, la apertura política y la modernización del campo colombiano. Capítulo 5 El enfoque de género tiene que avanzar de la sola la noción de equidad e igualdad enunciadas en en el acuerdo de paz y en las disposiciones normativas a la consolidación de manera visible y concreta de medidas afirmativas que posibiliten estos derechos. No hay que olvidar que las prácticas de exclusión y discriminación están insertas en nuestra cultura política y la norma en sí no es garante de la materialización de los derechos. Velar porque la participación de las mujeres va más allá de las instancias de alto nivel del acuerdo y se reflejen progresivamente en los territorios, entendiendo que debe haber un fortalecimiento especial de las garantías de participación, por los niveles de vulnerabilidad que las lideresas experimentan en los territorios. Es necesario acompañar desde las organizaciones sociales y las plataformas de seguimiento de la implementación del acuerdo la debida transversalización del enfoque de género en el sistema de justicia transicional, ya que nos enfrentamos a un escenario de esclarecimiento de la verdad e identificación de responsables frente a las violencias de género y es clave incorporar las medidas necesarias para que esta disposición se cumpla. El reconocimiento de la biodiversidad como sujeto de reparación en la construcción territorial de la paz. Iniciativas desde la sociedad civil como el Diálogo Minero-Energético, el Pacto por el Agua, los guardianes del oso, las consultas populares, entre otras, no hacen más que llamar la atención sobre la necesidad de caracterizar las conflictividades que se siguen dando entorno a la biodiversidad y los bienes naturales de Colombia, para luego dar un paso adelante en la construcción participativa de planes que reviertan los efectos de la guerra en la naturaleza Ver documento completo Descargar informes aquí: