Dos días después de entregar las armas, el 11 de marzo de 1990, y favorecidos con un indulto que les devolvía sus derechos políticos y los eximía de pagar un solo día de cárcel, los líderes guerrilleros del M-19 participaron en las elecciones legislativas y de alcaldes. Al contrario de lo que podría pensarse, su incursión en la política electoral fue un éxito. Carlos Pizarro, comandante de la agrupación guerrillera, obtuvo el tercer puesto a la Alcaldía de Bogotá con un poco más de 70.000 votos, y Vera Grabe y Everth Bustamante ganaron curules en la Cámara de Representantes. Tras el asesinato de Pizarro, la Alianza Democrática M-19, el nombre de la colectividad fundada por los excombatientes, logró su mayor triunfo político: con 19 escaños se convirtió en el segundo partido más votado en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, por encima del Partido Conservador. Los resultados daban a entender que los colombianos estaban dispuestos, a pesar de su pasado, a que los reinsertados pudieran ser elegidos en las más altas instancias del poder. La situación, 27 años después, es muy distinta. Luego de firmar los acuerdos del Teatro Colón entre el gobierno y las Farc, el 24 de noviembre de 2016, y de que los excombatientes lanzaron su partido político el 1 de septiembre de 2017, la mayoría de los colombianos no quiere ver a la cúpula de la antigua guerrilla participar en política sin que, por lo menos, digan la verdad de lo que hicieron y paguen penas por los delitos cometidos durante los más de 50 años de conflicto armado. De acuerdo con la última gran encuesta realizada por SEMANA, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene un 85 por ciento de imagen desfavorable y solo el 6 por ciento de los encuestados tienen una buena opinión de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, su candidato a la Presidencia. La evidencia es contundente: una parte significativa de la sociedad colombiana no está dispuesta a indultar y devolverles los derechos políticos a los excombatientes de las Farc, como sí lo hizo en 1990 con el M-19 y en otros momentos con otros grupos subversivos que se desmovilizaron, como el EPL, la Corriente de Renovación Socialista o el Quintín Lame. ¿Qué sucedió en el último cuarto de siglo para que la sociedad colombiana tuviera una opinión opuesta frente a la participación política de guerrilleros y para que no los recibieran con tanta generosidad en la vida democrática? La respuesta no es fácil y contiene varios elementos que van desde el momento histórico en que se hicieron las distintas negociaciones hasta las características y particularidades de cada guerrilla. No hay ninguna duda de que ni el mundo ni Colombia son los mismos. Hoy, la tolerancia frente a los delitos de guerra y de lesa humanidad es mucho menor y existe un sistema judicial internacional para perseguirlos y juzgarlos. Desde 1998 el Estatuto de Roma permite a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgar a personas de países que firmaron este acuerdo por crímenes que violen los derechos humanos. Eso significa, por ejemplo, que si un Estado indulta a alguien que cometió delitos de lesa humanidad, la CPI podrá condenarlo. Por esto, muchos colombianos alegan que el tratado de paz con las Farc, si bien no les dio un indulto, sí viola el Estatuto de Roma. En cuanto al país, en los últimos 27 años la sociedad colombiana dio un viraje hacia la derecha. Como explica el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, al finalizar la década de los ochenta la crisis política –reflejada en la guerra sucia contra los partidos de izquierda–, el exterminio de la UP, la exclusión social y el narcotráfico hicieron que una parte de los colombianos vieran con buenos ojos a las guerrillas. Era la época en la que los ciudadanos consideraban que los movimientos subversivos tenían unos ideales y se alzaban en armas para luchar contra un Estado opresor y excluyente. Esta percepción cambió. La desmovilización del M-19 creó una dicotomía. Mientras Pizarro entendió que la única salida era la negociación, las Farc consideraron que las condiciones no estaban dadas y que todavía podían tomarse el poder. En consecuencia, las Farc intensificaron la ofensiva militar y para financiar la guerra recurrieron al secuestro, las pescas milagrosas y el narcotráfico. Esta fue la época de las sangrientas tomas a bases militares y municipios que dejaron centenares de muertos; y de las cárceles en la selva que parecían campos de concentración a donde iban a parar los soldados y policías capturados por la guerrilla. Todos estos hechos hicieron que la sociedad colombiana perdiera esa imagen idealista de la lucha insurgente, y que eligiera a un presidente de derecha para que combatiera con puño de acero a las Farc. Le recomendamos: Procesos de Paz en gobiernos anteriores El rechazo actual al nuevo partido formado por Rodrigo Londoño y sus seguidores de la Farc también se debe a una desilusión de los colombianos frente a la paz. El historiador Darío Villamizar y el politólogo Eduardo Pizarro coinciden en señalar que la novedad del proceso de paz con el M-19 hizo que los colombianos recibieran con los brazos abiertos a estos guerrilleros a la vida democrática, pese a haber protagonizado hechos como la toma del Palacio de Justicia. El acuerdo con ese grupo se convirtió en la primera negociación moderna de América Latina, y la posibilidad de resolver políticamente el conflicto armado abría la oportunidad de una paz estable y duradera en el país. Sin embargo, esto no sucedió. Entre las décadas de 1990 y 2010 las Farc, el ELN, los paramilitares, los narcotraficantes y las fuerzas estatales intensificaron un conflicto que lejos de lograr la paz dejó miles de muertos y millones de desplazados. “Con la firma con el M-19 la opinión pública no vio materializarse la paz, por eso considera que lo pactado con las Farc no llevará a la paz, idea reforzada con el surgimiento de las disidencias y de los grupos criminales”, explica Eduardo Pizarro. A las transformaciones de la sociedad en el último cuarto de siglo, hay que sumarles las características de ambas guerrillas para entender por qué el M-19 gozó de la simpatía de la opinión pública, mientras las Farc enfrentan su rechazo. El M-19, ante todo, fue un movimiento que sabía hacer política y, como le dijo Antonio Navarro Wolff a SEMANA, “siempre reconoció la importancia de la opinión pública y buscó estar en sintonía con ella”. Desde su fundación, esa guerrilla planeó cada operativo para lograr un impacto en los colombianos. Ciertamente, cometieron crímenes como la toma del Palacio de Justicia y el asesinato del líder de la Confederación de Trabajadores (CTC) José Raquel Mercado. Pero más allá de ellos, operaciones ampliamente publicitadas como robar la espada de Bolívar y camiones de leche para repartir en los barrios más pobres les dieron a estos insurgentes un aura revolucionaria. A esta imagen, se sumó el carisma de sus comandantes, muchos de ellos provenientes de una clase urbana media o alta. Para conectarse con los colombianos Jaime Bateman abandonó el marxismo-leninismo y explicó la política del país en términos sencillos; creó el famoso concepto de “sancocho nacional”. Por su parte, Carlos Pizarro se granjeó el apodo de “comandante papito” por su atractivo físico, un hecho aparentemente superfluo frente a su solidez intelectual, pero que reflejaba la aceptación que en su momento tuvo el M-19 en muchos colombianos. En contraste, las Farc mantuvieron una ortodoxia ideológica afincada en el marxismo-leninismo y se dedicaron a hacer la guerra sin importar lo que pensara la opinión pública urbana, a la que consideraban una invención de las elites. Eduardo Pizarro dice que esa desconexión con la gente se mantiene en la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común: “El nuevo partido de las Farc con su programa es sumamente ortodoxo, no se conecta ni con los problemas y las necesidades, por ejemplo, de los jóvenes urbanos”. Mantener el mismo nombre de guerra y continuar con esa ortodoxia ha causado que los colombianos los identifiquen con el castrismo y el chavismo, lo que les resta aún más puntos. En ese mismo sentido, Francisco Gutiérrez explica que, mientras el M-19 logró estructurar un programa político en el que cupieron personas como el político conservador y fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna, la Farc prefiere hacer énfasis en una política territorial, en los lugares donde pueden tener influencia, y dejar a un lado las alianzas nacionales; por ese camino se aleja aún más de la opinión pública. El apoyo que esta le dio en su momento al M-19 para que se reintegrara a la vida democrática condujo a que hoy en día varios de sus miembros sean destacados líderes. Una lección que debería tomar en cuenta la Farc. Análisis publicado en Revista Semana

Otra de las grandes cacicas políticas dentro del ICBF en la región cordobesa es la excongresista Zulema Jatttin, investigada durante más de 10 años por parapolítica, quien desde Lorica puso recientemente su cuota dentro de la entidad. La actual dirección (encargada) de esta entidad la tiene Gladys Caraballo Hernández. Llegó en octubre de 2016, venía de ser la coordinadora del Bienestar Familiar Zonal 6 con sede en Lorica; la más importante sede de la entidad en el departamento después de la de Montería, pues está encargada también de San Antero, Moñitos, San Bernardo del Viento, Momil y Purísima. La cercanía de Zulema con el sector de la atención a la niñez también le ha permitido favorecer a contratistas de su cuerda política en el Programa de Alimentación Escolar PAE, según fuentes consultadas por la Fundación Paz & Reconciliación en la región, se trata de Zunilda Ávila Fuentes, contratista que obtuvo la administración del PAE del año 2016 por aproximadamente 20.000 millones de pesos y a quien el gobernador Edwin Besaile (hermano del senador Musa Besaile) le entregó recientemente otros 21.000 millones de pesos para la administración del mismo en 2017. A mediados de 2016 el PAE se encontró en el ojo del huracán de los órganos de control por el carrusel de fundaciones que accedieron de forma irregular a la administración de estos recursos en 49 municipios de la costa Caribe. El modus operandi consistía en crear fundaciones y consorcios que cambian de razón social para ganar en diferentes licitaciones. Las dueñas del monopolio en la costa eran Leda Guerrero, Adiela Álvarez y Katia Rosado. Zunilda Ávila, se supo congraciar durante las administraciones del Clan Jattin en Lorica para obtener contratos mediante fundaciones junto con su hermano, Manuel Apolinar Ávila Fuentes, y ahora han llegado a relacionarse con políticos de la talla departamental y nacional, como el gobernador Edwin Besaile y el representante José Tous, con quienes aparecen en fotos y eventos públicos. El gobernador de Córdoba Edwin Besaile, almorzando en compañía del secretario de Educación, Abel Guzmán Lacherme, y la representante legal del consorcio Nutricor, Zunilda Ávila Fuentes. Fuente electrónica: El Meridiano. Al igual que Leda Guerrero, Zunilda y su hermano, con sus fundaciones, han acaparado los contratos de alimentación escolar de la Secretaría de Educación de Córdoba, de los CDI del ICBF y del programa del representante José Tous: “Cero a Siempre”. Los hermanos Ávila recibieron impulso político de los conservadores desde 2009; sin embargo, desde hace varios años su cercanía con los dirigentes Manuel ‘Mane’ Otero, constructor de vivienda de interés social con denuncias por incumplimientos y presuntos señalamientos con paramilitares; el exgobernador Alejandro Lyons Muskus y la exsenadora Jattin, le han favorecido para consolidarse como la nueva Leda Guerrero del PAE. Los investigadores y periodistas cordobeses Oswaldo Marchena y Mauricio Castilla habían denunciado a mitad del año 2016 cómo se repartían los contratos en Chinú desde 2013 Zunilda Ávila y Manuel Ávila, bajo la administración del exalcalde Orlando Medina Marsiglia. El valor total de los contratos suscritos durante la administración de Orlando Marsiglia (2013-2015) con la que fueron favorecidos alcanza la suma de 3.000 millones, junto a un contrato entregado por Fonade para ejecutarse en Montería. La Fundación Mi Alegre Infancia, representada legalmente por Zunilda Ávila, ejecutó contratos con objetos tan disímiles en Chinú, como de carácter educativo, celebración de eventos especiales, atención al adulto mayor y a niños especiales durante la administración del exalcalde Medina. Cabe resaltar que su hermano Manuel Ávila Fuentes, representante legal de la Fundación Villa Soñada, operó el Programa de Alimentación Escolar en dicho municipio durante los 3 años de gobierno. El 3 de julio de 2014, se firmó el contrato 074-2014 con la Fundación Crecimiento y Desarrollo Social, representada legalmente por Lira Guevara Mendivil, por valor de 75 millones de pesos, para la “Elaboración del Diagnóstico y Caracterización Socioeconómica para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores”, para ejecutarlo en 2 meses. Paralelo a este contrato, el 27 de agosto del mismo año se firmó el contrato número 088-2014, con la Fundación Mi Alegre Infancia, por valor de 444.473.656 pesos con un objeto similar: la “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar el programa de Atención Integral al adulto mayor y coordinar el funcionamiento del hogar geriátrico en el municipio de Chinú”. En menos de 50 días se adjudicaron dos contratos con objetos semejantes a dos contratistas distintos. Vuelve y juega en 2016. Aquí la relación de contratos. En 2016 luego del escándalo de Leda Guerrero con el PAE, el ambiente fue el propicio para que los hermanos Ávila y sus fundaciones dieran el gran paso hacia las ligas departamentales. El 2 de mayo de 2016, luego que se llevara a cabo una licitación pública, se le otorgó el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al Consorcio Nutricor, representado por Zunilda Rosa Ávila Fuentes. Cabe destacar que, en la mayoría de los contratos que han obtenido a través de los años, los hermanos Ávila Fuentes se han presentado como los únicos oferentes para obtener la contratación. Caso parecido sucedió en Lorica, con la alcaldesa Nancy la ‘Chofy‘ Jattin (prima de Zulema Jattin) para el periodo 2016-2019. A la Fundación Villa Soñada, representada legalmente por Manuel Apolinar Ávila Fuentes, mediante el Convenio Interinstitucional de Asociación, Cooperación, y Aportes celebrado entre la Alcaldía y la Fundación Villa Soñada, por un valor de 4.452.437.760 pesos, le entregaron la administración municipal del PAE . Por otro lado, Zunilda Ávila es además la representante legal del Gimnasio Moderno del Sinú y Gimnasio mi Alegre Infancia con sede en Montería . La jugosa contratación de Zunilda en 2017 El 3 de febrero de 2017 Zunilda Ávila llegó con toda la maquinaria aceitada para seguir definiendo las riendas de la alimentación y los adultos mayores en la región. Mediante el Consorcio Alimento Caribe, recibió otro multimillonario contrato por aproximadamente 21.000 millones de pesos, como consta en el SECOP (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-167093) para el suministro de complemento alimentario modalidad ración servida, para estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento de Córdoba. La Fundación Villa Soñada tiene una importante participación en este consorcio, manejado por los hermanos Ávila Fuentes. Es por esta razón que los hermanos Ávila son actualmente considerados los zares de la alimentación en el departamento. Así pues, si la directora del ICBF, la señora Caraballo, es de la cuerda política de Zulema Jattin, y una de las grandes contratistas de la administración de recursos del ICBF es Zunilda Ávila, quien también se vio favorecida por contratos en Lorica, al igual que su hermano, se puede afirmar que Zulema es actualmente la baronesa del ICBF en Córdoba. Esto, en lo que se puede considerar como unas de las disputas por la entidad con los congresistas Bernardo ‘Ñoño‘ Elías y José Tous ante un escenario preelectoral para 2018. Columna de opinión publicada en Semana.com

Tal vez, después de lo ocurrido en diferentes países entre 2015 y 2016 ya no resulta extraño nada en política. Sin embargo, no deja de indignar y sorprender los argumentos, ideas y postulados de algunas campañas presidenciales en Colombia. Lo que se ha visto en las últimas cuatro semanas en actos públicos, comerciales radiales y entrevistas es una guerra de las mentiras, es como si se tratará de una competencia sobre quién dice más mentiras y quién las exagera más. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, después de meses, apareció en público hace algunas semanas, para explicar sus postulados, dijo por lo menos cuatro grandes mentiras. Todas con la intención de causar pánico en la sociedad. Afirmó, entre otras, que la intención del proceso de paz era llevar preso al expresidente Uribe. En la realidad el modelo de justicia transicional, denominada JEP, producto de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, deja por fuera explícitamente a los expresidentes. Es decir, sus acciones no serán objeto de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. El exvicepresidente Vargas Lleras, también afirmó que la JEP significaba cambiarle el juez natural a los 48 millones de colombianos de un plumazo, algo igualmente falso, ya que esta justicia transicional solo será para los que fueron determinantes en crímenes internacionales en el marco del conflicto armado colombiano. Y por si fuera poco, insinuó que las FARC se iban a tomar el poder, que todo lo del proceso de paz había sido algo así como una cortina de humo, pero que el objetivo era volver a Colombia como Venezuela. Claro, concluyó diciendo qué él era el único capaz de detenerlos. Por los lados del Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, repite todo lo del expresidente Vargas Lleras, pero van más allá. Se han atrevido a decir que en materia de violencia Colombia está en su peor periodo. Dicen que el proceso de paz no ha servido para nada. Algo totalmente absurdo, falso e ilógico, Colombia desde 2012 ha disminuido los homicidios en un número superior a las cuatro mil víctimas, el secuestro está a punto de desaparecer, el desplazamiento pasó de 240.000 personas a poco más de 30.000, y las víctimas de minas antipersonal pasaron de centenares, a menos de una veintena entre en 2017. Si bien algunas regiones tienen indicadores de violencia al alza, en la gran mayoría del país se vive una situación que hace décadas no se vivía. Aun así el uribismo repite que estamos en el peor momento. Pero no se quedan solo allá, el Centro Democrático ha dicho que las FARC aún existen y que su proyecto militar no ha desaparecido. En la vida real las FARC desaparecieron como grupo armado ilegal el pasado 15 de agosto, ese día las Naciones Unidas certificaron la entrega de armas del entonces grupo guerrillero. Al final del proceso, las FARC entregaron 8.994 armas, para un promedio de 1.3 armas por desmovilizado, la media de armas más elevada del mundo en este tipo de procesos. Aun así, venden la idea de que las FARC buscan la toma del poder por la vía armada. Las mentiras de estos dos sectores han calado tanto que reconocidos periodistas y analistas nacionales han dicho que fueron engañados con el proceso de paz, pues no sabían que la negociación significaba que las FARC podían participar en política. Algo que estuvo claro desde el primer día en que empezó la negociación. En las últimas semanas se han oído todo tipo de afirmaciones absurdas, que en ocasiones producen risa, aunque el problema es que esto ha calado en la sociedad y se ha creado, algo así como realidad paralela, que vive y se reproduce en las rede sociales y las cadenas de WhatsApp. Colombia está viviendo un periodo de transición luego de 53 años de conflicto armado, estamos en los primeros meses de un país en posconflicto. Como toda etapa de transición hay miedos al cambio y grados incertidumbre que para tristeza de Colombia coincide con un periodo electoral. Hay campañas que están apostándole a sacar a votar a la gente a punta de miedo. Estos candidatos están apostando a que su bandera política será la guerra contra algo que ya no existe. Una guerra contra un fantasma. Columna de opinión publicada en el diario El País

El Comité de Escogencia eligió las once personas que integrarán la Comisión de la Verdad, que tendrá como objetivo hacer parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este será un órgano temporal, de carácter extra judicial que históricamente ha servido en procesos de transición para esclarecer patrones de violencia y en ningún momento administrará justicia. Las personas elegidas son las siguientes: Francisco de Roux Licenciado en Filosofía y letras de la Pontificia Universidad Javeriana; magister en Economía de la Universidad de los Andes. Director del Cinep; directo de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio; provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. Saúl Alonso Franco Agudelo Médico antioqueño que ha dedicado su vida a la investigación académica y a la defensa de derechos humanos. Realizó una maestría en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco en México. Doctor en Ciencias de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil. Lucía Victoria González Duque Arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha prestado sus servicios profesionales en NNOVATE Innovation Consultants S.A.S, Instituto Distrital de las Artes-IDARTES, Fondo de Programas especiales para la Paz – FONDOPAZ, Fundación MSI Colombia, Fundación RedProdepaz, Museo Casa de la Memoria, Alcaldía de Medellín-Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín -Despacho del Alcalde, Centro de Fe y Culturas, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Fiduprevisora Fondo Nacional de Calamidades Colombia Humanitaria, Museo de Antioquia y el Fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero FOREC. Carlos Martín Beristain Nació en España, en donde estudió Medicina. Desde 1994 ha trabajado en Colombia con distintas organizaciones sociales, la iglesia, comunidades, víctimas y organizaciones de derechos humanos. Fue profesor en la Universidad de Deusto. Ha prestado sus servicios en la Pastoral Social Colombia; el Instituto Internacional para la Justicia Transicional ICTJ; la Oficina de derechos humanos del arzobispado de Guatemala; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos; la Corte Penal Internacional; la Comisión Colombiana de Juristas; Comisión de la Verdad del Paraguay; la Comisión de la Verdad Ecuador; el Instituto Hegoa y la Ruta Pacífica de las Mujeres. Alejandra Miller Restrepo Economista de la Universidad del Valle con maestria en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Fue docente e investigadora de la Universidad del Cauca; Secretaria de Gobierno y Participación del Departamento del Cauca e Investigadora Comisión de la Verdad y Coordinadora Ruta Pacifica de las Mujeres Cauca. Alfredo de la Cruz Molano Bravo Bogotano, nacido en 1944, ha dedicado sus días a recorrer el país, muchas veces a lomo de mula o a pie, y ha creado una obra única que, en más de 20 libros, cuenta la historia de una Colombia muchas veces ignorada: el país rural, campesino e indígena que ha sufrido los embates de la guerra. Director de la Corporación Colombiana de Proyectos Sociales CORPOS; asesor de Ecopetrol; Asesor en la Defensoria del Pueblo Bogotá – Sistema Nacional de Alertas Tempranas; Asesor de la Consejería de paz de la Presidencia de la República; consulor del CINEP; docente de la Universidad de Antioquia; Carlos Guillermo Ospina Mayor del Ejército (r). Abogado de la Universidad La Gran Colombia, profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y especialista en Administración de Empresas e inteligencia militar. Marta Ruiz Comunicadora Social y Periodista con maestría en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Consejera editorial de la Revista SEMANA; Coordinadora del Proyecto Antonio Nariño en la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; Coordinadora del proyecto Hoja de Ruta de los Montes de María en la Fundación Semana; Directora del Portal Verdad Abierta. María Ángela Salazar Nació en Apartadó, Antioquia, ha sido víctima del conflicto y ha trabajado por la construcción de la paz y por la defensa de los derechos de las víctimas. Trabaja en la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia -Sociedad CIvil-. María Patricia Tobón Yagarí Abogada de la Universidad de Antioquia, y especialista en Derecho Constitucional del Externado. Trabajó en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en la Asociación de Cabildos Indígenas Embera Wounaan, Katio, Chami y Tule del Chocó. Alejandro Valencia Villa Abogado de la Universidad de Los Andes y defensor de derechos humanos. Fue asesor general de la Comisión de Verdad del Ecuador, consultor de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.

Vale la pena nombrar al menos cuatro hechos. Por un lado, se ejecutaron alrededor de 100 obras de infraestructura para la atención integral de la primera infancia, lo que hoy se denominan Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Estos espacios se convirtieron en foco de corrupción, con deficiente infraestructura, provisión de alimentos insalubres y condiciones paupérrimas de adecuación. En segundo lugar, la Procuraduría abrió una investigación en 2011 contra Tous de la Ossa tras conocerse versiones de supuestos contratos millonarios relacionados con la primera infancia, y que el ICBF regional habría otorgado a fundaciones para favorecer económica y políticamente la campaña del exalcalde de Sahagún para el periodo 2012-2015, Carlos Elías Hoyos. Una denuncia hecha por el portal Semana.com en marzo de 2011, señalaba a José Tous por haber adjudicado contratos por 1.800 millones de pesos entre 2010 y 2011 a la fundación Fedesco, la cual tenía presuntamente en su junta directiva a Jorge Montes, mano derecha del senador Ñoño Elías, primo de Carlos Elías. Una investigación que no logró mayor impacto en los órganos de control. En tercer lugar, el exalcalde Carlos Elías Hoyos es esposo de Lucía Tous de la Ossa, hermana de José Tous. Lucía Tous fungió como representante legal de la fundación Taller de los Sueños y estuvo relacionada con la fundación Planeta, cuyo representante legal había sido José Tous antes de llegar a la dirección del ICBF, organizaciones a través de las cuales la Dian había donado desde 2004 un importante número de mercancías incautadas a través de Acción Social, según Semana.com. Este hecho no tendría mucha relevancia si no fuera porque Marcos Díaz, hijo del entonces director de la Dian Néstor Díaz, como lo señalan investigaciones previas de la Fundación Paz & Reconciliación, hubiera contraído matrimonio con Carolina Elías Náder, prima de Ñoño y de Carlos Elías Hoyos, e hija del exsenador Jorge Ramón Elías Nader, condenado por el proceso 8000. Lo irregular del asunto es que el procurador regional de Córdoba, para esa época Ramiro Nassif, quien era cuota política de Bernardo Elías, manifestó luego de una visita de inspección, que el ICBF no hizo contratos con las fundaciones Planeta y Taller de los Sueños, con lo cual concluyó que no existía vínculo contractual con las fundaciones señaladas, advertía Nassif. En su momento Nassif, como cuota política de Bernardo Elías, deja la incertidumbre sobre la imparcialidad de esta investigación. Esto, porque en 2012 aparecía referenciado en una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por parte de 7 organizaciones de la sociedad civil que señalaban cómo 20 congresistas debieron declararse impedidos para la reelección del exprocurador Alejandro Ordóñez. En ese momento, el senador Bernardo Elías votó a favor en la reelección de Ordóñez, estando impedido por haber sido favorecido con el nombramiento de Nassif en Córdoba. En 2013, luego de 7 años dirigiendo la regional del ICBF, José Tous renunció para aspirar a la Cámara de Representantes. El porcentaje de dominio electoral fue impresionante sobre todo en Sahagún San Pelayo, Ciénaga de Oro, Chinú, Tierralta, Montelíbano y La Apartada. Todos coinciden con la inversión del departamento y del ICBF. Porcentaje Electoral José Tous Mapa: Fundación Paz & Reconciliación José Tous fue elegido como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, siendo la segunda votación más alta a la Cámara de representantes en su departamento (solo después de Sara Piedrahita) y una de las votaciones más altas del país: 92.830 votos. Tous de la Ossa recibió también el apoyo de los diputados del Partido de la U, Carlos Burgos (Hijo del abogado Álvaro Burgos, hoy investigado por el carrusel de la educación en Córdoba), Baldomero Villadiego, Jaime Bello y Luis Saloom, así como la maquinaria política que respaldó al senador Ñoño Elías. Una vez elegido en el Congreso (2014), en la Comisión quinta, a pocas horas de haber asumido el cargo, José Tous radicó la Ley 1804, aprobada el 2 de agosto de 2016, por la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia ‘De Cero a Siempre’, que ratifica el compromiso del Estado en defensa de las niñas y niños menores de 5 años. Sin embargo, lo que llama la atención, es que en 2015 fue elegido gobernador de Córdoba Edwin Besaile, hermano del senador Musa, con quien el representante Tous ha venido trabajando de la mano en la entrega y ejecución de programas de atención a la niñez y la alimentación escolar en el departamento. Una ley hecha con destinación política propia. Sin lugar a dudas, este no es el único precedente de la relación de Tous con el senador Besaile. Durante la anterior Gobernación de Córdoba, administrada por el exgobernador Alejandro Lyons, el representante Tous tuvo familiares favorecidos por su participación dentro del gabinete de la Gobernación, y también por el acceso a multimillonarios contratos con la Gobernación, la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) (cuotas burocráticas del senador Besaile) y algunos municipios, que ascienden a la suma de 70.000 millones de pesos. Ahora el flamante representante no sabe si saltar a Senado o esperar la Gobernación. Tremendo colombiano con tremenda indecisión.

Los partidos políticos con personería jurídica pueden presentar candidatos o listas propias con coalición a partir de 2018. La ley regulará la financiación, preponderantemente estatal, de los aspirantes. La financiación anual para el funcionamiento de los partidos políticos con personería jurídica, se realizará a través del Fondo Nacional de Financiación Política, el cual debe equivaler anualmente al 0.4 por mil del Presupuesto Nacional. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve miembros con periodos institucionales de ocho años, quienes serán elegidos, por medio de convocatoria pública, por decanos de facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, con criterios de mérito y postularán ante el Congreso una terna por cada vacante. El Congreso en pleno, con el voto favorable de dos terceras partes, seleccionará a un miembro de la terna. La Registraduría Nacional, se conformará por quienes pertenezcan a la carrera administrativa especial a través de concurso de méritos y permitirá que haya puestos de votación en todas las zonas en los que habían sido trasladados como consecuencia del conflicto, evaluará la distancia y condiciones de transporte de los ciudadanos que viven en esas zonas apartadas e instalará nuevos puestos de votación con el fin de garantizar el derecho a elegir. El voto, en elecciones anteriores, es un requisito obligatorio para acceder al empleo público o para contratar con el Estado. La acción de nulidad de los actos de elección por cuerpos electorales debe interponerse los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se controvierte y resolverse en un término máximo de diez días. Su decisión será cosa juzgada. Se podrá declarar la Acción de Amparo Especial cuando el Consejo Electoral Colombiano revoque la inscripción de candidatos por violación del régimen de inhabilidades y prohibiciones, así como por incumplimiento de las calidades y requisitos del cargo. El Amparo Especial se debe interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se controvierte y se resuelve en un término máximo de diez días y su decisión hará tránsito a cosa juzgada en Tribunales Administrativos (elecciones municipales y distritales) y Sección Quinta del Consejo de Estado (elecciones deptales. Y nacionales). Habrá Acción de Nulidad Electoral, que se instaurará diez días después de las elecciones, contra el acto de declaratoria de elección por vicios en la votación que afecten el resultado final y hayan sido puestas en conocimiento de la organización electoral. Posteriormente, se sustenta en audiencia pública, diez días después se convoca a Audiencia de Verificación y cuatro meses después se dará a conocer el fallo. Se aprueban listas cerradas y bloqueadas a partir de las elecciones de 2022 y los partidos podrán presentar candidatos en listas propias o en coalición en el 2018. Habrá un senador por cada departamento, incluidos Caquetá y Chocó, y la curul se asignará al candidato inscrito en primer lugar en lista cerrada o mayor número de votos preferentes.

Una alternativa para el combate a grupos armados organizados Los datos lo dicen todo: desde 2006, cuando finalizó la desmovilización paramilitar, se produjo un rearme de organizaciones criminales que directa o indirectamente se ligaban al paramilitarismo. Llegaron a existir más de 100 grupos en todo el país, -Águilas Negras, Águilas Doradas, Nueva Generación, Los Mellizos, Los Nevados, Los Paisas, etc.-. Además, con la guerra interna de varios carteles del narcotráfico comenzaron a surgir ejércitos privados al servicio de economías ilegales. Los Rastrojos y Los Machos son un buen ejemplo. Al final eran más de 120 grupos en todo el país. Desde 2011 comenzó una disputa entre estas organizaciones, al igual que una guerra frontal del Estado, que, al menos a nivel nacional, lideró el presidente Juan Manuel Santos. Las operaciones Troya I y Troya II son los mejores ejemplos. Ambas dinámicas llevaron a un proceso de cooptación criminal que redujo el número de estructuras, pero aumentaron su poder. El Clan del Golfo cooptó algo más de un treintena de estas organizaciones, lo mismo hicieron Los Rastrojos en su momento. Quedaba claro que estos grupos se apoderaron de los eslabones últimos de la cadena del narcotráfico: los laboratorios de clorhidrato de cocaína y las rutas de exportación. Al final quedaron tres grandes grupos armados organizados, cerca de 20 organizaciones de segundo nivel, de alcance regional, como La Empresa de Buenaventura y centenares de grupos locales compuestos por jóvenes que son subcontratados por las primeras o segundas organizaciones. Desde 2006 hasta hoy se cuentan más de 15.000 capturas o neutralizaciones de miembros de estas organizaciones. Se calcula que hoy los miembros de estos grupos llegan a poco más de 7.000, la misma cifra que hace 10 años. Así las cosas, todo parece indicar que la capacidad de reposición de estas organizaciones es bastante fácil. Miles de jóvenes colombianos conforman un ejército de reserva para la criminalidad. Pero hay otra cifra aún más complicada. Se cree que cerca de 6.000 paramilitares o reincidieron luego de su desmovilización o nunca se desmovilizaron, la gran mayoría de ellos fueron capturados o dados de baja. Es decir, la mayoría de los integrantes de las actuales organizaciones criminales son nuevos reclutas, nada tienen que ver con los antiguos paramilitares. Esto a su vez significa que Colombia nunca pudo detener el flujo del reclutamiento juvenil. Puede leer: Las Bandas Criminales y el postconflicto Igualmente, se debe decir que la mayoría de mandos de estas organizaciones fueron mandos medios paramilitares, es decir, tienen una vieja trayectoria criminal. Por ejemplo, alías Otoniel, jefe del Clan del Golfo, fue guerrillero del EPL, la única guerrilla maoísta que existió en el país, luego fue mando paramilitar y actualmente comanda el Clan del Golfo. Casi 30 años de experiencia criminal. La mayoría de los mandos capturados que pertenecían a estas organizaciones ni siquiera pasan por el sistema judicial colombiano, negocian directamente con la justicia norteamericana, por ejemplo los hermanos Comba, jefes militares de una fracción del Cartel del Norte del Valle. Las autoridades colombianas no reciben información sobre los diferentes mercados ilegales, además la riqueza que estos criminales entregan a la Justicia Norteamericana se queda en Estados Unidos y no colaboran con la justicia colombiana para el esclarecimiento de hechos. Al final, Colombia no logra tener nada. En contexto: ¿Dónde está el Clan del Golfo? Así que Colombia está en un círculo vicioso o, mejor, en una guerra que parece eterna contra organizaciones criminales, en la que ha quedado claro que con solo la represión será imposible desmantelarlas. El Gobierno colombiano ha tomado la decisión, por lo demás obvia, de crear un mecanismo de sometimiento a la justicia, que se parece mucho al utilizado en los Estados Unidos. La fórmula es poca cárcel -el proyecto de ley establece una rebaja del 50% de la sentencia a quienes se acojan a la justicia-, mucha delación o información para que las autoridades logren mitigar los diferentes mercados ilegales, y entrega del 100% de la riqueza, de la cual el 95% va al Estado para reparar a las víctimas y el 5% se le legaliza a la persona que se someta para que pueda vivir una vez pague la condena. El Gobierno combina su política de represión, la cual no será modificada, con una posibilidad de sometimiento a la justicia, que le permita al Estado colombiano tener la información necesaria para pasar del círculo vicioso de las capturas a golpear los eslabones de los mercados ilegales. Pero como era de esperarse la oposición es inmensa, pues, de darse el sometimiento podría haber mucha delación y los socios de estos criminales que se encuentran en la legalidad no ven bien la propuesta del Gobierno. Columna de opinión publicada en El País.com

El próximo 19 de noviembre se realizará la consulta liberal para escoger, entre tres precandidatos, quién representará al partido en las elecciones del próximo año, también se espera que en marzo al menos dos sectores realicen consultas para escoger candidatos: el sector de los Verdes y la coalición del uribismo con una disidencia del Partido Conservador. La consulta liberal se hace en una fecha no electoral y por ende el costo de la misma es sustancialmente más caro que aquella que se hace en calendario electoral ordinario. Se cree que podría valer alrededor de 85.000 millones de pesos. Una vez se conocieron las cifras fue común ver en redes sociales o escuchar a analistas demócratas manifestar que eso valía mucho, que esa plata podría ir a la salud, educación, acueductos, o también para sobrellevar el hambre de los niños de La Guajira. El argumento moralmente es muy fuerte, preferible utilizar la plata en comida para niños que en papeletas y cajas de cartón. Sin embargo, al profundizar en el debate la situación se vuelve complicada. Al menos surgen tres argumentos. Por un lado, uno de los mayores desafíos en nuestras democracias es lograr la democratización de los partidos políticos. A comienzos del siglo XX, Michels, uno de los mayores estudiosos sobre partidos políticos, formuló la famosa teoría de la “ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos”. Quedó marcada en un libro que es de lectura obligatoria para cualquier sociólogo o politólogo. Según esta ley, cuando una agrupación política se crea tiende a estar muy cerca de sus bases sociales, pero a medida que va pasando el tiempo y el partido se estructura, se produce un alejamiento de las bases. A este proceso se le denominó oligarquización, donde un grupo pequeño de personas tiende a manejar el partido y donde la democracia dentro de la estructura política no funciona. Las principales figuras en nuestras democracias son los partidos, pero son antidemocráticos por dentro. Por ello uno de los principales retos es lograr democratizar los partidos por dentro, es decir, evitar el famoso dedazo, donde el jefe del partido es el que escoge. Pues bien, una de las herramientas principales, aunque no es la única, ni la más importante, es la consulta. Eso mejora la salud de la democracia. Imagínense que desde ahora en adelante se prohíban las consultas a todos los partidos con la disculpa de que no hay plata. Le puede interesar: El tarjetón presidencial de 2018 El segundo argumento es que la democracia funciona bajo esas reglas. Ese es el costo. En regímenes autoritarios o dictatoriales los costos son otros, pero en las democracias hay que gastar plata en los mecanismos de participación. Tal vez la consulta de partidos no mejore la democracia en lo práctico, pero si no existen sí empeoraría el escenario democrático. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Así las cosas, si se es demócrata se debe aceptar el mecanismo, y no disfrazar el odio a la democracia con discursos poco elaborados y populistas. El tercer argumento es que las consultas deben ser abiertas y promocionarse para que participen ciudadanos de opinión y no solo maquinarias. Gracias a ese discurso de los populistas se pasó de una consulta de 85.000 millones de pesos que garantizaba 11.000 puestos de votación y 30.000 mesas, ahora el recorte presupuestario significa pasar a una consulta con 4.381 puestos y 10.000 mesas. Es decir, mucha gente, sobre todo la población rural no podrá votar. Una democracia solo para algunos. Si queremos construir escuelas, hospitales, darle de comer a los niños, invito a que la población sea más seria a la hora de votar y que no voten por bandidos, a mis amigos de opinión y de los medios les digo que vigilen mejor a los políticos en lugar de rendirles pleitesía, con ello obligaremos a los políticos a rendir cuentas, pero no la emprendan contra la democracia. O si lo van a hacer, acepten que son autoritarios. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: Vanguardia El Gobierno Nacional a través del ministerio de Justicia acaba de presentar a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley, a través del cual quienes hagan parte de organizaciones criminales al margen de la ley, se sometan a la justicia. Con este proyecto se  se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones crimínales y se adoptan medidas para la sujeción a la justicia misma. Se trata de un documento de 30 páginas y que contempla un total de 57 artículos, en donde se traza la línea de sometimiento, judicialización e investigación colectiva de grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados. La Fundación Paz & Reconciliación lo resume en 10 puntos: 1. Endurecer las penas que deben enfrentar quienes integren o auxilien de alguna manera a las bacrim: Aumenta la pena para quienes incurran en concierto para delinquir. El castigo por este delito hoy se encuentra entre los 3 a 6 años de cárcel, si es aprobado, de ser hallarse culpable se le dictaría una sentencia de 4 a 9 años. Y si esa conducta deriva en graves crímenes que afecten a la población o el patrimonio del Estado, la pena se eleva a entre 8 y 18 años de cárcel además de una multa de 30.000 salarios mínimos. 2. El proyecto agrega un tipo penal para los grupos que “impidan u obstaculicen” la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactados en el acuerdo final de La Habana. La pena en ese caso sería de entre 4 a 6 años. 3. Quienes cometan delitos de contrabando de hidrocarburos y derivados, se expondrán a penas de 6 a 12 años de cárcel. También habrá penas y sanciones para las personas del común que asesoren a esos grupos, ya sea en temas contables, técnicos o científicos, siempre que esas tareas contribuyan a los fines ilícitos de la organización. 4. El proyecto provee herramientas jurídicas y amplía los plazos para que la Policía, el CTI y los fiscales tengan un amplio margen de maniobra a la hora de investigar, judicializar y tramitar los casos ante los jueces. Con estas medidas se busca conjurar el vencimiento de términos que impera hoy en la lucha contra las bacrim. 5. La fórmula de sometimiento para estos contempla dos grandes momentos, así: * “Acercamiento colectivo”: a cargo del gobierno. Tiene que ver con un espacio en el que el líder o vocero de la bacrim manifiesta la intención grupal de afrontar la ley. A estos se les permitirá marchar a una “zona de reunión” en la que podrán permanecer por un tiempo breve, que el ministro de Justicia, estime  en no más de dos meses. * Solo dentro de ese perímetro, las órdenes de captura se congelarán mientras el grupo levanta actas con la individualización de cada integrante, y toda la información sobre armamento, bienes, el recuento de sus crímenes y el mapa de todas sus redes de apoyo. * Se deberá entregar toda esa información al gobierno. 6. Tras esto, se inicia el momento de la “judicialización”, a cargo principalmente de la Fiscalía. Esta deberá verificar la información, recaudar el armamento, los bienes y entregar al ICBF a los menores involucrados. 7. Con base en todo esto, los fiscales formularán el “escrito de acusación colectiva” que presentarán ante un juez. Y este se desplazará a la zona de reunión para realizar una primera audiencia de verificación, y máximo diez días después deberá emitir fallo. 8. Las actas de individualización y aceptación de responsabilidad harán las veces de aceptación de cargos, con lo que se acorta considerablemente el proceso. 9. La sujeción a la justicia en ningún caso evitará la extradición de los miembros de estos  grupos armados organizados”. 10. Se habla de favorecimientos penales y económicos, pues cada procesado recibirá un descuento del 50 por ciento de la pena impuesta por el juez y el grupo podrá conservar el 5 por ciento de la fortuna que entregue en bienes.

Los datos lo dicen todo: desde 2006, cuando finalizó la desmovilización paramilitar, se produjo un rearme de organizaciones criminales que directa o indirectamente se ligaban al paramilitarismo. Llegaron a existir más de 100 grupos en todo el país, -Águilas Negras, Águilas Doradas, Nueva Generación, Los Mellizos, Los Nevados, Los Paisas, etc.-. Además, con la guerra interna de varios carteles del narcotráfico comenzaron a surgir ejércitos privados al servicio de economías ilegales. Los Rastrojos y Los Machos son un buen ejemplo. Al final eran más de 120 grupos en todo el país. Desde 2011 comenzó una disputa entre estas organizaciones, al igual que una guerra frontal del Estado, que, al menos a nivel nacional, lideró el presidente Juan Manuel Santos. Las operaciones Troya I y Troya II son los mejores ejemplos. Ambas dinámicas llevaron a un proceso de cooptación criminal que redujo el número de estructuras, pero aumentaron su poder. El Clan del Golfo cooptó algo más de un treintena de estas organizaciones, lo mismo hicieron Los Rastrojos en su momento. Quedaba claro que estos grupos se apoderaron de los eslabones últimos de la cadena del narcotráfico: los laboratorios de clorhidrato de cocaína y las rutas de exportación. Al final quedaron tres grandes grupos armados organizados, cerca de 20 organizaciones de segundo nivel, de alcance regional, como La Empresa de Buenaventura y centenares de grupos locales compuestos por jóvenes que son subcontratados por las primeras o segundas organizaciones. Desde 2006 hasta hoy se cuentan más de 15.000 capturas o neutralizaciones de miembros de estas organizaciones. Se calcula que hoy los miembros de estos grupos llegan a poco más de 7.000, la misma cifra que hace 10 años. Así las cosas, todo parece indicar que la capacidad de reposición de estas organizaciones es bastante fácil. Miles de jóvenes colombianos conforman un ejército de reserva para la criminalidad. Pero hay otra cifra aún más complicada. Se cree que cerca de 6.000 paramilitares o reincidieron luego de su desmovilización o nunca se desmovilizaron, la gran mayoría de ellos fueron capturados o dados de baja. Es decir, la mayoría de los integrantes de las actuales organizaciones criminales son nuevos reclutas, nada tienen que ver con los antiguos paramilitares. Esto a su vez significa que Colombia nunca pudo detener el flujo del reclutamiento juvenil. Igualmente, se debe decir que la mayoría de mandos de estas organizaciones fueron mandos medios paramilitares, es decir, tienen una vieja trayectoria criminal. Por ejemplo, alías Otoniel, jefe del Clan del Golfo, fue guerrillero del EPL, la única guerrilla maoísta que existió en el país, luego fue mando paramilitar y actualmente comanda el Clan del Golfo. Casi 30 años de experiencia criminal. La mayoría de los mandos capturados que pertenecían a estas organizaciones ni siquiera pasan por el sistema judicial colombiano, negocian directamente con la justicia norteamericana, por ejemplo los hermanos Comba, jefes militares de una fracción del Cartel del Norte del Valle. Las autoridades colombianas no reciben información sobre los diferentes mercados ilegales, además la riqueza que estos criminales entregan a la Justicia Norteamericana se queda en Estados Unidos y no colaboran con la justicia colombiana para el esclarecimiento de hechos. Al final, Colombia no logra tener nada. Así que Colombia está en un círculo vicioso o, mejor, en una guerra que parece eterna contra organizaciones criminales, en la que ha quedado claro que con solo la represión será imposible desmantelarlas. El Gobierno colombiano ha tomado la decisión, por lo demás obvia, de crear un mecanismo de sometimiento a la justicia, que se parece mucho al utilizado en los Estados Unidos. La fórmula es poca cárcel -el proyecto de ley establece una rebaja del 50% de la sentencia a quienes se acojan a la justicia-, mucha delación o información para que las autoridades logren mitigar los diferentes mercados ilegales, y entrega del 100% de la riqueza, de la cual el 95% va al Estado para reparar a las víctimas y el 5% se le legaliza a la persona que se someta para que pueda vivir una vez pague la condena. El Gobierno combina su política de represión, la cual no será modificada, con una posibilidad de sometimiento a la justicia, que le permita al Estado colombiano tener la información necesaria para pasar del círculo vicioso de las capturas a golpear los eslabones de los mercados ilegales. Pero como era de esperarse la oposición es inmensa, pues, de darse el sometimiento podría haber mucha delación y los socios de estos criminales que se encuentran en la legalidad no ven bien la propuesta del Gobierno. Columna publicada en El Pais.com

En el año 2001 los empresarios Gabriel Vásquez, John Uber Hernández Santa, y Claudia Rocío Solórzano Posada fundaron la comercializadora Goldex con un capital que no superaba los 10 millones de pesos y pocos empleados. El objetivo era comercializar oro al exterior. Sin embargo, su actividad real fue la de comprar oro ilegal para luego blanquearlo mediante exportaciones para así retornar el dinero a Colombia. Para este juego utilizaron empresas mineras legales y crearon empresas fachadas, casi el 80 por ciento eran proveedores falsos. Las empresas funcionaban en Antioquia, Córdoba, Santander, Chocó y Huila. La fachada de Goldex se empezó a derrumbar en 2011 cuando el Ejército logró incautar una importante cantidad de oro ilegal. Allí comenzó a desmoronarse el gran imperio de la ilegalidad. El operativo criminal contaba con decenas de retroexcavadoras, cada una avaluada en 800 millones de pesos y dragas con costo comercial de 300 millones. Con el pasar de los días se logró determinar que la actividad ilegal se hacía con el conocimiento y complicidad de las gobernaciones, alcaldías y parte de la fuerza pública. Estas entidades eran las encargadas del control de maquinaria amarilla y de los certificados de exportación para el oro. Inicialmente, el hecho fue puesto en conocimiento de la Policía judicial del extinto DAS, quienes trasladaron el caso ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Los funcionarios de la Uiaf, junto con la Fiscalía General, iniciaron un análisis de inteligencia durante más de 3 años en el que encontraron una serie de movimientos financieros irregulares donde el monto era multimillonario. En el estudio se hizo un barrido sobre los proveedores de la empresa Goldex. De unas 6.000 empresas relacionadas con la comercialización y explotación de oro que figuraban como supuestos proveedores de Goldex y que estaban domiciliadas en las comunas de Medellín o en pueblos de Chocó, ocho de cada diez fueron imposibles de localizar o sencillamente no existían. Entre 2007 y 2014 Goldex habría lavado más de 2,9 billones de pesos y evadido más de 910.000 millones de renta minera, según la Fiscalía y la Contraloría; con lo que se habrían podido construir miles de viviendas gratis, miles de kilómetros de carreteras o sanear en parte la crisis financiera de las universidades públicas. Para la DEA, Goldex pudo haber comercializado alrededor de 40 toneladas de oro bruto a Estados Unidos, valoradas en aproximadamente 1.265 millones de dólares, muchas de estas exportaciones eran falsas. El pico más grande de exportaciones de Goldex fue en 2012, cuando registraron 114 declaraciones de exportación estimadas en 389,2 millones de dólares. La Fiscalía estableció que desde 2012 se dispararon estos movimientos hacia el extranjero y para cuando inició la liquidación, Goldex representaba el 13 por ciento de las exportaciones de oro del país. El negocio era redondo, ya que una gran cantidad de dinero iba a parar a organizaciones criminales; de hecho, varias de las zonas de donde salía el oro ilegal eran controladas por el Clan del Golfo o en su momento por Los Rastrojos. Otra gran cantidad de dinero iba para el mundo político, se presume que Goldex llegó a financiar campañas en 82 alcaldías y 7 gobernaciones, además de campañas a asambleas departamentales. Hay bastante correlación en departamentos como Chocó, Córdoba, Guaviare y Santander. Al respecto de los responsables, Uber Hernández, cabeza de Goldex en el país, fue capturado el 20 de enero de 2015. Los delitos de los cuales se le acusaban eran de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Otros 18 de sus socios y colaboradores también fueron capturados previamente. En marzo de 2016, se incautaron más de 20 bienes avaluados en 6.000 millones de pesos en diferentes zonas del país, según la Fiscalía. Hay quienes dicen que Uber no era el cerebro principal de Goldex, la persona detrás era el empresario Gabriel Jaime Vásquez Guerrero. Pero pese a todo el esfuerzo realizado por la Fiscalía y las unidades de inteligencia financiera, una decisión de la jueza 24 penal de control de garantías de Medellín, que pasó desapercibida para la opinión pública, el 19 de agosto de 2016, decidió dejar en libertad a John Uber Hernández por vencimiento de términos en su proceso. Aunado a ello, se ha podido demostrar que el entramado del multimillonario lavado de activos logró silenciar las autoridades empeñadas en investigarlos, pues se presume que información sensible de las investigaciones fue filtrada y con diferentes artimañas lograron fabricar pruebas falsas o coartadas para lograr desvirtuar el proceso. Daniel Coronell y la Contraloría demostraron cómo esta red podría también estar detrás de la muerte, en junio de 2014, de la auditora del grupo de vigilancia fiscal en Chocó, Consuelo de Jesús Echeverry Sánchez, quien investigaba la liquidación de regalías por explotación de oro al municipio de Alto Baudó, Chocó, por parte de 12 empresas que tampoco existían. En su momento se dijo que se trató de un suicidio, luego de un accidente casero y finalmente un robo. Por este caso alias Blanquito o Cabezas fue condenado a 19 años de prisión. Otros dos homicidios más estarían relacionados con las investigaciones. En Chocó, en Alto Baudó e Itsmina, se presentaron casos vergonzosos. En el caso de Alto Baudó sus regalías pasaron de 1.932 millones de pesos en 2012 a 5.847 millones entre 2013 y 2014. Según la Alcaldía, el municipio tiene una población de 5.800 habitantes, quienes se dedican a la agricultura y la explotación forestal. La minería no era siquiera nombrada como actividad principal. Situación similar se presentaría en el municipio de Itsmina, donde las regalías en 2012 fueron de 3.690 millones de pesos y en 2013-2014 llegaron a 8.451 millones. Se sabe, según las investigaciones, que lanchas ultrarrápidas salían cargadas de cocaína a Centroamérica y regresaban con oro, que posteriormente era blanqueado por municipios no mineros. Era un negocio redondo. Lo que la Fundación Paz y Reconciliación logró determinar es que gran parte de las estructuras políticas financiadas en los 82 municipios y siete gobernaciones tienen sus maquinarias dispuestas para las elecciones de 2018. Hasta el momento en la Fiscalía estas investigaciones no han avanzado, todo está congelado. No avanzan las investigaciones contra los políticos. Seguramente, cuando en la Fiscalía se lea la presente columna, se armará algún show con el tema de las Farc o la JEP, al mejor estilo de Cambio Radical, esa cortina de humo servirá para que el país siga olvidando a Uber y sus cómplices. Columna de opinión publicada en Semana.com

Hace algunos días en el municipio de Tumaco, en Colombia, ubicado al sur del país en la costa pacífica cerca de la frontera con Ecuador, murieron siete campesinos en medio de una protesta por la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca. Si bien un comunicado de las fuerzas de seguridad del Estado afirmó que la muerte de los civiles fue producto de un combate con una organización criminal denominada Guerrillas Unidas del Pacífico, al correr de las horas la versión fue quedando sin consistencia y todo parece indicar que fue la Fuerza Pública la que disparó y asesinó a los campesinos. Tumaco es uno de los cerca de setenta municipios de los 1.122 que tiene Colombia que mantiene un comportamiento al alza en los niveles de violencia, principalmente del homicidio, pero no es el único indicador que va hacia arriba. Después de la salida de las FARC tras las negociaciones de paz, diferentes grupos criminales se disputan metro a metro el control de ese territorio, donde los niveles de cultivos de hoja de coca han aumentado de forma acelerada. Tumaco es uno de aquellos territorios que concentran casi toda la cadena de un mercado ilegal. Mientras que en otras zonas del país se cultiva y a cien kilómetros están las cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína, lejos de los puertos, en ese municipio todo se concentra en un pequeño territorio: hay 23.000 hectáreas de hoja de coca; se han destruido, en los últimos años, más de 100 laboratorios y es una ruta desde el Pacífico hacia Centroamérica. Por tanto, al estar todo concentrado, la disputa por el control de dicho mercado es mayor. En total, 11 grupos criminales se disputan el control: el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas de Pacífico, Gente del Orden, La Empresa y la guerrilla del ELN, entre otros. Colombia actualmente tiene cerca de 140.000 hectáreas de hoja de coca, casi la misma cifra del año de 1996, cuando se produjo el número más alto de este cultivo. Desde ese momento, Colombia adoptó la estrategia norteamericana de lucha contra la drogas, se fumigaron más de 1.5 millones de hectáreas, se erradicaron más de 500.000 hectáreas y se llenaron las cárceles de campesinos cocaleros. Al final, después de 20 años, la cifra de cultivos es prácticamente igual. Un rotundo fracaso de esa política. Basado en ello, el Gobierno adoptó dos políticas diferentes. Por un lado, se continuó con la vieja estrategia de persecución a los cultivos, se estableció como meta lograr erradicar forzosamente 50.000 hectáreas. A la vez se creó el PNIS -Plan Nacional Integral de Sustitución-, el cual se inició bajo los parámetros del acuerdo de paz con las FARC. El PNIS arrancó lentamente, pero ha comenzado a dar resultados y su impacto solo se verá hasta dentro de unos ocho meses, cuando los acuerdos colectivos e individuales con las comunidades avancen. Uno de los mayores problemas es que existe una gran presión para lograr la meta de la erradicación forzosa, ya que, es un objetivo del Gobierno, a la vez es el mayor desafío en materia de seguridad en tiempos de postconflicto, y además, y el apremio del Gobierno de Estados Unidos es inmenso. El propio presidente, Donald Trump, amenazó hace algunas semanas con una des-certificación. A la vez no todo los cultivos perteneces a campesinos cocaleros. También hay una gran cantidad de cultivos que le pertenecen a narcotraficantes, que luego los parcelan para que parezcan de pequeños productores. Sobre el terreno no es clara la diferenciación. Hace tres semanas, cerca de 700 militares y policías llegaron a la zona a reforzar la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en Tumaco. Los campesinos comenzaron a agrupase para evitar la erradicación, algunos fueron voluntariamente, otros forzados por organizaciones criminales. A medida que los campesinos se acercaban a la Fuerza Pública, para formar los famosos cordones humanitarios, y con ello lograr sacar a los erradicadores, se produjo la masacre. Cuando los campesinos se encontraban a 500 metros se abrió fuego. La Fuerza Pública disparo a mansalva, no se sabe aún quiíen dio la orden. Lo cierto es que además de los muertos hubo cerca de una veintena de heridos. Como Tumaco existen otras seis regiones del país que corren el mismo riesgo. Columna de opinión publicada en El País.com Le puede interesar: Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios